Teorías de la Conspiración

Cada vez que el gobierno de Alejandro Toledo se encuentra en problemas, acude a una de sus salidas más recurrentes: la teoría de la conspiración.
No nos vamos a ocupar mucho del tema salvo para hacer las siguientes atingencias:
1. Las teorías de la conspiración son mayormente inspiradas por los entornos de gobiernos aislados, sea por su ausencia de base real de apoyo, por baja impopularidad o por acusaciones muy serias. Ello ocurre en este caso. Toledo, desde el inicio de su gobierno, ha sido aislado por un entorno que ha difundido este tipo de teorías, cuyos ejemplos son los siguientes:
– “Los ministros más populares tienen agenda propia y están aprovechando su paso por el gobierno para hacerse de un nombre para las siguientes elecciones”. Ello se hizo en los casos de los ministros provenientes de la izquierda como Cecilia Blondet, Gino Costa, Fernando Rospigliosi o funcionarios como Susana Villarán o Pedro Francke. En realidad, que haga caso a esta hipótesis un Presidente que siempre proclama que “no postulare a la reelección” (no puede tampoco, porque la Constituciòn se lo impide) es bastante contradictorio, por no decir que es bastante tonto.
– “La mafia no me deja gobernar” Por favor, ver punto 2.
– “La prensa está en mi contra”. Salvo uno o dos periódicos abiertamente golpistas (como “La Razón”) el resto de medios de comunicación no pertenecen a la mafia y hacen lo que haría cualquier periodista en democracia: fiscalizar al gobierno y hacer preguntas incòmodas.
2. La mafia, efectivamente, está operando. Y opera porque piensa que debilitando a este gobierno logrará tumbarse a la democracia y, por ende, al sistema anticorrupción. Pero si realmente le incomoda la mafia podría hacer lo siguiente:
– Darle más autonomía, fondos y respaldo a sus procuradores anticorrupción
– Implementar la Iniciativa Nacional Anticorrupción, propuesta en el gobierno de Paniagua.
– Presionar al gobierno japonés para que dé su respuesta sobre la extradición de Alberto Fujimori.
– Contribuir a la reforma judicial, para que los procesos se aceleren y las principales sentencias se den este año.
Y si realmente le incomoda la mafia, nunca hubiera hecho esto, señor Presidente:
– Reunirse con los Crousillat y con Ernesto Schutz
– Permitir tener a sujetos como Almeyda reuniéndose con miembros de la mafia como el General Villanueva.
– Reunirse con aquellos periodistas que supuestamente son empleados de Schutz
Y, sobre todo, debiò tener la autoridad moral suficiente, la cual està ahora mellada por las acusaciones de corrupción que involucran a su familia y a parte de su entorno.
Las teorías de la conspiración solo sirven a quienes la elaboran. Incordian el ambiente político y afectan la propia credibilidad del gobierno. Si bien la mafia actua y hay que combatirla, no se puede meter a toda la prensa en el mismo saco, ni iniciar “cacerías de brujas”. Sobre todo, hay que predicar con el ejemplo y dejar de comentar tantos errores.
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¿Más denuncias = vacancia presidencial?

Firmas Falsas Toledo
Aunque ya venía siendo costumbre en el escenario político nacional que la atención se concentrara más en los escándalos y denuncias de corrupción antes que en los temas de fondo, desde hace dos semanas esta malsana costumbre nacional se ha instalado con mayor insistencia.
El interés se ha centrado en el caso de la supuesta falsificación de firmas hecha por Perú Posible para posibilitar su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas. Sobre este caso hay que hacer las siguientes precisiones:
  • Queda claro que un porcentaje de las firmas que la ONPE declaró como válidas son falsas. Deberá determinarse, en todo caso, cuál es el porcentaje exacto de firmas falsas.
  • Pese a los testimonios, no ha podido determinarse con exactitud si dicha falsificación fue perpetrada, de manera individual, por las personas que se han presentado como testigos, o si nos encontramos – al igual que en el caso de Perú 2000 – ante una “fábrica de firmas”.
  • Resulta curioso que esta denuncia recién aparezca en el año 2004 y que, si se argumenta que tanto la ONPE como el Jurado Nacional de Elecciones controlados por el fujimorismo conocían que el partido de Alejandro Toledo había falsificado firmas “en masa”, no se utilizara esta poderosa arma para acabar con la reputación de Toledo en el año 2000.
  • No es casual que Rafael Rey sea el principal impulsor de la denuncia. No solo porque es un aliado casi desembozado del fujimorismo (y alienta la vacancia presidencial cada 15 días), sino porque su movimiento político, Renovación, tiene una denuncia pendiente de aclarar: falsificación de firmas para sus inscripción.

Más preocupante que la presunta falsificación, resulta ser el encubrimiento – torpe, por cierto – que se dio a la testigo Carmen Burga. El uso del aparato estatal – en especial, Migraciones, una dependencia estatal que desde hace décadas está marcada por la corrupción – y la complicidad de diversos funcionarios del Estado pertenecientes a Perú Posible, no solo configuran un delito en sí mismo, sino que causan la comprensible suspicacia (o convencimiento en muchos) de la existencia de una fábrica de firmas. A ello se sumó la campaña contra la Procuraduría Ad – Hoc, que motivó la salida de los procuradores Vargas Valdivia, Meini y Gamarra.

A este panorama, se sumó el refrito periodísitico que “denuncia” la supuesta falsedad del secuestro de Alejandro Toledo en 1998, con fotos del encuentro circulando, al mejor postor, por diversos medios de comunicación, Esta cuestión, por cierto, pertenece a la vida privada del Presidente e se intenta utilizar como argumento para una posible vacancia por incapacidad moral.

Hay que decir las cosas claras y sin medias palabras sobre este gobierno: No estamos, en comparación con el segundo gobierno de Fernando Belaúnde, con el de Alan Garcìa y con el fujimorato, ante el peor gobierno de la historia republicana. Por lo contrario, en muchos aspectos, el gobierno de Toledo los supera.

Sin embargo, este gobierno tenía una misión central: la transición democrática, el inicio de la consolidación de las instituciones y la ruptura con prácticas corruptas o poco éticas (como el nepotismo, el favoritismo por los partidarios, etc.). Allí el gobierno de Toledo está jalado y con 05 de nota. Creemos que allí deben centrarse las mayores críticas a este gobierno y no en promesas de campaña cuyo cumplimiento era prácticamente imposible desde su formulación.
Dicho esto, señalamos que el gobierno de Alejandro Toledo debe cumplir con su mandato hasta el 28 de Julio de 2006. Sobre la posibilidad de la vacancia presidencial debemos señalar lo siguiente :
  • Desde el punto de vista legal y constitucional, las causales de vacancia presidencial deben interpretarse de la manera más restrictiva. El término “vacancia por incapacidad moral” es bastante difuso, por lo que se debe dar la interpretación más restringida posible y no forzar la figura para vacar a Alejandro Toledo. Más aún, esta casual debería ser eliminada y reemplazada por el término propuesto en el Proyecto de Reforma Constitucional: “conducta incompatible con la dignidad del cargo”. Así, solo deberá emplearse si existen causas que involucren directamente en una conducta como la antes mencionada.
  • Cualquier vacancia, como lo ha señalado el Tribunal Constitucional, requiere de una votación calificada para su aprobación. Esta votación es de 80 votos. Será muy poco probable que se alcance este número de votos.
  • Fundamentalmente, la vacancia presidencial es una salida que genera inestabilidad y contribuye poco a la gobernabilidad. Si se destituye a Toledo sin argumentos de fondo que lo justifiquen, entonces el próximo gobernante tendrá la misma amenaza en ciernes.
  • Asimismo, un cambio de Presidente no elimina las presiones sociales ni los problemas del país (pobreza, desempleo, una sociedad poco reconciliada consigo misma, violencia). A la luz de todos, la vacancia quedaría como un simple ejercicio de “canibalismo político” y de cálculo electoral. Se adelantarían elecciones, pero sin tener ni programas claros ni alianzas de gobierno establecidas sobre agendas comunes de gobierno.
Finalmente, consideramos que la principal beneficiada con una vacancia presidencial es la mafia fujimontesinista, que busca arrinconar a la democracia, intentando aparecer a todos los políticos como corruptos y, con ello, buscar una amnistía política, que se levante la inhabilitación a Alberto Fujimori y, sobre todo, debilitar (y si pueden, derrumbar) el sistema anticorrupción, justo en el año en que se producirán los juicios más importantes (narcotráfico, violaciones a los derechos humanos) en los que se juega el futuro personal y colectivo de los criminales que nos gobernaron en la década de 1990.En resumen, estamos a favor de toda investigación seria y documentada que contribuya a esclarecer, de una vez por todas, los escándalos de corrupción en los que se ve sumido este gobierno. Sin embargo, una simple sospecha no nos puede hacer pensar en la vacancia presidencial como salida a la crisis. Esta no tiene, como se nos pretende hacer creer, como principal eje a Alejandro Toledo. Proviene de una transición democrática trunca, en la cual el gobierno tiene fundamental responsabilidad en su fracaso, pero no la única. En el descrédito de las instituciones todos somos responsables.

Y debemos, por tanto, asumir dicha responsabilidad y comenzar a concertar nuestro futuro como Nación, independientemente del gobierno elegido en las elecciones del próximo año. Que lo ocurrido en este periodo nos sirva de lección, para elegir bien y, sobre todo, para asumir nuestro compromiso como ciudadanos, que no solo pasa por el hecho de votar.

Sobre la indiferencia

CVR

O por que luego de un año y medio el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación no ha logrado conmover más al país.
El 28 de agosto de 2003, luego de 23 meses de trabajo, la Comisión de la Verdad y Reconciliación entregó el fruto final de su trabajo: un Informe Final compuesto por 9 tomos. En dicho Informe se detallaba el drama que vivió el país durante 20 años, entre 1980 y 2000: Sendero Luminoso inició una guerra contra el Estado peruano, guerra que nos costó 69 280 vidas humanas. La mayor parte de las víctimas se ubican en el sector menospreciado por el resto de la sociedad: se trataba de campesinos, quechua hablantes, pobres y habitantes de la sierra y de la selva peruana, en otras palabras, peruanos considerados y tratados como “ciudadanos de segunda categoría”. El Estado peruano, con todo el derecho a defenderse, envío a sus fuerzas de seguridad para solucionar el tema, pero sin que los gobiernos ejercieran control alguno sobre las acciones de las Fuerzas Armadas y la Policía ni sobre las ideas que motivaban dichas acciones. En realidad, los gobiernos (y en general los Poderes del Estado) abdicaron de su autoridad democrática y toleraron violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, que en algunos lugares y momentos fueron sistemáticas.
Entre otros dramas, el Informe Final de la CVR reveló al país una de sus peores caras: la indiferencia ante lo ocurrido. En su conclusión general 77, se señala que:

La CVR ha constatado, con pesar, que los gobiernos civiles no estuvieron solos en esta concesión al uso indiscriminado de la fuerza como medio de combate contra la subversión. Por el contrario, la proclividad de dichos gobiernos a la solución militar sin control civil estuvo en consonancia con un considerable sector de la sociedad peruana, principalmente el sector urbano medianamente instruido, beneficiario de los servicios del Estado y habitante de zonas alejadas del epicentro del conflicto. Este sector miró mayoritariamente con indiferencia o reclamó una solución rápida, dispuesta a afrontar el costo social que era pagado por los ciudadanos de las zonas rurales y más empobrecidas”.

Dicha indiferencia, sin embargo, no ha podido ser superada por la entrega del Informe Final ni de su posterior (aunque limitada) difusión. En nuestra opinión, existen diversos factores que influyen en ello.

EL CONTEXTO DE LA CREACION DE LA CVR

La Comisión de la Verdad y Reconciliación fue creada en un contexto bastante particular, durante el gobierno de transición presidido por Valentín Paniagua. Se aprovechó un contexto particular de debilidad de los principales poderes fàcticos del paìs (empresariado, medios de comunicación y, en especial, las Fuerzas Armadas), debido a la revelación de sus vínculos con la corrupción del régimen fujimorista. Fue en el primer semestre del 2001 que los famosos “vladivideos” salieron a la luz. Esta debilidad de los poderes fácticos y de los actores políticos y mediáticos vinculados al fujimorismo hizo posible que la propuesta de Comisión de la Verdad fuera aceptada casi sin objeciones.
Sin embargo, la propuesta de Comisión de la Verdad no fue parte de la plataforma de la oposición democrática hasta las elecciones de 2001. Allí, más por compromiso que por otra cosa, los candidatos Alejandro Toledo, Alan García, Lourdes Flores y Fernando Olivera firmaron un acta de compromiso de creación de la Comisión de la Verdad. Sin embargo, el hecho de que García fuera uno de los gobernantes que podrían ser investigados, que los sectores más conservadores estuvieran aliados con Flores y Olivera pudiera usar la Comisión para golpear al Apra causaba serias dudas en la comunidad de derechos humanos peruana.
Fue desde este espacio y aprovechando que dos de sus miembros eran Ministros del gobierno de transición – Diego García Sayan y Susana Villarán – la comunidad de derechos humanos impulsó la creación de una comisión multisectorial que se encargara de efectuar un proyecto para crear la CV.
Sin embargo, la CV no fue el resultado de una movilización de la sociedad civil en nombre de las víctimas, a diferencia de lo ocurrido en otros países de Sudamérica. Ello se debe fundamentalmente a la composición social del grupo más afectado por la violencia. En Chile, Argentina y Paraguay, las víctimas de la violencia provenían de sectores medios, con acceso a educación y considerados como ciudadanos. En el Perú, como ya lo anotamos, la mayor pate de las víctimas se encuentran en las capas más bajas de la sociedad, a las que no se percibe como iguales por el resto de la población. Ello hizo que las organizaciones de familiares de víctimas de la violencia fueran pocas y su labor en los años previos a la creación de la CVR fuese poco difundida, a pesar que, tal como comprobó luego la CVR, el nùmero de víctimas en Chile fue la mitad de las producidas en el Perú, tomando en cuenta un periodo muy similar de tiempo (17 años duró la dictadura de Augusto Pinochet).
Esta indiferencia ante lo ocurrido se conecta, además, con un sentido comùn en un sector de la poblaciòn: “se ganó militarmente la guerra, no importa a que costo”. Por ello muchos apoyaron la ruptura del orden constitucional del golpe del 5 de abril de 1992, o la Ley de Amnistía de 1995, o la segunda ilegal reelección de Fujimori en el 2000.
Sendero Luminoso abonó en ese sentido común. Sus prácticas violatorias de los derechos humanos y la crueldad de sus actos hicieron que la población, con toda razón, no los apoyara. Pero, además, hizo que muchos prefirieran que los simples sospechosos por terrorismo fueran asesinados y que sus derechos humanos no fueran respetados (y que se consintieran dichas violaciones), independientemente de las atrocidades cometidas.
A pesar de ello, la CV fue creada en junio de 2001 y en septiembre de ese mismo año, Alejandro Toledo amplió su composición y su mandato, agregándole el nombre “Reconciliación” a su denominación.
Quizás esta indiferencia fue la que permitió a la CVR, durante la mayor parte de su mandato, realizar tranquilamente su trabajo. Sin embargo, y esto lo reconocen hoy los miembros de la CVR, faltó una mayor sensibilización de la opinión pública a través de una mejor estrategia de comunicación. Se confió en que las audiencias públicas (difundidas en el canal del Estado y en Canal N) harían ese trabajo y que las redes armadas colaborarían en dicha labor. Pero la mayor parte de medios de comunicación, en especial los canales de televisión, no difundieron la labor de la CVR. Mayor preocupación existía en difundir (y en algunos casos, aumentar) las debilidades de un gobierno que desde sus inicios se revelaba como fragil antes que en intentar documentar la historia de los últimos 20 años del siglo XX.

ANTES DEL INFORME: LA CAMPAÑA EN CONTRA

Cuando era inminente la publicación del Informe Final de la CVR, se desató una campaña de desinformación y de rechazo al trabajo de la Comisión, antes de que sus frutos fueran vistos.
Existían, en resumen, los siguientes grupos en contra del Informe Final:
a. Militares en situación de retiro: Un grupo de militares que actuaron en posiciones importantes durante el conflicto armado interno se opuso a la CVR, considerando que su creación era una afrenta a las Fuerzas Armadas. Básicamente, este grupo buscaba cuidar las espaldas de los oficiales que serían acusados por la Comisión de cometer violaciones a los derechos humanos. Asimismo, se sostenía que la CVR defendería a Sendero Luminoso, cuestión que resultó siendo falsa, pues el Informe Final condena el accionar de esta organización.
b. El Fujimorismo: Desde este sector se buscaba desacreditar a la CVR presentándola como un supuesto instrumento más de la clase política, dentro de la supuesta “persecución polìtica” que los simpatizantes del prófugo ex presidente intenta presentar como argumento para evitar una extradición. Por cierto, de los tres gobernantes estudiados por la CVR, Fujimori es quien sale peor parado, pero no por una animadversión de la Comisión (que le reconoce algunos logros), sino por alterar el orden democrático y convertir al aparato del Estado en un instrumento criminal.
c. Familiares de víctimas: Hagamos la precisión. Se trata aquí de algunos familiares de víctimas pertenecientes a los partidos políticos o a las Fuerzas Armadas, quienes consideran que la reconciliación con Sendero Luminoso es imposible. Aquí se encontarían personajes como el empresario Ricardo Vega Llona y el columnista de Perú.21 Ricardo Ramos Tremolada. La CVR no planteó nunca una reconciliación que implicara perdón o amnistía a Sendero. La Reconciliación planteada es la “refundación de los vínculos sociales entre peruanos”, es decir, reparar, hacer justicia y comenzar a cerrar las brechas sociales.
d. Sectores de partidos o grupos pólíticos: Aquí los móviles fueron los intereses diversos en juego. La campaña en este caso estuvo liderada por los congresistas Rafael Rey y José Barba Caballero, conocidos por ser conservadores en su pensamiento político y por ser proclives a desestimar cualquier iniciativa que incomode a los sectores militares. Rey, además, votó a favor de la Ley de Amnistía de 1995 y fue un defensor del fujimorismo en muchos aspectos. Preocupados estaban algunos sectores de Acción Popular y del Apra, en vista que la Comisión podría criticar duramente (como que lo hizo) la actuación de Fernando Belaúnde y Alan García.

LUEGO DEL INFORME: DE VUELTA A LA INDIFERENCIA

La entrega del Informe Final de la CVR motivó un pequeño pero poco profundo debate. Casi imediatamente después de presentado el Informe y cuando este recién habia sido publicado en su página web, diversos políticos dijeron frases como las siguientes: “se revindica a Sendero Luminoso”, “se pide amnistía para los terroristas”, “al mencionar el Derecho Internacional Humanitario se les confiere categoría de beligerantes a los terroristas y por tanto, podrían reclamar estatus de prisioneros políticos”, entre otras. El Informe Final nunca sostuvo ninguna de las frases señaladas anteriormente.
Y el debate concluyó en ello, en un mero asunto adjetivo. Y de nuevo se volvió a la indiferencia. ¿Por qué?
Pienso que dicha indiferencia posterior se debe en buena parte, al factor de la composición del sector más afectado por la violencia. Como lo hemos dicho a lo largo de este artículo, estamos hablando de un sector social considerado por muchos como de “segunda categoría”, sin acceso a los principales canales de comunicación con el Estado y, menos aún, a los medios de comunicación más importantes. Si bien las organizaciones defensoras de los derechos humanos están concentradas en hacer una labor de seguimiento del cumplimiento de las conclusiones y recomendaciones del Informe y han surgido en el último año y medio organizaciones de familiares de víctimas, dicha labor no ha sido suficiente para sensibilizar a la población.
La periodista Rosa María Palacios anotaba en un artículo, a raíz del primer año de la entrega del Informe, que el público que sigue los programas políticos no está interesado en ello. Palacios, en su programa, ha comentado que el rating de dichos programas disminuye cada vez que se tratan temas relacionados con derechos humanos. Hay, en el fondo, creemos nosotros, una negación de lo vivido, una posición en contra de recuerdo alguno de aquellos aciagos años y no hay, por cierto, un reconocimiento de las responsabilidades que nos tocan a todos por aquello que ocurrió.
Los medios de comunicación, en su mayor parte, no se han ocupado del tema. Salvo El Comercio, La República, Canal N y Perú.21, el resto de medios importantes no se ocupa del tema de las reparaciones o del seguimiento a las recomendaciones planteadas.
En el caso de los partidos políticos, estamos ante una indiferencia consciente y, por ello, más complice con el mantenimiento de los factores que causaron la violencia en el Perú. Es una indiferencia consciente porque la clase política de aquellos años es responsabilizada por acción u omisión. Quienes gobernaron durante los 80 (Acción Popular y el Apra) tienen graves responsabilidades por abdicar de su autoridad democràtica. En el caso de los partidos de izquierda, no hicieron un deslinde claro con las posiciones que planteaban la lucha armada como camino al poder. Y en el caso del fujimorismo, sus responsabilidades no solo son políticas, sino tambièn penales. En este clima, como es obvio, son voces solitarias las que se acuerdan de estos temas. Más aún si existe la tendencia a privilegiar el corto plazo y el escándalo de la semana como agenda política del pais.
Finalmente, en el caso del gobierno, queda clara su poca vocación de reforma institucional, que fue el objetivo final de su elección. Alejandro Toledo no nos decepciona por su incumplimiento de promesas electorales imposibles de realizar como las que decía en cada mitín de campaña, sino por su poca vocación de institucionalizar la democracia por la que tanto luchó en el año 2000. Y los pocos intentos que se hacen quedan truncos. En el caso de las recomendaciones de la CVR, existe una Comisión de Seguimiento dependiente de la PCM, que ha tenido algunos avances en la materia, pero que anda con demasiada cautela en el tema de las reparaciones económicas.

REFLEXION FINAL

El Perú ha sido sacudido, en los últimos dos años, por acontecimientos violentos: el linchamiento de un alcalde en Ilave (Puno), los bloqueos de carreteras, el saqueo e incendio de ocho discotecas de la ciudad de Juliaca, los ajusticiamientos a ladrones por parte de los vecinos, la toma de locales y, por supuesto, la reciente asonada en Andahuaylas.
Todos estos hechos nos informan de un déficit en la resolución pácifica de los conflictos y de un un creciente nivel de violencia en los reclamos sociales y polìticos, tanto en el discurso como en los hechos.
El Informe Final de la CVR nos presentaba la mayor tragedia nacional, producto de dicha violencia. ¿Estamos esperando que vuelva a ocurrir para tomar acciones que impidan que vuelvan otros 20 años de desamparo?
La tarea está planteada, para este y para los gobiernos que vengan. Y, en general, para todos los peruanos. Leer el Informe o su Versiòn Abreviada (denominada “Hatun Willakuy” o “gran relato”) es un buen comienzo.
 “La historia que aquí se cuenta habla de nosotros, de lo que fuimos y de lo que debemos dejar de ser. Esta historia habla de nuestras tareas. Esta historia comienza hoy“ (Salomón Lerner Febres, Presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú)
Nota: Debo aclarar, ante posibles confusiones, que dentro de los periodistas que apoyan el trabajo de la CVR se encuentra Rosa María Palacios. En la columna que he citado en este artículo, cuyo enlace recomiendo visitar, se hace alusión a una realidad palpable, pero no a la conducta que esta periodista ha tenido sobre el tema. Hago esta aclaración para que se deje constancia de un buen trabajo periodístico, comprometido, a pesar de los vaivenes de la sintonía, con la defensa de los derechos fundamentales de la persona.

Renuncia el ministro, ¿vuelve la reforma policial?

Javier Reátegui

En los hechos, la censura a Fernando Rospigliosi y su reemplazo por Javier Reátegui, terminó – por lo menos, temporalmente – con el intento de reforma policial que un equipo de civiles había encabezado durante las gestiones de Rospigliosi y la de Gino Costa al frente del Ministerio del Interior peruano.

La Policía fue una de las entidades más afectadas por las crisis que han afectado al Perú en los últimos 30 años. Los gobiernos militares de Velasco y Morales Bermúdez redujeron su manejo a la militarización de la seguridad interna. Concluida la dictadura militar, empezó el conflicto armado interno con las acciones violentas de Sendero Luminoso, lo cual llevó, a partir de 1982, a que la seguridad interna pasara ser un asunto competente a las Fuerzas Armadas. Al mismo tiempo, miembros de la Policìa cometieron graves violaciones a los derechos humanos, documentadas ampliamente en el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y en diversas investigaciones periodísticas. La autocracia fujimorista la sometió al control castrense, siendo un miembro del Ejército el Ministro del sector Interior durante la mayor parte del gobierno de Fujimori. Como resultado, todos los Ministros del Interior de la década pasada, al igual que Agustín Mantilla (titular de la cartera durante buena parte del gobierno aprista) vienen siendo procesados por actos de corrupción.

El equipo civil liderado por Rospigliosi y Costa, apoyado por miembros de la Policìa (tanto oficiales como suboficiales), encontraron, en resumen, los siguientes problemas:

a. Una institución militarizada en su manejo y su concepción de seguridad.

b. Una fuerte corrupción. Ésta era mayor en monto en los procesos de licitación y adquisición de bienes, en el manejo de la Caja de Pensiones, del Fondo de Vivienda y de los servicios de salud; pero la opinión pública veía más la coima que se pagaba por trámites o para evitar una multa.

c. Ineficiencia en el manejo de la seguridad ciudadana, en especial en las Comisarìas.

d. Poca actualizaciòn en el contenido de los cursos de formación policial.

Así,se fueron realizando acciones para mejorar estos problemas. Se creò una Comisión de Modernización de la Policía, así como una Defensoría que atendiera las denuncias planteadas por los miembros de las fuerzas de seguridad sobre malos tratos y dificultades en sus trámites como miembros de la institución. Se creó una Oficina de Asuntos Internos y comenzò una campaña llamada “A la Policìa se la respeta” para reducir la corrupciòn menuda. Otros pasos se tomaron en las otras àreas antes descritas, pero con menores resultados visibles o cuya implementaciòn se vio trunca por la salida del equipo de reforma.

La reforma policial fue frenada por diversos factores. La falta de voluntad polìtica de los Ministros que eran miembros de Perú Posible (Alberto Sanabria y Javier Reátegui), el copamiento de la Dirección General de Gobierno Interior por parte del grupo político gobernante (esta dirección se encarga de nombrar a prefectos y subprefectos, muchos de los nombrados no estaban suficientemente calificados para el puesto), la excesiva dependencia de la reforma del equipo inicialmente armado para ella y la poca coordinación que otros sectores y poderes del Estado tuvieron en este esfuerzo. A ello se sumò la actitud poco feliz del entorno presidencial, quien creó un conflicto entre el Presidente Toledo y Rospigliosi y Costa, al informar – equivocadamente – que ambos personajes aprovechaban el cargo para su propia plataforma política. Toledo, afecto a ver fantasmas y conspiraciones, las creyó y, con ello, provocó la renuncia de Costa en enero de 2003 y fue mudo testigo de la censura a Rospigliosi en abril de 2004 por el linchamiento del alcalde de Ilave, Puno (en lo que fue, en realidad, un ajuste de cuentas parlamentario a un Ministro incòmodo para todas las tiendas políticas, por sus comentarios y acciones en contra de diversos intereses oscuros).

La salida de Javier Reátegui, motivada no tanto por la asonada de Antauro Humala sino por su demostrada inoperancia al frente del Ministerio del Interior, puede ser una buena oportunidad para retomar la reforma policial. No creemos que Rospigliosi – bastante crítico en este momento con el Gobierno- o Costa asuman nuevamente la cartera que antes desempeñaron. Sin embargo, valdría la pena que el Presidente Toledo llame a algunos de los miembros del equipo de reforma para concluir un trabajo que, de terminarse, podría ser una de las cosas que Alejandro Toledo se lleve en su activo, cuando concluya su mandato.

Señor Presidente, la pelota está en su cancha.

Los gobiernos y el conflicto armado interno (2): Alan García Pérez

Alan García Barrantes

Tengo serias discrepancias con Alan García Pérez. Considero que su gobierno fue uno de los peores de la historia peruana y creo que no debe volver a ejercer el cargo más importante del país. Ello, sin embargo no me lleva a ser anti aprista ni ha no reconocer los méritos que el Partido Aprista ha tenido en cerca de 80 años de historia. El juicio que la Comisión de la Verdad y Reconciliación, creemos nosotros, no deja libre a García de responsabilidad política por acciones u omisiones cometidas durante su periodo de gobierno, pero no deja de mencionar algunos aspectos positivos de la política antisubversiva llevada a cabo entre los años 1985 y 1990 y que fue el APRA la agrupación política con mayor número de mártires en los años del conflicto armado interno.

La CVR comienza, en el análisis del comportamiento del Partido Aprista Peruano durante los años de la violencia, apuntando la posición de este grupo político durante el gobierno de Fernando Belaúnde. El APRA enfrentaba, en los primeros años de la década de los 80, una crisis de sucesión luego del fallecimiento de su fundador Víctor Raúl Haya de la Torre. La bancada aprista en el Congreso no respaldó los pedidos de algunos congresistas oficialistas (AP – PPC) para declarar traidores a la Patria a los terroristas, ni tampoco apoyó la norma que tipificó el delito de terrorismo y criticó las declaratorias de Estado de Emergencia que tomaba el gobierno. Coincidió el ingreso de las Fuerzas Armadas a la zona de conflicto, a fines de 1982, con la elección de Alan García como Secretario General del PAP. No hubo sesgo antimilitarista en las críticas apristas, pero sí se proponía emprender reformas sociales y respetar los derechos humanos. En el plano discursivo, García tenía cierta coherencia: identificaba a SL como un grupo fuertemente ideologizado, postulaba un sistema de inteligencia preparado para estos temas, un sistema penitenciario basado en la rehabilitación del preso y un pacto social nacional en contra de la violencia. Pero, al mismo tiempo, no se descartaba un diálogo con Sendero Luminoso para terminar con el conflicto.

Como todos sabemos, Alan García fue el triunfador de las elecciones de 1985. Su discurso de inauguración como Presidente contemplaba algunas ideas básicas como estrategia antisubversiva:
1. Una reforma social radical que le quitara sustento de base a Sendero Luminoso
2. Una lucha militar contra el terrorismo dentro de la Ley y respetando los derechos humanos.
3. La instalación de una comisión revisora de la situación de los internos por terrorismo, la despenalización de delitos menores y beneficios para quienes no hubieran participado en muertes.
4. La reorganización de la Policía, dividida en ese momento en tres ramas.

Un obstáculo real que tuvo que enfrentar el gobierno fue la tradicional mala relación que el APRA y las Fuerzas Armadas tenían desde los años 30, a lo que se sumaba la poca preocupación de cuadros partidarios en temas de seguridad y contrasubverisión, lo que no permitió una política articulada en este campo. En los primeros meses se rechazó una iniciativa del diputado aprista Alberto Valencia que planteaba armar a los campesinos para que ayudaran a combatir a SL en el campo, lo que García, retrospectivamente, consideró este rechazo como un error. Al inicio del gobierno el MRTA – cuyo líder Víctor Polay era de familia aprista – le dio una tregua al gobierno, posición contraria a la Sendero, que comenzó a eliminar a autoridades pertenecientes al Partido Aprista.

García sí pudo cumplir con su promesa de reorganizar a la Policía, que se debatía entre disputas internas y una mala imagen pública. Se hizo la reunificación de la Policía y se les equipó convenientemente a los destacamentos antisubversivos, aunque hubo errores importantes en muchos pases al retiro, pues muchos oficiales competentes dejaron la institución.

Al inicio de su gobierno, García cumplió parcialmente con su promesa de respetar los derechos humanos. Luego que se descubrieran las fosas donde se habían enterrado a las víctimas de las masacres de Pucayacu y Accomarca, cometidas por patrullas del Ejército, se destituyó al Presidente del Comando Conjunto, al jefe del Comando Político Militar y al jefe de la región Militar respectiva. A los pocas semanas, García instaló una Comisión de Paz, pero sus funciones fueron poco definidas y el gobierno no tuvo voluntad real de respaldarla, por lo que sus miembros renunciaron en Diciembre de 1985. Luego fue recompuesta, pero luego de las masacres en los penales, en Julio de 1986, fue dejada de lado.

Fue justamente la matanza de los penales el hecho que hizo perder la credibilidad de Alan García en materia de derechos humanos. Sendero Luminoso intentaba provocar una reacción del gobierno que, en sus palabras, “le quitara la careta”, lo que en jerga senderista era provocar una reacción descomunal que deslegitimara al gobierno aprista y a las Fuerzas Armadas y legitimara su sanguinario accionar. Así, asesinaron a un alto jefe de la Marina, cuyos principales oficiales comenzaron a solicitar la pena de muerte para los terroristas y, planearon, en coincidencia con una reunión de la Internacional Socialista en Lima (la asociación de partidos socialdemócratas del mundo, a la que pertenecía el APRA), un motín en varios penales de la capital. En los penales de Lurigancho, Santa Bárbara y El Frontón se tomó rehenes y se inició un motín el 18 de Junio de 1986. Debía restablecerse el principio de autoridad en las cárceles. La situación fue sofocada rápidamente en Santa Bárbara. En Lurigancho, la Guardia Republicana cometió 124 ejecuciones extrajudiciales y en El Frontón hubo 111 presos muertos, algunos murieron en combate y otros sí fueron ejecutados extrajudicialmente. La CVR encuentra que el Gobierno fue responsable por no ordenar que no se produjeran asesinatos de rendidos y al obstaculizar la labor judicial, declarando los penales como “zona militar restringida”. En lo que respecta a una posible responsabilidad penal del ex Presidente Alan García, la Comisión no encuentra elementos suficientes para imputarle esta responsabilidad, pero recomienda que se haga las investigaciones judiciales del caso para precisar dichas responsabilidades.

Creemos nosotros que debe acelerarse las investigaciones sobre el caso de la Matanza de los Penales, llevadas hasta ahora con lentitud por el Ministerio Público. En primer lugar, porque es necesario reconstruir la verdad de lo ocurrido en esos días de Junio de 1986. En segundo lugar, porque hay responsabilidades penales que deben ser llevadas ante la justicia y una reconciliación nacional no puede ser llevada a cabo sin justicia. En tercer lugar, porque existe un mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena una investigación independiente sobre el caso. En cuarto lugar, porque creemos imprescindible que la persona a quien muchos señalan como la de mayores opciones para ganar la Presidencia de la República en 2006 deslinde, de una vez por todas, su posible responsabilidad en este caso, a fin de no tener ejerciendo la primera magistratura de la República a una persona con sospechas de haber ordenado ejecuciones extrajudiciales. Y, finalmente, para que no se siga manipulando políticamente el caso por los grupos políticos que manejan el “anti Aprismo” como única doctrina.

Luego de una ola de atentados en septiembre de 1986, desde el Gobierno se quiso impulsar proyectos para que tribunales especiales procesaran los casos de detenidos por terrorismo, así como eliminar de los llamados “delitos de función” juzgados por la justicia militar las violaciones a los derechos humanos. Ninguno de estos proyectos fue llevado a cabo.

En 1987 se aprobó el proyecto que creaba el Ministerio de Defensa, con la abierta oposición de los Comandantes Generales de los tres institutos armados. El Ministerio nunca pudo articular una política antisubversiva y no se pudo plasmar un liderazgo civil en la materia de seguridad al encargarse la cartera al General en retiro Enrique López Albujar, quien sería asesinado por miembros del MRTA en las postrimerías del gobierno de García. Asimismo, hubo errores en el diseño del Ministerio – recién corregidos en 2003 – que no marcaban la subordinación de las Fuerzas Armadas a la autoridad democrática.

Mientras tanto, la violencia se extendió durante 1987 a buena parte del territorio nacional. Fue el año en que el plan de Estatización del sistema financiero polarizó a la población. Asimismo, en Septiembre de 1987, el dirigente aprista Rodrigo Franco, presidente de ENCI era asesinado, de acuerdo a la CVR, muy probablemente por miembros de SL. El contexto era de polarización, sectarismo y desgaste del gobierno, teniendo como telón de fondo amenazas de golpe de Estado por parte de la Fuerza Armada y la utilización de los aparatos de inteligencia para prevenir esta opción. En este clima, unas desafortunadas declaraciones de Alan García echaron más leña al fuego, el Presidente expresó en Ayacucho a un grupo de partidarios que “reconocía y respetaba” la mística de SL. El mandatario confundía espíritu con sectarismo y coherencia con fanatismo.

Se sumaron como elementos de descrédito la toma de Juanjui por parte de columnas del MRTA en Noviembre de 1987, evento que fue ampliamente difundido por la prensa. Asimismo, en 1988, se produjo una matanza por parte de elementos del Ejército en la localidad ayacuchana de Cayara. Los testigos del caso eran eliminados, el fiscal Carlos Escobar fue amenazado y finalmente alejado del caso (tuvo que salir del país), la comisión parlamentaria presidida por el senador aprista Carlos Enrique Melgar negaba la hipótesis de las ejecuciones militares, a contrario del dictamen en minoría de parlamentarios opositores, mientras que – esto se sabría años después – el entonces asesor del Fiscal de la Nación, un abogado y ex capitán del Ejército Vladimiro Montesinos, aprovechaba su alto puesto para preparar su regreso a las Fuerzas Armadas, a cambio de archivar el caso.

García propuso en su discurso anual ante el Congreso en 1988 que la Policía se encargara de la investigación pre judicial de los casos de terrorismo, cuestión que fue aprobada, así como la tipificación de la apología y propaganda a favor de organizaciones terroristas, cuestión que sería también aprobada en el Congreso.

Frente a las Comisiones Investigadoras presididas por apristas y que terminaban encubriendo las violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas, destacó el esfuerzo de la Comisión Especial del Senado para investigar las causas de la violencia y formular alternativas de pacificación. La Comisión del Senado, presidida por Enrique Bernales (Izquierda Unida), encontró que el gobierno no tenía una estrategia integral para enfrentar al terrorismo y que las Fuerzas Armadas contaban con manuales y estrategias desfasadas para enfrentar a la subversión. La Comisión Bernales propuso la participación de la población en la pacificación, un Acuerdo Nacional por la Pacificación, rechazar doctrinas militares no acordes con nuestra realidad, ejecutar políticas sectoriales hacia una pacificación más allá de los aspectos militares, crear la Defensoría del Pueblo y reforzar el Sistema de Inteligencia Nacional. El informe fue aprobado, pero las conclusiones no fueron tomadas en cuenta. El Informe de esta comisión del Senado es hasta hoy fuente principal para conocer lo ocurrido en esos años y fue el esfuerzo más serio que se hizo en el Congreso frente al conflicto armado interno.

Toda visión de “reformas sociales para combatir a la subversión” se sepultó irreversiblemente desde Septiembre de 1998, cuando el gobierno comenzó a hacer ajustes drásticos al costo de vida y comenzaba un proceso hiperinflacionario. El 33% del país se encontraba, para 1989, en Estado de Emergencia, y las autoridades locales eran las que corrían mayor peligro.

Fue en ese contexto que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional replantearon su estrategia frente al fenómeno subversivo. Las FFAA elaboraron un nuevo manual contrainsurgente, basado en 9 años de experiencia de combate a SL y MRTA. La Policía hizo un mayor énfasis en la inteligencia. Recordemos que en 1989 fue creado el Grupo Especial de Inteligencia, GEIN, en la Dirección Contra el Terrorismo. Ambos esfuerzos fueron autónomos de las iniciativas gubernamentales, con excepción de la creación del GEIN, apoyada por Agustín Mantilla, entonces Ministro del Interior. Al mismo tiempo, comenzaban a hacer noticia las victorias de los comités de autodefensa frente a las fuerzas senderistas. Estos factores serían claves para la derrota militar de Sendero Luminoso y el MRTA.

La situación de violencia recrudecía. En Molinos, departamento de San Martín, hubo un enfrentamiento entre una columna del MRTA y el Ejército. En un afán de protagonismo, García concurrió a la zona, se tomó fotos frente a los cadáveres, ignorando que hubo algunas ejecuciones extrajudiciales. En mayo de 1989 SL convocó a “paros armados” en diversos departamentos del país con el fin de boicotear la vida normal de los ciudadanos y amedrentar a la población.

La percepción de que la violencia era imanejable por el gobierno creció con el inicio de las acciones del autodenominado “Comando Rodrigo Franco”. El ex abogado de Osmán Morote, un alto líder terrorista, fue asesinado en el túnel de La Herradura (Chorrillos, Lima), apareciendo junto a su cadáver una nota que proclamaba que el “Comando Rodrigo Franco” era el autor del crimen. A ello se sumó el asesinato de dirigentes sindicales opositores al gobierno y de parlamentarios de Izquierda Unida y del propio Partido Aprista. Se formó una comisión investigadora en el Congreso, que emitió dos dictámenes antitéticos: uno postulaba la existencia del CRF, vinculándolo al Ministro Agustín Mantilla, y el otro (el dictamen aprista) la negaba. La CVR tiene indicios razonables que hacen concluir que, en realidad, el llamado “comando Rodrigo Franco” era un membrete empleado por varios grupos paramilitares que se formaron entre 1988 y 1989 y no un solo grupo.

La violencia afectó de alguna manera el desarrollo de las elecciones en 1989 y 1990. Un alto número de autoridades locales fue asesinado en 1989 y en el 15% de distritos no se presentaron candidatos para las alcaldías. En las elecciones presidenciales de 1990 el índice de ausentismo fue el más alto de los últimos 20 años, llegando en algunos departamentos a sobrepasar el 40%. Sin embargo, una Marcha por la Paz, organizada por el candidato presidencial de Izquierda Unida Henry Pease y apoyada por su par del FREDEMO Mario Vargas Llosa manifestó el rechazo de la mayor parte de la población a la violencia. La marcha contó con la asistencia de delegaciones de partidos políticos, ong’s defensoras de derechos humanos, representantes de las iglesias y ciudadanos de a pie.

El gobierno de García acabó entre luces y sombras en el campo de la lucha antisubversiva. Por un lado, el GEIN comenzaba a realizar acciones importantes, como el allanamiento de una casa donde había vivido hasta hacía unos días Abimael Guzmán, en San Borja, donde funcionaba la Dirección de Apoyo Organizativo del PCP – SL, encontrándose gran documentación sobre el Congreso de SL celebrado en 1989 y las casas pertenecientes a la organización. Por otro lado, 20 días antes del recambio constitucional, un grupo de 48 miembros del MRTA, liderados por su principal cabecilla Víctor Polay (que había sido capturado meses antes) se fugó por un túnel del Penal de Lurigancho. El hecho causó gran bochorno, despertó suspicacias y terminó de derrumbar la imagen pública de un gobierno bastante desprestigiado.

Al final del quinquenio de Alan García la situación era preocupante. Cerca del 30% del territorio y más de 45% de la población estaba en Estado de Emergencia. No se cambió la tendencia a la militarización del conflicto. Continuó la tendencia a cubrir violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden. Aún así, durante este periodo se comenzaron a conjugar los factores que permitieron la derrota militar de los grupos subversivos. Desafortunadamente para el país, esta derrota fue aprovechada por un gobierno autoritario para violar los derechos humanos, destruir la institucionalidad democrática y cometer los mayores robos al erario nacional en toda nuestra historia.

¿Alan Gabriel Ludwig García Pérez habrá aprendido las lecciones del pasado?

La Ciudad y los Perros: 42 años después

La Ciudad y los Perros

“En cada linaje el deterioro ejerce su dominio”
Carlos Germán Bellí

1962. Carlos Barral, propietario de la Editorial Seix Barral, una de las más prestigiosas de España por aquellos años, comienza a leer los borradores de novelas rechazados por sus editores. Uno de ellos le llama la atención, se llamaba “La Morada del Héroe” y había sido escrita por un joven peruano de 26 años, arequipeño, con dientes de conejo, casado con la hermana de la esposa de su tío. Mario Vargas Llosa fue contactado por Barral, quien le sugirió cambiar el nombre de la novela. Esta se titularía “La Ciudad y los Perros”, ganaría el Premio Biblioteca Breve y sería finalmente publicada en 1963.

Vargas Llosa había sido alumno del Colegio Militar Leoncio Prado, una institución donde se forma, a la manera militar, a adolescentes que cursan entre el tercer y quinto grado de Secundaria. El escritor peruano intentaba reflejar en su obra la virilidad exaltada, los códigos de honor – por ejemplo, lo mal visto que es un “soplón” entre los alumnos -, la complicidad, el descubrimiento de un mundo más amplio que los barrios de clase media de la Lima de los años cincuenta marcan a los jóvenes que viven, durante 3 años, vidas marcadas por el rigor de la disciplina, los castigos, el despertar sexual, la marginalidad, familias disfuncionales, la traición y finalmente, por la muerte.

Esto no fue entendido, aparentemente, por muchos, asociándose a Vargas Llosa con un antimilitarismo que él, en múltiples ocasiones ha rechazado. Existe la “leyenda urbana” (pues el hecho hasta hoy no ha sido comprobado) de la quema en el Colegio Militar Leoncio Prado de cientos de ejemplares de la novela. Y el llamado antimilitarismo del escritor fue usado en su contra para restarle votos en la campaña electoral de 1990.

Son tres los cadetes protagonistas:
– Alberto Fernández es conocido como “el Poeta”. No pertenece al grupo de los “bacanes” que dominan el quinto año, ni tampoco es de las víctimas de las bromas. Participa del modus vivendi de sus compañeros: estudiar disciplinadamente, fumar a escondidas durante las guardias nocturnas, escribir novelitas eróticas y poemas para sustentar sus gastos extra dentro del colegio. Su padre continuamente desaparece de casa. Fue internado en el Leoncio Prado debido a sus malas notas. Se dice que es el personaje más parecido a lo que fue el Cadete Vargas Llosa, de acuerdo a lo que relata sobre su estadía en el Colegio Militar en “El Pez en el Agua, su libro de memorias, y en la investigación de Sergio Vilela “El Cadete Vargas Llosa”.
– Ricardo Arana es el más tímido de la sección. No se acostumbra ni al rigor militar ni a las bromas de sus compañeros, las cuales lindan con el maltrato, por algo le llaman “Esclavo”. Curiosamente, es su vida familiar la más parecida a la del autor de la novela: descubre que su padre está vivo luego de varios años, viene del norte a Lima, es internado en el Colegio Militar porque su padre que le formará el carácter estar en un ambiente castrense. Su muerte es el catalizador de los conflictos que rodean la segunda parte de la novela.
– El Jaguar, cadete cuyo nombre no se conoce a lo largo de la novela. Personaje lumpen dentro de la novela. Es el líder del Círculo, el grupo de estudiantes que maneja la sección de quinto año y las violaciones al reglamento del colegio. En el bautizo de los “perros” – cadetes de tercer año, quienes son sometidos a una serie de vejaciones – se gana el respeto y el temor de todos al evitar ser bautizado. Es líder de la sección y es acompañado siempre por dos cómplices, el Boa y el Rulos.

A ellos se suman, como personajes principales, el Teniente Gamboa y Teresa, una joven que vive en las inmediaciones del colegio. Gamboa es el teniente pegado al reglamento, inflexible hasta con sus superiores, admirado por los cadetes por su sentido de la disciplina. Como curiosidad, debemos anotar que la frase “que me mira cadete, quiere que le regale una fotografía mía calato”, pronunciada por Gustavo Bueno, quien interpreta a Gamboa en la película de Francisco Lombardi, no aparece en la novela. Teresa es el eje romántico de la historia, de clase media baja, en tres momentos distintos es el centro de atracción de los 3 cadetes protagonistas. Lombardi sólo desarrolló en su película el conflicto moral de “El Poeta”, quien le gana la chica al “Esclavo”.

La trama central de la novela es la siguiente. El Círculo, encabezado por el Jaguar, manda a uno de los suyos a robar el examen de química. El robo es detectado por los oficiales y los cadetes de quinto año son castigados sin salida el fin de semana hasta que se descubran a los ladrones. Arana, el “Esclavo”, delata al ladrón, para poder salir a ver a Teresa, chica de la que había quedado prendado, pero a la cual ya su amigo “Poeta” enamoraba. Pasados unos meses, durante maniobras militares, Arana muere, en circunstancias no aclaradas. El Poeta sospecha de la gente del Círculo, a la que acusa ante Gamboa de todo lo que pasa en las cuadras (robo de exámenes, venta de cigarros, ingreso de licor, escapadas del colegio). Se inicia una investigación sobre el presunto asesinato del Esclavo, debido a la presión de Gamboa pero, posteriormente, el Poeta es presionado para que se rectifique en sus declaraciones y la investigación es archivada.

Hay varios valores en la novela que merecen ser resaltados.

El texto es transgresor en su contenido. Vargas Llosa denuncia los defectos y seudo valores de la institución militar, como el “espíritu de cuerpo” cuando se comete un error, la severa disciplina, el cuadriculamiento de la vida, el trauma que supone para un joven vivir, en esos años, una vida tan sometida a un rigor no acostumbrado para los civiles. Pero, sobre todo, Vargas Llosa induce, a través de sus personajes, a rechazar el machismo que caracteriza a casi todos los personajes y los signos externos de una virilidad, que hoy, a nuestros ojos, parece anacrónica, pero que explica muchos de los traumas de una sociedad donde el respeto a los derechos de los demás no ha sido la constante.

“La Ciudad y los Perros” es una novela de iniciación. Asistimos a la integración de un grupo de jóvenes al mundo de los adultos. Estamos ante ambientes contrastados. El mundo casi idílico de la vida de Alberto en Miraflores, rodeado de la típica “mancha” de chicos y chicas, con los enamoramientos románticos de aquella época, las comodidades de una familia de clase media. La vida delincuencial del Jaguar, la mediocridad de la vida de Teresa, quien vive con una tía excesivamente protectora. Y el drama familiar de Arana, quien ve con la llegada del padre rota la burbuja y la mentira que era su vida familiar.

Se presenta otra constante en la obra futura de Vargas Llosa: la derrota de las utopías. En este caso, es la utopía personal de Gamboa, fascinado por mejorar su institución hasta la perfección, la cual termina con un cuasi exilio a provincia. Lo mismo ocurrirá con Zavalita en “Conversación en La Catedral”, donde el personaje pasa de ser un idealista comunista en un mediocre periodista; o con Antonio El Consejero, quien lidera la rebelión contra la recién nacida República de Brasil a finales del siglo XIX; o en Pantaleón Pantoja, otro obsesionado con la mejora de su institución, empeñado en constituir el mayor prostíbulo selvático; o en los asesinos de Trujillo en “La Fiesta del Chivo”, quienes ven al ex fantoche del dictador, Joaquín Balaguer, convertido en un autócrata reelegido constantemente; o en Flora Tristan y Paul Guaguin, quienes no alcanzan la sociedad perfecta ni el cuadro perfecto en “El Paraíso en la Otra Esquina”. Esto es curioso en un escritor que ha abrazado la causa de la libertad política y económica como una utopía propia, la cual, cuando quiso llevarla a la práctica en una .

En términos estilísticos, la novela nos presenta a un narrador fascinado por las descripciones, herencia de Gustave Flaubert en “Madame Bovary”, las cuales acompañan y ayudan a comprender el ambiente que viven los personajes. Pero, sobre todo, se comienza a notar la estructura típica de las novelas de Vargas Llosa: la narración no es continua, los saltos en el tiempo y el espacio son constantes (eso será llevado hasta el extremo en “Conversación en la Catedral” y “La Guerra del Fin del Mundo”, las mejores novelas del autor), las diferentes distancias que toma el narrador (se alterna la primera, la segunda y la tercera persona). Comienza el autor con la búsqueda de una utopía literaria: la “novela total”, aquella que narre desde todos los puntos de vista posibles una misma historia, tomando en cuenta las visiones personales y las acciones de sus personajes. Búsqueda que se repetirá en 4 novelas: “La Casa Verde”, “Conversación en la Catedral”, “La Guerra del Fin del Mundo” y “La Fiesta del Chivo”. Y la novela total sólo será posible con los saltos temporales y espaciales que permiten distinguir los distintos puntos de vista de los personajes.

Tengo conocimiento de la existencia de dos versiones cinematográficas de esta novela. La primera, conocida por todos y ya señalada, es la de Francisco Lombardi, filmada en 1985. Juan Manuel Ochoa era el Jaguar, Pablo Serra el Poeta, Eduardo Adrianzén el Esclavo y Gustavo Bueno era Gamboa. He visto la película 3 veces y puedo decir que refleja sólo en parte el espíritu de la novela: el paso de la complicidad a la traición, marcado por la muerte de Arana, es el momento que debiera ser el clímax de la cinta, pero no llega a serlo. Hubiese sido interesante explorar más en las historias familiares y de Miraflores, para hacer un mejor contraste. Encuentro, además, problemas en el casting. Ni Serra ni Adrianzén llegan a dar la talla para sus dos personajes, asunto contrario ocurre con Ochoa y Bueno quienes están bien en esta película. La otra versión fílmica la descubrí hace 2 días, cuando, en una página web muy completa sobre Mario Vargas Llosa encontré que en la Unión Soviética se había filmado “Jaguar” en 1986. Debo decir que, hasta hoy, no encuentro una versión de alguna novela de Vargas Llosa (ni la de “La Tía Julia”, adaptada en Nueva Orleans y protagonizada por Keanu Reeves, ni las dos de Pantaleón) que me haya satisfecho como lector y cinéfilo, lo cual es una paradoja para un escritor que tanto aprecia el cine como el Cadete.

Hoy, el Colegio Militar Leoncio Prado ya no es el mismo que Vargas Llosa describió. Conozco a dos buenos amigos egresados de las aulas de esta institución y las distancias entre lo que vivieron ellos y presenció Vargas Llosa son abismales. Pero no olvidemos, ante todo, que la novela es una gran mentira disfrazada de verdad y que, si bien se toman hechos de la realidad, el autor recrea, inventa, perfecciona, aumenta, exagera lo que son vivencias, sin sacrificar la verosimilitud de la historia. No estamos ante un retrato exacto de un colegio, pero sí ante una descripción de cómo el sistema educativo peruano arrastra muchas falencias desde hace varias décadas; no estamos ante un documento histórico sobre la vida de los jóvenes limeños de los cincuenta, pero nos acercamos más a ellos que en un estudio sociológico sobre el tema; no estamos ante un episodio de la vida de Mario Vargas Llosa tal cual lo vivió, estamos ante una novela que no ha envejecido y que nos sigue mostrando como la represión, el encubrimiento y la dureza de la vida no son patrimonio de nuestro tiempo.

En resumen, “La Ciudad y los Perros” fue el inicio de una carrera brillante, de la que seguimos esperando buenas novelas, compartamos o no las ideas del más célebre de nuestros escritores.

Los gobiernos y el conflicto armado interno en el Perú (1): Fernando Belaúnde Terry

FBT

Desde pequeño, admiré la figura patriarcal de Fernando Belaúnde Terry. Belaúnde, en momentos en que comenzaba a tener uso de razón, ya no era Presidente de la República y mantenía, a pesar de las discrepancias públicas con Alan García, la mesura en la crítica, el respeto a la investidura presidencial, el compromiso que tuvo con el Perú. Fue el mismo compromiso que vería, años más tarde, cuando en las postrimerías de su vida, combatió a la dictadura de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos.

Por supuesto que, años después, el juicio sobre Belaúnde sería menos idílico. Revisaría los estudios – pocos, lamentablemente, hasta el momento – que se hicieron sobre sus dos periodos presidenciales, donde los errores fueron muchos; también consideraría un pasivo en su conducta el caudillismo exacerbado con que condujo a Acción Popular, lo que le impidió ser a dicho grupo político algo más cercano a un partido y no a un movimiento en torno a una persona. Y luego de leer el Informe Final de la CVR, la crítica sobre su segundo periodo de gobierno es mucho más severa que hace unos años. No ha sido la intención de los comisionados dejar atrás la imagen de demócrata que tan justamente se ganara el arquitecto, pero creo que coloca en su exacta dimensión la serie de errores que permitieron el crecimiento del conflicto armado interno.

1980. Luego de 12 años de “Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas”, la democracia volvía al país. El 18 de Mayo de ese año, Fernando Belaúnde, el hombre a quien los militares habían derrocado en 1968, ganaba las elecciones presidenciales. Ese mismo día, Sendero Luminoso, con la quema de ánforas en el poblado ayacuchano de Chuschi, iniciaba su guerra contra la sociedad peruana.

Dicha transición democrática tuvo que enfrentar una serie de retos y de debilidades.
1. El nuevo gobierno heredaba un aparato estatal burocrático bastante grande, incrementado en los años de gobierno militar por su lógica de control de la actividad económica y las relaciones sociales desde el Estado.
2. El paso de los años sin libertades democráticas y los acelerados cambios sociales habían dejado a los partidos políticos con un déficit de actualización y representatividad. Acción Popular, el partido ganador de las elecciones, no había participado en la Asamblea Constituyente de 1978 por cálculo estratégico y, en realidad, nunca – hasta el recambio generacional tardío en el liderazgo que pasó a Valentín Paniagua – dejó de ser un grupo aglutinado en torno a la figura de Belaúnde.
3. Ni la Constitución de 1979 ni la praxis dejó bien establecidas las relaciones entre civiles y militares. Durante un año se mantuvieron los Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas heredados de la dictadura militar. Nunca se trató de establecer mecanismos de control civil sobre los sistemas de inteligencia o de defensa nacional. Asimismo, no se contempló la creación de un Ministerio de Defensa que unificara la política de este sector, en vez de tener 3 Ministerios que correspondían a cada uno de los 3 institutos castrenses, que servían como mecanismos de presión ante el gobierno.
4. Un clima de protestas sociales, traducido en un alto número de huelgas.
Fue en ese contexto que Sendero Luminoso inició sus acciones armadas.

Frente al fenómeno, inexplicable para la mayoría de personas, se tejieron una serie de hipótesis de explicación. Se pensó, en un inicio, que el accionar de SL respondía a un complot internacional del comunismo. Recordemos que era la época de la Guerra Fría, que nos encontrábamos en el área de influencia norteamericana y que ya habíamos tenido en 1965 una experiencia de guerrillas inspiradas en la Revolución Cubana. Sin embargo, dicha hipótesis no pudo ser comprobada con pruebas fehaciente, más aún si se sabe que luego de la apertura china al capital a finales de los 70’s, SL se convirtió en un movimiento aislado de la dinámica internacional del comunismo. Otra hipótesis que se intentó esgrimir es una conexión entre las movilizaciones sociales y el terrorismo. Tampoco se aportaron pruebas de la veracidad de dicha postura. El gobierno, en realidad, estaba sorprendido frente a la amenaza que tenía enfrente.

Una vez que fueron descartadas dichas hipótesis, se plantearon dos posturas sobre la forma de combatir al terrorismo: una tesis, esgrimida fundamentalmente por el Ministro del Interior José María de la Jara, sostenía que al terrorismo debía combatir solo con el trabajo policial, sin participación de las Fuerzas Armadas. Ello estaba en consonancia con los recelos que despertaban las instituciones castrenses luego de una prolongada dictadura. Una posición más dura sí contaba con que las Fuerzas Armadas fueran los actores principales en el combate a la subversión. Poco a poco, las tesis más duras fueron ganando fuerza, decretándose en 1981 los primeros estado de emergencia. En 1982 el punto de inflexión sería el ingreso de las Fuerzas Armadas a Ayacucho, con el control de las zonas de emergencia en sus manos. Dicha transferencia se hizo sin que la autoridad civil estableciera que el control político de la zona quedaba a su cargo, ello permitió que los jefes miliares creyeran tener “carta blanca” para actuar, por lo que los años 1983 y 1984 fueron los años donde la llamada “guerra sucia”, es decir, las violaciones a los DDHH practicadas por agentes del orden, llegara a su esplendor, por lo que ese periodo fue el de mayor número de víctimas en todo el conflicto. La acción policial solo fue vista como un complemento de la militar. Esto, a juicio de la CVR, fue un grave error.

El control de las zonas de emergencia se hizo a través de los llamados “comandos políticos – militares”. Se les dio un desmesurado poder y no existió una estrategia de control civil sobre las acciones militares, ni tampoco sobre las zonas que habían sido declaradas en emergencia. Si bien se asestaron golpes a SL, en la práctica, los “comandos políticos – militares” son responsables directos de acciones violatorias de los derechos humanos en contra de la población civil. Los jefes del Comando Político Militar de Ayacucho, el más importante, presentaban, según sus versiones, informes periódicos al gobierno sobre la situación de la zona. Otras versiones desmienten estas afirmaciones. En general, el gobierno hizo caso sordo a las protestas de parlamentarios de oposición y periodistas de investigación, que registraban las violaciones cometidas en contra de la población civil y demandaban una menor militarización del conflicto.

Si bien durante el gobierno de Fernando Belaúnde se realizaron dos procesos de elección de alcaldes y regidores y se respetó la libertad de expresión, hubo retrocesos importantes en la situación de democracia del país. Al decretarse los estados de emergencia, algunos derechos constitucionales quedan suspendidos. Esta media, que debiera ser excepcional, se fue transformando en permanente. Con ello, los derechos fundamentales de las personas quedaban en una situación clara de desprotección. Asimismo, las violaciones a los derechos humanos cometidas por oficiales de las Fuerzas Armadas no pudieron ser procesadas en el fuero común. Es más, altos dirigentes militares intentaron acusar a los medios de comunicación como “cómplices del terrorismo” y no faltó quien justificara muertes y masacres. Célebre es el episodio de un informe de Amnistía Internacional, organización que vela por el respeto de los derechos humanos, que, en palabras del Presidente Belaúnde “fue a dar al tacho de la basura”. En el Congreso no hubo comisiones investigadoras sobre estos temas.

En general, la clase política de aquel entonces no priorizó la lucha contra el terrorismo. El debate de aquellos años se centró en lo económico y las miras estaban puestas en las elecciones de 1985. La responsabilidad política del arquitecto Fernando Belaúnde y de la clase política que lo rodeaba se dio por la omisión de cumplir con el mandato constitucional de respetar los derechos de las personas.