DEFENSORIA CON PESO

Luego de cuatro años y medio de espera, el Congreso del Perú por fin pudo ponerse de acuerdo en elegir al nuevo titular de la Defensoría del Pueblo. Se trata de la Dra. Beatriz Merino, quien se desempeñara durante un breve lapso como Presidenta del Consejo de Ministros en la gestión del Presidente Toledo.

Desde finales del año 2000, con la renuncia de Jorge Santistevan de Noriega al cargo de Defensor del Pueblo para postular (fallidamente) a la Presidencia de la República, la Defensoría había quedado encargada a Walter Albán, quien durante este lapso de tiempo no pudo reunir los votos para ser ratificado como Defensor titular.

La Defensoría del Pueblo fue creada en la Constitución de 1993 en base al modelo del “ombusdman” de los países escandinavos. El Defensor del Pueblo no tiene facultades judiciales ni coercitivas, solo es una persona que, por su propio peso moral, vela por el respeto de los derechos humanos, el cumplimiento de deberes estatales y la prestación de servicios públicos.

Tanto Jorge Santistevan como Walter Albán han tenido una eficiente labor. Santistevan, quien fuera elegido en 1996 con un perfil bajo y luego de desempeñarse en labores de paz en Centroamérica, se fue convirtiendo en un contrapeso al creciente autoritarismo del gobierno de Alberto Fujimori y, sobre todo, como vigilante y alertador de las irregularidades del fraudulento proceso electoral del año 2000. En la gestiòn de Albán, se prestó colaboración y seguimiento a la resolución pacífica de conflictos, ante la andanada de conflictos sociales desarrollados en estos años, se han presentado una serie de demandas de inconstitucionalidad que han permitido abrir la puerta a una reforma de los estados de emergencia y de la justicia militar. Asimismo, se prestó apoyo al trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, convirtiéndose la Defensoría en legataria de los documentos de trabajo de la CVR y en la entidad estatal que más ha impulsado el cumplimiento de sus recomendaciones.

Sin embargo, el hecho de que el Congreso no se hubiera puesto de acuerdo para elegir a un nuevo Defensor durante casi 5 años (se necesitan 80 votos para elegir a este funcionario) representó un maltrato a la institución, que dio las claras luces de que a muchos parlamentarios no les importaba el tema de defensa de los derechos de los ciudadanos.

Finalmente, pudo alcanzarse el consenso sobre una figura bastante respetable. Beatriz Merino tuvo un aceptable desempeño como Presidenta del Consejo de Ministros (hasta que vino el escándalo por la inclusión de amigos en la SUNAT, que antes dirigió, y no supo responder a las críticas). Se trata de una funcionaria honesta, con vocación de servicio, trayectoria de respeto a los derechos humanos y credenciales democráticas probadas. Esperemos que pueda enfrentar las críticas que puedan venir con mayor fuerza que en ocasiones pasadas.

Con ella, la Defensoria del Pueblo recupera el peso que siempre debió tener. Punto (por fin) para el Congreso.

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EL JUICIO A ABIMAEL

El último lunes se inició el juicio oral a la cúpula del llamado “Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso”, el grupo que inició una guerra contra el Estado peruano, conflicto que, como sabemos, cobró la vida de cerca de 70,000 personas.

Se preguntarán, si sabemos que son culpables, ¿por qué es importante este juicio?

Recordemos que a los dirigentes de SL se les está volviendo a procesar debido a una sentencia del Tribunal Constitucional que declaró nulos los juicios a los que fueron sometidos en la década del noventa. Dichos procesos, como sabemos, se celebraron ante jueces sin rostro, con restricciones al derecho de defensa de los acusados y en un plazo de 2 semanas en promedio. Hasta el más abyecto de los criminales (y vaya que estos lo son) se merecen un trato acorde con la dignidad del ser humano, aquella que ellos nunca respetaron pero que el Estado debe respetar, no solo porque los derechos humanos no se pierden por los delitos cometidos, sino también para demostar la superioridad moral frente a aquellos que quisieron acabar con nuestra democracia.

Por tanto, este nuevo proceso debe cumplir con las reglas que la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos indican en materia de debido proceso. Por lo pronto, la idoniedad de los jueces que conforman la Sala Penal Nacional contra el Terrorismo y las nuevas reglas procesales y materiales nos garantizan que este proceso respetará los estándares en la materia y que, si la estrategia de SL es acudir a la Corte Interamericana para poder anular el juicio que actualmente se les sigue, resultará en un absoluto fracaso.

Además, este proceso nos permitirá apreciar en toda su magnitud la crueldad de la que fue capaz de producir este movimiento político – terrorista. Uno de los casos por los cuales es acusado Guzmán es la matanza de Lucanamarca, donde un grupo de senderistas asesinó, a punta de lanzas y machetes, a 69 miembros de una localidad ayacuchana que se enfrentó a su demencial forma de ver el mundo y el país. Ese ensañamiento fue el que emplearon para someter a varios pueblos en el ande peruano, para volar en pedazos el cuerpo de María Elena Moyano, para matar 30 personas con el coche bomba en Tarata. Estos hechos han ampliamente documentados y condenados por la Comisión de la Verdad y Reconciliación quien recomendó que, dada la estructura vertical del PCP-SL, la cúpla del partido, en especial Abimael Guzmán, debía ser llevada a juicio para responder por tan excecrables crímenes.

Este proceso, por tanto, es una oportunidad perfecta para demostrar la superioridad de la democracia al totalitarismo trasnochado y de manual de SL, las ventajas de vivir en un Estado de Derecho frente al estado de miedo que nos hicieron padecer po años, las ventajas de un proceso que no pueda ser cuestionado frente a los procesos ordenados por quienes hoy le deben cuentas a la justicia por sus propios crímenes, para demostrarle a los jóvenes que la violencia no es el camino para solucionar los problemas.

Y, sobre todo, para que esta tragedia no se repita.

UN DEBATE SOBRE LA POLICIA

En las últimas semanas, el tema de la seguridad ciudadana ha cobrado actualidad, gracias a la presentación del gabinete PPK ante el Congreso, a iniciativas (la mayor parte de ellas disparatadas) parlamentarias para poner “mano dura” ante la ola delincuencial y ante la amenaza de una huelga policial. Todo ello nos pone ante el debate sobre que hacer con la Policía Nacional.

Para nadie es un secreto que los miembros de la Policía no la pasan bien: no ganan los sueldos que deberían ganar, tienen un servicio de sanidad deficiente, existe corrupción en la entrega de medicamentos y gasolina, su fondo de pensiones está en suspenso ante los robos sistemáticos que la banda de Vladimiro perpetró durante los años de la dictadura y su fondo de vivienda tiene mucho que envidiarle al exitoso “Techo Propio”.

También es cierto que la Policía necesita reformarse, pues no cumple con el objetivo de proteger a la ciudadanía de la delincuencia y cuenta con la imagen de ser una institución inoperante y corrupta.

Es en el marco de esta reforma policial, que tuvo algunos avances al inicio de este gobierno (en las gestiones de los ministros Rospigliosi y Costa), que debe pensarse en una mejora de las condiciones de vida y trabajo de los Policías. Nosotros somos partidarios de un incremento de sueldos dentro de la medida que la caja fiscal lo permita, pero creemos que, junto con el aumento, debe existir un compromiso político de las fuerzas que competirán en el próximo proceso electoral de emprender una reforma a profundidad en la Policía y, en general, en todo el Sector Interior.

No se requiere necesariamente de más recursos (que buena falta hacen). En principio, se tienen que emplear de mejor manera con los que ya se cuentan y proyectar una imagen (sustentada en la realidad, por cierto) de que la Policía si tiene una vocación de servicio y que está dispuesta a moralizar.

En el campo específico de la seguridad ciudadana, hay que entender el fenímeno delincuencial como un problema estructural. No solo basta con incrementar las penas, las cuales ya son altas, sino de aplicarlas, para lo cual deben actuar tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial. La colaboración con los gobiernos locales y regionales y la comunicación y confianza con los vecinos serán claves para elaborar planes para cada zona de las ciudades del país. Finalmente, las estadísticas nos reflejan que la delincuencia es un fenómeno cuyas mayores víctimas y victomarios son jóvenes, por lo que padres, educadores, municipios y ministerios deberán abocarse a generar espacios donde los jóvenes puedan expresarse y ser útiles a la sociedad. Quizás con una política sobre la materia el CONAJU pueda justificar en algo su existencia.

Requerimos salidas integrales y reformas, no solo parches ni promesas.

KATRINA (O LAS CONSECUENCIAS DE UN DESASTRE)

Todos nos hemos sentido impactados y nos hemos solidarizado inmediatamente con las vìctimas del huracán (luego tormenta tropical) “Katrina”, que azotó algunos estados del sur de Estados Unidos, en especial Louisiana y Missouri.

Este acontecimiento ha significado el mayor desastre natural ocurrido en la potencia mundial, tanto por el número de víctimas que debemos lamentar, la emergencia sanitaria y las pérdidas en infraestructura (sobre todo en la ciudad de New Orleans).

Pero también ha significado la continuación de un debate sobre la real dimensión de Estados Unidos como potencia hegemónica y sobre los efectos que la carencia de liderazgo de George W. Bush pueden tener en la política nacional e internacional de su gestión.

Hace cuatro años, Estados Unidos sufrió el peor atentado terrorista de su historia. Por primera vez en mucho tiempo, la nación se sentía vulnerable ante una amenaza externa. Sin embargo, la respuesta fue de unidad y fuerza. Las decisiones se tomaron de manera rápida y poco a poco New York y Washington fueron recuperando su fisonomía y actividad normales, dentro de lo que la política de restricción de libertades aplicada por el gobierno de Bush permitía.

Hoy, frente a lo ocurrido en New Orleans, el gobierno federal norteamericano y el gobierno del estado de Louisiana han reaccionado con lentitud frente a la emergencia suscitada por “Katrina”. Con muchas de las tropas y helicópteros de la Guardia Nacional estacionadas en la invasión a Iraq, poco es lo que el gobierno ha podido hacer, pues no se ha admitido la posibilidad de retirar tropas o vehículos de Medio Oriente, donde la situación cada día más se complica a Estados Unidos. Y, peor aún, en sus mensajes públicos Bush no ha podido conectarse con el sufrimiento de sus compatriotas ni ha aparecido como el líder que la nación esperaba.

A ello se suma que la mayor cantidad de personas que no han evacuado la ciudad de New Orleans son pobres y afroaméricanos. ¿Hubo un tinte racista en la respuesta frente al desastre? Es algo que poco a poco se aclarará. Lo cierto, es que hemos visto una cara de Estados Unidos que generalmente no vemos, la de la pobreza. Muchos periodistas han afirmado que las imágenes propaladas parecían asemejarse a las desastres naturales en Asia o África.

El calentamiento global, según los expertos en temas meteorológicos, ha incrementado la capacidad de fenomenos como huracanes o tormentas tropicas de causar destrucción a su paso. Curiosamente, Estados Unidos (desde el gobierno de Bill Clinton) ha sido reacio a firmar cualquier instrumento de control del calentamiento global, incluyendo el Protocolo de Kyoto.

Parte del poder de una potencia se basa en la imagen que tengan de ella. Hoy la imagen de Estados Unidos se ha deteriorado, tanto por la acción del desatre natural como por la desastrosa gestión de su presidente actual.

Dios bendida a los Estados Unidos. Dios nos libre de los desastres y de los líderes desastrosos.