POR QUÉ NO VOTARE POR KEIKO FUJIMORI

Porque el fujimorismo no ha dado ni una mínima muestra de aggiornamiento. No solo vemos los mismos rostros, sino también las mismas justificaciones a los serios errores y delitos cometidos durante el gobierno de Alberto Fujimori. Por tanto, darle mi voto implicaría, sin duda, un premio injustificado a quienes, lejos de experiencias como la española o la chilena, no han dado muestra alguna de alejarse de una figura no solo controvertida, sino también delictiva.

Porque hay cuestiones de principio que son más valiosas que el supuesto mantenimiento del modelo económico. El fujimorismo es una organización política que, hasta el momento, no ha hecho una sincera reflexión sobre los crímenes cometidos durante los años noventa (tanto los vinculados a violaciones de derechos humanos, como a corrupción), ni sobre el golpe de Estado de 1992 – que siguen revindicando -, ni sobre su rol en el envilecimiento de la sociedad, ni sobre la degradación de las instituciones en el país. Esos elementos son los que, lejos de cifras macroeconómicas que son importantes para mantener un equilibrio económico saludable, hacen realmente, a un país, ser considerado como desarrollado (y no solo tener más celulares, conciertos o centros comerciales).

Porque la asociación del fujimorismo con la economía de mercado es nefasta para esta última. La experiencia fujimorista de mezclar autoritarismo con libre mercado es funesta para quienes defienden la libertad económica, dado que ésta debe ir siempre acompañada de libertad política. Dicho decenio, además, demostró que, a la larga, el debilitamiento institucional y la falta de controles, afectan a la economía, como lo demuestra no solo el volumen de robos al erario nacional, sino también el pobre manejo económico del fujimorismo a partir de 1996.

Porque repetir un gobierno parecido al segundo quinquenio aprista sería peligroso para los peruanos.  La experiencia de un quinquenio con amenazas a la prensa, poco respeto a quienes no piensan como ellos, conflictos sociales mal manejados y corrupción, así como el pasado sin deslindes claros del fujimorismo, hace temer que los siguientes cinco años tendrán la tónica de un perro del hortelano reloaded y un mercado emergente de poca monta. Y quizás nos dejen como legado a alguien aún más radical que Ollanta Humala ganando en primera vuelta.

Porque el plan de gobierno de Keiko Fujimori tiene serias omisiones y errores. Ayer expliqué cómo temas vinculados a derechos humanos, sistema político, comercio exterior y defensa nacional eran omitidos por el folleto presentado por Fuerza 2011, así como los serios horrores que tiene el plan en materia laboral, seguridad ciudadana, tributación y justicia. Y eso que no tocamos las pobres políticas que presenta la señora Fujimori en materia de lucha contra la corrupción.

Porque los posibles reemplazos – léase, vicepresidentes – de la señora Fujimori no nos garantizan un buen gobiernoRafael Rey arrastra demasiados pasivos en su haber: ministro dos veces en este gobierno, apareció con un “Pisco 7.9” para regalar a quienes brindaron grandes aportes para los damnificados del terremoto, tuvo (y tiene) posiciones bastante conservadoras en materia de planificación familiar, y, por supuesto, ha sido el mayor propulsor de iniciativas a favor de la impunidad de graves violaciones de derechos humanos. Situación esta última que le causó su despido. A ello sumemos todas sus últimas infelices declaraciones.  El otro compañero de fórmula, Jaime Yoshiyama, rápidamente se ha vendido como un técnico defenestrado por su oposición a Vladimiro Montesinos. Claro, lo dice luego que convivió con él durante 6 años e incluso lo apoyó en su campaña municipal (ver el libro de Sally Bowen “El Expediente Fujimori”).

Porque tengo legítimas dudas de quien es el verdadero candidato: Keiko o Alberto. Basta ver fotos tomadas en todo el país para que sospechemos que quien nos gobernará no será la señora Fujimori de Villanela, sino el delincuente sentenciado por homicidio calificado, peculado, secuestro agravado y lesiones graves.

Gane quien gane, los cinco años que vienen serán bastante complicados para todos los peruanos. Pero, tal como lo mencioné en mi columna del jueves en Diario 16, tengo la certeza de que muchos quienes votarán por Keiko Fujimori no se encontrarán entre los primeros que salgan a la calle a protestar si ejecuta el estilo autoritario que muchos tememos a partir de las declaraciones de sus voceros. De mi parte, seré oposición de quien gane estas elecciones, respetando el resultado final, claro está.

No creo que mantener un status o la billetera llena sea más valioso que vidas destrozadas por un régimen delincuencial, o historias de abusos que siento no sólo cercanas, sino imborrables y abyectas. Y siento que buena parte de quienes votarán por la señora Fujimori, están cayendo en lo que señalaba Patricia del Río hace un par de semanas:

A Keiko se le está dando un papel en blanco, se le está dejando, peligrosamente, la cancha libre. Tan libre como se le dejó a su padre, que dirigió uno de los gobiernos más corruptos y abusivos de nuestra historia con el entusiasmo cómplice de muchos de los que hoy se están acomodando en la tribuna para deshacerse nuevamente en aplausos.

Y ese es un motivo más para no votar por el fujimorismo.

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LOS ERRORES Y OMISIONES DEL PLAN DE KEIKO

Hoy, en su columna semanal en Diario 16, Rosa María Palacios indicaba porque esta campaña no tuvo nada de alegría. En el caso de Keiko Fujimori, los motivos eran los siguientes:

¿Dónde están las seguridades que ofrecen los candidatos?  Como he dicho antes, las objeciones morales a la candidatura de Fujimori son insalvables. No solo porque representa, como dijo Cotler, lo más repulsivo (desde el latrocinio hasta el asesinato) de la historia peruana, sino que forma parte del mismo proyecto político, que de forma improvisada (lean su Plan si no me creen) busca entregarle la Presidencia a una joven que no ha trabajado nunca fuera del Estado y que no tiene más experiencia política que ser la obediente “hija de”. No, no creo en dinastías en una República.

Pues vayamos a uno de los puntos menos tocados en la campaña de la señora Fujimori: el plan de gobierno. Y vaya que en este folleto de pocas páginas hay gruesas omisiones y serios errores. Aquí, un resumen.

LO QUE OMITE EL PLAN

Como lo mencioné en un artículo escrito en primera vuelta sobre planes de gobierno para la revista Ideele, de saque se encuentran dos omisiones: derechos humanos – campo en el que el fujimorismo tiene una seria deuda pendiente y un presente negacionista– y sistema político. Es cierto, algo dijo ayer sobre el tema en el debate, pero nada escrito que permita una verificación sobre la materia. De hecho, aquí pesa más que tenga a personas cuya defensa de ambos temas no es precisamente su característica, como Martha Chávez, Rafael Rey, Víctor Robles Sosa o Jorge Trelles.

Una segunda omisión es en el tema de política exterior. Y la verdad es que me sorprende. Los fujimoristas siempre se preciaron de “haber conseguido la paz con Ecuador” y de la reinserción financiera internacional. Claro, cierto es que conforme se notaba más que su régimen tenía el olor de la corrupción y el autoritarismo terminamos más cerca de satrapías o gobiernos harto cuestionados (como el de Hugo Chávez). Y el hecho aún resulta más curioso cuando el ex canciller Fernando de Trazegnies es uno de los asesores técnicos de Keiko.

Un tercer tema omitido por la señora Fujimori y su equipo es el de las Fuerzas Armadas. Curiosamente, un sector al que siempre han apuntado. El Comercio señaló hace poco más de un mes:

Sin embargo, sorprende que no mencionen en ninguna línea a las Fuerzas Armadas. Nada se dice sobre el sistema de remuneraciones ni qué hacer para recuperar la capacidad operativa que se vio afectada por la ‘chatarra’ comprada durante el régimen fujimorista. Vale recordar que tras la caída de Fujimori esta institución vio cómo casi todos sus altos mandos (incluido un jefe del Ejército) terminaron presos por corrupción en el penal para reos primarios (antes San Jorge).

Consultado sobre la omisión, Rey sostuvo que la ausencia de las FF.AA. sí es un error. Dijo que es deber del Estado proporcionar tanto a las FF.AA. como a la Policía Nacional los medios materiales necesarios, así como remuneraciones y pensiones adecuadas. “También proveerlos del equipamiento que requieren para el cumplimiento de su misión, así como el apoyo y los medios legales”, afirmó.

Pero tampoco se dice qué hacer con la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), la entidad que reemplazó al desaparecido Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) que en la época fujimorista sirvió como nido de espionaje, soborno, chantaje y otros delitos. Solo en el eje 12 del pilar 3 (página 39) referido a la seguridad ciudadana, se plantea crear un sistema de información cooperativo interinstitucional que genere datos en el ámbito local, regional y nacional para la prevención y control del crimen y la violencia.

Este tema es aún más importante luego de que se pusiera en evidencia que los servicios de inteligencia, en la actualidad, también vienen jugando su partido en esta campaña. Además de casos como Business Track, claro está.

Una cuarta omisión, señalada por Rosa María Palacios en entrevista con José Chlimper (además de recordarle que la segunda gestión del gobierno de Fujimori fue mala en términos económicos), no existe en el plan ni una sola palabra sobre exportaciones y comercio exterior. Y hablamos de los supuestos “defensores del modelo”.

LO QUE ES DEFECTUOSO

En temas de justicia, el fujimorismo opta por lo micro. Sus únicas propuestas sobre la materia se encuentran en la creación de juzgados de delitos menores para promover soluciones rápidas a este tipo de conductas. En la misma línea apunta el uso de la conciliación para la resolución de conflictos. A pesar del importante número de abogados de su equipo técnico, Keiko Fujimori no presenta reformas mayores sobre la administración de justicia. Tal vez ello se deba al control del sistema judicial durante el gobierno de su padre.

La propuesta laboral de Fuerza 2011 ha sido atacada desde varios lados. Desde el sector más socialdemócrata, varios profesores de derecho laboral de la PUCP han cuestionado los puntos centrales:

La propaganda electoral de la candidata Fujimori plantea incentivos para el trabajo juvenil (programa Mi Primera Chamba) y la creación de una superintendencia de derechos laborales, estos planteamientos no están considerados en su plan de gobierno. Al contrario, el plan de gobierno de la candidata Keiko Fujimori tiene como eje central en materia laboral “Flexibilizar el Empleo”. Dice literalmente “tomaremos medidas inmediatas destinadas a hacer que los costos que las empresas deben pagar al contratar trabajadores se reduzcan considerablemente” ¿A qué costos laborales se refiere? ¿Es necesaria una mayor flexibilización laboral? ¿Qué tipo de empleos plantea para los jóvenes?

Y desde el punto de vista liberal, Hans Rothgiesser indica que:

Quizás su última propuesta fuera de lugar sea la de la creación de una Superintendencia de Derechos Laborales, que la aleja bastante de ser la campeona de la búsqueda de la competitividad. Después de todo, se tiene identificado que el Perú es uno de los países con mayor rigidez laboral, como bien lo repasa este informe de GRADE.

Peor aún, como bien comienza a ser recordado, el programa Pro Joven, bastante parecido a Mi Primera Chamba, existe desde el gobierno de Toledo. Y en lugar de crear nuevos organismos, la señora Fujimori debería potenciar el órgano que ya existe sobre supervisión de cumplimiento de reglas laborales: la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo.

Continuamos con temas económicos. En el caso de los tributos, Ben Solis hizo una comparación de planes y esto fue lo que dijo sobre Fuerza 2011:

Keiko Fujimori (F2011): De acuerdo con su PlanLa tributación debe dejar de ser complicada. Promoveremos mecanismos sencillos de declaración y pago para no ahuyentar a los emprendedores que desean ingresar a la formalización. Dejaremos de emitir normas tributarias sólo para una realidad urbana, será nuestra prioridad reconocer las distintas realidades de nuestro país, incentivando la dación de normas de acuerdo a la ubicación y actividad en las que los contribuyentes se desarrollen. Es interesante eso de adaptar la tributación a los contextos (aunque peligroso, si no se realiza bien). De hecho, es un idea que mencionó Estela en una entrevista por televisión: comprender las transacciones en la costa, sierra y selva; y proponer un sistema tributario que recoja dichas especificidades. No he recortado nada del texto, eso es todo lo que dice el Plan de Fuerza 2011. Sin duda, el más flojo de todos en este aspecto.

Y en temas sociales, se coincide en que el asistencialismo es lo que lo marca. Menciona El Comercio:

El economista Alejandro Indacochea dice que en el plan de Fuerza 2011 se mencionan varios programas sociales, pero no se precisa cómo se van a canalizar y en qué se va a priorizar.

A su turno, Kurt Burneo, economista invitado a apoyar en el plan de gobierno de Gana Perú, hace hincapié en que las propuestas se limitan al aspecto asistencialista, mas no mencionan cómo se hará para darles una capacidad productiva a los sectores más postergados económicamente.

El vocero de Fuerza 2011, José Chlimper, dijo sobre este punto que sí considera necesario promover paralelamente “programas sociales habilitadores de capacidades, como es el caso de Sierra Productiva”.

El plan también busca rescatar la experiencia del Fondo Nacional de Cooperación para el Desarrollo (Foncodes) para la ejecución de proyectos, principalmente en zonas rurales.

Como se recordará, muchos colegios construidos con esos programas presentaron deficiencias durante la década de los noventa. Además, los consultados objetan que el país de los noventa con respecto al de ahora es completamente diferente y se preguntan cuán viable es darle fuerza a un programa centralista, cuando estamos en pleno proceso de descentralización.

Si bien Keiko Fujimori ha dicho recientemente que está de acuerdo con las políticas sociales del ex presidente Lula Da Silva de Brasil, Eduardo Morón asegura que tal estrategia se enfocó en programas eficaces y que priorizaban las necesidades de la población; mientras que el Plan de Fuerza 2011 plantea muchos programas sociales sin darle prioridad a ninguno.

Para cerrar, en materia de seguridad ciudadana – uno de los temas que KF remarca más desde el lema de campaña -, hay severas deficiencias. Gustavo Carrión, ex jefe de la policía, menciona que:

Fuerza 2011.- Propone mano dura contra la delincuencia, la seguridad ciudadana será el eje principal de su gestión, promoverá las brigadas vecinales con el apoyo de las fuerzas armadas, establecerá el trabajo forzado para los reincidentes, en general impulsara penas más severas para los delincuentes.

La propuesta de Keiko Fujimori, si resulta verdaderamente aterradora, además de ser eminentemente punitiva, el fetiche de “mano dura” recogido por ella, nos tiene necesariamente que llevar a decodificar esta mano dura como la vuelta de organizaciones clandestinas al estilo “grupo colina”, más aún si propone militarizar la seguridad de la ciudadanía haciendo participar a las Fuerzas Armadas. Claro está, que ya cuenta con el instrumento legal, producido durante la gestión de Rafael Rey en el Ministerio de Defensa, el Decreto Legislativo 1095, que habilita la participación de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad ciudadana, ya no sólo durante los regímenes de excepción, también en las épocas de normalidad, lo que evidentemente ubica la propuesta en el plano exclusivamente punitivo. A esta propuesta debe adicionarse la participación en la lista congresal, del personaje a quién muchas voces atribuyen la inspiración del supuesto Escuadrón de la Muerte en Trujillo, hecho que viene siendo investigado en esferas judiciales, pero que en todo caso, constituirían prácticas perversas, delictivas y antidemocráticas. De todas las propuestas, además de no enfrentar estructuralmente el problema de la seguridad, constituye una oferta populista, antitécnica e inviable, aumentada con la intención de recurrir a la inclusión imposible de la pena de muerte en la legislación penal nacional.

Estas son graves deficiencias en el plan fujimorista que, además de los ataques, Ollanta Humala debió aprovechar mejor en el soso debate presidencial de anoche.

EL VERDADERO CHAVISMO

Un memorex con las frases más célebres de Martha Chávez, insigne representante del fujimorismo, durante el último decenio.

“Vale matar en algunos casos” (Agosto de 2000, programa Beto a Saber, luego de la Marcha de los 4 Suyos)

“Hay que investigar video Kouri – Montesinos porque en Forrest Gump se hizo montaje con presidentes muertos” (14 de septiembre de 2000, luego de video Kouri – Montesinos)

“Aunque me acusen de montesinista, siempre defenderé al ex asesor del SIN. Estoy segura de que muchas de las cosas que se le atribuyen son meros inventos y patrañas” (27 de octubre del 2000)

“El presidente no se fue entre gallos y medianoche: se fue un lunes por la mañana” (Tratando de justificar la fuga de Fujimori a Japón)

“No solamente huyen los cobardes. También huyen los valientes” (Idem)

“Para mí, los que nos defendieron del terrorismo son inmensamente mejores, a pesar de sus excesos, errores o de los delitos que hubieran cometido, a los miembros de Sendero Luminoso que comenzaron la guerra” (Noviembre de 2006, sobre el grupo Colina, CPN Radio)

“Si la democracia es universidades y cárceles tomadas por el terrorismo, si la democracia es 17 mil kilómetros de carreteras intransitables y ‘perro muerto’, prefiero la dictadura que significa orden y no terrorismo” (25 de marzo de 2007, CPN Radio)

“Defiendo la amnistía de acuerdo al artículo 4 de Convención Interamericana de Derechos Humanos (…) No me interesa si estaban los Colina, es una medida general lo de la amnistía” (3 de febrero de 2011, A Primera Hora)

“El doctor César San Martín tendrá que responder por varias cosas en su momento” (15 de abril de 2011, Willax)

Y las frases de hoy (vía Diario.16)

“Para mí, César San Martín es responsable de una sentencia donde no hay ninguna prueba en contra de Alberto Fujimori. Yo puedo procesar a alguien por indicios, pero nunca condenar sin pruebas… Entonces, no se trata de un juicio justo y ahora él debe rendir cuentas de sus actos”

“Ningún grupo político tiene que ser un rebaño de ovejas y yo discrepo de las estrategias del comando de campaña”

“A partir del 6 de junio comenzará mi batalla”

“El 5 de abril de 1992 fue un acto inconstitucional, efectivamente. Pero, para mí, el 5 de abril significó el esfuerzo de un Presidente que dijo: ‘lo que está no sirve’”

“La modificación de la Constitución de 1993 debe ser una reforma francesa. En ese país el Presidente puede cerrar una vez el Congreso, sin expresión de causa, cuando éste no está a la altura ni en concordancia con las necesidades del Estado”

Lo que le espera al Congreso en los próximos 5 años.

DESPUES DEL 5 DE JUNIO

En su columna del último sábado, Renato Cisneros describía lo que muchos peruanos de clase media pasamos en nuestros ámbitos privados y públicos (incluyendo redes sociales) cada vez que alude a las elecciones. Los insultos e incomprensiones están a la orden del día y, lejos del diplomático “no hablemos de política”, la solución que proponía Renato en su columna era clara: “hay que aprender a hablar de política, de nuestras ideas, temores, del tiempo difícil que se viene”.

Yo coincido con él en esta preocupación. Pero sumo otra: ¿y luego del 5 de junio, qué harán quienes podrían sentirse aliviados con el resultado?

Tengo la certeza de que muchos quienes votarán por Keiko Fujimori no se encontrarán entre los primeros que salgan a la calle a protestar si ejecuta el estilo autoritario que muchos tememos a partir de las declaraciones de sus voceros durante esta semana. Y ello porque los argumentos que justifican su voto se centran en la economía – “Keiko preservará el modelo”, “vota por el futuro (económico) de tus hijos” o “no perdamos lo avanzado” – o, como mencionó Julio Cotler, “en el status” (o la intención de llegar a él, cueste lo que cueste).

De hecho, una situación de alivio mezclada con laxitud se vivió entre varias de las personas que votaron por Alan García y que, al ver que se había transformado en un guardián de las empresas (distinto a impulsor del mercado), dejaron pasar varios intentos de atropellos a los derechos fundamentales o casos de corrupción, hasta que estalló el tema de los Petroaudios. Marco Sifuentes describió el último domingo cómo un sector de la prensa padeció de benevolencia y poca fiscalización, mezclada con harta teoría de la conspiración.

El resultado está a la vista y tenemos a un gobierno que termina entre buenas cifras macroeconómicas, pero con la institucionalidad bastante maltrecha, conflictos sociales y un discurso que prefiere la inversión sin compatibilizarla con el entorno social y ambiental.

Pero también tengo dudas de si mis amigos zurdos que votarán por Ollanta Humala saldrán a reclamar si es que existe algún conflicto socioambiental con alguna empresa brasilera, o exigirán una mejor investigación del caso Madre Mía, por mencionar solo dos ejemplos de problemas posibles. Aunque tendrá a los poderes fácticos tratándolo de controlar.

Así que, no solo hay que aprender a hablar de política, sino también a fiscalizar.

(Columna publicada en Diario 16 el 26.05.11)

LOS DOCUMENTOS DE LA COMISION TOWNSEND SOBRE MILAGROS MARAVI

Aunque el tema ya ha sido expuesto por Ronald Gamarra y la propia Anel Townsend, es necesario que el público conozca cual fue el rol cumplido por Milagros Maraví, integrante del equipo técnico de Fuerza 2011, en materia de derechos humanos.

Para ello utilizaremos el informe final de la Comisión Townsend, de 2001, que señala claramente que ocurrió en estos aspectos. Pueden revisar la versión completa en el link de arriba (páginas 240 a 251). Sobre todo ahora que el video con las declaraciones de Maraví a esta comisión ha sido confiscado por el propio Congreso de la República.

XV . COMISIÓN ESPECIAL DE ALTO NIVEL – CEAN

1. ANTECEDENTES

El gobierno de Alberto Fujimori Fujimori fue uno de los más cuestionados por el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, no sólo porque generó una política sistemática de violación de los derechos de las personas sino por las decisiones políticas de confrontación con el sistema, llegando al extremo de renunciar a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, cuando sentía que se podía producir un pronunciamiento o resolución contra el Estado Peruano, que podía poner en riesgo la continuidad del régimen Fujimori-Montesinos.

El Estado para evitar seguir perdiendo los casos ante la Comisión y Corte Interamericana, en especial, de aquellos casos que podrían significar un cuestionamiento del sistema, mediante Resolución Suprema Nº 068-99-RE de fecha 24 de febrero de 1999, conforman una comisión para brindar asesoría para facilitar la toma de decisiones en relación a procesos seguidos por el Perú ante Organismos internacionales de derechos humanos

De acuerdo al artículo 3 de esta norma, a esta Comisión se le reconoce la facultade representar al Estado Peruano, previa aprobación del Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando sea requerida la representación, ante funcionarios u organismos internacionales, en las tareas o funciones vinculadas a su mandato.Para este efecto, sus integrantes tenían la condición de Embajadores en Misión Especial.

Al inicio la Comisión Especial de Alto Nivel estuvo conformada por abogados especializados en la materia:
– Dr. Edgardo Mosqueira Medina

– Dr. José Alberto Bustamante Belaunde

– Dr. Aníbal Quiroga León (renunció a esta comisión posteriormente, nota de DTP); y,

– Dra. Milagros Maraví Sumar

3. ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI ORDENO QUE LA COMISION TENIA QUE COORDINAR ALGUNOS CASOS CON VLADIMIRO MONTESINOS TORRES

Al momento de la creación del CEAN, sus integrantes se reunieron en dos oportunidades con el ex presidente Alberto Fujimori Fujimori, en el que trataron temas referidos a la nueva estrategia de defensa en los casos en que estaba denunciado el Estado Peruano. Según Milagros Maraví, en una de esas reuniones el ex presidente les dijo que algunos casos tenían que coordinar con Vladimiro Montesinos Torres.

Por esta razón, la doctora Milagros Maraví, ha señalado en su declaración ante la Comisión realizada el 05 de junio del presente año, que fue al SIN en dos oportunidades para conversar con el ex asesor. Uno de los casos que trató en esta reunión fue el “Caso Cesti”. Sin embargo, refirió que se trataba de reuniones breves de quince minutos, donde escuchaban al ex asesor, ya que él no decidía nada. A esta reunión acudió en compañía del doctor Rolando Yzaguirre Maccan.

Milagros Maravi, sobre las reuniones que sostuvo con el ex presidente AlbertoFujimori y Vladimiro Montesinos, señala:

La participación del Presidente de la República, yo la verdad es que en algunos casos he visto que el directamente decidía los temas y que además siempre estaba informado de cualquier tema, en cualquiera de los casos ante la CIDH.

Yo no tengo la información necesaria para saber si es que el tomaba decisión en todos los casos, porque nosotros coordinábamos con la Cancillería o con Justicia a través del Consejo Interamericano de Derechos Humanos, o con el Presidente directamente.

Y en el caso de Vladimiro Montesinos, la verdad que yo no coordinaba cuestiones, o sea no he podido ver que él tome decisiones sobre temas de derechos humanos. Si embargo, en algunos casos sí el Presidente indicaba que cuando se trataba, en algunos casos que yo he visto por lo menos; si hago el análisis yo diría, en aquellos casos, que eran mas o menos ni siquiera importante, casi en varios de los casos en que había involucrado algún tipo de actuación o de cuestión relativa de las Fuerzas Armadas,siempre había la indicación, o no siempre, bueno, en esos casos la indicación de ir y exponerle el asunto, porque había que tomar alguna decisión sobre el levantamiento de los embargos en el caso Chasse.

7. EL CEAN PREPARÓ A ANDERSON KOHATSU Y ENRIQUE OLIVEROS PEREZ PARA DECLARAR EN EL CASO DE LA INTERCEPTACION TELEFONICA

Asimismo, Milagros Maraví y Rolando Yzaguirre Maccan han señalado que en el caso de la interceptación telefónica, se encargaron de preparar a los testigos que el Estado iba a presentar en Washington. Ellos reconocen que faltando pocos días para la audiencia, recibieron una llamada donde les decía que sería conveniente presentar testigos en esta caso. Entonces ellos concertaron una cita y se reunieron para preparar los testimonios.

Ante la Comisión Milagros Maraví señaló:

“Fue pocos días antes de las audiencias, no me acuerdo si semana y media o dossemanas antes, que nos informan quiénes son los testigos, y esos nombramientos fueron por Defensa, creo. Y tenemos una reunión con un procurador o con dos procuradores,con Sergio Tapia y con el doctor Cavagnaro

(Nota de DTP, ver más sobre Sergio Tapia aquí, aquí y aquí)

Sin embargo señala que también ellos se preguntaron si en verdad esto iba a funcionar. Así dice:

“Claro, y nosotros preguntamos, creo, a través de Alberto Bustamante, al Presidente, bueno, si finalmente esto iba a funcionar así, o sea si iban a haber testigos y todo el tema.Y no recuerdo si ha sido a través de PCM que ha llegado, sí, son tales, o a través de Defensa mismo y del Consejo Nacional de Derechos Humanos”.

Estas personas se pusieron a disposición de la Comisión Especial de Alto Nivel con un oficio del Ministerio de Defensa, que debe estar en los archivos en la Cancillería. Sin embargo, este hecho fue una muestra no sólo de que la política del Estado peruano era la misma sino peor; por primera vez ante una instancia internacional de protección de los derechos humanos se estaba presentando auna persona que había estado detenido y procesado por haber cometido delito de tortura.

De acuerdo al testimonio del doctor Rolando Yzaguirre Maccan se presentó como testigo a Anderson Kohatsu con la finalidad de desacreditar a la testigo que había denunciado la interceptación Telefónica, Luisa Margarita Zanatta Muedas. Siguiendo el testimonio de Yzaguirre Maccan:

“Concretamente, en el caso del señor Anderson Kohatsu, lo que sucedía era que en el caso que se ventilaba había un testimonio que había ofrecido una persona. Y el objeto del testimonio de Anderson Kohatsu era demostrar la falta de objetividad del testigo porque había una relación personal. Y entonces, el objeto del testimonio del señor Kohatsu era —digamos— desvirtuar la objetividad del testimonio ofrecido por los beneficiarios.

Se discutió en esas reuniones de preparación el tema de los antecedentes del señor Kohatsu y, según informó el mismo procurador, agente del caso, el señor Anderson Kohatsu, originalmente no había sido sindicado por la señora La Rosa como los agentesque cometieron los actos de tortura, sino que en un acto posterior fue incorporado el proceso, y en el proceso no fue sentenciado. Había y hay agentes que están sentenciados y que están purgando condena. Si había sido un funcionario que había sido sindicado, que había sido sometido a un proceso y que había sido suelto de un proceso en el cual había y hay condenados, no había elementos para considerar que esas imputaciones eran ciertas. Pero el objetivo fundamental era —repito— sopesar a la prueba ofrecida en la Comisión, de que hay un testimonio de que el testimonio de parte era un testimonio parcializado. Ése es el objetivo procesal”.

Aquí termina la transcripción de las partes pertinentes del informe. Conviene recordar otro detalle. La llegada de Anderson Kohatsu causó toda una tormenta diplomática (con intento de detención incluido) y un descrédito total del país. Guillermo Gonzáles Arica escribió para Caretas en el 2000 que:

Oliveros y Anderson sostuvieron que en el Perú no se realizan interceptaciones telefónicas. Oliveros se exaltó. Con periódicos en la mano manifestó que le habían inventado su firma para involucrarlo en el “inexistente Plan Octavio”. Anderson fue parado de sopetón por el presidente de la Comisión cuando intentó contar su relación sentimental con Luisa Zanatta. “Señor ésta es la causa sobre la interceptación telefónica y no sobre Luisa Zanatta”, observó el brasileño. Anderson replicó: “tengo derecho a hablar”. Bicudo replicó “ese derecho no lo puede ejercer aquí”.

Anderson se limitó a leer un papel a manera de respuesta a las preguntas que le formulaba el Procurador público Sergio Tapia. Miembros de la OEA comentaron después “él tenía que testificar de lo que sabía y no de lo que estaba escrito. ¿A qué testigo se le escribe lo que tiene que decir?”.

“Todo salió bien. Repetimos el mismo operativo por la tarde”, decía en su pequeño celular el segundo secretario de la embajada peruana Eduardo Zevallos. Se refería al “operativo” para que el tortuador no fuera visto por la prensa, que estuvo a su cargo. Penosa labor para un diplomático peruano.

Y encima nadie sabe qué salió bien. Anderson fue plenamente identificado por la prensa. Y lo más importante, su testimonio ha constituido una especie de harakiri ante la CIDH. Como se sabe no todos los días un Estado miembro de la OEA tiene el desatino, por decir lo menos, de presentar a un torturador como testigo.

Para mayor referencia, pueden ver en forma completa la transcripción de la sesión de la Comision Townsend en la que declaró Milagros Maraví. Un resumen de las mismas fue presentado hoy por el diario La República.

Ante la comisión, Maraví indicó que los casos que trató con Montesinos fueron los de la pensión a Leonor La Rosa, así como el levantamiento de los embargos a Gustavo Cesti, ex broker del Ejército cuyo caso, por temas de debido proceso, llegó a ser sentenciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Maraví indicó que las visitas al SIN para hablar con Montesinos fueron por orden del ex presidente Fujimori.

En dicha declaración, Maraví señaló que la presentación de testigos en los casos La Cantuta e Interceptación Telefónica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue una decisión de Fujimori. Los testigos fueron enviados por el Ministerio de Defensa, según señaló la abogada. Maraví también indicó que Sergio Tapia fue quien preparó las declaraciones de Anderson Kohatsu y Oliveros Pérez.

Hasta el momento, la abogada no ha brindado declaraciones a la prensa sobre este tema.

PROTESTAS EN PUNO

Desde hace dos semanas se viene produciendo un paro en el sur de Puno, que ahora se ha extendido a varias zonas de la región. En su columna de hoy en Diario 16, Javier Torres Seoane explica que es lo que ha ocurrido:

Mientras escribo esta columna, miles de manifestantes han llegado a la Plaza de Armas de Puno. Como ocurriera hace varios años la población del sur de Puno, predominantemente aymara, se ha movilizado. Esta vez no en contra de un alcalde cuestionado como en Ilave 2004 sino en contra de la presencia de las empresas mineras. La protesta lleva varios días y ha puesto en jaque al nuevo presidente regional Mauricio Rodríguez quien se ha visto obligado a firmar una ordenanza contra la minería que a todas luces es anticonstitucional, ya que invade las competencias del gobierno nacional.

Mientras tanto, nuestro siempre alegre presidente de la República ha declarado que estamos ante un “paro electoral” y ha autorizado el ingreso de las Fuerzas Armadas. El Ministerio de Energía y Minas ha enviado una Comisión de alto nivel que, lejos de dar una salida al tema, no ha tenido mejor idea que conformar un grupo de trabajo y en cierto momento evitó llegar a Puno aduciendo razones de seguridad. Finalmente el diálogo ha girado en torno a una demanda prácticamente innegociable: la suspensión de las concesiones mineras en toda la región.

Ciertamente, tras las demandas de la población, hay un conjunto de pedidos entremezclados: preocupaciones reales por concesiones que afectan la Laguna Umayo en el Complejo Arqueológico de Sillustani en Puno y el “Apu” Khapía en Yunguyo , otras que tienen que ver con la exigencia de mayores recursos a la minería, a lo que se suma la agenda particular por la lucha entre el Ejecutivo regional presidido por Mauricio Rodríguez y la mayoría del Consejo Regional que pertenece al movimiento Raíces, que fue derrotado en la segunda vuelta regional y que es liderado por el recientemente electo congresista por Perú posible y ex alcalde de Puno, Mariano Portugal.

Esto resulta bastante claro ya que lo que se inició como un movimiento de protesta contra el proyecto minero Santa Ana de la empresa Bear Creek por mayores recursos para comunidades de la zona de impacto indirecto, se convirtió por obra del Consejo Regional en alianza con el Frente de Defensa de la Zona Sur, en una propuesta de ordenanza de suspensión de toda la actividad minera en la región, que fue firmada a regañadientes por el presidente Rodríguez, lo que previsiblemente le generara una denuncia del gobierno nacional por la invasión de fueros.

Como vemos, la situación es bastante compleja y el gobierno nacional opta por lo de siempre – el “meta bala” – cuando no supo evitar que la situación llegara a este extremo. Además, comienza a verse lo nocivo de elegir por separado al presidente regional y a los integrantes del consejo regional, dado que se podía llegar a situaciones de ingobernabilidad, como advirtió Martín Tanaka hace más de un año.

Mientras, crece el número de personas movilizadas por la protesta, así como quienes se ven afectados por la misma. Todo ello mientras la Defensoría del Pueblo llama al dialogo, donde no parece existir vocación alguna por el mismo.

Lo ocurrido llama a preguntar a los dos candidatos a la Presidencia que es lo que harán frente a los conflictos sociales, que no desaparecerán luego de las elecciones, ni del 28 de julio.

(Foto: Lucero Papa – La Mula)

LA HORA DE LA VERDAD

Ayer, en un acto que me averguenza como católico, se leyó al final de varias misas un comunicado del “clero de Lima” a favor de Juan Luis Cipriani y en contra de las expresiones vertidas por Mario Vargas Llosa.  Digo en varias porque, afortunadamente, hay sacerdotes que no se prestaron para esta vergonzosa mezcla de púlpito y mitin político.

Frente a ello y a un pastor poco congruente con el mensaje del Evangelio que dice predicar, creo que es necesario reproducir en forma completa lo que dijo MVLL sobre el Cardenal, así como sobre la coyuntura peruana. El artículo titulado La Hora de la Verdad merece leerse, meditarse y difundirse. Que sepa Cipriani que no nos representa a todos los católicos:

LA HORA DE LA VERDAD – MARIO VARGAS LLOSA

Aunque no soy creyente, tengo muchos amigos católicos, sacerdotes y laicos, y un gran respeto por quienes tratan de vivir de acuerdo con sus convicciones religiosas. El cardenal Juan Luis Cipriani, arzobispo de Lima, en cambio, me parece representar la peor tradición de la Iglesia, la autoritaria y oscurantista, la del Index, Torquemada, la Inquisición y las parrillas para el hereje y el apóstata, y su reciente autodefensa, Los irrenunciables derechos humanos, publicada el 1 de mayo en Lima, justifica todas las críticas que en nombre de la democracia y los derechos humanos recibe con frecuencia y, principalmente, de los sectores católicos más liberales.

En su texto, desmiente que dijera jamás que “los derechos humanos son una cojudez” (palabrota peruana equivalente a la española gilipollez) y afirma que, en realidad, a quien aplicó tal grosería fue sólo a la Coordinadora de Derechos Humanos, una institución dirigida por una ex religiosa española, Pilar Coll, que durante los años de las grandes matanzas perpetradas por la dictadura fujimorista llevó a cabo una admirable campaña de denuncia de los crímenes, torturas y desapariciones que se cometían con el pretexto de la lucha contra Sendero Luminoso. (La Comisión de la Verdad, que presidió el ex rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Salomón Lerner, ha documentado estas atrocidades).

El cardenal Cipriani desmiente, además, que durante la dictadura hubiera guardado silencio frente a uno de los crímenes colectivos más abyectos cometidos por Fujimori y sus cómplices: la esterilización, mediante engaños, de unas 300.000 campesinas a las que, por orden del dictador, los equipos del Ministerio de Salud ligaron las trompas o castraron, asegurándoles que se trataba de simples vacunas o de una medida que sólo temporalmente les impediría concebir. ¿Cómo es que nadie se enteró en el Perú de que el arzobispo había encontrado reprobables estos atropellos? Porque en vez de protestar públicamente ¡se limitó a hacerlo en privado, es decir, susurrando con discreción su protesta en el pabellón de la oreja del dictador!

El cardenal no suele ser tan discreto cuando se trata de protestar contra los preservativos y no se diga el aborto, o, para el caso, contra quienes en esta segunda vuelta de las elecciones peruanas apoyamos a Ollanta Humala. Por ejemplo, por haberlo hecho yo, me ha amonestado de manera estentórea y nada menos que desde el púlpito de la catedral de Lima, durante un oficio. Me ha pedido “más seriedad” y ha clamado que cómo me atrevo a dar consejos por quién votar a los peruanos. El cardenal está nervioso y olvida que todavía hay libertad en el Perú y que cualquier ciudadano puede opinar sobre política sin pedirle permiso a él ni a nadie. (Claro que las cosas cambiarán si sale elegida la señora Fujimori, la candidata a la que él bendecía en aquel mismo oficio en el que me prohibía opinar).

No sólo el arzobispo de Lima se excede en estos días de campaña y guerra sucia en el Perú. Una connotada fujimorista, también del Opus Dei, como monseñor Cipriani, Martha Chávez, ha amenazado públicamente al presidente del Poder Judicial, el doctor César San Martín, eminente jurista que presidió el Tribunal que condenó a 25 años de cárcel a Fujimori por crímenes contra los derechos humanos, con esta frase profética: “Tendrá que responder en su momento”.

Pero acaso lo más inquietante sean los intentos de purgar a los medios de comunicación, principalmente los canales de televisión, de periodistas independientes y probos, que se resisten a convertirse en propagandistas de la candidatura de la hija del ex dictador. El caso más sonado ha sido el de Patricia Montero, productora general, y José Jara, productor de un noticiero, ambos del Canal N, despedidos, según ha denunciado la primera de ellos, porque los directivos estimaron que habían “humanizado” al candidato Humala en los boletines (¿pretendían que lo animalizaran, más bien?). Estos despidos han provocado una verdadera tempestad de críticas, entre ellas de los más prestigiosos periodistas del propio Canal N, en defensa de sus colegas, y amenazas de renuncias masivas en caso de que continúe la caza de brujas. Lo cual parece haber paralizado por el momento el despido de la prestigiosa y experimentada periodista del Canal 4, Laura Puertas, a quien se reprocha también, por lo visto, padecer de total ineptitud para el servilismo.

Finalmente, una denuncia publicada el miércoles 4 de mayo en el diario La Primera, que dirige César Lévano, precisa que el gobierno, apoyado por empresarios mineros, habría encargado a los servicios de inteligencia del Estado un Plan Sábana, destinado a destruir la campaña de Ollanta Humala con los métodos delictuosos -espionaje telefónico, operaciones calumniosas y escandalosas filtradas a la prensa para minar su prestigio y el de su entorno familiar utilizando mercenarios y provocadores- con que, en 1990, el gobierno conspiró contra mí cuando yo fui candidato a la Presidencia. La denuncia proviene, al parecer, de militares y civiles del servicio de inteligencia indignados de que se los utilice para fines políticos ajenos a su misión específica.

Todo esto merece una reflexión. Si estas cosas comienzan a ocurrir ahora, en plena campaña electoral, ¿no es fácil imaginar lo que sucedería en el caso de que la señora Fujimori ganara las elecciones y la dictadura fuji-montesinista recuperara el poder oleada y sacramentada por los votos de los peruanos? Los periodistas decentes y responsables expulsados de sus puestos no serían cinco (también han sido despedidos tres de Radio Líder, Arequipa) sino decenas, y las radios, los canales y los periódicos convertidos, como lo estuvieron durante los ocho años de oprobio que vivió el Perú, en órganos de propaganda encargados de justificar todas las tropelías y tráficos del poder y de cubrir de injurias y calumnias a sus críticos. No sólo el doctor César San Martín sería víctima de su probidad y entereza magisterial. Todo el Poder Judicial se vería una vez más sometido a una criba implacable para apartar de sus cargos, o reducirlos a la total inoperancia, a los jueces que se resistieran a ser meros instrumentos dóciles del gobierno. Reparticiones públicas, Fuerzas Armadas, empresas privadas, serían, otra vez, incorporadas al sistema autoritario para que, de nuevo, el país entero quedara a merced del puñadito de forajidos que, entre los años 1990 y 2000, perpetró el más espectacular saqueo de las arcas públicas y los más horrendos crímenes contra los derechos humanos de nuestra historia.

Quienes quieren semejante futuro para el Perú no son muchos, pero sí son poderosos y, como están asustados con la perspectiva de que Humala gane las elecciones y cometa los desafueros y horrores de Hugo Chávez en Venezuela, están dispuestos a cualquier cosa con tal de asegurar el triunfo de Keiko Fujimori. Extraordinaria paradoja: con tal de evitar el socialismo, que venga el fascismo. ¡Y todo eso, en nombre de la libertad, de la democracia y del mercado libre!

En verdad, la disyuntiva que tiene por delante el Perú en las elecciones del 5 de junio próximo, es la de salvaguardar la imperfecta democracia política que tenemos desde hace 10 años y una política de mercado y de apertura al mundo que ha hecho crecer nuestra economía de manera notable, o volver a un régimen dictatorial que, guardando ciertas formas institucionales, restablecería en el gobierno a quienes, en complicidad con Fujimori y Montesinos, destruyeron el Estado de derecho, se enriquecieron cometiendo las más descaradas pillerías y durante ocho años perpetraron horrendos crímenes con el pretexto de combatir la subversión. A mi juicio en semejante disyuntiva la peor opción es Keiko Fujimori.

Ollanta Humala ha hecho un “Compromiso con el Pueblo Peruano” que conviene tener muy presente, no sólo a la hora de votar por él, sino sobre todo una vez que acceda al gobierno, para recordárselo cada vez que parezca apartarse de alguna de sus promesas. No habrá reelección. Se cumplirá con los tratados firmados, no habrá estatizaciones, se respetará el derecho de propiedad y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs), la lucha contra la corrupción será implacable, habrá una política de apoyo social sostenida, sobre todo en los campos de la educación y la salud pública, para los sectores más desfavorecidos, así como estímulos y facilidades para la formalización de las empresas. El respeto al pluralismo informativo, a la independencia de la prensa y al derecho de crítica será total. Estos puntos han sido expresados, además, de viva voz, en las reuniones que ha celebrado el candidato con la confederación de empresarios y las asociaciones de prensa. Todo esto es perfectamente compatible con la democracia y con las políticas de mercado vigentes y tiende a perfeccionarlas, no a recortarlas ni menos suprimirlas. No sólo depende de la voluntad de Ollanta Humala que este compromiso se cumpla. Depende, sobre todo, de que quienes lo apoyemos en la elección del 5 de junio dejemos claro que es a estas políticas a las que damos nuestro apoyo y que nos mantendremos firmes exigiendo su cumplimento.