La relación entre Perú y Chile es una de las más complicadas vecindades en América Latina. Marcada por la mutua desconfianza, cualquier episodio, desde los más graves hasta los aparentemente triviales, son tomados como parte de un conflicto que se inició con la República, llegó a su climax en la Guerra del Pacífico y se ha convertido en la tensa calma que tenemos el día de hoy.
El último episodio se ha referido a la reciente compra de armamento por parte de las Fuerzas Armadas chilenas, uno más en la larga lista de “renovaciones” que vienen haciendo desde hace muchos años para mantener operativo su poderío militar. Los más suspicaces señalan que Chile se viene armando para una guerra una vez que la Corte Internacional de Justicia nos de la razón en el diferendo marítimo con el vecino del sur. Otras voces apuntan más a que estas compras son para mantener el status quo castrense que sigue siendo el principal legado del Pinochetismo para la política interna mapocha.
Algunas voces nacionales, como las del ex canciller Luis Gonzales Posada, plantean recurrir a la OEA para frenar el armamentismo chileno. Todo indica que la vía ideal para plantear el tema no es la burocrática oficina en Washington sino el recientemente formado Consejo de Defensa Sudamericano, como instancia especializada en la materia y frente a la cual el Perú tendría un argumento sólido a presentar a sus pares regionales: nosotros compramos armas de acuerdo a nuestras posibilidades, no en modo desmedido.
Otros, desde los belicistas diarios La Razón y Expreso, llaman a comprar armas en desmedida frente al “enemigo” chileno. El problema, tal como lo apunta Augusto Álvarez Rodrich, es que detrás de estos diarios está un lobby feroz de traficantes de armas que esperan la primera oportunidad para repetir las pingües ganancias legales e ilegales de la década de los noventa. Cómo transparentar el gasto militar y hacerlo eficiente es una pregunta que aun sigue sin resolver en el despacho de Ántero Flores – Araoz y de ello se aprovechan estos lobbistas para poner sus cabeceras de playa en el Ministerio de Defensa.
Está claro que el país requiere comprar armamento para renovar su alicaida flota. ¿Lo debe pensar en torno a Chile? Yo creo que no. En realidad, para dichas compras, el país necesita tener claro, en serio, cuales son sus amenazas reales a su seguridad. Desde mi punto de vista, las mismas están más centradas en el narcotráfico y los remanentes de Sendero Luminoso.
¿Chile es una amenaza bélica en ciernes? Hace un tiempo, Farid Kahhat se hizo esta pregunta y planteó su negativa a esa pregunta basado en lo siguiente:
En cuanto a posibles hipótesis de conflicto, la más socorrida alude a las carencias energéticas y de agua dulce del norte de Chile, y la existencia de ambos recursos entre sus vecinos (p. ej., los yacimientos de gas de Camisea en el Perú, y de Tarija en Bolivia, y el lago Titicaca, ubicado entre ambos países). (…)
La pregunta inicial, sin embargo, seguiría en pie: ¿Por qué Chile habría de atacar militarmente a sus vecinos para acceder a recursos que podría obtener de ellos a través del comercio bilateral a un costo mucho menor? Una respuesta posible a esa pregunta es que Chile querría garantizar el abastecimiento regular de esos recursos para no repetir la experiencia reciente de la reducción repentina de sus importaciones de gas provenientes de la Argentina. Ante la recurrencia de problemas de inestabilidad política en ambos países, la eventual emergencia en estos de gobiernos nacionalistas potencialmente hostiles a los intereses chilenos, o una confluencia de ambos factores, Bolivia y el Perú no serían fuentes confiables de abastecimiento regular de esos recursos.
Pero en ese caso, Chile podría obtener un abastecimiento regular de gas de otros países como Venezuela. Probablemente esa fuente de abastecimiento sería más costosa que comprar el gas a los países limítrofes, pero de seguro sería menos costosa (política y económicamente) que invadir a estos últimos para arrebatarles el recurso.
En cualquier caso, ¿por qué atacar al Perú, un país con un poderío militar sensiblemente mayor al de Bolivia, cuando Chile podría obtener gas y agua en abundancia invadiendo únicamente a este último país? (recordemos que las reservas de gas de Camisea son mucho menores que las reservas con las que cuenta Bolivia en los yacimientos de Tarija).
Aun asumiendo que Chile decidiera atacar al Perú para acceder a sus recursos de agua y gas, ¿cómo haría para hacerlos llegar regularmente a Chile a un costo razonable? Los yacimientos de Camisea se encuentran a cientos de kilómetros de la frontera con Chile. Es de presumir que la forma más eficaz de hacer llegar el gas a Chile sería a través de un gasoducto. Pero si las fuerzas armadas más poderosas del mundo (las de los Estados Unidos) no pueden impedir en Irak el sabotaje cotidiano de oleoductos construidos en un territorio relativamente plano y desértico, ¿cómo haría Chile para impedir el sabotaje de un gasoducto que habría de atravesar, sucesivamente, territorios ubicados en la ceja de selva, la cordillera andina y la costa peruana? (para no hablar de los problemas logísticos y económicos que supondría el intento de trasladar el agua del Titicaca hacia territorio chileno).
Por último, si Chile alberga intenciones hostiles hacia el Perú, ¿por qué no actuó en consecuencia cuando las circunstancias eran más propicias para ello? Por ejemplo, en 1981 ó 1995, cuando las Fuerzas Armadas del Perú se encontraban inmersas en un conflicto armado con el Ecuador (haciendo por ende más vulnerable su frontera con Chile), o entre 1982 y 1992, cuando libraban una guerra contrasubversiva?
Y frente a la pregunta de sobre si nos embarcamos en una carrera armamentista, amen de las cuestiones de prioridades en el gasto, Kahhat señala lo siguiente:
Pero incluso bajo el supuesto negado de que Chile pretende atacar al Perú, de ello no se deriva que el Perú deba intentar igualar el gasto militar de Chile. En primer lugar, porque la brecha en gasto militar existente entre ambos países es virtualmente infranqueable. Aquí cabría recordar que cuando el Perú logró equiparar el potencial militar de Chile hacia principios de la década de 1970, lo hizo a costa de un notorio incremento en la deuda pública externa y de una recesión que, eventualmente, obligó al Gobierno peruano a renunciar a ese objetivo.
Por lo demás, obtener un balance de poder no implica necesariamente alcanzar un equilibrio de fuerzas militares: implica únicamente la capacidad de negar a un rival potencial el logro de sus objetivos políticos por la vía armada. En su enfrentamiento con el Perú, por ejemplo, el Ecuador logró en 1995 obtener por la vía armada dos objetivos políticos que no había logrado alcanzar por ese mismo medio en 1981: (i) volver a colocar en la agenda bilateral sus reivindicaciones territoriales, y (ii) obtener para sus fuerzas armadas un resarcimiento moral del trauma ocasionado por su derrota en la guerra de 1942. Y ello pese a que la correlación de fuerzas militares no había cambiado de modo dramático entre un enfrentamiento y otro. De hecho, el Ecuador logró contrarrestar dos de las ventajas militares que el Perú había tenido en 1981 –la superioridad aérea y el acceso a través de infantes y paracaidistas a zonas inhóspitas de su territorio amazónico– por medios relativamente rudimentarios: equipo antiaéreo portátil y minas antipersonales.
Como vemos, la cuestión es mucho más compleja que ponernos a jugar a la guerrita.
BONUS TRACK:
Alvarez Rodrich, Lauer y Rospigliosi analizan el tema en Llanta de Prensa
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