ROSPI VS. BOLIVAR: SEGUNDO ROUND

Como lo comentamos la semana pasada, la Fiscal de la Nación Adelaida Bolivar y el ex Ministro del Interior Fernando Rospigliosi mantienen una disputa por el inicio de una investigación fiscal en Arequipa a raíz de las dos muertes producidas durante los disturbios ocurridos en 2002.

La verdad es que el pleito ha tenido de todo: irregularidades en el inicio del proceso y comparaciones con violadores de un lado, y los ya conocidos adjetivos del columnista político por el otro.

Ayer hemos tenido un contraataque por parte de Rospi, que puede terminar involucrando a la Fiscal de la Nación en un asunto bastante serio.

En su columna de Perú.21, Rospigliosi acusa al esposo de Bolivar, el Coronel FAP (r) Luis Avila, de tener vinculaciones con el narcotraficante Fernando Zevallos, sobre la base de una declaración dada por el ex lugarteniente del conocido ex hombre de aviación, Jorge Chávez Montoya (a) Polaco. Los tres personajes han pertenecido, en algún momento a la Fuerza Aerea.

Aunque el ex Ministro se cura en salud y precisa que la declaración de un delincuente como “Polaco” debe tomarse con pinzas, lo cierto es que se dan elementos de juicio sobre la lenidad con la que Adelaida Bolívar actuó en el caso Zevallos: la separación de la Fiscal de Maynas que investigaba un segundo proceso contra el narco – que está sentenciado a 20 años de prisión por el caso “Los Norteños” – y su reemplazo por un personaje cuestionado por sus presuntos vínculos con el ex dueño de Aerocontinente. Este personaje es el Fiscal Eduardo Castañeda, quien no se ha inhibido de dicha investigación, a pesar que la Procuradora Antidrogas Sonia Medina Calvo, una ex jueza con fama de probidad y rectitud, se lo ha solicitado.

A tal punto llega la seriedad de la acusación que personajes tan disímiles en su opinión sobre Rospi como Carlos Basombrío y Mauricio Mulder coinciden en que la denuncia, por su gravedad, merece una seria investigación.

¿La delgada línea blanca ha llegado a tan altas esferas? La Fiscal de la Nación tiene la palabra.

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SALGADO: UN HUMANO POCO DERECHO

Luis Alberto Salgado Tantte es el actual Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, órgano dependiente del Ministerio de Justicia. Esta entidad se encarga de planificar la política oficial del Estado en materia de Derechos Humanos y, por tanto, se requiere una persona experta y que sea proba.

Sin embargo, Salgado deberá explicar algunas cosas en su currículum bastante serias.

La primera, que salta a la vista, es que no incluye algunos cargos en los que participó durante el primer gobierno de Alan García. Como informó el diario La República en su momento, Salgado fue asesor del Ministerio de Economía y el enlace con el comité de administración del Banco de Crédito en 1987, como parte de la frustrada estatización de la Banca. También se ha desempeñado como asesor del Ministerio de Justicia y Secretario General de dicho sector en 1988, durante la gestión de Camilo Carrillo Gómez, hoy convertido en la principal carta aprista para el Tribunal Constitucional.

Tampoco reporta su CV que el hoy agente del Estado ante la CIDH ha sido miembro del Comité Ejecutivo Nacional del APRA entre 1989 y 1992, cuando era Secretario General el hoy Ministro del Interior Luis Alva Castro.

Más curioso resulta saber el destino de varios de los integrantes del Instituto de Derechos Humanos, institución de la cual Salgado ha sido el directivo ejecutivo central durante varios años. Si bien la institución tiene la presencia de una figura de la importancia del padre Ricardo Morales, presidente del Consejo Nacional de Educación, otros más bien han visto en su paso por el Instituto y su ligazón con el partido de la estrella como un trampolín a la chamba en este gobierno.

Pero antes, resulta curioso ver junto al padre Morales a una figura poco santa como Ricardo Nugent Flores. Este personaje fue magistrado del Tribunal Constitucional y su presidente en la época de la destitución de sus colegas que se opusieron a la reelección de Fujimori. Recuerdo que Nugent renunció, en un inicio, a su cargo, pero finalmente se quedó por los 3 años más que la dictadura se quedó con el poder absoluto.

Jorge César Ferradas Nuñez no sólo es militante aprista, sino el actual Jefe de la Oficina de Coordinación Parlamentaria de la Presidencia del Consejo de Ministros. Fue miembro fundador del IDH.

Otro miembro fundador del IDH, Enrique Gutiérrez Arbulú, fue designado en diciembre de 2006 como agente del Estado para los casos Cantoral Benavides y Tribunal Constitucional, en los que tiene que justificar el cumplimiento de ambas sentencias por parte del Estado peruano. Es curioso, dado que esta persona ha sido asesor en la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial en el tema de modernización y gerente de asesoría legal del Ministerio Público, es decir, ha trabajado durante la reforma judicial controlada por el fujimorato, tiempo en que no se respetaron los derechos humanos.

Fernando Valverde Camán, otro militante aprista y actual Director Ejecutivo del IDH, también consiguió un puesto gracias a Salgado: agente del Estado en el cumplimiento de la sentencia del caso Lori Berenson ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Sin duda, Salgado tendrá que darnos una explicación sobre todas estas cosas, además de su actuación como defensor del Estado, que más parece ser la actuación del abogado del partido al que pertenece.

DESINTELIGENCIAS

Más sobre el caso de venta de información de inteligencia de la Marina a agentes privados.

Hoy hemos tenido mayores repercusiones sobre el escandaloso caso de venta de información de inteligencia, hecha por el ex agente Carlos Barba Daza, a empresas privadas, así como la contratación de este personaje para laborar en estas corporaciones, a pesar de estar prohibido que se contrate a personal en actividad de las Fuerzas Armadas para hacer labores propias de su función.

El diario La República señaló hoy un potencial conflicto de intereses del Presidente de la Comisión de Inteligencia del Congreso (y Primer Vicepresidente de la República) Luis Giampietri en una posible investigación sobre este tema, dado su carácter de marino. Un argumento más fuerte, a mi modo de ver, lo presenta Augusto Alvarez Rodrich, que recuerda que el Almirante, como primera acción dentro como presidente de esta comisión, investigó a una institución incómoda para sus intereses: el Instituto de Defensa Legal. Y a ello habría que sumar los rumores incesantes de que algunas de las primicias del llamado “SIN Chicha” serían de su autoría.

Pero también se han producido nuevas revelaciones sobre el caso del capitán Barba. Un reportaje elaborado por Augusto Thorndike para Domingo al Día (América Televisión), reveló que Barba también había prestado servicios de poligrafía – el famoso detector de mentiras – para Telefónica Seguridad Integral, división de la transnacional española. El director de esta división, hasta el año pasado, era un oficial de la Marina en situación de retiro. Y según información de primera mano que he tenido durante esta tarde, varios oficiales en retiro de la Marina trabajan en esta subsidiaria de la empresa española.

Pero más revelador aún es saber que, entre la información que Barba filtró, se encontraban las coordenadas exactas de los remanentes de Sendero Luminoso, así como informes de inteligencia que permiten establecer que estos remanentes vienen sufriendo varias enfermedades y dificultades logísticas. Ojo, los informes son del segundo semestre del 2006, cuando este gobierno ya estaba en el poder. Pregunta: ¿por qué no se actuó aprovechanddo ese momento de debilidad? ¿Falta de estrategia, de recursos o, porque no preguntarlo, convencimiento en las Fuerzas Armadas que mantener una amenaza latente es la única manera de obtener recursos?

Demasiadas preguntas sueltas. Demasiados intereses alrededor. ¿Alguna respuesta?

MAS SOBRE EL TEMA:
Jorge Bruce: Naufragio Moral.
Jorge del Castillo: Se sancionará a traficantes de información de inteligencia.
El Comercio: Especialista Alberto Bolívar recomienda regular a empresas privadas de seguridad.

EL VERDADERO SIN “CHICHA”

Venta de información de Inteligencia de la Marina revela verdadero estado de los sistemas de inteligencia.

Jerónimo Centurión, reportero de La Ventana Indiscreta, reveló el último jueves la existencia de, por lo menos, un agente de inteligencia de la Marina de Guerra del Perú que ha vendido información clasificada a una empresa privada y se ha desempeñado como polígrafo en otra empresa (Ver Parte 1 y Parte 2)

La denuncia es bastante seria. Por un lado, Carlos Barba Daza, el agente de inteligencia involucrado en la denuncia, está impedido de laborar para una empresa privada (Grupo Atenea) – al igual que sus pares – y, menos aún, poniendo en práctica la actividad para la que fue entrenado: la detección de mentiras.

Por otro lado, es significativamente grave la venta de información a una empresa privada (Andrick Service, que tiene en su plantilla a Raúl Gonzáles, senderòlogo vinculado a las Fuerzas Armadas), quien a su vez, suministraba los datos dados por Barba a empresas mineras. Lo que se hacía era seguimiento y files de las autoridades y personas que presuntamente se oponían a la actividad minera, para poder encontrar algo que pudiera involucrarlos en actividades o conductas poco santas. No es difìcil recordar lo ocurrido con el seguimiento al padre Marco Arana y al equipo de Grufides en Cajamarca.

Si bien Allan Wagner y la Marina de Guerra del Perú han reaccionado rápidamente, disponiendo la separación del oficial involucrado y una investigación en Inspectoría de la Marina, la cuestión es más seria de lo que se piensa, dado que las empresas involucradas pertenecen a oficiales retirados de la Marina y Barba no sería más que uno de los varios agentes de inteligencia que hacen este “doblete” de información.

Cuestión que nos debe hacer reflexionar sobre el verdadero estado de la Inteligencia en el Perú. Hace unas semanas escribí al respecto y concluía diciendo que era necesaria una reforma, pero que habían varias personas en el gobierno poco interesadas en que dicha reforma se produzca, dado que conviene a sus intereses particulares tener un servicio desarticulado, que les permita acceder a información que pueda servirles para sus propias campañas.

Jerónimo promete más reportajes sobre este tema para la próxima semana. Sin duda, para que el Gobierno comience a ponerse a las pilas.

CASTIGANDO LA MATERNIDAD

El caso de la cadete de la Policía Nacional Flor de María Cahuaya, expulsada de la Escuela de Oficiales de la institución a la que quería pertenecer, constituye un ejemplo de hasta que punto las instituciones que deberían ser las encargadas de cumplir los derechos humanos son las primeras que los incumplen.

La norma sobre la cual se basó la sanción contra la cadete vulnera la Constitución. No existe razón alguna para discriminar a una mujer por el hecho de quedar encinta, pudiéndose contemplar la posibilidad de que ella pueda reingresar a su centro de estudios, como existe en cualquier Universidad o centro de estudios superiores. Una restricción como la aplicada no resiste un test de proporcionalidad como el que aplica el Tribunal Constitucional para definir si una conducta es discriminatoria. Además, en el fondo, se viene penalizando el libre ejercicio de la sexualidad de una persona, que tiene todo el derecho de elegir en que momento decide tener un hijo o, simplemente, tener una relación íntima con su pareja.

Comentarios como los del ex Director General de la Policía Eduardo Pérez Rocha, quien se ha mostrado a favor de la medida discriminatoria por señalar que la Policía se convertiría en una “conejera” nos demuestran hasta que punto se tienen anteojeras sexistas sobre este tipo de situaciones. Ello se confirma con el silencio que han tenido el Director de la Policía Nacional, el Ministro del Interior, la Defensora de la Policía y el Ministro de Defensa (en las Escuelas de las Fuerzas Armadas se tiene la misma norma).

Señalar que cumplir los reglamentos es un valor que debe defenderse a rajatabla en una institución que se caracteriza por la disciplina es un argumento falaz. Porque un reglamento que vulnera la norma fundamental que la Policía Nacional jura defender, es decir, la Constitución del Estado, no puede ser acatado por el hecho de estar allí. Por el contrario, lo que merece es un cambio radical que, por cierto, ya había sido impulsado mientras duró la reforma policial durante el gobierno pasado, pero que, una vez que la chakana se apoderó del Ministerio del Interior, se volvió a restituir.

Flor de María Cahuaya, de seguro, ganará un proceso judicial que la revindique en sus derechos. Pero un caso como el de ella no debe volver a repetirse. Luis Alva Castro y Allan Wagner deberán dejar de lado prejuicios existentes y modificar normas de bajo rango que vulneran valores como el derecho a la educación, el principio de no discriminación y la libertad de escoger en que momento se opta por la maternidad. Respetar los derechos humanos es el primer deber que tiene un funcionario público y que dos personas con experiencia, como los ministros antes citados, debieran tener como guìa de conducta.

MAS SOBRE EL TEMA:
Ideele Radio: La cadete expulsada de la PNP ¿Un reglamento puede más que la Constitución?
Susana Villarán: Debe desaparecer Reglamento que impide permanencia de cadetes embarazadas en Escuelas de Oficiales.

TLC (TOLERANDO LO CONTRARIO)

Nuevamente las posiciones extremas sobre el TLC se han puesto de manifiesto a raíz de la iniciativa de Ollanta Humala de enviar a Estados Unidos un grupo de congresistas del Partido Nacionalista para que expliquen su posición contraria al Tratado de Libre Comercio.

Por un lado, Humala sigue empeñado en la cantaleta de que un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos es perjudicial per se y quiere hacer todo para que no se firme. La oposición parte de dos premisas básicas: a) una supuesta defensa de intereses nacionales (es decir, dale compensaciones a todos, al igual que los gringos se las dan a su productores) y b) un complejo de inferioridad frente a los Estados Unidos, reflejado en el hecho de pensar que, de todas maneras, todos perderemos con el Tratado.

Por el otro, voces como las de Cecilia Valenzuela, que defienden ardorosamente la firma del TLC “sí o sí” (curioso, cuando Toledo lo decía, varios lo cuestionaban y ahora lo repiten), señalan que la iniciativa de Humala es totalmente antipatriótica y lesiva a los intereses nacionales.

Particularmente, creo que ambos puntos de vista están equivocados.

Comienzo por el último punto de vista. Creo que Humala y sus muchachos nacionalistas pueden expresar su punto de vista si así lo desean. No veo problema en ello. Y no lo percibo así porque considero que la discusión central – y así lo debe haber percibido García en su gira por Washington – no toma en cuenta los puntos de vista de los peruanos, sino que se convierte en un pleito gringo. Como lo señala Silvio Rendón, la presencia de los nacionalistas termine por causar el efecto contrario, es decir, gringos asustados por tener un país más sumado al grupo de Chávez y terminen firmando el TLC. Esas bravatas al estilo “no toquen esto que nos va a ser daño” son contraproducentes, tanto por antidemocráticas como por levantar la imagen de alguien que está dando tumbos en la política peruana.

Pero creo que Humala también está errado. Considero que no haría la misma bulla frente a este TLC si es que la contraparte fuera China, la Unión Europea u otro país (salvo Chile). Y creo que también exagera los efectos negativos del TLC – que existen, tampoco vendamos sebo de culebra a la gente – de la misma manera como desde la otra orilla exageran sus efectos positivos, como si el Tratado fuera el único instrumento de política económica que tenemos. Pienso, además, que el acuerdo comercial supone una gran oportunidad, no solo de aumentar nuestras exportaciones, sino también de elevar nuestra productividad y competitividad como nación.

Y es allí donde Humala debería enfocar sus baterías opositoras: ¿Qué hace el gobierno para reducir el impacto negativo de los sectores perdedores con el TLC? ¿Qué hace Hernando de Soto con el famoso “TLC hacia adentro” tan mentado? ¿Sacarán de la gaveta el Plan Nacional de Competitividad que nos permitirá aprovechar mejor las ventajas del libre comercio y no convertirnos en una economía de maquilas?

Soy de la opinión que el TLC es una importante herramienta para el desarrollo, pero también tiene varios problemas que afrontar. Que se termine de firmar dependerá de lo que pase en Washington las próximas semanas. Que lo aprovechemos dependerá de los peruanos y de las políticas que hagamos para ello. Desafortundamente, como en otras cosas, veo improvisación en Palacio de Gobierno sobre esta materia.

LEVY: GANANDO CON EL NIÑO

“Hombre del tiempo” recibió S/. 10,000.00 de SEDAPAL, por “pronosticar” El Niño. Pago lo hace su amigo personal, vinculado a Hernán Garrido Lecca.

La semana pasada, dos blogs, el de Roberto Bustamante y el mío, hemos informado sobre algunas cuestiones que nos parecen sospechosas con relación al Fenómeno del Niño.

Por un lado, una campaña sistemática impulsada desde el diario Correo con datos suministrados por Infoclima, una consultora metereológica cuyo director es Abraham Levy. Campaña cuyos fundamentos básicos son desmentidos por Ronald Woodman, director del Instituto Geofísico del Perú. Y campaña que también hizo en 1997, aunque con mayor sofisticación y algo más de fundamento.

Por otro lado, los pasados vínculos de Levy con el montesinismo y sus actuales vínculos con el Ministro de Vivienda y Construcción Hernán Garrido Lecca.

Pues bien, hoy Desde el Tercer Piso puede proporcionar datos adicionales sobre como la relación entre Levy y los actuales funcionarios del Ministerio de Vivienda y Construcción son bastante estrechos, a tal punto que la campaña sobre el Fenómeno del Niño le ha permitido obtener alguito.

Según se puede apreciar en el portal del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Compras del Estado (SEACE), SEDAPAL contrató los servicios de Información para la Acción, asociación civil dirigida por el consultor en temas agrarios Fernando Cilloniz Benavides y que cobija a Infoclima, la consultora meteorológica dirigida por Abraham Levy – que no tiene personería jurídica propia. El monto de lo pagado: S/. 10,000.00.

Hay algunas cosas bastante extrañas en todo esto.

La primera, es la fecha de otorgamiento de buena pro: 22 de agosto de 2006. Exactamente 18 días después que Infoclima iniciara su campaña mediática en el diario Correo, a contracorriente de lo que decían los entes estatales que ven el tema climatico y del Fenómeno del Niño. Ello explica porque la consultoría no la paga el SENAHMI o el Equipo multisectorial encargado del Estudio del Fenómeno del Niño, sino una empresa estatal, que está a cargo, adivinen, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, es decir, del Ministro amigo de Abraham Levy.

La segunda, tiene que ver con la persona que actualmente está a cargo de SEDAPAL: Guillermo León Suematsu.

León ha sido Gerente General de SEDAPAL y su Presidente desde el gobierno anterior. Sin embargo, desde la llegada de Garrido Lecca a Vivienda, también ha aumentado sus funciones: hasta ayer, que se le aceptó la renuncia, fue el Director General de Saneamiento del Ministerio de Vivienda y Construcción. De esta Dirección depende Agua Para Todos, el programa donde se ubicó al cuestionado Carlos Arana Vivar.

León tiene algunas cosas que explicar. Por ejemplo, La Ventana Indiscreta reveló, en febrero de 2005, que León fue uno de los promotores del proyecto Marca II, que fuera cuestionado por innecesario durante el Gobierno de Valentín Paniagua.

Otra cosa que tendrá que explicar León es su firma en el cuestionado contrato de publicherrys hechos por los diarios fujimontesinistas de la familia Wolfenson a favor del Ministerio de Vivienda y Construcción. Contrato por el que seguramente será invitado a la Comisión de Fiscalización del Congreso, encargada de hacer la investigación del caso.

Y, en relación con nuestra denuncia de hoy, quizás León tenga que explicar la pasada de franela que le hace Abraham Levy, el beneficiado por el contrato hecho por la empresa que dirige, en una columna de hace unos días:

Al igual que el casi clandestino anuncio de Marca IV que mi amigo Guillermo León, presidente de SEDAPAL, ha hecho de conocimiento público“.

¿Amistad con contrato de por medio?