EL AÑO DE LA PASION

Pasión. Quizás así podríamos definir a un año intenso. Una larga campaña electoral, Copa América, fin de un gobierno, inicio de otro, conflictos sociales, racismo, desencuentros de la memoria, crecimiento económico a pesar de la crisis internacional.

Lo mismo ocurrió afuera. Protestas en todo el mundo, primavera árabe, disconformidad con la forma como se lleva la economía, terremotos, gobiernos que salen, gobiernos que entran.

Un año en el que salió a veces lo mejor y a veces lo peor de nosotros mismos, en medio de días intensos, a veces extensos y muchos de ellos agotadores.

No se si el próximo año será igual de apasionado, pero que sea la oportunidad para que los peruanos, aunque sea un poco, comencemos a escucharnos y comprendernos mejor. Para que nos insultemos menos, para que nos etiquetemos menos, para ponernos en los zapatos del otro.

Basadre decía que “Problema es, en efecto y por desgracia el Perú; pero también felizmente, posibilidad”. Que en el 2012 sigamos siendo ya no solo una posibilidad, sino también una realidad.

Feliz año.

PANORAMA POLÍTICO DE FIN DE AÑO

Ollanta Humala: Con un estilo que le deja las últimas palabras, inauguraciones y últimas precisiones, complementado por la parquedad de su gabinete. Más que ‘giro a la derecha’ o ‘militarización’, el año acaba con expectativa (y preocupación) por las definiciones que su Presidente del Consejo de Ministros dará en Bajada de Reyes.

Nadine Heredia: Afiatada en un rol que mezcla la consejería política a su esposo, la presencia en actividades de ayuda social y la presencia en redes sociales.

Óscar Valdés: Más allá de los galones castrenses o su actividad empresarial, su permanencia en la PCM quiere tener una finalidad similar a la de Javier Velásquez Quesquén: alguien dependiente de Palacio que va calmando conflictos sociales. Su prueba de fuego no será Cajamarca sino el siguiente conflicto fuerte que aparezca.

Keiko Fujimori: Confinada a los temas vinculados a su padre o al discurso autoritario del fujimorismo. Termina el año limitada por lo que le costó la elección: la ausencia de ruptura con la década de 1990. El estilo Yoshiyama la confina a la medianía y a sus cheerleaders al ataque artero.

Alejandro Toledo y Alan García: Expresidentes comenzando su posicionamiento hacia un futuro que tiene como meta no oculta el 2016. Toledo opta por jugar más en el espacio del centro izquierda, mientras que García quiere seguir enfatizándose como el garante de la continuidad económica. Claro, cada uno con el estilo que ya les conocemos.

Daniel Abugattás: Pasando algo más tranquilo el Año Nuevo luego de las sanciones a algunos congresistas y algunos conflictos con la prensa. Temas fuertes para el siguiente semestre en la avenida Abancay: las elecciones de directores del BCR, miembros del TC y Defensor del Pueblo, así como el cierre del caso Chehade.

César San Martín: Empeñado en hacer lo que puede con las normas que tiene a mano. Su mayor foco deberá estar en la Sala Penal Nacional, cuyos defectos en la valoración de casos de derechos humanos se han trasladado a los de los permisos a sentenciados extranjeros por terrorismo.

Susana Villarán: Urgida de un asesor político que le permita transitar el cargamontón que se le viene y para mejorar la repercusión de los proyectos que viene realizando.

Juan Luis Cipriani: En el año más duro de su arzobispado, se calló en todos los idiomas sobre el caso Doig y el Vaticano lo terminó reemplazando en las negociaciones con la PUCP. Cada vez más confinado al kimono y el conservadurismo ramplón.

(Columna publicada en Diario 16 el 29.12.2011)

UN AÑO CON SUSANA

Considero que los defensores a ultranza y los detractores radicales de Susana Villarán parten de evaluar su gestión a partir de percepciones equivocadas sobre su elección.

Villarán no ganó la alcaldía por “ser de izquierda”, sino a pesar de su identidad centro – izquierdista (recuerden que el voto limeño es conservador). La mayor parte de sus votos no tuvieron preferencias partidarias o ideológicas, pero tuvieron en cuenta tanto la novedad como el rescate de temas de fondo para la ciudad. Tampoco los posibles errores de su gestión provienen del lado zurdo. Por el contrario, los regidores más a la izquierda dentro de su bancada han tenido un comportamiento alturado y han existido concejales de la oposición, como Pablo Secada, que han colaborado con esta gestión, sobre todo en la promoción de la inversión privada (¿y el cuco comunista?).

Villarán tampoco ganó por Bayly o por los audios de Lourdes. Los errores de la candidata del PPC, a los que ya nos ha tenido acostumbrados, le valieron la derrota. No supo hacer el tránsito adecuado y en los tiempos correctos de la campaña de la polarización “decencia – corrupción” a discutir planes de gobierno municipales (parecidos en varios casos). Y cuando lo hizo, en la semana final, terminó acompañada de mentiras y de un discurso tipo Tea Party que desmerecieron su participación.

Tampoco el problema es que “Susana no hace nada”. Basta ver la cantidad de obras en ejecución o ya entregadas, los resultados del primer año de gestión, así como la entrevista que le hizo hace un par de días Rosa María Palacios para darnos cuenta que la imagen de “haragana” que cierta prensa le ha querido inventar es, además de falsa, injusta.  Por tanto y, si bien la administración demoró un poco en ajustar clavijas y ha tenido que hacer cambios necesarios en el equipo, en lo que se refiere a términos estrictos de gestión, la nota no es desaprobatoria en este aspecto. Lo que no quita críticas a temas como el ocurrido con la playa La Herradura, donación de arena incluida.

Tampoco creo su desaprobación sea un tema de prensa. Se da demasiado peso a los medios que están en una abierta campaña de demolición a la alcaldesa, cuyas mentiras han sido destapadas en muchos casos y que no se dirigen, en su mayoría, a los sectores populares. Y si bien el aparato de comunicaciones de la MML requiere de ajustes en serio (y de una mirada menos reactiva y más veloz), tampoco creo que sea el problema central de la alcaldesa. De allí que reducir toda crítica a “lo que dice Correo” o “las fobias de Mariátegui” tampoco ayuda a entender el problema.

El problema, creo yo, es político. Como tempranamente indicaba Marco Sifuentes, una vez elegida la alcaldesa:

Como es cada vez más evidente (la “confluencia” con el MNI, su pésimo aparato de prensa, el desastre del debate, el plantón de ayer ante el JNE), Fuerza Social no sabe calcular políticamente. Van a tener que aprender (o los verdaderos lobos se los van a comer).

Y eso es lo que ha faltado. Sí Castañeda carecía de una visión de la ciudad (que Villarán, mal que bien, si tiene), la misma era suplida con una visión política que funcionaba en la demarcación comprendida entre Ancón, Chosica y Cañete. El objetivo político de su gestión fueron los sectores C y D, aquellos que crecieron sin esfuerzo del Estado ni de la empresa privada, al que le hizo las escaleras, los parques zonales convertidos en clubes de domingo, los puentes peatonales en Lima Norte y Lima Sur, los hospitales de la Solidaridad. Aquel sector de ciudadanos limeños que valora, sobre todo, el cemento como sinónimo de gestión municipal.

Obviamente, esta visión política tenía serios límites para sostener el pase de Castañeda a la arena política nacional, pero le resultó para tener el 80% de aprobación que tuvo, a pesar de las críticas a su gestión y del caso Comunicore, entre otros cuestionamientos severos.

De hecho, hace algunos meses advirtió Roberto Bustamante:

El problema –regresando a la forma en la que Villarán llegó al gobierno municipal– está relacionado con las expectativas de sus votantes. Pienso que es claro que muchos de los que la eligieron sí creían en el fierro y el cemento como formas de resolver problemas (me refiero a quienes fueron parte del el trasvase de votos de Kouri).El cambio de estilo de gobierno no podía ser, en ese sentido, tan radical. Ello abrió la puerta a la crítica despiadada por parte de un sector de los medios y de buena parte de los partidos de derecha.

Si se quería hacer un cambio de estilo, eso tenía que venir acompañado de un trabajo político que no se hizo. Eso es lo que detecta Alberto Vergara como principal falencia de la gestión Villarán: “El punto principal, en realidad, es que hasta para ser transparente y tecnocrático hace falta un plan político“.

Y de allí que Rosa María Palacios insistiera tanto a Villarán que, por Alá, pusiera aunque sea una foto suya en las obras que viene haciendo la Municipalidad Metropolitana de Lima.  Entre el bombardeo de Castañeda con su nombre en cada escalera que hacía y su aparición todas las mañanas poniendo primeras piedras y el laconismo de Susana existen puntos medios que podrían aprovecharse. Una buena lectura de Weber y lo que dice sobre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad en la actuación política es algo que en la Municipalidad de Lima deberían repasar. No se debe dejar de ser honesto, pero no por ello pecar de cándido.

Finalmente, concuerdo con Vergara en lo siguiente “Ahora bien, la impopularidad no debe ser un argumento para revocar a nadie“. Con Toledo querían hacer lo mismo y no se pudo (ni se debía hacer). Basta ver los resultados de las revocatorias en los últimos 15 años para darnos cuenta que las autoridades vacadas son la minoría. Lo mejor es que cada quien cumpla su periodo, ni un minuto más, pero tampoco un minuto menos. Y claro, entender que su cargo, además de una buena tecnocracia, requiere una visión política, es algo que la alcaldesa deberá tener claro en los 3 años que le quedan de gestión.

MAS SOBRE EL TEMA:

Otra entrevista a Villarán en El Comercio

CHAVIN DE HUANTAR Y LOS TUNELES DE LOS QUE NO SALIMOS

Hace un par de semanas, entrevisté en La Mula al periodista David Hidalgo, autor del libro Sombras de un rescate: tras las huellas ocultas en la residencia del embajador japonés (Lima, Planeta, 2007), con motivo de los 15 años de la toma de dicha casa, a manos de miembros del denominado Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Al terminar dicha charla, me quedó como sensación que la sociedad peruana aún no ha terminado de procesar este hecho, que culminó con el exitoso operativo de rescate de rehenes bautizado como “Chavín de Huántar”.

Existen varias cuestiones de aquel prolongado secuestro que, a esta altura, resultan claras. La toma de rehenes es un delito, el MRTA fue una organización subversiva que empleó métodos como el secuestro para propiciar el terror en los ciudadanos peruanos y obtener objetivos políticos y financiamiento económico, existieron muchos descuidos de inteligencia que permitieron un acto de este tipo, la operación militar de rescate fue exitosa y modélica y existió una deliberada disputa entre los miembros principales del fujimorato por apropiarse del mérito de un operativo exitoso.

Pero hay algunos puntos en esta historia que nos han impedido terminar de procesar este acontecimiento. El principal, sin duda, es la presunta existencia de ejecuciones extrajudiciales ocurridas con posterioridad al operativo de rescate. Y que ha vuelto esta semana a la palestra con la demanda interpuesta por la CIDH al Estado Peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por este caso.

Aclaremos aquí varias cuestiones.

1. ¿Hay indicios para hablar de ejecuciones extrajudiciales? . Y ellos van más allá del conocido testimonio del ex diplomático japonés Hidetaka Ogura. Las pericias realizadas por el Equipo Peruano de Antropología Forense revelan que, al menos en un caso, uno de los secuestradores fue ultimado con un solo disparo, en forma tal que fue presuntamente ejecutado en condición de rendido. Existen, además, otros testimonios que apuntan en la misma dirección, como los ofrecidos por los policías Marcial Torres Arteaga y Raúl Robles Reynoso, quienes entregaron a un secuestrador vivo al equipo comandado por Jesús Zamudio Aliaga, según registra tanto el expediente judicial del caso como el libro del periodista Umberto Jara.

La tesis central que maneja el Ministerio Público es la existencia de un equipo con una cadena de mando paralela, distinta a la de la operación militar.

2. ¿Quiénes son los implicados en estas ejecuciones extrajudiciales? En concreto, cuatro personas: Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza Ríos, Roberto Huamán Azcurra y el ya mencionado Zamudio Aliaga (prófugo de la justicia). A ellos podría sumarse, en teoría, Alberto Fujimori, pero vemos difícil que el Estado peruano tramite ante Chile la ampliación de la extradición por este caso, debido a la pertenencia de los presuntos ejecutados a una organización subversiva rechazada casi unánimemente por la sociedad peruana (rechazo al que me sumo, por cierto).

Estas cuatro personas están siendo procesadas ante el Poder Judicial y se viene celebrando por tercera vez el juicio oral en este caso, ya que, en dos veces consecutivas la Sala encargada del caso ha cambiado a 2 de sus 3 magistrados. Por regla procesal, eso hace que se “quiebre” el proceso.

3. Entonces, ¿cuál es el problema que se resolverá en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Cabe mencionar, para comenzar, que la Corte no establecerá juicio alguno sobre la inocencia o culpabilidad de nadie, ni de los comandos, ni de los cuatro procesados en el Poder Judicial peruano. Este organismo procesa a estados y no a individuos.

La Corte determinará, fundamentalmente, si es que existen indicios para presumir la existencia de ejecuciones extrajudiciales y si existieron violaciones al debido proceso en el esclarecimiento de estos hechos en sede nacional, cuestiones por las que puede hacerse responsable al Estado peruano.

4. El tema del fuero militar: Y he aquí lo que concierne a los comandos. Al igual que los medios que se han escandalizado con este proceso en el sistema interamericano, consideramos que los comandos son inocentes y que la operación militar no debe ser cuestionada. Pero, a diferencia de estos medios, sí creemos que existe un problema en la absolución de los comandos hace casi una década. Y ello por una razón bastante simple: las investigaciones fueron cerradas para ellos en el fuero militar.

La jurisprudencia nacional e internacional señala que el fuero militar no es el ámbito en el que se deban resolver casos de derechos humanos. Ello porque es una instancia judicial excepcional, destinada para delitos de función, entre los que no se encuentran las ejecuciones extrajudiciales.

De allí que una abogada y periodista como Rosa María Palacios haya sugerido desde hace varios meses, cuando era previsible que el caso llegue a la Corte – y ante la alta probabilidad de derrota en el proceso, por lo arriba señalado -, que el Ministerio Público inicie de oficio una investigación a los comandos que termine con el sobreseimiento del caso para ellos en forma definitiva.

Este es el aspecto estrictamente legal, que no es difundido por los medios que se convierten en los altoparlantes de un sector conservador y cavernario, que no duda en utilizar a héroes para su agenda particular, olvidando que toda persona, más allá de sus méritos o deméritos particulares, debe someterse a la justicia cuando ésta lo requiera. Comprendo el malestar pues, personalmente, se lo que se siente cuando alguien está convencido de su inocencia y, aún así, debe afrontar un proceso judicial, con todo lo que ello implica. Pero eso no quita que una persona deba acudir a sus citaciones e investigaciones. Nadie está por encima de la ley, ni un ciudadano común, ni un héroe, ni un alto dignatario.

Y no dudo que este hecho va a ser utilizado por este mismo sector para querer insistir con el indulto a Alberto Fujimori. Ya no por la socorrida fórmula de la salud, desbaratada la semana pasada por dos reportajes del periodista Daniel Yovera difundidos en el programa Tribuna Abierta, sino apelando al trillado argumento de sus méritos frente al terrorismo. Tema que legalmente no está contemplado, ni que tampoco debiera ser tomado en cuenta.

Como dijo Juan Carlos Tafur en una columna reciente: “Si nuestra casa se incendia y llamamos a los bomberos para que nos salven, pero en la tarea los mismos roban nuestros enseres y además violan a algún familiar, ¿deberemos acaso perdonarles dichos delitos en mérito a su salvataje? Por supuesto que no. Pues eso hizo Fujimori.” Y añadiría, lo empeoró cuando quiso atribuirse todos los méritos de una victoria que tiene varios factores y, con su conducta, terminó tiñendo todo bajo el manto de la sospecha y, en casos puntuales, ello implicó la comisión de delitos concretos.

Ojalá los comandos puedan quedar fuera, ya no solo del proceso judicial, sino también de las manipulaciones de un sector político que mantiene invicta su capacidad de mentir y utilizar a personas que cumplieron con su deber y que no merecen asociarse al grupo más retorcido de la política nacional, ni a sus ayayeros mediáticos con el ADN lleno de camisas negras.

UN PASADO A AFRONTAR

En estos días previos a la Navidad, varios hechos vinculados a la pesada herencia del pasado de las dos últimas décadas del siglo XX han puesto sobre la mesa interrogantes claves sobre lo que la sociedad peruana, en los próximos años, tendrá que seguir afrontando respecto a dicha carga histórica.

Todo comenzó con los rumores sobre un posible indulto humanitario a Alberto Fujimori. Un claro ejercicio de manipulación en fechas en que la gente anda más sensible (con la colaboración de varios medios de comunicación, como indica Juan Carlos Tafur), pero que se terminó de caer con un reportaje de Daniel Yovera en Tribuna Abierta, en el que quedó claro que Fujimori no es candidato a Jardines de la Paz y que recibe más visitas que muchos en libertad. Lo peor para el fujimorismo es que todas estas maniobras hacen que el caso de su líder se asemeje mucho al de Crousillat y que, además, queden atrapados permanentemente en el pasado.  Y claro, al resto nos deja un olor a bacalao bastante fétido.

El otro suceso vergonzoso de la semana se encuentra en las decisiones de la Sala Penal Nacional para autorizar viajes temporales de dos miembros del MRTA al extranjero, a pesar de aún estar cumpliendo sus penas en libertad condicional. Si bien es cierto la legislación permite este tipo de decisiones (lo que debería cambiar ipso facto), lo cierto es que su fundamentación es bastante pobre y que los magistrados debieron usar criterios de discrecionalidad para otorgar estos beneficios. Además de todos los recuerdos ingratos y dolorosos del accionar del MRTA (asesinatos y secuestros), la Sala Penal Nacional sigue estando en la picota: durante los últimos años ha tenido graves retrocesos en casos de violaciones a los derechos humanos y ahora comienza a tener estas decisiones inexplicables en casos de terrorismo. Una lástima, porque la SPN, bajo la conducción de Pablo Talavera, pudo condenar a las cúpulas de Sendero Luminoso y el MRTA a penas bastante altas y sentenciar algunos casos importantes de crímenes cometidos por agentes del Estado.

Como una suerte de recuerdo de que aún tenemos una tarea pendiente con 15,000 peruanos desaparecidos en el país, esta semana se conoció la existencia de 8 fosas comunes en el distrito ayacuchano de Ayahuanco, en las que se encontrarían los restos de 100 personas asesinadas durante el periodo de violencia (no se determina aún la posible autoría). Recuerdo de una tarea pendiente de búsqueda importante para muchas personas que quieren cerrar su periodo de duelo. Como señala una campaña del Equipo Peruano de Antropología Forense, es Navidad y los seguimos esperando.

De allí es necesaria la necesidad de seguir recordando y actuando, pero con un horizonte como el contemplado por Diego García Sayán, flamante presidente de la Comisión del Lugar de la Memoria:

Partiendo de la recordación objetiva de lo que ocurrió de manera que las víctimas de la violencia, hombres y mujeres, civiles y militares, del campo o de la ciudad, se sientan todos allí expresados. Sin excepción alguna. Pero mirando más allá. Hacia un futuro mejor basado en valores fundamentales como la reconciliación, la tolerancia y la inclusión.

Ni criticar a Fujimori convierte a una persona en senderista, ni criticar las decisiones referidas a terroristas nos transforma en fujimorista. Pertenezco a aquel grupo de peruanos que rechaza la violencia venga de donde venga y que quiere que podamos aprender a convivir en paz, a resolver nuestros conflictos por la vía pacífica. Que quiere justicia para todos y para el que un muerto no vale más que otro. Ojalá comencemos a aprenderlo. Que estas fechas que vienen nos ayuden a reflexionar en ello.

Feliz Navidad.

POST CANDIDATOS: UNA VISION DEL AÑO ELECTORAL

Post Candidatos, libro compilado por Carlos Meléndez sobre la campaña electoral, deja varias lecciones tanto a los actores de la política peruana como a quienes la analizan. Luego de terminar su lectura, van algunas conclusiones que me deja este conjunto de ensayos:

Un sistema partido: Más que un sistema de partidos, tenemos a líderes políticos con organizaciones incipientes, que sobreviven a algunos fracasos electorales, ubicados en el tradicional espectro de izquierda a derecha y que concentran el apoyo de un segmento del electorado que no llega al tercio. Ello explica una elección tan disputada, con tanta incertidumbre y que elevó el margen de error real de las encuestas de intención de voto.

Campañas cada vez más profesionales: Lección que deberá ser aprendida, sobre todo, por Alejandro Toledo y Luis Castañeda Lossio. La carencia de una organización mínima en Perú Posible propició que los errores de campaña no pudieran ser corregidos, lo que generó la desbarrancada del ex presidente. Mientras que hacer una campaña “a lo que salga” hizo que Castañeda acabara como el forever alone del año.

La economía no lo es todo: Máxima que debe quedar tanto para PPK – y los candidatos de derecha que lo sucedan – como para los medios de comunicación que se lanzaron en masa a atacar a Humala sólo por su aparente poca identificación con el modelo de mercado. Dos datos del libro de Alfredo Torres sobre opinión pública: solo 1 de cada 5 peruanos cree plenamente en el liberalismo económico y la derecha no gana si es que sus propuestas no atienden a los sectores populares.

El peso del pasado: Si bien el fujimorismo tiene aceptación popular que ha permitido su supervivencia durante 20 años, aún no se ha planteado bien qué hacer una vez que su líder desaparezca físicamente, así como con el ala más dura de su agrupación. Situación que no solo les ha costado la elección, sino también al quedar atrapados en tópicos como el indulto, sin posibilidad de colocar otros temas en la agenda.

Las lecciones para Humala: El pragmatismo que le sirvió para ganar la elección debe ser acompañado de equipos eficientes y afiatados para gobernar. Y deberá mantener el equilibrio que alcanzó en la segunda vuelta: el centro no es sólo un estado de ánimo, sino un espacio político bien definido.

PD: Mi solidaridad con Laura Puertas ante un despido injustificado que termina siendo una condecoración.

(Columna publicada en Diario 16 el 22.12.2011)

También sobre Post Candidatos: Eduardo Dargent, Fernando Tuesta y el propio Meléndez

CARLOS RAFFO: SU JUICIO, EL FUJIMORISMO Y SU RETIRO

En el último programa del año de Pasando Revista, conversé con el ex congresista fujimorista Carlos Raffo. Como sabrán, con Raffo me separan muchas diferencias, pero la charla demuestra que siempre se pueden llevar conversaciones alturadas entre personas que piensan diametralmente distinto.

Esta es la segunda oportunidad que tuve para dialogar con el ex asesor de imagen durante este año. En la primera charla que tuvimos hablamos sobre todo de las disputas internas que ocasionaron su salida de Fuerza 2011 y me dejó una frase para el recuerdo sobre la campaña: “perdimos por brutos”.

En esta nueva entrevista, nos concentramos sobre todo en el proceso judicial que concluirá en estos días. Desde su relación con las magistradas, pasando por el mutis que el fujimorismo en pleno ha tenido sobre su caso, así como otra frase: “me retiro de la política pase lo que pase con el juicio”. Harta pepa. Vean la entrevista.

http://cdn.livestream.com/grid/LSPlayer.swf?channel=lamulape&clip=flv_09c364b3-3ef9-4999-8fc3-32f2711ab82a&autoPlay=false

POST PRENSA (UN BALANCE DEL PERIODISMO EN EL 2011)

Confirmando que ha sido un año bastante complicado, en muchos aspectos, para el ejercicio del periodismo en el Perú, ayer América Televisión despidió a su directora periodística, Laura Puertas. Una decisión poco comprensible desde el punto de vista comercial ya que, como indica La Mula:

Se supo que el viernes pasado, Laura Puertas había sido felicitada por su labor periodística; incluso se le había entregado una placa recordatoria “en reconocimiento por su valioso aporte en el proceso de reestructuración” del canal.

A lo Scrooge (en vísperas de Navidad) y 72 horas después de que el canal le diera una placa. Lindo ejemplo de empleadores. Con Laura Puertas, también se retira Raúl Tola, quien renunció al canal luego de esta noticia.

No ha sido el primer despido inexplicable en Montero Rosas. En plena Semana Santa, Patricia Montero y José Jara de Canal N fueron echados sin causa alguna aparente. Y lo mismo ocurrió, también antes de un feriado, con Rosa María Palacios, a quien no se renovó contrato señalándole que el canal haría “entretenimiento”.

En realidad, Puertas ya se había salvado de otras situaciones críticas. La primera surgió con la crisis de los Petroaudios en el 2008, cuando algunas cabezas rodaron en el grupo El Comercio. Mientras que hubieron otras durante el 2011 vinculadas a la cobertura de la campaña electoral, en el que el directorio acuso a Laura de “humanizar” al hoy presidente Ollanta Humala. En estas últimas ocasiones, Rosa María Palacios envió cartas al directorio para evitar el despido de Puertas. Mientras que Raúl Tola fue claro en su columna semanal en La República sobre las motivaciones políticas que rodearon a los despidos de Montero y Palacios. Ahora se entiende, en términos completos, todas las tensiones ocurridas en América durante el 2011. Y se trata del canal más importante del país, que este año salió de su proceso de reestructuración patrimonial.

No han sido los únicos casos de arbitrariedades contra la prensa. En lo que se refiere a juicios, el caso más absurdo fue el del periodista ucayalino Paul Garay, quien finalmente salió de prisión en octubre pasado luego de purgar cárcel por una información que nunca difundió. Casos como éstos evidencian muchos de los problemas que, fuera de Lima, existen para el buen ejercicio del periodismo: sanciones penales desmesuradas contra periodistas críticos, programas radiales o medios locales destinados exclusivamente al insulto, amenazas de muerte y asesinatos de hombres de prensa. Son cuestiones poco visibles en Lima, salvo para organizaciones como IPYS o en foros especializados.

También ha sido uno de los años que se ha discutido más sobre el rol del periodismo en varias coyunturas, así como sobre diversos temas que atañen a su ejercicio. Algunos tópicos interesantes han sido:

COBERTURA ELECTORAL: Aunque aún tengo pendiente de lectura el ensayo de Mariel García Llorens en Post Candidatos sobre este tema, existen algunas conclusiones preliminares que pueden señalarse. La excepción a la regla fue que los medios tomaran partido por algún candidato o en contra de alguno. Claro, no a la manera gringa, sino a la peruana, con la mezcla de información y opinión. Ello tuvo consecuencias serias en la cobertura, tanto en términos cuantitativos como cualitativos. Así como en los propios ciudadanos, algunos más críticos con lo que se les presentaba y otros que reclamaban que el medio o periodista en cuestión se parcialice con el candidato de su preferencia.

Aquí lo clave no es que un medio tome o no partido, sino que se garantice el derecho a la información para tomar una mejor decisión y a un mejor rigor periodístico. Un buen resumen, circunscrito a algunos medios, se encuentra en una presentación de Santiago Pedraglio.

PLURALIDAD INFORMATIVA: A partir de lo ocurrido en los medios televisivos del grupo El Comercio y del surgimiento del Grupo ATV con cinco canales consolidados (uno de ellos informativo), no han faltado voces que debatan el tema de la concentración mediática. Algunos para proponer alguna forma de control, sea amparados en la Constitución o en la creencia que todo conglomerado trae problemas. Otros para defender la idea de que, en el fondo, no importa la forma societaria, pero sí la defensa de la pluralidad informativa. Este debate se vio acrecentado por lo indicado en el plan de gobierno original del hoy presidente Humala, acerca del tema de los medios de comunicación.

Otros temas derivados son la concesión de las señales de la televisión digital, publicidad estatal, los permisos para radios comunitarias y la legislación para los medios de comunicación del Estado.

POLICIALES: El caso Ciro Castillo fue la telenovela mediática del año y el caso policial peor cubierto de los últimos tiempos. Desde la creación de hipótesis inverosímiles para justificar la tesis de un crimen, pasando por la publicación de mensajes de texto privados hasta las fotos e imágenes del cadáver fueron algunas de las prácticas deleznables. Claro, a ello debemos sumar la ausencia de interrogantes claves en la prensa sobre la inoperancia de la policía para hallar el cuerpo o de las instancias de auxilio ante la pérdida de dos personas en una zona altamente visitada por turistas.

COBERTURA DE CONFLICTOS SOCIALES: Se tiende a caer en dos extremos, ambos derivados de tomar partido por alguna de las partes. El primero, aquel que enfatiza en el carácter intrínsecamente positivo de las protestas, sin revisar con exhaustividad los intereses de los actores involucrados, así como los tejidos políticos y sociales de cada región del país. El segundo, es el comentado por Jacqueline Fowks y que volvió a verse en su esplendor en el caso Conga y también:

Este año, la desinformación sobre las demandas de Puno –contra la minería formal y la informal- que desatendidas por el gobierno y no cubiertas por los medios capitalinos llevaron a hechos violentos y extremos en junio último. De tal forma que la representación de quienes exigen respeto a sus derechos, o su agua, sus bienes o su vida, terminan apareciendo simplemente como ‘violentos’ porque les prestan atención solamente en el momento más extremo, cuando ya no saben a qué acudir para obtener alguna respuesta o solución. Y entonces el estereotipo de violentos se repite.

MEDIOS DIGITALES: Este año tres medios digitales tuvieron algunas coberturas destacadas. IDL – Reporteros tuvo dos grandes reportajes: la saga dedicada al tema de la pesca y las fallas en los controles sobre la cantidad de pescado realmente extraída en el país y el destape del caso Chehade. Mientras que INFOS, un portal del IPYS, marcó otro tipo de veta de investigación vinculada a temas de interés social, como las fallas en el transporte urbano limeño, la trata de personas o la violación sexual, entre otros. Ambos medios presentan información de gran calidad, pero adolecen de un problema a mediano plazo: dependencia del financiamiento de la cooperación internacional.

La Mula apostó por la cobertura en vivo y la presentación de temas y enfoques que no se tocaban en otros medios de comunicación. A ello sumó, desde la segunda vuelta electoral y con mayor énfasis en el segundo semestre del año, un canal vía Internet con espacios de distinto tipo (disclaimer, incluyendo al autor de este blog). Queda por ver si la compra por la RCP de la franquicia de la revista Poder alimentará un grado mayor de trabajo en periodismo de investigación que este portal requiere para su consolidación.

De otro lado, en varios foros sobre periodismo e internet se ha criticado al portal web del diario El Comercio, por su énfasis distinto en su cobertura al del medio impreso, a extremos tales que se priorizan noticias sobre farándula o “notas curiosas” que atraen a un fuerte segmento de lectores, pero que también pueden ahuyentar a otros que buscan otro tipo de información, más cercana a lo que ofrece el diario decano en el papel. Un debate pendiente entre el algoritmo para obtener más visitas y la necesidad de mantener una imagen de seriedad para un diario que marca pautas y últimas palabras en varios temas.

Se me quedan en el tintero algunos temas, como el cierre de CPN Radio (un espacio importante en el dial), la aparición de competencia fuerte en el cable en el rubro noticias (a N y Willax se sumaron este año RPP TV y ATV+), las contradicciones en medios cercanos al nuevo gobierno como La Primera, los alcances y límites de una aventura periodística basada en la mera venta de semanarios como la que tiene César Hildebrandt ya por más de un año, o el cuidado en el uso de fuentes como redes sociales (caso Perú.21 – Villarán) o investigaciones académicas (ver capítulo de Uceda en este libro) para construir una noticia o un reportaje de largo aliento.

Año intenso. Y que el próximo traiga menos juicios a periodistas por “quítame estas pajas”, menos despidos sin explicación (y menos gente que los intente justificar), una mejor conciencia sobre lo que hay que difundir (y lo que no se puede hacer), así como la necesidad de entender que, finalmente, el periodismo busca que el ciudadano tenga información para tomar mejor sus decisiones, desde un voto en una elección presidencial hasta la asistencia al cine o a un partido de fútbol. Buenas noches, buena suerte.

(Foto: observatoriofucatel.cl)

CHUPONEO: LAS OTRAS CARAS

Durante el fin de semana, se ha discutido mucho sobre la Ley Bedoya y sus implicancias para la libertad de expresión. Dos puntos de vista interesantes al respecto son los de Augusto Álvarez Rodrich y Roberto Bustamante. Mi opinión es clara: la propuesta normativa no resuelve el problema de fondo: la interceptación ilegal de conversaciones privadas y el tratamiento excepcional que los medios de comunicación deben tener frente a este tipo de grabaciones.

Hoy en el Perú, por segunda vez en su historia, se viene procesando a una banda dedicada a la interceptación telefónica: Business Track. La primera, como sabemos, fue el fujimontesinismo y por lo menos algunos de los vinculados han sido sancionados. El problema con el caso BTR es que, si bien es muy probable que los involucrados directamente en la interceptación reciban penas de càrcel, no ocurrirá lo mismo con los financistas del espionaje, a quienes no se ha identificado plenamente, màs allà de varias pistas. Y tampoco se la logrado develar quienes estuvieron detrás de otros espionajes, como los ocurridos contra Lourdes Flores.

La ley peruana permite las interceptaciones telefònicas legales, únicamente para la investigación de delitos. Este tema se maneja a través de un software donado por la DEA a la DINANDRO y en la que tienen injerencia tanto esta entidad policial como el Ministerio Público. Como lo ha señalado La República, el sistema, llamado Constelación, ha logrado pistas que han permitido desarticular bandas organizadas, sobre todo en el tema de narcotráfico. Y, en teoría, el sistema debería ser bastante seguro.

Sin embargo hoy, La República ha publicado la existencia de evidencia que podría hacer suponer la existencia de filtraciones en Constelación y la posibilidad de que el sistema pueda ser utilizado para temas políticos. Se mencionan como elementos tanto las interceptaciones contra Humala y su círculo cercano en la campaña electoral, contra Omar Chehade luego del escándalo del Brujas de Cachiche y también el caso Crousiilat. La madre del cordero está en que:

Remigio Hernani, ex ministro del Interior, ha recordado que Adelaida Bolívar, ex fiscal de la Nación, rechazó durante su gestión la propuesta de la DEA para que el Ministerio Público asumiera a plenitud la conducción del proyecto, tal como ocurre en Colombia, donde todo el sistema está bajo el mando único de la Fiscalía General de la República.

Perú, en cambio, ha optado por un manejo compartido del programa. La Dirandro opera la estructura técnica, y el Ministerio Público programa y tramita el servicio de escuchas.

Dirandro depende del ministro del Interior y del Presidente de la República. En tanto, el Ministerio Público es un  ente constitucional autónomo.

¿Cómo se concatena esta conducción dual? A fines del 2008, cuando “Constelación” estaba en pleno adiestramiento, el presidente Alan García ordenó que Dirandro investigara el caso BTR (Business Track) sobre interceptaciones y no Dirincri, a quien correspondía, según los entendidos.

–¿Por qué procedió así?  –preguntó el juez al ex mandatario, en octubre último, en una audiencia del caso.

– …porque tenían experiencia con los equipos –respondió García refiriéndose a Dirandro.
García no explicó su intervención vertical en un caso que concierne al sistema judicial (Policía-Ministerio Público-Poder Judicial).

Como señala Ricardo Calderón Villegas, periodista de la revista Semana, en entrevista a Jonathan Castro, en base a la experiencia colombiana:

¿Cuál es el mayor riesgo de estos programas de interceptación telefónica legal?

Demostramos que existen muy pocos controles. Interceptar con fines políticos o delincuenciales es muy fácil. Vea, para interceptar legalmente un número, se necesita la aprobación de un fiscal y la autorización de un juez. Pero como no hay muchos controles, acá lo que más hizo el DAS fue camuflar el número de un magistrado o un político como si estuviera involucrado en una investigación real, por ejemplo, de un secuestro.

El caso del DAS fue bastante sensible en Colombia. Se trató de la escucha a parlamentarios opositores y magistrados que verían los vínculos de funcionarios del ex presidente Alvaro Uribe con miembros de las organizaciones paramilitares, así como el tema de su reelección. Incluso la DAS chuponeó a Susana Villarán cuando era miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el caso están involucrados varios funcionarios del gobierno de Uribe.

De allí que sea importante que estos sistemas de escucha legal sean controlados y los ilegales identificados y desarticulados. Este es el eje en el que debe moverse este tema, en lugar de ponerle mordazas a la prensa, que, a su vez, deberá hacer una reflexión sobre el uso de las escuchas ilegales como fuente.

LEY BEDOYA: EL DEBATE LEGAL Y LA ÉTICA PERIODISTICA

Desde hace algunos años, el congresista Javier Bedoya de Vivanco ha propuesto que las comunicaciones privadas obtenidas ilícitamente no puedan ser difundidas por los medios de comunicación. Su motivación central, según confesión propia, fue el caso de los famosos audios de Lourdes Flores difundidos por Jaime Bayly en plena campaña electoral municipal.

En este blog estuvimos en desacuerdo con la difusión de dichos audios, porque su contenido no tenía mayor interés público. Las conversaciones entre Lourdes Flores y Xavier Barrón tenían como tema central las percepciones y fanfarronadas de parte de políticos absolutamente desubicados de la realidad, pero que eran comentarios estrictamente personales. Y creo que si Bedoya toma como base este caso por un tema de revancha personal por una derrota, también se equivoca, porque estos audios tampoco influyeron mucho. De hecho, luego de los audios de marras, aquí comentamos lo siguiente:

Para comenzar, el programa de Bayly tiene su pegada mayor en sectores AB. Y es curioso, viendo las cifras de las últimas encuestas, en Apoyo, en el A gana Lourdes y en la de la PUCP, en el AB también gana la candidata del PPC. Dado que ambas encuestas se han hecho luego de los audios, más bien el efecto de rechazo generalizado al chuponeo le habría hecho remontar a Lourdes la ventaja que tenía Susana en ese sector.

La norma propuesta por Bedoya y aprobada por todas las bancadas indica que se penalizará con 2 a 4 años de prisión a quienes difundan comunicaciones obtenidas ilícitamente. Y la excepción planteada es para las comunicaciones que revelen “un contenido delictivo perseguible por acción penal pública”.

El problema es que la redacción de esta norma es poco feliz, dado que excluye varios casos que son una materia de interés público. Comenta el abogado Roberto Pereira, asesor legal del Instituto Prensa y Sociedad:

El problema de esta ley es que exime de responsabilidad únicamente los casos donde lo que se difunda sea perseguible penalmente o que contravenga el ordenamiento legal. Esto limita la difusión de contenidos.

Va a pasar que muchos contenidos de interés público no van a poder ser difundidos porque no califican como contenido delictivo o no contravienen el orden legal. Por ejemplo, si un funcionario público acuerda con otro dilatar una negociación en una protesta social, tener actitudes contrarias a un determinado órgano o conspirar políticamente desde el gobierno, esas conductas no son necesariamente delictivas ni contravienen el orden legal, pero sí son éticamente reprobables.

Lo clave es el interés público. Si hubieran puesto que está exenta de responsabilidad la información que contenga interés público, habría sido una mejor salida. Con esta ley se limita la libertad de prensa, pues muchas cosas de interés público no se van a poder difundir.

Pongo dos ejemplos de cuestiones que sí se difundieron por tener interés público. Varios de los vídeos de la colección Montesinos no revelaban delitos, pero sí eran relevantes para el conocimiento de la estructura de poder y negociaciones que sostenía Montesinos con políticos, empresarios y dueños de medios de comunicación. Y allí se aplicaron reglas claras para proteger la intimidad: audios y videos con contenido estrictamente privado fueron entregados a los afectados vía la Conferencia Episcopal Peruana y partes sobre intimidad fueron testadas en los audios y transcripciones.

Otro ejemplo fueron los Petroaudios. Si bien varios de ellos tenían conversaciones con contenido vinculado a lo delictivo, otras eran relevantes para conocer las vinculaciones de Rómulo León y Fortunato Canaán con autoridades públicas, que mostraban la forma como se manejaba la relación entre el gobierno aprista y algunas empresas privadas.

Ahora bien. Si bien creo que el Presidente de la República debe observar esta norma, también debe existir una reflexión y una autocrítica en el periodismo acerca del uso de contenido obtenido en forma ilícita, así como sobre la famosa autorregulación.

En relación con los audios y pruebas obtenidas ilícitamente, debe quedar claro que su uso debe ser la excepción y no la regla. Y obviamente estas publicaciones excepcionales deben ser justificadas ante el lector. ¿Parámetros? Algunos los brinda los Principios Rectores del Grupo El Comercio:

Si terceras personas se acercaran con información obtenida de manera ilegal, el director del medio decidirá su difusión. Para ello deberá, primero, haber alcanzado el convencimiento de que es verosímil y, segundo, que, en atención al principio de la cultura informativa amplia, no darle difusión al hecho podrá significar un perjuicio al derecho ciudadano de estar debidamente informado.

Claro, para ello es importante que los periodistas que pertenezcan a medios que tengan un manual de ética lo respeten a cabalidad.

Durante este año hemos visto varios casos en los que, a nuestro criterio, la ética periodística ha sido vulnerada. Por ejemplo, la difusión de los mensajes de texto privados de Rosario Ponce, cuya revelación no aportaba detalle alguno para resolver la desaparición de Ciro Castillo ni tampoco para demostrar que no había prueba alguna que involucrara a esta persona en un presunto crímen que, al parecer, no fue tal. Y es cierto que existen mecanismos como el Tribunal de Etica del Consejo de la Prensa Peruana o una entidad similar en la Sociedad Nacional de Radio y Televisión que se activan muy poco, dado que no actuan de oficio. Aquí les cabe a ambos entes una mayor difusión de sus competencias, el alcance de las mismas y sus resoluciones más emblemáticas.

Por ello es que, además de este camino, habría que pensar en alternativas complementarias. Más allá de los consejos de ética existentes en el país – a los que están adscritas solo algunas empresas -, es necesario impulsar la defensoría del lector, radioescucha o televidente en cada medio de comunicación.

Si la autorregulación no comienza a funcionar, no faltarán voces que reclamen leyes como las planteadas por Bedoya, con todos los riesgos que ello implica para la libertad de expresión. Y más allá de que la norma deba ser observada, ello es algo que debería comenzar a pensarse en serio desde los medios de comunicación.