CASTIGANDO A LA JUSTICIA


Imaginemos que nos encontramos en Colombia y que tenemos a una Sala Penal que ha podido, en un proceso que ha cumplido con todas las garantías, condenar a los principales jefes de las FARC y del ELN, que ha comenzado a sancionar a los líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia y al que, por su eficiencia, también va a comenzar a ver los casos de narcotráfico.

Frente a una Sala así, lo menos que haría usted, si es que fuera Presidente del Poder Judicial, es mandar al presidente de dicha Sala a hacer labores meramente administrativas como “coordinador”.

Pero no estamos en Colombia, sino en Perú, y es lo que ha ocurrido con Pablo Talavera, el Presidente de la Sala Penal Nacional.

Esta Sala ha resuelto varios de los casos más importantes del país. Ha sido el colegiado que ha logrado condenar a penas bastante altas a las cùpulas de Sendero Luminoso y del MRTA, en procesos que han cumplido los estándares del debido proceso. Incluso, en el caso de Abimael Guzmàn, la Sala presidida por Talavera fue la primera en aplicar la teoría de la autoría mediata, la misma que es base de la acusación contra Alberto Fujimori.

Asimismo, la SPN ha resuelto algunos casos importantes en materia de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado. El juicio màs sonado fue el de la desapariciòn del estudiante Ernesto Castillo Paez, cuyos ejecutores han sido condenados a penas de 16 y 15 años de prisiòn.

Esa buena labor fue premiada por el Poder Judicial, al encargarle a la Sala el procesamiento de narcotraficantes y de bandas organizadas, lo cual se sumaría a los casos de derechos humanos aún pendientes.

Sin embargo, Talavera, quien fue el constructor de esta experiencia y uno de los magistrados con mejor capacitaciòn de su generaciòn, pasarìa a labores meramente de coordinaciòn. Hace unos dìas, el magistrado renunciò a este puesto.

Inmediatamente surgieron las especulaciones. Versiones periodísticas dieron cuenta de celos de miembros del Consejo Directivo del Poder Judicial – alguno de ellos, cuestionado recientemente -, las cuales han sido desmentidas por este poder del Estado y por el propio Talavera. Sin embargo, a pesar de lo que ambas partes puedan decir, algo en esa relación parece haberse roto para que a un buen magistrado lo manden a hacer labor de papelería.

Pero no dejo de descartar otra hipótesis. A inicios de este año, Talavera anunció que la Sala Penal Nacional tendría como prioridad los casos de derechos humanos, entre ellos, varios de los ocurridos durante el primer gobierno de Alan García, en los que, incluso, el Presidente podría ser llamado como testigo. Como se sabe, estos son los casos que no dejan dormir a varios en el actual gobierno y no se pueden descartar presiones sobre este tema.

Sea la razón que fuere, el Poder Judicial ha cometido un error bastante grave. Esperemos que el reemplazo de Talavera responda a la altura del encargo y que, en suma, los casos que le toquen resolver a la Sala Penal Nacional sigan teniendo la misma calidad de sentencias con las que contaba hasta este momento. La confianza en la justicia dependerá mucho de ello.

UNA PRUEBA PARA EL PODER JUDICIAL

El señor al que ven entregando un diploma se llama Luis Mena Nuñez y es miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Mena es el representante de la sociedad civil dentro del gobierno de este poder del Estado, cargo al que llegó luego de haber sido Decano del Colegio de Abogados del Cuzco.

Pero este personaje no merecería estar dentro de esta lista selecta de personajes encargados de llevar a cabo lo que debería ser una reforma judicial – por cierto, ¿alguien se acuerda de ella? – que garantice los derechos de todos y que, de una vez por todas, evite que la judicatura sea la “pata coja” de la mesa institucional en nuestro país.

La semana pasada, el programa La Ventana Indiscreta denunció una serie de inconductas cometidas por Mena. De un lado, el uso de los vehículos asignados a su despacho para actividades extralaborales – como una asistencia al casino junto al Gerente del Poder Judicial -, cuestión que parece ser moneda común en varios funcionarios públicos.

De otro lado, y aquí viene lo más grave, este miembro de la cúpula del Poder Judicial ha gestionado la ayuda legal para ayudar a su amigo Julián Quispe Anchaya, personaje que tiene varios litigios pendientes con la Beneficiencia Pública del Cuzco. La mayor perla de este personaje es el no pago de una multa al INABIF que pudo servir para la atención de necesidades urgentes en la ciudad imperial, uno de cuyos inmuebles propiedad de la Beneficiencia es concesionado por Quispe para habilitar un hotel que nunca pudo ser explotado en las condiciones requeridas por el organismo estatal. Por el puesto en el que se encuentra, Mena no podia hacer este tipo de gestiones, al existir un claro conflicto de interés e influencias.

Pero no son las únicas perlas de Mena Nuñez, quien ha sido reelegido en dos oportunidades en el cargo que actualmente ocupa. Para comenzar, la última reelección de Mena por parte de la Junta de Decanos de Colegios de Abogados fue bastante cuestionada, de acuerdo con un informe de Justicia Viva:

Y así, durante toda la reunión, Mena pudo opinar y hablar sobre todos los temas que se trataron, como si se tratara de un Decano en funciones, cuando -insistimos- ya no lo es, y se debió restringir su participación al momento en que se pasara a elegir al representante de la Junta ante el CEPJ.

Pero lo más grave no es esa participación irregular sino otro hecho que fue vox populi en el evento, y que nosotros preguntamos por su veracidad directamente a Luis Mena y a los decanos de los abogados allí presentes: ¿es cierto que antes de su elección, Luis Mena hizo varios regalos?

Se habla concretamente de cuatro regalos que van de menos a más. 1) Camisetas del club de fútbol Cienciano del Cusco a todos los decanos allí presentes. 2) El pago de un comunicado público de la Junta de Decanos contra la ley que restringe la participación de la sociedad civil en la OCMA. En la Asamblea, Mena se ofreció abiertamente pagarlo con sus propios recursos, y el comunicado llegó a salir publicado días después. 3) El pago de un almuerzo de todos los decanos que asistieron a la reunión, tan solo unos horas antes del acto de elección. 4) Los pasajes y estadías de un buen número de decanos o representantes que acudieron a votar.

Como hemos dicho, solo tenemos la versión de algunos Decanos y periodistas, razón por la que no afirmamos que estos hechos se hayan producido, pero sí creemos necesario que haya un esclarecimiento y qué mejor forma que preguntar directamente al propio Mena y a los decanos: ¿se hicieron o no estos regalos antes de la elección? Porque si son ciertos es evidente que estaríamos ante unas elecciones cuestionables.

Por cierto, hasta ahora la respuesta de Mena se espera. Pero no es su única perla.

Mena ha sido uno de los pocos defensores de Angel Romero, el destituido ex Presidente de la Corte Superior de Lima, expulsado del cargo por ir en contra de un precedente obligatorio del Tribunal Constitucional. Mena fue uno de los que votó en contra de la suspensión de Romero. Asimismo, el ya citado reportaje de Marco Antonio Vásquez registró otras cuestionadas resoluciones en su actuación como parte de los órganos de control del PJ:

Unas de las funciones del doctor Mena es revisar las sanciones que impone la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA). El año pasado, Luis Alberto Mena votó en contra de las sanciones que la OCMA, presidida por la vocal Elcira Vásquez, impuso a varios jueces cuestionados en el país. Por ejemplo, votó contra de la sanción impuesta a los jueces de Chiclayo que fueron sorprendidos bailando y celebrando con su propio procesado. Por si fuera poco se opuso también a la sanción al juez que liberó a los delincuentes que secuestraron al desaparecido empresario Li Chau.

Ya varios organismos de la sociedad civil – como el Colegio de Abogados de Lima – han pedido una investigación que ahora estará en manos de la OCMA. Y sus colegas abogados también debieran pensar en una sanción para este personaje que refleja muchas de las debilidades de una profesión que se ha visto desprestigiada durante muchos años.

Si otorongo no come otorongo, ¿juez comerá juez? El Poder Judicial tiene la palabra.

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Justicia Viva: El escándalo Mena Nuñez

UN CLAN EN PROBLEMAS

Cada día que abro los diarios y veo noticias sobre narcotráfico, recuerdo una frase que le escuché a Santiago Pedraglio hace algunos meses en una conferencia sobre Independencia Judicial y Lucha Anticorrupción: Si hay un filón de investigación que los periodistas deben seguir es el tema del narcotráfico, pues será la principal amenaza de los próximos años. A todos nos sorprendió la observación de Pedraglio, pero, a la luz de los acontecimientos recientes, tiene una lucidez que hoy es digna de admiración.

El periodismo le hizo caso a Pedraglio. Si bien ya el caso de Fernando Zevallos venía siendo objeto de seguimiento por la prensa, el rango de medios que tocaban el tema se fue ampliando y se fueron encontrando otras pistas de sus vinculaciones con políticos y otras bandas de narcotraficantes. Ello permitió conocer a más personajes implicados en la trama de esta organización criminal y, además, que el caso, a pesar que judicialmente se encuentra encaminado – con una sentencia de 20 años de prisión mediante – tenga más sorpresas que ofrecernos.

Un segundo caso que hoy ocupa al periodismo nacional ha sido el de la familia Sánchez Paredes. Esta semana, en una inusual conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, el mismo Presidente de la República anunció el inicio de investigaciones preliminares al patrimonio de este clan familiar, lo que implica que más de un centenar de empresas se encuentren bajo la lupa del Ministerio Público. Los Sánchez Paredes respondieron con un comunicado a toda página en El Comercio, en el que señalaban su disposición de colaborar con la justicia.

Todos los indicios apuntan a que la fortuna de esta familia tiene vínculos con el narcotráfico. Pero el abanico de investigaciones no se debiera limitar a las cuestiones meramente crematísticas, sino también a los vínculos con nuestra política. Como bien lo señala hoy Caretas:

El temor por las juntas de algún sector del aprismo puede volver a influenciar los cálculos de García un cuarto de siglo más tarde.

Para muestra un botón. Esta revista dio a conocer en marzo del 2007 que el abogado aprista José Abanto Verástegui era un cercano asesor de Luis Alva Castro, apenas designado como ministro de Interior, quien también se desempeñaba como abogado y director gerente general de Exploraciones Algamarca S.A., de propiedad de los Sánchez Paredes.

La ex jefa de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), Pilar Freitas, fue despedida del cargo en febrero del 2007 y atribuyó su salida a las presiones de apristas vinculados con los Sánchez Paredes. Señaló a quien fue su propio superintendente nacional adjunto, Manuel García Torres, por intentar favorecer a los Sánchez Paredes en el complejo litigio que sostienen con la minera canadiense Sulliden Shauindo. Como consecuencia diarios trujillanos asociados con el ala dura aprista comenzaron a atacarla sin tregua. Freitas también relató supuestas presiones de Abanto Verástegui y del propio Orlando Sánchez Paredes, quien se habría atribuido “contactos e influencias” (CARETAS 1966).

En ediciones posteriores se reveló que Belisario Esteves, ex ministro de Comercio durante el primer gobierno aprista, aparece como socio de Orlando Sánchez y se documentó también la relación de esta familia con viejos apristas trujillanos y jueces vinculados al partido de la estrella.

Y claro, no olvidemos dos revelaciones recientes: Abanto Verástegui está vinculado a la familia Wolfenson y el nuevo abogado del clan sea nada menos que César Nagasaki, el patrocinante de Alberto Fujimori.

Desentrañar una red de narcotráfico no es tarea fácil. Y para ello se requiere que se tenga una buena red de jueces y fiscales lo suficientemente independientes y un sistema de protección a testigos que pueda impedir presiones, amenazas y asesinatos. Este es un punto que los Ministerios de Economía y Justicia deberían concertar con el Poder Judicial y el Ministerio Público, a fin de contar con la voluntad política y recursos suficientes para proceder con este tipo de esfuerzos.

Si el gobierno quiere emprender en serio esa tarea, por allí es el camino que deba iniciar. Y allí no hay dudas que valgan.

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Caretas: El último ajuste
Perú.21: Testigos clave del caso Zevallos en peligro
Fernando Vivas: La estamos peleando
Ricardo Soberón: Coca, Estado y narcotráfico

GOBIERNO VS JUSTICIA

Durante el primer gobierno de Alan García, se acusó – con justicia – al partido de gobierno de pretender copar al Poder Judicial, tarea que se cumplió con creces durante la segunda mitad de los años ochenta.

Pero en esta nueva experiencia de gobierno, la línea es otra: pelearse con los órganos de justicia, nacionales e internacionales. Basta hacer un rápido repaso a la lista de hechos de los últimos días para comprobar que el gobierno viene en un serio conflicto no solo con dichos organismos, sino con lo que representan: el respeto a la legalidad, la Constitución y los derechos fundamentales de las personas.

El primer caso es el de la devolución de los aportes al FONAVI. Como lo comenté la última vez que traté este tema, el gobierno se ha empecinado en buscarle torcer el brazo al Tribunal Constitucional. Lo ha hecho con un abierto apoyo al Jurado Nacional de Elecciones y ahora busca que el Tribunal “consulte” con el Poder Ejecutivo la siguiente sentencia sobre este problema. Consulta que, claro esta, implica que el TC no vuelva a decir que se tienen que devolver los aportes de los trabajadores para un Fondo de Vivienda que se utilizó escasamente para los fines para los que fue creado.

Pregunta: ¿por qué el gobierno sigue buscando tres pies al gato para no cumplir una sentencia que, nos guste o no, tiene que acatarse?

Pero allí no quedan las cosas. La reciente huelga de los trabajadores del Poder Judicial – hecho convertido, por su repetición, en un clásico de la política peruana – ha vuelto a sacar a la luz el añejo conflicto por el presupuesto del Poder Judicial. Luego que no aumentaran la suma destinada para sus actividades y con la huelga ya declarada, se aprobó una norma para entregar un bono a cada trabajador. Como los fondos dependen del Ministerio de Economía y Finanzas, Jorge del Castillo apuesta a la malcriadez como medio para negarle a Francisco Távara cualquier monto con relación a este tema, olvidando que existe una disposición legal que lo obliga a pagar esta suma.

Y claro, esto nos lleva a preguntar, tanto a Del Castillo como a Távara, si es que ambos han leído la sentencia del TC sobre el presupuesto del Poder Judicial, que señala la autonomía de este poder del Estado para elaborar sus propias cuentas y que, además, implica que el PJ tenga metas y objetivos claros en materia de reforma judicial. ¿Pueden decir ambos funcionarios que han cumplido con este deber?

Para culminar, en lo que constituye una más de sus desatinadas declaraciones, Jorge del Castillo insistió en la defensa a ultranza de Francisco Morales Bermúdez. Como dijimos durante el fin de semana, la actitud negativa que tiene el gobierno hacia lo que parece ser una declaración judicial de rutina implica el menosprecio que tiene hacia los derechos de todos, incluyendo los del propio Morales Bermúdez, que quiere acudir a la cita con la justicia.

Peor aun, se sigue insistiendo en no pagar las indemnizaciones en el caso Castro Castro y presentar este hecho como si fuera un logro del Estado peruano. Como lo señala el ex secretario ejecutivo de la CVR, Javier Ciurlizza:

“Naturalmente, hay un sentimiento comprensible por la magnitud de los crímenes de SL, pero ese es un tema político interno. En términos jurídicos, si la CIDH determinó que hubo violación de derechos humanos, el Estado está obligado a restituir esos derechos”.

¿Por qué el gobierno actúa de esta manera en estos casos? Mi hipótesis es que, al no tener oposición política, se siente bastante cómodo con no tener ningún tipo de controles. Al existir instituciones como el Poder Judicial – que citará a García como testigo en casos de derechos humanos durante este año -, el Tribunal Constitucional y las cortes internacionales que le dicen al gobierno que tiene que hacer cosas que no son de su agrado, el gobierno reacciona de mala manera, olvidando que el primer compromiso que adquirió no es con sus intereses, sino con el respeto al orden legal y a los derechos de todos los peruanos. Ha sido la tónica durante todo el periodo que Alan lleva en Palacio y que parece que no cambiara.

Como dice el dicho, Alan pasó por la Facultad de Derecho – en realidad, por dos -, pero parece que la Facultad de Derecho no pasó por él.

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Menoscanas: Justicia lenta no es justicia

MALAS NOTICIAS PARA LA JUSTICIA

Dice el viejo y conocido refran que la mujer del César no solo tiene que serlo sino parecerlo. Ese dicho popular parece no ser la premisa que prima en la actuación de nuestro poco reformado sistema de justicia. Varios eventos ocurridos esta semana me confirman dicha impresión.

Para comenzar, un nuevo escándalo se ha suscitado alrededor de la cuestionada Corte Superior de Justicia de Lima, que ha tenido tres presidentes en el último año. Su actual mandamás, César Vega Vega, conocido por sus vínculos con el aprismo tuvo, de acuerdo con La Ventana Indiscreta, una reunión con el ex presidente Alejandro Toledo en casa de Adam Pollack.

¿Otro caso Silva Vallejo? Pues eso es lo que parece. Más allá de las elucubraciones sobre el juicio a Lady Bardales – por cierto, a los amigos de LVI, ¿cuando demostrarán realmente que la escolta presidencial fue pareja del ex Presidente? – lo cierto es que sí hay algo raro, pero con relación a otro caso vinculado a Toledo. Según informa hoy Perú.21, en sus extraños cambios de jueces, Vega Vega reemplazó al juez del caso Miguel Toledo (el sobrino violador). El sobrino se vio beneficiado por una sentencia realmente benigna.

Si bien los elementos de juicio no pueden señalar contundentemente que en dicha reunión social donde coincidieron Toledo y Vega Vega se trató el tema, lo cierto es que la OCMA ya investiga lo ocurrido en ese ágape.

Pero el reino del espanto judicial no culmina allí. Ayer, el Congreso de la República aprobó el Proyecto de Ley de la Justicia Militar. A estas alturas, nadie está en contra de la existencia de la misma, pero sí que se sujete a determinados parámetros constitucionales que, por cierto, ya han sido reiterados por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, como lo señala un informe del Instituto de Defensa Legal y un artículo de Samuel Abad en El Comercio, la norma repite las mismas inconstitucionalidades de siempre. Dejo con la palabra a Samuel, que lo explica mejor que yo:

La Comisión de Defensa del Congreso ha sometido al pleno un proyecto que sigue permitiendo que los jueces militares sean oficiales en actividad designados por el Ejecutivo, que carecen de la garantía de inamovilidad, y mantiene a la Fiscalía Militar en el seno del fuero militar. Dicho proyecto desconoce la sentencia del TC e insiste en un modelo declarado inconstitucional, pues conforme a la Constitución los jueces son designados por el Consejo de la Magistratura, tienen inamovilidad y solo existe un Ministerio Público.

Así, seguimos teniendo un modelo que no ofrece garantías de imparcialidad a los propios miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales. Peor aún, el Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar ha pretendido vender la norma como la defensa ante los “caviares” que quiere acabar con la Justicia Militar, cuando las organizaciones a las que tacha con calificativos ictiológicos siempre han defendido su existencia en el marco de un Estado Constitucional y de acuerdo con lo señalado por la CERIAJUS. Mi pregunta es: ¿por qué seguir insistiendo con un modelo que ya ha sido cuestionado en múltiples ocasiones por el TC? ¿Por qué el Congreso se empeña en seguir haciendo papelones jurídicos de marca mayor?

Pero los papelones llegaron también al Colegio de Abogados de Lima. Luego del frustrado intento de reforma estatutaria que vulneraba los propios requisitos del Estatuto de la Orden, la compañera Luz Aurea Saenz se presentará a la reelección.

Parece que la señora Saenz sigue ignorando que su gestión ha seguido el mismo rumbo que las anteriores: el gremio de los abogados ha terminado desprestigándose y tiñéndose de un manto de mediocridad. Y en ello, la actual Decana es corresponsable, dado que no hace cambios para mejorar la pobre percepción y la desafortunada actuación de la mayor parte de mis futuros colegas frente a la administración de justicia.

Como vemos, todas las instancias que deben estar comprometidas en el cambio del sistema de justicia están imbuidas de los mismos defectos: poca vocación por la defensa de la Ley y la justicia, intereses personales, ignorancia y mediocridad. Quizás sea por eso que la reforma judicial sea una quimera y que, luego del 7 de diciembre, tenga que enfrentarme a un monstruo desbocado y no a un verdadero sistema de justicia.

MESA REDONDA O LA JUSTICIA ESTRECHA

Luego de casi 6 años de ocurrido, ayer se expidió la sentencia sobre el incendio ocurrido en Mesa Redonda, en las vísperas de año nuevo del 2001 y que costó las vidas de 300 personas.

Desde el inicio, el caso se debatió en medio de la indiferencia general, hecho que nos demuestra nuevamente la valorización de la vida humana en nuestra sociedad. Cuando, con justa razón, los familiares de los fallecidos en Utopía reclamaron por sus deudos, todo el país mediático se solidarizó con ellos. Con los familiares de Mesa Redonda, no ocurrió lo mismo.

La sentencia de ayer ha sido calificada como benigna. Y es que la pena impuesta más alta es de 4 años de prisión efectiva. Es cierto que nos hayamos ante un hecho culposo antes que doloso, pero sin duda, para los familiares, la sanción impuesta no es la que ellos esperaban.

Peor aún, una de las personas que mayor responsabilidad tiene por el incendio no fue condenada: Ricardo Wong, el ex dueño de La Primera, ni siquiera fue comprendido en este proceso penal, a pesar que era el principal comerciante pirotécnico de la zona. Este empresario, que ha estado vinculado con el fujimorismo y el aprismo, simple y llanamente no pagará por el daño causado.

Por eso, además de la Ley de Carrera Judicial que hoy se debatirá en el Congreso, hace falta un cambio mayor en el Poder Judicial: que nos consideren a todos como ciudadanos.

MAS SOBRE EL TEMA:
El Comercio: Tras seis años de cenizas

DOS SOBRE JUSTICIA


Han pasado casi desapercibidas, en medio del carnaval Fujimori, dos noticias que pueden afectar profundamente al sistema de justicia.

La primera, comentada en El Utero de Marita, es el nombramiento de Rolando Souza – cuyo estudio de abogados defiende al reo Fujimori – como encargado central de la reforma del Código Penal.

El “inteligente” que se encargó de la propuesta es nada menos que Javier Velásquez Quesquén, conspicuo parlamentario aprista y Presidente de la Comisión de Constitución. Y yo que pensé que el desastre de Aurelio Pastor en ese mismo cargo era peor. Aun hay oportunidad para enmendar en el Pleno semejante horror.

Y sería un horror por lo siguiente. A Fujimori – como a Abimael Guzmán – se le procesará con la ley penal vigente al momento de su captura. Sin embargo, de acuerdo a la Constitución, cualquier modificación penal que lo beneficie – léase, baja de pena – puede ser aplicada de inmediato a su favor. ¿No les bastó con tener a Souza como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en pleno proceso de extradición? No aprenden.

El segundo caso tiene que ver con la Corte Superior de Lima que podríamos calificar de “paso de guatemala a guatepeor”. Veamos la historia:

a) Angel Romero fue elegido como Presidente de la Corte Superior a fines del año pasado. Fue destituido de su cargo por haberse ido en contra de un precedente obligatorio del Tribunal Constitucional. El Consejo Nacional de la Magistratura definiría si seguirá como juez en este mes.

b) Romero fue reemplazado en su cargo por el juez Jovino Cabanillas. Este magistrado ya tenía serios problemas por no denunciar una extorsión hecha por su asistenta judicial. Asimismo, había votado por la excarcelación de Mantilla y por pasar el juicio de Dionisio Romero a una “sala light”. Ahora afronta un proceso por acoso sexual donde la denunciante ha decidido dar la cara, razón por la que Cabanillas ha sido suspendido de su cargo. Para complicar más las cosas, anoche dejó plantada una entrevista por estar incómodo con las preguntas hechas.

c) Otto Egúsquiza quiere reemplazar a Cabanillas. De hecho, hizo presión para que saliera una resolución al caballazo nombrándolo como Presidente de la Corte Superior, que tuvo que ser enmendada por la Corte Suprema. Egúsquiza ha tenido procesos disciplinarios, fue destituido, pero volvió por un amparo al PJ. Ah, y como abogado defendió la reelección de Fujimori en el 2000 ante el Jurado Nacional de Elecciones.

d) Finalmente, César Vega Vega también está voceado para reemplazar a Cabanillas. Sin embargo, tiene varias cosas que aclarar. Por ejemplo, le alquiló a Angel Romero su casa, cuando este personaje era personero aprista y abogado de Luis Duthurburu, uno de los testaferros de Montesinos. También votó a favor de declarar como cosa juzgada el caso de la falsificación de firmas de Perú 2000. Y absolvió a los asesinos del periodista Antonio de la Torre. Y además, fue socio de Alan García en el mismo estudio de abogados.

Uno ahora entiende porque la administración de justicia en el país es la última rueda del coche. Todos quieren manipularla a su antojo.

ACTUALIZACIÓN (08.25 PM)
Perú.21 informa que César Vega Vega es el nuevo Presidente de la Corte Superior de Lima. Realmente, de mal en peor.

UNA PERLA MAS DEL ARCHIVO: A fines del año pasado, Marco Sifuentes recogió que Vega Vega fue uno de los jueces que firmó la prescripción de Mantilla por el caso de las cuentas en Estados Unidos.