EL CUCO CHAVISTA

Hace cuatro domingos, en la columna que tengo en Exitosa Diario, busqué sintetizar las razones por las que ciertas élites de derecha tienen una fijación especial con calificar como velasquista cualquier interpretación política u económica que no les cuadre.  Encontraba dos posibles respuestas: un deber ser libertario que veía a cualquier intervención estatal como una vulneración de derechos fundamentales o cierto tufo marcartista que habita en ciertas columnas de opinión, curules (parlamentarias y municipales) y algunas salas de redacción.

Una variante de este argumento es “el fantasma chavista”. Enarbolado hábilmente por Alan García en la campaña de 2006 y, con menos éxito, por todo el bloque político – empresarial – mediático que se opuso a Ollanta Humala en la segunda vuelta de 2011, es traído por AGP cada vez que puede a la discusión pública. La ocasión más reciente ha sido con la reciente aprobación de la Ley Universitaria, que Alan ha rechazado. La pregunta que cabe aquí es: ¿por qué se enuncia este ejemplo cada vez que se puede frente al gobierno actual?

Antes de contestar esa pregunta, cabe señalar que el actual gobierno, si algún pecado tiene, no es el de seguir a Chávez y a Maduro. Más allá de los fantasmas que algunos quieren seguir viendo en Humala, alimentados por la frustrada compra de algunos de los activos de Repsol en el Perú y de los terrores de algunos amigos de derecha que nunca terminaron de confiar en él (la mayoría votó por Keiko), el actual presidente no es un convencido de la necesidad de un esquema socialista en el Perú. Más que un personaje ideologizado, es un pragmático con pocas ideas propias, a quien se debe convencer de un camino para que lo tome. He allí, a la vez, su ductibilidad, pero también la principal de sus debilidades como gobernante.

Volvamos a la interrogante, entonces: ¿por qué cucos de este tipo funcionan, sobre todo, en Lima? Una explicación es que sus principales propagandistas piensan en la relación compleja que existe entre el empresariado y Humala (y los cheerleaders del primer actor nombrado). Como señaló ayer, en una entrevista en Perú.21, Eduardo Dargent:

Si seguimos la línea de lo que se ha visto ahora de un sector de la oposición y del empresariado, a Humala –no importa lo que haga– no lo van a querer, y fuera del poder, en esas condiciones, es una vida de investigaciones, de presiones. Creo que a él le interesa construir una imagen de lo que ha hecho su gobierno y dejar algún tipo de sucesores que, por lo menos, saquen una bancada en el Congreso.

Otras explicaciones son más históricas y sociales. Como enunció Alberto Vergara hace algunos años, hay varias razones por las cuales Lima es una capital que vota, desde hace varios años, hacia la derecha (Villarán ganó, antes que por ser de izquierda, a pesar de serlo). Dichas causas son la bonanza económica que sí es percibida en la capital, pánico hacia una vuelta a los ochenta (léase, terrorismo e inflación, en términos gruesos) y mayor peso de los medios de comunicación en difundir una visión ideológica más cercana hacia el libre mercado.

Tampoco conviene descartar una explicación más lógica: los peruanos somos bastante susceptibles a intervenciones extranjeras en política doméstica de cualquier signo. Así como el “Chavez o el Perú prendió”, las revelaciones de Wikileaks sobre las reuniones en la embajada americana para parar la candidatura de Humala en 2006 fueron bien aprovechadas por el equipo del hoy presidente y, con ello, comenzó a subir en las encuestas en 2011.

Finalmente, hay que ver los resultados del chavismo, desastrosos en términos económicos e institucionales, para darnos cuenta sobre porque prende el cuco. Si el mito existe es porque algo de asidero tiene en la realidad, aunque está cada vez más lejano de un presidente absolutamente pragmático y más cercano al uso político que sus opositores, a falta de mejores argumentos (que los tienen a la mano y no los utilizan), quieren darle.

MEMORIAS DE UN PROCURADOR

Con contadas excepciones, nuestros funcionarios públicos no han sido muy prolíficos en la presentación de testimonios personales en forma de libro sobre su paso por el Estado. Afortunadamente, José Ugaz ha roto esta regla y ha escrito ‘Caiga Quien Caiga’, que condensa su experiencia como Procurador Anticorrupción.

El libro tiene dos méritos centrales. Lo que podría ser un texto denso destinado únicamente para abogados y expertos en la materia, constituye un trabajo donde, a través de sabrosas anécdotas, se describe la formación de una institución que hace apenas 14 años ni siquiera existía.

Asimismo, Ugaz describe con rigor a qué tipo de organización criminal se enfrentaba. Si bien la historia de la corrupción en el Perú tiene larga data –me remito al libro del historiador Alfonso Quiroz para atestiguarlo–, por primera vez amplios sectores del gobierno y la sociedad fueron cooptados por dos criminales en una estructura destinada a cometer varios tipos penales contra la administración pública, narcotráfico y violaciones a los derechos humanos.

Conviene no olvidar esta historia. No solo porque el fujimorismo mantiene el respaldo de un sector de la opinión pública, que considera a estas conductas como un “costo a pagar” por la pacificación y la estabilidad económica. Sino también porque hoy pasamos de la concentración en una sola organización mafiosa a la descentralización de la coima.

Esperamos que los demás ex procuradores –en especial, Vargas Valdivia y Arbizu– se animen a publicar las siguientes partes de esta fascinante historia.

(Columna publicada en Exitosa Diario el 29.06.2014)

LA NECESIDAD DE UNA NUEVA LEY UNIVERSITARIA

Ayer el Congreso de la República aprobó una nueva Ley Universitaria. Según indicó anoche el ministro de Educación, la norma será promulgada por el Poder Ejecutivo en los próximos días (y los últimos tuits de Nadine confirman ello). Con ello, las universidades públicas y privadas tendrán un nuevo marco normativo para el ejercicio de sus funciones.

La norma ha sido satanizada casi como una cancelación de la autonomía universitaria, básicamente, por la introducción de una Superintendencia para las Universidades, que tiene facultades rectoras y sancionadoras para todo el sistema universitario. Y en la misma han caído tanto la mayoría de miembros de la Asamblea Nacional de Rectores – que desaparece con la nueva norma – como columnistas con visión libertaria que consideran a cualquier intervención estatal casi como una reproducción del Velascato. Como comentaba Salomón Lerner Febres hace algunas semanas:

Desde una perspectiva que reduce la intervención estatal a casos extremos, cualquier tipo de regulación suele ser acusada de una vulneración de las libertades básicas de la persona. Esta postura en algunos medios ha pretendido equiparar la normativa propuesta en el proyecto de ley universitaria –en particular, la creación de un Consejo Nacional de Universidades– con un modo de intrusión parecida a la realizada por el general Juan Velasco Alvarado en varios sectores de la economía y la sociedad entre 1968 y 1975. Nos encontramos lejanos de defender a quienes propugnan un intervencionismo estatal parecido al establecido por Velasco Alvarado –un gobierno de facto cuyo autoritarismo explica el pobre resultado de sus pretendidas reformas– y también tomamos distancia de las políticas que sobre el tema se acordaron en el primer gobierno del ex presidente Alan García, pues, ciertamente, ellas pusieron en peligro la sustentabilidad económica del país y contribuyeron a la crisis que vive la universidad hasta el día de hoy.

Asimismo queremos dejar en claro que tomamos distancia de aquella postura que se reclama indebidamente del liberalismo bien entendido y que, deformándolo, lo reduce al ámbito de la economía concebida esta como única –o en todo caso prioritaria– dimensión de la existencia humana, dimensión en la que sociedad es sinónimo de mercado, ciudadano equivale a ser cliente y, en esa misma línea, la educación es un “producto” que se halla a cargo de “proveedores” que la entregan a “clientes” (entiéndase los alumnos) a cambio de un pago monetario previamente acordado. Todo eso asegurado en su moralidad por la acción –“imparcial y equitativa”– de una mano invisible que todo lo regula, reflejando en verdad que la oferta, la demanda, la competitividad y la rentabilidad se han convertido en los conceptos y valores supremos.

¿Cuál es la visión general que propone la norma? Ricardo Cuenca ha comentado en su blog lo siguiente:

  1. La Ley se reafirma en que la universidad es un espacio de construcción de conocimiento basado en la investigación y la formación integral. Las finalidades, la estructura y organización, las formas de graduación, las características del cuerpo docente, la obligatoriedad por los estudios generales, etc. indican que la reflexión académica es el centro articulador de la vida universitaria. No obstante, sincera una práctica común. Reconoce la existencia de programas no académicos orientados a la profesionalización como una opción universitaria. Y aun cuando a diferencia de otros países no se ha atrevido a denominar directamente “universidades de enseñanza”, no limita en lo absoluto su existencia.
  2. La Ley formula la regulación de la calidad a través de la creación de la SUNEDU. Instancia autónoma, cuyos miembros son elegidos mediante concurso público y como en países como EEUU y Colombia es la institución responsable del primer escalón de un sistema de aseguramiento de la calidad. Si bien se ha decidido colocar “cuotas” para las universidades públicas y privadas (situación que no comprendo bien) rompe con aquello de ser “juez y parte”, característica que llevó al mal funcionamiento de las responsabilidades de autorización de funcionamiento y sanciones a la ANR y el CONAFU, ambas instituciones que desaparecen
  3. La Ley sienta las bases para una reforma de los mecanismos de aseguramiento de calidad a través de la modificación en el enfoque de otorgamiento de autorizaciones de funcionamiento; es decir, se transita de un enfoque credencialista-burocrático (como el de CONAFU basado fundamentalmente en la elaboración de un documento llamado Proyecto de Desarrollo Institucional) hacia autorizaciones basadas en estándares de calidad. Un enfoque de control de calidad. Se suprime de tal modo, las licencias definitivas para pasar a licencias renovables. Junto con ello, plantea la reforma del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE), con la finalidad de ajustar (espero que con miras al establecimiento de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad) los procesos de acreditación.
  4. Queda pendiente mirar como funcionará el voto universal en las universidades públicas. No hay evidencia aún del impacto de su aplicación. Lo que queda claro es que la opción de la vieja leyuniversitaria no estaba funcionando. Las universidades privadas se rigen por sus estatutos. Falta también desarrollar estrategias para articular la universidad con la educación técnica y elaborar otros dispositivos legales que potencien esta nueva norma.

Dicho esto, si hay aspectos que ya han merecido polémica. Desde la izquierda, se ha criticado que se mantenga la existencia de universidades con fines de lucro en el sistema. Desde mi perspectiva, aunque en un mundo ideal no deberían existir las “universidades negocio”, lo cierto es que ya tienen 20 años de formación en el Perú, por lo que su recomposición hubiera sido compleja, incluso con un plazo de moratoria. La norma les pide los mismos estándares de calidad que a las demás, lo que, en principio, parece ser un saludable punto medio y también señala que deben tener representatividad de estudiantes y alumnos en el gobierno universitario.

Otro tema complejo está en la aplicación de la regla que exige que los docentes universitarios en pregrado tengan, como mínimo, maestría. Ello implica, de un lado, que las propias universidades brinden facilidades a sus profesores para que puedan alcanzar este grado en los 5 años que establece la norma como moratoria para su aplicación. De otro lado, que la flamante Superintendencia verifique que las maestrías que se obtengan para cumplir con este requisito no sean aquellas que son un saludo a la bandera.  Otros consideran que debió exigirse el grado de doctor para todos los profesores. Y hay quienes aluden a carreras donde, para el ejercicio profesional, no se exige el postgrado, como periodismo.

Lo que hay que tener en cuenta, en realidad, es que el norte de la Universidad no solo es la enseñanza con miras a la obtención de títulos y grados académicos, sino también la investigación, lo que exige, por supuesto, estudios de postgrado con miras a ello.

A ello se suma otra controversia con la eliminación del bachillerato automático. Para algunos, la medida aplicada con Fujimori era un retroceso. Para otros, la Ley debió zanjar el debate entre bachillerato y licenciatura, que conviven en el Perú (y México) como una excepción en América Latina.

Finalmente, hay un tema social que se deberá atender. Si las reglas de la norma aprobada ayer se aplican en serio – remarco el condicional – al menos un tercio de las casas de estudio superior universitarias existentes van a desaparecer y los alumnos y egresados de ellas van a tener que ver que hacen.

De allí que sea importante que la educación técnica sea vista, en serio, como una posibilidad y que desde el Estado se tome un rol promotor para una formación superior no universitaria de calidad, a fin de brindar oportunidades para quienes no quieren o no pueden entrar a una universidad. Solo así se completará un círculo virtuoso.

La búsqueda de la calidad universitaria no se agota en la Ley. Por ello el reto más importante vendrá ahora, con su implementación, cuestión en la que los actores involucrados en este debate deberán continuar alertas.

PD 1: El editor de este blog trabaja en una universidad, pero escribe a título estrictamente personal.

PD 2: Sería bueno que algunos medios de comunicación hicieran patente su conflicto de interés en este tema.

CORNEJO Y LA ESTRELLA EN LIMA

Enrique Cornejo Ramirez, exministro de Transportes y Comunicaciones, es el candidato aprista a la alcaldía de Lima y ayer se presentó oficialmente en sociedad. Si bien el APRA no ha ganado una elección en la capital desde 1986 – gracias a un célebre balconazo de Alan prometiendo el Tren Eléctrico – lo cierto es que resulta interesante que los partidos nacionales presenten candidatos en plazas importantes. Aquí cuáles son los puntos a favor y en contra de su postulación.

A FAVOR:

Conocimiento del Estado: Su experiencia como ministro de Estado le permite saber que puede hacer y que no puede hacer en el cargo al que aspira.

Infraestructura: En sus declaraciones públicas, Cornejo ha demostrado que conoce mucho sobre obras viales y está planteando algunas ideas para que la coincidencia de varias concesiones en Lima no afecte tanto a los ciudadanos.

Estructura partidaria para impulsar su candidatura: Cuando el APRA realmente quiere impulsar a un candidato – léase, Alan – pone en marcha un aparato electoral que le trae resultados. Si la mitad de ello se pone al servicio de Cornejo, puede obtener un resultado decoroso o comenzar a pelear la contienda.

Perfil más conciliador: En sus intervenciones públicas, sin dejar de marcar sus diferencias con sus competidores, Cornejo reconoció méritos a la actual gestión metropolitana, lo que quita filo al tradicional antizurdismo aprista.

EN CONTRA:

Lima no es una plaza fuerte para el APRA: Como decíamos al inicio, salvo en 1986, el APRA no ha ganado la elección municipal limeña. De hecho, desde 1989 ni siquiera llegan al segundo puesto. Y, es más, en los casos de Gastón Barúa y Carlos Roca, terminaron retirando al candidato.

Disputas internas apristas: Parte de las bases apristas está descontenta sobre la conformación final de la lista. Como informó Exitosa Diario, un sector de jóvenes denunció que la lista se armó a dedo y que los beneficiados fueron hijos de dirigentes. Cornejo indicó que esto era una rabieta, pero lo cierto es que un sector del partido puede darle la espalda. A ello se suma que Miguel del Castillo, quien está en la orilla opuesta de buena parte de la dirigencia aprista, es candidato de Barranco.

Castañeda como candidato de Alan: Ayer Cornejo se puso a retar a Castañeda para que exhiba a su equipo y sus ideas. El tema es que muchos, en Alfonso Ugarte, piensan que el verdadero candidato favorito de García es Castañeda. De hecho, lo fue en el 2011, por confesión propia.

Necesidad de deslindar con temas de corrupción: El principal talón de Aquiles del partido será puesto sobre la mesa, sobre todo, por el tema obras.

Recuerdos del primer gobierno: La semana pasada en El Comercio, Pedro Ortiz Bisso recordaba el paso de Cornejo por el Instituto de Comercio Exterior. Esta entidad, en el primer gobierno de García, era la que se encargaba de determinar que empresa se beneficiaba con el Dolar MUC, un tipo de cambio regulado que fue parte del desastre económico del primer quinquenio aprista.

¿Durará?: Finalmente, el principal punto en contra de Cornejo es la sensación que, si su candidatura no levanta para fines de julio, el APRA aplicará la misma vara con la que midió a otros candidatos limeños. De Cornejo depende que no aparezca como un voto perdido para sus propios compañeros.

(Foto: Perú.21)

GOYO EN CANA, ¿CONGA VA?

Hoy se dictó el mandato de detención preventiva contra Gregorio Santos por 14 meses. ¿Cuál es el caso por el que Goyo pasará una temporada en prisión? Del archivo de La República, que no es precisamente un medio pro Yanacocha:

Según el requerimiento fiscal, al que ha tenido acceso La República, Santos sería la cabeza de una organización criminal que benefició con la adjudicación de 11 obras de infraestructura pública por 130 millones de soles, desde el año 2011.

En el 2013, la Contraloría General de la República aplicó una acción de fiscalización de las actividades del Gobierno Regional de Cajamarca en el periodo 2011-2012. Como resultado, detectó una concertación entre autoridades y funcionarios del Gobierno Regional de Cajamarca con los proveedores de este organismo para obtener supuestos beneficios ilegales.

Santos y sus colaboradores deberán responder por los presuntos delitos de asociación ilícita, cohecho, colusión, falsificación de documentos y falsa declaración en procedimientos administrativos, entre otros.

(…)

De acuerdo con el reporte del organismo de control, Gregorio Santos dispuso latransferencia de 600 millones de soles a Prorregión para ejecutar obras públicas, entre ellas 11 que se entregaron a las empresas de Wilson Vallejos.

Ojo que el caso ya tiene bastante tiempo investigándose y hoy, durante la audiencia, se presentó bastante evidencia. Y si bien es cierto que las suspicacias se ponen a la orden cuando vemos que el asesor de Nadine Heredia es bastante amigo del gerente de Yanacocha, también resulta cierto que a Santos le han impuesto la misma medida preventiva que a otros 3 presidentes regionales (dos en prisión, uno prófugo).

Pero antes que comiencen a descorchar el Moet Chandon en Yanacocha, hay dos atingencias que hacer.

La primera es que, dado que no tiene sentencia firme, Gregorio Santos puede postular aún estando en prisión. Es más, hasta puede ganar. De hecho, ya tuvimos un caso similar en Madre de Dios hace algunos años. Y aquí la campaña en Cajamarca puede variar en su escenario, con un Goyo que tranquilamente puede victimizarse. Para complicar las cosas, el arma de la acusación de corrupción podría ser neutralizada, debido a que sus principales competidores son Absalón Vásquez – cuya trayectoria no requiere mayores comentarios – y Osías Ramírez, quien representa orgánicamente al fujimorismo. A menos, claro está, que en el lado zurdo decidan reemplazar a Santos por otro de los líderes opositores a Conga.

El segundo problema es que, incluso con Goyo en prisión, el proyecto Conga sigue siendo inviable. De un lado, por cuestiones económicas, dado que el precio actual del cobre no logra sostener la inversión que haría la empresa – incluyendo la construcción de reservorios en lugar de las cuatro lagunas que se bajarían -. Y, de otro lado, porque el problema de fondo subsiste: la desconfianza de buena parte de los cajamarquinos en Yanacocha. De hecho, en las últimas semanas se presentaron audios sobre presuntos acercamientos entre consejeros regionales y Yanacocha para financiar actividades políticas. Amen de todo el cerro de errores que la empresa ha cometido durante los últimos 20 años.

Para completar la mala imagen de la empresa, Yanacocha ha aparecido detrás de dos movidas bastante complicadas en contra de derechos fundamentales: intentos para acotar lo más posible la aplicación de la Ley de Consulta Previa y también detrás de cortarle facultades a la OEFA como parte del paquete ambiental (que solo ha pasado por la Comisión de Economía del Congreso y lo aprobaron rapidito nomás – ahí si no hay fútbol que valga -). De hecho, como cuentan en La Mula, hasta Pulgar – Vidal se está mechando con la controvertida empresa:

El ministro informa que Yanacocha -cuyo accionista principal es Buenaventura, capitaneada por Roque Benavides- ha presentado una acción de amparo destinada a eliminar el aporte por regulación, una alicuota que pagan las empresas de los sectores minería y energía para el funcionamiento del OEFA. “Yanacocha ha presentado una acción de amparo ante el Poder Judicial argumentando que ese aporte tiene carácter confiscatorio”, contó Pulgar Vidal. Se trata de “cerrarle el caño” al OEFA. “Buscan desaparecer al OEFA y como gobierno no lo permitiremos”, ha insistido días después Pulgar Vidal.

A agosto de 2013, Yanacocha fue, con cinco procesos por incumplimiento de límites máximos permisibles o a sus instrumentos de gestión ambiental, la segunda empresa más sancionada por OEFA.

Así las cosas, puede que Goyo hasta sea condenado, pero, ni con esas la empresa minera podría ver su proyecto avanzar. Mientras, Cajamarca espera un mejor gobierno (nacional y regional) para los siguientes años.

(Foto: La República)

RELEVOS EN EL EQUIPO DE CORNEJO

Ayer, en forma sorpresiva, se produjeron tres relevos ministeriales. ¿Cuáles fueron las razones por las que Walter Albán, Eda Rivas y Carlos Paredes dejaron el gabinete?

Las hipótesis en medios han sido distintas, pero coinciden en algo: se iban a ir, pero no en este momento. El Comercio indica que el relevo urgente era el de Albán, por desencuentros con Humala y que eso apuró todo lo demás. Y es aquí donde las causas difieren: algunas fuentes del decano señalan que las visiones sobre Interior entre el ministro y el presidente eran incompatibles y otras apuntan a un informe sobre la reestructuración de la ONAGI que duerme el sueño de los justos en el despacho presidencial. Diario 16 apunta a esta última versión.

Exitosa señala que Albán se va por desencuentros, pero con Humala y Castilla. Con Humala por las acciones que Daniel Urresti (su sucesor) viene ejecutando en Madre de Dios contra la minería ilegal, donde algunas organizaciones de defensa de derechos humanos señalan que, si bien el objetivo de combatir a la minería ilegal resulta necesario, hay algunas situaciones de abuso de la fuerza que merecen ser investigadas. Y con Castilla, señala el diario dirigido por Juan Carlos Tafur que los 3 ministros que se van no estuvieron de acuerdo con el paquete de medidas para la reactivación.

Tanto EC como La República coinciden en que la salida de Eda Rivas se definió el sábado, en una reunión donde también estuvo presente el nuevo canciller, el embajador Gonzalo Gutiérrez.

Mientras que el caso de Paredes es el más curioso, sorpresivo y donde mayores divergencias hay, debido a su amistad con Humala. EC señala que se fue “por cansancio”, mientras que Diario 16 indica que le pidieron la renuncia porque la pareja presidencial quiere “más velocidad en las inversiones”.

Dos de los reemplazos han merecido consenso.  La llegada de Gutiérrez a Torre Tagle ha traído una situación de alegría al Servicio Diplomático, donde varios de sus miembros señalaban en privado (y en no tan privado) que uno de los suyos debía ser el próximo Canciller. De hecho, el jueves pasado, Mirko Lauer adelantaba en su columna que Gutiérrez era uno de los voceados para reemplazar a Rivas en julio. Credenciales tiene: trabajo en la ONU – donde vio cuestiones vinculadas a derechos humanos -, embajada en China antes de venir a Lima, experiencia como viceministro de RR.EE. y varios libros sobre comercio internacional.

En el caso del MTC, José Gallardo Ku le da algo más de peso político en el gabinete a Piero Ghezzi, ministro de la Producción, de quien era jefe del gabinete de asesores y con quien ha escrito varios textos académicos sobre reformas económicas. Gallardo va a tener un peso mayor sobre comunicaciones y regulación, en los que ha desarrollado su carrera académica. Con su nombramiento, queda un puesto libre en el directorio del Banco Central de Reserva que el gobierno tendrá que nombrar.

La controversia está colocada en el Ministerio del Interior, por varias razones. De un lado, el nombramiento del sexto ministro en Corpac en poco menos de 3 años demuestra el poco rumbo que ha tenido Humala en una materia en la que – equivocadamente – se pensaba que un militar debía tener mayor conocimiento sobre seguridad (a ver: repeat after me: defensa nacional no es igual a seguridad interna).

Asimismo, tradicionalmente los ministros militares en Interior han sido mal vistos por la PNP. Las relaciones nunca han sido buenas porque un sector de las FFAA apreció históricamente a la Policía como una fuerza auxiliar y subordinada. A ello se suma que su experiencia es distinta y que, tradicionalmente, les ha ido mal. Basta recordar las experiencias de Oscar Valdés y Wilder Calle en este gobierno.

De otro lado, está el propio Urresti. Además de los cuestionamientos ya reseñados, analistas como Javier Torres Seoane han señalado su preocupación por lo que pueda hacer para enfrentar conflictos sociales en el campo policial, considerando la lamentable trayectoria de Valdés en este terreno. Y a ello se suma el estilo del nuevo ministro, que varía entre el efectismo, la presencia constante en medios y un tono entre campechano y cuartelario que dista mucho de la sobriedad que se requiere para un cargo como este.

Así se encamina el gobierno de Humala al final de su tercer año.

(Foto: Exitosa Diario)

PARTIDO AMBIENTAL

Desde hace algunas semanas, Manuel Pulgar – Vidal intenta proteger sus fueros…de sus propios colegas en el gabinete.

Como recordarán, en marzo pasado, cuando la Sociedad Peruana de Hidrocarburos presentó su Libro Blanco, el ministro de Energía y Minas se mandó con el siguiente speech:

“Ya existe el Decreto Supremo 054 que reduce los plazos y disminuye los períodos de decisión, que ha sido muy bien recibido por ustedes. Y, además, hoy puedo anunciar que respecto al reglamento ambiental de hidrocarburos ya se han logrado algunos consensos”, dijo Mayorga refiriéndose a los avances en el destrabe de inversiones.

Entre los consensos, destacó el acuerdo de eliminar los estudios de impacto ambiental para los sondeos sísmicos de exploración petrolera. “La industria tiene buenas prácticas y estándares internacionales bien establecidos. La idea es pasar de la tramitología a la acción; porque toda compañía que quiere conseguir financiamiento para la exploración y explotación debe cumplirlos“, explicó.

A partir de la entrada en vigencia del nuevo reglamento el ministerio pedirá una declaratoria para que puedan comenzar los trabajos.

Y luego se armó la pampa. Como contó Luis Davelouis:

Ayer mismo, alrededor de las siete de la noche, el ministerio del Ambiente publicó en su página web lo siguiente a manera de aclaración (porque el gallinero estaba revuelto y todo el mundo se preguntaba si el Minam estaba de acuerdo con Mayorga):

“No existen aún decisiones finales ni acuerdos que hayan sido consensuados por estas Direcciones y que hayan sido elevados a la Alta Dirección del MINAM. Esas decisiones finales se reflejarán en la promulgación de la norma.”, (míralo aquí) enmendándole la plana a Mayorga. Si tuviéramos que traducirlo, es como que el titular del Minam, Manuel Pulgar Vidal, haya salido a decir: “Lo que dijo el ministro Mayorga no es verdad, la decisión final con respecto a los EIA es de mi competencia, no de él”. Ese desmentido, con esas formas, en las arenas políticas, es muy fuerte.

Horas más tarde se pronunciaron desde Palacio de Gobierno. Compartieron el enlace con el comunicado del Minam y añadieron el siguiente comentario:

“Sí habrá EIA para exploración petrolera”.

Hasta ahí, Mayorga se hubiera tenido que ir. Que lo desmientan desde otro ministerio es muy fuerte, pero que lo desmientan desde Palacio respaldando, además, el desmentido de Pulgar Vidal, no le hubiera dejado más remedio al ministro de minas que presentar su renuncia. Quizás sea por eso que, menos de una hora después, el comentario de Palacio pasó de “Sí va” a “Reglamento ambiental de hidrocarburos se encuentra en discusión”.

Y en eso se encuentra ahora este tema: en discusión.

Pues bien, ahora MPV se enfrenta a un contrincante de más peso político: el ministro de Economía y Finanzas Luis Miguel Castilla. ¿El motivo? El Proyecto de Ley para reactivar una economía que solo creció poco más del 2% en abril. El ritmo de crecimiento actual ha generado un debate entre Castilla y el exministro Luis Carranza y que ha centrado realistamente el exsuperintendente de Banca y Seguros Juan José Marthans:

En el mediano plazo y a menos que cambien las condiciones de estructura de nuestra economía, el Perú no puede crecer más allá del 6 o 6.5 por ciento. Decir que podemos crecer al 8 por ciento es mentirle a la opinión pública y eso me preocupa. Yo no tengo ningún vínculo con este gobierno ni me interesa tenerlo, pero sí te puedo decir que esas declaraciones son poco felices y no reflejan la realidad. El 2007, 2008, llegamos a crecer alrededor del 9, 10 por ciento. Ese crecimiento se suscitó con el precio de los metales promedio, cinco veces por encima de lo que tuvimos el 2001. ¿Qué ministro de Economía  no obtiene buenos resultados en ese contexto? Además, se creció generando una propensión al gasto que comprometía parte de los ingresos que transitoriamente  recibíamos como beneficio de los altos precios de los commodities mineros. Ahí crecer al 8, 9, 10 por ciento era relativamente fácil.

Lo cierto es que el gobierno envío el paquete y, en términos generales, la mayoría de analistas económicos coincidían en que varias de sus medidas apuntaban hacia el mediano plazo. Pero, ya al leer la letra del proyecto de Ley, habían varios problemas y buena parte de ellos se encontraban en el sector Ambiente.

El viernes pasado, el exviceministro de Interculturalidad Iván Lanegra reseñó los puntos más críticos del paquete Castilla. De ellos, según pudimos consultar con expertos en el tema ambiental, el más preocupante es este:

1.  Por 3 años el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA deberá sancionar excepcionalmente. Si lo hace, deberá recurrir a medidas correctivas (no deberá multar). Solo si estas no se cumplen, podrá multar hasta por el 35% del máximo que podría imponer actualmente. Estaría habilitado a imponer multas más altas solo si demostrara un daño a la vida o la salud de las personas (si, por ejemplo, se dañara una laguna, sin generar daños humanos, no aplicaría), o se tratara de una actividad ilegal (realizada sin EIA aprobado o en un área prohibida, por ejemplo) o reincida dentro de los 6 meses de haber sido sancionado con resolución firme por la misma infracción.

Tan preocupante es el tema que, desde la orilla opuesta, el editor de Economía de El Comercio, Augusto Townsend señaló lo siguiente:

Lo que es más difícil de digerir es lo que se ha propuesto para la OEFA. Es cierto que esta ha cometido excesos, pero limitar su accionar por tres años no resuelve el problema de fondo (su debilidad institucional y desempeño subóptimo) y parece, más bien, una medida improvisada para darle un respiro al gobierno en lo que resta de su mandato. Esto último escapa al objetivo loable de racionalizar los excesos burocráticos y será previsiblemente interpretado como una voluntad de supeditar la protección ambiental a la promoción de inversiones, como si lo segundo fuese más importante que lo primero. Lo que habría que transmitir, más bien, es que son (o deberían ser) perfectamente compatibles, si se evitan los excesos de ambos lados.

Aunque Lanegra aclara hoy que:

El OEFA nació en mayo de 2008. Con su puesta en funcionamiento no se pasó a ningún esquema nuevo de sanciones. Las 10,000 UIT como tope máximo –antes era mucho menor- para las multas fueron aprobadas en octubre de 2005 (art. 136, b, de la Ley General del Ambiente). Eso no varió. Sólo 5 años después –en abril de 2013- de la creación del OEFA, se modificó la Ley General del Ambiente (a través de la Ley 30011), aumentado el tope a 30,000 UIT.

Ahora el Ejecutivo plantea dar marcha atrás a una decisión que promulgó hace poco más de un año. Es decir, se vuelve a las 10,000 UIT como tope. ¿Cómo así el OEFA, tras 5 años de funcionamiento plantea un cambio de dicha importancia, el Congreso y el Ejecutivo lo aprueban, y menos de un año después, indica que no es indispensable? La respuesta es que sí lo era. De ahí que el Ejecutivo no propone un cambio “permanente” sino una moratoria (con excepciones) de 3 años. ¿Por qué? Las empresas necesitan tiempo para conocer las nuevas obligaciones, aduce. ¿De verdad son nuevas? Muchas de las normas ambientales que deben respetar las empresas tienen muchos años de vigencia, incluso algunas ya más de una década. ¿Y si se dictara una norma nueva? Pues en ese caso bastaría dar un plazo razonable de adecuación, como de hecho sucede. Débil argumento.

Otras medidas que han generado controversia tienen que ver con los límites máximos permisibles y la forma como serán determinados. Este punto es uno de los que más preocupa a las empresas mineras y de energía, como lo confirma la entrevista concedida por Cecilia Blume, conocida gestora de intereses de dichas compañías. Pero, como recuerda Lanegra, tampoco este es un punto que “paralice inversiones”:

El punto es que el Ministerio del Ambiente, MINAM ha tenido serias dificultades para cumplir con la dación y actualización de los estándares ambientales. El proceso para dictar los ECA inició en 1998. El ECA de suelo apareció el 2013. ¡15 años después! Y aún no culmina el proceso de dación de los LMP. Hay LMP que no se modifica desde 1996. Ahora, con la necesidad de refrendo de los sectores, este será aún más difícil. Desde luego, ese parece ser el objetivo.

El otro tema al que se le ha puesto especial interés es el tema de la reducción de plazos de los Estudios de Impacto Ambiental a 30 días. El problema es que, al no diferenciar los distintos tipos de proyectos, se pueden generar problemas. No es lo mismo el EIA de, digamos, Conga, que el de una fábrica de textiles.

En medio de ello, está pendiente la pregunta sobre la permanencia del ministro Pulgar – Vidal. Columnistas como Claudia Cisneros han señalado que su hora está agotada, pues ha perdido peso político. Mientras que, durante el fin de semana, MPV ha dado varias entrevistas señalando que no se va y que va a jugar el partido adentro para evitar recortes a su sector. La Mula señala que el ministro de Ambiente se quedaría por la Cumbre de Cambio Climático que se realizará en Lima a inicios de diciembre. Sin embargo, según pudimos conocer el viernes último, MPV no quiere irse porque, en su cálculo interno, tiene más costos salir que pelearla dentro del gobierno.

Y este post termina con una interrogante sobre la salida de MPV, en momentos que la salida de Walter Albán del Ministerio del Interior está casi confirmada y el comisionado contra la minería ilegal, Daniel Urresti, comienza a medirse el fajín. ¿Habrán más cambios durante el día?

POST ACTUALIZADO (1:30 PM): Se queda Pulgar – Vidal. Quienes se van son Albán, Eda Rivas (Relaciones Exteriores) y Carlos Paredes (Transportes y Comunicaciones), según ha confirmado PCM.

(Foto: Inforegión)

REPENSANDO EL DERECHO DE GRACIA

Más allá de lo que ocurra con Alan Gar­cía, el informe sobre el caso Narcoindul­tos nos plantea una oportunidad para reflexionar sobre la existencia del de­recho de gracia en el Perú.

A través de esta potes­tad, en sus múltiples mani­festaciones, tanto el Poder Ejecutivo como el Congre­so de la República tienen una injerencia permitida en el sistema de justicia, sea para cerrar procesos judiciales o para amino­rar las penas. Por ello debe ejercerse excepcional­mente. Esa no ha sido la historia en el Perú.

Entre 1911 y 2014, se emitieron 25 leyes de am­nistía. La mayoría fue pro­ducto de transacciones luego de cada transición. La única excepción fue la dictada en 1995 a favor de violadores a los derechos humanos. La Corte Intera­mericana de Derechos Hu­manos inauguró su línea jurisprudencial contra las amnistías para esta mate­ria en 2001, con la senten­cia Barrios Altos.

Luego del escandalo­so caso Crousillat, se tuvo que dictar un reglamento de gracias presidenciales, destinado a reglamentar los indultos humanitarios. Esta norma se comple­mentó con la sentencia del Tribunal Constitucio­nal dictada ante el recla­mo del empresario tele­visivo, donde se consagró que los indultos debían ser motivados mínimamen­te, para su posterior con­trol judicial. El caso Nar­coindultos plantea, a pesar de su nombre, que se deba seguir el mismo camino para las conmutaciones de pena.

Sin embargo, cabría ir más allá y preguntarse si es que deseamos mante­ner instituciones que pro­vienen de un sistema ab­solutista, reñido con el Estado democrático de De­recho actual.

(Columna publicada en Exitosa Diario el 22.06.2014)

TEMAS DE CAJA (METROPOLITANA)

En campañas electorales, se presentan todo tipo de denuncias. Aquellas que pueden dar en la línea de flotación y sepultar una candidatura. Las que ponen en algo de problemas a los candidatos pero que, finalmente, son superables. Y aquellas que son mero invento.

En todos los casos, creo yo, los candidatos deberían tener la capacidad de responder frente a estas denuncias. Sobre todo, cuando son autoridades. Revela respeto por los ciudadanos y, más allá de las acusaciones, puede permitir poner temas de fondo en el debate público.

Esta semana, la gestión de la alcaldesa Susana Villarán ha sufrido fuego graneado por la gestión de la Caja Municipal. De un lado, el domingo pasado, en Panorama, se cuestionaron tres operaciones de la entidad dependiente de la MML:

a) un préstamo otorgado a Promotora Chulucanas, de propiedad del financista Andrés Muñoz Ramírez, amigo del gerente general de la Municipalidad (y presidente del directorio de la Caja), Jose Miguel Castro;

b) depósitos en la financiera TFC, también de propiedad de Muñoz; y

c) la titulización de la cartera morosa de los créditos Cajagas, hecha por Acres,

La noticia fue presentada, tanto por el programa en cuestión como por el regidor del PPC Jorge Villena – principal impulsor de la denuncia – como un “nuevo Comunicore”.

De otro lado, medios especializados como Gestión han cuestionado el desempeño financiero actual de la Caja, noticia que ha sido spameada por el candidato a teniente alcalde Jaime Salinas, quien va en la fórmula de Salvador Heresi por Perú Patria Segura.

La MML ha dado sus descargos respecto del tema. En cuanto a la titulización, han señalado que la operación ha sido bendecida por la SBS y que los bonos emitidos han sido adquiridos por COFIDE, entidad que viene cumpliendo con el pago a la tasa de interés pactada.  Y aqui la MML parece tener razón, dado que Apoyo & Asociados y Class, dos calificadoras peruanas de riesgo, sostuvieron que la operación era buena para reestructurar la cartera pesada de la Caja, producto de lo ocurrido con los créditos de Cajagas (gracias, Castañeda).

En torno al préstamo, la MML ha sido clara: se ha pagado, tenía una garantía y esta semana se liquidó el saldo pendiente de la deuda. A ello se suma la declaración de José Miguel Castro, señalando – con razón – que él no es el funcionario que aprueba los créditos, negando el conflicto de interés presentado. Sin embargo, hay un tema de buen gobierno corporativo que debería ser encarado, al que volveré al final de este post.

Hay, además, un tema respecto del préstamo que la Municipalidad y la Caja deberían aclarar y es el señalado por el expresidente del BCR Jorge Chávez en El Comercio:

Según explica Chávez, todo crédito, independientemente de quién lo pide y quién lo emite, puede ser de libre disposición o con un propósito específico, como la compra de un auto, la construcción de una casa o la adquisición de un departamento. Por ello, si el préstamo que da una entidad financiera no se emplea para lo que el prestatario aseveró no se incurriría en delito, aunque sí genera un mal precedente para el sujeto de crédito. Incluso, si así lo considera la entidad financiera, podría terminar en una sanción interna para el agente que aprobó el desembolso, sin investigar bien al interesado.

Finalmente, sobre las operaciones en TFC, señala la MML que es una operación regular en el sistema bancario, que no causa perjuicios a la Caja, que cobra intereses por este tema.

En cuanto a lo señalado por Gestión, convendría revisar, como lo hemos hecho, los informes de Apoyo & AsociadosClass. En ambos se señala que la Caja está haciendo medidas adecuadas para enfrentar el tema Cajagas, principal responsable de la cartera pesada y que dichos resultados se verán a mediano plazo.

Así las cosas, la MML debió ser más clara en explicar este tema con manzanitas (para poder entenderlas, el editor de este blog ha tenido que hacer consultas a expertos en la materia). Lamentablemente, Castro no ha dado muchas entrevistas y Susana Villarán ha preferido salir con la pata en alto. Y, además, se cerró (por ahora), la puerta de la comisión investigadora. Con los datos antes señalados, la actual gestión pudo abrir las puertas de la transparencia y explicar mejor este tema. La respuesta política, hay que decirlo, no ha sido la adecuada y, en medio de un clima ya crispado por la campaña, ha aumentado las dudas.

Finalmente, todo este tema ha generado suspicacia por la presencia de una sola persona, amiga del gerente general de la MML, en toda esta operación, así como el hecho que la ley exige que el Directorio de la Caja Metropolitana sea designado por el alcalde y que algunos de los gerentes también pertenezcan al Directorio. Hay un tema de buen gobierno corporativo que debería reestructurarse en la Caja y la MML debiera presentar un proyecto que modifique la ley para permitir el ingreso de directores independientes. Este es un tema que podría estar presente en la próxima campaña electoral municipal. A fin de cuentas, la Caja depende de la Municipalidad de Lima y, luego del caso Caja Gas, debiera tener un mejor destino.

HERESI EN EL PARTIDOR

Ayer, en el Teatro Canout, Salvador Heresi inició formalmente su campaña bajo los colores de Perú Patria Segura, el partido del congresista Renzo Reggiardo. Y también presentó a varios de sus candidatos a alcaldes y regidores distritales, así como a su candidato a teniente alcalde, Jaime Salinas López – Torres.

Sobre Heresi hemos comentado bastante en las últimas semanas, así que ahora toca hacer, como hicimos con Jaime Zea el lunes pasado, un balance sobre cómo va su postulación.

PUNTOS A FAVOR:

a) Experiencia y juventud: No solo es su lema de campaña, sino que va a ser la tónica de la misma. Va a oponer un tema generacional frente a la relativa veteranía de Castañeda y Villarán. Ojo que Altuve anda exactamente en la misma onda.

b) Aprobación de su gestión en San Miguel: Bastante alta y parte del capital político con el que inicia la campaña.

c) Seguridad: Que el partido de Reggiardo se llame Perú Patria Segura y que una de las banderas que tome para oponerse a Castañeda y Villarán sea esta materia quiere dar cuenta hacia donde quiere ir, a pesar que las facultades del Alcalde Metropolitano sean escasas. Por lo menos, ya con eso descolocó al candidato policial de Acuña. De allí la inclusión de Luis Felipe Llanos, quien asesinó a un delincuente como supuesta defensa propia, en una lista de regidores distrital.

d) Espacio abierto para un tercer candidato: Los detractores simultáneos de Castañeda y Villarán andan buscando una “tercera vía”. Es claro que Heresi busca posicionarse en esa franja del electorado.

e) Campaña profesional: Cuenta con un asesor extranjero, Ralph Murphine, con amplia experiencia en contiendas electorales en América Latina, aunque Perú no ha sido su mejor plaza.

PUNTOS EN CONTRA:

a) Jaime Salinas: Heresi gana un “perro de presa” que pueda hacer el trabajo de denuncias contra Villarán y Castañeda, pero pierde en credibilidad. No solo el estilo de Salinas gusta a poca gente, sino que sus reiteradas faltas a las sesiones de Concejo Metropolitano hacen recordar a la fábula de la hormiga y la cigarra. Ayer Ana Trelles le preguntó por este tema a Heresi y él excusó a su teniente alcalde diciendo que se debía a sus “asesorías políticas en el exterior”.

b) Candidatos distritales: Quien le abre más flancos es Adolfo Ocampo, candidato a su quinto periodo como alcalde de San Juan de Miraflores, quien tiene varias denuncias por corrupción encima.

c) Entorno: Ya se lo recuerdan en varias entrevistas: la asesora de imagen Gabriela Chávez, cercana a Alex Kouri; el propio exalcalde y presidente regional chalaco; y el excongresista aprista Aurelio Pastor, quien ha asesorado a la Municipalidad de San Miguel en temas constitucionales.

d) Estrecho margen para ubicarse en el sector popularCastañeda orientó su gestión directamente a di­cho estrato y Villarán tra­ta de escarbar en el mis­mo a través del programa Barrio Mío y de los parques zonales mejorados y realizados en su gestión. ¿Qué programa de Heresi se orienta hacia esta parte del electorado?

e) Su gestión en San Miguel: Puede ser un boomerang. Ayer, durante la entrevista en ATV+, salieron varias quejas sobre el tema de seguridad.

f) La ausencia de PPK: No estuvo en la presentación de ayer y se discute si lo apoyará durante la campaña electoral. Siendo Lima una fuerte plaza ppkausa, sorprende que Heresi no use a su principal activo político.

(Foto: Facebook de Salvador Heresi)