LA OPOSICION AL INICIO DEL GOBIERNO DE HUMALA

Una rápida constatación en la política peruana es que, en estos dos primeros meses de gobierno, no se ha conformado un bloque opositor realmente fuerte. Veamos como tres análisis desde distintas perspectivas coinciden en ello. Primero, Mirko Lauer en La República, luego de la presentación del gabinete Lerner:

Este jueves pudo decirse que Humala no tuvo oposición política. No es posible llamar así a los 33 congresistas que solo se abstuvieron. El ambiente en los medios de la derecha es que la cosa ha podido ser mucho peor. Del lobo un pelo. Pero la ausencia de una oposición social, de arriba o de abajo, no está garantizada.

Más bien dos formas de oposición parecen seguras: la de la alianza de la extrema derecha con los empresarios más primitivos que se sientan afectados, y la de la alianza de los grupos violentistas con intereses antisociales del sector informal. Recién ahora el país quizás empiece a ver reales elementos antisistema en la política.

Posteriormente, desde una perspectiva distinta, insistió Hans Rothgiesser en Semana Económica:

Nadie dice que surja una oposición violenta y extremista o irracional que se oponga a todo. Tampoco se trata de poner al gobierno entre la espada del conflicto constante y la pared de la dictadura. Pero toda democracia sana y madura necesita un bando al otro lado de la ecuación que cuestione las políticas y pida mayores explicaciones cuando haga falta y ponga el dedo en los puntos flojos, siempre guardando las formas. La democracia nace del debate, no del estar todos de acuerdo en todo.

Mientras que Carlos Meléndez, en Correo Semanal fue más explícito en señalar lo que viene ocurriendo:

El inicio del gobierno de Ollanta Humala ha agarrado sin piso a quienes deberían ocupar los roles de antagonistas. El fujimorismo se abstiene o calla estratégicamente en temas en los que no le conviene levantar polvareda (la libertad de Antauro Humala). Mientras no se toque severamente el modelo económico, la derecha se queda tranquila. En temas especializados simplemente parecen no tener siquiera un punto de vista definido. Las críticas se reducen a cuestionar nombramientos o a hacer bulla sobre iniciativas de las que podrían sacar provecho propio (como el Pleno Descentralizado en Ica). Pero ya que en política no hay vacios, estos terminan siempre siendo llenados. Es así como periodistas y analistas pasan de simples comentaristas de la realidad a activos protagonistas del devenir político. Las consecuencias, evidentemente, son perjudiciales por más que vengan con buenas intenciones.

Lo que se puede constatar, en esa misma línea de análisis, es que: 1. en el Congreso, salvo excepciones, pocas personas están haciendo preguntas de fondo al gobierno, quien viene marcando la agenda de las iniciativas legislativas; 2. quien encabeza la oposición en este momento es un conjunto de medios que no están dispuestos a perdonarle una sola al gobierno y que, por su actuación en la campaña electoral, no cuentan con el crédito suficiente como para que sus denuncias (ciertas o no) puedan calar en un sector de la opinión pública; y 3. se corre el peligro que, al no existir oposición política partidaria, sea el antisistema radical de izquierda y de derecha el que cope estos espacios que vienen siendo dejados desde el centro.

Un ejemplo claro de la carencia de oposición es lo que ha ocurrido en Cajamarca en estos días, con el fallecimiento de 3 niños luego de consumir alimentos del PRONAA, en un incidente que aún requiere aclararse, luego de las evidencias que han salido en los últimos días.  El tema implica una negligencia mayúscula y un manejo político lamentable, pero también abre el espacio para discutir cómo se manejarán los programas sociales.

Pero la discusión se centra en sí la ministra García Naranjo debe irse o no a su casa (la oposición no cuenta con los votos para censurarla, pero aparentemente sí para interpelarla, cuestión esta última que creo yo debería darse como gesto político), sin llegar a reflexionar o puntualizar sobre algunos de los aspectos que toca Alfredo Bullard en un reciente post:

Se limitan a despedir a unos cuantos chivos expiatorios no solo para que olvidemos más rápido quien es el verdadero responsable, sino para no llamar la atención sobre el tremendo engaño y el desperdicio que hay tras esos programas sociales, llenos de ineficiencia, irresponsabilidad y corrupción. Y todo ello con el agravante de jugar con la pobreza y el hambre de niños. Finalmente nuestros impuestos terminan financiando el cadalso de inocentes.

A un gobierno que apuesta por la inclusión social como bandera, no solo hay que exigirle cabezas o responsables políticos. También y, sobre todo, hay que preguntarle cuál será la política social del gobierno más allá de la creación de un Ministerio de Inclusión Social y cómo se hará para mejorar la performance de programas sociales necesarios en un país con por lo menos 30% de pobres, pero que tienen severos problemas de fondo diagnosticados y que podrían solucionarse con voluntad política.  Y para ello se necesita una oposición que vaya más allá de la carretera tomada y del titular que se indigna con Humala, pero que no decía nada con Alan García.

REFLEXIONES EN EL DíA DEL PERIODISTA

En el Perú el sábado se celebrará el día del periodista. Fecha que no debería ser solo motivo de festejos, sino, fundamentalmente, de preguntas y reflexiones sobre esta profesión. Coloco algunos temas sueltos al respecto.

Juicios y responsabilidad del periodista: La Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH señala que las opiniones no pueden ser materia de procesos penales o civiles. En el caso de informaciones vinculadas a autoridades públicas y candidatos a serlo, la Relatoría indica que resulta preferible el establecimiento de sanciones civiles proporcionales al daño infringido, antes que su penalización. (Disclaimer: hablo en términos generales y no de un caso que me concierna).

Consejos de ética y defensores del medio: Es necesario fortalecer los mecanismos de autorregulación. Más allá de los consejos de ética existentes en el país – a los que están adscritas solo algunas empresas -, es necesario impulsar la defensoría del lector, radioescucha o televidente en cada medio de comunicación.

Tratamiento de noticias policiales: Esta semana, Concortv emitió una declaración condenando la transmisión de imágenes explícitas sobre el intento de violación a una menor de edad. Esta llamada de atención debe ser tomada en cuenta por los medios que tienen este tipo de informaciones como parte de su parrilla informativa.

Ejercicio en el interior del país: En un evento sobre libertad de expresión al que asistí la semana pasada, varios periodistas que trabajan fuera de Lima contaron varios problemas comunes a sus regiones: sanciones penales desmesuradas contra periodistas críticos, programas radiales o medios locales destinados exclusivamente al insulto, amenazas de muerte y asesinatos de hombres de prensa. Son cuestiones poco visibles en Lima, salvo para organizaciones como IPYS o en foros especializados.

Conflictos de intereses: En una reciente columna en Correo Semanal, Carlos Meléndez señaló que existen “muchos analistas que inundan las pantallas y las páginas políticas con posiciones que maquillan como argumentos neutrales e independientes, cuando en realidad obedecen a intereses más mundanos”. Es necesario que los columnistas hagamos explícitos los conflictos de intereses que tengamos en algún momento.

Pluralidad informativa: Juan Carlos Tafur señaló dos temas a discutir: concesión de las señales de la televisión digital y publicidad estatal. Añado a ellos los permisos para radios comunitarias y la legislación para los medios de comunicación del Estado. Son temas necesarios a debatir para que el público acceda a una amplia gama de opciones informativas.

(Columna publicada en Diario 16 el 28.09.2011)

CAJAMARCA: LOS NIÑOS Y EL PRONAA

Crónica de una crisis mal manejada. Así podría titularse lo ocurrido en Cajamarca en los últimos días, a raíz del fallecimiento de tres niños que consumieron alimentos del PRONAA, en circunstancias que recién comienzan a quedar más claras.

¿Por qué señalo que fue una crisis mal manejada? Por tres razones centrales.

La primera de ellas es que, desde el gobierno, se apresuraron en deslindar responsabilidades acerca de la causa del fallecimiento de los menores y la intoxicación de otros tantos. Es cierto, al final el Ministerio Público ha certificado que los alimentos estaban mezclados con insecticida, lo que apunta a que la tesis brindada por el MIMDES sea la más correcta en este caso, pero aún cabe determinar cómo es que dicha sustancia llegó a confundirse junto con la comida. Entre tanto, se prefirió la polémica con las madres de los afectados, lo que dejó cierta imagen de poca solidaridad frente al hecho. Ello a pesar que el Estado corrió con los gastos de los sepelios.

La segunda tiene que ver con un gesto de la ministra Aida García Naranjo, quien el jueves estuvo bailando en una actividad pública mientras los hechos no se esclarecían. Por ello es que tuvo que pedir disculpas en la sesión del Congreso a la que concurrió el viernes último. Reclutada de Mocha que no se vio bien, nuevamente, por ratificar la imagen de autoridades indolentes frente a sucesos lamentables. Para coronar este punto, Ollanta Humala mandó un tuit lamentando el asesinato de Walter Oyarce, pero no dijo nada sobre lo ocurrido en Cajamarca, ni en entrevistas ni a través de su activa cuenta en la conocida red social.

Y en tercer lugar, por un error político final. Probablemente, como bien señala Dante Mendoza, destituido jefe del PRONAA, él haya tenido que irse como responsable político de lo ocurrido. Pero, finalmente, fue el único funcionario del gobierno central que fue a la zona y cuyo gesto de dádiva personal fue malinterpretado como un intento de sobornar a las víctimas, cuando la donación de dinero que hizo a las víctimas para sus gastos personales la efectuó ante cámaras (como consta en el reportaje de Cuarto Poder). La presión de un sector de la prensa por una cabeza le ha costado el puesto a un funcionario del cual, entendemos, se tenían buenas referencias.

Mi impresión es que este gobierno ha manejado esta tragedia con una torpeza casi aprista, registrada en los puntos antes mencionados. No sólo dejó la imagen de indolente, sino que no esperaron el resultado de la investigación que les termina dando parcialmente la razón. Peor aún, conforme avanzan los días se vienen conociendo otros casos complicados en el PRONAA que requerirán de la voluntad política para reformar este organismo. Pero el gobierno quedó acorralado entre sus propias descordinaciones y un sector de la prensa que no le va a perdonar ni una sola.

Sobre este último punto, más les valdría hacerle caso a lo que dice AAR en su columna de hoy:

Hay, sin duda, medios que critican por todo al gobierno pues se la tienen jurada, aunque algunos ya han iniciado el proceso de aggiornamiento (o de acomodo vergonzoso). Pero eso es parte de una democracia. Aguantar a pie firme el embate mediático es mucho más conveniente para el gobierno que andar quejándose como plañidera.

Y más aún, si la bandera del gobierno es la inclusión social, deben tener en cuenta que justamente será en situaciones como las ocurridas en Cajamarca en la que se pedirá mayores y mejores resultados. La prudencia es mejor consejera, para estos casos, que la falta de reacción o la jugada para un buen titular en el diario del día siguiente.

EL FUTBOL SI SE MANCHA

Walter Oyarce Dominguez iba a cumplir 24 años y vivía a 4 cuadras de mi casa. No lo conocí, pero imagino su vida como la de cualquier muchacho de su edad en un distrito clasemediero como San Borja: estudiar en la universidad, estar con su padre y con sus amigos, comunicarse con su mamá que vive en Chile y ser hincha de un equipo de fútbol. Hoy no podrá hacerlo más, pues ayer un conjunto de vándalos que no merece siquiera llamarse hinchas lo arrojaron de uno de los palcos del Estadio Monumental, al terminar el clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima.

De las informaciones que varios periodistas pudieron recoger ayer, en la tragedia ocurrida hay mucho por investigar: desde las razones por las que los policías dejaron ir a los agresores, pasando por el alquiler de palcos a hinchas de barras rivales en la misma zona del Estadio y la falta de control que se ejerce en dicha zona del Estadio Monumental en cuanto al ingreso de bebidas alcohólicas.  Ello para no hablar del azuzamiento que dirigentes y periodistas han hecho de la violencia en espectáculos deportivos desde hace muchos años.

Aquí no se requiere la demagogia que ya se tuvo frente a hechos lamentables como el fallecimiento de la joven contadora Paola Vargas hace poco más de un año. Ya existen en el Perú normas drásticas respecto al homicidio, como frente a las barras bravas, pero las mismas no se aplican como es debido. Es necesario sancionar ejemplarmente a los responsables directos del hecho, como también a los organizadores del espectáculo (es decir, el Club Universitario de Deportes y la junta de palquistas), que no pueden evadir su responsabilidad. Y en el mundo del fútbol tiene que existir una reflexión: ¿cómo exigirle campeonatos o clasificaciones a una selección de mayores si ni siquiera sabemos llevar adelante partidos en términos civilizados?

Pero más allá de ello, deberíamos pensar como sociedad en que nos pasa. Un chico no podrá apagar las 24 velas en la torta de su cumpleaños el próximo jueves porque puso una banderola el palco que alquiló con un grupo de amigos para ver al equipo de sus amores. Mientras, como señaló Marco Sifuentes hace algunos meses, los hinchas de barras bravas ponen sus broncas, arrebatos de banderas y tiradas de piedras en You Tube para su satisfacción propia y el supuesto “reconocimiento” de sus pares. Y ya no hablemos de la serie de insultos racistas que hemos visto durante la campaña electoral, sobre todo, en niveles socioeconómicos alto y medio alto.

Es cierto, probablemente se tendrán que cerrar los estadios como medida de sanción durante algún tiempo, pero la raíz de todo está en porque hemos llegado a niveles de no poder soportarnos los unos a los otros. Y eso es lo que nos debería llevar la atención. Que habrá que interpelar al Ministro del Interior, pedir explicaciones a los dirigentes de la U y solicitar mesura a los periodistas tanto al presentar imágenes de Walter Oyarce moribundo como al momento de informar noticias deportivas. Todo ello estará dentro de lo razonable. Pero si no comenzamos por corregir lo que nos ha llevado a un asesinato, mañana estaremos comentando otra muerte lamentable y repitiendo la misma demagogia de toda la vida.

LA PESCA MILAGROSA

La semana pasada, el Ministro de la Producción, Kurt Burneo, denunció lo que consideró como un “faenón pesquero”. Con ello hacía referencia al elevado monto de multas que los gobiernos anteriores no cobraron a empresas pesqueras, por cerca de 900 millones de soles. Varias de las empresas más importantes del país en este rubro se encuentran entre las deudoras. Este cuadro de Diario 16 resume dichas deudas:

Al día siguiente, tanto Alan García como Jorge Villasante le respondieron a Burneo, argumentando que parte de los montos elevados por cobrar se deben a que estas empresas se fueron al Poder Judicial para cuestionar las deudas. Burneo esgrime que esto solo compete a una parte de la deuda. Aquí la pregunta para los ministros del gobierno aprista es ¿dónde estaba el procurador del Ministerio de la Producción que debió ser más duro en este tema? ¿Y la parte que no fue cuestionada en el Poder Judicial?

Pero no es el único caso que debe investigarse en el sector Pesquería. Dos reportajes de Milagros Salazar para IDL – Reporteros apuntan a cuestiones mayores a indagar en este sector.

LA LEY DE CUOTAS Y LOS CONFLICTOS DE INTERES: El primer reportaje contó la historia del proceso previo a la promulgación del Decreto Legislativo N° 1084, la ley de cuotas para la pesca de anchoveta. Era una norma necesaria para regular la captura de este recurso para evitar su depredación y garantizar la buena marcha de este sector, que da buenas ganancias.

El problema encontrado por Salazar fue el siguiente. El Ministerio de la Producción, encabezado por Rafael Rey, encargó a la reconocida empresa Apoyo Consultoría la elaboración de un informe técnico para sustentar la norma arriba mencionada. Sin embargo, sus servicios fueron pagados por 6 importantes firmas pesqueras, con el conocimiento del Ministro. Peor aún, el presidente de Apoyo Consultoría es director de una de las empresas pagantes. Y los asesores privados fueron con el Ministro a defender la norma ante el Congreso de la República.

Como bien señala el reportaje:

¿Pero es ético que un ministro se guíe por el asesoramiento de un grupo interesado, así luego dialogue con los sectores opositores como lo hizo Rey? La ley del código de ética de la función pública sanciona a los funcionarios que defiendan intereses de terceros, pero lamentablemente el castigo no alcanza a los ministros. “Esa fue una grave dificultad que tuvimos que enfrentar en la Contraloría para investigar la corrupción”, dijo a IDL-R el ex contralor Genaro Matute.

Pero ese no fue el único problema

HECHA LA LEY, HECHA LA TRAMPA: El segundo reportaje cubre un problema mayor: cómo funcionó la Ley de Cuotas una vez puesta en práctica. Y no lo ha hecho muy bien gracias a la ineficiente fiscalización desde el Ministerio de la Producción.

La cifra más evidente está en la diferencia entre la cantidad efectivamente pescada y la declarada. Según señala el reportaje:

Empresarios, pescadores, expertos, inspectores y ex funcionarios del sector aseguraron a IDL-R que la discrepancia tolerable entre pesca declarada y pesada es hasta 10%. Samuel Dyer Ampudia, fundador y director de la segunda pesquera más importante del país, Corporación Pesquera Inca (Copeinca), aseguró que si hay diferencias “del 10% ya es bastante”.

(…)

¿Qué arrojó el análisis de estas bases de datos? Lo siguiente: Que más del 50% de los desembarques (o descargas de lo pescado) en los puertos del norte y centro del país, donde se descarga el 90% de la anchoveta capturada en el Perú, tuvieron discrepancias de más del 10% entre la pesca declarada y la pesada en las balanzas. No solo eso: el 27% del total de desembarques registran discrepancias de 20% para arriba. Hay varios casos en los que la diferencia llega al 50%.

De hecho, empresas grandes, medianas y pequeñas incurrieron en esta práctica. Un cuadro muestra a las 10 empresas que tuvieron mayores diferencias. Entre ellas se encuentran las 6 empresas que financiaron el estudio técnico de la Ley de Pesca:

Esta situación tiene tres perjudicados: el medio ambiente, dado que la anchoveta puede volver a ser depredada como en los años setenta; el Estado, que deja de percibir un pago por las toneladas pescadas no declaradas; situación que ocurre también con los pescadores, quienes también ganan por lo extraído del mar. Ello amen del tema tributario.

En resumen: una norma que fue fundamentada por un estudio pagado por sus beneficiarios, a pesar de lo cual se le sacó la vuelta para ganar más. Y problemas en el cobro de multas pesqueras. Toda una serie de cuestiones que el Ministerio de la Producción y otras autoridades deberán investigar. Y ojalá lo hagan, dada la serie de conexiones políticas y mediáticas que existen en los directorios y gerencias de las empresas implicadas.

EL CASO DU BOIS Y LA LIBERTAD DE EXPRESION

Hoy Perú.21 ha hecho público lo que, todo indica, es un atropello. Veamos la nota publicada hoy por el diario:

El Sexto Juzgado Penal Unipersonal de Arequipa condenó a dos años de prisión al director de Perú.21, Fritz Du Bois, solo por haber emitido una opinión.

La querella fue presentada por Rosario Amparo Flores Bedregal –tía de la parlamentaria de Gana Perú por Arequipa, Ana María Solórzano Flores– por, supuestamente, haberse sentido afectada por la columna de opinión “Pantaleón y la tía Pocha”, publicada en este diario el 10 de marzo pasado. En ese texto, el director ni siquiera la menciona.

Augusto Loli, abogado de Du Bois, calificó el fallo de “arbitrario, ilegal y parcializado”, y advirtió que una sentencia de esa naturaleza no tiene precedentes en la justicia peruana.

Enfatizó que la resolución, plagada de vicios, es insostenible desde todo punto de vista legal ya que, por ejemplo, el magistrado Yuri Zegarra Calderón fue más allá de los términos propuestos por las dos partes.

Para ser más precisos, Flores Bedregal presentó su querella por difamación debido al titular de la mencionada columna y a la frase: “La Tía Pocha, que es famosa en un negocio altamente rentable y con mucha liquidez como es la prostitución”.

Sin embargo, el juez forzó el caso y sentenció a Du Bois por hechos que nunca fueron conocidos durante el proceso: haber avalado la información aparecida en Perú.21, también el 10 de marzo, sobre los oscuros nexos de la entonces candidata Solórzano. Con esto –subrayó Loli– se violó todo derecho a la defensa. Por ello, anunció que, ni bien la sentencia les sea notificada, apelarán a la siguiente instancia e interpondrán una queja contra el vocal por inconducta funcional.

No he tenido a la vista la sentencia, pero los hechos relatados por el abogado Loli indican algunas cuestiones que llaman bastante la atención. La condena por hechos no alegados en la querella, sin duda, es una vulneración del derecho a la defensa, dado que Du Bois y su abogado no pudieron hacer sus descargos en relación con este hecho.

En cuanto al tema de fondo, cabe tener en cuenta que la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene algunos criterios claros para este tipo de casos. Esta semana, la titular de la Relatoría, Catalina Botero, estuvo en Lima dictando una serie de conferencias y talleres. Tuve la oportunidad de participar en uno de ellos. Allí se dijo claramente que las opiniones no deben ser materia de judicialización civil ni penal. Y sobre el caso de informaciones vinculadas a candidatos y autoridades públicas, el criterio que tiene la CIDH es el siguiente:

Por último, es importante señalar que tanto la CIDH como la Corte Interamericana han considerado, en todos los casos concretos que han sido objeto de su estudio y decisión, que la protección de la honra o reputación de funcionarios públicos o candidatos a ejercer funciones públicas mediante el procesamiento o condena penal de quien se expresa—a través de los tipos penales de calumnia, injuria, difamación o desacato— resultaba desproporcionada e innecesaria en una sociedad democrática.

Las decisiones de la Corte Interamericana tienen como fundamento: (i) los niveles mayores de protección de los discursos sobre el Estado, los asuntos de interés público y los funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones o quienes aspiran a ocupar cargos públicos; (ii) las condiciones altamente exigentes de las limitaciones impuestas a este tipo de discursos; y (iii) los estrictos requisitos de validez con los que debe cumplir el recurso y los mecanismos procesales para limitar la libertad de expresión. Sobre este particular, la jurisprudencia ha explicado que tanto los funcionarios públicos como los candidatos a cargos públicos gozan, al igual que toda persona, del derecho a la honra protegido por la Convención Americana. Sin embargo, los funcionarios públicos en una sociedad democrática tienen un umbral distinto de protección, que les expone en mayor grado a la crítica del público, lo cual se justifica por el carácter de interés público de las actividades que realizan; porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente; porque sus actividades trascienden la esfera privada para ingresar a la esfera del debate público; y porque cuentan con medios apropiados para defenderse. Ello no implica que los funcionarios públicos no puedan ser judicialmente protegidos en cuanto a su honor, pero han de serlo de forma acorde con los principios del pluralismo democrático y ponderando el interés de tal protección con los intereses de un debate abierto sobre asuntos públicos. Se ha enfatizado que la utilización de mecanismos penales, tales como las normas sobre difamación, calumnia e injuria, para proteger la honra y reputación de funcionarios públicos o candidatos a ejercer cargos públicos, tienen un efecto disuasivo, atemorizador e inhibidor sobre el ejercicio de las expresiones críticas y del periodismo en general, impidiendo el debate sobre temas de interés para la sociedad. Además, se ha subrayado que existen otros medios menos restrictivos para que las personas involucradas en asuntos de interés público puedan defender su reputación frente a ataques infundados. Tales medios son, en primer lugar, el aumento del debate democrático al cual los funcionarios públicos tienen amplio acceso; y si ello fuera insuficiente para reparar un daño causado de mala fe, podría acudirse a la vía civil, aplicando el estándar de la “real malicia”.

¿Ello significa que los periodistas tienen patente de corso para hacer cualquier cosa? No. Si bien la CIDH señala que la sanción penal no es la adecuada, se tiene la vía civil y en ese caso las sanciones deben ser proporcionales al daño y al patrimonio que tiene cada periodista. Pero, como bien sabemos, las soluciones judiciales siempre deben ser la última ratio. Y allí entra lo viene señalando desde hace tiempo Roberto Bustamante: la existencia de defensores del lector o del televidente. Eduardo Villanueva enfatiza:

Pero aceptemos también que un diario ocupa un espacio importante en la esfera pública y tiene un rol que cumplir en la formación del debate nacional, y esta responsabilidad pública debería reflejarse en su accionar. El grupo debería tener un contrato explícito con el público en el que se diga qué espera del medio y hasta dónde lo dejará ir, para que quede claro para todos los interesados qué haría que el director se vaya: un compromiso moral de respetar la autonomía del medio. El mecanismo que algunos diarios usan es el ombudsman del lector, que garantizaría este contrato.

Y creo que por allí es donde debieran canalizarse varias de las críticas que se han hecho a la actuación tanto de Perú.21 como de otros medios (de todas las tendencias) durante la campaña electoral (o también en época no electoral). Más que en juicios, deberíamos pensar en como hacemos que los mecanismos que existen para la autorregulación realmente funcionen.

COMUNICACIÓN PRESIDENCIAL EN TIEMPOS DE HUMALA

A diferencia de su predecesor, Ollanta Humala no apuesta por la locuacidad. Tampoco abusa de la frase prefabricada, como Alejandro Toledo. Y si bien sus apariciones públicas y declaraciones son escasas, tampoco tiene la parquedad republicana de Valentín Paniagua.

¿Cómo definir el estilo comunicacional del Presidente de la República? Cuando da declaraciones públicas, opta por el mensaje sencillo, campechano (incluso improvisa chistes en momentos que no debiera) y, como rezago de su formación militar, da órdenes a sus interlocutores (sobre todo cuando son ministros).

Sus silencios tienen tres causas principales: sus evidentes limitaciones oratorias, el consejo de sus asesores para blindar la figura presidencial y, sobre todo, su desconfianza. Como lo relató Rosa María Palacios en un perfil escrito para este diario, Humala es una persona desconfiada por naturaleza. Y no solo por la campaña electoral del 2006, como mencionó Rosa María.

Quienes lean el libro – entrevista a Humala que Luis Delgado Aparicio quiso usar en su contra (con poco éxito) podrán darse cuenta que el hoy Presidente hace notar el abandono del Estado en sus responsabilidades, tanto en los servicios básicos y la garantía de derechos de miles de ciudadanos, como en el trato brindado a las Fuerzas Armadas, en especial durante el conflicto interno. Ello ha determinado su visión del mundo.

Sin embargo, la desconfianza no es buena consejera. El martes Humala perdió los papeles ante una pregunta del periodista Jorge Ramos, de Univisión, acerca de la posibilidad de una reelección. Si bien a algunos peruanos la pregunta puede parecer impertinente debido a que recién llevamos dos meses de gobierno, al público hispano de Estados Unidos sí le interesa conocer la respuesta, debido a la presencia de cubanos y venezolanos que aún asocian la imagen del mandatario peruano a la de los autócratas que gobiernan sus países.

Es cierto, a las pocas horas, el Presidente de la República pudo hacer control de daños vía Twitter. Y con ello acalló (parte de) las dudas en el Perú. Pero el daño a su imagen internacional está hecho y, en los siguientes días, Humala tendrá que ser más cauto y preciso con sus declaraciones.

No cabe duda que existen periodistas interesados – por razones personales o ideológicas – en que a Ollanta Humala le vaya mal. Conociendo al Presidente, estar a la defensiva todo el tiempo resulta contraproducente y, por el contrario, le facilita la tarea a quienes no lo pueden ver ni en pintura.

(Columna publicada en Diario 16 el 22.09.2011)

MAS SOBRE EL TEMA:

El backstage de la entrevista a Humala en Univisión

Las opiniones de Augusto Álvarez Rodrich y Raúl Mendoza Cánepa

NOVEDADES EN EL CASO COFOPRI

Hace un año, IDL-Reporteros presentó una serie de reportajes sobre el otorgamiento irregular de terrenos codiciados a un compañero aprista gracias a funcionarios de COFOPRI. El caso le costó el puesto de Director Ejecutivo de dicha institución a Omar Quezada, así como su salida temporal del cargo de secretario general del partido de la estrella.

Quezada ha sido comprendido como testigo en el proceso penal que, actualmente, se encuentra ya en fase de juicio oral. Y es en esta etapa que uno de los implicados ha involucrado a Quesada directamente en el caso. Vía la Alerta Anticorrupción del Idehpucp:

El Proyecto llama la atención sobre las declaraciones que el procesado Hernando Hidalgo, exjefe de la Oficina Zonal de Lima y Callao de Cofopri, realizó el pasado 18 de agosto en una de las audiencias en la Base Naval del Callao.

Según Hidalgo, Julio Calderón, jefe de la Oficina de Coordinación Descentralizada de la misma entidad y principal acusado en este caso, tenía el respaldo de la línea ejecutiva del organismo durante el periodo en el que Omar Quezada se desempeñó como director ejecutivo. Hidalgo señaló que para que Calderón lleve a cabo todas las acciones irregulares que presuntamente realizó “tenía respaldo del director ejecutivo, el respaldo político”.

Hidalgo también ha sostenido, en audiencia, que en su oportunidad se quejó ante Quezada de las interferencias arbitrarias y sin competencia que Calderón hacía en su trabajo, pero que jamás obtuvo una respuesta positiva.

Como mostró IDL-Reporteros, Hidalgo fue sindicado inicialmente como la persona directamente encargada de la operación que favoreció temporalmente al compañero Oswaldo Chauca, vinculado desde hace varios años a la compra de terrenos. Todo ello en un gobierno en el que esta actividad trajo beneficios a investigar a algunos miembros del ex partido de gobierno.

Pero, posteriormente, Calderón fue implicado en el tema:

Mientras el líder de los ‘cuarentones’ caía en desgracia, las pocas piezas que quedaron sueltas en el tablero del negociado playero fueron encajando. Hidalgo y César Castagne, el ingeniero que efectuó la inspección de campo en el terreno entregado a Chauca, revelaron que el funcionario que condujo la corrupta operación que ‘vendió’ la propiedad a menos de 5 mil soles fue Julio Calderón Rodríguez, hasta hace dos semanas secretario general de Cofopri.

Calderón, un aprista de larga militancia, conocido como el ‘Chileno’, era hasta entonces la mano derecha de Omar Quesada en la institución. Allegado a los ‘cuarentones’ del Apra, hasta que fue implicado directamente en el escándalo ejercía la presidencia del Tribunal Electoral de ese partido. Actualmente se encuentra prófugo de la justicia y desde la clandestinidad sigue clamando su inocencia.

Calderón finalmente se entregó y Quesada ha reiterado su inocencia en el caso. Pero el testimonio de Hidalgo complica su situación. Veremos que ocurre en este juicio en las siguientes semanas.

CONGRESISTAS: SELECCION Y CONFLICTOS DE INTERESES

La portada de hoy de La República muestra a cuatro parlamentarios que se encuentran en serios problemas por cuestiones legales o éticas. Hoy hablaremos de tres de ellos.

Quien está más complicado de todos es el congresista nacionalista Amado Romero, vinculado a la minería ilegal en Madre de Dios. Romero presentó un proyecto para beneficiar a esta actividad que ha tenido que retirar. Ante el escándalo, el congresista ha sido suspendido en su bancada y separado de la Comisión de Energía y Minas.

Pero no es el único congresista en problemas por conexiones con la minería informal. El representante de Fuerza 2011, Francisco Ccama, también tiene vínculos con esta actividad (y es miembro de la Comisión de Energía y Minas), que no sólo depreda el medio ambiente, sino que trae consigo violencia y trata de personas. Cuarto Poder resumió la historia de ambos congresistas en su edición del domingo.

A ellos se ha sumado, desde ayer, el congresista fujimorista Nestor Valqui, a quien El Comercio encontró vínculos de él y su esposa con el negocio de la prostitución, así como una sentencia condenatoria al hoy parlamentario por proxenetismo.  Hoy intentó dar una explicación ante Beto Ortiz pero lo que consiguió es ampliar el repertorio de políticos que terminan dando frases para el recuerdo en Buenos Días Perú. Vean la entrevista.

Más allá de los escándalos, hay aquí, por lo menos, dos temas que revisar. De un lado, la conformación de las listas parlamentarias y los criterios que priman para conformarlas. Opina Percy Medina, de Transparencia (vía Ideele Radio):

“La manera de cómo se construye las listas [congresales], tiene que ver con una mezcla entre buscar financiamiento, buscar votos, […]. Los partidos deberían tener condiciones de evaluación de las precandidaturas para garantizar que se trata de personas con una determinada trayectoria, eso no existe. Se piensa en quien aporta dinero y no en quien aporta prestigio”, opinó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

Sostuvo que en el caso de los citados congresistas, es sorprendente que los dirigentes de las distintas agrupaciones políticas hayan obviado el proceso de fiscalización, aunque también es culpa de la poca seriedad con que se asume las elecciones congresales.

Parece increíble que peces tan grandes se hayan escapado a una fiscalización elemental, pero yo me imagino que quienes han inscrito las listas no tenían en la cabeza este tipo de elementos y tiene que ver con que las listas se inscriben muy poco tiempo antes de la elección, las elecciones primarias normalmente no se hacen con mucha seriedad”, apuntó.

Un ejemplo de lo que señala Medina es la propia selección del congresista Valqui, contada por él mismo hoy a Ortiz. Vía El Comercio:

Al ser consultado sobre en qué circunstancias llegó a postular por el partido fujimorista, Valqui contó que lo hizo como invitado luego de presentar su currículum en el jirón Colón en Lima.

Contó que fue evaluado por la psicóloga Wendy Takahashi, que pasó por cinco exámenes y que finalmente le dieron el número 2 por Pasco. “Me parece que ella me invitó”, comentó.

Takahashi, por cierto, es una persona de suma confianza de Keiko Fujimori. Y otro tanto ocurrió en Gana Perú, donde se formó un comité de selección y, además, pesaron las alianzas regionales tejidas para la última elección.

El segundo tema de fondo es la serie de conflictos de intereses en los que están sumidos varios congresistas. Una cuestión es la especialización en una materia y otra cómo deben conducirse frente a temas que repercutirán directamente en su patrimonio personal. En una nota sobre varios parlamentarios con conflictos de intereses, Fabiola Torres de El Comercio señaló una posible solución:

Un referente puede ser Colombia, donde los congresistas están obligados a llevar un libro de registro de sus intereses privados. Allí dejan constancia sobre su participación en sociedades anónimas o en cualquier organización o actividad privada económica o sin ánimo de lucro, de la cual forman parte en su país o en el exterior. Si se prueba que han omitido información y logrado un beneficio personal, pueden ser sancionados hasta con la pérdida de la investidura.

Más allá de las sanciones que merezcan estos parlamentarios, es necesario comenzar a fortalecer los mecanismos institucionales que impidan este tipo de conductas. En ello también debería estar el acento de este Congreso.

LOS TRES SENDEROS

La semana pasada, varias acciones vinculadas a Sendero Luminoso o al recuerdo del terrorismo fueron parte de titulares y de primeras planas. En su columna de hoy, Augusto Álvarez Rodrich resume lo ocurrido:

La más dramática fue, sin duda, el ataque lanzado el miércoles 14 por un grupo senderista a cargo del ‘camarada Omar’ – como reveló ayer La República – contra un helicóptero militar en San Martín de Pangoa, en el VRAE, que les costó la vida a dos oficiales del Ejército Peruano, el comandante Esneider Vásquez Silva y el capitán Jenner Vidarte Campos, hoy héroes del país.

En la misma semana hubo ocho expresiones de ‘terrorismo blanco’: llamadas telefónicas que alertaban de la colocación de bombas que luego se supo que eran bambas. La primera ocurrió el mismo lunes 12 a pocas cuadras de la calle Tarata, en Miraflores, un lugar emblemático de los tiempos del terrorismo.

De manera simultánea, en varias zonas de Lima –desde Villa El Salvador hasta San Juan de Miraflores– aparecieron pintas demandando ‘Libertad para Abimael Guzmán Reinoso’.

El ‘Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), vinculado a Abimael Guzmán y cuyo objetivo principal es lograr la liberación de su líder para que salga de la Base Naval en donde se encuentra preso, reivindica la autoría de las pintas pero no de las llamadas telefónicas.

Frente a estas acciones, es necesario establecer algunas cuestiones. La primera, la más absoluta condena a toda acción que vulnere los derechos ciudadanos o que intente atemorizarnos, perpetrada por Sendero Luminoso.

Lo segundo, como mencionó Jorge Bruce en su columna de ayer, es necesario generar empatía con quienes vienen combatiendo a Sendero en el VRAE:

Esos hombres murieron por defendernos a todos. En consecuencia, estamos en deuda con ellos y sus familias. Más allá de los ascensos póstumos y las condecoraciones, nos corresponde compartir su dolor y hacer algo al respecto. Lo primero sería dejar de vivir como si esa violencia no fuera problema de todos. Ya hemos pasado por ese proceso de negación y los resultados los conocimos, cuando ya era muy tarde, gracias al informe de la CVR (el que muchos se empeñan en desmentir todavía hoy).

En tercer lugar, cabe recordarles a algunos políticos que intentan sacar rédito de este tipo de acciones que la supuesta “mano dura” no consiguió la derrota militar de Sendero Luminoso. Un ejemplo de ello es la congresista Lourdes Alcorta, quien ayer propuso volver a los jueces sin rostro como opción de política. Pablo Talavera, ex magistrado y uno de los jueces que condenó en primera instancia a la cúpula senderista en un proceso impecable, recordó que:

“En el año 92 se instalaron los tribunales sin rostro, que duraron 4 años, tantos tribunales militares sin rostro como tribunales civiles sin rostro. Tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el Tribunal Constitucional, sancionaron y señalaron que eso era contrario a la Convención Americana y a la Constitución”, acotó.

“Además hay un problema de eficiencia porque finalmente al anularse todos los procesos, resultaron beneficiados algunos que habían cometido delitos, porque las pruebas luego de algunos años no se pudieron encontrar o los testigos ya estaban muertos o no se tenía conocimiento de su paradero”, indicó.

Lo mismo cabría decirles a los encargados de los titulares de algunos diarios de circulación nacional. Con organizaciones como Sendero se tiene que estar alerta, pero no se deben generar olas de pánico que busquen justificar actos que luego puedan ser calificados como violaciones a los derechos humanos. O, además, proponer acciones que terminen siendo absolutamente ineficaces contra enemigos de la democracia peruana.

Para derrotar a Sendero Luminoso es necesaria la inteligencia y el conocimiento del rival al que se está enfrentando. Sobre lo primero, ya existe en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas el plan para unificar la inteligencia en el VRAE, medida indispensable para evitar tanto la rivalidad entre los institutos castrenses como la dispersión de información o su incorrecta utilización.

Y el conocimiento debe implicar, como mencionaba Álvarez Rodrich en su columna de hoy, saber cuales son las tres facciones con las que opera Sendero Luminoso. Un artículo de Carlos Tapia publicado hoy en La Primera nos ayuda a dicha identificación. Divido los grupos y cito las partes pertinentes:

1. SENDERO – VRAE:

Son columnas que tienen armas modernas conseguidas en las emboscadas contra las patrullas de nuestras FFAA y la PNP. También poseen ametralladoras con trípode, capturadas cuando fracasó la negociación “Fournier-SL” en 1999 y que fueron utilizadas para derribar el otro helicóptero en el 2009 y también el ataque al último.

Son los rezagos de lo que fue el grupo “Proseguir” liderado desde 1995 hasta 1999 por “Feliciano”, que no aceptó el Acuerdo de Paz propuesto por Abimael Guzmán en complicidad con Montesinos en Octubre de 1,993. Como se sabe, este Acuerdo de Paz, hecho presentado como una rendición por Fujimori ante la Asamblea de la ONU, tenía como objetivo favorecer el triunfo del SÍ en el referéndum de noviembre del mismo año que legitimó la Constitución actual. En realidad, más que remanentes, son una suerte de mutación light del senderismo abimaelita (no matan a campesinos, sólo a las fuerzas del orden); no solo reniegan del “pensamiento Gonzalo”, sino que hasta lo acusan de “terrorista”. Ahora dicen luchar en una “guerra democrática y de resistencia contra el imperialismo yanqui”, aunque enrrolando a niños y manteniendo poblaciones cautivas.

Su objetivo militar es capturar armas de las FFAA, el económico es sacar plata del narcotráfico, y ganarse a los productores cocaleros constituye su principal objetivo político y de masas. Ahora se entenderá lo importante que es una erradicación concertada con los pequeños productores cocaleros del VRAE, ya que la forzada podría entregar el movimiento cocalero al campo del narcotráfico y el terrorismo.

2. EL MOVADEF:

Mantienen su fundamentalismo al declarar que “la ola revolucionaria mundial que comenzó en 1870 con la Comuna de París, acabó el 12 de setiembre de 1992 con la captura del presidente Gonzalo”. Y que habría que esperar entre 50 a 100 años, para que cuando surja otra ola revolucionaria mundial se generen las condiciones para el reinicio de la lucha armada. Mientras tanto hacen labor proselitista en universidades, sindicatos, pueblos jóvenes, etc. Son entre 2 a 3 mil activistas, algunos de ellos hacen vida pública, dando charlas por doquier.

¡Por eso es que no se atreven a condenar el uso de la violencia armada como opción política para la toma del poder! Sólo admiten que “en la actual coyuntura” ese camino está descartado. Los que se han organizado en el Movadef, su órgano de fachada, piden amnistía para Abimael Guzmán, el Grupo Colina, etc. Creen que la “reconciliación nacional” se logrará cuando logren abrazarse, salidos de prisión, Abimael Guzmán y Vladimiro Montesinos.

De hecho, cabe mencionar que la Comisión de la Verdad y Reconciliación negó todo tipo de amnistía para miembros de Sendero Luminoso:

Respecto de la amnistía, sólo cabe señalar que los miembros del PCP-SL han sido condenados por la justicia por sus crímenes. Cualquier pretensión de aplicar una política de amnesia, olvido o amnistía por parte del Estado en su beneficio vulnera el principio de la justicia. El planteamiento del “borrón y cuenta nueva” respecto de los crímenes cometidos no es posible para nadie. El principio de la reconciliación se funda en la justicia y no en la impunidad. De ese modo, no sólo los militantes del PCP-SL deben pagar por sus crímenes, sino todo aquel que los ha cometido. Nadie está por encima de la justicia y nadie tiene licencia para torturar o asesinar a aquél que está en situación de indefensión. La reconciliación exige, en este caso concreto, que el senderismo pague por sus crímenes.

3. SENDERO – HUALLAGA:

Existe, además, el grupo armado de Artemio en el Huallaga que está más perdido que mango en cebiche. Dice continuar la lucha armada en el Huallaga… para que el estado le haga caso a los “acuerdistas”, es decir, a los que ya no quieren continuarla.

Este es el grupo que ha sido golpeado más por las acciones de inteligencia de la Policía, cuyo trabajo debe ser afinado en los próximos meses.

Por tanto, no cabe bajar la guardia, pero en momentos en que quienes quieran sacar provecho o recomendar medidas que además de vulneratorias de derechos son fallidas, es necesario colocar las cosas en su justa dimensión. Con Sendero, ni a la esquina y para derrotarlo definitivamente hay que saber a quién se está enfrentando.