LA DEL ESTRIBO


Nuestro comentario final del 2006

Ya se que en estos momentos nos encontramos en esa etapa retratada en la película Madeinusa y que conocemos como “tiempo santo, tiempo santo”. Pero quizás sea pertinente dar una última mirada hacia atrás en el calendario transcurrido y preguntarnos que lo que hicimos como nación y lo que dejamos de hacer.

FRAGILIDAD INSTITUCIONAL

En lo que se refiere a institucionalidad democrática, ciertamente fue un gran logro evitar que una alternativa autoritaria se consagrara como ganador de las elecciones presidenciales. Con los bemoles y críticas constantes que he hecho desde esta tribuna, no niego la legitimidad del triunfo de Alan García y su respeto – hasta este momento – de la Constitución.

Sin embargo, nuestra situación institucional sigue siendo para no reirse.

Ciertamente, Ollanta Humala es más un síntoma de que algo no estamos procesando bien en el Perú antes que una fuerza en sí misma, pero nos dio una clarinada en relación al descontento en varias zonas de nuestro país. También fue preocupante que el fujimorismo lograra introducir 13 congresistas, pero al mismo fue aliviante ver que su mentada fuerza nacional no era tal, como se demostró en las elecciones regionales y municipales.

Lo cierto es que en el Perú la atomización es preocupante. Como lo ha calificado Fernando Tuesta, no nos encontramos ante una crisis de los partidos. Una situación de archipiélago partidario que dura más de una década y media ya no es una crisis, es una situación permanente en el sistema político peruano que nos llama a preocupación. El APRA sigue siendo el principal partido nacional, pero ciertamente está debilitado y su derrota en el norte del país en las elecciones regionales lo comprueba. El horizonte del PPC y Unidad Nacional no pasa más allá de Ancón, Pucusana y Chosica. Las izquierdas no se han podido recomponer y sus votos han sido tomados por los outsiders de turno. Los resultados electorales deben llamar a los partidos a reflexionar sobre cómo ubicarse a la cabeza de las demandas y necesidades de la población y a ser conscientes que ya no son los únicos canales de representación y transmisión de inquietudes en la sociedad.

El otro tema preocupante en lo que respecta a nuestras instituciones es la poca vocación de reforma que parece acompañar a los tres poderes del Estado. Antes que planes serios de reestructuración y reforma institucional, se obedece a golpes de efecto o de manera reactiva frente a problemas coyunturales. Es claro que el gobierno carece de una vocación reformista y que sólo pretende administrar el estado actual de las cosas:
– En lo que se refiere a administración de justicia, recién en noviembre comenzaron a discutirse las propuestas de reforma constitucional y legislativa recomendadas por CERIAJUS en 2004, lo que, a pesar de la demora, es una buena noticia. La implementación paulatina del Código Procesal Penal en Huaura comienza a rendir frutos, por lo que se requerirá mayor presupuesto y voluntad para llevar adelante el proceso en todo el país. Se logró una mayor apertura en la elección del Presidente del Poder Judicial. Sin embargo, el Poder Judicial no acusó de manera más decidida el golpe de ver a un vocal supremo vender su conciencia por 400 soles. En lo que se refiere a la Justicia Militar, no se cumplió con la sentencia del Tribunal Constitucional para su reforma, aunque el TC emitió un fallo reciente que especifica que las violaciones a los derechos humanos no se encuentran dentro de su competencia. A ello se suman los nombramientos poco adecuados en el Ministerio de Justicia, comenzando por la titular del sector, primera candidata a dejar el cargo.
– Allan Wagner es el único ministro con iniciativa reformista en García II. La búsqueda de un nuevo perfil administrativo en el sector Defensa se ha convertido en la tarea principal del ministro: la reestructuración administrativa del sector con base a la adopción de políticas de gestión por resultados, transparencia y rendición de cuentas; la reestructuración del comando del Ejército luego de serias acusaciones de corrupción y la voluntad de medidas de fomento de confianza mutua con los países vecinos se encuentran en los aspectos positivos.
– En el sector Interior la situación es más preocupante. La seguridad ciudadana fue percibida como uno de los problemas más importantes, sin que se elaborara una estrategia que fuera más allá de lo meramente represivo y no contar con una política penitenciaria que fuera más allá del encierro de delincuentes en las cárceles. A ello se suma la falta de coordinación entre los gobiernos locales y la Policía Nacional. El Plan de Reestructuración de la Policía Nacional elaborado durante el gobierno de Toledo sigue durmiendo el sueño de los justos. A esta situación se añadió, a finales de año, la preocupación por no contar con una estrategia clara para derrotar a los remanentes de Sendero Luminoso, luego del asesinato condenable de 8 personas en la zona del VRAE.
– En lo que se refiere a diseño estatal, desde círculos académicos se viene empujando la idea de ir hacia una organización y reforma estatal que vaya más allá de la mera eficiencia como paradigma de la reconstrucción de un Estado que ha sido incapaz de atender las demandas básicas de la población y desarrollar un sistema político más inclusivo. Sin embargo, hasta ahora nuestros políticos continúan en la bizantina discusión sobre si volver a la Constitución de 1979 o convocar a una Asamblea Constituyente.

DERECHOS HUMANOS, LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Donde parece que las cosas no van tan bien es en los temas vinculados a la lucha contra la impunidad en materia de derechos humanos y corrupción. Ciertamente, el gobierno de Alan García aun sigue sin establecer un rumbo más claro en relación con estos temas, debido a la falta de consenso en su seno sobre que hacer con ellos.

En lo que se refiere al tema anticorrupción, sigue sin consolidarse una entidad estatal preventiva que dicte políticas destinadas a prevenir las prácticas de corrupción en el aparato gubernamental y en los ciudadanos. Para desviar la atención sobre los casos pendientes de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, se nombra un procurador para investigar a Alejandro Toledo que señala que éste fue más corrupto que Fujimori. Dicho lo cual, sí consideramos como una buena noticia la apertura del proceso por la fábrica de firmas de Perú Posible, para que se puedan determinar las responsabilidades reales en este caso.

El jefe de los procuradores, Moisés Tambini del Valle, tiene serias acusaciones en su contra, por vinculaciones con el narcotráfico y por ocultar una investigación sobre el vicepresidente Luis Giampietri. Sobre la extradición del ex dictador Alberto Fujimori nadie en el gobierno se pronunció, hasta que el prófugo dio una declaración en que pretendía involucrar a AGP en los casos del Grupo Colina y cuando se emitieron las sentencias de la Corte Interamericana sobre violaciones a los derechos humanos en los casos La Cantuta y Castro Castro. Sin embargo, queda clara que no hay una voluntad meridianamente clara de seguir apoyando al puñado de jueces y fiscales que, con valentía, honradez, conocimiento y pocos recursos sigue enfrentando a los peces gordos de la corrupción.

En materia de derechos humanos, la implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos duerme el sueño de los justos en el Despacho Presidencial. En lo que se refiere a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el Presidente del Consejo de Ministros y la Defensora del Pueblo han sido los más activos en ello. La CMAN, entidad encargada de hacer realidad las recomendaciones, ha regresado al ámbito de la PCM, mientras que se creó el Consejo de Reparaciones destinado a crear el Registro Único de Víctimas. La Defensoría del Pueblo se encargó de hacer el mejor seguimiento a la judicialización de los casos de derechos humanos – que tuvieron luces (como las sentencias a la cúpula de Sendero Luminoso y a los responsables de la desaparición de Ernesto Castillo Paez) y sombras (como la desigualdad en la defensa legal dada por el Estado o el archivamiento del asesinato del periodista Jaime Ayala) – y reinauguró la muestra fotográfica Yuyanapaq. RENIEC y el Ministerio de Salud, con sus programas de regularización de la identidad y salud mental, respectivamente, junto a los gobiernos regionales, también han hecho lo suyo.

Sin embargo, el clima de intolerancia frente a las organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos, lucha contra la corrupción, reforma institucional y defensa del medio ambiente se hizo patente durante este año desde dos flancos principales. El primero, el mediático, encabezado por los diarios Expreso, La Razón y Correo, quienes han emprendido una campaña sistemática por desacreditar a estas organizaciones vinculándolas con Sendero Luminoso, como millonarios sin derecho a criticar o con deseos de controlar políticamente algunas organizaciones estatales, sin presentar pruebas de sus acusaciones. El segundo, el político, donde las bancadas del APRA, Unidad Nacional y el fujimorismo impulsaron una inconstitucional ley para controlar a las organizaciones no gubernamentales, con el pretexto de generar mayor transparencia en entidades que cumplen con todos los controles estatales y los impuestos por las agencias cooperantes del exterior. A ello sumémosle el ánimo mortícola del Presidente de la República, que busca solucionar problemas de seguridad aplicando la pena capital.

A ello se suma el seguimiento del que fuera objeto el sacerdote Marco Arana y los miembros de la ONG Grufides, hecho que nos recuerda a las épocas de Montesinos y que deberá esclarecerse su autoría. En lo que se refiere a este punto, además, aún no se concreta la creación de una autoridad ambiental independiente y mecanismos de solución de conflictos que vayan más allá de la mediación de los ministros de Estado.

LA EXCLUSION: EL GRAN TEMA DEL AÑO

Pero si hubo un tema que ha marcado la discusión política y social del presente año – y esperemos que de los siguientes – es la conciencia de las desigualdades sociales, políticas y económicas existentes en el Perú: en suma, de una exclusión que es perjudicial a la democracia, a la estabilidad social y al bienestar económico que tanto ansiamos.

Si bien, por primera vez en muchos años, el Perú ha tenido cinco años de crecimiento económico sostenido y diversificado y una transferencia política ordenada, nos comienza a quedar claro que estamos en un país injusto en el que el mero crecimiento económico ya no basta. Las recetas del llamado Consenso de Washington fueron necesarias para ordenar la casa, pero no para que los beneficios de la economía social de mercado llegaran a todos.

La puerta no ha sido tocada por políticos y empresarios. Más bien, el miedo los hizo reflexionar luego que 47% de la población electoral optara por Ollanta Humala en la segunda vuelta electoral. La última CADE fue síntoma de ello, pero cabe preguntarse si la misma clase política y empresarial que atacó (y ataca) virulentamente a la CVR por mostrar un diagnóstico que nos saltó a la cara será capaz de sostener en el tiempo este tema como preocupación y horizonte de las políticas públicas.

Sin embargo, no notamos en el gobierno aún signos de ir en esa dirección. Ciertamente que el óbolo minero puede contribuir en algo, pero sigue siendo algo de coyuntura por el alto precio de los minerales internacionales y una transacción para no hacer lo que un gobierno en cualquier parte haría – subir los impuestos – sin horizonte de futuro. Se carece de una fecha para el inicio de la implementación de un Centro de Planeamiento Estratégico que nos permita fijar políticas de largo aliento. En salud y educación los logros son más bien pobres y las acciones anunciadas se muestra más hacia el fuego artificial propio de estas fechas antes a medidas concretas. El gobierno parece impulsar un proceso de llegar de manera directa a los pobres, pero sin pasar por un proceso de descentralización, fiscalización y desarrollo de capacidades, con miras a la fotografía de rigor y a la portada del día siguiente, lo que te da réditos en el corto plazo pero sigue prolongando el drama de un país que seguirá votando antisistema si es que no percibe cambios de fondo.

COLOFON

Panorama complejo, con razones para creer, pero también para desconfiar. En este tiempo de reflexión será necesario que todos los peruanos – comenzando por quienes dirigen nuestros destinos – asumamos la parte de responsabilidad que nos toca. Desde este pequeño espacio seguiremos bregando para que así sea.

PD: Esta columna regresa el 3 de enero, fecha de nuestro segundo aniversario.

UNA MIRADA ANUAL A LA ALDEA GLOBAL

Perspectivas sobre lo que ocurrió en el mundo durante el 2006.

Un planeta más interconectado en lo que se refiere a ciencia, tecnología y velocidad de las transacciones económicas, pero cuyos habitantes están aún a la búsqueda de formas más creativas para que los avances que supone la globalización, la economía social de mercado, la democracia y el respeto a los derechos humanos lleguen a la mayor cantidad de personas. Estos retos, sumados a la preservación de la paz en varios rincones del planeta, marcan la tónica de lo que ha sido un año cargado de noticias.

AMERICA LATINA

La región estuvo marcada básicamente por los procesos electorales registrados en diez países. Se confirmó la tendencia que busca cambios al modelo actual, la mayor cantidad de las veces preservando la democracia y lo sustantivo de la estabilidad macroeconómica. No dejaron de registrarse candidatos “antisistema”, con tendencias más radicales, pero no fueron los triunfadores de la elección.

El país más importante de Latinoamérica, Brasil, reeligió a Luiz Ignacio Lula da Silva como su Presidente. Primaron los resultados macroeconómicos relativamente satisfactorios, así como los efectos positivos de programas sociales como “Hambre Cero”, por sobre las acusaciones de corrupción – muchas de ellas bastante fundadas – que se registraron en el otrora prestigioso Partido de los Trabajadores.

Colombia también optó por la continuidad. Álvaro Uribe fue reelegido con un amplio respaldo, que deberá enfrentar nuevos retos: consolidar el crecimiento económico, avanzar en el proceso de paz y reparaciones a las víctimas de la violencia y “desuribizar” su estilo de gobierno, cuestión que le ha traído no pocos problemas.

Como lo dijimos en su momento, la elección de Rafael Correa como presidente de Ecuador supone una incógnita en términos internacionales, dado que si bien fue respaldado por Hugo Chávez, no se le ve tan alineado con el autócrata venezolano como si lo está su colega Evo Morales de Bolivia. Correa parece tener un juego propio más interesante.

La vuelta al poder de Daniel Ortega en Nicaragua no debe suponerse como un triunfo de Hugo Chávez, pero tampoco como una buena noticia. Ortega no ha dado marcha atrás frente al TLC EEUU – Centroamérica que ya entró en vigor y no cuenta con las riquezas en hidrocarburos que si tienen Venezuela y Bolivia. Sin embargo, el líder sandinista ha sido cuestionado por sus ex partidarios y otros analistas por el pacto de impunidad firmado con el ex presidente Arnoldo Alemán, acusado de corrupción, que fue parte de la alianza que lo ha devuelto a los grandes titulares.

La elección más complicada se produjo en México, un país que ha recibido grandes beneficios del NAFTA pero que, al no tener una agenda interna para potenciar dichos réditos, ha mantenido un preocupante nivel de desigualdad. En ese contexto, se polarizó la elección entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador, con un triunfo bastante ajustado del primero. Aunque parece haber amainado buena parte de la tormenta que acompañó los meses siguientes a la elección e incluso la propia transmisión del mando, será en el 2007 cuando se vea la real dimensión de los retos que el mandatario azteca tendrá que afrontar.

Un segundo elemento – que fue también determinante en los procesos electorales ya comentados – fue la búsqueda de alternativas a problemas sociales o nuevas relaciones con el capital extranjero. Para muestra, dos botones.

Chile volvió a optar por la Concertación de Partidos por la Democracia con el triunfo en segunda vuelta de la socialista Michelle Bachelet, quien tuvo que hacer frente en mayo a una protesta escolar masiva, que sería conocida como la revolución de los pingüinos. Los escolares reclamaban, básicamente, el cambio del modelo de educación pública heredado desde la dictadura militar, esquema que sólo beneficia a los colegios de mayores recursos. La presidenta ha presentado un proyecto de reforma que espera implementarse desde el próximo año, frente a un problema que ha reflejado que a pesar de los éxitos económicos del país del sur, aún falta mucho por hacer en materia de igualdad.

El presidente boliviano Evo Morales nacionalizó los hidrocarburos existentes en su país. Lo que en un inició calificamos como una “revolución escenográfica”, culminó siendo una ardua negociación donde las compañías que operan en Bolivia aceptaron las condiciones del gobierno: la renta petrolera a favor del Estado se encontrará en un rango entre 50 y 82% de lo obtenido por la venta, mientras que la explotación del gas estará a cargo de la compañía estatal. Los problemas para Bolivia se ubican en otro terreno: Morales busca cambiar las reglas de juego políticas a su antojo, tanto en lo que se refiere a la Asamblea Constituyente como para la destitución de los prefectos, lo que supone el inicio de una preocupante tendencia autoritaria.

Finalmente, la suerte de tres tiranos atrajo la atención del público en general, en particular, de quienes se encuentran fuera de la región.

La muerte de Augusto Pinochet reabrió el debate en Chile sobre las consecuencias de su prolongada dictadura de diecisiete años. Sus partidarios – ahora una minoría en el país sureño – resaltan los éxitos económicos de la última parte de su gobierno y le adjudican un aura de “libertador” frente a la “amenaza comunista”. Sus opositores – entre los que nos encontramos – se encargaron de difundir lo perjudicial que fue para el mundo sus violaciones sistemáticas a los derechos humanos, su régimen desigual en lo social y económico y sus actos de corrupción.

La prolongada satrapía tropical de Fidel Castro parece acercarse a su final. Problemas de salud severos hicieron que el dictador cubano cediera el poder – absoluto – que tiene a su hermano Raúl. Los rumores sobre el verdadero estado de salud de Castro – un secreto de Estado en la isla – y las conjeturas sobre lo que ocurrirá una vez muerto el longevo autócrata no se han hecho esperar. Sus ausencias en actos oficiales hacen presagiar que el fin del tirano se producirá más temprano que tarde.

Finalmente, Hugo Chávez fue nuevamente reelegido, con un porcentaje bastante amplio de votos. La chequera de los petrodólares rindió sus frutos. Donde le fue mal fue en el exterior: los candidatos que apoyó fueron derrotados – con la única excepción del ecuatoriano Correa, que ganó en parte por su alejamiento del autócrata venezolano -, no pudo ocupar una plaza en el Consejo de Seguridad y su salida de la Comunidad Andina parece haber sido beneficiosa, con el regreso de Chile. Lo que no se calman son sus ansias autoritarias. Su última medida del año: cancelar la licencia de un canal de televisión opositor a su régimen: Radio Caracas Televisión.

EUROPA

Una preocupación en el Viejo Continente la constituyó la relación con los sectores más radicalizados del Islam, que se reflejó en dos sucesos de inesperadas repercusiones.

El primero, la publicación en un diario de Dinamarca de unas caricaturas donde el profeta Mahoma aparecía con una bomba en el turbante. Sectores radicales en Indonesia, Siria, Irán y Pakistán protestaron en contra de Dinamarca e incluso llegaron a asesinar a varias personas; mientras, que, por el otro lado, los diarios de Europa editorializaron sobre las repercusiones que este caso tendría para la libertad de expresión. Sin embargo, como lo señaló el intelectual esloveno Slavoj Zizek, el caso tenía una doble paradoja: en Europa se castiga a quienes nieguen el holocausto judío o manifiesten ideas que inciten al odio, mientras que las protestas en los países de mayoría musulmana obedecieron a intereses políticos más que a un tema religioso.

El segundo, la polémica cita hecha por el Papa Benedicto XVI en un discurso dado en la Universidad de Ratisbona sobre un diálogo del emperador Manuel II Paleólogo en el siglo XIV, donde señala que en Mahoma “sólo se ven cosas malas e inhumanas, como su orden de difundir la fe usando la espada”. Las protestas no se hicieron esperar y las disculpas del pontífice tampoco. Durante su visita a Turquía – fundamental para el ingreso de este país a la Unión Europea – Joseph Ratzinger guardó una mesura digna de su cargo y fue elogiado por ello.

Otros sucesos que llamaron la atención se produjeron en Gran Bretaña y Francia. En el único país aliado de importancia de Estados Unidos, Tony Blair anunció que el próximo año dejará el poder, por lo que comienzan las interrogantes para definir a su sucesor. En el país galo, se produjeron importantes protestas por la dación de la Ley del Contrato de Primer Empleo que afectaría a los jóvenes que entrarían al mundo del trabajo. La ley tuvo que ser modificada. También sorprendió la aparición de Segonele Royal, la primera mujer que podría convertirse en Presidente de Francia, bajo las filas del Partido Socialista.

El ex presidente yugoslavo Slodoban Milosevic murió en la celda que ocupaba en el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, que lo procesaba por crímenes de guerra y de genocidio durante los conflictos de los Balcanes producidos durante la década de 1990. Las conjeturas sobre la verdadera causa de su deceso no se hicieron esperar.

En lo que representó el más duro golpe contra el terrorismo internacional, la policía británica evitó que Al Qaeda haga estallar 10 aviones comerciales en Estados Unidos y el Reino Unido. Las medidas de seguridad adoptadas han hecho que se prohíba llevar cualquier líquido, gel o alimentos.

El suceso anecdótico se produjo en Austria. Luego de 8 años de cautiverio, la joven Natasha Kampusch logra escapar de su captor, quien se suicidó posteriormente. Kampusch había sido raptada cuando tenía 10 años y llegó a desarrollar el denominado “síndrome de Estocolmo”, es decir, lazos de afecto por su secuestrador.

MEDIO ORIENTE

La mayor tensión se produjo por el conflicto armado entre el Estado de Israel y Hezbollah – una milicia chiita libanesa. El pretexto israelí para atacar las posiciones de Hezbollah fue la muerte de ocho soldados israelíes y el secuestro de otros dos por parte de este grupo armado. Sin embargo, la respuesta fue desproporcionada: más de 1,200 muertos, en su mayoría libaneses civiles; más de un millón de desplazados y cuantiosos daños materiales. Sólo después de un mes de hostilidades, el Consejo de Seguridad de la ONU logra aprobar una resolución pidiendo el cese al fuego.

Mientras tanto, ha proseguido la construcción del muro sobre territorios ocupados de Palestina por parte del gobierno de Israel, un acto destinado a evitar la conformación de un Estado Palestino. Sin embargo, las conversaciones de paz se han reiniciado.

Al cierre del año, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sancionó a Irán por su programa nuclear, basado en el enriquecimiento de uranio, al que considera como una amenaza para la paz y la seguridad internacionales.

La corte iraquí encargada del proceso al ex dictador Saddam Hussein lo encontró culpable del asesinato de 146 personas en Dujail en 1982, como represalia a un fallido intento de atentado en su contra. La condena es a morir en la horca, pena que es ratificada posteriormente y que será cumplida en los primeros días de este año. La Unión Europea y organizaciones de derechos humanos reconocen que Hussein es un criminal que debe responder por sus crímenes, pero, por razones de principio y por violaciones al debido proceso, se muestran en contra de la pena capital.

ASIA Y AFRICA

Corea del Norte desafía al mundo con la realización de su primera prueba nuclear subterránea. Lìderes del mundo condenan la acción y se propuso la adopción de sanciones económicas. Paradójicamente, el ministro surcoreano de Relaciones Exteriores, Ban Ki – Moon, es elegido como nuevo Secretario General de la ONU.

La poca atención que se ha prestado al continente africano tiene que ver con los conflictos que se desarrollan en su territorio desde hace varios años. En Sudán, el gobierno de mayoría musulmana ha comenzado a atacar a miembros de su propia religión que discrepen con sus ideas. La situación humanitaria de la República Democrática del Congo, donde se producen varios conflictos armados a la vez, lo hace aparecer como el país más inviable del planeta. Finalmente, en los últimos días del año, se ha producido hostilidades entre Somalia y Etiopía, dos de los países más pobres del planeta.

ESTADOS UNIDOS

Finalmente, la gran potencia mundial acusó el principal cambio político en varios años, cuando las elecciones parlamentarias y para gobernaciones fueron ganadas por el opositor Partido Demócrata, lo que ha supuesto un duro revés para el Presidente George W. Bush. La razón de la derrota, parafraseando a Clinton, fue la guerra en Irak, estúpido.

Con el nivel de su aprobación en el nivel más bajo, la opinión pública en contra de la permanencia de las tropas norteamericanas en Medio Oriente, cuestionamientos dentro de su propio partido y un Congreso adverso, Bush ha tenido que ceder: ha formado una Comisión Especial para ver soluciones al problema de Irak encabezada por el ex Secretario de Estado James Baker, ha despedido a uno de los “halcones” de su administración, Donald Rumsfeld, del puesto clave de la Secretaría de Defensa y ha comenzado a aceptar en público que la situación de su invasión a Iraq es de órdago.

Este panorama ha complicado la resolución de dos temas importantes para América Latina. La aprobación de los Tratados de Libre Comercio con Colombia y Perú y la solución del problema migratorio. Sobre este último punto, las cosas se han complicado con la aprobación de la construcción de un vergonzoso muro en la frontera estadounidense – mexicana, que ha merecido la reprobación de la comunidad internacional por ser discriminatoria.

Finalmente, la situación para la primera potencia mundial se complica por lo señalado por varios analistas económicos: muy probablemente, Estados Unidos entre en recesión económica durante el próximo año.

Como diría Jorge Gestoso, así está el mundo. ¿Tendremos mejores noticias el próximo año?

INOCENTADAS Y METIDAS DE PATA

Hoy Perú.21 me hizo el día y más que eso, matarme de la risa, cosa que necesitaba luego de ver al rival tradicional dar una vuelta olímpica más (a pesar de ello, saludos a los Alianza boys).

La primera fue el editorial de Augusto Alvarez Rodrich donde comentaba sobre una medida que, de producirse, sería una estupenda noticia para el país: el pago de los impuestos adeudados por SEDAPAL, cuyo pago pasó a ser asumido por el Estado gracias a una ley del Congreso. Alvarez Rodrich recuperó con ello la tradición de la inocentada, aquella chanza o broma que desde la prensa se acostumbraba hacer todos los 28 de diciembre y que con el correr de los años se ha perdido. Dicho sea de paso, nos alerta sobre una estupidez más cometida desde el Congreso y avalada desde Palacio de Gobierno.

La segunda es el recuento de “Las 21 metidas de pata del 2006”, muchas de las cuales son para reirse durante varios días. De las 21, aquí van mis 5 favoritas:

En el puesto 5, la bronca entre María del Pilar Tello y Karina Borrero. Este hecho puso ante la luz pública algo que habíamos comentado en esta columna: la vocación del gobierno aprista para convertir a Canal 7 (o TV Perú) en una suerte de agencia de noticias al servicio del Presidente de la República.

En el puesto 4, el plagio hecho por Rafo León a redactores del diario El Comercio. Como algunos bloggers lo comentaron en su debido momento, León copió textualmente y sin citar la fuente algunas crónicas del ya clásico espacio “Contracorriente” del Decano. León aceptó el hecho, pidió disculpas, aunque aún se espera una nueva edición del libro con las rectificaciones hechas.

En el puesto 3, ¡Pásame la botella!, perdón el impasse entre el entonces Canciller Oscar Maurtua de Romaña y el embajador Javier Pérez de Cuellar. En marzo se conoció que la renuncia de JPC a un cargo como consejero se debió a una serie de insultos vertidos por Maurtua cuando estaba pasado de copas. El incidente mereció las disculpas públicas del Presidente Toledo y el diplomático permaneció en su puesto.

En el puesto 2, un empate de Lourdes Flores Nano con Lourdes Flores Nano. Así es, su invitación a Arturo Woodman, uno de los hombres fuertes del Grupo Romero para que conformara su plancha presidencial (y que le granjeó el mote de “candidata de los ricos”) y su baño desbordante en la piscina de Xavier Barrón nos explicaron en buena parte porque perdió la elección presidencial.

Y finalmente, en el puesto 1, Hugo Chávez y sus insultos a Aln García, insultos que costaron una elección a Ollanta Humala y que culminaron con el lamentable amiste entre ambos personajes, dignos representantes del histrionismo latinoamericano.

Aunque claro, para nosotros, la metida de pata del 2006 seguirá siendo el baile de Alan durante la campaña. ¡Música maestro!

DOS BANDERILLAS DESDE SAN JOSE

Las sentencias que a Fujimori lo pueden poner en un LAN de regreso a Lima.

(Hecho sobre la base de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos)

LOS HECHOS

LA CANTUTA

El 18 de julio de 1992, en horas de la madrugada, miembros del Ejército peruano y agentes del Grupo Colina , vestidos con pantalones oscuros y “chompas” negras de cuello alto, encapuchados y armados, ingresaron al campus universitario irrumpiendo en las residencias de profesores y estudiantes.

Una vez en las residencias estudiantiles, los militares violentaron las puertas de las habitaciones y obligaron a todos los estudiantes a salir de sus dormitorios y a echarse al piso boca abajo mientras uno de los efectivos militares, a quien los estudiantes identificaron como el Teniente Medina, evitando ser visto, procedía a levantar violentamente la cabeza de cada uno de los estudiantes apartando a aquellos cuyos nombres figuraban en una lista que llevaba en las manos. Los militares se llevaron a los estudiantes Bertila Lozano Torres, Dora Oyague Fierro, Luis Enrique Ortiz Perea, Armando Richard Amaro Cóndor, Robert Edgar Teodoro Espinoza, Heráclides Pablo Meza, Felipe Flores Chipana, Marcelino Rosales Cárdenas y Juan Gabriel Mariños Figueroa. Al mismo tiempo, fue detenido el profesor Hugo Muñoz.

Supuestamente, los detenidos tenían relación con el atentado de la calle Tarata, producido 2 días antes. Sin embargo, nunca se demostró su relación con dicho hecho luctuoso, ni si tenían relación con Sendero Luminoso. Todo indica que tanto los estudiantes como el profesor pertenecían a sectores de izquierda radical.

Como luego se supo, los estudiantes y el profesor fueron ejecutados extrajudicialmente y enterrados en dos sitios distintos, luego que sus restos fueran calcinados en el Pentagonito.

El caso alcanzó relevancia por las denuncias de los congresistas Henry Pease y Roger Cáceres Velásquez y por las investigaciones hechas por las revistas Sí y Caretas. A ello se sumó el testimonio del General EP Rodolfo Robles, que sacrificó su carrera por denunciar la implicación de Vladimiro Montesinos y Nicolás Hermoza en estos hechos.

Posteriormente, el caso fue sentenciado por el Fuero Militar en 1994, cuando no le correspondía, para que, un año después, los responsables del crímen fueran liberados por los efectos de la Ley de Amnistía, ley cuyos efectos han quedado suspendidos, de acuerdo a lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2001.

LA SEGUNDA MATANZA DE LOS PENALES: CASTRO CASTRO

El Estado, carente de políticas y estrategias penitenciarias, improvisó un sistema único de concentración de reclusos, sin implementar regímenes adecuados a estos nuevos internos. De este modo, la relación entre el Estado y los acusados y sentenciados por terrorismo durante la década de los ochenta fue extremadamente tensa. En este contexto se presentaron una serie de motines durante las décadas de 1980 y 1990.

En este contexto, entre el 6 y 9 de mayo de 1992, luego del golpe de Estado de Alberto Fujimori, se desarrolló el denominado operativo “Mudanza 1”, destinado al traslado de presas senderistas de la prisión conocida como “Miguel Castro Castro” al establecimiento penal de mujeres de Chorrillos (“Santa Mónica”).

Las autoridades estatales no informaron del referido traslado ni al Director del penal, ni a las prisioneras, sus familiares o abogados. Asimismo, el operativo fue planificado por el Estado sin advertir al personal policial sobre el respeto irrestricto por la vida y la integridad física de los internos.

Por esa razón, el descontrol territorial de los pabellones, la ausencia de una estrategia y táctica disuasiva, así como la prolongada resistencia de los internos acusados por delito de terrorismo, determinó que las fuerzas del orden, ilegalmente, usaran armas de guerra, explosivos, bombas lacrimógenas, vomitivas y paralizantes en contra de civiles, desde el inicio de la operación.

El Estado, asimismo, no recurrió a mecanismos alternativos tendientes a lograr una solución negociada del conflicto con la población del penal y se rechazó expresamente la intervención de la Cruz Roja Internacional, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión Episcopal de Acción Social y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, cuyos representantes ofrecieron mediar en el conflicto.

De acuerdo a las investigaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el objetivo real del “operativo” no fue el referido traslado de las internas, sino que se trató de un ataque premeditado, un operativo diseñado para atentar contra la vida y la integridad de los prisioneros que se encontraban en los pabellones 1A y 4B del Penal Miguel Castro Castro. Los actos de violencia fueron dirigidos contra dichos pabellones, ocupados en el momento de los hechos por internos acusados o sentenciados por delitos de terrorismo y traición a la patria.

Según artículos periodísticos publicados los días 7 y 8 de mayo de 1992, al finalizar el día 6 de mayo de 1992 el entonces Presidente de la República, Alberto Fujimori, se reunió en las instalaciones de la Comandancia General del Ejército, conocida como “Pentagonito”, con el Consejo de Ministros y autoridades policiales y militares, para evaluar la situación del penal.

El 7 de mayo, Fujimori se reunió nuevamente con el Consejo de Ministros y autoridades policiales y militares en el “Pentagonito” para evaluar la situación del penal. En esas fuentes se señaló que entre otras acciones inmediatas se prohibió la presencia en las cercanías del penal de los organismos de derechos humanos, se dispuso el corte de luz, agua y alimentos para los internos, así como el incremento de los ataques con armas de fuego y explosivos.

El 9 de mayo, 42 internos del Establecimiento Penal de Máxima Seguridad “Miguel Castro-Castro” ubicado en San Juan de Lurigancho, al este de la ciudad de Lima, fueron ejecutados extrajudicialmente por agentes del Estado.

El 10 de mayo se levantó un acta del material incautado en el penal por el personal especializado de la Policía Nacional, en la cual constan 10 armas (2 subametralladoras, 4 revólveres, 1 escopeta y 3 pistolas), 11 granadas y 24 artefactos explosivos caseros “queso ruso”. Dicha acta fue firmada por la fiscal Mirtha Campos.

Una vez que salieron de los pabellones la mayoría de los internos sobrevivientes fueron obligados a permanecer en las zonas del penal denominadas “tierra de nadie” y “admisión”, tendidos boca abajo sobre la tierra, en posición de cúbito ventral, sin abrigo, a la intemperie, permitiéndoseles levantarse únicamente para ir a orinar, y fueron objeto de constantes golpes y agresiones. Quienes estuvieron en estas condiciones durante varios días, recibieron como único alimento pan y agua de manera irregular por las mañanas y una sopa aguada, y fueron vigilados por agentes de seguridad armados y con perros, y si alguien se movía o se quejaba dichos agentes se paraban sobre el cuerpo del sobreviviente y lo insultaban.

Fujimori estuvo presente en el penal y caminó entre los prisioneros tendidos boca abajo en el suelo de los patios del presidio.

LAS CUESTIONES RELEVANTES EN TÉRMINOS JURIDICOS


LA CANTUTA

La particular gravedad de los hechos se revela en la existencia de toda una estructura de poder organizado y de procedimientos codificados mediante los cuales operaba la práctica de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Estos no constituían hechos aislados o esporádicos, sino que llegaron a configurar un patrón de conducta durante la época en que ocurrieron los hechos, como método de eliminación de miembros o sospechosos de pertenecer a organizaciones subversivas, empleada en forma sistemática y generalizada por agentes estatales, la mayoría de las veces por miembros de las Fuerzas Armadas.

Por su determinante papel en este caso, es preciso hacer notar la participación del denominado Grupo Colina, que en el seno de las fuerzas armadas hacía parte preponderante de una política gubernamental consistente en la identificación, el control y la eliminación de aquellas personas de quienes se sospechaba pertenecían a los grupos insurgentes, mediante acciones sistemáticas de ejecuciones extrajudiciales indiscriminadas, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas y torturas. El grupo fue organizado directamente dentro de la estructura jerárquica del Ejército peruano y sus actividades y operaciones fueron desarrolladas, según diferentes fuentes, con conocimiento de la Presidencia de la República y del Comando del Ejército.

Recordemos que a partir del golpe de Estado del 5 de abril de 1992 se estableció un régimen de facto que suspendió la institucionalidad democrática del país a través de la abierta intervención en el Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional, en el Ministerio Público y en otros órganos constitucionales. Se gobernó por decreto a través del denominado «Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional», que concentró durante un breve lapso las funciones ejecutivas y legislativas del Estado, neutralizando en la práctica el control político y judicial sobre sus actos. A la luz de las más recientes investigaciones judiciales, se puede concluir, además, que durante ese tiempo se hizo uso de los recursos del Estado con la finalidad de organizar, adiestrar y emplear grupos operativos encubiertos que tuvieron como finalidad el asesinato, la desaparición y la tortura de personas, todo ello alrededor de la estructura del Servicio de Inteligencia Nacional.

El Estado debe realizar inmediatamente las debidas diligencias para completar eficazmente y llevar a término, en un plazo razonable, las investigaciones abiertas y los procesos penales incoados en la jurisdicción penal común, así como activar, en su caso, los que sean necesarios, para determinar las correspondientes responsabilidades penales de todos los autores de los hechos cometidos en perjuicio de Hugo Muñoz Sánchez, Dora Oyague Fierro, Marcelino Rosales Cárdenas, Bertila Lozano Torres, Luis Enrique Ortiz Perea, Armando Richard Amaro Cóndor, Robert Edgar Teodoro Espinoza, Heráclides Pablo Meza, Juan Gabriel Mariños Figueroa y Felipe Flores Chipana. Con el propósito de juzgar y, en su caso, sancionar a todos los responsables de las violaciones cometidas, el Estado debe continuar adoptando todas las medidas necesarias, de carácter judicial y diplomático, y proseguir impulsando las solicitudes de extradición que correspondan.

CASTRO CASTRO

En el presente caso es claro que los actos estatales del llamado “Operativo Mudanza 1”, que duró cuatro días, fueron ampliamente difundidos en la sociedad peruana, fueron tratados por los medios de comunicación y públicamente por las autoridades estatales como acciones estatales tendientes a controlar un amotinamiento de reclusos considerados como miembros de grupos subversivos, así como también significaron una exposición pública acerca de la magnitud de fuerza que el Estado era capaz de utilizar en la lucha antisubversiva.

Los hechos, realizados de forma directa por agentes estatales cuya actuación se encontraba protegida por su autoridad, se dirigieron contra personas recluidas en un centro penal estatal, es decir, personas respecto de quienes el Estado tenía la responsabilidad de adoptar medidas de seguridad y protección especiales, en su condición de garante directo de sus derechos, puesto que aquellas se encontraban bajo su custodia.

El Estado debe, en un plazo razonable, investigar efectivamente los hechos denunciados en el presente caso, identificar y, en su caso, sancionar a los responsables, para lo cual debe abrir los procesos pertinentes y conducir eficazmente los procesos penales que se encuentran en trámite así como los que se llegaren a abrir, adoptar todas las medidas necesarias que permitan el esclarecimiento de todos los hechos del presente caso, con el propósito de determinar la responsabilidad intelectual y material de quienes participaron en dichas violaciones, y divulgar públicamente los resultados de estos procesos penales.

En el voto razonado del juez Antonio Cancado Trindade se dice que:

El bombardeo de la Prisión de Castro Castro fue una masacre premeditada, planificada y ejecutada por agentes del Estado, desde la más alta jerarquía del poder estatal hasta los integrantes de las fuerzas de seguridad. Fue, como ya señalado, un crimen de Estado. Una vez más esta Corte decidió, mediante la presente Sentencia, sobre un crimen de Estado, cuya ocurrencia se muestra mucho más frecuente de lo que uno puede imaginar. Los crímenes de Estado que han alcanzado la justicia internacional son un microcosmo de las atrocidades del cotidiano, en distintos continentes, que todavía no han logrado ser alzadas al conocimiento de los tribunales internacionales contemporáneos.

Ahora comprendemos porque en Santiago tiemblan por estos dos fallos.

MAS SOBRE EL TEMA:
César Hildebrandt: Sangre de terceros.
Perú.21: Presentarán fallo de la CIDH en caso de extradición de Fujimori.
Santiago Pedraglio: Más argumentos para la extradición.

OTORONGO NO COME OTORONGO

Ayer, nuevamente el Congreso de la República hizo gala de su ya conocido lema “otorongo no come otorongo”.

La Comisión de Etica del Congreso de la República archivó la denuncia interpuesta por la Conferencia Episcopal Peruana en contra del congresista fujimorista Carlos Raffo.

Fiel al estilo fujimorista de desacreditar a quienes se oponen al delincuente que fungió de dictador en el Perú, el asalariado de Fujimori, presto a la moda de los hijos secretos, sacó la especie – falsa, por cierto – de que Monseñor Luis Bambarén tenía un hijo en Chimbote. Cuando Bambarén le pidió una rectificación, Raffo señaló que sólo se disculparía si el prelado se retractaba de lo que el considera como “barbaridades” contra su mentor y guía.

Las “barbaridades” fueron un comentario hecho por el Obispo Emérito de Chimbote, con relación a las omisiones y “lagunas mentales” de las que hizo gala Alberto Fujimori durante su testimonial ante el juez Orlando Alvarez, que ve el proceso de extradición en Chile. Lo que señaló fue lo siguiente:

“Todos sabemos que está mintiendo en este caso. Conocemos testimonios de miembros del grupo Colina que en el juicio y a través del mecanismo de la confesión sincera han denunciado que Fujimori todo lo conocía”.

¿Y que han dicho las “luminarias” que integran la comisión de marras? La mayoría de integrantes de este grupo dijeron que Raffo nunca agravió al religioso señalando que tenga hijos, pues solamente se limitó a pedir una aclaración sobre las versiones de la presunta existencia de un hijo del Obispo.

Osea, el vocero del Chino insulta, lanza una especie falsa y los de la Comisión de Etica dicen que sólo pidió “una aclaración”. ¿Y quienes fueron las “mentes brillantes” que llegaron a esta conclusión? Elizabeth León (Unión Por el Perú), Karina Beteta (Partido Nacionalista), Daniel Robles (APRA), Fabiola Salazar (APRA) y, como era de esperarse, Martha Hildebrandt (Grupo Fujimorista). El único que se salvó fue el Presidente de la Comisión, Luis Galarreta (Ünidad Nacional), quien si estaba a favor de investigar y sancionar a Raffo por esta ignonimia.

Y después Mercedes Cabanillas se queja de porque el Congreso tiene tan mala imagen.

MAS SOBRE EL TEMA:
Luis Bambarén: Decisión daña imagen del Congreso.
Agencia Perú: Comisión de Etica no investigará a Raffo por insultos a Bambarén.

EL FRANCOTIRADOR

Hacer comedia no es fácil. Más aún cuando tus referentes se basan en la realidad y en la política de nuestro país. Por ello, es meritorio el esfuerzo desplegado por Jaime Bayly durante este año con “El Francotirador“, un programa que empezó como un bloque de entrevistas a candidatos presidenciales y parlamentarios y terminó siendo una aventura deliciosamente desmesurada por momentos, aunque por otros, insoportablemente franelera, cuando el invitado de Jaime era sencillamente deslucido.

El estilo del programa se fue encontrando con el transcurrir de las semanas, aunque desde el inicio se marcó que la irreverencia y la complacencia serían los ejes del columpio sobre el que Bayly se balancearía. Su primera entrevistada fue Lourdes Flores Nano, por quien nunca ocultó sus simpatías, pero a la que le sacó los defectos políticos de la campaña pasada y de la que se libraba en aquellos momentos y, en un gesto de audacia que la propia Lourdes compartió, la hizo confesar su ida a strip clubs, que había sido abogada de la propietaria del famoso “Cinco y Medio” (un hostal – prostíbulo en la Carretera Central, legendario a fines de los ochenta) y que, para patatús de Rafael Rey, había visto una película porno. Así hizo con varios de los candidatos: Martha Chávez confesaba con pudor no haber conservado la virginidad antes del matrimonio religioso (fue Opus Dei), Alex Kouri fue inquirido por su separación matrimonial, Natale Amprimo había resultado ser compañero de fórmula de Bayly en la universidad, picó a Alberto Andrade, sacó declaraciones de Valle Riestra contra Alan García, fue insidioso con Olivera y se declaró admirador de Susana Villarán. Incomodó a Keiko con preguntas sobre su padre, hizó confesar a PPK que votó por Lourdes

Pero el Bayly que convirtió al programa en un referente humorístico apareció el 9 de abril. Al no haber deliberadamente invitados, el Francotirador hizo un monólogo de 2 horas donde se burló descaradamente de todos los candidatos – comenznndo por Humala y terminando por la familia Humala, que lo quería ver muerto por sus preferencias sexuales – y allí incluyó el video que humanizaría al ganador de la elección y que marcaría lo que a mi entender constituyó el ridículo más delicioso del año: “El Baile del Teteo” de Alan García, al ritmo de “La Vida es un Carnaval”. A tal punto marcó la emisión del video la campaña que Alan dejó de bailar durante el resto de la misma y Balyly la pasó como “venganza mediática” frente a la inasistencia de quien se convertiría en Presidente de la República.

Luego el Francotirador pasó a hacer farándula: a Magaly la hizo confesar que votó por Alan García, le sacó en cara a Laura Bozzo la falta de calidad de sus programas, Pedro Suarez – Vertiz hizo gala de sus teorías alucinadas, batió a Fiorella Rodriguez con el tema de la comida, coqueteó impunemente con Jandy Feliz y se despeinó a propósito para Christian Meier, por cuyo padre hizo campaña en San Isidro. Raúl Romero terminó siendo lector del informe de la CVR y Cecilia Valenzuela confesó en público su relación amorosa con Alfredo Bryce, que comenzó como “groupie literaria”. A ello sumémosle la desopilante entrevista con “La Gringa Inga”, el entrañable personaje de Trampolín a la Fama y el programa que tuvo con Joaquín Sabina.

Sin embargo, el programa no estuvo exento de errores: como las declaraciones de Bayly diciendo que los votantes de Humala adolecían de una disfunción de “oxígeno”, las complacientes entrevistas a personajes del fujimorismo, la lustrada de zapatos que supuso el paso de Arturo Woodman, el excesivo tiempo dedicado a Dennis Falvy o invitadas intrascendentes como Malú Costa o Angie Jibaja.

¿Cuál Bayly será el que veremos el próximo año? ¿El que sobonea a sus inviados internacionales en las cadenas internacionales? ¿El irreverente que hace de la política algo digno de risa? ¿El frívolo que a veces habla de los problemas del país con demasiado desconocimento de causa? ¿El cómico que nos hace reir todos los domingos? Solo Jaime Bayly sabrá cuál Jaime Bayly será el que veremos el 2007.

ANIMUS MORTICOLI

Parece que el Congreso está empeñado en mandar a la horca a alguien. Según registra El Comercio:

La Junta de Portavoces del Congreso acordó que el proyecto de ley que plantea la pena de muerte para los terroristas, presentado por el Poder Ejecutivo, sea debatido por el pleno en la presente legislatura, que termina el 19 de enero próximo, aún cuando no haya sido dictaminada por las comisiones de Constitución y Justicia“.

Y el argumento que da Javier Velásquez Quesquén es el siguiente:

En otro momento, explicó que la pena capital, planteado para los casos de terrorismo, no es una reforma constitucional por lo que no necesita de dos legislaturas y que, además, está establecida en el artículo 140 de la Constitución. “Estamos hablando solo de una ley de desarrollo”, explicó“.

Tal parece que el congresista aprista ha olvidado sus clases de Derecho Constitucional y Derecho Internacional, que como abogado debe haber llevado. Pero como aquí tenemos Memorex Forte, le recordamos al “padre de la Patria” (y de paso, a todos los demás), lo siguiente:

En 1979, en consonancia con su retorno a la democracia, el Perú eliminó de su legislación penal y de su Constitución casi todas las causales de pena de muerte, con excepción de la traición a la patria en caso de guerra exterior.

Ese mismo año y conjuntamente con la aprobación de la Constitución de 1979, el Perú ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos, el instrumento internacional que permite a los peruanos a acceder a mecanismos de protección de los derechos humanos cada vez que el Estado infringe sus deberes. De carácter abolicionista, la Convención estableció lo siguiente sobre la pena de muerte:

Artículo 4. Derecho a la Vida:
2. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente.
3. No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido.
4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos con los políticos.
5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez.
6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad competente.

En otras palabras, ya que el Perú decidió mantener la pena de muerte para un solo supuesto, no podía ampliar su aplicación a otros delitos a los que no se aplique en el momento de ratificación de la Convención Americana.

En 1993, Fujimori, leal como siempre a su máxima “hecha la ley, hecha la trampa” amplió en la Constitución de 1993 – de contrabando – los supuestos de pena de muerte. Este artículo dice a la letra lo siguiente:

“La pena de muerte sólo puede aplicarse por el delito de traición a la patria en caso de guerra, y el de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada”.

Para evitar que el Perú pueda “sacarle la vuelta” a la norma y aplicar la pena de muerte por casos de terrorismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una opinión consultiva, estableció que cada vez que el Estado emita una norma manifiestamente contraria a las obligaciones asumidas por un Estado al ratificar o adherir a la Convención, constituye una violación de ésta y, en el caso de que esa violación afecte derechos y libertades protegidos respecto de individuos determinados, genera la responsabilidad internacional de tal Estado.

Es decir, en términos no jurídicos, la simple expedición de esta norma ya vulneraba la Convención Americana y, en caso de ejecutarse a alguien, el Estado peruano tendría responsabilidades internacionales que asumir muy serias por este tema. Este hecho, sumado al intento de “acuerdo de paz” que Guzman y Montesinos hicieron en 1993, evitaron que se aplique esta pena.

Para decirlo en cristiano, si el Congreso emite una “norma de desarrollo constitucional” vulneraríamos nuestros compromisos internacionales y haríamos otro papelón ante la comunidad internacional, dado que una demanda en la Corte Interamericana (e incluso, aquicito nomás, en el Tribunal Constitucional).

Y en el colmo del desparpajo, Velásquez Quesquén llegó a decir que: “esta decisión es una de las respuestas enérgicas ante el recrudecimiento del narcoterrorismo en la zona del valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE), y que acabó con la vida de cinco policías y tres civiles“.

El efectismo le gana la partida a la inteligencia. La barbarie la pretenden combatir con la barbarie. La estupidez y la insensatez pretenden reducir la solución a meter bala y fusilar gente.

Como hace un tiempo dijimos, el Presidente de la República ha cambiado de canción preferida. Ya no es “El Rey”, como en su periodo anterior, o “La Vida es un Carnaval”, como durante la campaña electoral. Ahora parece que el tema a cuyo son nos quiere hacer bailar es “Yo soy la muerte”, de El Gran Combo de Puerto Rico. Y a ese son nos quiere hacer bailar con esa canción a todos los peruanos, con el aplauso de las Alcortas y las Cuculizas, de los García Miró y los Alditos, olvidando las lecciones de los años que luchamos contra el terrorismo: más inteligencia, menos efectismo, no violar los derechos ciudadanos.

MAS SOBRE EL TEMA:
Salomón Lerner Febres: Retiro de la CIDH favorecería a Alberto Fujimori.
La República: No existe comando unificado para combatir al narcoterrorismo.
Carlos Tapia: “El problema es socioeconómico”.
La República: Pena de Muerte otra vez.

LA ULTIMA BATALLA CONTRA SENDERO LUMINOSO

El lamentable y condenable suceso del último fin de semana en la provincia de La Mar, donde murieron 5 policías y 3 civiles a manos de miembros de Sendero Luminoso, no solo merece nuestro rechazo y congoja, sino también una reflexión serena, pero firme sobre lo que se debe (y lo que no se debe) hacer en estas circunstancias.

Considero que no debe magnificarse la magnitud del problema. Sendero Luminoso ha sido derrotado militarmente y no supone una amenaza real para la subsistencia del Estado peruano como lo fue en las décadas de 1980 y 1990.

Sin embargo, quedan aún dos columnas relativamente importantes de esta agrupación. La del Huallaga, liderado por el llamado “camarada Artemio” y la del VRAE (Valle de los Ríos Apurímac y Ene), que es la que efectuó la emboscada del último sábado.

El gobierno de Alberto Fujimori mantuvo a propósito la existencia de estos dos grupos. Sus afanes reeleccionistas necesitaban de una amenaza que hiciera que la población siguiera prefiriendo el autoritarismo como supuesta salvaguardia frente a la paz – que, por cierto, Fujimori no hizo nada por contribuir – por lo que descuidó cualquier intento de acabar con las organizaciones subversivas durante su periodo final.

En democracia, se tenía plena conciencia de lo que se tenía que hacer: un exhaustivo plan de inteligencia en la zona, un comando policial militar suficientemente coordinado, equipado y conducido bajo una clara dirección política, y un plan de desarrollo integral de las localidades en las que aún se movían las columnas senderistas.

Asimismo, se tenía la convicción que no nos encontrábamos ante el mismo Sendero Luminoso ideologizado y fanático de décadas pasadas, sino ante una agrupación que buscaba aprovechar su posición como “ama de llaves armada” de madereros y narcotraficantes en los dos enclaves que aun conserva.

Sin embargo, a pesar de tenerse este diagnóstico acertado, poco se ha avanzó.

Los planes de paz y desarrollo no fueron adecuadamente implementados, no se dotó de suficientes recursos y capacidad a los comisionados por la paz y desarrollo y en el colmo de la estupidez, Toledo creyó que esos planes eran suficientes para reparar a las víctimas de la violencia, olvidando que su fin era otro: dotar de mecanismos de desarrollo alternativo a la población de la zona para que sintieran la presencia estatal. Este gobierno ni siquiera ha mencionado estos planes como parte de la estrategia (aunque esperaremos a mañana, que Pilar Mazzetti, Allan Wagner y Rómulo Pizarro anuncien lo que tengan que anunciar).

En lo que respecta al trabajo de inteligencia, existían reportes que informaban sobre las actividades en la zona, pero, de acuerdo a lo señalado por la Ministra y a lo que hemos podido confirmar por otros canales, ciertamente existió negligencia por parte del comando que envío a un grupo de jóvenes polícías a patrullar con pocos pertrechos y de noche, cuestión que es bastante arriesgada en el VRAE. Identificar claramente la posición y estrategia del contrincante es lo que se ha hecho a medias y que, en este caso, nos ha costado 8 vidas humanas.

Finalmente, las disputas entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional hicieron que no existiera una real colaboración entre ambas fuerzas. Es cierto que la principal responsabilidad – constitucional – de preservar el orden interno es de la Policía, pero, en este caso, son los militares quienes tienen mayor conocimiento y experiencia en la zona. Nuevamente, vemos aquí lo pernicioso de la corrupción: en la reciente visita que varios ministros hicieran a una de las bases militares instaladas en el VRAE, se hizo patente que los colchones de la tropa ni siquiera servían para los ejercicios de un fakir. El Ministro de Agricultura José Salazar tuvo que “poner de la suya” para comprar nuevos colchones, ante la vergüenza del entonces Comandante General del Ejército César Reinoso.

Estos son los verdaderos problemas que aquejan a la lucha contrasubversiva y no las monsergas que algunos políticos y medios comienzan a dar, nuevamente, contra el trabajo de la CVR o de las organizaciones de derechos humanos. Basta señalar que en el tomo IX de su extenso Informe Final, la Comisión de la Verdad y Reconciliación hizo referencia como uno de los retos de la reconciliación a la persistencia del conflicto armado interno en algunas zonas de nuestro país, de la siguiente manera:

La violencia se mantiene en alrededor de dieciocho distritos y afecta la selva de Junín, Huánuco y San Martín. Han seguido las incursiones y las muertes, generando inseguridad. La población pide en algunos casos la presencia de los militares, en otras, su salida. Conviene señalar que las condiciones de combate a la subversión no se han modificado en cuanto a estrategia – que sigue siendo militar y no política. Nos parece que la reconciliación obliga a una nueva estrategia política y militar en las zonas de conflicto para que no se cometan los viejos errores y para conluir el conflicto de forma pacífica con la población en el más breve plazo. Esta nueva perspectiva exige la participación de los poderes del Estado en la toma de decisiones contra la violencia y la inseguridad aún existente“. (IF CVR, Tomo IX, página 79).

Quizás habría que recordar lo que dijo César Hildebrandt hace algunos años, cuando se descubrió la matanza de Cayara y que parafraseo hoy con relación a lo que ocurre en este momento. Soy enemigo viceral, moral, intelectual de Sendero Luminoso. Deseo que la democracia derrote al terror en una batalla complicada, no solo militar sino social, económica, etc. Hay que barrer con los abismos sociales que son el caldo de cultivo de la violencia. Yo quiero que mi país gane la última batalla contra la violencia, por eso me preocupa, porque estamos lejos y a la vez cerca de esa victoria.

OTROSI DIGO: Frente a la actitud de asunción de responsabilidades de Pilar Mazzetti y Allan Wagner, resulta poco menos que penosa y patética la actitud del Presidente de la República, quien nuevamente se ha pronunciado en favor de la aplicación de la pena de muerte para quienes sean responsables del delito de terrorismo. García nuevamente demuestra que quiere el aplauso fácil, la aprobación personal de 60% y satisfacer su elefantiásico ego, antes que plantear ideas, pues carece de las mismas. Convertirse en el vocero de una medida poco democrática, inviable jurídicamente y poco eficaz para la disuación del delito nos pinta de cuerpo entero que en Palacio de Gobierno hay una vocación mortícola y nos plantea la duda sobre si entre 1985 y 1990 esa misma vocación estuvo presente en el hombre que dirigía los destinos del país en aquel entonces.

MAS SOBRE EL TEMA:
Perú.21: Mazetti admite negligencia en el asesinato de policías. Wagner revela nombres de presuntos terroristas.
La República: El VRAE es el más grande productor de cloridrato de cocaína en el Perú.
Editorial de El Comercio: Por una acción militar policial decisiva.
APRODEH: Solidaridad con víctimas de emboscada subversiva en Ayacucho.
Augusto Alvarez Rodrich: Sendero, otra vez.
Mariella Balbi: El Nudo de Vizcatán.
Mirko Lauer: ¿Conocemos realmente al enemigo?
Fernando Rospigliosi: Es un problema de ineptitud.
Benedicto Jiménez: “Con la pena de muerte se alimenta una discusión esteril”.
Gino Costa: “Para combatir los remanentes subversivos se necesita una estrategia ofensiva con mayor inteligencia y presencia del Estado”.
Carlos Basombrío: ¿Podrán domar al bravo VRAE? (17/11/2006)
Utero de Marita: ¿Quién mató a los policías? VRAE (17/11/2006)

LA MALA EDUCACION

Evaluación a los maestros: entre la improvisación y el radicalismo

Sin duda, el tema más importante de la semana es la anunciada evaluación de desempeño a los docentes de todo el país, la cual ha motivado un enésimo enfrentamiento entre el Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación Peruana (SUTEP) y el Ministerio de Educación.

Como era de suponerse, el SUTEP, a través de su dirigente máxima Caridad Montes ha señalado que no concurrirá a la evaluación, señalando los pretextos de siempre: quieren acabar con el sindicato, van a botar a los maestros, el problema es que el gobierno no quiere pagarnos las capacitaciones, es el primer paso para la privatización de la educación.

La visión que tiene el SUTEP de la educación sigue anclada en los años 70, cuando el mundo era otro y la educación peruana sí merecía el nombre de tal (aunque ya comenzaba a dar signos de su visible deterioro). Aun se sigue pensando en una educación gratuita para todos, cuando es necesario que quienes puedan pagar aunque sea una cantidad simbólica lo hagan. Se continúa pensando en términos de una estabilidad laboral que inmovilice ante el mal rendimiento. Se sigue pensando en términos del “empleador cuco que sólo quiere despedirme”. Se sigue pensando que la confrontación es la única vía para hacer cosas. Y se nota la carencia de ideas que tienen los dirigentes del SUTEP sobre que hacer con la educación peruana, pues siguen pensando que “sólo el cambio del modelo económico” será la condición necesaria y suficiente para que el sistema educativo funcione de verdad.

Nicolás Lynch acierta en que el sindicato de maestros actual – que, a diferencia de lo que piensan algunos, no debe desaparecer, sino democratizarse y contar con una nueva visión – representa “el pensamiento arcaico en la educación peruana” que, en el fondo, lo que busca es mantener mecanismos de poder, como una dirigencia copada por Patria Roja desde hace 35 años y con el control sobre la Derrama Magisterial y sus fondos.

Pero indicar que la posición de la dirigencia del SUTEP es arcaica y atenta contra el futuro de la educación peruana no implica aceptar que la pólítica educativa del gobierno – si es que esta existe – sea la más adecuada.

En principio, la cabeza del Ministerio de Educación no es la persona más idónea para el cargo. No nos engañemos, José Antonio Chang no fue nombrado por sus brillantes ideas sobre la educación peruana, sino por un pago de favores. Chang, mientras se desempeñó como Rector de la Universidad San Martín de Porres, dio el pase para la creación del Instituto de Gobierno dirigido por Alan García y ese fue el real mérito para su designación en el puesto. Chang no llegó con ninguna idea y, al momento de la designación del gabinete, casi todos coincidimos que nos hallábamos ante uno de los puntos más flacos del equipo ministerial.

La evaluación no fue una idea del despacho ministerial de San Borja. Por el contrario, surgió del voluntarismo de Alan García. Como lo recuerda el experto en Educación León Trathemberg, fue en una palaciega conferencia de prensa con representantes de varios organismos internacionales cuando AGP señaló: “Vamos a hacer una evaluación de los profesores; entiendo que es así, señor ministro (Chang),… aunque le cueste esfuerzos y problemas, pero tenemos que hacerlo para saber qué metas debemos alcanzar”. El señor le decía a su sirviente que prepare una evaluación sin atenerse a los criterios de la Ley de Carrera Magisterial o al Plan Educativo Nacional y Chang, con la servilidad de la que hace gala, le hizo caso a su patrón, en lugar de priorizar la aprobación del marco referencial de los profesores.

A ello se suma que lo que se evaluará el 20 no dará una idea exacta de lo que necesitamos. Cito a Trathemberg:

“¿Quién es un buen maestro? Un profesional que conoce y domina su especialidad, tiene capacidad práctica para la docencia, logra que los alumnos aprendan lo previsto, es cumplido en lo administrativo, tiene estabilidad sicológica para el vínculo adecuado con los alumnos sin maltratarlos, y tiene calidad ética y honestidad que lo aleja de la falsificación de documentos, venta de exámenes o notas, etc.

Una buena evaluación docente debería abarcar todos estos factores. Siendo una tarea imposible para hacerse de aquí a diciembre, el ministro Chang la ha reducido a un solo criterio: una evaluación de habilidades básicas en lecto-escritura, aritmética y algunos conocimientos del área de docencia, evaluados en una prueba escrita de elección múltiple, fuera del aula y ajena a cualquier consideración sicológica, ética, administrativa o del propio ejercicio docente en el aula. Estará ausente el criterio del director, los alumnos y padres de familia. Por si fuera poco, los resultados no estarán conectados de modo alguno a la carrera docente, cuya ley está congelada en el Congreso”.

Chang ha dicho que esto es una muestra censal para saber en que lugares del país la cosa anda fallando. El Ministro no se percata que lo que falla es el sistema educativo en pleno y que estamos en la cola de América Latina no por gusto, sino porque la educación peruana – ojo, no sólo la estatal, sino también buena parte de la privada – anda por las patas de los caballos.

A esto se suma la fecha de la evaluación, pretexto del que se ha agarrado el SUTEP para oponerse a la misma. El 20 de diciembre es una fecha crítica, ya que en dicha época del año se entregan libretas, se terminan las actas para el Ministerio, comienzan a expedirse los certificados de estudios para los chicos que egresan de quinto de media. En suma, una mala época para hacer el examen, más aún, con las deficiencias antes anotadas.

¿Habrán leído los dirigentes del SUTEP y el Ministro de Educación el Plan Educativo Nacional? ¿Alan García le habrá dado una hojeada? Lo dudamos, pues el debate armado sobre la evaluación demuestra que su prioridad no es la educación, sino, en el caso del SUTEP, mantener sus gollerías de toda la vida, y en el del gobierno, hacer medidas efectistas para mantener el nivel de popularidad del Presidente, la única meta que parecen medir en Palacio de Gobierno. Mientras tanto, la educación sigue pidiendo una reforma a gritos, pues, de no hacerse, seguiremos condenando a miles de peruanos al desempleo y a la falta de oportunidades para salir adelante.

MAS SOBRE EL TEMA:
Consejo Nacional de Educación: Plan Educativo Nacional.
El Comercio: Educación sigue siendo el sector más rezagado del gobierno.
Augusto Alvarez Rodrich: Evalúenlos ¡por Caridad!
León Trathemberg: Evaluación docente: al revés. Otro improntu: Evaluación docente.
Utero de Marita: Evaluando a la bruta.
Nelson Manrique: La evaluación docente.