HUMALA: CUESTIONES CASTRENSES

Una de las cuestiones más complejas del gobierno de Ollanta Humala es el tema militar.  Dos son las variables que determinan esta cuestión. De un lado, la situación de Humala como oficial en retiro del Ejército Peruano. Del otro, varios problemas existentes en la gestión del sector Defensa. Veamos algunas de las aristas importantes.

EL MINISTRO MORA:

La crítica principal que se le ha hecho a Humala es el incumplimiento parcial de uno de los compromisos que hizo en un juramento simbólico. Allí dijo:

10. Proclamo que los ministros de Defensa y del Interior serán civiles, en respeto al principio del control civil democrático sobre las fuerzas de seguridad.

Ciertamente, los militares en retiro son civiles. Y como le ha dicho José Robles a Correo Semanal, enfatizar en una división civiles – militares le hace un flaco favor a una mejor relación entre las Fuerzas Armadas y la sociedad.  Y de hecho, hemos tenido experiencias disímiles con ministros militares y civiles en Defensa.

En lo que se refiere a ministros civiles hemos tenido desde personas intachables y con vocación reformista como Loret de Mola con Toledo y Wagner con García, hasta personajes que terminaban defendiendo temas cuestionables, como fue el caso de Rafael Rey, cuyo paso por el sector Defensa es digno de recordación, para que se sepa que es lo que no se tiene que hacer. En el tema de ministros castrenses, hemos tenido a personas que han manejado con cuidado el sector, como el caso de Walter Ledesma en el gobierno de Paniagua, como ministros cuya gestión es francamente olvidable, como el de Marciano Rengifo, a fines del periodo de Toledo.

Dicho esto, sí creo necesario que, en la medida de lo posible, el Ministro de Defensa sea civil y con vocación democrática. Y enfatizo en lo de civil porque, más allá de la saludable identificación de los militares retirados con su institución, lo cierto es que, en muchos casos, no han sido ajenos a las pugnas entre promociones, armas y hasta pleitos personales que pueden provenir desde tiempos de las escuelas castrenses.

En esa medida, ¿cómo calificar el nombramiento de Daniel Mora? Como un error grave. Luego de 15 días en los que los ministros se han venido ubicando en sus distintos puestos y realizando los nombramientos de su plana mayor , queda claro que el punto más bajo del gabinete está en Defensa.

Como lo ha señalado Ana María Tamayo del IDL, un primer error de Mora es un repliegue hacia adentro, con nombramientos que no contemplan a civiles en la plana mayor e incluso la designación de militares con poca capacidad de dialogo con oficiales y suboficiales en retiro. Ello es importante para que la política de Defensa no se convierta en un ghetto vedado para quienes no están en el Ministerio.

El segundo error de Mora son sus declaraciones públicas. Ya antes de asumir se despachó con todo sobre temas vinculados a Chile y la demanda marítima, afortunadamente aplacadas por Salomón Lerner Ghitis. Pero lo dicho esta semana sobre el caso Antauro Humala es una patinada de campeonato que le pone tarjeta amarilla.

EL ASESOR VILLAFUERTE

Para complicar la situación de Mora dentro del Ministerio de Defensa, quien viene teniendo un peso creciente en las decisiones castrenses es Adrián Villafuerte Macha, nombrado como asesor presidencial en estas materias. Marco Sifuentes describió hace un par de meses su breve biografía y conexiones:

Adrián Villafuerte (a) “El Ácido” es el más mediático de los tres compañeros de promoción. Durante los 90 fue el hombre de confianza del general montesinista César Saucedo Sánchez. Ahora, es el principal consejero de Humala en asuntos militares, hasta tal punto que, pese a las críticas, integra la comisión de transferencia del Ministerio de Defensa. En el partido, una de las personas más cercanas a Villafuerte era, precisamente, el pesquero Alexis Humala.

Y hay más. Según una investigación de Angel Páez en La República, el próximo comandante general del Ejército sería el general de división Víctor Ripalda Ganoza. El actual, Paul da Silva, nunca ocultó su antipatía por Humala y sería relevado de inmediato. En la línea de antigüedad le seguirían dos generales más pero ya existen excusas para arrimarlos y que asuma Ripalda.

Ripalda pertenece a la promoción 1977, justamente aquella a la que pertenece Villafuerte y el relevo, en efecto, se produjo esta semana, en la forma antes indicada. De hecho, Paez menciona el peso de esta promoción:

La promoción todavía tiene tres generales de división en línea, Ricardo Moncada Novoa, Carlos Farach Ynga y Benigno Cabrera Pino. Es más, hay dos generales de brigada de la misma promoción, Jaime Araujo Olazábal y Raúl Silva Alván, a la expectativa para el ascenso este año al grado de general de división. Por lo tanto, se confirma la tendencia del apuntalamiento de la Promoción 1977 Coronel Mariano Aragonés, muy vinculada con el presidente por intermedio de su asesor personal, el coronel EP (r) Adrián Villafuerte.

Es cierto, varios de estos militares han llegado a esta posición por sus propios méritos. Tambíén es cierto que el propio Humala ha cuadrado a su propia promoción (1984) en relación con los ascensos. Y también resulta exagerado llamar, como lo hace Fernando Rospigliosi, “aprendiz de Montesinos” a Villafuerte.

Pero también es cierto que uno de los vínculos más fuertes que se tiene dentro de las instituciones castrenses es el de la promoción (el otro es el arma). Y ello hace que se pueda temer una posible cooptación de los mandos militares, un mecanismo de control civil que enfatiza en la lealtad al jefe de Estado y a sus allegados, antes que a la autoridad civil en sí misma. Y he allí un tema en el que Humala, crítico antes de llegar al poder sobre estas prácticas, deberá ser claro en explicar, sobre todo, por el peso que puede tener Villafuerte ante la presencia de un ministro con poca pericia en Defensa.

EL VRAE

Aquí las noticias son algo más alentadoras, pero, antes que por una directiva del ministro Mora, por el aprendizaje hecho por las propias Fuerzas Armadas de los errores cometidos durante el quinquenio anterior. Ambos cambios vienen en el tema del manejo de la inteligencia frente a Sendero Luminoso.

El primero es la unificación de la inteligencia de las Fuerzas Armadas y Policiales en el VRAE. Y ello tiene buenas implicancias según indica Angel Páez:

Con la aprobación de la jefatura del Estado, la conformación del Centro de Fusión de Inteligencia es un paso excepcional para la unificación del procesamiento de información oportuna, actualizada y eficaz con la finalidad de identificar el desplazamiento de las columnas terroristas, sus centros de aprovisionamiento, sus refugios móviles o temporales, así como la red de colaboradores que  proveen de logística, alimentos y medicina a los senderistas, señalaron a La República fuentes militares y policiales.

Una de las graves fallas que siempre se tuvo en el tema del VRAE es la falta de información conjunta y compartida. Desafortunadamente, siempre los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas competían entre sí. Y menos aún con la Policía Nacional. Ello implicaba celos, pugnas y, sobre todo, quedarse cada uno con información importante. ¿El resultado? Varios oficiales y suboficiales fallecidos y el robo de armas en cada emboscada senderistas.

El segundo tiene que ver con la reestructuración de Inteligencia del Ejército. Aquí se profundizará en la especialización, la conformación de batallones especializados en tareas de inteligencia electrónica y de contrainteligencia. El refuerzo en la labor de inteligencia es fundamental para terminar con un foco importante de inseguridad que permanece desde tiempos de Fujimori, que no quiso liquidar el tema para seguir con el fantasma del terrorismo para ahondar en su permanencia en el poder.

LOS TEMAS PENDIENTES DEL SECTOR

Finalmente, quedan algunos temas pendientes, que tienen que ver, sobre todo, con el personal militar. El más mediático, sin duda, es el de las pensiones de los oficiales y suboficiales retirados. Y allí se tendrá que idear una fórmula moderna para el futuro, que tome en cuenta el tipo de trabajo especial de los sectores castrenses, pero que sea sostenible en términos económicos, como no ocurre ahora con la Caja de Pensiones Militar Policial. Ello implicará un trabajo político y también garantizar a quienes ya están jubilados bajo el sistema actual pensiones dignas.

Otro tema tiene que ver con los derechos del personal militar. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos elaboró un informe el año pasado sobre esta materia, que comprende la atención en servicios de salud, sepelio, beneficios por conflictos específicos y otros. El bienestar de la familia militar sí es una bandera que ha asumido Mora por lo menos en el discurso, pero allí tendrá que conseguir los recursos necesarios y sobre todo, administrarlos bien.

Finalmente, un tema que debería comenzar a cerrarse en este quinquenio es el legado del conflicto armado interno. Ello implica, de un lado, que el Ministerio de Defensa brinde la información necesaria para terminar de identificar a violadores de derechos humanos, a fin que sean procesados y, finalmente, se distinga a ellos de los oficiales y suboficiales que cumplieron con su deber. Del otro lado, que el Plan Integral de Reparaciones para las víctimas del conflicto, que ya los incluye según la ley y reglamento de la materia, comprenda en forma más nítida a la familia militar. Y claro, ir avanzando en una memoria común que reconozca el heroismo de muchos, pero también, las violaciones a los derechos humanos que otros cometieron.

Menuda tarea. Pero para ello, el Presidente de la República deberá evaluar si el esquema de poder que ha armado en torno a los temas castrenses es el más adecuado.

EL PERU ¿AVANZA?


Tres hechos graves, tres escenarios distintos, una misma dejadez gubernamental

FUEGO EN LA SELVA

Hace un año y medio, en octubre de 2006, César Hildebrandt advertía lo siguiente en su columna:

Pluspetrol no odia al río Corrientes. No lo odia pero le echa bario, cadmio, plomo, benceno, mercurio, arsénico, todo revuelto en una cazuela de aguas de formación que están a 80 grados centígrados de temperatura y que, en vez de ser reinyectadas como mandan los estándares internacionales, son lanzadas al río a un promedio de un millón trescientos mil galones por día.

Es decir, todos los días y a toda hora las sentinas inmundas de Pluspetrol chorrean su carga sobre las aguas que daban de comer a ocho mil indios de la etnia achuar

Esas aguas, examinadas por las autoridades de Osinerg y de Digesa, arrojan resultados que las hacen imbebibles y tóxicas para los tercos peces que las respiran.

Panorama tan desolador fue comprobado por el Presidente del Consejo de Ministros y la Defensora del Pueblo, más o menos por la misma época, cuando los achuar tomaron el campamento de Pluspetrol. Se llegó a un acta de entendimiento, que incluían compromisos de tratamiento del agua, capacitación para el control de la contaminación y una suma de dinero al año.

El tema incluso cobró cariz internacional, con la protesta de varios actores de Hollywood frente a una reunión de la Occidental Petroleum Company (OXY), la primera compañía que explotó petróleo en la zona y que comenzó la contaminación, hace más de 30 años.

Esta vez, el conflicto ha vuelto a estallar entre los achuares y la petrolera, pero por cuestiones laborales y de desarrollo del pueblo achuar. El intento de toma de las instalaciones de Pluspetrol ha terminado con el saldo lamentable de un policía muerto, violencia que parece haber sido promovida por los colonos, según indica el Presidente Regional de Loreto. Luego de varios días de tensión, los nativos van a retomar el diálogo. (Vean la completa cronologia de Paco Bardales al respecto).

Aquí nos encontramos ante varios problemas. De un lado, el uso de la violencia para solucionar un problema laboral que pudo conducirse de otra manera. Pero, de otro lado, la ausencia del Estado como mediador en un conflicto que parece agravarse o derivar hacia otros tópicos. Esto se señala en un completo reportaje de la BBC:

Sin embargo, Pluspetrol, que se ha comprometido a pagar millones de dólares, ha mostrado su frustración de que el gobierno no esté desempeñando un papel más importante.

“Esta industria petrolera debería beneficiar a todo el mundo. Quizás hoy no es un beneficio para los indígenas y el gobierno debería encontrar la mejor forma de resolver ese problema”, señaló Roberto Ramallo, gerente general de Pluspetrol Norte.

El problema que afrontan los Achuar -y otras tribus-, es que su vivienda se encuentra encima de lo que se consideran son enormes reservas de crudo.

Gracias al intenso empuje para subastarlas, casi tres cuartas partes de la amazonía peruana está en arriendo para proyectos de exploración y extracción.

La alta demanda global y el precio del petróleo también están haciendo que las compañías consideren a la amazonia peruana como un prospecto atractivo. ¿Pero es esto sostenible?

“Toda esta exploración petrolera en el Amazonas es un gran experimento”, señaló Bill Powers de E-Tech, una firma de ingeniería, sin fines de lucro.

“Simplemente vienen a la selva, desarrollan el recurso, consiguen el beneficio económico e, históricamente, siempre ha sido que lo que suceda con quien estaba ahí antes, pasará”.

“No hay plan, no hay un esfuerzo para asegurase de mantener su identidad cultural o que tengan algo que hacer una vez que los ríos y los bosques no suministren lo que proporcionaban antes”, agregó Powers.

Y mientras tanto, el gobierno, bien gracias.

EL NARCOTRAFICO AVANZA

Ya parece ser una malsana costumbre informar sobre la muerte de policías en la zona del VRAE. Ayer se conoció la muerte de Marisel Solier Gavilán, una nueva heroína de la Policía Nacional, a manos de los sicarios del narcotráfico.

Desde dos puntos de vista distintos, llegan las preguntas de rigor para Alva Castro. La indignación ciudadana, expresada en Menos Canas, replica las siguientes interrogantes:

Aquí hay dos cosas muy puntales. Si en serio se trata de una respuesta, ¿no debió prever el Ministro que dicha consecuencia llegaría? En ese mismo sentido ¿qué hace enviando un contingente especial ahora que ya se realizó el atentado? ¿Por qué no previó que ello ocurriría?

Es que en realidad no hay que ser genial para darse cuenta de que nuestros actos tienen consecuencias y que es preciso, prever que ellas no afecten a los ciudadanos peruanos que, en principio, debieran poder confiar en la capacidad de sus autoridades.

Pero, por otro lado, me pregunto ¿qué clase de operativo exitoso puede permitir que estas consecuencias terribles se concreten? ¿Cuándo culmina un operativo? ¿Acaso no debe también existir un momento en el proceso, en el cual los miembros de la Policía garanticen la seguridad en aquellos lugares en los cuales “operaron”?

Estas cuestiones antes anotadas tienen un solo nombre: falta de previsión y de coordinación en torno a los operativos que se realizan para combatir el narcotráfico. Y ello no es sólo responsabilidad de los jefes policiales de la zona o del director de la Policía Nacional, sino, fundamentalmente, de la dirección política, es decir, del Ministerio del Interior.

Ya en este blog hemos informado anteriormente sobre la dejadez de Luis Alva Castro para los operativos de combate al terrorismo. Y me da la impresión que lo mismo viene ocurriendo con el tema del narcotráfico. Si se viene repitiendo un mismo patrón de ataque y no se idean correctivos, ¿no estamos ante la carencia de diagnósticos, es decir, ante la fase más primaria de elaboración de una estrategia?

Pero no es el único error en el que se incurre. Rubén Vargas, analista en temas de narcotráfico nos recuerda que las responsabilidades no son solo del incompetente de Corpac:

La responsabilidad de combatir al grupo terrorista Sendero Luminoso es del Ministerio de Defensa, que lo realiza a través de las bases contrasubversivas del Ejército. Dado los niveles crecientes de violencia en esta zona es legítimo que nos preguntemos: ¿Cuáles son los resultados de esa lucha, más allá del cómputo de las horas de patrullaje? ¿En los últimos cuatro años se ha capturado a algún cuadro importante de Sendero Luminoso? ¿Se ha desarticulado alguna columna del Ene o se ha atacado algún centro de producción en Boca Mantaro? Lamentablemente, la respuesta es no.

De hecho, y como bien apunta Vargas en su artículo de hoy en El Comercio, el Plan VRAE ha sido un fracaso, al no articularse los proyectos de desarrollo con las políticas de seguridad. Y la carencia de bases contra el narcotráfico hace que no se tengan los relevos necesarios para llevar a cabo una política conjunta. De hecho, han sido los celos institucionales los que, desde el gobierno de Fujimori, no se ha podido llevar a cabo una labor conjunta y una única estrategia en esta materia.

¿Y Antero? Perú.21 registra que el Ministro de Defensa hizo uno de los más grandes papelones de su vida, pues no sabía de la emboscada en Ayacucho, e incluso la confundió con el problema de los achuar en Loreto. En otras palabras, no sabe ni donde está parado.

ALAN: EL AVALADOR DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS

La semana pasada, Marco Sifuentes rogaba a Dios, Ala, Buda y demás santos del cielo para que a Alan no se le ocurra alabar a China – como es su costumbre -, en momentos que la represión contra los monjes budistas del Tibet está en su punto más alto en años.

Pues bien, mientras el normalmente errático Nicolás Sarkozy está pensando en no enviar a Francia a los Juegos Olímpicos de Pekín, los cables internacionales informaban lo siguiente:

El presidente peruano Alan García expresó el jueves su apoyo a la “justa causa” de la soberanía nacional de China después de la violencia en Lhasa, la capital tibetana, durante un encuentro con el primer ministro chino Wen Jiabao, indicaron los medios chinos.

“Perú se opone firmemente al proyecto de referendo en Taiwán para su adhesión a la ONU y está consciente de las razones que están detrás de la reciente violencia en Lhasa”, dijo a Wen Jiabao el presidente peruano, citado por la televisión central (CCTV) y la agencia oficial Nueva China.

Hoy Luis Jaime Cisneros Hamann, en Perú.21, señala el despropósito mayor cometido por García:

García resulta hoy el único mandatario del mundo en reconocer la represión china, en momentos en que Estados Unidos -que mira con un ojo al presidente Hu Jintao y con el otro su política comercial con el gigante asiático-, Gran Bretaña, Alemania y el Vaticano instan a Pekín a que deje de lado la mano dura y dialogue con el Dalai Lama.

Un periodista peruano puede opinar y adherir a causas, pero que un presidente de la República avale, en nombre del comercio bilateral, el activo político chino y, por añadidura, el pasivo (Tiananmen, 1989), resulta sorprendente en una época donde los derechos humanos son la piedra en el zapato de toda política exterior.

Quiero creer que el presidente del Perú actuó desinformado. ¿No había alguien cerca del oído presidencial? Para la cancillería peruana, ¿no hubo manera de evitar un comentario que para los chinos era “políticamente correcto”, pero que en el contexto proyecta, para la prensa occidental, la imagen de un país sudamericano al que los derechos humanos le importan cada vez menos? La suspensión de una conferencia de prensa de García en Pekín hace prever que el tema había adquirido su real importancia.

Bueno, esta actitud no me sorprende mucho del sujeto que bota a su secretario de Derechos Humanos por presiones de un broadcaster, pero de todas maneras, es extraño que una persona que se jacta de ser meridianamente informada, como García, ignore la causa de las protestas del Tibet, o los cuestionamientos en materia de libertad de expresión y otras violaciones de los derechos humanos cometidas en el país que se ha convertido casi en la niña de sus ojos.

En el fondo, los tres temas están relacionados con derechos fundamentales. El derecho a la vida de los policías que deben cumplir con su labor en condiciones precarias, los derechos de los pueblos indígenas y de todo ser humano a tener un medio ambiente saludable, los derechos civiles y políticos básicos que no se respetan en todo el mundo.

La carencia de una cultura institucional que privilegie los derechos humanos es la que genera soluciones meramente represivas, una estrategia de combate al narcotráfico inteligente, la carencia de mediación frente a conflictos sociales y los desatinos presidenciales de toda la vida. Pero en Palacio no le toman la debida importancia y seguimos pensando que con cifras macroeconómicas boyantes, el Perú avanza. Yo me pregunto: ¿hacia donde?

FLORES ARAOZ VS. LA RAZON

Como informamos en su momento, la designación de Ántero Flores – Araoz como Ministro de Defensa fue celebrada especialmente por el diario La Razón.

El nombramiento de un ex columnista suyo hacía que los Wolfenson y Ben Schmuel vivaran ante lo que parecía ser el triunfo de su visión sobre la defensa nacional: ningún control democrático, ningún juicio a los militares que violaron derechos humanos y, por cierto, discrecionalidad total para compras de armamento para un posible conflicto bélico con Chile, que se alienta, sin ningún rubor, desde las páginas de dicho pasquín.

Pues bien, Ben Schmuel y Flores – Araoz se han peleado. ¿El motivo? Pues una campaña del diario de la mafia para que se acelere la compra de armamento. Y Flores – Araoz, que podrá ser todo lo conservador que se quiera, pero tonto no es, respondió con lo siguiente:

El ministro de Defensa, Dr. Antero Flores- Araoz afirmó enfáticamente que su portafolio no cederá a la presión, ni a cualquier intento de “chantaje” de parte de algunas empresas que pretenden obligar al Estado a suscribir contratos de compra de material bélico. Agregó que el Sector Defensa privilegia los tratos Estado con Estado para todo lo que implique la actualización de la capacidad operativa de nuestras Fuerzas Armadas y la modernización de su material defensivo.

“No nos vamos a dejar, de modo alguno, chantajear por nadie, venga de donde venga. Muchas veces son los vendedores de servicios o de material bélicos los que empujan ciertas noticias para obligar a sentarnos en la mesa y firmar rápido un contrato”, declaró

Y a estas declaraciones, el director del diario del fujimorismo respondió:

Pero sí queremos decirle algunas cosas a nuestro amigo de largos años Antero Flores-Aráoz. Porque no sabemos si además de la ponzoña ideológica, los caviares enquistados en el Pentagonito segregan alguna otra sustancia nociva que hace perder el sentido de las proporciones y el buen juicio a quienes se colocan el fajín de Defensa, al extremo de emitir juicios claramente desinformados, como se desprende de la información que pueden ustedes leer en las páginas cuatro y cinco de este ejemplar.

Ya escuchamos al ministro gritar, y ahora nos gustaría conocer sus argumentos (si acaso los tiene y no se está dejando llevar por lo que le susurran al oído sus funcionarios, la señora Esparch y el señor Chiri). Y de paso, recomendarle que lea el artículo que publicamos en las páginas centrales de esta edición, que sirven para constatar que contrariamente a lo que decía Marx, en nuestro país, tristemente, la historia no se repite como farsa sino siempre como tragedia.

En los años previos a 1879, el civilismo actuó con mezquindad con las Fuerzas Armadas de entonces y las pusieron en la indefensión con resultados aciagos. Desde 2001, sus descendientes caviares repiten la misma odiosa conducta. Con un perverso agregado: no solo quieren dejar desarmados a los militares, también minar su moral, que es tan o más importante que el equipamiento en caso de guerra antisubversiva o conflicto externo.

Por eso la CVR, por eso la persecución judicial a los comandos “Chavín de Huántar” y a más de 500 oficiales y subalternos, por eso el proceso a Fujimori. El cual, no nos cansaremos de repetirlo, tiene al ex presidente de blanco colateral, porque el objetivo principal son los uniformados, a quienes se quiere presentar como una pandilla de genocidas y violadores sistemáticos de derechos humanos y convertir así una gloriosa victoria en una derrota política… y advertirles que no osen tomar las armas en defensa de la Nación en el futuro, porque corren el riesgo de ser sentados en el banquillo, no importan cuántos años pasen.

Pues bien, tamaña muestra de honestidad de parte de ambos personajes nos deja en claro lo que està en juego y que trataré de poner en cristiano.

La agenda de La Razón es clara: aumentar las compras de armamento, pero no de Estado a Estado – como cualquier país actualmente realiza, para evitar los riesgos de corrupción – sino a través de intermediarios. Como bien lo explica Defensa IDL:

Como todo proyecto de inversión que se financia con recursos del Estado, las adquisiciones militares deben pasar por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y ser declaradas viables, socialmente rentables, sostenibles y compatibles con los lineamientos de política planteados en los planes anuales y estratégicos del sector.

Si son adquisiciones que no atañen al “secreto militar”, entonces deben pasar por los procesos de selección de adquisición del Estado: licitación pública, concurso público, adjudicación directa y/o adjudicación de menor cuantía, según el caso. Para ello la ley de contrataciones y adquisiciones indica varios paso a seguir: conformación del comité especial, elaboración de bases, convocatorias, observaciones, presentación de propuestas, evaluación y calificación, otorgamiento de la buena pro, etc.

Si estas contrataciones y adquisiciones son de carácter de “secreto militar”, estarían exoneradas del proceso de selección, siempre y cuando su objeto esté incluido en la lista que, mediante decreto supremo, haya aprobado el Consejo de Ministros con anterior opinión favorable de la Contraloría General de la República.

¿Y cuál es la única manera en que estas compras sean declaradas como “secreto militar”? Si es que existe un conflicto de por medio, sea interno o externo. Ello explica porque el diario de los Wolfenson levanta tanto los temas de terrorismo y de tensiones con Chile. Si no hay guerra, no hay posibilidad de vender armas salvo que sea por renovación de equipos. Es en esta última hipótesis que el Estado peruano va a comprar armas, de manera paulatina y en trato directo con cada Estado fabricante. La experiencia de comisiones en la compra de armas en la década de los noventa, que tanto añoran los dueños de La Razón, es la que ha vacunado al Ministerio de Defensa contra compras poco transparentes.

El otro tema de agenda tiene que ver con los procesos por violaciones de derechos humanos. Si bien al actual gobierno no le agradan mucho este tipo de procesos judiciales, pues hay que señalar que, a pesar de la lentitud de dichos juicios, no se ha intervenido en acabar con los mismos de manera abrupta, mediante indultos o amnistías. Como esta es una bandera bastante sensible en las Fuerzas Armadas, La Razón la esgrime como causa para poder tumbarse a cualquier Ministro de Defensa. Ya lo hicieron con Wagner y ahora, con las distancias que ha marcado el ex presidente del Congreso, no me extrañaría que la hicieran con Flores – Araoz.

El problema para Flores – Araoz no será enfrentarse a sus antiguos amigos, sino ver hasta que punto sus compañeros de gabinete y su jefe están comprometidos con la agenda del diario de la mafia. Será cuestión de meses saber si es que algún medio de comunicación que tiene un amplio giro de negocios habrá ganado algo con venta de armamento. Y si es que la Defensa Nacional se sigue manejando con criterios modernos.

INEXPLICABLE CONDECORACION A LA RAZON

La cual, por supuesto, aquí trataremos de explicar

Casi me atraganto en el desayuno cuando leo La República. Vía este diario me entero que el Ejército Peruano condecorará al diario La Razón, “por la ayuda en la consecución de los objetivos castrenses”.

Esta condecoración se produce en momentos en que confluyen varios intereses alrededor de un diario caracterizado por ejercer la diatriba y la difamación en su fase más virulenta y al cual habría que aplicarle la frase que alguna vez Gonzales Prada le aplicó a cierta etapa de la historia del Perú: donde pones el dedo, sale la pus.

Desde sus inicios, La Razón ha tenido acercamientos con el APRA y con un sector del Ejército. De un lado, congresistas apristas han sido columnistas de este diario y, en la actualidad, este medio es uno de los que apoya casi militantemente al segundo gobierno de Alan García. De otro lado, esta hoja de periódico ha sido la más leal apoyadora de las iniciativas más cavernarias que miembros en actividad y en retiro de las Fuerzas Armadas han tenido: un afan belicista contra Chile que busca – a gritos – una “guerra de revindicación”, la satanización de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y los defensores de derechos humanos y, por cierto, evitar cualquier intento de reforma del status quo castrense.

En los últimos tiempos, esta relación privilegiada con ambos estamentos se ha incrementado, de manera ciertamente preocupante.

En lo que se refiere al gobierno, es sintomático que Hernán Garrido Lecca comprara contenidos para levantar su imagen, que el Presidente de la República defienda “como abogado” a Moises Wolfenson y que el abogado de este último sea militante aprista. El objetivo final: lograr una amnistía para el propietario de este medio de comunicación y, si se puede, también para el ex candidato al Senado del Japón y el resto de su banda.

La relación llega, por supuesto, al plano comercial. Montecristo Editores casi ha cuadruplicado sus ganancias en contratos con el Estado, comparando los años 2006 y 2007.

Pero la relación con los sectores castrenses más retrógrados es, sin duda, la más interesante y puede terminar complicando la relación entre el Ejército y el Ministro de Defensa Allan Wagner.

Los punching ball favoritos del diario de la mafia se llaman Fabían Novak Talavera y Renzo Chiri Marquez, Viceministro y Secretario General del sector Defensa, respectivamente. A ambos se les pretende crear una imagen de débiles frente a las supuestas amenazas internas y externas y de pretender, en el fondo, abolir las Fuerzas Armadas. En particular, los temas referidos a la delimitación marítima con Chile, la Ley para Reglamentar el Uso de la Fuerza en orden interno y cualquier tema que tenga que ver con algún cambio en el sector.

En febrero pasado, este blog informó sobre la existencia de una campaña en contra de Wagner, Chiri y Novak cuyos mòviles centrales son evitar cualquier mecanismo de control civil democràtico en los institutos armados, asì como impulsar una desmedida compra de armas que procure tener una supuesta paridad armamentística con Chile, cuyo objetivo final sería tener una guerra con este país, para “vengar” la derrota de 1879. Asimismo, a Wagner y a Chiri no les perdonan haber tenido posiciones favorables al Informe Final de la CVR.

Pero la situación se complejiza aun más con un elemento común al fin de año: los cambios de puestos y relevos en las Fuerzas Armadas.

Es sabido que el actual Comandante General del Ejército, Edwin Donayre, se quedaría el siguiente año en su posición. Por tanto, como lo ha informado La República, está buscando colocar oficiales afines a él en los puestos claves del Ejército. La cosa está tan complicada que hasta se teme una pelea fuerte entre Donayre y el actual jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, almirante Jorge Montoya, quien, a su vez, es uno de los principales impulsores de las medidas que Wagner propugna para la modernización de las Fuerzas Armadas.

De hecho, Donayre tiene un criterio bastante retrógrado frente a varios temas. Fue quien impulsó la censura a la exposición de Piero Quijano, ha tenido posiciones contrarias al procesamiento de militares que violaron derechos humanos durante el conflicto armado interno y su reciente convenio con Miraflores para que el Ejército dicte el curso de Educación Cívica.

En suma, la condecoración supone la muestra más clara de la alianza conservadora que se ha instalado en el poder y que impide todo cambio o reforma sustancial, sea en lo económico, lo social o lo institucional. La Razón expresa, mediáticamente, dicho pensamiento contrario a toda consolidación de un sistema democrático que sea inclusivo y congruente con los valores democráticos. A eso se adhiere nuestro Ejército y nuestro Presidente de la República, sin que les importe que el Ministro de Defensa quede por las patas de los caballos de nuestros Húsares de Junín.

Ya saben, que no les extrañe si mañana le dan a Moisés Wolfenson la Orden del Sol del Perú, previo indulto firmado por el excelentísimo Señor Presidente de la República.

¡Viva el glorioso Ejército del Perú!

MAS SOBRE EL TEMA:
Utero de Marita: El Ejército condecora a Montesinos
Roberto Bustamante: El Ministro, el Presidente, el General y el diario

LA DIPLOMACIA, LA ESPADA Y LA SEGURIDAD


Un balance sobre las políticas de relaciones exteriores, defensa y seguridad en el primer año de Alan García

Nota: Con este artículo, comienza una serie de balances sobre el primer año de gobierno de Alan García que durará esta semana y que se alternará con los temas de coyuntura

¿TENEMOS POLITICA EXTERIOR?

Esta pregunta cabe hacérsela, dado que la política exterior parece haber pasado a un segundo plano en lo que respecta a este gobierno.

Alan García es alérgico a los viajes al exterior, cuestión que dista mucho de la proyección continental que quiso tener en su primer gobierno. Tal vez esa alergia a todo aquello que tuvo que ver con dicho periodo hizo que el Plan de Gobierno del APRA en esta materia fuera, por decir lo menos, bastante austero.

Si bien la reducción de los viajes de Alan – y el ridículo debate sobre el avión presidencial – permiten ajustar ciertos gastos, lo cierto es que Perú parece haber perdido iniciativa y brújula en la política exterior. Hecho sintomático: el abrazo de la paz que Alan tuvo con Chávez hace unos meses, que dio verguenza a quienes creemos que en Venezuela gobierna un dictador. Y la Cancillería – que tiene una prudencia que linda con lo pusilánime – no dijo una sola palabra sobre el cierre de RCTV.

Peor aún, García no quiso convertirse en el líder democrático de América Latina y ha terminado recluido en las cuestiones meramente domésticas y dando trastadas que lindan con lo autoritario.

De otro lado, las relaciones con Chile, que parecían quererse manejar por cuerda separada, han terminado agriadas por incidentes respecto a los límites marítimos y terrestres. La decisión para ir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya se mide con pasos de plomo, por temor a los termocéfalos de uno y otro lado de la frontera. La relación con los demás vecinos casi no ha existido, con excepción del eterno debate: ¿Permanecemos o no en la Comunidad Andina de Naciones?

Con Estados Unidos, la relación se ha medido en un solo tema: TLC. Y las cosas se le complicaron al gobierno luego de que los demócratas ganaran las elecciones parlamentarias. Se tuvo que negociar una adenda que mejora en mucho algunos capítulos del Tratado, pero se ha desperdiciado mucho tiempo con las idas y venidas que se tuvo con la presencia de Hernando de Soto – hasta ahora inexplicable – liderando el llamado TLC hacia adentro.

Finalmente, con la región Asia Pacífico se han cometido serios errores, tomando en consideración que la cumbre de APEC será en Lima el próximo año. Por un lado, la militarización de la cumbre (con licitaciones libres de control) a cargo de Giampietri. Del otro lado, (y en eso tengo que darle la razón a Aldo Mariátegui), fue un serio error no enviar a alguien de peso a la cumbre de este año, celebrada en Australia.

En suma, como mucho en el país, hemos funcionado reactivamente en el plano exterior. A mi modo de ver, esto no pasa solo por un Canciller de real perfil bajo, sino por una decisión presidencial abierta de no comprometerse mucho en los temas externos. Y ello, en un contexto de globalización, es no tener una visión de futuro.

DEFENSA: CARRERA DE CABALLOS, PARADA DE BORRICOS

Uno de los despachos que inició mejor su tarea fue el de Defensa. La llegada de Allan Wagner – un experto diplomático – acompañado de un equipo civil bastante eficiente en términos académicos y administrativos auguraba una gestión civil en Defensa que hiciera cambios puntuales.

Y, en verdad, así pareció vislumbrarse. A pesar de ciertos obstáculos preliminares – tanto desde adentro como de la prensa pro Fuerzas Armadas – se pudo maniobrar para comenzar con una reforma administrativa del sector Defensa, que buscaba definir amenazas reales y trabajar por resultados. Asimismo, se superó una crisis importante por malos manejos en compra de gasolina en el Ejército, lo que ocasionó un relevo generacional que parecía ser esperanzador en la reforma no solo de la operatividad, sino también de la mentalidad militar.

Sin embargo, tengo para mí que la gestión de Wagner se vio frustrada el día que Alan García lo cuadró en público por señalar que la operatividad de las Fuerzas Armadas era en vano. Ese día Wagner desdibujó su perfil reformista y optó por su permanencia en el cargo, a cambio de callarse la boca.

Así, la presencia del Ministro se ha visto aminorada. Si bien vienen haciendose esfuerzos para aprobar normas que ordenen las cosas en las Fuerzas Armadas, el esfuerzo de reforma inicial parece haberse perdido. En Inteligencia, más allá de la rápida reacción frente a las denuncias de venta de información en la Marina, no se vislumbran cambios en esta materia, que parece ser dominada por los intereses privados y por los agentes paralelos.

Como colofón, Wagner apareció desubicado en el tema Quijano, primero avalándolo y luego mostrándose en contra de la censura. Sin duda, poco queda del ministro que llegó con ideas en agosto y que hoy parece estar flotando por su permanencia.

SIN POLITICA DE SEGURIDAD INTERIOR

El gobierno se inició con una incógnita: Pilar Mazzetti en Interior. A su favor, jugó el hecho de su honestidad y su buena gestión al frente del Ministerio de Salud. En su contra, estaba su desconocimiento del sector Interior.

Al final, lo segundo termino pesando bastante, dado que nunca pudo articularse una política de seguridad ciudadana clara ni una reforma en el Ministerio del Interior. Lo mismo ocurrió con las medidas frente a los remanentes de Sendero Luminoso.

Y en relación con lo primero, la denuncia sobre la compra de patrulleros sobrevalorados y su pésimo manejo político sobre este tema terminó liquidando la permanencia de la neuróloga a cargo del despacho.

Su reemplazo, Luis Alva Castro, no ha distado mucho de la falta de cambios en su cartera. Pero su permanencia estuvo atada a dos factores: su agenda propia dentro del Ministerio, como contrapeso a Jorge del Castillo; y, por otro lado, el exitoso operativo de recuperación del Mercado de Santa Anita.

Sin embargo, su ausencia en el tema narcotráfico ha sido clamorosa, la distritalización de la policía linda con la burla y la previsión policial frente a los conflictos sociales fue nula.

Finalmente, las recientes medidas sobre seguridad ciudadana, muchas de ellas efectivas, han quedado ocultadas por los mamarrachos hechos por el gobierno en materia de represión a los conflictos sociales.

Otra área en la que AGP deberá darnos más de una explicación este sábado.

¿Y POR QUE NO VENDEMOS LOS CUARTELES?

Respondiendo a una propuesta de Aldo Mariátegui

El día de hoy, en su ya conocido estilo, el director de Correo Aldo Mariátegui hace una de aquellas propuestas temerarias y polémicas a las que ya nos tiene acostumbrados de cuando en cuando.

Esta vez, el conocido abogado plantea que las universidades estatales cuyas ciudades universitarias se encuentran en la ciudad de Lima (específicamente, San Marcos, Agraria y UNI) vendan sus amplios terrenos para la edificiación de proyectos inmobiliarios importantes para el crecimiento de la ciudad. A cambio, Mariátegui propone que con la venta de estos terrenos el Estado les venda u otorgue zonas eriazas en las afueras de la ciudad.

La pregunta que se desprende de esta propuesta es si es o no viable.

Ernesto Cárdenas, de Física 3, se hace la misma interrogante hoy en su blog. Y responde que si bien puede generar un gran negocio económico, puede resultar siendo contraproducente desde el punto de vista social, ya que estos centros de estudio ya no podrían captar a estudiantes de diversas zonas de la capital, más aún, considerando el caótico sistema de transporte público que tenemos.

Otros comentaristas incidieron en las microeconomías que se generan alrededor de las universidades y que podrían verse afectadas por este traslado. Imagínense lo que ocurriría con dueños de fotocopias, restaurantes, academias, cabinas de internet y demás negocios que se generan alrededor de la universidad (sí, incluyendo a los “huecos” abarrotados por los estudiantes cada fin de semana o fin de ciclo).

Yo por mi parte me atreví a hacer una propuesta más o menos en la línea de Mariátegui. Si las universidades tienen como único patrimonio – o uno de sus pocos patrimonios – sus locales, sería perjudicial para ellos venderlos. Más bien, quizás sea tiempo de repotenciar la idea ya explorada de vender los cuarteles que se encuentran dentro de la ciudad, por lo menos los que ya no se usan.

En el caso de los locales militares en zonas urbanas, por lo menos en el caso de Lima, es importante constatar que las manzanas circundantes a los mismos son aquellas de mayor peligrosidad de sus distritos. Ocurre con la zona cercana al Cuartel Bolívar en Pueblo Libre o con la zona de Santa Cruz en Miraflores, al pie del Cuartel San Martín. La única excepción es el Pentagonito en San Borja, que tampoco se podría a la venta, dado que es una instalación militar en uso y que no afecta a la expansión urbana de la ciudad, al igual que con las instalciones de Chorrillos. Es decir, podríamos solucionar un tema social y urbano.

Ya anteriormente se puso sobre la palestra la idea de vender el cuartel San Martín. Existían compañías constructoras interesadas en hacer proyectos habitacionales, la Comisión de Personas con Discapacidad del anterior Congreso planteó venderlo al Ministerio de Salud para construir un gran centro para la atención de este sector de la población y no es un secreto que el Ministro Allan Wagner tiene esta idea en mente. Sin embargo, Proinversión, entidad que se encargaría de esta venta, no ha puesto este terreno a la venta, debido a que el Ejército no ha dado de baja este inmueble.

Incluso veo en un blog aprista que la idea ha pasado por la mente del Presidente de la República, para tener fondos que incrementen la potencialidad de las Fuerzas Armadas. Otro punto a favor.

Otro tipo de razones, igualmente válidas, han esgrimido un grupo de congresistas para solicitar el traslado de toda instalación militar que se encuentre en zonas urbanas. En efecto, el Proyecto de Ley 1024/2006-CR, plantea la reubicación de cuarteles, infraestructuras y demás instalaciones que dificulten el desarrollo urbano, en un plazo de un año desde la aprobación de esta norma. Lo mismo ocurriría, por razones de seguridad, con todo el material de guerra y polvorines que se encuentren en zonas urbanas. La idea se completa con la autorización al Ministerio de Defensa para la venta de los inmuebles que se encuentren comprendidos en estos espacios.

En su exposición de motivos, el proyecto se concentra en los desajustes de las vías de acceso de las ciudades, el peligro que podrían ocasionar su presencia en caso de conflicto y, sin duda, los antecedentes de accidentes e incidentes ocasionados en diversas ciudades del interior del país por la explosión de materiales de guerra.

Por el momento, dejo el tema allí para sus comentarios.