MINAS, CONFLICTOS DE INTERESES Y EL ESTADO

Esta mañana apareció publicada en El Peruano la aceptación de la renuncia del Director General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, Luis Zavaleta Vargas. ¿El motivo de la misma? Un reportaje aparecido hoy en el diario El Comercio sobre un tema de conflicto de intereses, que se resume así:

El director general de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Luis Vicente Zavaleta Vargas (62), es el dueño de una de las mayores empresas exportadoras de oro del país, la misma que está en la mira de las autoridades que luchan contra el lavado de dinero y la evasión fiscal por ser sospechosa de comprar oro ilegal a través de las dos agencias que mantiene en los centros de las mafias de extracción ilícita de este codiciado metal: las ciudades de Puerto Maldonado y Huepetuhe.

Aquí la cuestión es complicada por dos lados. El primero, que el señor Zavaleta no haya informado a sus superiores – léase el Ministro y el Viceministro de Energía – de que era dueño de la empresa Universal Metal Trading. Y si bien él veía el sector hidrocarburos, si existía un tema ético bastante delicado al formar parte de la plana mayor del MEM. El segundo, y que debe investigarse más, tiene que ver con las actividades de la empresa en una zona que ha ocupado las primeras planas durante las últimas semanas, justamente, por las acciones que el gobierno ha hecho para combatir a la minería ilegal, así como por el manejo del conflicto social que se desató al respecto.

De hecho, una de las aristas poco tocadas en relación con este problema ha sido qué hacer con los compradores del oro que extraen los mineros ilegales. Maria Luisa del Río, Editora de Regiones de El Comercio, señalaba lo siguiente hace un par de semanas:

Entonces no solo en la cancha se cuecen habas sino también fuera de ella. Pues la explotación ilegal se sustenta en la existencia de una demanda real. Se calcula que 25 toneladas de oro ingresan al mercado formal cada año, y esto no es solo para joyas, obviamente. Desde 1991 la comercialización del oro es libre, cualquiera puede comprarlo y venderlo. Sin embargo, la ley obliga a los compradores y exportadores a obtener un certificado que garantice la procedencia legal del oro. Pero no lo hacen y nadie fiscaliza.

Otro tema con el que se emparenta este caso es el tocado por Martín Tanaka en sus últimas dos columnas: la captura del Estado. Problema que, como señala el politólogo, es tocado desde dos aristas distintas:

La semana pasada comenté que tanto desde la derecha como desde la izquierda se denuncia la “captura del Estado” como explicación de los males del país. Ambos enfoques coinciden en mirar el Estado partiendo de los intereses de los grupos sociales: ellos tratarán siempre de sacar beneficios particularistas e intentarán controlar el Estado, la diferencia está en que para la primera la solución es más competencia y más mercado, mientras que para la segunda el fortalecimiento de la autoridad pública.

Pero como señala Tanaka, la raíz de ese problema está en otro lado:

En el Perú actual, diría que tenemos un Estado que si bien ha promovido una reforma de mercado, todavía tiene a darse una concentración monopólica y subsiste una cultura empresarial que busca desarrollarse mediante favores estatales. Segundo, ha quedado pendiente la reforma del Estado: esto hace que los funcionarios y la burocracia, en vez de seguir políticas de Estado, tomen decisiones en función de “no meterse en problemas”: esto, dependiendo de los casos, favorece a diversos grupos de interés, desde el gran poder económico, hasta pequeñas mafias que pululan por doquier.

Y he aquí un punto que explica porque varias cosas persisten en el Perú sin cambios ni reformas. Pero esa es una discusión a la que ingresaremos la próxima semana.

(Foto: El Comercio)

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BTR: UN BALANCE

Luego de expedida la sentencia en el caso BTR, en primera instancia, corresponde hacer un balance de lo que ha sido el procesamiento judicial de este caso y los temas pendientes.

1. EL JUICIO Y LA SENTENCIA: Normalmente le metemos palo al Poder Judicial por sus malas sentencias y los malos magistrados que también encontramos allí. Pero creo que hay que felicitar a la Sala encabezada por el magistrado Iván Sequeiros porque llevó a cabo un juicio impecable. El proceso no ha tenido mayores sobresaltos, se condujo con la rapidez congruente con un proceso complejo y con un amplio material probatorio. Y la sentencia, en términos generales, está bastante bien fundamentada.

2. LOS CHUPONEADORES: Bien sentenciados. Hay que recordar que la interceptación de comunicaciones telefónicas y correos electrónicos es un delito. El material probatorio al respecto era abundante, tanto en lo que se encontró en los objetos personales de los sentenciados – salvo aquellos que fueron manipulados y no pudieron ser incorporados finalmente al proceso – como en lo que han indicado los testigos.

Pero hay una cuestión adicional. Como indica Cesar Romero, periodista de judiciales del diario La República:

Una mala estrategia de defensa, es una condena segura. Giannotti, cía y abogados se olvidaron que ellos eran los acusados.

La estrategia de defensa de los chuponeadores se basó en dos elementos. El primero, indicar que eran víctimas de un complot político del gobierno aprista en su contra. El segundo, colocarse como héroes al haber evitado, supuestamente, a través de las interceptaciones, un desfalco importante de fondos públicos. Este último argumento fue esgrimido, sobre todo, por Elías Ponce Feijóo.

3. LOS FINANCISTAS: He aquí el punto mayor a investigar. Y al respecto existen dos hipótesis. La primera, la más explorada, apuntaba a un caso de espionaje industrial. Incluso se mencionaron en varios momentos, tanto en el juicio como en la prensa, a empresas vinculadas a las industrias lácteas y del cemento.  La segunda, indicada por Carlos Hidalgo de Cuarto Poder, apunta a que desde Palacio de Gobierno, por interpósita persona, se ordenó una investigación informal acerca de los actos de corrupción vinculados al empresario Fortunato Canaán. La sentencia señala que los acusados no brindaron mayores luces al respecto y que trataron de cubrir a sus clientes.

4. LOS OTROS FUNCIONARIOS, EL ENCUBRIMIENTO Y LA MANIPULACION: El otro hecho que llamó la atención de la sentencia fue la orden de la Sala de enviar los documentos del caso al Ministerio Público para que investiguen a una serie de funcionarios, como Alan García, Jorge del Castillo, Hernán Garrido Lecca, entre otros. Más allá de las protestas del ex presidente del Consejo de Ministros, la sentencia fundamenta bien porque se llegó a esta conclusión. Como indicó el abogado Yván Montoya a Diario 16:

Montoya indicó que la sala no suele derivar copias certificadas al Ministerio Público o al Congreso si no encuentra nuevos indicios sobre comisión de delito. “Uno de los delitos sería la instigación, la provocación y complicidad para que se cometa la interceptación, pues varios implicados han dicho que eso se hizo por orden de García, a quien le daban reportes de campaña. Incluso él habría ganado a Humala porque tenía acceso a información privilegiada”, señaló.

Asimismo, dijo que el abuso de autoridad se habría configurado en la parte de la investigación del caso, pues varios de los implicados han asegurado que tanto García, Del Castillo, el general PNP Miguel Hidalgo y otros, habrían interferido en las indagaciones para intentar beneficiar o perjudicar a determinados personajes.

5. DOS FAENONES POR INVESTIGAR: Apuntados por Augusto Álvarez Rodrich:

Uno es el que revelaron los ‘petroaudios’ chuponeados por BTR, en los que se identificó cabalmente el intento mafioso del pirata dominicano Fortunato Canaán para beneficiarse con proyectos públicos gracias a la complicidad del deseo insaciable de autoridades dispuestas a forrarse los bolsillos, de manera indebida, con el primero que se los proponga.

El segundo ‘faenón’ fue el que se puso en marcha para encubrir el caso apenas fue destapado por un grupo de periodistas. Esto incluyó la manipulación de pruebas; la intimidación a los implicados; el despido de periodistas que no estuvieron dispuestos a alinearse con el propietario del medio para hacerse de la vista gorda; y, entre otras acciones, la persecución  a periodistas –como Rosa María Palacios– mediante campañas de desprestigio a ellos y a sus familiares con el fin de perpetrar el encubrimiento.

6. MAS CASOS DE CHUPONEO: En el camino, hay más casos de espionaje telefónico por investigar. Lo ocurrido en el Callao, teniendo como telón de fondo las disputas internas en el movimiento político dominante en dicha región, es una clara muestra de que aún hay mucha tela por cortar. Sobre todo cuando el líder de BTR tuvo vinculaciones con algunos funcionarios regionales y municipales del primer puerto.

(Caricatura: Carlín para La República)

CHUPON CALLAO

En la noche del domingo, mientras todos estábamos entretenidos con la entrevista del Presidente de la República en Panorama, Cuarto Poder destapaba algunos indicios sobre una red de chuponeo presuntamente cercana a funcionarios de la Municipalidad Provincial del Callao. Aquí algunos extractos centrales de la denuncia:

Por su parte, los presuntos involucrados han negado cualquier tipo de vinculación. En particular, el alcalde chalaco Juan Sotomayor y el Gerente de Servicios Sociales de la comuna, el ex futbolista Roberto Martínez, han intentado desestimar los cargos presentados. Por lo pronto, ya el Ministerio Público ha dispuesto una investigación sobre el caso. Mientras que Lourdes Flores Nano, afectada con un tema de espionaje telefónico cuyos indicios parecen apuntar hacia el primer puerto, ha pedido un esclarecimiento de los hechos.

No es la primera vez que se vincula a autoridades del Callao con actividades de espionaje telefónico. El periodista Angel Paez presentó hace un par de años la agenda del celular de Elías Ponce Feijóo, sentenciado por el caso BTR, en la que aparecían varios personajes cercanos a Alex Kouri, además de documentos sobre barridos electrónicos. Asimismo, en la sentencia del caso BTR, emitida el último viernes, se condena a los miembros de esta empresa por la interceptación de las comunicaciones telefónicas de varias personas, entre ellas, el ex presidente regional chalaco Rogelio Canches, hoy congresista oficialista.

Este es un tema, por tanto, en el se requiere una investigación a profundidad, ya no solo sobre el caso específico denunciado en Cuarto Poder, sino también acerca de los indicios acerca de las relaciones entre autoridades chalacas, su entorno y personas sentenciadas por interceptación telefónica. Además, las versiones encontradas entre los protagonistas de esta historia requieren un trabajo fino de indagación.

Finalmente, llama la atención en el reportaje de Cuarto Poder que las autoridades chalacas se estén peleando entre sí, sobre todo cuando pertenecen a la misma agrupación política. Mi hipótesis es que los herederos de Kouri en el Callao están disputándose la supremacía en dicho espacio regional, con una dinámica política (y de clientelismo) bastante propia. De hecho, esta mañana, el actual presidente regional Félix Moreno señaló que pedirá la separación del Movimiento Chim Pum Callao de los posibles involucrados en el espionaje, que lo tenía a él como víctima. Caso contrario, él se irá de la agrupación.

Como vemos, la mar está muy brava en el primer puerto.

ACTUALIZACIÓN (12:15 PM):

La Fiscalía Provincial Corporativa para delitos de corrupción de funcionarios del Callao abrió investigación sobre el tema. Vean el documento.

En el plano político, como respuesta a las declaraciones de Félix Moreno, hoy Alex Kouri anunció la suspensión temporal de Juan Sotomayor como militante de Chimpum Callao hasta que concluyan las investigaciones. Con ello se evita que Moreno se vaya de la agrupación, pero esta serie de acusaciones cruzadas deja en mal pie al grupo político dominante en el primer puerto.

TUTORES NO, CIUDADANOS SI

Las Fuerzas Armadas cumplen, en una sociedad democrática, un rol fundamental. Constituyen el instrumento último de defensa de la seguridad nacional, cuando la diplomacia ha agotado sus últimos esfuerzos. Sin embargo, durante la mayor parte de nuestra historia, los militares se convirtieron en gobernantes o respaldaron a gobiernos civiles autoritarios, como los de Leguía y Fujimori. Es decir, fueron más allá de las funciones establecidas por la Constitución y la ley.

De allí que haya calado como sentido común en gobernantes y gobernados que las Fuerzas Armadas son las “instituciones tutelares de la patria”. Y se olvida que, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, tutela significa “autoridad que, en defecto de la paterna o materna, se confiere para cuidar de la persona y los bienes de aquel que, por minoría de edad o por otra causa, no tiene completa capacidad civil”. En otras palabras, solo pueden ser tuteladas aquellas personas que no pueden ejercer su ciudadanía.

Esta frase no solo es contraproducente para la democracia por el efecto que puede generar en los civiles. Al declarar a los militares como “tutores” de la nación, se olvida que, ante todo, son ciudadanos, con derechos y con deberes. Y, por tanto, se incurre en errores conceptuales al momento de definir políticas de Estado o posiciones ante situaciones que comprometen a los miembros de los institutos armados. Tres ejemplos ilustrarán nuestro punto de vista.

Primer caso: los juicios por violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1980 y 2000. El discurso de defensa es “están atentando contra nuestros héroes” o “se lleva a cabo una persecución”. Pero la realidad es otra. Son pocos los procesados y menos aún los condenados, como registran las cifras más serias sobre la materia. Los supuestos defensores de los militares terminan confundiendo a héroes con personas que deben pagar por sus crímenes y, en el fondo, pretenden que ninguno acuda ante un tribunal a aclarar su situación legal, obviando su obligación de asistir a juicio.

Segundo caso: el voto castrense. En el Día del Ejército, el presidente de la República esbozó la posibilidad de retirar el derecho de sufragio a los miembros de las Fuerzas Armadas por su supuesta “politización”. Con una expresión como esta, Ollanta Humala –quien empezó su carrera política con una rebelión cuando era oficial en actividad– olvidó que sus pares en los institutos armados son ciudadanos, cuya participación en dichas entidades no debe restringir su derecho al voto.

Tercer problema: las pensiones militares. Durante muchos años se ha debatido sobre cómo reformar el sistema pensionario sin afectar la caja fiscal. Pero se ha olvidado la pregunta fundamental: más allá de loas y adjetivos, ¿las características de la carrera militar deben llevar a un régimen especial? A partir de la respuesta a esa interrogante se puede idear una reforma que garantice montos de retiro justos y una caja fiscal en balance.

Dejemos, por tanto, de hablar de tutores y pensemos en los militares como ciudadanos.

(Columna publicada en El Comercio el 23.03.2012)

MAS SOBRE EL TEMA:

Roberto Bustamante me recomienda, para la profundización sobre el tema, el libro de Guillermo Nugent “El Orden Tutelar”. No solo se refiere al tema militar, sino también al peso que tiene la Iglesia Católica en la toma de decisiones en América Latina. Vale la pena darle una mirada.

FARID KAHHAT: MALVINAS, PERU Y EL COLONIALISMO BRITANICO

El viernes tuve una larga conversación, en Pasando Revista (nuestro programa en La Mula) con Farid Kahhat, analista internacional, acerca del Malvinas affair que nos mantuvo en tensión la semana pasada. Además de desmenuzar este lío, Kahhat recuerda algunas cosas sobre el colonialismo británico, materia de un artículo que será publicado en el suplemento internacional de El Comercio la próxima semana.

En la última parte del programa, comentarios sobre el juicio a los periodistas Juan Carlos Tafur y Roberto More, de Diario 16, con quienes nos solidarizamos.

FRAGATAS, CANCILLERES, COMUNICADOS Y MALVINAS

Ya que varios han amanecido anglófilos hoy, una primera pregunta a hacerse es ¿cuál ha sido la cobertura que ha tenido el tema famoso de la fragata Montrose en la prensa británica? La respuesta, cortesía de La Mula:

Ahora sí, entremos en materia. ¿Cómo vemos este asunto tan penoso de fragatas, cancilleres, comunicados coloniales y pleitos centenarios?

1. Los errores de la Cancillería: Creo que no puede negarse que desde Torre Tagle se cometió un error en el tema. Pero no fue negarse a que el barco de guerra de marras venga sino, por el contrario, aceptar su venida. Como indica Santiago Pedraglio:

La aprobación del ingreso de la fragata Montrose al Callao, con tropas y misiles que navegan por el Pacífico, a propósito del cuestionado dominio británico sobre las Islas Malvinas, se publicó en El Peruano el 29 de febrero junto con el visto bueno a la entrada de tropas norteamericanas.

¿Hubo un error de manejo al aceptar ese ingreso? Sí, y se debía corregir aun conociendo los costos que, obviamente, habría que minimizar en el más breve plazo.

Y el segundo error se encontró en la poca coordinación entre los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa. Anoche en Buenas Noches de ATV+, Diego García Sayán señalaba que cuando él estuvo en Cancillería, se fijó como regla informal que, para permitir el ingreso de tropas o armamento militar extranjero, era necesaria una coordinación inicial con el sector Defensa. Pero eso no existió en este caso y de allí que tengamos a Otárola diciendo una cosa y a Roncagliolo en otra.

2. El comunicado británico: Francamente penoso y de un tono colonial que es inaceptable para cualquier peruano con algo de sangre en la cara. Pero, además de las expresiones lamentables vertidas allí, los británicos terminan reconociendo que el barco no iba a venir en la fecha indicada y que ello fue indicado al gobierno peruano. Eso, per se, ya tenía que provocar una nueva autorización de venida si es que, finalmente, se aceptaba que el Monrose llegara a aguas peruanas. Más opiniones respecto del comunicado (y lo confuso de su redacción) las ha dado el ex canciller José Antonio García Belaúnde, a quien hay que reconocer su ponderación en este asunto.

De hecho, el tema es una comedia de equivocaciones y malentendidos. Palacios y Álvarez Rodrich, con información de dentro, han reconstruido la versión que desde Torre Tagle se tiene en relación con el caso:

3. Las críticas ante la posición peruana ante el tema Malvinas: Aprovechando la coyuntura, se han esgrimido toda una serie de críticas alrededor de la posición histórica del Perú en torno al tema de las Islas Malvinas o Falkland. La más disparatada de todas la ha tenido el ex canciller Francisco Tudela, quien ha dicho que:

“De acá no sacamos nada. Hay un interés político (…) Hacer un gesto para satisfacer a un gran bloque antioccidental que se ha formado en el mundo, del cual forma parte Argentina, y que está compuesto además por Venezuela, Bolivia, Cuba y en otras partes del mundo por Irán y Rusia”

Pero como bien ha recordado Pedraglio:

El viraje era necesario para preservar la orientación histórica del Perú pero, además, porque hoy existe un compromiso multilateral de solidaridad con Argentina, nacido de la declaración de ministros de Relaciones Exteriores de Unasur del 17 de marzo, un día después de la reunión entre el canciller peruano y el viceministro del Reino Unido. Esta declaración, firmada no solo por el presunto “eje antioccidental”, sino también por Brasil, Chile y Colombia, llama a que se cumpla “con el mandato descolonizador de las resoluciones de la Asamblea General de la ONU sobre las Islas Malvinas”.

Pues allí está la clave del tema: descolonización. La posición peruana en muchos temas se ha basado en ello: desde el tema Malvinas hasta el reconocimiento de las naciones asiáticas y africanas que surgieron como producto del proceso de descolonización dado entre las décadas de 1950 y 1970. Y ello debilita también el argumento basado en la “solidaridad latinoamericana” tanto para defender como atacar el tema. Como recordó Pedraglio ayer en televisión, Colombia debería estar amarga con nosotros porque el gobierno de Fujimori y Montesinos le vendía armas a las FARC. Ello para no hablar de los intereses británicos en el negocio del salitre, recurso que fue la causa principal de la Guerra del Pacífico, cuyas heridas, lamentablemente, aún no terminamos de cerrar.

Curiosamente, no se ha hablado de quien puede tener la razón, de acuerdo al Derecho Internacional, en torno a la disputa en el tema Malvinas. Y ello se debe a que Gran Bretaña no reconocería la competencia de la Corte Internacional de Justicia, en caso Argentina se anime a llevar este caso a dicho tribunal (de hecho, el comunicado arriba comentado señala que no hay nada que negociar siquiera). Y también se tienen dudas sobre esta última decisión, dado que el tema en el país del sur es usado en coyunturas políticas determinadas. Hay argumentos de peso para ambos lados y que sería interesante que, en algún momento, la CIJ establezca un fallo sobre este caso.

4. ¿Por qué la animosidad con Roncagliolo? Desde aquí hemos criticado algunas decisiones del canciller Roncagliolo. La principal, haberse puesto de perfil en el tema de Rafael Correa en sus problemas frente a la libertad de expresión. Pero también hay que reconocerle aciertos, como el refuerzo de la representación peruana en el tema límitrofe con Chile con la presencia del ex ministro García Belaúnde y la renovación de la confianza a Allan Wagner como agente principal en este tema.

Así, Roncagliolo no ha sido uno de los grandes Ministros de Relaciones Exteriores de la historia, pero tampoco es el desastre que desde algunos medios de comunicación se señala.  De hecho, discrepo amistosamente con el pedido de renuncia hecho en el editorial del diario El Comercio, en el que colaboro, ya que creo que sería contraproducente hacer un cambio de Canciller en momentos en que el tema marítimo con Chile entra a su fase definitiva. Y porque creo que los temas de política exterior deben siempre ponderarse con cabeza fría. Si se piensa en un recambio, como indica Mirko Lauer, tal vez la mejor fecha sea julio, junto a una renovación del gabinete.

Es público y notorio que hay un conjunto de medios con animadversión contra Roncagliolo, básicamente, por su pasado velasquista y por su cercanía actual con la socialdemocracia. Como muchos, considero que muchas de las cosas que hizo Velasco fueron nocivas para el país, entre ellas, los atropellos a la libertad de expresión, que tuvieron su punto máximo en la confiscación de diarios, radios y televisoras para ponerlas al servicio del parametraje informativo. Pero si se le ha reconocido al fujimorismo la posibilidad de aggiornarse – cuestión que han hecho muy a la ligera –  y participar en elecciones libres, lo mismo debería operar para quienes pensaron en su momento que lo hecho por la dictadura militar tuvo algunos aciertos. Por lo demás, Roncagliolo, como secretario ejecutivo de Transparencia, ha dado muestras claras de su compromiso con la democracia en momentos díficiles, como fue la complicada coyuntura del año 2000.

Por lo demás, esperamos que este incidente diplomático se cierre pronto. Argentina y Gran Bretaña son países importantes para el Perú. El primero tiene a una gran colonia de compatriotas viviendo allí – la mayor en la región – y el segundo tiene el segundo lugar en inversiones en el país. Y los países conviven muchas veces con posiciones encontradas entre ellos, lo que no lleva a rupturas de relaciones, ni a dejar de comerciar. Mientras que será necesario que al interior del gobierno la orquesta deje de desafinar entre sus miembros. Recuerden que así comenzaron los problemas de Salomón Lerner Ghitis.

OTRA VEZ LA LEY MORDAZA

En diciembre del año pasado, el Congreso de la República aprobó un proyecto de Ley para penalizar con 2 a 4 años de prisión a quienes difundan comunicaciones obtenidas ilícitamente. Esta iniciativa, presentada por el congresista Javier Bedoya de Vivanco, contemplaba como única excepción a la divulgación las comunicaciones que revelen “un contenido delictivo perseguible por acción penal pública”.

En dicho momento, criticamos esta norma por dos motivos claves. La primera, su motivación real. Como expuso el congresista Bedoya, esta iniciativa surgió a partir del caso de los famosos audios de Lourdes Flores difundidos por Jaime Bayly en las últimas semanas de la campaña electoral municipal de 2010. Para Bedoya y un grupo de militantes del PPC, existe aún la creencia que Flores perdió gracias a los audios, cuestión que es bastante discutible, tanto a la luz de las encuestas de la época, como de un análisis más fino de lo que fue dicha campaña electoral.

La segunda era la redacción poco feliz de la norma en cuestión. Roberto Pereira, abogado del Instituto Prensa y Sociedad, mencionó los errores:

El problema de esta ley es que exime de responsabilidad únicamente los casos donde lo que se difunda sea perseguible penalmente o que contravenga el ordenamiento legal. Esto limita la difusión de contenidos.

Va a pasar que muchos contenidos de interés público no van a poder ser difundidos porque no califican como contenido delictivo o no contravienen el orden legal. Por ejemplo, si un funcionario público acuerda con otro dilatar una negociación en una protesta social, tener actitudes contrarias a un determinado órgano o conspirar políticamente desde el gobierno, esas conductas no son necesariamente delictivas ni contravienen el orden legal, pero sí son éticamente reprobables.

Lo clave es el interés público. Si hubieran puesto que está exenta de responsabilidad la información que contenga interés público, habría sido una mejor salida. Con esta ley se limita la libertad de prensa, pues muchas cosas de interés público no se van a poder difundir.

En enero pasado, el Presidente de la República observó la llamada “ley mordaza”, contemplando varios de los argumentos esgrimidos en contra de la misma. Dos de ellos son los más significativos:

4. Asimismo, en el último párrafo es pertinente sustituir la frase “(…) o que contravengan el ordenamiento legal vigente” por la frase “o que sean de interés público”. Se debe tener en cuenta que en algunos casos una conducta puede no contravenir el ordenamiento legal vigente pero sí podría ser de relevancia pública y por lo tanto, su difusión debería estar permitida. El interés público deberá ser concretado teniendo en cuenta cada caso concreto y a partir de la técnica de la ponderación de determinados criterios que han sido establecidos por la práctica jurisprudencial de los tribunales nacionales e internacionales así como por la doctrina especializada en la materia.

5. Por último, debe precisarse que la referida difusión de comunicaciones que tuviesen un contenido delictivo perseguible por acción penal pública o que sean de interés público estarán exentas de responsabilidad penal siempre y cuando el que difunde no haya tenido intervención directa ni indirecta en la obtención ilícita de dichas comunicaciones.

A pesar de estas observaciones atendibles y bastante bien fundamentadas, la Comisión de Justicia del Congreso de la República, en votación dividida, aprobó insistir con el proyecto original. Para que dicha insistencia sea válida, el pleno del Congreso de la República deberá aprobarla con 66 votos como mínimo. Si ello llega a ocurrir, la norma no podrá volver a ser observada. Y claro, se tendrán los mecanismos del Tribunal Constitucional y las instancias internacionales pertinentes para sacar del ordenamiento jurídico una norma que, desde nuestra consideración, es inconstitucional.

A los argumentos ya señalados, se suma otro, mencionado por Roberto Bustamante: la difusión de este tipo de contenidos en redes sociales, que no es contemplado en la norma:

Por otro lado, podría provocar que cierto material solamente sea accedido por un público privilegiado que hoy por hoy accede a ciertas redes en internet (por ejemplo, las encuestas que se filtraron días antes de las elecciones, a través del uso de metáforas tipo “el wantán viene bajando de precio”). La Ley Bedoya sin ser una mordaza perfecta, en la práctica va a ser una prohibición que lo único que va a generar es una mayor circulación ilícita por las redes. ¿Y qué van a hacer cuando eso suceda? ¿Prohibir acceso a sitios web? Más castigo no necesariamente resuelve el problema (como cuando piden pena de muerte para los violadores).

Este argumento, mencionado esta mañana por Anibal Quiroga como por Víctor García Toma como un defecto más de esta norma, debería llevar, junto con los demás motivos antes expuestos, a que los miembros del Congreso de la República hagan una reflexión mayor sobre un tema delicado, que puede afectar la libertad de expresión y que puede ser el refugio de políticos cuestionados. Claro está, desde el lado del periodismo, debe acompañarse la protesta con una reflexión más nítida sobre los límites de la profesión y los mecanismos de autorregulación.