Justicia, lucha contra la corrupción y derechos humanos en el primer año de gobierno
La tarea por tener una mejor administración de justicia, acabar o disminuir el flagelo de la corrupción y tener presente la importancia de los derechos humanos constituyen cuestiones que todo gobierno debe enfrentar, no solo como una cuestión de mejora de condiciones para la inversión, complementar la reforma del Estado o hacer que se gaste de mejor manera los recursos fiscales, sino también con un tema de la más amplia importancia ética y de consolidación del sistema democrático.
Desafortunadamente, el gobierno parece no haber entendido esta tarea urgente y ha culminado teniendo serias dificultades de articulación de políticas en estas áreas, así como groseros errores que, a mi modo de ver, explican la naturaleza conservadora de este régimen.
Luego de un sonado escándalo de corrupción que involucró a un Vocal de la Corte Suprema, el gobierno señaló que una de sus prioridades sería colaborar con la reforma de la justicia. Sin embargo, cuando tuvo la oportunidad de ayudar con dicha tarea, no quiso emprender reformas: Observó la Ley de Carrera Judicial, su partido no ayudó a impulsar la Reforma Constitucional en materia de justicia, el presupuesto del Poder Judicial sigue siendo bajo y las recomendaciones de la CERIAJUS siguen durmiendo el sueño de los justos.
¿Responsabilidad solo del gobierno? Ciertamente no, pues muchos de los actores que llegaron con expectativas no han hecho cambios fundamentales, sobre todo por una estructura de la Corte Suprema que es ajena a todo tipo de cambio.
Pero también el gobierno tiene su cuota en no contribuir a liderar este esfuerzo. La designación de María Zavala y de una serie de colaboradores bastante cuestionados – desde personas involucradas en casos de narcotráfico hasta el fiasco que resultó ser Benedicto Jiménez en el INPE -, así como la carencia de planes claros sobre el tema judicial terminaron enturbiando una gestión ministerial que, esperemos, acabe mañana sábado.
En lo que respecta al tema de lucha contra la corrupción, los baldones no solo se han referido al poco interés en la extradición de Fujimori, sino también en la cuestionada designación de Moises Tambini del Valle como Presidente del Consejo de Defensa Judicial del Estado, a pesar de los serios cuestionamientos en su contra.
Peor aún, el gobierno ha tenido casos de corrupción bastante graves en lo que se refiere a adquisiciones – patrulleros (con Mazzetti y, al parecer, también con Alva Castro) y ambulancias -, compra de contenidos de medios de comunicación, entre otros. Tampoco se tuvo la voluntad de crear una autoridad de prevención contra la corrupción y los cambios que se pretende hacer en los organismos encargados de vigilar las compras estatales y proyectos de inversión solo buscan relajar dichos controles.
En lo que respecta a los derechos humanos, han existido más sombras que luces. Comenzando el gobierno, se planteó una propuesta de pena de muerte para los violadores de menores de edad y, posteriormente, para casos de terrorismo. El fracaso de esta última terminó con cualquier pretensión mortícola, por ahora… (Por cierto, con protesta blogger de por medio)
Posteriormente, una propuesta para otorgar defensa legal a los militares y policías procesados por violaciones a los derechos humanos terminó encendiendo una polémica sobre el nivel de responsabilidades que el Estado peruano está dispuesto a aceptar en casos de graves vulneraciones de los derechos fundamentales. Aunque la medida podía ser entendida como un amparo a personas que actuaron en nombre del Estado, dio la sensación de búsqueda de impunidad, sobre todo por declaraciones del Primer Vicepresidente de la República en contra de estos procesos judiciales.
Por cierto, Giampietri se convirtió en un personaje controvertido por investigaciones a organizaciones no gubernamentales, por mociones que pretenden invalidar el trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y por tener un asesor facista. Además, impulsó una moción contra una Sala Anticorrupción por citarlo a declarar como testigo en el caso Colina.
Y siguiendo ese camino apristas, fujimoristas y pepecistas aprobaron una norma que procura controlar los contenidos de las actividades de las organizaciones no gubernamentales. La incomodidad de los partidos políticos y los empresarios con organizaciones que se ocupan de temas ambientales, lucha contra la impunidad y derechos humanos terminó en un mamotreto controlista que, esperamos, sea anulado por el Tribunal Constitucional.
Además, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Castro Castro terminó desatando un debate que parecía superado sobre la permanencia del Perú en el sistema interamericano de derechos humanos, así como sobre el monumento El Ojo que Llora.
Los únicos avances reales se sintieron en el campo de las reparaciones a las víctimas de la violencia: se creó el Consejo de Reparaciones que elaborará el Registro Único de Víctimas y se inició con el programa de reparaciones colectivas.
Finalmente, resulta serio que el gobierno no haya implementado el Plan Nacional de Derechos Humanos aprobado por la administración anterior, lo que denota la real voluntad política del gobierno sobre esta materia.
Lo peor del caso, es que el gobierno no se da cuenta de estos horrores. Por el contrario, parece estar muy convencido de su tendencia sobre estos temas. Ello explica por que su vocación por el cambio es tan reducida.
José Alejandro Godoy 