La acusación constitucional contra cuatro miembros del Tribunal Constitucional por un fallo emitido en el 2016 sobre el Caso El Frontón activó una falacia. Se ha señalado que esta resolución perjudicaba a los miembros de la Marina de Guerra procesados por presuntas ejecuciones extrajudiciales, al declarar que lo ocurrido podría constituir un crimen de lesa humanidad y, por tanto, reabrir el caso. Se omite que, en realidad, el proceso judicial por los posibles delitos cometidos con posterioridad al legítimo debelamiento de un motín senderista en 1986 nunca se cerró.
La resolución emitida el año pasado, que corrige el fallo emitido por el Tribunal Constitucional en el 2013, corresponde a un proceso de hábeas corpus iniciado en el 2009 por quienes hoy se encuentran en juicio oral ante la Sala Penal Nacional. El fin último de esa demanda habría sido que el caso prescriba.
Yerros hay en ambas resoluciones. El Tribunal Constitucional nunca debió pronunciarse – ni en el 2013 ni en el 2016 – sobre si estábamos ante un delito de lesa humanidad, cuestión que corresponde al Poder Judicial. Tampoco debió, como se hizo en la sentencia original, interpretar que el caso no se cerraba para los acusados como perpetradores directos, pero sí para los posibles autores intelectuales. Este punto contraría las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre este caso. Y a ello se suma la errática corrección sobre el voto contradictorio del magistrado Juan Vergara Gotelli, cuyo sentido real no conoceremos, debido a un mal degenerativo.
En realidad, el Tribunal Constitucional debió declarar que el proceso por presuntas ejecuciones extrajudiciales no prescribía porque se trataba de posibles delitos que, de confirmarse, constituirían una grave violación a los derechos humanos, de acuerdo con las sentencias de la Corte IDH en los casos Barrios Altos, Gomes Lund y Gelman. Aún puede hacerlo, dado que se interpuso una queja contra su segunda resolución en el proceso de hábeas corpus.
Pero las discrepancias que puedan existir sobre una interpretación legal no deben procesarse a través de una acusación constitucional. Tampoco existen evidencias de prevaricato en este caso, como han indicado bien los abogados de los magistrados. Por ello, el Congreso de la República debería cerrar este procedimiento. Más aun cuando la acusación se habría contaminado con intereses políticos subalternos, que buscarían magistrados más afines en el Tribunal Constitucional o cerrar un caso incómodo para un partido criticado por los errores de sus dos gobiernos.
Dicho esto, el sistema de justicia debe ser más expeditivo en el procesamiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno que vivió el país entre 1980 y el 2000. Tanto las víctimas como los acusados se ven afectados por la demora en estos procesos, que deben culminar con sentencias absolutorias o condenatorias.
Como sociedad, debemos comprender que de confirmarse la ejecución de prisioneros rendidos, por más delincuentes que hubieran sido, sería una conducta punible. Peor aun, no investigar este caso podría impedir que los peruanos distingamos entre quienes deshonraron el uniforme de Grau y los marinos que nos defendieron adecuadamente frente al terror que amenazó al Perú.
(Publicado originalmente en el diario El Comercio)
Hace una semana, el director del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) debió renunciar por una exposición temporal incómoda para el fujimorismo. Fue un hito más en la complicada historia del museo estatal sobre el periodo de violencia vivido entre 1980 y 2000. Su futuro está en debate.
Esta semana, el ambiente en el LUM aparenta normalidad. Grupos de escolares visitan la muestra permanente, orientados por los guías. Ciudadanos peruanos y extranjeros aprecian por su cuenta el museo sobre el periodo de violencia con el que el Perú cerró el siglo XX. Sin embargo, al llegar a la muestra temporal “Resistencia Visual 1992” las voces se dividen entre quienes aprecian el retrato de un año convulsionado y quienes consideran que una “exposición activista” no debería tener cabida en este espacio.
La muestra curada por Karen Bernedo contiene 36 grabados que evidencian actos terroristas cometidos por Sendero Luminoso, pero también las violaciones a los derechos humanos y a la democracia perpetradas por Alberto Fujimori. A través de un tuit, el congresista fujimorista Francesco Petrozzi expresó su preocupación. En declaraciones al diario La República, admitió haber conversado con el ministro de Cultura, Salvador del Solar, sobre la exposición, pero negó cualquier censura. Sin embargo, a dicho medio le señaló su incomodidad por temas que “no tienen que ver con el año 92”. Algunos grabados cuestionan la compra de los medios de comunicación y las esterilizaciones forzadas y critican al actual modelo económico.
Para el periodista Juan Carlos Tafur, el LUM debe contar con muestras temporales transgresoras. “El arte es libérrimo por excelencia, no se puede pretender que esté sujeto a parámetros funcionales o políticos. Puede uno considerar que se ha cargado más la tinta en un lado, pero de ello se trata”, afirmó para este informe.
Si bien la exposición permanecerá hasta el 1 de octubre, el director del LUM, Guillermo Nugent, debió dejar su puesto. Tanto Del Solar como su asesora, Denise Ledgard, adujeron “sesgos” de la muestra. Ambos señalaron que el Lugar debía mantener objetividad frente a la “polarización política actual”, pero no aludieron a las preocupaciones de Petrozzi. El desenlace ha generado pronunciamientos de rechazo y preocupación, como los emitidos por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y el IDEHPUCP.
Si bien el Ministerio de Cultura no ha vuelto a emitir un comunicado oficial o una declaración abierta sobre este tema, en sus pasillos existe clara conciencia sobre los resquemores generados en la comunidad de derechos humanos y un grupo significativo de artistas y promotores culturales.
Esta crisis también puede apreciarse como un hito más en la disputa sobre la existencia y sentido de un espacio que recuerda al conflicto armado interno.
García no quería un Museo de la Memoria. Vargas Llosa lo convenció. El proyecto demoró años en concretarse (Foto: El Comercio)
LA AZAROSA HISTORIA DEL LUM
Luego de un frustrado intento por contar con un museo que complementara al monumento “El Ojo Que Llora” en Jesús María, la posibilidad de contar con un espacio sobre el periodo de violencia 1980-2000 se activó con la visita de la ministra de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania, Heidemarie Wieczorek-Zeul, a la muestra fotográfica Yuyanapaq: para recordar. Ella indicó el interés alemán de donar el dinero para su construcción e implementación.
El gobierno de Alan García rechazó inicialmente la oferta. Como recuerda la antropóloga María Eugenia Ulfe, “el entonces ministro Antero Flores Araoz decía que debía invertirse el dinero en escuelas o en otras cosas”. Mario Vargas Llosa logró persuadir al mandatario y se formó una comisión de alto nivel para crear el museo, presidida por el escritor. Para la docente e investigadora de la PUCP, este hecho marcó el destino del espacio: “fue un nacimiento cargado con una discusión sobre si el país necesitaba o no un lugar de la memoria”.
Vargas Llosa renunció cuando García intentó cerrar los procesos penales contra agentes del Estado por violaciones a los derechos humanos mediante un decreto legislativo. Fue sucedido por el pintor Fernando de Szyszlo y este, a su vez, por el abogado Diego García-Sayán.
Las tensiones continuaron en los años siguientes. Existió un debate interno sobre si el guión museográfico debía ser anterior a la construcción del edificio y se optó por edificar previamente el museo. Se hicieron dos guiones y el último fue sometido a un breve proceso participativo.
También se discutió si lo narrado en este espacio debía ceñirse al informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Para el expresidente de este grupo de trabajo, Salomón Lerner Febres, el LUM debía contener a Yuyanapaq. García Sayán defendió que el Lugar fuera más allá de la CVR. La muestra fotográfica hoy sigue en el Ministerio de Cultura.
Ulfe señala que “en todo este debate sobre el Lugar de la Memoria, las víctimas son quienes debieron estar en el centro”.
Exposición permanente del LUM incluye alusiones a la culpabilidad de Alberto Fujimori en violaciones a los derechos humanos. Fujimorismo no había puesto el Lugar en la mira hasta exposición temporal (Foto: JAG)
EL LUM A FUTURO
Tafur se muestra crítico con el tono actual de la muestra permanente del LUM. A su criterio, presiones militares y conservadoras suavizaron la información. “Lograron su objetivo, pero le quitaron al LUM la capacidad de irritar que cualquier espacio de esta naturaleza debe tener”. Paradójicamente, según nos refirió Ulfe, representantes de la Comisión Permanente de Historia del Ejército tienen cuestionamientos a la exposición permanente porque “prima lo estético antes que lo histórico”. Durante el proceso participativo, los empresarios eran los más renuentes a contar con un museo sobre el periodo, pero luego se convencieron de su necesidad.
Ambos mencionaron omisiones en la propuesta actual. Para la antropóloga, es notorio que se dejan de lado determinados sucesos y se rompe con la línea narrativa histórica propuesta por la CVR. Mientras que el psicólogo estima que no hay críticas duras a Fernando Belaunde y Alan García, en cuyos mandatos se cometieron graves violaciones a los derechos humanos.
La actual muestra permanente tiene un tono pedagógico, destinado sobre todo a las generaciones que no vivieron el periodo de violencia. Se concentra en casos emblemáticos (Uchuraccay, Putis y el pueblo asháninka), testimonios de diversos actores afectados por el conflicto, la resistencia de la sociedad civil y expresiones culturales durante el periodo de violencia. Además, se cuenta con espacios sobre la violencia contra la mujer en el conflicto, un reconocimiento a la CVR y a los demás espacios de memoria que existen en el país.
Para Tafur, frente a la posibilidad de un mayor “edulcoramiento” del Lugar de la Memoria, se podría crear un directorio ajeno a los vaivenes políticos. En su momento, García Sayán planteó un patronato que no fue aceptado por el gobierno de Ollanta Humala. El periodista consideró que lo mejor es que el LUM siga generando controversia. “Si bien esta crisis tuvo el desenlace lamentable de la salida de Nugent, se demostró que hay vida en la institución. El Lugar de la Memoria está vivo, porque sí se ha generado una reacción aquí, se demuestra que no es un cementerio”, concluyó el actual columnista de El Comercio.
Ulfe consideró que Nugent estaba haciendo los esfuerzos suficientes para que el espacio sea apropiado por las víctimas del periodo de violencia. Asimismo, estima que lo ocurrido puede determinar la pauta para el nuevo director del LUM. “No se deja libertad para que recupere su posicionamiento, se legitime y sea el ente articulador de una política nacional de memoria”. Este último punto es un gran pendiente en las políticas públicas implementadas por el Estado peruano frente a los afectados por los 20 años de conflicto que vivió el país.
Extraoficialmente, pudimos conocer que el Ministerio de Cultura tomará cierto tiempo para decidir quién será el nuevo director del Lugar de la Memoria. Se espera que la selección elimine los temores fundados sobre el futuro de un espacio que debiera incomodar a quienes generaron la violencia que el país vivió durante dos décadas, así como a quienes no supieron enfrentarla.
Tradicionalmente, los libros de historia han dedicado poco espacio a la dictadura de Francisco Morales Bermúdez. Se menciona sucintamente que derrocó a Juan Velasco Alvarado y que, ante el fracaso del experimento reformista militar, desmontó algunas de las reformas emprendidas y, finalmente, entregó el poder a los civiles. Su oposición al gobierno de Fujimori hizo que algunos le dieran un aura de demócrata que nunca tuvo. Y allí se quedan los textos escolares e, incluso, universitarios.
Revisando textos sobre el denominado “Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada”, uno encuentra que Morales Bermúdez era un militar muy distinto a su precedesor en el gobierno y a varios de sus compañeros de armas con quienes compartió el poder. Nieto de un expresidente (Remigio Morales Bermúdez, quien gobernó el país entre 1890 y 1894) e hijo de un militar asesinado por el APRA, el futuro gobernante de facto estudio en la Inmaculada, fue primer puesto de su promoción en la Escuela Militar y se dedicó a la especialización en Economía. Incluso fue ministro de Hacienda en el primer gobierno de Belaúnde, para luego ocupar el mismo cargo durante el gobierno de Velasco. No participó inicialmente en el golpe militar, pero luego se plegó al mismo.
Paulatinamente, el militar fue escalando en posiciones y ganó la confianza del dictador, por lo que, a la salida de Edgardo Mercado Jarrín de la Presidencia del Consejo de Ministros, ocupó ese puesto en enero de 1975. Ocho meses después, cuando parecía que Velasco no ejecutaría la sucesión en la que le había prometido ocupar el puesto principal, encabezó un levantamiento en Tacna, apoyado por otros generales que consideraban que el tiempo físico de Velasco había pasado. No faltan quienes atribuyeron a aquella asonada exitosa adelantada algunos efectos de las copas.
Las primeras declaraciones de Morales Bermúdez aludían a que la reforma se volviera revolución de verdad. Y así parecia al colocar a los generales más a la izquierda en el círculo más cercano a Palacio de Gobierno. Pero poco a poco se fue deshaciendo de ellos. Y aunque no desmontó gran cosa de las reformas velasquistas, si detuvo sus avances. De hecho, varia gente cercana a Velasco comenzó a engrosar las listas de deportados.
Pero el descontento fue creciendo. Un paro nacional en julio de 1977 hace ver a los militares que el desgaste era demasiado y los obliga a presentar un cronograma ordenado para la salida del poder. Morales Bermúdez hace guiños hacia el APRA y el PPC para que algunas prerrogativas militares se mantengan en la Constitución de 1979. Al mismo tiempo, comienza a enterrar el viejo antiaprismo del Ejército Peruano. Son estos gestos los que han hecho crecer la fama de demócrata de FMB, pero es claro que el poder lo entregó por la fuerza de las circunstancias.
Retirado del servicio activo, fue candidato a la Presidencia de la República en 1985, con poca fortuna. Sus apariciones en la prensa durante los últimos treinta años se centraron en tres temas: la lucha antisubversiva, sus denuncias contra la cooptación que hizo el fujimorato del Ejército y la defensa de su gobierno. Había logrado cierta imagen de prestigio en algunos sectores.
Pero esta semana, los fantasmas de su gobierno volvieron. Una sentencia en Italia recordó que su dictadura participó en algunas de las acciones del Plan Cóndor, aquella maquinaria de la muerte para secuestrar y matar personas, implementadas por las dictaduras sudamericanas de la década de 1970. Y un proceso judicial actual en el Perú sobre el secuestro y posterior deportación de opositores a su gobierno continúa a paso lento. Todo ello cuando, retirado de la vída pública, el dictador vive un cómodo retiro en su casa de San Isidro.
En términos reales, será muy difícil que sea extraditado a Italia para que cumpla la cadena perpetua impuesta. El paso de los años y la previsible contemplación de sus canas que tendrá el gobierno actual harán inviable ello. Pero, para el futuro, no solo quedará como un autócrata, sino también, por su permisividad frente a secuestros de argentinos en su gobierno, como un criminal.
Finalmente la página en la historia peruana que ocupará Francisco Morales Bermúdez parece haberse completado.
(Oscar Ugarteche, un peruano que ha hecho historia. Foto: El Arriero)
Hace 35 años, un grupo de jóvenes profesionales decidió crear una organización para defenderse de los abusos del Estado y la sociedad por el único hecho de tener una orientación sexual distinta.
Salieron del closet en momentos en los que hacerlo era un escándalo mayúsculo. Si consideramos que nuestra ciudad hoy aún sigue siendo, en varios sectores, homofóbica, imagínense en 1982.
Dentro de aquel grupo fundacional, se encontraba Óscar Ugarteche, economista egresado y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
El Movimiento Homosexual de Lima es una de las organizaciones más longevas en la defensa de los derechos LGTBI en América Latina. Y en aquellos iniciales tuvieron que vencer varios prejuicios, arqueos de cejas y discriminación pura y dura. Así como dedicar, dentro de las tareas de aquellos tiempos, no solo a la visibilización política, sino también a luchar contra el VIH, así como frente a las acciones de los grupos terroristas y de las fuerzas del orden contra ellos.
Ugarteche fue víctima de varios intentos de discriminación. En plena campaña electoral de 1990, cuando asesoraba al entonces candidato Alberto Fujimori, un reportaje televisivo quiso estigmatizarlo por su orientación sexual. Fujimori lo terminó apartando de su entorno. Al final, Ugarteche sería uno de los opositores no solo a sus políticas económicas, sino también a su pobre entendimiento de lo que eran los derechos humanos. Y no solo me refiero a los crímenes cometidos por el autócrata, sino también a sus reacciones homofóbicas.
Justamente, debido a la discriminación de la que era víctima en su país, Ugarteche tuvo que irse a vivir a México. Su carrera como economista ha sido exitosa y es reconocido como un académico de nota en varios países del mundo. Y allí conoció a Fidel Aroche, su pareja, con quien se casó en 2010.
En 2012, Ugarteche y Aroche iniciaron un camino difícil: que su matrimonio sea reconocido en el Perú. Ayer dieron un gran paso: una sentencia de primera instancia en el Poder Judicial le daba la razón y obligaba a RENIEC a inscribir su unión. Hoy la entidad encargada del registro civil ha señalado que va a apelar, pero los argumentos de la sentencia, asi como otros indicados durante las últimas horas, hace que sea bastante difícil que, al final, ambos demandantes pierdan esta batalla.
En días en los que la comunidad LGTBI obtiene victorias importantes como el reconocimiento de los crímenes de odio y en los que algunos sectores de la sociedad peruana comienzan a involucrarse más en la defensa de los derechos de un grupo de ciudadanos peruanos, es necesario revindicar el trabajo hecho por Óscar Ugarteche y aquella generación fundadora. Y, por supuesto, apoyar la causa justa para el reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo, comenzando, por cierto, a partir de esta histórica sentencia.
Se trata de una lucha en la que heterosexuales y LGTBI debemos estar unidos. Porque estamos del lado correcto de la historia.
Más allá de que el Ministro de Trabajo se mande con una propuesta que nada tiene que ver con su sector, es necesario aclarar que esta propuesta es inviable, tanto desde el punto de vista ético como político.
En el campo ético, Vega ha señalado que su propuesta tiene como objeto “consolidar el crecimiento económico del país, para hacer sostenible la inclusión social, para fortalecer la descentralización, para luchar contra la corrupción y promover la ética pública”. El problema es que una amnistía no produce ese efecto, ni tampoco una reconciliación nacional, como el Ministro ha afirmado.
En términos coloquiales, se ha asociado el término reconciliación con el perdón. Mejor dicho, con el sacramento católico de la confesión. Pero la reconciliación no pasa por el olvido de hechos execrables, sino por la reconstrucción de lazos que hagan posible y sostenible la vida en sociedad y la convivencia pacífica. Ello implica ejercer la acción del sistema de justicia y no la abstención de la actuación estatal en esta materia.
Si en términos éticos la propuesta del señor Vega es cuestionable, en términos jurídicos resulta ciertamente inviable, por varias razones que expondremos a continuación:
1. La naturaleza de la amnistía: Esta institución es un rezago de la época absolutista, cuando el monarca despótico era el encargado de tomar las decisiones más importantes en un Estado: desde las normas jurídicas hasta las condenas judiciales. Y se ha mantenido en el Estado contemporáneo como última posibilidad de corregir errores judiciales o responder a “delitos políticos”. Dado que el otorgamiento de la amnistía elimina, para todo fin práctico, el hecho punible, la condena y cualquier otra consecuencia penal, e implica una ingerencia del Poder Legislativo en actos del Poder Judicial, debe usarse en forma excepcional.
2. Los límites puestos por el Tribunal Constitucional: El Tribunal Constitucional ha señalado en la sentencia del expediente N° 679-2005-AA/TC una serie de límites para el ejercicio de esta facultad. La amnistía debe ser dada por una ley expresa del Congreso de la República, no puede oponerse a la obligación que tiene el Estado de defender los derechos fundamentales ni a los compromisos internacionales adquiridos por el Perú en materia de derechos humanos. Tampoco puede otorgarse a los hechos comprendidos como delitos por el Estatuto de la Corte Penal Internacional.
3. La imposibilidad de su otorgamiento para casos de graves violaciones a los derechos humanos: Existen cuatro sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (casos Barrios Altos, Almonacid Arellano, Gomes Lund y Gelman) que prohíben la expedición de leyes de amnistía, “punto final” o similares a casos de graves violaciones a los derechos humanos. Estas sentencias tienen dos fundamentos centrales: la obligación del Estado de investigar y sancionar a los responsables de este tipo de crímenes y la imposibilidad de establecer mecanismos que impidan el procesamiento penal de estas conductas. Estos argumentos también han sido recogidos por el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial para oponerse a la aplicación del Decreto Legislativo N° 1097, una amnistía apenas encubierta promulgada en el gobierno que acaba de irse.
De acuerdo con la hoja de vida del Ministro, ha estudiado y ejercido la carrera de Derecho por varios años. Convendría que revise estos argumentos legales antes de realizar propuestas que no sólo son inviables en términos estrictamente jurídicos, sino que terminan dándose de portazos con las propuestas que un sector mayoritario del gobierno tiene en materia de derechos humanos. Ahora se entiende porque Salomón Lerner Ghitis quería que sus Ministros sólo hablen de temas vinculados a su sector.
Hoy, en el marco del juicio a Alberto Fujimori, asistió Jesús Sosa Saavedra, quien ha sido interrogado por el fiscal Avelino Guillén. La línea de preguntas de la mañana y la tarde ha procurado corroborar, en forma cronológica, la serie de revelaciones que dio a Ricardo Uceda, para la elaboración del libro Muerte en el Pentagonito.
El ex miembro de Colina comenzó con el pie en alto, al señalar que dos de los ex Comandantes Generales del Ejército que habían declarado en el proceso habían mentido. Las alusiones a Nicolás Hermoza Ríos y José Villanueva Ruesta Pedro Villanueva fueron bastante obvias.
Pero lo que viene resaltando la prensa es el testimonio de Sosa sobre la captura y asesinato del espía ecuatoriano Enrique Duchicela, ocurrido en 1988, a quien se le ejecutó por haber conseguido secretos militares peruanos. Sosa apunta alto en sus acusaciones:
“Fui llamado por el coronel Oswaldo Hanke para realizar este trabajo. (Hanke) me informó que esta era una orden expresa del presidente de la República, Alan García Pérez, me acuerdo que esto fue en mayo o junio de 1988″, dijo.
“Al término de la misión yo fui a conversar con el coronel Hanke a su despacho, estando allí por el videoteléfono lo llama el comandante general y es felicitado por haberse realizado con éxito la operación y le expresa las felicitaciones del presidente de la República (Alan García Pérez) lo cual me consta porque yo estaba en la oficina del coronel Hanke”, contó ‘Kerosene’.
Cabe mencionar que García, entrevistado por Uceda para su investigación, negó su participación en los hechos. Pero quedó una pregunta flotando para el periodista: ¿cómo informó el Ejército de los hechos al Presidente?
El proceso penal seguido por este hecho involucra tanto a Sosa, como a sus superiores inmediatos – Oswaldo Hanke y Harry Rivera – y tres suboficiales que participaron en la ejecución y posterior incineración de los restos del espía ecuatoriano. García ni siquiera ha sido llamado como testigo en dicho proceso. Luego de esta declaración, ¿seguirán sin llamarlo?
Quizás ahora se entiende mejor porque García no profirió palabra alguna sobre derechos humanos durante su mensaje del lunes.
En este blog, durante el año pasado, le pusimos bastante atención a la elección de magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Los motivos? Durante su actuación en democracia, el TC se ganó una fuerte credibilidad debido a que se pronunció en temas importantes y calientes para el país y, sobre todo, aprendió a fundamentar sus sentencias. El TC, además, se caracterizó por la defensa de los derechos humanos y el país comenzó a aprender la importancia de una institución que, mediante sus sentencias, controlara los excesos del poder.
Como sabemos también, la elección hecha no fue precisamente la más feliz, pero confiábamos en que, con sus sentencias, la nueva conformación del TC nos demostraría que las críticas al proceso de elección eran infundadas.
Desafortunadamente, un hecho producido el día del paro ha hecho que vuelva la atención sobre el Tribunal, pero no precisamente por sus fallos.
Los primeros rumores apuntaron al caso Tudela. Como se conoce, el Tribunal Constitucional expidió recientemente una sentencia en la que autorizaba a los hermanos Tudela Van Breugel Douglas a ver a Felipe Tudela y Barreda, un fallo en medio de la maraña legal en la que padre, madrastra e hijos están involucrados por una amplia suma de dinero en juego. En dicha sentencia, nos llamó poderosamente la atención el siguiente párrafo, ubicado casi al final de la misma:
49.Asimismo, el Tribunal Constitucional no puede dejar de evidenciar ante la opinión pública la presión mediática a la que quisieron someterlo, por cuantointereses expresados a través de ellos pretendían sustituir el “juicio de los jueces” por el “juicio de la prensa” con la intención de afectar una decisión que sólo se debe fundar en la Constitución y en la libre conciencia de los jueces.
Así, el día de la audiencia pública en que se celebró la vista de la causa apareció un reportaje desfavorable a los demandantes en la revista Caretas, cuya carátula fue mostrada ante las cámaras por la hija de la emplazada. El día 29 de mayo de 2008, otra vez, la misma revista publicó una entrevista “desde un restaurante en la Panamericana Sur” con don Felipe Tudela y Barreda y, al mismo tiempo, colgó en su portal electrónico un video con partes de dicha entrevista. Al día siguiente, el diario La Primera monta una supuesta historia de presiones e influencias con la intención de sembrar dudas sobre la imparcialidad de este Colegiado.
Frente a estos hechos, el Tribunal Constitucional reafirma su total independencia e imparcialidad para resolver las controversias constitucionales. Por ello, exhorta a los medios periodísticos a informar objetivamente aún desde su particular y legítima posición, por cuanto proceder en sentido contrario afecta gravemente la ética periodística y el derecho del ciudadano a recibir una información veraz.
Estas razones motivaron que el portal Gato Encerrado – y en un inicio, también la versión web de Perú.21 – informara lo siguiente sobre la renuncia de Landa:
Sin embargo, trascendió que una de las razones que llevaron a Landa a dejar el cargo fueron las continuas presiones que recibía del primer vicepresidente Luis Giampietri para favorecer al ex canciller del régimen fujimorista Francisco Tudela en el litigio que mantiene junto a su hermano Juan para la administración de los bienes de su padre Felipe.
Un segundo tipo de explicaciones está vinculada a discrepancias entre magistrados y cuestiones administrativas del propio Tribunal. El Comercio informó ayer lo siguiente:
“Él renunció por motivos personales y también por discrepancias administrativas… con el resto, con el bloque (de magistrados)”, señaló Ernesto Álvarez Miranda, quien prefirió no comentar mayores detalles de la renuncia.
Fernando Calle reveló que Landa renunció durante un pleno del TC. A la pregunta sobre si le sorprendió la dimisión, Calle replicó algo para tomar en cuenta: “No (me sorprendió) tanto, pero respeto su decisión”.
El Comercio también conversó con el magistrado Juan Vergara Gotelli, uno de los más antiguos del TC, quien fue mucho más revelador y directo sobre los motivos que habría tenido Landa para renunciar antes de diciembre de este año, cuando cumplía su plazo de estadía en el cargo.
“(Landa) no ha dado mayores razones (para su dimisión), pero pareciera que no estaba dispuesto a (realizar) algunos cambios en el sistema de trabajo adentro (del TC), ya que pensaba que afuera podrían considerar que se trataba de una censura en su contra… y es que parece que él lo ha tomado como una censura. El lunes ya tendremos sesión con el nuevo presidente y veremos qué va a suceder. Pero no hubo nada contra él”, reveló Vergara. El magistrado indicó además: “Landa dijo (ayer) que siente que nosotros no estamos conformes con su labor, pero no hay tal cosa. Le pedimos que recapacitara, pero no quiso hacerlo”.
Lo cierto es que el nuevo presidente, Carlos Mesía, ha hecho posible dichos cambios administrativos, los que comprenden al Secretario General, Secretario Relator, Relatoría y la coordinación del Gabinete de Asesores. Los elegidos son personas que ya venían trabajando en el TC, pero no han faltado las suspicacias sobre un posible copamiento aprista en el Tribunal, bajo la presidencia de un militante del partido de gobierno.
El Instituto de Defensa Legal, que patrocina a dos de las víctimas de la matanza, interpuso un recurso de queja constitucional ante el TC, quien revisará en los próximos días el fondo del asunto, lo que abre las puertas a que el caso deje de ser impune en instancias legales imparciales. Y aunque el caso no viene comprendiendo actualmente a García o a Giampietri, sin duda, causa urticaria en Palacio de Gobierno.
Por ello es que los abogados del IDL, una vez que se conoció la renuncia de Landa, temen que la misma se haya debido a presiones por este caso. Carlos Rivera opina:
“El doctor Landa presidió la sala a nivel del Tribunal Constitucional que dio cuenta y que resolvió la queja que hemos presentado en el mes de octubre del año pasado, que pedía dejar sin efecto el archivamiento del caso “El Frontón”. Seguramente lo que se está haciendo, como se dice en términos populares, se le está cobrando factura por una decisión, que en estricto era una decisión absolutamente legal y correspondiente a las decisiones que el TC emitió anteriormente y en otros casos de la misma naturaleza donde se juzgan o se ventilan casos de desaparición forzada o de ejecuciones extrajudiciales”
Cabe mencionar, sin embargo, que uno de los magistrados que firmó la resolución a favor de admitir el caso El Frontón en el TC fue el aprista Mesía.
¿Cuál de las explicaciones es la verdadera? Lo cierto es que las tres tienen argumentos a favor y en contra para ser validadadas y se me hace bastante difícil aplicar aquí el principio de la navaja de Occam para llegar a una solución sobre cual es más creible o pertinente. Y aquí cabría pedirle al doctor Landa que acabe con esta serie de conjeturas y, finalmente, nos explique al país cual fue la verdadera razón de su salida. Si es alguna de estas tres hipótesis, lo cierto es que el TC tendría que tener mayores reflectores sobre su actuación. Las decisiones que tome en los próximos días harán que su ganada credibilidad se mantenga o, como muchas cosas en el Perú, se vaya al tacho de la basura.
En términos jurídicos, ello quiere decir que lo que dijo Montesinos el lunes no será tomado en cuenta para el proceso. Y aunque aún queda pendiente el pedido de Nakazaki para que vuelvan a llamar al ex asesor, lo cierto es que lo que hace la Sala Penal Especial es correcto, dado que el socio de (a) “Presidente” se burló de todo el mundo – sobre todo, del Fiscal José Antonio Pelaez -, siendo la causa fundamental de esta decisión la actitud de Montesinos de quedarse callado cuando ya estaba con 3 horas encima de discurso. San Martín y compañía han calificado correctamente de “conducta lesiva” a una patraña digna de abogado de Azángaro.
Lo cierto es que, tomada o no esta decisión, el testimonio de Montesinos no había aportado gran cosa al fondo del proceso. La cantinflada – como bien lo retrató Carlín ayer en La República – sirvió para tres cosas fundamentales.
La segunda era limpiar su pasado: yo no era abogado de narcos, no me expulsaron del Ejército, mandaba espías a Ecuador, no tuve nada que ver en el encubrimiento de Cayara. Para cualquiera que le de una leida a alguno de los libros de la bibliografía sobre Fujimori y Montesinos, se dará cuenta que lo dicho por (a) “Asesor” es falso. ¿Desconocimiento de la realidad? Más que eso, intento de limpiarse.
Y la tercera intención era limpiar a su jefe, del cual se reconoció como su subordinado. Y lo hizo con tal poco sentido de la realidad que terminó enfatizando más la imagen de socio y cómplice, que los fujimoristas han intentado negar por años. (Se acuerdan: “Montesinos es Montesinos y sus delitos son sus delitos”, Chino rata dixit). Todo ello ha convertido a la defensa del ex dictador en un gran Babel, donde están involucrados los amnistiadores, los que siguen hablando de inocencia, los que dicen que vale matar en algunos casos y ahora, su compinche.
Que el fiscal Pelaez haya tenido un interrogatorio pusilánime no convierte a Montesinos en un super – hombre. Esa es la imagen que nos quiso dar. La decisión de la Sala Penal Especial lo devuelve a su lugar patético, a su verdadera faz: la del corruptor que hizo del país su chacra, junto a Alberto Fujimori.
Pregunta de Pelaez: ¿Pueden cometerse delitos por razón de Estado? Respuesta de Montesinos:Si.
Como posteriormente comentó RMP, la “razón de Estado” no ha sido más que el pretexto perfecto para cometer crímenes en nombre de una dictadura. Habiéndose declarado subordinado de Fujimori, esta frase le fue letal al Chino. Ahora se entiende porque Nakasaki dijo que Montesinos lo había perjudicado.
Para quienes se perdieron los detalles, vean este video de Utero.tv, que compila las 4 horas de audiencia de ayer:
Pero no estos no fueron los únicos detalles curiosos, en medio de una declaración con alusiones a Kissinger, a la supuesta balcanización del Perú e historias de espías que hacen quedar a John Le Carre como mero narrador de cuentos.
Ayer Estela Valdivia repartió el video que veremos a continuación y que ha sido colgado por Agencia Perú. Es la famosa conversación entre Abimael Guzmán, Elena Iparraguirre y Montesinos de la que se habló en la audiencia:
La rutina quedó establecida cuando, a falta del libro que seguía en intensa pero hipotética preparación, mandó a hacer un video con escenas de sus conversaciones con Abimael. Si bien el video nunca ha sido propalado al público, muchas personas que frecuentaban el segundo piso pueden hacer su sinopsis. En las primeras imágenes las cumbres del Huascarán anunciaban el título: Aluvión en los Andes: el locutor, la música, hasta el nevado Huascarán, todo resumaba un inevitable estilo militar. Luego, con el fondo musical de Frank Sinatra cantando “My Way”, Abimael escenificaba un momento de “recordación sentimental” que supuestamente debía conmover al espectador. Hacia la mitad de la cinta, la caída del muro, la puerta de Brandemburgo tomada por las muchedumbres y el fondo musical de la Novena Sinfonía de Beethoven ofrecían un Guzmán reanimado, siguiendo gozosamente el himno que celebraba el fin del sueño comunista. Finalmente volvía Frank Sinatra, esta vez con “New York, New York”, y se podía ver a los protagonistas principales firmando las “Cartas de paz”. El video duraba aproximadamente cuarenta y cinco minutos, y como una marca de fábrica del coronel Huamán, el audio era deficiente. Vladimiro se encargaba personalmente de la exhibición de la cinta y detnía las imágenes para hacer comentarios al paso o mostrar fotografías que ilustraban mejor cada detalle.
(Vladimiro, Vida y Tiempo de un corruptor, Lima, El Comercio, 2002, p. 102)
De esta descripción, lo que se puede ver es la parte de “homenaje” a Sinatra y a Beethoven. Y si mi memoria videográfica no me falla, este es el momento previo a la famosa firma del “Acuerdo de Paz”, que fuera presentado por Fujimori en octubre de 1993, antes del referéndum de la Constitución. Como vemos, el psicosocial fue la marca de fábrica del régimen desde su inicio.
Pero, ¿por qué Montesinos saca a la luz esto ahora? El video fue entregado por Estela Valdivia con un mensaje claro: demostrar que, de alguna manera, a pesar de ser un subordinado, Montesinos tenía parte de la sartén por el mango, en el campo de la lucha antisubversiva.
La CVR hizo esta proyección en consideración a que el tiempo y los recursos para sus investigaciones, a pesar de su amplitud, eran escasos para registrar a todas las víctimas posibles, labor que competería, además, al ente que lo sucedería, ya en la labor explicita de reparar a las víctimas. El Consejo de Reparaciones viene cumpliendo con dicha labor.
Pero dichas proyecciones si tuvieron dos objetivos claros. El primero, lo indica Roberto Bustamante:
me acuerdo de los tiempos de la comisión de la verdad y todo el tema de contar casos tras casos y reconstruir hechos. y claro, luego ver cómo se cruzaba todo para ver qué había pasado, cuántos muertos hubo, cuántos desaparecidos.
lo más espeluznante fue descubrir cuánta responsabilidad le tocaba a cada uno de los actores. que lo de las cuotas de sangre de sendero luminoso no fue ni un chiste. que el ejército comprobadamente hizo tierra arrasada (tirándose abajo cualquier idea de “excesos”).
El segundo objetivo era recordarnos que aún habían varios muertos por buscar en el país. Se recuerda poco que, junto a la proyección de víctimas, la CVR comprobó que habían 4,664 sitios de entierro en todo el país, lo que nos indicaba que aún faltaban más víctimas por encontrar.
Según reportan la Asociación Paz y Esperanza y El Comercio, se ha encontrado la fosa común más grande en el país, ubicada en la localidad de Putis, región Ayacucho.
Los detalles del caso:
Luego de 24 años se inició esta semana la exhumación de lo que sería la fosa común más grande del Perú, ubicada en la comunidad de Putis, altura de Huanta (Ayacucho), que contendría los restos de más de 100 personas asesinadas por las fuerzas militares.
Este crimen atroz ocurrió en los primeros días de diciembre de 1984 cuando numerosas familias de las comunidades de Vizcatampata, Cayramayo, Sinhuamachayniyocc, Orccohuasi y Mashuacancha, acudieron al llamado de la Base Militar de Putis con la finalidad de buscar protección frente a los abusos de los terroristas que los habían obligado a abandonar sus hogares y vivir en las comunidades mencionadas.
Cuando llegaron se les reunió en un colegio de la localidad y se les dijo que se les daría trabajo. A los varones se les ordenó cavar una fosa, supuestamente para una piscigranja, sin embargo, se trataba de un engaño, ya que una vez que la fosa estuvo lista, se reunió allí a mujeres, hombres y niños para posteriormente fusilarlos y enterrarlos.
“Vengan no va a pasar nada, por eso estamos acá (decían los militares)…ellos han venido con todas sus cosas (ganados, dinero, comida ) a Putis para formar un centro poblado porque pensaban que iban a estar más tranquilos al lado de la base…” recuerda un sobreviviente que perdió a sus hermanos durante la masacre, en un testimonio recogido por la Asociación Paz y Esperanza de Ayacucho, que brinda apoyo a los deudos del conflicto armado que vivió el Perú entre 1980 y el 2000.
En estos momentos, luego de proceder con las labores de exhumación, se viene buscando el apoyo económico para la construcción de un cementerio en el que se pueda enterrar a las víctimas de Putis. Este no es un tema menor en un proceso de reconciliación: se trata, por un lado, de dar un lugar adecuado de sepultura a personas que, además de ser vulneradas en sus derechos, fueron vejadas en su integridad al no darles un entierro digno. De otro lado, ayudará a los familiares a reconstruir el tiempo de duelo necesario para poder procesar la pérdida y, posteriormente, ir reconstruyendo sus vidas.
Sin duda, una muestra más que el dificil camino de reconciliar al país sigue siendo una gran tarea pendiente.
José Alejandro Godoy 