LA OPOSICION AL INICIO DEL GOBIERNO DE HUMALA

Una rápida constatación en la política peruana es que, en estos dos primeros meses de gobierno, no se ha conformado un bloque opositor realmente fuerte. Veamos como tres análisis desde distintas perspectivas coinciden en ello. Primero, Mirko Lauer en La República, luego de la presentación del gabinete Lerner:

Este jueves pudo decirse que Humala no tuvo oposición política. No es posible llamar así a los 33 congresistas que solo se abstuvieron. El ambiente en los medios de la derecha es que la cosa ha podido ser mucho peor. Del lobo un pelo. Pero la ausencia de una oposición social, de arriba o de abajo, no está garantizada.

Más bien dos formas de oposición parecen seguras: la de la alianza de la extrema derecha con los empresarios más primitivos que se sientan afectados, y la de la alianza de los grupos violentistas con intereses antisociales del sector informal. Recién ahora el país quizás empiece a ver reales elementos antisistema en la política.

Posteriormente, desde una perspectiva distinta, insistió Hans Rothgiesser en Semana Económica:

Nadie dice que surja una oposición violenta y extremista o irracional que se oponga a todo. Tampoco se trata de poner al gobierno entre la espada del conflicto constante y la pared de la dictadura. Pero toda democracia sana y madura necesita un bando al otro lado de la ecuación que cuestione las políticas y pida mayores explicaciones cuando haga falta y ponga el dedo en los puntos flojos, siempre guardando las formas. La democracia nace del debate, no del estar todos de acuerdo en todo.

Mientras que Carlos Meléndez, en Correo Semanal fue más explícito en señalar lo que viene ocurriendo:

El inicio del gobierno de Ollanta Humala ha agarrado sin piso a quienes deberían ocupar los roles de antagonistas. El fujimorismo se abstiene o calla estratégicamente en temas en los que no le conviene levantar polvareda (la libertad de Antauro Humala). Mientras no se toque severamente el modelo económico, la derecha se queda tranquila. En temas especializados simplemente parecen no tener siquiera un punto de vista definido. Las críticas se reducen a cuestionar nombramientos o a hacer bulla sobre iniciativas de las que podrían sacar provecho propio (como el Pleno Descentralizado en Ica). Pero ya que en política no hay vacios, estos terminan siempre siendo llenados. Es así como periodistas y analistas pasan de simples comentaristas de la realidad a activos protagonistas del devenir político. Las consecuencias, evidentemente, son perjudiciales por más que vengan con buenas intenciones.

Lo que se puede constatar, en esa misma línea de análisis, es que: 1. en el Congreso, salvo excepciones, pocas personas están haciendo preguntas de fondo al gobierno, quien viene marcando la agenda de las iniciativas legislativas; 2. quien encabeza la oposición en este momento es un conjunto de medios que no están dispuestos a perdonarle una sola al gobierno y que, por su actuación en la campaña electoral, no cuentan con el crédito suficiente como para que sus denuncias (ciertas o no) puedan calar en un sector de la opinión pública; y 3. se corre el peligro que, al no existir oposición política partidaria, sea el antisistema radical de izquierda y de derecha el que cope estos espacios que vienen siendo dejados desde el centro.

Un ejemplo claro de la carencia de oposición es lo que ha ocurrido en Cajamarca en estos días, con el fallecimiento de 3 niños luego de consumir alimentos del PRONAA, en un incidente que aún requiere aclararse, luego de las evidencias que han salido en los últimos días.  El tema implica una negligencia mayúscula y un manejo político lamentable, pero también abre el espacio para discutir cómo se manejarán los programas sociales.

Pero la discusión se centra en sí la ministra García Naranjo debe irse o no a su casa (la oposición no cuenta con los votos para censurarla, pero aparentemente sí para interpelarla, cuestión esta última que creo yo debería darse como gesto político), sin llegar a reflexionar o puntualizar sobre algunos de los aspectos que toca Alfredo Bullard en un reciente post:

Se limitan a despedir a unos cuantos chivos expiatorios no solo para que olvidemos más rápido quien es el verdadero responsable, sino para no llamar la atención sobre el tremendo engaño y el desperdicio que hay tras esos programas sociales, llenos de ineficiencia, irresponsabilidad y corrupción. Y todo ello con el agravante de jugar con la pobreza y el hambre de niños. Finalmente nuestros impuestos terminan financiando el cadalso de inocentes.

A un gobierno que apuesta por la inclusión social como bandera, no solo hay que exigirle cabezas o responsables políticos. También y, sobre todo, hay que preguntarle cuál será la política social del gobierno más allá de la creación de un Ministerio de Inclusión Social y cómo se hará para mejorar la performance de programas sociales necesarios en un país con por lo menos 30% de pobres, pero que tienen severos problemas de fondo diagnosticados y que podrían solucionarse con voluntad política.  Y para ello se necesita una oposición que vaya más allá de la carretera tomada y del titular que se indigna con Humala, pero que no decía nada con Alan García.

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REFLEXIONES EN EL DíA DEL PERIODISTA

En el Perú el sábado se celebrará el día del periodista. Fecha que no debería ser solo motivo de festejos, sino, fundamentalmente, de preguntas y reflexiones sobre esta profesión. Coloco algunos temas sueltos al respecto.

Juicios y responsabilidad del periodista: La Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH señala que las opiniones no pueden ser materia de procesos penales o civiles. En el caso de informaciones vinculadas a autoridades públicas y candidatos a serlo, la Relatoría indica que resulta preferible el establecimiento de sanciones civiles proporcionales al daño infringido, antes que su penalización. (Disclaimer: hablo en términos generales y no de un caso que me concierna).

Consejos de ética y defensores del medio: Es necesario fortalecer los mecanismos de autorregulación. Más allá de los consejos de ética existentes en el país – a los que están adscritas solo algunas empresas -, es necesario impulsar la defensoría del lector, radioescucha o televidente en cada medio de comunicación.

Tratamiento de noticias policiales: Esta semana, Concortv emitió una declaración condenando la transmisión de imágenes explícitas sobre el intento de violación a una menor de edad. Esta llamada de atención debe ser tomada en cuenta por los medios que tienen este tipo de informaciones como parte de su parrilla informativa.

Ejercicio en el interior del país: En un evento sobre libertad de expresión al que asistí la semana pasada, varios periodistas que trabajan fuera de Lima contaron varios problemas comunes a sus regiones: sanciones penales desmesuradas contra periodistas críticos, programas radiales o medios locales destinados exclusivamente al insulto, amenazas de muerte y asesinatos de hombres de prensa. Son cuestiones poco visibles en Lima, salvo para organizaciones como IPYS o en foros especializados.

Conflictos de intereses: En una reciente columna en Correo Semanal, Carlos Meléndez señaló que existen “muchos analistas que inundan las pantallas y las páginas políticas con posiciones que maquillan como argumentos neutrales e independientes, cuando en realidad obedecen a intereses más mundanos”. Es necesario que los columnistas hagamos explícitos los conflictos de intereses que tengamos en algún momento.

Pluralidad informativa: Juan Carlos Tafur señaló dos temas a discutir: concesión de las señales de la televisión digital y publicidad estatal. Añado a ellos los permisos para radios comunitarias y la legislación para los medios de comunicación del Estado. Son temas necesarios a debatir para que el público acceda a una amplia gama de opciones informativas.

(Columna publicada en Diario 16 el 28.09.2011)

CAJAMARCA: LOS NIÑOS Y EL PRONAA

Crónica de una crisis mal manejada. Así podría titularse lo ocurrido en Cajamarca en los últimos días, a raíz del fallecimiento de tres niños que consumieron alimentos del PRONAA, en circunstancias que recién comienzan a quedar más claras.

¿Por qué señalo que fue una crisis mal manejada? Por tres razones centrales.

La primera de ellas es que, desde el gobierno, se apresuraron en deslindar responsabilidades acerca de la causa del fallecimiento de los menores y la intoxicación de otros tantos. Es cierto, al final el Ministerio Público ha certificado que los alimentos estaban mezclados con insecticida, lo que apunta a que la tesis brindada por el MIMDES sea la más correcta en este caso, pero aún cabe determinar cómo es que dicha sustancia llegó a confundirse junto con la comida. Entre tanto, se prefirió la polémica con las madres de los afectados, lo que dejó cierta imagen de poca solidaridad frente al hecho. Ello a pesar que el Estado corrió con los gastos de los sepelios.

La segunda tiene que ver con un gesto de la ministra Aida García Naranjo, quien el jueves estuvo bailando en una actividad pública mientras los hechos no se esclarecían. Por ello es que tuvo que pedir disculpas en la sesión del Congreso a la que concurrió el viernes último. Reclutada de Mocha que no se vio bien, nuevamente, por ratificar la imagen de autoridades indolentes frente a sucesos lamentables. Para coronar este punto, Ollanta Humala mandó un tuit lamentando el asesinato de Walter Oyarce, pero no dijo nada sobre lo ocurrido en Cajamarca, ni en entrevistas ni a través de su activa cuenta en la conocida red social.

Y en tercer lugar, por un error político final. Probablemente, como bien señala Dante Mendoza, destituido jefe del PRONAA, él haya tenido que irse como responsable político de lo ocurrido. Pero, finalmente, fue el único funcionario del gobierno central que fue a la zona y cuyo gesto de dádiva personal fue malinterpretado como un intento de sobornar a las víctimas, cuando la donación de dinero que hizo a las víctimas para sus gastos personales la efectuó ante cámaras (como consta en el reportaje de Cuarto Poder). La presión de un sector de la prensa por una cabeza le ha costado el puesto a un funcionario del cual, entendemos, se tenían buenas referencias.

Mi impresión es que este gobierno ha manejado esta tragedia con una torpeza casi aprista, registrada en los puntos antes mencionados. No sólo dejó la imagen de indolente, sino que no esperaron el resultado de la investigación que les termina dando parcialmente la razón. Peor aún, conforme avanzan los días se vienen conociendo otros casos complicados en el PRONAA que requerirán de la voluntad política para reformar este organismo. Pero el gobierno quedó acorralado entre sus propias descordinaciones y un sector de la prensa que no le va a perdonar ni una sola.

Sobre este último punto, más les valdría hacerle caso a lo que dice AAR en su columna de hoy:

Hay, sin duda, medios que critican por todo al gobierno pues se la tienen jurada, aunque algunos ya han iniciado el proceso de aggiornamiento (o de acomodo vergonzoso). Pero eso es parte de una democracia. Aguantar a pie firme el embate mediático es mucho más conveniente para el gobierno que andar quejándose como plañidera.

Y más aún, si la bandera del gobierno es la inclusión social, deben tener en cuenta que justamente será en situaciones como las ocurridas en Cajamarca en la que se pedirá mayores y mejores resultados. La prudencia es mejor consejera, para estos casos, que la falta de reacción o la jugada para un buen titular en el diario del día siguiente.

EL FUTBOL SI SE MANCHA

Walter Oyarce Dominguez iba a cumplir 24 años y vivía a 4 cuadras de mi casa. No lo conocí, pero imagino su vida como la de cualquier muchacho de su edad en un distrito clasemediero como San Borja: estudiar en la universidad, estar con su padre y con sus amigos, comunicarse con su mamá que vive en Chile y ser hincha de un equipo de fútbol. Hoy no podrá hacerlo más, pues ayer un conjunto de vándalos que no merece siquiera llamarse hinchas lo arrojaron de uno de los palcos del Estadio Monumental, al terminar el clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima.

De las informaciones que varios periodistas pudieron recoger ayer, en la tragedia ocurrida hay mucho por investigar: desde las razones por las que los policías dejaron ir a los agresores, pasando por el alquiler de palcos a hinchas de barras rivales en la misma zona del Estadio y la falta de control que se ejerce en dicha zona del Estadio Monumental en cuanto al ingreso de bebidas alcohólicas.  Ello para no hablar del azuzamiento que dirigentes y periodistas han hecho de la violencia en espectáculos deportivos desde hace muchos años.

Aquí no se requiere la demagogia que ya se tuvo frente a hechos lamentables como el fallecimiento de la joven contadora Paola Vargas hace poco más de un año. Ya existen en el Perú normas drásticas respecto al homicidio, como frente a las barras bravas, pero las mismas no se aplican como es debido. Es necesario sancionar ejemplarmente a los responsables directos del hecho, como también a los organizadores del espectáculo (es decir, el Club Universitario de Deportes y la junta de palquistas), que no pueden evadir su responsabilidad. Y en el mundo del fútbol tiene que existir una reflexión: ¿cómo exigirle campeonatos o clasificaciones a una selección de mayores si ni siquiera sabemos llevar adelante partidos en términos civilizados?

Pero más allá de ello, deberíamos pensar como sociedad en que nos pasa. Un chico no podrá apagar las 24 velas en la torta de su cumpleaños el próximo jueves porque puso una banderola el palco que alquiló con un grupo de amigos para ver al equipo de sus amores. Mientras, como señaló Marco Sifuentes hace algunos meses, los hinchas de barras bravas ponen sus broncas, arrebatos de banderas y tiradas de piedras en You Tube para su satisfacción propia y el supuesto “reconocimiento” de sus pares. Y ya no hablemos de la serie de insultos racistas que hemos visto durante la campaña electoral, sobre todo, en niveles socioeconómicos alto y medio alto.

Es cierto, probablemente se tendrán que cerrar los estadios como medida de sanción durante algún tiempo, pero la raíz de todo está en porque hemos llegado a niveles de no poder soportarnos los unos a los otros. Y eso es lo que nos debería llevar la atención. Que habrá que interpelar al Ministro del Interior, pedir explicaciones a los dirigentes de la U y solicitar mesura a los periodistas tanto al presentar imágenes de Walter Oyarce moribundo como al momento de informar noticias deportivas. Todo ello estará dentro de lo razonable. Pero si no comenzamos por corregir lo que nos ha llevado a un asesinato, mañana estaremos comentando otra muerte lamentable y repitiendo la misma demagogia de toda la vida.

LA PESCA MILAGROSA

La semana pasada, el Ministro de la Producción, Kurt Burneo, denunció lo que consideró como un “faenón pesquero”. Con ello hacía referencia al elevado monto de multas que los gobiernos anteriores no cobraron a empresas pesqueras, por cerca de 900 millones de soles. Varias de las empresas más importantes del país en este rubro se encuentran entre las deudoras. Este cuadro de Diario 16 resume dichas deudas:

Al día siguiente, tanto Alan García como Jorge Villasante le respondieron a Burneo, argumentando que parte de los montos elevados por cobrar se deben a que estas empresas se fueron al Poder Judicial para cuestionar las deudas. Burneo esgrime que esto solo compete a una parte de la deuda. Aquí la pregunta para los ministros del gobierno aprista es ¿dónde estaba el procurador del Ministerio de la Producción que debió ser más duro en este tema? ¿Y la parte que no fue cuestionada en el Poder Judicial?

Pero no es el único caso que debe investigarse en el sector Pesquería. Dos reportajes de Milagros Salazar para IDL – Reporteros apuntan a cuestiones mayores a indagar en este sector.

LA LEY DE CUOTAS Y LOS CONFLICTOS DE INTERES: El primer reportaje contó la historia del proceso previo a la promulgación del Decreto Legislativo N° 1084, la ley de cuotas para la pesca de anchoveta. Era una norma necesaria para regular la captura de este recurso para evitar su depredación y garantizar la buena marcha de este sector, que da buenas ganancias.

El problema encontrado por Salazar fue el siguiente. El Ministerio de la Producción, encabezado por Rafael Rey, encargó a la reconocida empresa Apoyo Consultoría la elaboración de un informe técnico para sustentar la norma arriba mencionada. Sin embargo, sus servicios fueron pagados por 6 importantes firmas pesqueras, con el conocimiento del Ministro. Peor aún, el presidente de Apoyo Consultoría es director de una de las empresas pagantes. Y los asesores privados fueron con el Ministro a defender la norma ante el Congreso de la República.

Como bien señala el reportaje:

¿Pero es ético que un ministro se guíe por el asesoramiento de un grupo interesado, así luego dialogue con los sectores opositores como lo hizo Rey? La ley del código de ética de la función pública sanciona a los funcionarios que defiendan intereses de terceros, pero lamentablemente el castigo no alcanza a los ministros. “Esa fue una grave dificultad que tuvimos que enfrentar en la Contraloría para investigar la corrupción”, dijo a IDL-R el ex contralor Genaro Matute.

Pero ese no fue el único problema

HECHA LA LEY, HECHA LA TRAMPA: El segundo reportaje cubre un problema mayor: cómo funcionó la Ley de Cuotas una vez puesta en práctica. Y no lo ha hecho muy bien gracias a la ineficiente fiscalización desde el Ministerio de la Producción.

La cifra más evidente está en la diferencia entre la cantidad efectivamente pescada y la declarada. Según señala el reportaje:

Empresarios, pescadores, expertos, inspectores y ex funcionarios del sector aseguraron a IDL-R que la discrepancia tolerable entre pesca declarada y pesada es hasta 10%. Samuel Dyer Ampudia, fundador y director de la segunda pesquera más importante del país, Corporación Pesquera Inca (Copeinca), aseguró que si hay diferencias “del 10% ya es bastante”.

(…)

¿Qué arrojó el análisis de estas bases de datos? Lo siguiente: Que más del 50% de los desembarques (o descargas de lo pescado) en los puertos del norte y centro del país, donde se descarga el 90% de la anchoveta capturada en el Perú, tuvieron discrepancias de más del 10% entre la pesca declarada y la pesada en las balanzas. No solo eso: el 27% del total de desembarques registran discrepancias de 20% para arriba. Hay varios casos en los que la diferencia llega al 50%.

De hecho, empresas grandes, medianas y pequeñas incurrieron en esta práctica. Un cuadro muestra a las 10 empresas que tuvieron mayores diferencias. Entre ellas se encuentran las 6 empresas que financiaron el estudio técnico de la Ley de Pesca:

Esta situación tiene tres perjudicados: el medio ambiente, dado que la anchoveta puede volver a ser depredada como en los años setenta; el Estado, que deja de percibir un pago por las toneladas pescadas no declaradas; situación que ocurre también con los pescadores, quienes también ganan por lo extraído del mar. Ello amen del tema tributario.

En resumen: una norma que fue fundamentada por un estudio pagado por sus beneficiarios, a pesar de lo cual se le sacó la vuelta para ganar más. Y problemas en el cobro de multas pesqueras. Toda una serie de cuestiones que el Ministerio de la Producción y otras autoridades deberán investigar. Y ojalá lo hagan, dada la serie de conexiones políticas y mediáticas que existen en los directorios y gerencias de las empresas implicadas.

EL CASO DU BOIS Y LA LIBERTAD DE EXPRESION

Hoy Perú.21 ha hecho público lo que, todo indica, es un atropello. Veamos la nota publicada hoy por el diario:

El Sexto Juzgado Penal Unipersonal de Arequipa condenó a dos años de prisión al director de Perú.21, Fritz Du Bois, solo por haber emitido una opinión.

La querella fue presentada por Rosario Amparo Flores Bedregal –tía de la parlamentaria de Gana Perú por Arequipa, Ana María Solórzano Flores– por, supuestamente, haberse sentido afectada por la columna de opinión “Pantaleón y la tía Pocha”, publicada en este diario el 10 de marzo pasado. En ese texto, el director ni siquiera la menciona.

Augusto Loli, abogado de Du Bois, calificó el fallo de “arbitrario, ilegal y parcializado”, y advirtió que una sentencia de esa naturaleza no tiene precedentes en la justicia peruana.

Enfatizó que la resolución, plagada de vicios, es insostenible desde todo punto de vista legal ya que, por ejemplo, el magistrado Yuri Zegarra Calderón fue más allá de los términos propuestos por las dos partes.

Para ser más precisos, Flores Bedregal presentó su querella por difamación debido al titular de la mencionada columna y a la frase: “La Tía Pocha, que es famosa en un negocio altamente rentable y con mucha liquidez como es la prostitución”.

Sin embargo, el juez forzó el caso y sentenció a Du Bois por hechos que nunca fueron conocidos durante el proceso: haber avalado la información aparecida en Perú.21, también el 10 de marzo, sobre los oscuros nexos de la entonces candidata Solórzano. Con esto –subrayó Loli– se violó todo derecho a la defensa. Por ello, anunció que, ni bien la sentencia les sea notificada, apelarán a la siguiente instancia e interpondrán una queja contra el vocal por inconducta funcional.

No he tenido a la vista la sentencia, pero los hechos relatados por el abogado Loli indican algunas cuestiones que llaman bastante la atención. La condena por hechos no alegados en la querella, sin duda, es una vulneración del derecho a la defensa, dado que Du Bois y su abogado no pudieron hacer sus descargos en relación con este hecho.

En cuanto al tema de fondo, cabe tener en cuenta que la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene algunos criterios claros para este tipo de casos. Esta semana, la titular de la Relatoría, Catalina Botero, estuvo en Lima dictando una serie de conferencias y talleres. Tuve la oportunidad de participar en uno de ellos. Allí se dijo claramente que las opiniones no deben ser materia de judicialización civil ni penal. Y sobre el caso de informaciones vinculadas a candidatos y autoridades públicas, el criterio que tiene la CIDH es el siguiente:

Por último, es importante señalar que tanto la CIDH como la Corte Interamericana han considerado, en todos los casos concretos que han sido objeto de su estudio y decisión, que la protección de la honra o reputación de funcionarios públicos o candidatos a ejercer funciones públicas mediante el procesamiento o condena penal de quien se expresa—a través de los tipos penales de calumnia, injuria, difamación o desacato— resultaba desproporcionada e innecesaria en una sociedad democrática.

Las decisiones de la Corte Interamericana tienen como fundamento: (i) los niveles mayores de protección de los discursos sobre el Estado, los asuntos de interés público y los funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones o quienes aspiran a ocupar cargos públicos; (ii) las condiciones altamente exigentes de las limitaciones impuestas a este tipo de discursos; y (iii) los estrictos requisitos de validez con los que debe cumplir el recurso y los mecanismos procesales para limitar la libertad de expresión. Sobre este particular, la jurisprudencia ha explicado que tanto los funcionarios públicos como los candidatos a cargos públicos gozan, al igual que toda persona, del derecho a la honra protegido por la Convención Americana. Sin embargo, los funcionarios públicos en una sociedad democrática tienen un umbral distinto de protección, que les expone en mayor grado a la crítica del público, lo cual se justifica por el carácter de interés público de las actividades que realizan; porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente; porque sus actividades trascienden la esfera privada para ingresar a la esfera del debate público; y porque cuentan con medios apropiados para defenderse. Ello no implica que los funcionarios públicos no puedan ser judicialmente protegidos en cuanto a su honor, pero han de serlo de forma acorde con los principios del pluralismo democrático y ponderando el interés de tal protección con los intereses de un debate abierto sobre asuntos públicos. Se ha enfatizado que la utilización de mecanismos penales, tales como las normas sobre difamación, calumnia e injuria, para proteger la honra y reputación de funcionarios públicos o candidatos a ejercer cargos públicos, tienen un efecto disuasivo, atemorizador e inhibidor sobre el ejercicio de las expresiones críticas y del periodismo en general, impidiendo el debate sobre temas de interés para la sociedad. Además, se ha subrayado que existen otros medios menos restrictivos para que las personas involucradas en asuntos de interés público puedan defender su reputación frente a ataques infundados. Tales medios son, en primer lugar, el aumento del debate democrático al cual los funcionarios públicos tienen amplio acceso; y si ello fuera insuficiente para reparar un daño causado de mala fe, podría acudirse a la vía civil, aplicando el estándar de la “real malicia”.

¿Ello significa que los periodistas tienen patente de corso para hacer cualquier cosa? No. Si bien la CIDH señala que la sanción penal no es la adecuada, se tiene la vía civil y en ese caso las sanciones deben ser proporcionales al daño y al patrimonio que tiene cada periodista. Pero, como bien sabemos, las soluciones judiciales siempre deben ser la última ratio. Y allí entra lo viene señalando desde hace tiempo Roberto Bustamante: la existencia de defensores del lector o del televidente. Eduardo Villanueva enfatiza:

Pero aceptemos también que un diario ocupa un espacio importante en la esfera pública y tiene un rol que cumplir en la formación del debate nacional, y esta responsabilidad pública debería reflejarse en su accionar. El grupo debería tener un contrato explícito con el público en el que se diga qué espera del medio y hasta dónde lo dejará ir, para que quede claro para todos los interesados qué haría que el director se vaya: un compromiso moral de respetar la autonomía del medio. El mecanismo que algunos diarios usan es el ombudsman del lector, que garantizaría este contrato.

Y creo que por allí es donde debieran canalizarse varias de las críticas que se han hecho a la actuación tanto de Perú.21 como de otros medios (de todas las tendencias) durante la campaña electoral (o también en época no electoral). Más que en juicios, deberíamos pensar en como hacemos que los mecanismos que existen para la autorregulación realmente funcionen.

COMUNICACIÓN PRESIDENCIAL EN TIEMPOS DE HUMALA

A diferencia de su predecesor, Ollanta Humala no apuesta por la locuacidad. Tampoco abusa de la frase prefabricada, como Alejandro Toledo. Y si bien sus apariciones públicas y declaraciones son escasas, tampoco tiene la parquedad republicana de Valentín Paniagua.

¿Cómo definir el estilo comunicacional del Presidente de la República? Cuando da declaraciones públicas, opta por el mensaje sencillo, campechano (incluso improvisa chistes en momentos que no debiera) y, como rezago de su formación militar, da órdenes a sus interlocutores (sobre todo cuando son ministros).

Sus silencios tienen tres causas principales: sus evidentes limitaciones oratorias, el consejo de sus asesores para blindar la figura presidencial y, sobre todo, su desconfianza. Como lo relató Rosa María Palacios en un perfil escrito para este diario, Humala es una persona desconfiada por naturaleza. Y no solo por la campaña electoral del 2006, como mencionó Rosa María.

Quienes lean el libro – entrevista a Humala que Luis Delgado Aparicio quiso usar en su contra (con poco éxito) podrán darse cuenta que el hoy Presidente hace notar el abandono del Estado en sus responsabilidades, tanto en los servicios básicos y la garantía de derechos de miles de ciudadanos, como en el trato brindado a las Fuerzas Armadas, en especial durante el conflicto interno. Ello ha determinado su visión del mundo.

Sin embargo, la desconfianza no es buena consejera. El martes Humala perdió los papeles ante una pregunta del periodista Jorge Ramos, de Univisión, acerca de la posibilidad de una reelección. Si bien a algunos peruanos la pregunta puede parecer impertinente debido a que recién llevamos dos meses de gobierno, al público hispano de Estados Unidos sí le interesa conocer la respuesta, debido a la presencia de cubanos y venezolanos que aún asocian la imagen del mandatario peruano a la de los autócratas que gobiernan sus países.

Es cierto, a las pocas horas, el Presidente de la República pudo hacer control de daños vía Twitter. Y con ello acalló (parte de) las dudas en el Perú. Pero el daño a su imagen internacional está hecho y, en los siguientes días, Humala tendrá que ser más cauto y preciso con sus declaraciones.

No cabe duda que existen periodistas interesados – por razones personales o ideológicas – en que a Ollanta Humala le vaya mal. Conociendo al Presidente, estar a la defensiva todo el tiempo resulta contraproducente y, por el contrario, le facilita la tarea a quienes no lo pueden ver ni en pintura.

(Columna publicada en Diario 16 el 22.09.2011)

MAS SOBRE EL TEMA:

El backstage de la entrevista a Humala en Univisión

Las opiniones de Augusto Álvarez Rodrich y Raúl Mendoza Cánepa