GABINETE: CAMBIO DE CAPITAN, ¿TAMBIEN EN LA PARTITURA?

Para muchos, la salida de Juan Jiménez Mayor suponía una cirugía mayor en el gabinete. Sin embargo, junto a César Villanueva, solo ha jurado un nuevo ministro: Jaime Saavedra, en Educación.

¿Mal signo para empezar? Es algo aún por ver. Pero también hay que tener en cuenta que Villanueva llega a una estructura de poder más o menos consolidada. Como señala Álvarez Rodrich:

Villanueva puede dárselo pero ello requiere armonizar, por un lado, su adaptación a un organigrama informal donde Nadine Heredia y Miguel Castilla cortan el jamón, con, por el otro, la construcción de un espacio propio.

Así las cosas, habría que preguntarse si es que Villanueva ha decidido no poner más ministros por ahora (o si no ha podido) o si los recambios con su sello llegarán en diciembre. Y esa es la primera interrogante que deberá despejar el presidente del Consejo de Ministros.

La segunda tiene que ver con las prioridades en la agenda. Desde las ciudades se reclama que es la seguridad el principal problema que deberá enfrentar, mientras que desde las zonas rurales y fuera de Lima, se reclama por otros temas: ordenamiento territorial, descentralización, relación minería – comunidades. Los mismos que nunca quedaron resueltos en los tres gabinetes anteriores.

Dificultad adicional, algunos de estos temas tienen que ver con conflictos irresueltos dentro del equipo de Humala (Merino del MEM vs. Pulgar Vidal de Ambiente, para empezar) y, en el caso de la seguridad, los cambios en la Policía merecerían una cirugía mayor a la que se ha visto hasta el momento.

Un tercer tema es el perfil con el que llega Villanueva. Como señala Eduardo Dargent en entrevista con Noticias SER, se trata del presidente del Consejo de Ministros con más peso político en este gobierno, con mayor experiencia que el propio Yehude Simon y que debe pactar y dialogar. Por lo pronto, tiene buenas relaciones con el APRA y Perú Posible, ha pertenecido al partido de Susana Villarán y la tecnocracia más cercana al sector de centro – derecha lo ve con buenos ojos. Eso de entrada lo pone con un perfil mucho más concertador que sus tres antecesores.

Dejando a Villanueva, ¿por qué el cambio en Educación? Según informaron algunas fuentes a DTP, la propia Patricia Salas acordó su relevo con Humala. Las razones combinadas han sido el agotamiento en el puesto de la propia ministra, así como la necesidad de contar con un nuevo titular para impulsar algunas reformas importantes en la estructura del MINEDU, que pasan incluso por una modificación de la Ley y Organización y Funciones. Según una fuente, Salas no se alejaría del entorno presidencial, al igual que Jiménez.

Jaime Saavedra ha sido investigador en GRADE y funcionario en el Banco Mundial. En esta última entidad, según nos cuentan personas vinculadas a esta institución, era bastante bien considerado por sus méritos académicos y profesionales. Saavedra llegará a una cartera siempre complicada, tanto por los temas sindicales (tanto por los dirigentes del SUTEP como por quienes creen que un buen ministro de Educación es el que hace bulling al sindicato), como por la implementación de la Ley de Carrera Magisterial. Y está en veremos su perfil político.

En suma, como buena parte del status quo en la administración Humala, un signo de interrogación enorme aparece en el ambiente. Veremos si César Villanueva lo acrecienta o despeja algunas dudas.

NARCOINDULTOS: NOTICIAS DE BRASIL

A todos sorprendió el cambio de versión de Carlos Butrón dos Santos “Brasil”, en relación con el caso narcoindultos. Pero, durante los últimos días, varios indicios apuntan hacia quienes produjeron esta sorpresiva variación del testimonio del narcotraficante, procesado por el cobro de cupos para la obtención de indultos y conmutaciones.

La primera pista fue dada el jueves por Daniel Yovera en Buenas Noches: la versión de un abogado de un colaborador eficaz en el caso narcoindultos, quien señala que recibió ofertas económicas de allegados al exministro Aurelio Pastor para que varíe su versión. Hay que recordar que colaboradores eficaces han declarado en este caso.

El segundo indicio fue enunciado por Augusto Álvarez Rodrich al día siguiente: las únicas personas que, además del fiscal Walter Delgado, podían acceder a los documentos exhibidos por “Brasil” eran los abogados de Miguel Facundo Chinguel.

El domingo, el tema fue cobrando más impulso. Cuarto Poder presentaba un reportaje en el que contrastaba las versiones de Butrón Dos Santos, dirigentes apristas, el procurador Julio Arbizu y el presidente de la Megacomisión Sergio Tejada. Dos datos fueron los claves:

a) Uno de los abogados de Miguel Facundo Chinguel, Edward Álvarez Yrala, trabajó en el estudio de Luis Nava Guibert, secretario de Palacio de Gobierno en el segundo periodo de Alan García. Así consta en su CV puesto en la web de su estudio de abogados.

El dato es importante, pues Yovera encontró una reunión entre Nava y Facundo Chinguel en Palacio en 2008. Nava también reconoció la existencia de 6 reuniones con el funcionario, pero negó que se trataran temas vinculados a gracias presidenciales, los que se discutían, según Nava, con el funcionario de Palacio Julio Zavala Hernández. Facundo Chinguel colaboró con la campaña de Nava al Parlamento Andino, tanto con contribuciones económicas como con obras sin permiso en San Juan de Lurigancho.

b) Mariano Freddy de la Cruz Huamán, abogado de “Brasil”, es un exjuez destituido por favorecer a dos rankeados narcotraficantes.

El círculo comienza a completarse hoy. En Diario 16, un reportaje de Laura Grados tiene tres datos claves:

UN ABOGADO DE FACUNDO CHINGUEL EN BRASIL: Como lo demuestra el registro migratorio, el abogado Julio César Olórtegui estuvo en Brasil en los primeros días de octubre:

En esos días, como ha señalado la periodista Mónica Vecco, Carlos Butrón Dos Santos comenzó a contactarla para darle alguna información relevante, lo que terminó en la interceptación de los correos de la exasesora de la Megacomisión.

Olórtegui fue el abogado que presentó un recurso para sacar a Facundo Chinguel de la cárcel, sin éxito. Ha sido funcionario de Serpost, entidad estatal donde el expresidente de la Comisión de Gracias Presidenciales era miembro del directorio y, además, donde se descubrió que operaban personas que obtuvieron su conmutación durante la gestión de Facundo para sacar drogas al exterior. Actualmente, según su cuenta en Linkedin, Olórtegui chambea en Facundo Abogados, el estudio del hoy preso militante aprista.

Dato adicional de DTP: Olórtegui estuvo activo en la revocatoria, interponiendo denuncias contra Susana Villarán.

LOS PAPELES EN PODER DE DEL CASTILLO

Como menciona Grados:

en el programa “La hora N” (edición del lunes 21 de octubre, un día después del cambio de versión de ‘Brasil’), el aprista expremier Jorge del Castillo mostró otro documento que contenía la declaración del colaborador eficaz 001. Del Castillo reveló su nombre y dio detalles de lo que contenía su declaración para intentar deslegitimar a los investigadores. El detalle es que el documento mostrado por Del Castillo también pertenece al mismo folio del documento que mostró ‘Butrón dos Santos en su rectificación. Mientras ‘Brasil’ mostraba su propia declaración ante la Fiscalía, el expremier exhibía a otro colaborador eficaz. Ambos papeles estaban solo en posesión del fiscal Delgado Tovar y de los abogados del encarcelado Facundo Chinguel.

EL OTRO NEXO APRISTA

Aquí el dato final del reportaje de Grados, que termina de completar el círculo:

los defensores del encarcelado aprista Facundo Chinguel como el nuevo abogado de Butrón dos Santos, Mariano de la Cruz Huamán, están más que vinculados al partido de la estrella.

El 23 de octubre de este año, De la Cruz Huamán se apersonó al despacho del fiscal que investiga los narcoindultos, Walther Delgado Tovar, para presentar un escrito en el que se presentaba como el nuevo abogado de alias ‘Brasil’.

El letrado en mención figura actualmente como integrante del estudio jurídico Delgado y Asociados SAC, de propiedad del aprista de carné José Luis Delgado Núñez del Arco, conocido como ‘Pepe Lucho’, excongresista aprista en el periodo 2001-2006 y amigo fraterno del expremier Jorge del Castillo.

Pero no es el único vínculo que une al nuevo abogado de ‘Brasil’ con juristas del APRA. Mariano de la Cruz Huamán participó, hace solo unas semanas, de una audiencia del juicio que se le sigue al capitán Gilmer Vilca Torres, quien está siendo procesado por el delito de cohecho pasivo propio, por liberar, a cambio de una fuerte suma de dinero, al denunciado por tráfico ilícito de drogas y robo agravado Arminio Blas.

La audiencia se realizó el jueves 3 de octubre pasado. De la Cruz Huamán asistió en representación del abogado del capitán Vilca Torres, Edward Álvarez Yrala, el mismo que defiende en la actualidad a Miguel Facundo Chinguel, principal acusado en el caso de los narcoindultos.

Pero Delgado Nuñez del Arco no es cualquier aprista, según ha podido comprobar Desde el Tercer Piso. Durante el segundo gobierno de García, recibió el encargo de elaborar una ley de radiodifusión estatal, por encargo de Jorge del Castillo. El nexo de amistad entre George y Pepe Lucho ha sido mencionado por La República en un reportaje. Mientras el excongresista aprista participó en dos desagravios a Del Castillo en los últimos años y la esposa de Delgado fue nombrada jefa de SUNARP cuando George era Premier.

Y, para completar el círculo, Facundo Chinguel, Del Castillo y Delgado Nuñez del Arco formaron parte de la misma lista parlamentaria en 2006.

Todo apunta a que estamos ante la punta del hilo de la madeja.

(Foto: El Comercio, sobre imagen de Canal N)

LOS ULTIMOS DIAS DEL GABINETE JIMENEZ

Esta noche, en el programa de Augusto Álvarez Rodrich, Juan Jiménez Mayor confirmó su salida de la Presidencia del Consejo de Ministros, luego de un año y tres meses de gestión. Indicó que hace semanas había una necesidad de refrescar el gabinete. Ayer lunes le aceptaron su renuncia.

La salida de Jiménez no se produjo por las infelices declaraciones sobre seguridad ciudadana que brindó en el programa de Milagros Leiva, anoche. Al menos cuatro fuentes han confirmado a Desde el Tercer Piso que Ollanta Humala trabajaba en la recomposición de su equipo ministerial desde hace más de dos semanas. La caída en las encuestas y del diálogo nacional fueron su sentencia, según nos indicaron dos fuentes cercanas al gobierno.

El reemplazo de Jiménez Mayor será el, hasta hoy, presidente regional de San Martín, César Villanueva. El administrador de empresas era, hasta hace unos meses, presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Como indica La Mula, ayer lunes tuvo una reunión con Humala en Palacio.

Villanueva pertenece al movimiento Nueva Amazonía. Ha sido dos veces presidente regional y su movimiento regional formó parte de Fuerza Social, el partido de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán. Es visto como un hombre honesto y con simpatías en su región. Asume el cargo a un año exacto de las elecciones regionales y municipales. Curiosamente, un expresidente del Consejo de Ministros con el mismo perfil, Yehude Simon, fue de los primeros en saludarlo. Villanueva llega a Lima a las 11:00 p.m. de hoy.

También resulta curioso que los 3 primeros en anunciar la llegada de Villanueva a Pescadería hayan sido el exministro Aurelio Pastor (quien quiere ser presidente de San Martín), el dirigente aprista Javier Barreda (“viene del Alto Mayo” fue su clave) y el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos.

No es la primera vez que se vocea a un presidente regional para la PCM. Anteriormente, Martin Vizcarra (Moquegua) había sido tentado con el puesto cuando Humala le buscaba reemplazo a Óscar Valdés, pero declinó a esta postulación.

Dentro de los nombres que estuvieron en el bolo para el reemplazo de Jiménez se encontraban René Cornejo y Carlos Paredes, titulares de Vivienda y Transportes y Comunicaciones, respectivamente. Ambos se mantendrían en sus cargos.

Desde el Tercer Piso ha podido confirmar, de primera mano, que también dejará el cargo la ministra de Educación Patricia Salas, una de las pocas que se mantenía del equipo original. El reemplazo de Salas será Jaime Saavedra, exinvestigador de GRADE y actual consultor del Banco Mundial. Según indican nuestras fuentes, se mantendrá la misma línea de trabajo, pero Saavedra podría adolecer del mismo defecto de Mónica Rubio, titular del MIDIS: perfil demasiado tecnocrático, sin un peso político específico.

Varias fuentes también nos han indicado que dejará el puesto la ministra de Relaciones Exteriores Eda Rivas. Según la periodista Rosa María Palacios, su reemplazo será Allan Wagner, quien ocupará el cargo de ministro en tres gobiernos distintos. El cambio era cantado, tanto por el desgaste de la canciller, como por la proximidad de la sentencia en el diferendo marítimo con Chile.

Según Palacios, otros ministros que se van son Midori de Habich (Salud), Milton Von Hesse (Agricultura y Riego) y Nancy Laos (Trabajo). Hasta el momento no se conoce a los nombres de sus reemplazantes. Jiménez ha declinado decir estos nombres, que los anunciarán oficialmente Humala y Villanueva.

Otro tema a definir es si habrá cambios en el MINCETUR, a cargo de Magali Silva. Recientemente, fue “renunciado” el viceministro de Comercio Exterior, Carlos Posadas y la viceministra de Turismo, Claudia Cornejo, se iría, según El Comercio, a fin de mes.

¿Y Luis Miguel Castilla? Según pudo conocer Desde el Tercer Piso hace una semana y media, no se vislumbraban cambios en el MEF, por el momento.

LECCIONES DEL CASO APDAYC

Mañana terminará #intervenganAPDAYC, la saga de artículos elaborados por Marco Sifuentes y Jonathan Castro sobre diversos cuestionamientos a la conocida sociedad de gestión colectiva. El caso ha motivado una miniserie en este blog, diversas entradas en varios portales y blogs en Internet, columnas de opinión en diarios, investigaciones en tres comisiones del Congreso de la República y en el Ministerio Público y cierto consenso sobre la necesidad de repensar la legislación sobre derechos de autor en el Perú.

Pero creo que la investigación original, así como los hallazgos encontrados en otros medios ha permitido extraer algunas lecciones.

1. ES IMPORTANTE QUE EL PERIODISMO TAMBIÉN INVESTIGUE A ACTORES PRIVADOS: Por lo general, en países como los nuestros, la mirada se encuentra concentrada en el Estado, debido a que tenemos políticos que no son precisamente – salvo excepciones – ejemplos de probidad en el uso de fondos públicos. Sin embargo, cada día resulta más frecuente que las investigaciones periodísticas se centren en empresas y en entidades sin fines de lucro. Un ejemplo reciente es la investigación hecha por CIPER, un portal chileno de periodismo, sobre las universidades privadas con fines de lucro en el país del sur.

2. UN PROBLEMA QUE PUEDE PARECER MENOR, EN REALIDAD, AFECTABA A MUCHAS PERSONAS: En apariencia, lo que ocurra en una sociedad de gestión colectiva solo importaría a sus socios. Sin embargo, hemos visto que en el camino vemos que las prácticas de APDAYC afectaban a diversos tipos de personas y entidades: quienes querían hacer una fiesta sin ningún afán de lucro, supermercados y tiendas por departamento, músicos con o sin conexión con APDAYC y hasta municipalidades.

3. ES NECESARIO MEJORAR LA INSTITUCIONALIDAD DE APDAYC: Como lo ha señalado Álvaro Zapatel en Semana Económica, hay tres puntos claves en los que las sociedades de gestión colectiva flaquean: mala interpretación sistemática de las normas sobre derecho de autor, carencia de una ventanilla única para el pago de regalías y la alta tasa de conflictos de intereses. Estos son tres puntos claves a mejorar en una reforma del sistema de derechos de autor en el Perú.

4. SE REQUIERE UNA ACTUALIZACIÓN DE LA LEY DE DERECHOS DE AUTOR: Como ya lo han mencionado Roberto Bustamante y Miguel Morachimo, se requiere actualizar la lista de excepciones y limitaciones al derecho de autor. Asimismo, como mencionó Hans Rothgiesser, si bien es importante salvaguardar el acceso a la cultura, también resulta importante proteger a los creadores que sí quieren lucrar con su obra. En otras palabras, se requiere un nuevo equilibrio – a la luz de los avances tecnológicos de los últimos 18 años – entre el derecho de los artistas a hacer con su obra lo que quieran y las demandas de los consumidores de manifestaciones culturales. Ello implica también que los asociados de APDAYC comiencen a adecuarse al nuevo modelo de negocio en la música. Esta ecuación supondría una reforma de fondo de la legislación actual.

Sin embargo, INDECOPI más bien se decanta por reformas parciales que apunten a modificar los vacíos más groseros de la legislación actual: hacer más específicos las incompatibilidades de familiares de directivos de sociedades de gestión colectiva, evitar los pasos de un lado a otro del mostrador (del regulador a la sociedad de gestión) en forma tan rápida y ampliar el rango de eventos exonerados de pagos a estas sociedades. Y la mención de INDECOPI nos lleva al siguiente punto.

5. SE REQUIERE REFORZAR A INDECOPI Y AL MTC: Un tema ha quedado claro. La institucionalidad de INDECOPI en materia de derechos de autor necesita un cambio a gritos, tanto en su cabeza, como en sus capacidades de fiscalización y sanción. Lo mismo en el caso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el tema de las concesiones de radios, otorgadas a sociedades de gestión colectiva cuando están impedidos de tenerlas.

6. OJO A LOS CONTACTOS POLÍTICOS: Como evidenciamos en la serie de posts en este blog, los directivos de APDAYC han sabido llegar a políticos de todas las tiendas, desde la izquierda hasta la derecha. Y, al mismo tiempo, el propio Armando Massé ha demostrado tener ambiciones políticas propias, sea a través de postulaciones municipales o gremiales. Así se produce un fenómeno ya conocido en la política peruana: funcionarios que terminan avalando (por acción, omisión o figuretismo) directa o indirectamente arbitrariedades cometidas por privados y dirigentes de diversos gremios y empresas que dan el salto a la política para una mejora de su status personal y obtener contactos para sus actividades privadas en el futuro.

Estos seis puntos explican porque el caso APDAYC no es un tema menor, sino que nos dice mucho sobre la institucionalidad pública y privada en el Perú.

MAS SOBRE EL TEMA:

INDECOPI: Se suspenden pagos de regalías a miembros del consejo directivo de APDAYC

(Foto: APDAYC)

CASO NARCOINDULTOS: LA DENUNCIA DE MONICA VECCO

Ayer, Desde el Tercer Piso recibió de una fuente un documento bomba: la denuncia de la periodista Mónica Vecco contra Carlos Butrón Dos Santos “Brasil”, Mauricio Mulder, Jorge Del Castillo, sus colegas Rossana Cueva y Fernando Viaña y quienes resulten responsables. ¿El motivo de la denuncia? El reportaje difundido el último domingo sobre el cambio de versión de “Brasil” en relación al caso de los narcoindultos, uno de los que más pesan en el futuro político de Alan García y, oído a la música, una intromisión en sus correos electrónicos.

El documento de 24 páginas, enviado al jefe del área de delitos informáticos de la Policía Nacional del Perú, es suscrito por su abogado, Santos Silva Sernaqué. Vecco confirma en este documento que laboró en la Megacomisión que investiga a Alan García entre enero de 2012 y mayo de 2013. La periodista indica que, luego de dejar sus labores en el grupo de trabajo presidido por Sergio Tejada, se ha dedicado a diversas labores profesionales y académicas, tanto en el sector público como en el privado.

La periodista narra la existencia de una campaña en su contra, la que no se inició con el reportaje, sino poco antes de un mes de la aparición del reportaje en Panorama. En el punto 3 de los fundamentos de hecho, se señala que:

el sábado 07 de setiembre de este año, apareció en RPP el congresista aprista Mauricio Mulder, denunciando al congresista Sergio Tejada por la filtración  a la prensa de un informe preliminar referido al caso BTR, donde me implica abiertamente en los siguientes términos: “Tejada los reparte a la prensa a través de su asesora de prensa Mónica Vecco”. Al día siguiente el diario El Comercio, volvió a reproducir la misma declaración (p. A10, del 08 de setiembre). Dos días después mandé una carta aclaratoria a dicho diario, señalando que dejé de trabajar en la Megacomisión, en el Área de verificación de datos (y no como asesora de prensa de Tejada) desde el 17 de mayo pasado.

Según indica Vecco, la rectificación requerida al diario en cuestión no fue publicada.

La extrabajadora de la Megacomisión narra que el 24 de septiembre le llegó a su Facebook una solicitud de amistad de un tal “Nacimiento dos Santos”. También aclara en el documento que nunca trabajó en el caso Narcoindultos y que tampoco tuvo a su cargo la verificación de información vinculada al mismo. Vecco señala que aceptó la invitación de Butrón Dos Santos en Facebook con fines periodísticos, específicamente, averiguar sobre los motivos de su fuga.

Como sabemos, “Brasil” fugó sin poderse acoger al beneficio de la colaboración eficaz y actualmente es procesado por complicidad en el otorgamiento de conmutaciones a sentenciados por narcotráfico, a cambio de la recepción de dinero.

Volviendo a Vecco, la periodista menciona como otro elemento de la campaña en su contra un titular aparecido en El Diario de Hoy el día 3 de octubre. El Diario de Hoy pertenece, como varios sabemos, al excongresista Wilder Calderón y al parlamentario Mauricio Mulder. Para ella, el objetivo de la campaña era el siguiente:

¿Cuál era el objetivo de todas estas burdas y tontas falsedades? Era obvio que se estaba preparando un gran operativo cuyos alcances aún no conocemos, que apuntaba y apunta –ahora lo sabemos por la prensa-  a desacreditar las investigaciones de la Megacomisión, tumbarse al congresista Sergio Tejada, al Procurador Julio Arbizú, al Fiscal Anticorrupción José Antonio Maldonado e intimidar a los periodistas de investigación de diarios como Diario 16,  La República, Caretas, etcétera y de programas de TV como Cuarto Poder de América Televisión y del Programa en ATV Canal 9 TV, RML, que dirige el periodista Augusto Alvarez Ródrich, que venían y vienen realizando importantísimas contribuciones en sus propias investigaciones y denuncias contra la corrupción. Resultó evidente que se pretendía y pretende escarmentar con mi cabeza lo que les podría pasar si continuan su trabajo de investigación y denuncia.

En realidad, al fiscal a quien alude es a Walter Delgado. Y el operativo para bajárselo comenzó ayer y continúa hoy.

A continuación, Vecco reseña cómo contactó a “Brasil”, por primera vez, el 3 de octubre. El propio prófugo de la justicia, admite, en estas comunicaciones electrónicas, que no conoce mucho a la periodista. Este dato es clave, pues la denuncia del domingo pasado apuntaba a señalarla como una persona con mucho contacto con el testigo – procesado en el caso narcoindultos, a quien incluso lo habría ayudado a escapar.

Un correo clave en la versión de Brasil fue enviado el 10 de octubre, luego que Vecco le recomendara entregarse a la justicia. La periodista menciona que:

me expresó un argumento para no seguir mi consejo: “…lo único que te digo es que si no ratifico lo dicho ante el juez todos los presos salen y no ocurre nada… pero si me presento no tengo ninguna garantía, porque estoy con orden de captura internacional… desaparecer para siempre, para mi es fácil porque no soy un grande, ni cara conocida, sólo en Lima… no sé de qué manera me ayudarías”. Y para coronar su conclusión me dice: “pero no tendrías que comentar con nadie, ya estoy con decisiones tomadas”. No obstante, desliza a su manera las motivaciones de su decisión: “huir no es bueno… pero el peligro radica también en el comando que el APRA organizó para que me cazen…”.

Vecco indicó que prefería comunicarse con Butrón en forma menos frágil, debido a que el correo electrónico era fácil de interceptar. Y luego:

Me respondió el 14 de octubre, prometiéndome que sería por Celular o Skype y me lanza un anuncio que me dejo preocupada: “quédate alerta, se viene algo grande, muy grande”. Intento insistir, esperando alguna respuesta favorable, pero ya no me respondió. El día sábado 19 de octubre, a las nueve de la mañana me llamó Rosana Cueva de Panorama, para comunicarme que tenía en sus poder los correos que yo había intercambiado con Butrón Dos Santos, le pedí que no los hiciera públicos porque podría poner en peligro mi vida, ya que esas comunicación se había dado dentro del más estricto secreto profesional de los periodistas de investigación.

Vecco luego narra los hechos ya conocidos: la imputación de Mulder sobre supuesta colaboración en su fuga y la posterior denuncia de Jorge del Castillo, presentada el lunes pasado, contra ella, Sergio Tejada y otras personas.

Pero lo más importante es lo que señala la periodista en el punto 16 de su denuncia, cuando se enteró que sus correos formarían parte de un reportaje:

d. La agraviada, al pretender  verificar los referidos correos, el día sábado 19 de octubre del 2013, éstos habían sido borrados por un intruso y posteriormente fueron recuperados por un técnico, a través de un iphone enlazado.

e. En la dirección electrónica mvecco@hotmail.com que la agraviada tiene como correo alterno, la bandeja de entrada también estaba totalmente vacía, lo que evidencia una intrusión en ambos correos, la misma que se confirmó el jueves 24, pues la alerta de google activada un día antes, lanzó el siguiente mensaje: “Has ingresado la contraseña incorrecta o tu cuenta ha cambiado. Vuelve a ingresar la contraseña”, sin que la propietaria haya ingresado a su cuenta. La contraseña había sido cambiada un día antes.

f. El medio de intrusión según opinión técnica-informática preliminar  se habría producido a través de la dirección electrónica mikedo59@hotmail.com.

g.   Por los argumentos expuestos solicitamos que se levante el secreto de las comunicaciones de la dirección electrónica mikedo59@hotmail.com, y se haga una investigación minuciosa para conocer quién o quiénes están detrás de este delito.

La denuncia de Vecco se presenta horas después que el periodista Daniel Yovera diera a conocer, en el programa de Augusto Álvarez Rodrich, la versión de un abogado de un colaborador eficaz en el caso narcoindultos, quien señala que recibió ofertas económicas de allegados al exministro Aurelio Pastor para que varíe su versión. Cuatro colaboradores eficaces han declarado en este caso.

Sin duda, nos encontramos ante hechos que requieren una investigación exhaustiva, tanto por aclarar hasta donde llegó la cadena de mando de los narcoindultos, como para establecer por qué se pretende desacreditar a las personas que han trabajado o trabajan en la Megacomisión o se encuentran vinculadas a investigaciones sobre graves hechos de corrupción acontecidas en el gobierno pasado. El país merece saber porque existen personajes que no quieren que se arribe a la verdad en este caso.

(Foto: La República)

MASSE, CHOSICA Y DOS COLEGIOS PROFESIONALES

En las últimas dos semanas, hemos acompañado la investigación liderada por Marco Sifuentes y Jonathan Castro sobre APDAYC. En particular, nos hemos centrado en las conexiones políticas que ha tenido la entidad en los últimos años.

Pero hay una historia que falta contar: las postulaciones de Armando Massé.

En el año 2006, Massé encabezó el movimiento distrital “Armando el Progreso”, que lo postuló a la alcaldía del distrito denominado oficialmente como Lurigancho y que todos conocemos como Chosica. Varias de sus promesas las pueden ver en esta entrevista que concedió a La República pocos días antes de las elecciones.

Massé quedó tercero en las elecciones con el 12.13% de los votos. Con ello pudo colocar a un regidor, Jorge Denegri Caballero, quien tenía experiencia municipal, pues había sido teniente alcalde en Pueblo Libre en 1998, postulando por Somos Perú.

Pero lo interesante es conocer a algunos de los candidatos a regidores que lo acompañaron en la lista y no entraron.

Comencemos por Andrés Lobatón Palomarez. Según registra la hoja de vida que presentó al Jurado Nacional de Elecciones, trabajó en APDAYC entre 2003 y 2005 como agente de ventas. Pero, años más tarde, en julio de 2013, lo vemos participando en la inauguración de la sede de APDAYC Surco como, oído a la música, el actual Gerente de APDAYC La Molina. Aquí aparece a la derecha del concuñado de Massé, Carlos Cabello y otros gerentes de sedes distritales de la asociación en Lima:

Quien también postuló en la lista es Federico Alberto Mauri Almonacid. Si les digo este nombre, tal vez no lo reconozcan, pero si les menciono a Tito Mauri, esposo de la cantante de cumbia Rossy War, inmediatamente identificarán al personaje.

Como lo ha mencionado Marco Sifuentes, Mauri formó parte del primer consejo directivo de Fundación Autor, la entidad que administra la cadena de radio que APDAYC fue armando: Radio Inspiración. Y hace unos días, en el Utero de Maríta se señaló que:

El año pasado, Mauri recibió 30 mil soles de APDAYC, de los cuales más de la mitad no eran regalías directas: 10 mil eran su renta como socio principal y 7 mil venían del dinero sin planilla.

Por cierto, Rossy War es la secretaria de asuntos socio culturales de SONIEM, la APDAYC de los cantantes.

Otro candidato a regidor en la lista de Massé, Cristian Ballester Yacila, aparece según su hoja de vida, como Agente Cover de APDAYC en 2006. Curiosamente, en un reciente álbum de fotos de APDAYC en Facebook, aparece Cristian Ballester como autor de uno de los goles del equipo de la asociación en un encuentro de la Copa Inter – Empresas.

Es decir, al menos tres personas ligadas a APDAYC estuvieron en la lista de Armando Massé en su primera aventura política.

Decimos primera porque hoy está postulando en la lista Cambio y Dignidad a las elecciones del Colegio Médico del Perú, junto a Santiago Vinces, cercano al APRA. El puesto al que va es el de tesorero:

La gran pregunta es si es el único colegio profesional al que postulará. Como sabemos, Massé es médico, pero también es abogado. Y hace tres semanas estuvo en la casona de San Marcos para el lanzamiento de la candidatura de Víctor García Toma, exministro de Justicia del gobierno de Alan García – en el que le dieron concesiones de radio a APDAYC así como el manejo de Radio Nacional – y exmagistrado del Tribunal Constitucional, al Colegio de Abogados de Lima.

Ojo a este dato. En la última resolución de INDECOPI respecto al tema de las radios, se indica que García Toma hizo un informe jurídico a favor de las pretensiones de APDAYC para adquirir radios. El documento se denominó “Informe sobre los fines y objeto social de APDAYC”.

tl;dr

Massé fue candidato independiente a la alcaldía de Chosica en 2006, llevando a tres personas vinculadas a APDAYC como regidores. Hoy postula al Colegio Médico del Perú en una lista cercana al APRA. Y ronda la lista del CAL que encabeza un exministro aprista que le hizo un informe jurídico para justificar la compra de radios.

Y con esta información, terminamos este spin off de #intervenganAPDAYC. La próxima vez que toquemos este tema, nos referiremos a las lecciones que deja este caso.

ACTUALIZACIÓN (10:25 A.M.):

Víctor García Toma ha respondido a este post a través de sus redes sociales. En su cuenta en Facebook señala que Massé no es parte de su lista al CAL y que fue invitado por la “devolución de una invitación que me hicieran en APDAYC para exponer sobre Derechos Fundamentales como el Derecho a la Creación Artística”. Sobre el informe, el expresidente del TC declaró en Twitter que el mismo fue realizado en el marco “de un proceso judicial” (aunque el proceso ante INDECOPI es naturaleza administrativa) y que también se solicitaron informes a Enrique Bernales y Javier Valle Riestra.

El problema es que ninguno de los abogados arriba mencionados postula al Colegio de Abogados de Lima, el gremio de abogados más importante del país y que podría dar una opinión jurídica con respecto a posibles (y necesarias modificaciones) a la Ley de Derecho de Autor.

MAS SOBRE EL TEMA:

Tamarindo lo sabe: La historia de cómo la música que suena en las tiendas por departamentos es puesta por allegados a Massé y APDAYC, gracias a un proceso judicial contra el grupo Falabella (vía el Útero de Marita)

SOBRE LA LEY DE DELITOS INFORMATICOS

Hoy entró en vigencia la Ley N° 30096, Ley de Delitos Informáticos. Y la norma ha generado varias críticas que es necesario reseñar, para entender que no se busca evitar el control sobre conductas delictivas (que existen y está bien que se sancionen), sino evitar que justos paguen por pecadores.

1. LA APROBACIÓN DE LA NORMA: Como anotó Marco Sifuentes:

fue aprobada con 79 votos a favor y ninguno en contra, a pesar de que, insisto, el texto era distinto en un 80%. ¿En un par de horas, esos 79 congresistas tuvieron tiempo de leer y evaluar todas las consecuencias de la ley que aprobaron? Evidentemente no. Fusionaba los proyectos de otros congresistas y, sobre todo, utilizaba como esqueleto una propuesta del Ministerio de Justicia que no había sido debatida.

2. SE TRATA DE UN PROYECTO FRANKENSTEIN: La discusión de este proyecto fue iniciada cuando Alberto Beingolea era presidente de la Comisión de Justicia. De allí que, inmediatamente, la chapa que le pusieron al proyecto en redes sociales fue “Ley Beingolea”. El proyecto tenía varios defectos pero no fue el aprobado. Más bien, la plantilla de la norma que rige desde hoy nació en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pero le metieron de todo un poco de varios proyectos.

3. LA NORMA NO ES COMPATIBLE CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES: Como indica Miguel Morachimo, respecto de la defensa del Ministerio de Justicia sobre este proyecto:

Lo primero que dicen es que el proyecto solo se limita a seguir la Convención de Budapest sobre el Ciberdelito. Eso es inexacto porque en ninguna parte de la convención de Budapest se habla de grooming, discriminación o agravantes para la interceptación de información pública. Incluso en los casos en los que simplemente se traduce la Convención, se elige pasar por alto algunos detalles. Por ejemplo, la Convención de Budapest permite a los Estados solo criminalizar la alteración de un dato informático cuando se provoque un daño grave (artículo 5). En nuestro caso, el artículo 3 del Proyecto ha elegido no hacer esa precisión. Lo que significa que cualquiera que borre o altere un archivo ajeno puede ir preso.

Peor aún, el Perú aprobó esta norma, sin siquiera suscribir el Convenio de Budapest. Es decir, me “inspiro en el tratado, pero lo interpreto como me da la gana y ni siquiera lo firmo”. Papelón jurídico.

4. TIPOS PENALES DEMASIADO ABIERTOS: La gran crítica a la norma es que varios de los tipos penales que contemplan son demasiado abiertos y sujetos a interpretación por parte del juez. Tanto Morachimo como Sifuentes han publicado dos posts recientes en los que explican como conductas inocuas y sin ningún dolo ya supondrían, al menos, una investigación del Ministerio Público. Hoy, en entrevista en radio Exitosa, Beingolea se comprometió a proponer una revisión de la norma, debido a estas imprecisiones en la definición de los tipos penales.

5. EL EFECTO CATERIANO: Advertido por el abogado Erick Iriarte: se colocó en la norma una modificación al artículo 162° del Código Penal, que resulta bastante ambiguo ahora. Como indica La República:

apuntó que en el caso de la interceptación de las comunicaciones, que también se sanciona con 10 años de prisión, no se indica lo que ocurrirá con la divulgación de la información.

“Este artículo puede generar mecanismos de autocensura“, manifestó.

Esta modificación fue propuesta por el proyecto del Poder Ejecutivo, presentado luego del famoso audio del ministro Pedro Cateriano en el que alude a una supuesta “luz verde” de Nadine Heredia para compra de equipamiento militar. Ojo con esta disposición.

6. OTROS REPAROS: Como indica el abogado Oscar Montezuma, hay otros problemas:

  • Si bien la intención de la norma es positiva ya que busca actualizar el catálogo normativo de delitos informáticos, es importante utilizar una adecuada técnica legislativa al hacerlo. Por ejemplo, el proyecto aprobado no distingue entre delitos informáticos (donde el bien jurídico afectado es la información) y delitos a través de medios informáticos (es decir, conductas tradicionales, por ejemplo un robo o estafa, donde el ilícito es cometido por medios informáticos) generando una distorsión conceptual relevante.
  • En línea con lo anterior, se establecen agravantes por el sólo uso de la tecnología lo cual puede terminar desincentivando su uso y minando un importante espacio de innovación como es el entorno digital (tal es el caso del delito de discriminación).
  • Si bien los nuevos tipos penales propuestos son perfectibles consideramos que el problema central de la norma no radica esencialmente en ellos sino más bien en la integración de diversas iniciativas legislativas que han generado una combinación de tipos penales de naturaleza no precisamente informática.

Esta es una norma que debió ser observada. Ahora, la pelea entra a dos terrenos: las modificaciones en el Congreso de la República – donde, insisto, aprobaron una norma casi sin leerla – y el Tribunal Constitucional. Las sanciones a conductas ilícitas, reitero, son necesarias. Pero las mismas no deben ser tan imprecisas que puedan llevar a interpretaciones arbitrarias desde el Poder Judicial. La mala técnica legislativa y la rapidez en aprobar una norma pueden, muchas veces, ser peores que una norma abiertamente negativa. Este es uno de estos casos.

(Imagen: Perú.com)

MAZANGARO: MAS QUE UN ERROR

Desde este espacio, hemos saludado el cambio de estrategia en el VRAEM, concentrado en inteligencia operativa y operaciones claves para realizar capturas o reducir a los remanentes de Sendero Luminoso en estas zonas del país.

Sin embargo, la semana pasada, ocurrió un suceso bastante grave al que pocos medios le dieron importancia. El resumen a cargo de Jacqueline Fowks, para El País de España:

En la misma semana, a las 20:30 del miércoles 16, un helicóptero militar lanzó cohetes a una zona urbana del centro poblado de Nueva Esperanza. Un comunicado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas indicó que se trató de una “operación aérea disuasiva” contra terroristas que prepararían trampas explosivas en los caminos hacia la base contrasubversiva de Mazángaro.

Sin embargo, horas después los residentes desmintieron la versión, pues los militares les habían dicho que no salieran en esos días a sus chacras (tierras de cultivo) porque iban a “limpiar” la zona. Paradójicamente, el hombre que murió a causa de los impactos de piedras causadas por uno de los misiles es Paulino Huamán, miembro del comité de autodefensa, es decir, una organización comunal que enfrenta a Sendero Luminoso, o también la delincuencia.

“Antes han hecho operativos en el campo ¿por qué ahora en el pueblo?”, comentó al diario La República Alberto Toscano, uno de los ciudadanos que firmó un acta a las 6.00 del día siguiente relatando lo ocurrido. El ministro de Defensa, Pedro Cateriano, reconoció la noche del domingo en un programa de TV que se trató de un error, que el hecho está en investigación y que indemnizarán a los afectados. Sin embargo, la promesa del ministro Cateriano no se inscribe en alguna formalidad institucional y los afectados no tendrían cómo exigir su cumplimiento.

Pues lo ocurrido es más que un error – Cateriano dixit – y aquí explicamos porque.

En primer lugar, por el hecho en sí mismo. Cuando leí la noticia en La República o vi el reportaje en Cuarto Poder, pensé que me encontraba en 1984, cuando miembros del Ejército Peruano (no todos, ojo) aplicaban la política de tierra arrasada como respuesta al terrorismo, sobre todo en zonas rurales. Si justamente algo debió aprender el EP (y la Marina, de paso), es que hay ciertos principios básicos que no puedes vulnerar, entre ellos, los derechos fundamentales de los civiles.

En segundo lugar, porque estratégicamente esto es una insensatez. Recuerden cuál es la ecuación ganadora contra Sendero Luminoso: inteligencia bien desarrollada y ganarte a los ciudadanos. Si el segundo pie cojea, vas a tener menos opciones de contar con información valiosa que permita mejores y mayores capturas de las que se han tenido en el VRAEM. Más aún, cuando tu principal activo es una brigada que se forma para operaciones puntuales, luego de recabar datos.

En tercer lugar, porque no hay una norma que permita indemnizar a las víctimas de lo que ocurra en el VRAEM. Indica Fowks:

En Perú, una ley de 2005 reconoce que las víctimas de la violencia ocurrida entre 1980 y 2000 tienen derecho a recibir reparaciones del Estado, pero las víctimas de hechos posteriores se encuentran en una especie de limbo. Viven además en zonas permanentemente declaradas en emergencia, con restricciones de tránsito y reunión. Son los olvidados entre los olvidados del conflicto terrorista.

En los dos últimos años, diez civiles han muerto a causa de acciones de fuerzas del orden en el Valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE), en los límites de la sierra y selva sur del país. El último de ellos el pasado miércoles. Otros diez muertos civiles o desaparecidos se deben a acciones de Sendero Luminoso, de acuerdo a lo informado por la prensa en su momento. Si se suman los heridos (20) y las personas desplazadas (170), son más de 200 víctimas de la violencia desde marzo de 2011, y más de 300 si se consideran las bajas de policías y militares en combate o emboscadosNinguno tiene derecho a una indemnización del Estado.

Finalmente, porque durante este gobierno ya se han producido casos complejos que requerían una investigación mayor. Como bien señaló hace un año Marco Sifuentes:

Los niños no eran cautivos, su madre no era terrorista, Zorayda murió. “Ha sido un operativo impecable”, dijo el congresista del nacionalismo Freddy Otárola. ¿Alguna vez tendremos un gobierno que nos respete lo suficiente como para prescindir de los Otárolas, Siuras, Pachecos?

Así las cosas, el ministro Cateriano deberá presentarse al Congreso con algo más que el reconocimiento de un “error”.

APDAYC, LAS RADIOS Y EL GOBIERNO DE ALAN

El cuadro que ven arriba se encuentra a la entrada de la oficina central de la Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC). Armando Massé y Alan García comparten un brindis, en una foto que tiene ya varios calendarios.

Massé no ha ocultado su admiración por el dos veces expresidente. El 14 de octubre de 2008, apenas unos días después del escándalo de los Petroaudios, el presidente ejecutivo de APDAYC publicó una columna en el diario La República con las siguientes lisonjas:

Con el escándalo de Petroperú que provocó la renuncia de, prácticamente, todo el gabinete ministerial, el más favorecido, sin lugar a dudas, será el presidente de la República Alan García, si sabe aprovechar esta magnífica oportunidad. En segundo lugar, el mayor beneficiado será el país, y quien pierda sería la oposición.

A esta conclusión me atrevo a llegar, pues transcurrida casi la mitad del periodo de gobierno, en el cual las encuestas no le son para nada favorables al primer mandatario, a pesar de la indiscutible posición ventajosa que macroeconómicamente tiene el Perú en el mundo, pocas alternativas se le presentaban al presidente, pues todas las cartas –incluyendo el APEC– ya han sido lanzadas sobre la mesa política sin mayores resultados. Con una huelga médica indefinida, el alza del dólar y de los alimentos, la crisis financiera internacional y paros teledirigidos por la oposición, más por la siniestra que por la diestra, el panorama se veía muy sombrío.

Pero hay hechos que tienen que ver con los cuestionamientos hechos a APDAYC en los que el gobierno de Alan García tuvo participación. Y sobre los que tendría que haber una clara explicación.

Como señala la resolución N° 2938-2013 del Tribunal de Propiedad Intelectual del INDECOPI, el grueso de las frecuencias de radio adquiridas por APDAYC fueron obtenidas, tanto por concurso público como por contratos privados, antes de julio de 2011, es decir, durante el segundo gobierno de Alan García.

Desde el Tercer Piso accedió a los documentos aprobatorios de la buena pro del concurso público N° 02-2010-MTC. En dicho concurso público, APDAYC obtuvo frecuencias en Carhuaz, La Merced – San Ramón, San Juan de Lurigancho, Satipo – Río Prieto y Sechura. La asociación también participó, según el acta antes señalada, para disputar frecuencias en Chaclacayo, sin éxito.

Quienes también obtuvieron frecuencias son algunos personajes ligados a APDAYC o al entorno de Armando Massé:

a) Arturo “Pocho” Prieto en Sechura, quien es miembro de la Fundación Autor, que administra las radios de APDAYC. Como señalamos la semana pasada, la resolución de para la concesión de esta radio fue firmada en este gobierno, con la rúbrica del actual viceministro de Comunicaciones, exdirector ejecutivo de APDAYC.

b) Oscar Daniel Soto Enciso en San Juan de Lurigancho. Este último es administrador de la sala de grabación de IEMPSA. Sobre esta disquera,  Marco Sifuentes señaló el sábado:

la actual gerenta general de IEMPSA es Lourdes Pinillos, la multifacética esposa del paladín de los músicos peruanos.

IEMPSA es dueña de un catálogo musical que fue comprado, inicialmente, por APDAYC. Por esta compra, Indecopi investigó a APDAYC. Finalmente,  el 50% del catálogo pasó a la Fundación Autor y el otro 50% pasó a un grupo de artistas del cogollo (el propio Massé, Estanis Mogollón, José Zelada, Luchito Chávez y hasta la SGAE).

También postularon, pero no obtuvieron radios:

c) Carlos Cabello, concuñado de Massé y gerente general de varias empresas que tienen sede en la oficina de APDAYC en Surco (quien si obtuvo una radio en este gobierno); y

d) José Zelada, músico premiado por APDAYC y que pertenece al catálogo de ET Music, cuya gerente general y socia es nada menos que la señora Massé, Lourdes Pinillos. Es también uno de los dueños de IEMPSA, de propiedad de la asociación y varios allegados a Massé.

Ayer en Cuarto Poder, un testigo que perteneció al entorno de Massé señaló que el tema de las radios debía investigarse por posibles irregularidades. El presidente ejecutivo de APDAYC reconoce que tienen 34 frecuencias, de las que menos de la mitad operan. Para el abogado Mario Amoretti, la cuestión puede llevar a una investigación fiscal. Mientras que Prieto señaló que su radio de Sechura “no se va a poder cubrir”, porque “no le alcanza”.

Y luego del reportaje, Massé dio estas explicaciones sobre las emisoras de Prieto y Cabello. Y allí sale la nuez: APDAYC le compró una emisora al cantante de Río:

La pregunta es: ¿por qué el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, durante el gobierno de García, no observó que una sociedad de gestión colectiva no podía comprar radios? Esta es una interrogante que los encargados anteriores deberán responder.

Una segunda interrogante: si el objetivo de APDAYC con las radios era difundir más y mejor a los artistas nacionales, ¿por qué la cadena Radio Inspiración tiene ratings tan bajos que no sobrepasan 1 punto? Ojo, APDAYC ha invertido en este tema más de 5 millones de soles.

Pero no es el único caso de radios que involucra al gobierno aprista. Como sabemos, APDAYC y el Instituto de Radio y Televisión del Perú firmaron una alianza estratégica para una propuesta de programación de Radio Nacional en 2009. El convenio fue presentado en Palacio de Gobierno por el propio Alan García, con presencia de José Escajadillo, presidente de APDAYC y Ricardo Ghibellini, entonces presidente del IRTP.

En aquel momento, Massé mencionó lo siguiente en declaraciones a la agencia estatal Andina:

“A nivel mundial es un hito, porque es un ejemplo a seguir, criticado o no, Alan García, ha hecho algo que no tiene un antecedente en el mundo, creo que las radioemisoras del Estado, no están para ser canalizadas a un partido político, a los intereses del gobierno de turno, sino al interés constante que tiene un pueblo, que es su acervo cultural que su música” (…)

Saludamos este paso que ha dado el primer mandatario Alan García, definitivamente la cultura peruana se va a robustecer con este convenio”, subrayó.

El convenio entre APDAYC y el IRTP tiene dos páginas y está suscrito por Ghibellini, Escajadillo y Massé. Allí se señala, expresamente, que el mismo no implica la administración de la radio estatal.

Sin embargo, como señalamos la semana pasada, el congresista Jaime Delgado pagó S/. 1,032.50 a APDAYC por 25 avisos radiales en Radio Nacional para su campaña al Congreso. Y como declaró el propio Delgado a este blog, el hoy parlamentario pagó a la asociación porque, en la práctica, administraba la emisora de todos los peruanos.

El convenio fue criticado por muchas personas, debido a que, como lo ha señalado INDECOPI en varias oportunidades, APDAYC no puede hacer actividades de radiodifusión. Y cuando las críticas llegaron a oidos de Massé, respondió con esta frase en el programa que tenía Jorge Bruce en Radio Capital:

Ante la pregunta de cómo fue el proceso de adjudicación de la emisora estatal, Massé simplemente respondió “pregúntenle al Doctor Alan García Pérez”. Añadió que Apdayc aceptó la propuesta del Gobierno, luego de una asamblea de socios donde se aprobó la oferta.

¿Algo que responder, doctor García?

tl;dr

Durante el gobierno de Alan García, se otorgaron la mayoría de frecuencias que APDAYC adquirió vía concurso público, a pesar que no puede tener radios, sin que el MTC diga esta boca es mía. Asimismo, fue durante dicho gobierno y a su propuesta, que APDAYC tuvo injerencia en la programación de Radio Nacional, lo que incluyó el pago de avisos por parte de, al menos, un candidato al Congreso en 2011, el hoy congresista Jaime Delgado.

URTECHO Y FUJIMORI (O EL ARTE DE LA MANIPULACION)

Escena 1: Domingo por la noche. Cuarta semana consecutiva en la que el congresista Michael Urtecho recibe denuncias por casos de corrupción en Cuarto Poder. Terminado el reportaje, en la competencia, el propio congresista se presenta en el programa de Nicolás Lucar, quien anuncia que el parlamentario señalará una “verdad”. Luego de negar casi todas las acusaciones en su contra, Urtecho dice que “no aguanta más” y, mientras suena música cristiana – cual secuencia testimonial de “El Gran Show” – confiesa que le quitaba parte del sueldo a sus asesores.

¿Por qué esta puesta en escena? De un lado, hay que tener más claros los elementos de contexto. Urtecho no va al programa de la denuncia, sino a otro en el que será tratado más amablemente y casi sin repreguntas, a cambio de tener la primicia. Al mismo tiempo, coloca música cristiana de fondo, no solo para tratar de suavizar o poner bajo un aire beatífico la confesión arrepentida de un “error (tipificado en el Código Penal, por cierto) y mandar un mensaje a varios de los denunciantes, que son miembros de la misma iglesia evangélica a la que perteneció el hoy suspendido parlamentario.

De otro lado, la estrategia judicial. Urtecho acaba de cantar el delito más leve de todos, el que le costará menos años de sentencia y, probablemente, no ir a la cárcel. Al mismo tiempo, sabe que en el Congreso, sea por un legítimo afán de justicia o por la necesidad de limpiar su imagen, igual lo van a acusar constitucionalmente por todos los casos, por lo que requiere algo de compasión, apelando al hecho de ser un “arrepentido”.

Escena 2: Jueves por la mañana. Establecimiento Penal Barbadillo. Alberto Fujimori se presenta al quinto juicio oral que debe afrontar desde que fue extraditado de Chile, por el desvío de fondos de las FFAA para la compra de la línea editorial de “diarios chicha”, con miras a la re-reelección del año 2000. Pero, a diferencia de los procesos anteriores, donde el saco y la corbata fueron la costumbre, apareció despeinado, casi en piyama y con un medidor de la presión arterial. Como señala El Buho, el columnista más leído del país:

Al ver a Fujimori llegando en pijama y despeinado de inmediato recordé aquella alucinante escena cuando en ‘Casino’, de Martin Scorsese, comparecen ante el jurado los más grandes capos de la mafia y todos eran unos ‘viejos zorros’ que iban con respiradores artificiales, catéteres en los brazos y enfermeras al costado. Después de salir del tribunal se acababa la farsa. ¿Alguna similitud con la realidad?

Para quienes no vieron esa escena célebre de un clásico contemporáneo, aquí va:

Más allá del símil cinematográfico, ¿por qué Fujimori emplea esta estrategia? Como lo mencionaba, con la honestidad brutal que la caracteriza, Martha Chávez esta mañana en Exitosa, el objetivo es político. Queda cada día más claro que el reo de Barbadillo quiere ser un actor político más, con peso y decisión en su partido, así como en el resto de la política peruana. Quiere apelar a la compasión para salir de prisión, pero con un único objetivo: volver a ser el líder que alguna vez fue. Y para ello no duda en llevarse de encuentro lo que queda de relación política y filial con sus hijos, sin que ellos puedan atreverse a alejarse de su padre.

En lo judicial, sin embargo, aún no queda muy claro que quiere hacer. Ponerse como víctima le puede ayudar un poco al inicio del proceso. Pero si quiere enfrentar un proceso con abundante prueba en su contra, el boomerang en su contra podrá ser peor. Si hay casos en los que ha admitido su responsabilidad, será peor para su imagen ser condenado por desviarse fondos de las Fuerzas Armadas (de las cuales se revindica como su oficioso defensor) para que un conjunto de pasquines termine siendo la cloaca sensacionalista de su régimen.

Finalmente, creo que no debemos llamar “actores” a estos dos personajes. El país tiene buenos exponentes en las tablas y en la pantalla que no merecen que se les equipare con un par de manipuladores.