5 AÑOS DE DEMOCRACIA (Y CON EL CHINO AHORA EN CAPILLA)

Hace 5 años, en noviembre de 2000, el Perú recuperó su dignidad y su libertad. Nos libramos de un autócrata corrupto, violador de los derechos humanos y que pervirtió las instituciones del libre mercado. Alberto Fujimori fugaba del país agobiado por el peso de las acausaciones que involuraban a su ex asesor Vladimiro Montesinos, a sus colaboradores, a su cogollo de apoyo político, empresarial y mediático y, por supuesto, a él mismo.

Decía, por aquellos días, César Hildebrandt, “empezó en un tractor, siguió en un tanque, terminará en un coche de la Interpol”.

Pues bien, Fujimori no ha terminado en un coche de la Interpol, como bien sabemos, pero si en una habitacíón 3×2 en la Escuela de Gendarmería de Santiago de Chile, a la espera de que el Poder Judicial peruano envíe (esperemos que eficientemente y en el tiempo que establece el Tratado de Extradición) los cuadernillos que contienen las serias y fundadas acusaciones que involucran al ex dictador peruano en delitos de lesa humanidad, corrupción y malversación de fondos.

Fujimori sí tiene una estrategia: aprovechar las debilidades del sistema judicial peruano para ganar tiempo y tratar de enlodar el proceso electoral, argumentando que el rechazo a su candidatura por parte del Jurado Nacional de Elecciones es parte de la persecución política que arguye sufrir y que las elecciones del 2006 se parecen a las que hizo durante su mandato.

Sin embargo, a pesar del resistente 15% a 18% de personas que aun siguen creyendo en él, Fujimori tiene en contra varios factores: el mayoritario rechazo del pueblo peruano, una clase política chilena contraria a su presencia y el recuerdo en nuestros hermanos chilenos del trauma que supuso la dictadura de Augusto Pinochet, hoy procesado por delitos similares a los que su par peruano enfrenta.

Pero más allá de lo que suponga el caso Fujimori, los retos son mayores para la democracia peruana.

El reto de la clase política, 5 años después de recuperada la democracia, es demostrar a la población que el desarrollo debe darse con libertad. Luis Vargas Aybar, jefe del Informe de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, señalaba en una conferencia en la que tuve oportunidad de participar, que si bien son necesarias las condiciones materiales para lograr el desarrollo, éstas son insuficientes si el pueblo no se encuentra en democracia, porque esclavos ricos siguen siendo esclavos.

Sin embargo, los tres candidatos más importantes para la proxima elección han contribuido con sus declaraciones tibias a pensar que andan en busca de los votos de quienes piensan que no importaba vulnerar la democracia y los derechos humanos en pos de la pacificación o de la apertura económica. Es a ellos a quienes nos toca demostrar que la democracia vale la pena, más allá de los errores de nuestra clase política.

Desde esta pequeña columna saludamos este nuevo aniversario de recuperación de la libertad, hoy inbuidos en una lucha contra la impunidad y por la eficiencia del Poder Judicial y para construir un país libre y desarrollado.

Somos libres, seamoslo siempre.

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A MAR REVUELTO, ¿GANANCIA DE QUIEN?

Vaya que este año ha sido bastante movido en lo que se refiere a nuestras relaciones con Chile: desde el incidente con LAN Perú, las revelaciones sobre la participación del Ejército chileno en el tráfico de armas a Ecuador, pasando por la negativa de los propietarios de Lucchetti (los que se reunieron con Montesinos para que se pueda constituir su planta en los pantanos de Villa), para culminar en la disputa sobre la delimitación de la frontera marítima entre ambos países. Un año movido y una relación bilateral bastante deteriorada.

Perú sostiene que el principal tema pendiente en las relaciones con Chile es la fijación de la frontera marítima. Para Chile, no existe problema alguno con relación a este tema, puesto que existiría un tratado de 1954 que fija la frontera basándose en la línea del paralelo donde se ubica la frontera terrestre, lo cual quita una amplia zona de mar al departamento de Tacna. Nuestro país sostiene, con amparo en el derecho internacional, que el tratado solo fija una zona común de pesca, dada la particularidad del litoral del sur del Perú y del norte chileno, no siendo el objetivo del tratado de 1954 la fijación del límite marítimo.

Para iniciar la fijación de su frontera marítima, en un acto soberano y que no debe ser cuestionado por ningún país foráneo, ha sido aprobada la Ley de Bases del Dominio Marítimo, que fija las líneas bases para la fijación de la frontera marítima. Además, la Cancillería peruana ha anunciado el inicio de la campaña de difusión de las ventajas de la suscripción de la Convención del Mar, paso siguiente para la delimitación.

Ante esta norma, el gobierno y la clase política chilena ha reaccionado con una indignación digna de mejor causa. Chile sabe que, de firmar Perú la CONVEMAR, se tendría que ir a un arbitraje o a un proceso judicial ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, donde se fijaría una línea equidistante a la señalada por ambos países como límite marítimo, esto es lo que quiere evitar Chile.

Por otro lado, cabe mencionar que la reacción airada chilena se produce en un momento de cierre de campaña electoral, donde muchos consideran que se intenta consolidar el triunfo en primera vuelta de la candidata de la Concertación Michelle Bachelet en base a un tema nacionalista. Por otro lado, Joaquín Lavin, candidato de la opositora Unidad Democrática Independiente (UDI, derecha), no tuvo mejor idea que pasearse por las aguas de Arica en su yate privado, para expresar su adhesión a la posición del gobierno de su país.

Si bien este tema es el más importante de nuestra relación bilateral, no debe dejarse de lado lo que nos une como naciones: el intenso tráfico comercial, la presencia de cientos de nuestros compatriotas trabajando en Chile y las inversiones chilenas en Perú. Por ello creo que los líderes políticos e intelectuales, así como los medios de comunicación de ambos países no deben alentar aventuras belicistas ni compras de armamento destinadas a beneficiar solo a los vendedores de armas o a quienes se benefician con las comisiones correspondientes (¿de donde creen que salió la plata de las cuentas de Hermoza Ríos y Pinochet?).

El hecho de poner paños fríos a la disputa no implica una claudicación en nuestros intereses. Es ahora el momento de la calma para el diseño de la estrategia legal a plantear en los próximos meses y años.

Y, mientras tanto, brindemos por la ley, (con pisco peruano, por supuesto).