TACNA Y EL CANON MINERO

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Ayer, por un ajustado margen, se aprobó la modificación de la distribución del canon minero, tema que ha provocado una polémica entre Moquegua y Tacna. Polémica que ayer llevó a los actos de vandalismo producidos en Tacna, ampliamente documentados en los medios del día de hoy. El tema ha llegado a extremos tales como cortar la línea de suministro de agua a Ilo, amen de la destrucción de locales públicos y pases a la frontera vividos ayer.

Más allá de lo que pueden ser estos actos de vandalismo que deben ser sancionados – y eso es responder al respeto de derechos elementales como el respeto de la vida, la integridad física y la propiedad privada -, hay que ver más allá y detectar dos problemas fundamentales: la ineficacia de la acción policial y lo que se debe hacer con el canon minero.

De todas las opiniones que he visto en medios sobre estos temas, me quedo con estas dos. En cuanto a la Policía, Carlos Basombrío pone en relieve lo siguiente:

En general, el problema es grave. No se trata, como creen algunos, de entrar a sangre y fuego o de reemplazar a la Policía por el Ejército. Ambas ‘soluciones’ serían mucho peores que la enfermedad. Revertir la tendencia no va a ser fácil y tomará tiempo. Para ello hay que actuar, reiteradamente bien, en tres frentes.

Prevención: Reduciendo al mínimo aquellas situaciones en que lo único que queda es usar la fuerza.

Devolver confianza en la Policía. Lo principal no es que la gente le tenga miedo a la Policía, sino que esta inspire respeto, algo que se ha perdido por los problemas de la institución –empezando por la corrupción– y que el desgobierno de estos años en Interior ha acentuado.

Actuación profesional. Se puede hacer las cosas mejor y no salir derrotados en todas las ‘batallas’ por el orden público. Ello requiere especialización, entrenamiento, equipamiento, planeamiento y liderazgo.

Por su parte, sin dejar de reconocer que lo que ocurre entre Moquegua y Tacna resulta injusto para el primero de los departamentos mencionados, Humberto Campodónico señala que la ley aprobada ayer es solo un parche para problemas de fondo del canon minero:

El primero es que hay una ausencia total de proyecto común de nación en las diferentes regiones, no solo en Moquegua y Tacna. Cada cual quiere “su” canon –que es el 50% del impuesto a la renta que pagan las empresas– y no lo quiere compartir. Esa fue una de las razones del fracaso de los referéndums para las macrorregiones en el 2005: Cajamarca quiere el canon de Yanacocha; Áncash el de Antamina y Barrick; Cusco el de Camisea. Y así.

Todos desconfían del gobierno central y piensan que la mejor manera de lograr el desarrollo es aprovechar “sus” recursos. Así como cada aportante de las AFP tiene “su” libreta individual y se jubila por su cuenta no importándole el vecino, cada región defiende a muerte “su” canon. Lo que pasa con el resto del país interesa poco. Y si hay que pelearse con el hermano, sea. Ese es el legado del neoliberalismo.

Esto cobra mayores dimensiones porque la extraordinaria alza de precios de los minerales ha multiplicado el canon, generando una bonanza que es vista como la solución a las demandas postergadas por décadas por el gobierno central. En Moquegua y Tacna los ingresos por canon no se pueden invertir en su totalidad porque son tan grandes que sobrepasan la capacidad de inversión. Aunque, ciertamente, esta ha aumentado de manera notable: del 2005 al 2007, las inversiones de los gobiernos regionales de Moquegua y Tacna pasaron de S/. 35 millones a S/. 72 millones y de S/. 41 millones a S/. 74 millones, respectivamente.

La solución no es fácil. Pero hay alternativas. En Colombia, por ejemplo, el 32% del canon se reparte entre los departamentos que no producen el recurso natural y el 68% restante se distribuye entre los productores. Aquí no. Todo el canon se reparte únicamente en la región donde se produce el recurso. Este es un primer cambio a lograr, en el marco de una efectiva Ley de Descentralización Fiscal que acompañe al proceso de regionalización, lo que se discute hace buen tiempo, pero no se implementa.

Descentralización. Palabra que hasta ahora no escuchamos a Yehude Simon.

MAS SOBRE EL TEMA:

Carlos Melendez: Simon y los conflictos sociales: “Yo no me llamo Javier”

PROTESTAS Y PROPUESTAS

Desmadre. Así podría resumirse con una palabra lo ocurrido a inicios de semana en el interior del país, con el paro agrario y sus consecuencias en términos de pérdida de vidas humanas.

Tres cosas quedan meridianamente claras.

La primera, como hay que reiterarlo cada cierto tiempo en el país, es que la violencia no es el camino para procesar las demandas sociales. Lamentablemente, entre infiltados, radicales que pretenden ganar a río revuelto y el propio calor de la protesta, terminamos con hechos violentos que me hacen pensar hasta que punto el país no ha sabido procesar las secuelas del conflicto armado interno, lo que replica en un punto central: no sabemos procesar nuestros conflictos sociales de manera pacífica.

Ello, por cierto, se da en un contexto en el que la intermediación política a través de los partidos es escasa en provincias. De hecho, cuando se habla de partidos, no debiera verse las firmas obtenidas para inscribirse, sino su real capacidad de recoger las demandas ciudadanas y de presencia efectiva en cada región. Hasta el dia de hoy, los partidos, incluyendo al APRA, no han sabido estar a la altura de dicha circunstancia. Y de hecho, me parece estar escuchándome a mi mismo en el año 2002 o 2003 cuando me refiero a este tema.

La segunda es la carencia de una política agraria inclusiva en el país. A estas alturas, nadie recuerda porque se produjo el paro y hay que traer a la memoria dichas razones: no modificar la Ley de Aguas, tener mejores compensaciones frente a los efectos del TLC con Estados Unidos y solucionar el tema de los fertilizantes.

Roberto Bustamante, Santiago Pedraglio y Fernando Eguren han coincidido en que la gestión del Ministro Ismael Benavides y del Presidente de la República en el tema agrario se acerca al esquema exportador, dejando de lado a los pequeños agricultores o a quienes se dedican a cultivos de subsistencia. Cuestión poco inteligente, a mi modo de ver, ya que son estos agricultores quienes soportaron lo peor del conflicto armado interno y, además, cuentan con la menor presencia del Estado.

Tan preocupante es el panorama que incluso Caretas, medio cercano en varios temas a la actual gestión gubernamental, señala:

A pesar de las señales positivas, el sector todavía no parece invitado a la fiesta en la que otros se divierten de lo lindo. Un buen ejemplo es la importación de bienes de capital estimulada por la rebaja total de aranceles. Mientras que rubros como las Manufacturas, Transportes y Telecomunicaciones se dispararon en el 2007 con cifras que en los últimos dos casos bordean los US$ 1,000 millones, la importación de bienes de capital en Agricultura se incrementó apenas de US$ 45 millones a US$ 70 millones en los últimos dos años. A ello se le añade la inflación de provincias, según varios expertos desestimada en las mediciones. Así se calcula mejor la temperatura que, de tanto calentarse, dejó el lamentable saldo de los últimos días.

Y un tercer componente tiene que ver con la inadecuada respuesta del Estado. A estas alturas, sigue quedando claro que el cargo le queda grande a Luis Alva Castro. El hecho de que se han registrado disparos por la espalda en dos de las personas que fallecieron nos da una idea de que no se han respetado los protocolos de actuación policial en respeto a los derechos humanos. También es claro que no se tenian los policías suficientes para controlar la seguridad en las carreteras – una amiga mía estuvo varada durante todo el lunes, con el consiguiente peligro que pasó durante esas horas – y, mientras tanto, el Ministro se divertía con los patrulleros.

Pero en la cuestión policial no solo quedan los yerros del Gobierno. Ayer Alan se mandó un discurso destinado a echar más gasolina al fuego y en el que quedó claro que no quiere ningún tipo de disenso hacia sus políticas, medidas o palabras. En otras palabras, en lugar de colaborar con un clima pacífico, se pretende seguir abonando a la tesis del “perro del hortelano”.

Como que hace falta agua fría para controlar algunas temperaturas sociales en el país.

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Fernando Vivas: Mejora tu lucha
Utero de Marita: Alan recargado
El Blog del Morsa: El Comercio y el paro agrario
Cuaderno de Borrador: ¿Yo paro? ¿Tu paras? ¿Quienes paran?
Menoscanas: Reclamos habituales
El Paki: Algunos apuntes sobre el paro agrario

Y SIN EMBARGO, ¿SE MUEVE?


Reforma del Estado, Descentralización y Conflictos Sociales en el primer año de Alan II

Cuando Alan García asumió el mando hace un año y anunció sus primeras medidas, pudo preverse cierto entusiasmo sobre la reforma de un Estado que no ha sido capaz de satisfacer las necesidades básicas de la población.

Las primeras medidas de austeridad, prometidas en la campaña para recuperar la confianza de la población, eran un gesto reclamado por la población, pero que no debían convertirse en el único eje de la reforma del Estado. Peor aún, su aplicación a los cuadros técnicos del Poder Ejecutivo comenzaron a provocar fugas en mancha o búsqueda de empleos en el sector privado, con la consiguiente pérdida de calidad del personal contratado en altas esferas.

Posteriormente, con Verónica Zavala a la cabeza, se inició lo que se llamó el “inicio de la Reforma del Estado”, con la fusíón de organismos públicos descentralizados y programas sociales. No estaba mal, pero se notó carencia de ideas cuando se convocó a la prensa para que diera sus opiniones, o cuando simplemente se dejó de hablar el tema desde el gobierno.

El gobierno no entendió una visión más amplia de la Reforma del Estado, que fuera más allá de la mera simplificación administrativa, que tuviera metas por sectores y programas, con reformas institucionales de fondo como acompañantes importantes y que promoviera la transparencia.

¿Los resultados? No tenemos hasta el momento un Centro de Planificación Estratégica en que se plasmen las políticas del Acuerdo Nacional, el shock de inversiones fue un monumental fracaso y tuvo incluso serias denuncias de corrupción y la sensación que quedó en la población es que no se saben gastar los recursos públicos.

Para complicar más las cosas, otro fuerte componente de la reforma del Estado, la descentralización, ha sido abandonada a su suerte. Ya durante la campaña electoral se notaban las deficiencias del planteamiento aprista. Luego, con pompa, se anunció que octubre de 2006 sería el mes de la descentralización, sin que se tomaran medidas efectivas para reimpulsar el proceso.

Pero la “política real” de descentralización se fijó el 25 de enero de 2007, cuando se liquidó el Consejo Nacional de Descentralización. En dicha oportunidad escribimos lo siguiente:

“El gobierno no tiene un esquema claro de que quiere hacer con la descentralizaciòn. Y es que el APRA padece de cierta esquizofrenia sobre el tema. Durante su primer gobierno, los Alfonso Ugarte Boys estuvieron a favor de la misma y fue uno de los caballitos de batalla de AGP, pero el esquema que emplearon centralizaba toda decisión sobre el tema en el Presidente de la República y dejaba bastante debilitados a los presidentes regionales frente a las asambleas no elegidas por la población. De allí el fracaso de esa experiencia descentralizadora.

Curioso recordar además que fue el APRA la principal propulsora del No en el referéndum realizado para la formación de macroregiones en octubre de 2005, cuando decía que era necesario fortalecer a los gobiernos regionales”.

Luego comenzaron a repartir los cheques del canon en Palacio de Gobierno, dando la apariencia de impulso a las regiones, pero el engaño quedó descubierto cuando vino la ola de protestas sociales y no se tenía una instancia que pueda articular políticamente los intereses del Poder Ejecutivo y los niveles subnacionales de gobierno. Hasta el aprista Rodolfo Raza, último presidente del CND, ha señalado que la eliminación de este organismo fue un grosero error.

A ello se suman errores de la concepción que tuvo el proceso de descentralización desde el gobierno de Alejandro Toledo, en el que se priorizó la elección de autoridades sobre la conformación de regiones más grandes. El resultado: los impulsos para la creación de regiones son escasos y, en la práctica, se han transferido competencias a los departamentos que debieron transferirse a las regiones, lo que complica aún más el proceso. Y claro, los reclamos regionales son cada vez más incesantes.

En ese panorama surge la protesta social, en medio de un Estado que no encuentra mecanismos de desfogue y previsión de conflictos. Y cuando los encuentra, como en el caso de la Defensoría del Pueblo, el Poder Ejecutivo resume su impotencia y le dice: “resuelve tú el conflicto” cuando no es su tarea hacerlo.

¿Por qué se optó? Por la satanización de las protestas – a la que abonó, sin duda, la radicalidad y violencia con las que muchas de ellas estuvieron acompañadas – o el remedio meramente represivo (criticado hasta por apristas conspicuos como Luis Negreiros).

28 de julio puede ser una buena oportunidad para un cambio de rumbo que profundice en reformas importantes que hagan que tengamos un Estado eficiente, al servicio de las personas, descentralizado, transparente y previsor de los conflictos sociales.

UN DESPROPOSITO GUBERNAMENTAL

Como ya es costumbre con todos los gobiernos que piden facultades para legislar, Alan García ha dictado una serie de Decretos Legislativos cuando el plazo otorgado por el Congreso de la República para dictar normas en materia de seguridad y criminalidad organizada está por culminar.

Una mirada rápida a estas normas permite señalar algunos aspectos positivos, como la criminalización del reclutamiento forzado de personas por parte de organizaciones subversivas – algo que Sendero Luminoso realizó contra el pueblo asháninka durante el conflicto armado interno – o las normas referidas a colaboración eficaz y a la criminalización de temas vinculados a tráfico ilícito de drogas.

Sin embargo, las alarmas se han encendido en varios medios de comunicación por lo que parecen ser dos medidas realmente excesivas, contenidas en el Decreto Legislativo 982, que modifica el Código Penal.

La primera, tiene que ver con la participación de los presidentes regionales y alcaldes en las movilizaciones y reclamos sociales. Veamos que es lo que dice un nuevo párrafo del artículo 200° del Código Penal, referido a extorsión:

“El funcionario público con poder de decisión o el que desempeña cargo de confianza o de decisión que, contraviniendo lo establecido en el artículo 42° de la Constitución Política del Perú, participe en una huelga con el objeto de obtener para sí o para terceros cualquier beneficio o ventaja económica de cualquier otra índole, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años”

Aunque la Ministra María Zavala argumenta que esta es una medida para desarollar el artículo 42 de la Constitución – que restringe el derecho de huelga a este tipo de funcionarios – lo que se viene haciendo con esta norma es una interpretación bastante extensiva de la norma, por dos motivos claros:

1. No es el Presidente Regional o la autoridad quienes eligen hacer la paralización o se declaran en huelga – lo que implica que dejen de trabajar – sino que, en estos casos, se decide encabezar la protesta social.
2. No se puede calificar como extorsión a una paralización. Como se pregunta Yehude Simon, ¿Qué pasa si el gobierno recorta el canon o no lo reparte? ¿Los Presidentes Regionales tienen que quedarse callados, al igual que los alcaldes?

Peor aún, el gobierno parece haber desoido en esto a su propio equipo técnico. Carlos Caro Coria, quien encabezó el grupo de trabajo que elaboró la mayor parte de estas normas, ha declarado a Perú.21:

Tras saludar la aprobación del paquete de normas porque representan el primer paso en la lucha contra la criminalidad organizada, añadió que declarar que hay extorsión por participar en una huelga era un error que se ha dado, más que por el resguardo de la Constitución, por motivaciones políticas.

Léase, el gobierno esta frikeado por las protestas.

Pero luego viene lo peor. En otro artículo de la norma, se señala que estará exento de responsabilidad penal:

“El personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas de manera reglamentaria, cause lesiones o muerte”.

La Ministra de Justicia intenta justificar esto diciendo que la policía no actua por temor a los procesos en los que se le involucra. Lo que olvida la Ministra son tres cosas:
1. El uso de la fuerza es siempre la última solución a este tipo de casos.
2. No era necesaria una norma como esta, dado que se podía señalar la legítima defensa, en los casos realmente necesarios, lo que podia amparar a miembros de Fuerzas Armadas y Policiales cuando realmente hubieran tenido que usar las armas en cumplimiento de su deber.
3. El país ha pasado por un conflicto armado interno en el que muchas de las muertes fueron ocasionadas por excesos y/o violaciones sistemáticas o generalizadas a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado. Esta norma puede ser un escudo para la impunidad en posibles casos futuros, que esperamos no se presenten.

Sin duda, se necesita ejercer la Ley y el orden e imponer el principio de autoridad, pero ello no da carta blanca a las Fuerzas del Orden para que hagan lo que se les de la gana. Peor aún, podría interpretarse que tirar a matar es la única forma de detener movilizaciones y paros que pueden ser perfectamente legítimos.

El gobierno deberá repensar estas normas. Y el Congreso, que tiene la obligación constitucional de revisarlas, sin duda, deberá enviar estos dos dispositivos al archivo. Parece que este gobierno tiene el síndrome de Richelieu: “todo el mal que hace lo hace bien, y todo el bien que hace lo hace mal”.

VIA PERU 21, REVISA LAS NORMAS COMPLETAS.

MAS SOBRE EL TEMA:
María Zavala, Ministra de Justicia, admite que se judicializan las protestas sociales.
El Comercio: Como era de esperarse, la CONFIEP aprueba la medida
Samuel Abad, ex Defensor Adjunto: Una sanción que preocupa
Utero de Marita: ¡Mano dura! ¡Ma-no-du-raa!
La República: Gobierno desata otra polémica
Luis Lamas Puccio: Puede cuestionarse norma en el TC
Pepitaspuntocom: Alan Damián ha vuelto

CONFLICTOS SOCIALES: NUEVAS REFLEXIONES

Los conflictos sociales que han estallado en el país de manera simultánea, aunque no premeditada, han motivado una serie de explicaciones sobre lo que ocurre en este tipo de situaciones y sobre las formas en como puede afrontarse este problema.

En minoría están quienes piensan que la mano dura es la solución para estos problemas. Solo el cuestionado Aldo Mariátegui y el diario Expreso siguen defendiendo esta tesis que el gobierno compartía durante toda la semana pasada (“picones, comechados” y demás perlas).

Sin embargo, a pesar de no compartir este punto de vista, lo valioso de esta posición extrema es que permite visualizar una de las grandes disyuntivas irresueltas de la política peruana: ¿Qué hacer con los sectores más radicales: incorporarlos al sistema político (y de que manera) o seguir permitiendo que floten como agentes libres? Para los antes mencionados, la alternativa es meter bala, reprimirlos, no dejarles espacio en la prensa. Para otros, entre los que me encuentro, distinguir la paja del trigo y hacer todo el esfuerzo posible para incorporar a aquellos que claramente estén en contra de la violencia, sin importar la radicalidad de sus ideas.

Las posturas meramente represivas no permiten hacer la pregunta de fondo: ¿por qué se presentan estas protestas? Y aquí básicamente las respuestas, que agrupan ciertamente un cúmulo de factores, coinciden básicamente en lo siguiente:

1. Irritación, predisposición a la violencia y falta de conducción política: Son elementos que recoge Martín Tanaka para explicarnos que existen regiones en las que la radicalidad es uno de los lenguajes comunes en la forma de hacer política. Me pregunto yo: ¿no será esta una herencia de los años de violencia o de las causas del conflicto armado interno? Una lecturita sobre los factores que hicieron posible la violencia durante los años 80 y 90 no le vendría mal a Jorge del Castillo. Allí se da cuenta de como la falta de procesamiento de demandas por la vía pacífica y los procesos de modernización truncos han llenado de desesperación a miles de peruanos. Caldo de cultivo para la demencia senderista y, claro, para los que quieren ganar a rio revuelto con las protestas. Ahora bien, no puede achacarse todo a los radicales, pues muchos de estos movimientos no cuentan con un liderazgo claro.

2. Desconfianza en el gobierno: Rosa María Palacios ha introducido este elemento respecto de la huelga magisterial. Le llegaron cartas sobre el ingreso de cientos de maestros durante el primer quinquenio aprista y muchos docentes piensan que la dictadura del carnet se viene con todo. Si hace le sumamos, en el caso de las protestas regionales, promesas incumplidas (sea por falta de voluntad o porque simplemente no pueden hacerse, cosa que no se explica), tenemos un cuadro general de ateismo frente al gobierno, en un pais mayoritariamente creyente en algún ser superior.

3. El crecimiento económico, sin inclusión ni consolidación institucional: Para variar, el lúcido Julio Cotler es quien se decanta por este tema: si existe un crecimiento económico y este se machaca todos los días cual mantra, pues te van a reclamar redistribución. Y en un país donde la institucionalidad es poco menos que una broma, el reclamo se vuelve una suerte de tu-a-tu con la autoridad, que se vuelve más altisonante conforme el gobierno sigue exponiendo sus supuestos logros casi de manera grosera. Ello no implica que el gobierno no tenga una política de comunicaciones, sino que justamente debe saber como transmitir su mensaje.

4. El callejón sin salida que supone la alianza con los sectores más conservadores. Al margen si le llamemos alianza, coincidencias o aconchavamiento, lo cierto es que García optó durante este primer año por tener a su lado a los sectores menos concertantes de la sociedad: Fuerzas Armadas, empresarios poco modernos en sus concepciones e ideas, prensa como la mencionada al principio de este artículo. El resultado: el gobierno ha sido conducido a un estado tal de cosas que termina este primer año con una imagen de intolerancia ante los que no piensan como él, respaldando medidas controversiales y que no dan solución a los problemas de fondo, o reprimiendo la protesta social de la manera menos adecuada, sin explicar sus políticas. Y, peor aún, sin claridad en las políticas, como lo demuestra el poco comentado caso del Censo Nacional.

Cuadro complejo el que se le presenta al gobierno, que, en estos días en que la cosa comienza a apaciguarse un poco – esperemos -, deberá hacer no solo un esfuerzo de diálogo, sino de autocrítica y enmienda de rumbos que le permitan salir de esta encrucijada. De no entender plenamente el diagnóstico, ciertamente, seguirán de tumbo en tumbo respecto a la protesta social.

CONFLICTIVIDAD SOCIAL

La portada de ayer de La República fue bastante elocuente: los conflictos sociales son cada vez mayores, más intensos y se vienen extendiendo por todo el país.

El foco más fuerte de protestas se encuentra en Pucallpa. Marco Sifuentes estuvo por allá y ha descrito mejor de lo que yo haria que es lo que viene pasando por la selva que básicamente se resume en dos frases: las exoneraciones no han servido para incentivar las inversiones y era lógico que se recorten, pero no se ha calculado el impacto social que la medida ha podido tener. Y claro, entre un gobierno que no prevee el efecto de la protesta, los distintos intereses regionales en juego y la ausencia de Estado, resulta la precariedad institucional. Tiene que ir una ministra a negociar y, luego de discutir hasta como se va a llamar el acta, acuerdan que se paraliza la eliminación de las exoneraciones y se buscarán soluciones al pliego de reclamos. Digamos, era lo que cabía como medida de damage control, pero no puede ser el modus vivendi del gobierno.

Para que tengamos una idea real de lo que pasa en el paìs, procuren darle una chequeada cada mes a los Reportes de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo. Allí están registrados los focos de protesta en marcha, los conflictos latentes y, más importantes, las causas reales de porque las personas vienen protestando. El mensaje que la Defensoría le manda al gobierno con este tipo de reportes es el siguiente: “Oiga, prevea los posibles efectos de sus medidas o mire lo que está ocurriendo en tal o cual zona del país”. ¿Y que hace el Estado frente a ello? Pues en la mayor parte de casos, nada, y luego tenemos corriendo a Jorge del Castillo o a otros ministros competentes a apagar los incendios en cada región del país donde no se tuvo capacidad de previsión.

Peor aún. Este gobierno ciego no tuvo mejor idea que petardear el Consejo Nacional de Descentralización y volarlo en mil pedazos. Claro, había que reformular la entidad, que se había convertido en un elefante blanco y burocrático. Pero tenía algo bueno: era la única instancia donde estaban representados gobiernos regionales y locales. Ahora lo han reemplazado por un órgano de línea de la PCM, la Secretaría de Descentralización, sin representación alguna de los gobiernos regionales y locales. Si antes se tenía un CND que no servía de mucho, ahora ni siquiera existe institucionalidad. Se prefiere el “trato directo” y ahora vemos las consecuencias. Los presidentes regionales medianamente responsables – como Vladimiro Huaroc y Yehude Simon – intentan armar una Asamblea de Presidentes Regionales para tener una agenda concertada, mientras otros eligen el protestar más fuerte para que el gobierno ceda a las presiones.

Y, claro, luego el Gobierno comienza a demonizar a los manifestantes, a llamar a los sindicatos “primos hermanos” de Sendero Luminoso, o a decir que hay una mano oscura que está detrás de todas las protestas sociales. Como bien nos lo ha recordado Martín Tanaka, el hecho que varias protestas se presenten de manera simultánea no implica concertación, porque cada grupo de protesta tiene su propia plataforma y, en el caso de las cuestiones regionales, su propia dinámica. Demonizar a Patria Roja como causante de todos los males genera dos efectos perversos: dar a ese grupo político más importancia de la que realmente tienen y, además, solo logra tranquilizar a los chicos del Club Empresarial de San Isidro o a cualquier incauto que quiera creerle al Gobierno. Más allá de mis diferencias y discrepancias abiertas con los radicales de izquierda, ni son terrucos, ni son los causantes de todos los males del país, como algunos medios y políticos quieren hacernos creer. Claro está, tampoco es que ayuden mucho para modernizar el país en serio.

Si de algo adoleció Alejandro Toledo fue de muñeca para hacer frente a estas protestas con inteligencia. Tal parece que el cambio de mando no hizo que los hábitos frente a los conflictos sociales cambiaran mucho en Palacio de Gobierno.

MAS SOBRE EL TEMA:
Perú.21: Frente de Defensa de Ucayali da 10 días de tregua al gobierno.
El Comercio: Hay 35 conflictos sociales activos según la Defensoría
Augusto Alvarez Rodrich: Corvinas fritas con su limón
Mirko Lauer: La estructura de la protesta regional
Javier Torres Seoane: Hay que desatar los nudos.

SANTA ANITA, DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS

Cuando se habla sobre problemas relacionados con el funcionamiento de la democracia y el respeto a los derechos humanos, por lo general se hace alusión, en el primer caso, al funcionamiento de las estructuras institucionales, mientras que el segundo caso generalmente alude a las violaciones sistemáticas o generalizadas ocurridas durante gobiernos autoritarios o conflictos armados internos. Si bien estas son preocupaciones centrales en las organizaciones estatales y no gubernamentales interesadas en estos temas, se corre el riesgo de dejar de lado situaciones cotidianas en las que estos tópicos son puestos en cuestionamiento.

El actual conflicto surgido alrededor del Mercado Mayorista de Santa Anita representa un caso en el que existen ambos elementos: problemas con el funcionamiento de las instituciones y vulneraciones a los derechos humanos. Consideramos que este punto de vista es clave para entender que es lo que se encuentra realmente en juego en esta disputa.

Como conocemos a través de los medios de comunicación, la Corte Suprema de la República dictó sentencia definitiva con relación a la propiedad del lugar donde se ubicaría el centro de abastos más importante de la ciudad de Lima, ordenando el retiro de las personas que ocupan legalmente dicho terreno desde hace cinco años. Ante la medida, los comerciantes instalados en la zona decidieron no acatar el fallo judicial y resistir al desalojo, estando dispuestos a emplear a sus propios hijos – menores de edad – para defender lo que ellos consideran como un atropello.

Pocos recuerdan que el derecho a la propiedad es un derecho fundamental, garantizado por nuestra Constitución y por los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos por el Perú. Fue este derecho uno de los primeros en ser reconocido por los Estados en las Declaraciones de Independencia y de Derechos firmadas al calor de la Ilustración y el nacimiento del liberalismo como corriente política. La invasión de un predio que no es de nuestra propiedad constituye el más flagrante caso de violación de este derecho y no es amparado, ni por la legislación nacional ni por los tratados internacionales de derechos humanos, los cuales han sido invocados por los comerciantes como mecanismo de defensa, desconociendo los alcances de este tipo de normas.

Asimismo, se olvida que se expone a varias personas – sobre todo a menores de edad – a un peligro tal que puede afectar su derecho a la vida, como consecuencia de los posibles enfrentamientos que puedan acontecer – esperamos que no – durante la intervención policial que seguramente se presentará para consumar el desalojo. Ello no solo vulnera el derecho a la vida, sino también todos los pactos internacionales de protección de los niños y adolescentes. Esta exposición al peligro, además, configura el delito de exposición al peligro, establecido en nuestro Código Penal con lo que, además de la vulneración a un derecho fundamental, se configura un tipo penal.

Estas cuestiones, sin embargo, no deben dar lugar a que las fuerzas del orden actúen de manera tal que se vulneren los derechos fundamentales de las personas que se encuentran ocupando un terreno que no les pertenece. El hecho de que estos ciudadanos se encuentren infringiendo la ley no da una “autorización” a los agentes policiales para que puedan cometer abusos. La experiencia aun reciente del conflicto armado interno vivido por nuestro país nos reveló que las fuerzas encargadas de velar por el orden interno y la seguridad no supieron tener presentes los límites de su actuación, experiencia difícil de asumir para estas instituciones aún el día de hoy, pero que deberán tener en cuenta para no repetir los mismos errores del pasado.

Además, le cabe una reflexión a la ciudadanía y a los medios de comunicación sobre los pedidos de demostración de autoridad y orden. Ciertamente, todo Estado de Derecho se basa en el respeto a la Constitución y a la ley y las instituciones encargadas de aplicarla tienen el poder coercitivo dado por el ordenamiento jurídico, que, en este caso, es necesario poner de manifiesto. Sin embargo, la autoridad no es sinónimo de autoritarismo, el orden no se asemeja al atropello, las expresiones de imposición coercitiva de la ley no suponen vulneraciones a los derechos que conforman la dignidad humana. Volviendo a la experiencia del conflicto armado interno, una de las constataciones hechas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación fue que un sector de la sociedad fue proclive a alentar salidas autoritarias, vulneratorias de los derechos fundamentales, sin importar los costos sociales o humanos que suponían dichos acontecimientos y que hasta el día de hoy siguen siendo avalados por este mismo sector. Seguramente, con el transcurrir de los días, no faltarán quienes señalen que debe imponerse el imperio de la Ley, pero no entendido dentro de la primera acepción que hemos dado, congruente con la Constitución, la democracia y los derechos humanos. Ese riesgo deberá ser evitado por las autoridades y, esperemos, no sea alentado por medios de comunicación que, frente a casos de derechos humanos, demuestran una poderosa indiferencia o sacan a la luz intentos de justificar lo ocurrido.

Sin duda, lo que se pone en juego en la resolución del conflicto por la posesión del Mercado de Santa Anita es más que la mera esperanza de que la ciudad cuente con un importante centro de abastos, organizado, limpio y que garantice las medidas de salubridad necesarias. Está en juego nuestra forma de procesar los conflictos sociales, de entender la autoridad estatal y su capacidad de coerción, de respetar la legalidad, de comenzar a consolidar en lo cotidiano el respeto a las instituciones democráticas y a los derechos humanos. De no hacerlo, habremos demostrado que el grado de violencia que alcanzó la sociedad hace unos pocos años no ha sido superado en la práctica, por más que se siga hablando sobre verdad, justicia y reconciliación.

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Beatriz Merino: La dignidad de los niños está primero
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