Venezuela y Perú: política exterior, politiquería interior

Grupo de Lima
Grupo de Lima respalda decisión del gobierno peruano para evitar llegada de Nicolás Maduro a Cumbre de las Américas (Foto: AP)

 

Los vaivenes del gobierno peruano sobre la presencia de Nicolás Maduro en la Cumbre de las Américas a realizarse en la quincena de abril en Lima pueden resumirse, con total exactitud, en esta caricatura de Andrés Edery:

Edery Maduro Venezuela
Foto: El Comercio

Dejémoslo en claro: hace varios años que Venezuela no vive en democracia. El régimen inaugurado por Hugo Chávez y prolongado por Nicolás Maduro no garantiza elecciones limpias, justas y transparentes. Atenta contra varios de los derechos humanos de sus ciudadanos (sobre todo, de sus opositores). Y con el cuento que se “enfrenta al Imperio” (es decir, a Estados Unidos), el autoritarismo venezolano se va por las dos décadas de gobierno casi ininterrumpido. Peor aún, cada día da más muestras de convertirse en una dictadura desembozada y su política económica ya rebasa incluso los históricos niveles de incompetencia del primer gobierno de Alan García.

¿Este problema debe importar al Perú? Sí. Venezuela es un país con lazos bastante estrechos con el nuestro desde la lucha por la independencia nacional y, tradicionalmente, hemos mantenido buenas relaciones. Nuestro país, desde que cayó el régimen fujimorista, ha tenido una voz activa para pronunciarse sobre la democracia en nuestro continente. Y a ello se suma el importante número de ciudadanos venezolanos que han visto en nuestra patria un destino atractivo de migración.  En suma, el gobierno peruano había hecho bien en condenar los constantes atropellos cometidos por el chavismo – madurismo y en acoger, en la medida de nuestras posibilidades, a la diáspora venezolana que llega a Lima.

El problema es cuando se usa el drama venezolano para asuntos de politiquería interna.

Resulta cierto que la relación entre el chavismo y la política interna peruana siempre ha sido bastante complicada. En 2000, cuando nuestro último autócrata se iba por los diez años de gobierno, las relaciones entre Fujimori y Chávez eran bastante amistosas. De hecho, Venezuela terminó defendiendo al régimen fujimorista en la famosa cumbre de la OEA en Windsor (Canadá), cuando la misión especial electoral declaró que los comicios de aquel año habían sido una farsa. Eran tiempos del “Ritmo del Chino” y de otros bailes.

Keiko Chavez
Keiko Fujimori y Hugo Chávez en singular trencito bailado en un aparte de la Cumbre de Río en 2000 (Foto: La Mula)

Huído Fujimori a Tokio, la relación entre Chávez y el Perú se volvió más tirante. Vladimiro Montesinos terminó refugiado en Caracas y traicionado por sus vigilantes, sin que se llegara a esclarecer si es que el gobierno venezolano lo protegía. Cuando se produjo el intento de golpe de Estado de 2002, Alejandro Toledo saludó la breve caída de Chávez y tuvo que callarse cuando volvió al poder 72 horas después.

Y, cuando el régimen chavista rebosaba en petróleo y George W. Bush andaba en lo peor de su desprestigio en la región, al gobierno venezolano no se le ocurrió mejor idea que crear aliados en América Latina. Los apapachos a Ollanta Humala – con una fundada sospecha de financiamiento – en 2006 iban en esa línea. De allí que, hábilmente, Alan García planteara en la segunda vuelta electoral de aquel año una disyuntiva: “O Chávez o el Perú”. Y así ganó las elecciones.

El intento chavista de inmiscuirse en la política peruana generó un temor bastante fuerte en nuestra derecha. Como indicó hace algunos años Marco Sifuentes, nuestro establishment empresarial – político – mediático – religioso le perdonaba todo a García II y armaba unas teorías de la conspiración dignas de la Guerra Fría en base al miedo al chavismo o al “comunismo internacional”.  A la par – recuerden, la vieja escopeta aprista de los dos cañones -, discretamente García hacía las paces con el sátrapa de Caracas, con miras a un mejor escenario regional por la demanda a Chile sobre nuestros límites marítimos.

Pero nuestra DBA no veía estas sutilezas y se quedó con la “lucha contra el chavismo” como único objetivo internacional. De allí que emprendieran con todo contra Humala en 2011, esgrimiendo que Lima se convertiría en una nueva Caracas. A pesar que el líder nacionalista hace rato que miraba más a Brasilia. Y ya saben cómo quedó aquella elección.

Chavez Humala
El cuco de nuestra derecha, cuando hacía rato que Humala era más cercano a Brasilia que a Caracas (Foto: Perú.21)

Más allá que los vínculos entre Humala y Lula estén más que probados, en el imaginario de nuestra derecha siempre quedó que el exmilitar “sacaría la garra chavista” en cualquier momento. Si quieren explicarse porque el marcaje a presión a Humala en materia económica incluso cuando desechó su plan de gobierno original, se encuentra en este miedo.

Y cuando económicamente no había cómo sostenerlo, este miedo continuó en dos elementos poco aclarados por Humala: la “reelección conyugal” – desmentida luego de un año básicamente por torpeza de quienes gobernaban – y la ausencia de una condena abierta al régimen venezolano. Este último punto, me confirman dos personas que trabajaron con Humala, tenía la misma explicación que la política de acercamiento de Alan a Chávez: no abrirse un frente en América Latina ad portas de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia sobre nuestro diferendo limítrofe marítimo con el vecino del sur. De hecho, como explica bien el internacionalista Óscar Vidarte, luego de superar el juicio en La Haya, el gobierno de Humala fue más proactivo en una posición algo más dura frente a Caracas, sin mucho eco en la región.

Existió otro abono a estos temores: la posición de nuestra izquierda frente al régimen venezolano. Con honrosas excepciones – Susana Villarán y Alberto Quintanilla, entre ellos -, varios voceros zurdos hicieron gala de lo que Fernando Tuesta ha calificado bien como un mito: la solidaridad internacional. En parte de la izquierda peruana sigue primando una postura que lleva al abrazo inmediato hacia aquel que se proclame como ellos o se oponga al cuco eterno: Estados Unidos. Y en otro sector, el temor a quedar “cercano a los intereses de la derecha” hace que varios duden en condenar a un régimen que hace buen tiempo dista de sus sueños de igualdad y lucha por los pueblos. Si el manejo político del “antichavismo” dura aún en la política interna peruana es, básicamente, por la pobre distancia que buena parte de la izquierda peruana ha tenido frente al chavismo.

PPK Capriles
PPK ha mostrado una actitud más proactiva de apoyo a la oposición venezolana. Aquí con el exgobernador Henrique Capriles (Foto: La Mula)

En esa línea, Pedro Pablo Kuczynski había acertado en cuestiones formales, al tener una política más dura frente al chavismo. Se percató que estaba del lado correcto en términos internacionales, pero también se dio cuenta de los réditos internos que implicaba colocarse frente a un gobierno rochosamente autoritario y que goza de pocas simpatías en nuestro país.  Y, precisamente, ante la desesperación tanto por la caída en las encuestas como por el desprestigio internacional de su gobierno, que PPK acude a “la vieja confiable”.

Ya no es un secreto que el Papa Francisco se negó a incluir la palabra “reconciliación” en sus discursos en el Perú, porque estaba prevenido del uso politiquero de la palabra, post indulto irregular a Fujimori. PPK esperaba este aval internacional, que le fue esquivo. Y hoy requiere un tema que le permita, en teoría, hacer un juego a tres bandas: recuperar iniciativa interna y bajar la tensión con el fujimorismo, aislar a la izquierda parlamentaria que hoy busca vacarlo (sabiendo que en el otro lado tiene también a gente con reflejos de 1970, como Marco Arana) y tener algo más de prestigio internacional.

El problema es que la maniobra ha sido tan grosera y la ejecución tan chambona que el papelón ha sido mayúsculo. Nicolás Maduro ha brindado un discurso que le sirve en términos internos, dado que se sigue colocando como la “víctima del Imperio y sus aliados”, como internacionales, dado que podríamos terminar con una Cumbre de las Américas con un posible boicot de los aliados de Caracas. Al mismo tiempo, no pocos opositores al régimen venezolano le han criticado la inconsistencia, pues con los mismos motivos que se han tenido para “desinvitar” a Maduro se le debió retirar la alfombra roja al cuestionado presidente hondureño Juan Hernández (reelegido en comicios que la OEA ha calificado como irregulares) y al dictador de Cuba Raúl Castro. Y somos varios quienes pensamos que lo mejor era dejar que Maduro venga, para hacerle una masiva protesta de peruanos y venezolanos opuestos a su régimen autoritario.

Así las cosas, el gobierno peruano acelera una descomposición mayor, en la que el único objetivo de cada día es sobrevivir. Y cuando ello se convierte en premisa única para la actuación de un presidente, queda más claro que el país está a la deriva. Incluyendo a nuestra política exterior, uno de nuestros pocos estamentos que estaba libre de los vaivenes politiqueros cotidianos.

Embajadores Criollos

Durante sus primeros seis meses de mandato, Pedro Pablo Kuczynski se había cuidado hasta cierto punto en el nombramiento de lo que, en jerga política, se denomina como “embajadores políticos”.

Como es conocido, la Ley del Servicio Diplomático permite que el Presidente de la República pueda designar hasta el veinte por ciento del número de jefes de misión diplomática con personas que no pertenezcan al cuerpo de embajadores de carrera, la misma que se inicia con estudios de postgrado en la Academia Diplomática del Perú.

Hasta hoy, el único “embajador político” designado por PPK era Hugo Otero, publicista en las cuatro campañas presidenciales de Alan García y quien también asesoró a PPK durante la campaña electoral de 2011. La designación de Otero era un claro guiño al APRA, que no ha sido devuelto por García, dado que la bancada aprista ha votado en varias posiciones importantes con el fujimorismo. Los arqueos de cejas fueron menores, además, porque el experto en marketing electoral ya había ocupado ese puesto en Chile en el segundo gobierno aprista.

Sin embargo, un dato aparecido ayer en la revista Caretas y que también contó el periodista Umberto Jara sí ha causado alguna conmoción: la nueva embajadora en Argentina será, de acuerdo a ambas versiones, María del Carmen Miró Quesada Arias, miembro del directorio del Grupo El Comercio.  Pero la conmoción no tiene que ver tanto con su parentesco o con el puesto que ocupará hasta este mes cuando se releve al colegiado más importante del conglomerado mediático más fuerte del país.

Como ha registrado Utero.pe, las columnas de “Maki” Miró Quesada oscilan entre la navieté y el racismo. Peor aún, como comenta la nota de Andy Livise, la docente de francés y experta en temas de arte y decoración, una de sus columnas más abiertamente discriminadoras tiene que ver, precisamente, con nuestros connacionales residentes en el país de Borges. Ya esto convierte al nombramiento, aún no aprobado por el presidente Mauricio Macri, en un tremendo error. Habla la imagen:

(Foto: Matteo Stiglich)

Livise también muestra una paradoja. Miró Quesada Arias – quien ha sido agregada cultural en Paris hace unos años – escribió en contra de la designación de quien también ocupó el puesto similar al que tendría en unas semanas sin ser diplomática de carrera: Cristina Velita, quien fue embajadora en Francia durante el gobierno de Ollanta Humala. Y los “argumentos” iban más por “la falta de clase” antes que por sus calificaciones para el cargo.

A todas luces, el nombramiento es un desacierto. No solo por la poca empatía que la señora Miró Quesada Arias ha mostrado hacia nuestros compatriotas que residen en el país en el que nos representará, sino porque la designación pareciera responder a premiar la amistad de coctel antes que a una eficiente muestra de nuestra imagen y competencia en el exterior. El canciller Ricardo Luna, quien se ha desempeñado hasta el momento con corrección en el cargo, debería explicarle a la ciudadanía las razones de esta designación.

Asimismo, la designación de la señora Miró Quesada Arias resulta contradictoria con los mensajes que ha dado el gobierno para la mejora del Servicio Diplomático de la República y su profesionalismo. De hecho, Luna deshizo los nombramientos de embajadores hechos por el gobierno de Humala en sus últimos seis meses en el cargo. Una tradición no escrita en Torre Tagle señala que no es conveniente hacer estos nombramientos en los últimos tramos de gobierno, por lo que Luna tuvo un gesto inicial de profesionalismo con sus colegas.

Además, el plan de gobierno de PPK indica que uno de sus objetivos en política exterior es “la implementación de la simplificación administrativa y mejora institucional del cuerpo diplomático”. En esa medida, como hace planteamos hace cuatro años en este mismo espacio, es necesario revisar si la disposición de contar con “embajadores políticos” tiene sentido en una carrera diplomática profesional.

Por estas razones, el gobierno debería nombrar a una persona con mayores credenciales para representarnos en un país con el que tenemos estrechos lazos y donde se encuentra una de las mayores poblaciones peruanas en el exterior.

Venezuela y el Perú

(Venezuela en su hora más difícil. Foto: La Prensa)

Nadie que se llame a sí mismo como demócrata puede concebir que el régimen venezolano entra dentro de los estándares que caracterizan a un régimen que respeta las libertades básicas. Lo que – acertadamente – era caracterizado como un autoritarismo competitivo, es cada día más una dictadura abierta, donde las posibilidades de competencia política y libertades son más acotadas con el transcurrir de las semanas.

Para los peruanos, lo que ocurre en Venezuela ha tenido siempre gran interés. Y las razones varían, dependiendo a quien nos refiramos.

Existen demócratas consistentes que observan lo que pasa en Venezuela con la preocupación legítima de la instauración en la región de un régimen que, en muchos aspectos, se ha parecido a la satrapía montada por Alberto Fujimori en nuestro país: un gobierno autoritario que prostituyó las instituciones públicas para su mantenimiento en el poder. Más aún, cuando el gobierno venezolano quiso proponer, en sus tiempos de mayor esplendor, un proyecto de carácter continental para exportar su modelo. Claro está, el gobierno de Nicolás Maduro está dando pasos que van más allá de la definición dada por el politólogo Steven Levitsky hace algunos años para caracterizar a este tipo de regímenes.

Asimismo, es claro que han ocurrido varios hechos en los últimos 18 años que ocasionan el interés de los peruanos en Venezuela. Al escapar de la justicia peruana, Vladimiro Montesinos terminó en territorio venezolano, sin que se terminara de aclarar si es que el gobierno chavista le prestó ayuda para su estadía en Caracas (considerando que varios de quienes acompañaron la aventura golpista de Chávez en 1992 terminaron en el Perú fujimorista). Chávez se entrometió en las elecciones peruanas en 2006, con declaraciones bastante altisonantes (a tal punto que Ollanta Humala tuvo que desmarcarse de él para ganar en 2011). Y a ello sumemos la importante cantidad de peruanos que salieron a Venezuela en busca de un mejor futuro en las décadas de 1970 y 1980 (hoy vemos el proceso inverso).

Un tercer grupo está marcado por quienes critican a nuestra izquierda peruana debido a su falta de reflejos para condenar al gobierno venezolano o al menos criticarlo. Si bien es cierto que, en las últimas semanas, representantes del Frente Amplio (como Marisa Glave o la propia Verónika Mendoza) han marcado distancia del régimen (y mucho antes lo hizo Susana Villarán), lo cierto es que existe un importante sector de izquierda que ha preferido ponerse de costado o (peor aún) atribuir los cuestionamientos a teorías de la conspiración. En otras palabras, solitos se han prestado para el bullying.

Pero también resulta cierto que dentro de este tercer grupo encontramos dos variantes. Quienes hacen estos cuestionamientos con el fin de que la izquierda acepte que las dictaduras que (al menos enunciativamente) se proclaman como zurdas también son malas. Y también quienes aprovechan esta falta de respuesta para deleitarse en el macartismo más ramplón, aquel que viene caracterizando a algunos sectores conservadores en nuestra prensa y en ciertos opinadores públicos, para quienes todo aquello que les sabe a izquierda debería desaparecer.

Lo cierto es que, durante los últimos años, desde estos tres grupos distintos, se ha buscado que el gobierno peruano se pronuncie respecto de la situación. Durante buena parte del gobierno de Humala, la situación fue relativamente tibia, más que por una cuestión ideológica, por el hecho que el entonces presidente decidió no pelearse con nadie en el contexto de la resolución del diferendo marítimo con Chjle ante la Corte Internacional de Justicia. Esto era, para muchos, la prueba del “chavismo” presidencial. Sin embargo, como indica Óscar Vidarte, el juicio debería ser más matizado, sobre todo, de 2014 en adelante:

No obstante, dentro del ámbito de la OEA, el gobierno del Perú bajo el mandato de Humala  no mostró ser un aliado de Venezuela, votando muchas veces en contra de sus intereses. De esta forma, el 2014 nuestro país propuso una iniciativa para hacer frente a la situación de violencia en dicho país, pero esta fue rechazada, siendo considerada por Venezuela como intervencionista. El mismo año, el Perú votó a favor del carácter público de una sesión sobre el caso venezolano ante el Consejo Permanente de la OEA, perdiendo nuevamente la votación. Asimismo, frente al problema acaecido en la frontera entre Colombia y Venezuela a mediados del 2015, el Perú votó a favor del pedido colombiano para convocar una reunión de cancilleres, pero este no prosperó.

La actual administración ha ido un paso más allá, coincidiendo con el agravamiento de la situación en el país sudamericano. Así, Pedro Pablo Kuczynski ha recibido a Henrique Capriles y Lilian Tintori, dos de los principales líderes opositores al gobierno de Maduro. Al mismo tiempo, la Cancillería peruana, respetando la no injerencia en asuntos internos, ha señalado que existe una “alteración al orden democrático” y que, por tanto, debería analizarse la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Ello, ya se imaginarán, le ha valido los insultos de representantes del gobierno venezolano a nuestro presidente.

Los más duros – paradójicamente, liderados por el fujimorismo, padre de un régimen similar al chavista – piden al gobierno peruano una ruptura de relaciones diplomáticas o, al menos, que se llame en consulta al embajador peruano como señal de protesta. Sin embargo, la Cancillería no ha cedido a estas posiciones y ha indicado que solo se llamará a nuestro representante en Caracas para que informe la situación. Hace unas semanas, PPK dijo que no era lo más adecuado hacer un retiro de nuestro representante diplomático.

En esto el gobierno acierta. Si se quiere seguir jugando un rol importante en la solución de la crisis política venezolana, es mejor que nuestro principal diplomático en Venezuela se quede, tanto para transmitir la voz oficial del Estado peruano como para velar por los derechos de nuestros compatriotas. Asimismo, insistir en los cauces institucionales de la OEA es lo que nos corresponde como país suscriptor (y, a la vez, principal causa) de la Carta Democrática Interamericana.

Soy de quienes cree que la salida final a la crisis venezolana debe desembocar en la realización de un referéndum revocatorio de Maduro con todas las garantías y una transición ordenada del poder en caso que el chavismo sea derrotado. Para ello, es necesario el apoyo de la comunidad internacional. Reacciones destempladas harán que el Perú no pueda ejercer el papel que le corresponde en la región frente a lo que ocurre en Venezuela. Menos aún cuando estas se mezclan con un anti-izquierdismo que, antes que buscar una salida a la crisis, busca anular a un adversario político local. Y, claro está, es necesario que el Frente Amplio entienda que no se puede tener más rodeos en un problema donde parte de la solución le corresponde a toda la región.

Aquel tema fetiche llamado Venezuela

Normalmente, las discusiones sobre política exterior en el Congreso de la República son de bajo perfil. Ni siquiera cuando se discuten tratados de libre comercio, tema crucial de nuestra visión ante el mundo durante los últimos quince años, los parlamentarios son tan proactivos.

Excepto cuando se trata de Venezuela.

Nadie puede negar que el gobierno de Nicolás Maduro no es democrático. Es, a ciencia cierta, un autoritarismo competitivo cada día menos abierto a la competencia política y con serias dificultades económicas. La crisis venezolana es, a todas luces, un serio problema para América Latina, tanto en lo que significa en términos democráticos como en lo que se refiere a los problemas de desabastecimiento. Sumemos a ello el pobre liderazgo de Maduro y su gente para saber que el país caribeño se encuentra en una situación sumamente complicada.

Nuestro país debe ser uno de los que este caso suscita mayores debates. Y no solo por su importancia en sí mismo, sino que el mismo es usado como arma política. Las pretensiones chavistas por expandirse tuvieron receptividad en 2006 en Ollanta Humala que, antes que un simpatizante ideológico, era agradecido por ser el primer gobierno que lo recibía como un político de fuste. Las remembranzas que Chávez traía de los peores aprestos estatistas de Velasco – sumado a su estilo ramplón – hicieron que Alan García fuera elegido presidente aquel año.

Si bien Humala se supo sacar parcialmente el sanbenito chavista con el acercamiento a Brasil en la campaña de 2011, el tema siguió durante todo su periodo de gobierno, tanto por el presunto financiamiento dado en 2006 desde el chavismo, como por la falta de condena al régimen de Maduro. Al conversar, en distintos momentos de su administración, con personas cercanas al gobierno humalista, la posición era clara: “Más que un agradecimiento o simpatía del Presidente, hay dos temas que él tiene claro: no quiere enemistarse con Venezuela de cara al fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre la frontera marítima con Chile y, además, considera que un pronunciamiento suyo no ayudará a solucionar nada”. De hecho, ningún país de la región fue explícito en rechazar a Chávez y Maduro.

Con el pasar del tiempo, la situación se complicó aún más: la izquierda peruana volvía al viejo error de “comprender el proceso” como norma para no pronunciarse sobre las violaciones a los derechos humanos en Caracas (o en La Habana). Ello le abría un flanco claro a ser aprovechado por sus rivales, lo que ocurrió durante la primera vuelta electoral de 2016. Mientras que, desde hace algunos años, el fujimorismo y parte de nuestra derecha se apresta a condenar a Maduro, sin decir nada sobre su padre putativo: el régimen encabezado por el hoy reo de Barbadillo.

Esta semana, el tema se revivió. Una moción impulsada por el congresista aprista Jorge del Castillo sobre la situación política en Venezuela ha sido firmada por todas las bancadas, con excepción del Frente Amplio. Marco Arana, vocero de la bancada, dijo que no firmarían un documento “con sesgo político”. Pero al leer la moción, se trata de un pronunciamiento que tranquilamente cualquier grupo democrático podría suscribir. De hecho, hoy Indira Huilca se pronunció fuerte sobre el tema Venezuela, reconociendo que habían presos políticos y violaciones a los derechos humanos.

¿Por qué el FA toma esta postura? Existen tres respuestas no contradictorias entre sí: a) están hartos del tema y pretenden que se priorice su acción en temas nacionales, b) consideran que sería “hacerle el juego a la derecha” suscribir la moción y c) tienen posiciones discrepantes al interior sobre el caso Venezuela. El problema con estas tres posiciones, más allá de las cuestiones de principio, es que no se han percatado que cualquier ambivalencia sobre este tema será aprovechado por sus enemigos políticos.

Sí, es cierto que resulta ser un chiste que el fujimorismo suscriba una moción condenando a un régimen muy similar al suyo y puede ser que a la bancada zurda se le haga la mano chichirimico antes de firmar una moción presentada por un aprista. Pero ni siquiera en el Frente Amplio se atrevieron a presentar una moción alternativa que pueda sentar posición sobre un asunto que los persigue y en el que deberían sentar posición. A fin de cuentas, se trata de una moción que, antes que resolver un problema que los venezolanos son los primeros llamados a solucionar, se solidariza con una causa que es justa.

Al final de la jornada, en el Congreso de la República, varios terminan dándole la razón al argumento central del libro de Eduardo Dargent “Demócratas Precarios”: las élites de izquierda y de derecha en buena parte de América Latina (lo que incluye al Perú) – con excepciones – no condenan a las dictaduras y autocracias de su signo favorito. Y allí el guante no solo le cae al Frente Amplio.

PPK hacia afuera

Cuando se revisan los ejes de la política exterior peruana durante el periodo iniciado en noviem­bre de 2000, las prioridades se han encontra­do en las relaciones con los países vecinos, el intercambio comercial, los mecanismos de integración, los vínculos con grandes potencias (Estados Unidos y China) y nuestra reputación internacional. ¿Supondrá un Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski un cambio en esta medida?

Si nos atenemos al plan de gobierno de Peruanos por el Kambio, la respuesta será negativa hasta cierto punto. Los ejes centrales serán la integración regional y el posi­cionamiento internacional. En el primer punto, se tratará de construir la relación a través de gabinetes binaciona­les y el potenciamiento de la Alianza del Pacífico. Mien­tras que, en lo que se refie­re al segundo componente, la participación en la OCDE y en espacios multilaterales serán las prioridades. Por la importancia de lo económico, se vocea a Mercedes Aráoz en la Cancillería y una visita del presidente electo a China.

Sin embargo, existen otras materias que apa­recen en el panorama exterior. En el plan existe un compromiso con la mejora de los servicios consula­res y con la creación del distrito electoral para que los peruanos en el exterior tengan representación parlamentaria propia. Al mismo tiempo, se plantea una modernización del servicio diplomático, sobre todo, en temas de procedimientos.

Y, aunque no se encuentre en el plan del futuro pre­sidente, resulta indispensable que Kuczynski recupere una presencia del Perú en temas internacionales. Tó­picos como la lucha contra las economías ilegales, el cambio climático con presencia peruana destacada en los últimos años y la defensa de los derechos hu­manos (cuando existe una grave crisis económica de la CIDH) son campos donde nuestro país puede y debe pronunciarse. Sumemos, además, la necesidad de cul­minar la implementación de la sentencia sobre límites marítimos con Chile.

Por ello, el futuro canciller debería tener un conoci­miento importante de todos los aspectos de nuestra política exterior y no solo tener una visión económica. Un perfil similar al de José Antonio García Belaúnde u otro diplomático de presencia destacada sería más idó­neo para estos tiempos.

(Columna publicada en Exitosa Diario el 12.06.2016)

LA DIPLOMACIA, LA ESPADA Y LA SEGURIDAD


Un balance sobre las políticas de relaciones exteriores, defensa y seguridad en el primer año de Alan García

Nota: Con este artículo, comienza una serie de balances sobre el primer año de gobierno de Alan García que durará esta semana y que se alternará con los temas de coyuntura

¿TENEMOS POLITICA EXTERIOR?

Esta pregunta cabe hacérsela, dado que la política exterior parece haber pasado a un segundo plano en lo que respecta a este gobierno.

Alan García es alérgico a los viajes al exterior, cuestión que dista mucho de la proyección continental que quiso tener en su primer gobierno. Tal vez esa alergia a todo aquello que tuvo que ver con dicho periodo hizo que el Plan de Gobierno del APRA en esta materia fuera, por decir lo menos, bastante austero.

Si bien la reducción de los viajes de Alan – y el ridículo debate sobre el avión presidencial – permiten ajustar ciertos gastos, lo cierto es que Perú parece haber perdido iniciativa y brújula en la política exterior. Hecho sintomático: el abrazo de la paz que Alan tuvo con Chávez hace unos meses, que dio verguenza a quienes creemos que en Venezuela gobierna un dictador. Y la Cancillería – que tiene una prudencia que linda con lo pusilánime – no dijo una sola palabra sobre el cierre de RCTV.

Peor aún, García no quiso convertirse en el líder democrático de América Latina y ha terminado recluido en las cuestiones meramente domésticas y dando trastadas que lindan con lo autoritario.

De otro lado, las relaciones con Chile, que parecían quererse manejar por cuerda separada, han terminado agriadas por incidentes respecto a los límites marítimos y terrestres. La decisión para ir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya se mide con pasos de plomo, por temor a los termocéfalos de uno y otro lado de la frontera. La relación con los demás vecinos casi no ha existido, con excepción del eterno debate: ¿Permanecemos o no en la Comunidad Andina de Naciones?

Con Estados Unidos, la relación se ha medido en un solo tema: TLC. Y las cosas se le complicaron al gobierno luego de que los demócratas ganaran las elecciones parlamentarias. Se tuvo que negociar una adenda que mejora en mucho algunos capítulos del Tratado, pero se ha desperdiciado mucho tiempo con las idas y venidas que se tuvo con la presencia de Hernando de Soto – hasta ahora inexplicable – liderando el llamado TLC hacia adentro.

Finalmente, con la región Asia Pacífico se han cometido serios errores, tomando en consideración que la cumbre de APEC será en Lima el próximo año. Por un lado, la militarización de la cumbre (con licitaciones libres de control) a cargo de Giampietri. Del otro lado, (y en eso tengo que darle la razón a Aldo Mariátegui), fue un serio error no enviar a alguien de peso a la cumbre de este año, celebrada en Australia.

En suma, como mucho en el país, hemos funcionado reactivamente en el plano exterior. A mi modo de ver, esto no pasa solo por un Canciller de real perfil bajo, sino por una decisión presidencial abierta de no comprometerse mucho en los temas externos. Y ello, en un contexto de globalización, es no tener una visión de futuro.

DEFENSA: CARRERA DE CABALLOS, PARADA DE BORRICOS

Uno de los despachos que inició mejor su tarea fue el de Defensa. La llegada de Allan Wagner – un experto diplomático – acompañado de un equipo civil bastante eficiente en términos académicos y administrativos auguraba una gestión civil en Defensa que hiciera cambios puntuales.

Y, en verdad, así pareció vislumbrarse. A pesar de ciertos obstáculos preliminares – tanto desde adentro como de la prensa pro Fuerzas Armadas – se pudo maniobrar para comenzar con una reforma administrativa del sector Defensa, que buscaba definir amenazas reales y trabajar por resultados. Asimismo, se superó una crisis importante por malos manejos en compra de gasolina en el Ejército, lo que ocasionó un relevo generacional que parecía ser esperanzador en la reforma no solo de la operatividad, sino también de la mentalidad militar.

Sin embargo, tengo para mí que la gestión de Wagner se vio frustrada el día que Alan García lo cuadró en público por señalar que la operatividad de las Fuerzas Armadas era en vano. Ese día Wagner desdibujó su perfil reformista y optó por su permanencia en el cargo, a cambio de callarse la boca.

Así, la presencia del Ministro se ha visto aminorada. Si bien vienen haciendose esfuerzos para aprobar normas que ordenen las cosas en las Fuerzas Armadas, el esfuerzo de reforma inicial parece haberse perdido. En Inteligencia, más allá de la rápida reacción frente a las denuncias de venta de información en la Marina, no se vislumbran cambios en esta materia, que parece ser dominada por los intereses privados y por los agentes paralelos.

Como colofón, Wagner apareció desubicado en el tema Quijano, primero avalándolo y luego mostrándose en contra de la censura. Sin duda, poco queda del ministro que llegó con ideas en agosto y que hoy parece estar flotando por su permanencia.

SIN POLITICA DE SEGURIDAD INTERIOR

El gobierno se inició con una incógnita: Pilar Mazzetti en Interior. A su favor, jugó el hecho de su honestidad y su buena gestión al frente del Ministerio de Salud. En su contra, estaba su desconocimiento del sector Interior.

Al final, lo segundo termino pesando bastante, dado que nunca pudo articularse una política de seguridad ciudadana clara ni una reforma en el Ministerio del Interior. Lo mismo ocurrió con las medidas frente a los remanentes de Sendero Luminoso.

Y en relación con lo primero, la denuncia sobre la compra de patrulleros sobrevalorados y su pésimo manejo político sobre este tema terminó liquidando la permanencia de la neuróloga a cargo del despacho.

Su reemplazo, Luis Alva Castro, no ha distado mucho de la falta de cambios en su cartera. Pero su permanencia estuvo atada a dos factores: su agenda propia dentro del Ministerio, como contrapeso a Jorge del Castillo; y, por otro lado, el exitoso operativo de recuperación del Mercado de Santa Anita.

Sin embargo, su ausencia en el tema narcotráfico ha sido clamorosa, la distritalización de la policía linda con la burla y la previsión policial frente a los conflictos sociales fue nula.

Finalmente, las recientes medidas sobre seguridad ciudadana, muchas de ellas efectivas, han quedado ocultadas por los mamarrachos hechos por el gobierno en materia de represión a los conflictos sociales.

Otra área en la que AGP deberá darnos más de una explicación este sábado.

UNA OMISION VERGONOZOSA

La semana pasada, 59 países firmaron en París la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la Desaparición Forzada. Este es un instrumento de carácter internacional y pretensiones universales que condena la desaparición forzada como una práctica vulneratoria de los derechos humanos.

Puede definirse la desaparición forzada como la privación de libertad de una o más personas cometida por agentes del Estado o por quienes actúen con su autorización, apoyo o tolerancia, así como por particulares o miembros de organizaciones subversivas. Dicho acto es seguido por la falta de información o la negativa a reconocer la privación de libertad o informar sobre el paradero de la persona. Tal ausencia de información o negativa impide el ejercicio de los recursos legales y de los mecanismos procesales pertinentes. La definición comprende a las víctimas cuyo paradero continúa desconocido, aquellas cuyos restos fueron encontrados y aquellas que recuperaron su libertad

El tratado suscrito la semana pasada señala que ninguna situación excepcional, conflicto armado o inestabilidad política justifica el uso de esta práctica. Los Estados partes se obligan a investigar las desapariciones forzadas y a colocar en su legislación penal como delito la desaparición forzada. El tratado es bastante completo e incluye otras obligaciones que no es necesario detallar para comprobar su importancia.

La desaparición forzada surgió como una práctica sistemática y generalizada contra los derechos humanos durante la II Guerra Mundial. El famoso operativo nazi “Noche y Niebla”, dado contra los judíos en la llamada “solución final”, fue la primera directiva conocida sobre esta práctica y fue materia del procesamiento de los jerarcas nazis en el famoso Juicio de Nuremberg.

Serían las dictaduras latinoamericanas las que harían de la desaparición forzada una práctica conocida en el mundo. Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, El Salvador, Paraguay y Uruguay fueron algunos de los países que padecieron esta vulneración de los derechos fundamentales.

¿Qué derechos vulnera la desaparición forzada de personas? El derecho a la libertad personal, al privarse a una persona de su libertad con total arbitrariedad y sin autorización judicial; las garantías judiciales, al imposibilitar el derecho de defensa del detenido; la prohibición de tratos inhumanos, crueles o degradantes, pues la víctima es aislada del mundo exterior y llevada a un lugar donde es ocultada, configurando el mero hecho del aislamiento un elemento que añade inseguridad y temor a la víctima; y, casi con seguridad, el derecho a la vida, pues el desaparecido, por lo general, es ejecutado extrajudicialmente.

Ello fue lo que ocurrió en nuestro país durante el conflicto armado interno. Para la Comisión de la Verdad y Reconciliación, los agentes del Estado emplearon la desaparición forzada de personas de manera sistemática y generalizada como parte de los mecanismos de lucha contrasubversiva. Nos encontramos ante un patrón de conducta, que tuvo carácter generalizado y sistemático entre 1983 y 1985, así como entre 1989 y 1993.

En el primer periodo, esta practica se produjo de manera masiva e indiscriminada en los departamentos de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac. En el segundo periodo, se hacían procedimientos más selectivos, pero igualmente sistemáticos y concentrados también en las grandes ciudades.

La desaparición forzada de personas es considerada un crímen de lesa humanidad por el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Nuestro ordenamiento penal la considera un delito, pero la tipificación parece ser inadecuada, toda vez que se señala que:
a. El autor del delito sólo puede ser un funcionario público.
b. No se establece que la desaparición forzada es la privación de libertad seguida de la negativa de información sobre la detención o el paradero de la persona.
c. Se emplea el término “debidamente comprobada”, inadecuado, pues la naturaleza de la conducta, basada en la privación de libertad de una persona y seguida por la negativa de la misma o de la falta de información sobre la detención o sobre el paradero del desaparecido, hace que la prueba de la desaparición forzada sea casi imposible.

Afortunadamente, ya el Poder Judicial ha sentenciado dos casos – Ernesto Castillo Paez y Chuschi – interpretando este delito de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos, supliendo los defectos de la legislación peruana. Estas sentencias están pendientes de

Como vemos, el tema tiene una suma importancia para la preservación de la vida y de otros derechos en el mundo. Y en nuestro país con especial cuidado, dado que durante el conflicto armado interno nos convertimos en la nación con el triste record de mayores denuncias por desapariciones forzadas ante el Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre esta materia.

Y a pesar de ello, adivinen que país latinoamericano no está en la lista de firmantes. El nuestro. A pesar de lo antes anotado, nuestra Cancillería vuelve a convertir a la política exterior peruana en un hazmereir: Chávez nos insulta, Alan lo abraza en Cochambamba; tenemos la demanda lista ante La Haya para el tema marítimo con Chile, no iniciamos el proceso judicial; el TLC necesita un impulso, pero se contrata a la peor persona para el cargo. Y ahora, luego que casi todos los países latinoamericanos que tuvieron el problema de las desapariciones forzadas suscriben la Convención Internacional que las proscribe y que obliga a los Estados a perseguirla, el único florón de la corona que no lo hace es el Perú, por culpa de un canciller varado en solo Dios sabe que galaxia del espacio exterior.

Sin duda, una raya más al tigre y un baldón más para el Canciller José Antonio García Belaúnde, que, a contrario de lo que dijo cuando asumió el cargo, demuestra tener poco manejo de la política exterior, si es que esta existe.