LIBERALES

Luego del rechazo al proyecto de ley para despenalizar el aborto en casos de violación, enuncié en Twitter que, para enfrentar a un lobby conservador tan fuerte, se requería contar con congresistas afines a esta causa en varias bancadas en 2016. Más allá del tuit provocador, ¿qué hace falta a nuestros liberales para que sus causas tengan más aceptación? Para empezar, existe mucha confusión con el término liberal.

De un lado, porque se asocia a conservadores cuya única visión de las libertades se conecta con su cuenta bancaria. De otro lado, porque, debido al desastre de la década de 1980, se concentra más en la abstención estatal en el mercado antes que garantizar derechos ciudadanos. En el debate público tenemos más libertarios que liberales.

En segundo lugar, porque existen dificultades para conectar su agenda con sectores populares. Causas como derechos humanos, unión civil o legalización del aborto requieren, además de un lenguaje más cotidiano, mayor empatía por parte de sus activistas hacia quienes aún dudan sobre ellas. Su público objetivo a convencer no es Julio Rosas, sino el parlamentario indeciso que vota por donde va la corriente o el ciudadano que ve este tema como uno más mientras calcula si le alcanza para el menú del mes.

Finalmente, menos preocupación filosófica y más recursos. Si algo nos demostró la aventura política de Vargas Llosa es que, si bien se requiere un núcleo convencido, no debe pensarse que todos quienes apoyan un tema piensan igual. Y se requiere mayor capacidad económica para contrapesar el peso movilizador que las iglesias y sectores conservadores tienen en torno contra esta agenda.

(Columna publicada en Exitosa Diario el 31.05.2015)

LA LLEGADA DE BELAUNDE LOSSIO

Pocos arribos han tenido tanta expectativa como la llegada de Martín Belaúnde Lossio, extraditado desde Bolivia, esta mañana. En una aparatosa entrega ejecutada a primera hora del día, el empresario está ya en nuestro país y, en las próximas horas, se definirá en que penal estará internado.

Casi en paralelo, la señora Nadine Heredia ingresaba al Congreso de la República para declarar ante la comisión investigadora del caso. Antes de declarar, indicó que solo se referiría a los temas por los que fue citada. Léase, los contratos vinculados a la empresa Antalsys. Heredia, con ello, podría dejar de declarar en torno a los temas más complicados para ella: las consultorías hechas para las empresas de la familia Belaúnde entre 2006 y 2011 y las posibles conexiones con Venezuela. Según indicaron congresistas opositores, Heredia no respondió sobre sus ingresos.

En torno a ese tema, la versión de Heredia, recogida por Rosa María Palacios, es la siguiente:

La explicación es sencilla. La señora Heredia cobraba sus consultorías (constan los recibos de honorarios en el expediente) en efectivo, y en esa fecha su hermano menor, encargado de manejar sus asuntos contables hacía los depósitos en el BCP. Si él estaba ocupado mandaba a su madre o alguna persona allegada con la que trabajaba a hacerlo.

Fin del misterio de los depositantes misios. La plata no era de ellos. Eran los honorarios de Nadine que ella mandaba a depositar al banco con su gente de confianza.

Heredia presentó el texto de todas las consultorías efectuadas durante tres años a condición de que sean leídas por el fiscal, pero devueltas por tratarse de documentos cuya propiedad correspondía a sus clientes y presentó los contratos de locación de servicios que sustentaban los recibos de honorarios y cada uno de los depósitos. Algunas veces, como en el de una empresa de valores, se le restituyó un adicional por tipo de cambio directamente a su cuenta.

Precisamente, las expectativas mediáticas sobre la llegada de Belaúnde Lossio tienen que ver, precisamente, con este punto. Y aquí hay dos posiciones enfrentadas. De un lado, Milagros Leiva, quien ha venido insistiendo – tanto en sus columnas como en sus programas – en que Belaúnde Lossio es la llave para aclarar precisamente el tema financiero de la campaña del 2006 y, sobre todo, el origen de los ingresos del matrimonio Humala Heredia – casados, ojo, con el régimen de separación de patrimonios – entre 2006 y 2011.

En esa línea abona precisamente lo presentado hoy por Hildebrandt en sus Trece. El semanario muestra el registro telefónico de un número de celular desde el cual, según Belaúnde Lossio, Heredia llamaba a un personaje venezolano que ya estuvo en esta trama. Indica Utero.pe:

Recordemos que Julio López era el empresario venezolano que le pagó a Nadine la suma de CIEN MIL DÓLARES, supuestamente, para que escribiera sobre los hechos más “relevantes” del día a día del Perú a los medios “The Daily Journal” y “Canal de noticias“. Nosotros hemos rastreado la ruta de ese dinero y puedes leer todo sobre ese caso aquí.

Alonso Ramos, autor de la nota del semanario de Hildebrandt, explica el motivo por el cual Belaunde decidió contactarlos: MBL acusa a la pareja presidencial de haber abandonado a la madre de su hijo y exjefa de prensa de la primera damaRoxana Altunaluego de que estallara el caso Antalsis.

Solo el levantamiento del secreto de las comunicaciones permitiría saber sí, en efecto, la versión proporcionada por MBL es realmente cierta. Al igual que ocurrió con Montesinos, todo dicho del examigo de la pareja Humala Heredia deberá ser corroborado con una evidencia. Pero sí se trata de una pista importante a indagar.

De otro lado, está la posición esgrimida por Palacios, resumida en un reciente post:

Desde hace seis meses, o tal vez un poco más, es conocida la conspiración en Lima para conseguir la vacancia presidencial debido a grave incapacidad moral del Presidente Humala. Obviamente, esto necesita altas votaciones y una Vice Presidenta que acepté un gobierno de transición. De ahí los seguimientos de inteligencia a Marisol Espinoza y la preocupación por su acercamiento a líderes de la oposición, reales o fruto de la paranoia palaciega.

Logrando la censura del Gabinete Jara, ya se había logrado consolidar una alta votación que podía manejarse con un poco mas de muñeca para la vacancia. Pero se necesitaba el pretexto. Y tenía que ser uno muy bueno. De todos los posibles, el fugado Martín Belaúnde Lossio era el mejor. Amigo de los Humala, la madre de su hijo trabajaba con Nadine Heredia, estaba probada su vinculación con Cesar Álvarez, su relación con la “Centralita” en Ancash y sus negocios en licitaciones ganadas malamente. El sujeto caía a pelo, sobretodo para los planes de Alan García, quien a través de voceros calificaba a Belaúnde Lossio insistentemente como “el cajero” de los Humala. Esta frase, repetida en twitter por él y en declaraciones de personajes como Jorge del Castillo pretendían tener el efecto de la famosa “reelección conyugal”. “Cajero de los Humala”, repetido hasta la infinidad, ¿causal de vacancia? ¿Por qué no?

Simultáneamente, la cosa entonces era revivir en fiscalía todo el tema de las consultorías de Heredia, presentarlas como falsas y asociadas, todas, al fugado, meter a su familia en la colada y remecerla duro. Lo lograron. La prensa, como siempre cayó redonda o ayudó a sabiendas. No lo sé.

Los Humala se defendieron tarde, poco, y mal. Es decir, como siempre. Les han dado duro, pero no lo suficiente como para plantear una vacancia en la recta final del gobierno.

El fugado, que no dio nunca ni una pepita de información relevante contra los Humala y que ha perdido toda credibilidad con sus dos fugas y un falso secuestro, llega mañana (hoy) a Desaguadero.

Como bien recuerda Fernando Tuesta, pocas veces un prófugo peruano esperado con expectativa ha hablado algo para “echar” a alguien en forma significativa. Y, en la mayoría de ocasiones, cuando lo ha hecho, no aportó mayor prueba documental. De allí que, por ejemplo, los dichos de Montesinos no hayan servido para declarar la culpabilidad de Martha Chávez o José Luna Galvez en sus respectivos juicios. Por tanto, quizás haya que mantener las expectativas relativamente bajas en torno a lo que se puede esperar que “cante” Belaúnde Lossio, pero sin dejar de indagar por aquellas cosas que pueda contar.

Además, el tema no sería tan complejo si es que Heredia hubiera decidido poner, a disposición del público, la documentación sobre las consultorías de marras y sus ingresos. Sin embargo, la defensa de fondo de la esposa del Presidente es que los documentos sí existen, pero que los mismos solo pueden ser exhibidos ante el Ministerio Público, debido a que los informes de las consultorías hechas pertenecen a las empresas que la contrataron, bajo cláusula de confidencialidad. Ello aumenta aún más las suspicacias.

Saliendo del tema Nadine, el caso Belaúnde Lossio tiene dos aristas bien concretas. De un lado, las imputaciones por peculado y asociación ilícita para delinquir en el caso La Centralita, motivo de la extradición, la misma que podría ampliarse en este caso por lavado de activos, como anotó ayer Perú.21. De otro, las investigaciones preliminares por el caso Antalsys, que también deberían motivar una ampliación de la extradición. De allí que, como indica Yván Montoya:

La sala [de Villa Stein] cuestionaba la consistencia de la imputación por asociación ilícita para delinquir. Decía que en toda la investigación fiscal y el requerimiento que viene armado por el Poder Judicial no se mencionaba qué rol cumplía específicamente dentro de la organización, cómo su participación era vital o lo esencial en la estructura de la organización, el tiempo. Es decir, mayores concreciones en la imputación, y algo que es muy importante el rol que cumple protagónico dentro de esa estructura”, sostuvo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Eso aparentemente no estaba sólidamente construido, tanto que fue aceptado por la Fiscalía, creo que en parte también por la Procuraduría, porque de alguna manera se subsanó. Lo grave de lo de Villa Stein es que dijo que no iba a prosperar la complicidad por peculado, que fue un exceso rotundo, pero en el aspecto de fondo se le dio cierta razón y se volvió armar el paquete. Hay que ver cuán sólidas son estas imputaciones en este proceso”, refirió.

Ahora, la pelota está más en la cancha judicial que en la política. Y este es el momento para que los fiscales y jueces a cargo de este caso eviten que el mismo se caiga. Si tanto se luchó por traer a Belaúnde Lossio a Lima, lo peor sería que estos expedientes no estén bien construidos. A ver si, luego de tantos yerros, la justicia peruana se revindica.

(Foto: Diario El Deber de Bolivia)

EL ADIOS DE GALARRETA

Ayer se conoció que el congresista Luis Galarreta renunció a las filas del Partido Popular Cristiano, aunque se mantendrá como un independiente dentro de la bancada que mantiene dicha agrupación junto a Alianza Para el Progreso.

Aunque el parlamentario recién dará una versión oficial sobre su salida el día de hoy en conferencia de prensa, diversos medios de comunicación han dado sus propias versiones sobre el hecho, las que complementamos con la información que este blog pudo conocer ayer desde dentro del PPC.

Una primera versión, recogida tanto por El Comercio (en su versión impresa) y La República apunta a que el detonante de la salida del parlamentario de las filas pepecistas fue que no encontró consenso para ser el secretario departamental de Lima. De hecho, el diario con sede en jirón Camaná señala el nombre del escogido por los “reformistas” (liderados por Alberto Beingolea) para postular a este puesto: Marco Álvarez Vargas, alcalde de San Borja, procesado por un caso de desaparición forzada ocurrido en 1989. Cabe indicar que varios de los “reformistas” estuvieron en las actividades centrales de campaña del burgomaestre sanborjino para su reelección en 2014. Álvarez, por cierto, recién es militante del partido desde el año pasado.

Otras versiones, como las señaladas por Exitosa, apuntan a una oferta hecha por PPK. De acuerdo con nuestras fuentes al interior del PPC, Galarreta recibió hace algunas semanas una propuesta formal por parte del exministro de Economía para pasar a las filas de Peruanos Por el Kambio. Según esta versión, el parlamentario aún se andaba debatiendo esta propuesta, pues se encuentra definiendo su futuro en la política. Léase, si se va con PPK o si este sería, por ahora, su último periodo en el Congreso de la República. Prioridades familiares podrían hacerlo definirse por esta última opción.

DTP conoció que Galarreta, desde hace algún tiempo, revelaba cierto malestar en el PPC. No estuvo totalmente de acuerdo con el apoyo al No en la revocatoria contra Susana Villarán y su cuerpo de regidores, pero finalmente, acató disciplinadamente la decisión, sin intervenir mucho en la campaña. Tampoco quiso manifestarse públicamente a favor de ninguno de los bandos en disputa dentro del partido, pero es conocido que, en el último tiempo, mantuvo distancias con Lourdes Flores, sin incorporarse plenamente a los “institucionales” liderados por Raúl Castro. El parlamentario siempre fue visto como el “más liberal” en materia económica de los parlamentarios pepecistas.

Lo cierto es que, con esta salida, se agudiza la crisis en un partido que, según algunos de sus militantes, “aun no calienta motores para el 2016”. El sentir de buena parte de la militancia se resume en esta frase que nos brinda un miembro de la agrupación: “Gane Castro o Beingolea la interna (a realizarse a fines de este año), es muy probable que en abril del próximo año tengamos que recoger firmas para nuestra reinscripción”.

ACTUALIZACIÓN (01:55 P.M.) Hoy Galarreta apareció en algunos medios de comunicación para explicar su posición. Según él, definirá su situación política entre septiembre y octubre, en referencia a ofertas para volver a postular al Congreso y aludió a que su salida del PPC se debió a “motivos personales”. Declinó comentar las razones que lo llevaron a esta decisión.

(Foto: Perú.21)

A REFORMAR EL SISTEMA DE ASESORES DEL CONGRESO

Desde el domingo hasta el día de hoy, La República ha presentado una serie de reportajes en torno al congresista oficialista Agustín Molina. Los informes de César Romero evidencian los tratos a los que el parlamentario y su esposa llegaban con el personal adscrito a su despacho para quitarles parte del sueldo. El asunto no ha sido más escandaloso porque el caso Belaúnde Lossio acaparó la atención de la opinión pública.

La semana pasada fuimos testigos de un caso similar: tres asesores del congresista José Luna Gálvez, secretario general de Solidaridad Nacional, “dobleteaban” como trabajadores de la universidad del parlamentario. Dos de ellos eran contratados a través del Módulo de Apoyo al Trabajo de la Organización Parlamentaria, a pedido de la tercera vicepresidenta del Congreso, práctica que ha sido constante en este periodo legislativo. Y uno de ellos era nada menos que el tesorero del partido.

En 2013, el congresista Michael Urtecho tuvo que reconocer que le quitaba parte de su sueldo a sus asesores. Asimismo, se descubrió que contrataba “asesores fantasma”, entre otras presuntas irregularidades cometidas con dinero del Congreso de la República. Hoy Urtecho ya no es congresista y viene siendo procesado por estos hechos. Molina y Luna deberían seguirle los mismos pasos.

Y en el periodo anterior, la congresista Elsa Canchaya fue ampayada contratando a su empleada doméstica y a la parlamentaria Tula Benites se le descubrió un empleado fantasma. Ambas fueron desaforadas, pero les dieron un salvavidas judicial distinto: a Canchaya le anularon la sentencia en una controvertida sentencia del TC y a Benites la absolvieron en la Corte Suprema de Justicia con otro fallo que causó polémica. Y si bien no fue sentenciado, también podría sumarse el caso del congresista Walter Menchola, donde una persona de su entorno cobró como asesora parlamentaria sin trabajar efectivamente.

Se trata de seis casos emblemáticos donde hay dos modus operandi distintos. De un lado, el congresista solicitando una suerte de “cupo” a sus asesores por contratarlos en su despacho. Del otro, personas que en realidad laboran para el parlamentario en sus negocios personales – o, incluso, en labores estrictamente domésticas – y que aparecen en la planilla del Congreso como una suerte de “incentivo” a sus labores.

Dada la recurrencia de estas conductas, resulta indispensable colocar todos los candados institucionales posibles. El principal: se requiere reformar la contratación de asesores en el Congreso de la República. Salvo honrosas excepciones de parlamentarios que llevan a personas realmente capaces tanto a su despacho como a comisiones, no existe en la práctica un servicio de asesoría parlamentaria que pueda encargarse de lo que realmente debe: apoyar la labor de los congresistas tanto en su labor legislativa como de control político.

Si el próximo presidente del Congreso se propone esa tarea como único punto de agenda, realmente se habrá anotado un gol. El problema es que, probablemente, varios de sus pares se opongan a dicha labor, dado que la función de asesor se ha convertido en la cuota de empleo partidaria o amical de algunos congresistas. Pero, de no hacerlo, tendremos más de estos casos cada cierto tiempo ocupando un espacio en el diario o programa dominical de su preferencia.

TRES CHIQUITAS SOBRE BELAUNDE LOSSIO

De todo el arsenal de información – y, sobre todo, conjeturas – en torno al caso Belaúnde Lossio (y su fuga), me quedo con tres cuestiones legales precisas que, a mi entender, constituyen “la carne” en este asunto.

1. ¿POR QUÉ NO SE PIDIÓ LA EXPULSIÓN ANTES QUE LA EXTRADICIÓN? Parte de la respuesta la da, vía Facebook, Rosa María Palacios:

¿Porque no se le expulsó como Orellana en Colombia o Montesinos en Venezuela? Esta parte no es fácil de entender.

Estos delincuentes entraron ilegalmente o huyendo de una acción criminal. Cada país tiene procedimientos diferentes dependiendo de varios hechos de importancia. El ingreso ilegal o con identidad falsa, por ejemplo, es en la mayoría de países causa e expulsión inmediata.

Pero, ¿si ingresa con sus nombres en un país que no requiere visa? ¿Si el sujeto no aparece en las alertas de Interpol?

¿Y si el delincuente se acoge a instituciones como el refugio o plantea acciones judiciales sobre estos derechos? Se arraiga judicialmente y una expulsión sería ilegal porque violaría el derecho universal al debido proceso.

Un juicio de extradición es un juicio. Y tiene sus complejidades. Recuerden el caso Fujimori. 2 años. Y mas de un año en una casa con arresto domiciliario. Pero, claro, la policía chilena es insobornable.

Conectado con lo que señala la abogada y periodista, abogados consultados por este blog nos indicaron que a la Procuraduría Anticorrupción le convenía seguir apostando por la extradición. “Si retiraban el pedido de extradición a cambio de la expulsión, Belaúnde Lossio hubiera puesto aún más recursos para dilatar el tema, con el riesgo que, al no existir ya el pedido peruano de repatriación, las posibilidades de fuga se hubieran incrementado aún más”, nos indicaron.

2. ¿QUE DEBIÓ HACER EL PERÚ PARA ASEGURAR A BELAUNDE LOSSIO? En declaraciones recogidas por El Comercio y Panorama, el abogado Yván Montoya señaló tres aspectos que deberán ser respondidos por el Ministerio de Justicia en torno a la custodia del prófugo empresario: ¿se solicitó su traslado a un establecimiento penal ante el posible peligro de fuga provocado por la aprobación de la extradición?, ¿se pidió un resguardo policial especial a Bolivia? y ¿por qué no se aceleraron las coordinaciones para la repatriación del extraditable una vez concedido el pedido por parte de la justicia boliviana?

Estas tres preguntas deberían estar, de cajón, en el pliego interpelatorio que la oposición presentaría en los próximos días, según indica EC. Nos permitirían aclarar hasta que punto el gobierno peruano, más allá de los fantasmas de las últimas horas, tuvo algún grado de responsabilidad en las condiciones que permitieron la fuga de MBL.

3. SI VAS PARA CHILE..: Pero la advertencia más seria del día la hizo esta mañana Julio Arbizu. En entrevista con el programa “No Hay Derecho”, señaló que – lejos de las especulaciones que señalaban a Brasil o Paraguay como destinos atractivos para Belaúnde Lossio -, Chile podría ser el destino preferido del prófugo:

“[¿Si se va a Chile se terminó la historia de Belaunde porque terminaría protegido o cubierto en sus delitos?] Sí, momentáneamente por lo menos sí, hasta que no pueda ser imputado por otro delito sí porque como repito en Chile el peculado no es posible de ser aplicado a particulares. Fue lo que se dijo en Bolivia y no era cierto. En Bolivia sí se puede aplicar o imputar delito de peculado a privados”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

En efecto, varios de los procesados por su presunta pertenencia a la organización criminal Fujimori – Montesinos nunca pudieron ser extraditados porque la interpretación chilena sobre el delito de peculado implica que no puede ser cometido por un particular, quien tampoco puede ser implicado como cómplice. Y hasta ahora se encuentran allí, dado que, apenas pisen un pie fuera de Santiago de Chile, pueden ser capturados por Interpol.

No vaya a ser que Belaúnde Lossio termine apareciendo en los exclusivos barrios santiaguinos de Providencia o Las Condes.

(Foto: El Comercio)

LO QUE SABEMOS SOBRE BELAUNDE LOSSIO

Martín Belaúnde Lossio tiene ya una extradición aprobada por peculado y asociación ilícita para delinquir en el caso La Centralita. Sus vínculos con César Álvarez están bastante acreditados tanto para la justicia peruana como para la boliviana, razón por la cual se autorizó su repatriación al Perú. Como bien se indicó hace algunos meses en El Útero de Marita:

Asesoró a César Álvarez cuando estaba en sus mejores tiempos. De acuerdo al informe de la Procuraduría Anticorrupción, este señor se habría encargado de proporcionar una empresa fachada —Ilios producciones SAC— para mantener oculta la labor de edición de información y demás actividades ilícitas de este centro de espionaje. Él mismo, según la investigación, era el responsable de grabar y editar los videos para las campañas a favor de César Álvarez.

Asimismo, Belaúnde Lossio abogaba a favor de empresas que tenían contratos en regiones. Algunos de estos contratos eran cumplidos, otros no. El caso Antalsis es la punta de la madeja de un modus operandi descrito bien por Daniel Yovera.

En las regiones en las que operó, Martín Belaunde Lossio comenzaba con la promesa de garantizarle al presidente regional soporte político y mediático. Luego, apoyo financiero desde el Gobierno central para la ejecución de proyectos en la región. Pasaba entonces a manejar los comités especiales para las licitaciones, para así asegurarse el control de los procesos que adjudicaban las obras. Finalmente, las obtenía. Este mecanismo es la hipótesis que trabajan las autoridades que investigan la red que extendió Belaunde en varias regiones del país.

Además, también ha quedado demostrado que un amigo de Belaúnde Lossio y que también participó en la campaña, Juan Carlos Rivera Ydrogo, sostuvo reuniones con funcionarios vinculados a publicidad estatal y participó en al menos una de las empresas por las que MBL gestionaba intereses. Aquí hay una pista de investigación que ya está en cancha del Ministerio Público.

También sabemos que Belaúnde Lossio fue amigo de la pareja Humala Heredia, el operador en medios de la pareja en la campaña de 2006 y que apareció en la campaña del 2011 en algunos espacios concretos. Además, empresas de su familia pagaron consultorías a Nadine Heredia entre 2006 y 2011. Y es aquí donde se activan las sospechas sobre “lo que sabe”. Desde “luz verde” palaciega para sus negocios, pasando por el conocimiento de su relación con Álvarez hasta ser “la principal fuente que demostraría que hubo plata de Venezuela” en la primera campaña nacionalista. En todas las especulaciones, sería “la llave” para probar que dos delincuentes nos han estado gobernando. Y todo ello aún más revuelto en medio de sospechas sobre todos los políticos, la poca tendencia de la pareja a aclarar sus asuntos financieros personales abiertamente y la necesidad de algunos periodistas de demostrar que “no se equivocaron” al apoyar a Keiko en 2011. El problema es que, hasta el momento, más allá de la conjetura, ninguna de estas hipótesis se ha podido demostrar.

Finalmente, hoy conocimos que Belaúnde Lossio es, nuevamente, un prófugo de la justicia. Y que la conjetura se habrá apoderado de la opinión pública. Y que, por enésima vez, un manejo torpe sobre un tema caliente pone al gobierno contra las cuerdas.

ARANA

Percibido como el cuco por el sector más vocinglero de la derecha peruana, no es un secreto que Marco Arana pretende ser candidato pre­sidencial por el Frente Amplio para 2016. Más allá de sus partidarios y detractores, ¿tiene opciones?

Por el momento, Tierra y Liber­tad busca encarnar a los desconten­tos con la extracción de minerales e hidrocarburos. Sus propuestas se decantan por acotar las zonas donde se realiza, así como la propo­sición de parámetros ambientales más estrictos. Además del rechazo a la minería ilegal, se propone el impulso de otras actividades económicas como la agricultura, la ganadería y el turismo.

El problema es que esta visión de desarrollo resulta minoritaria dentro de la propia izquierda. Como consigna ‘Poder’, varios grupos que han conversado con TyL para inte­grarse al Frente Amplio terminan diciendo “muchas gracias” cuando llegan a la sección minería de los acuerdos. Asimismo, como apunta Carlos Meléndez, las causas del descontento en el país van más allá de lo extractivo y, en muchos casos, tienen que ver con problemas ur­banos. El discurso de Arana, hasta ahora, no apunta a dichos sectores y corre el riesgo de ser un partido de punto único, con pocas opciones electorales serias.

Sumemos a ello el duro golpe que ha significado la serie de audios de Pepe Julio Gutiérrez ofreciendo detener las protestas a cambio de dinero. Para un grupo caracterizado por colocar una valla moral bastante alta a sus posi­bles aliados, el tardío deslinde de algunos de sus dirigentes juega en su contra y puede colocarlos como “más de lo mismo”.

Así las cosas, Arana necesitará más que ayuda divina para tener buenas opciones en 2016.

(Columna publicada en Exitosa Diario el 24.05.2015)

(Foto: El Comercio)

¿LA HORA DE VERONIKA?

Provocadoramente, tanto en su portada – que pueden ver arriba – como en un informe sobre la izquierda preparado por Christopher Acosta, la revista Poder coloca a la congresista Verónika Mendoza como una posible candidata de consenso dentro de dicho dividido sector. ¿Qué posibilidades tiene para afrontar, con éxito, una posible postulación presidencial?

A diferencia de buena parte de sus colegas, Mendoza tiene una buena imagen pública como parlamentaria. Nunca ha estado involucrada en escándalos, maneja una agenda propia en temas en los que pocos congresistas se comprometen (derechos humanos, pueblos indígenas, medio ambiente, unión civil) y es bastante solvente en sus declaraciones públicas. Si se hiciera una encuesta sobre los 10 congresistas con mejor imagen entre líderes de opinión, sin duda, la congresista estaría dentro de dicho top ten.

Asimismo, la congresista también ofrece una imagen de renovación en medio de un sector donde prevalecen los rostros adustos y cercanos a las bases 6 y 7. Precisamente, la izquierda requiere de rostros frescos que puedan empatar con un electorado más joven y que comienza a ver a las generaciones zurdas aún presentes con ojos de pase al retiro.

Otro punto que Mendoza tiene a su favor es que tiene simpatías en todos los sectores de izquierda. Si bien su nuevo movimiento Sembrar está ubicado en el Frente Amplio junto a Tierra y Libertad, varias personas que integran Únete por la Democracia (exCPUFI) no la ven con malos ojos, todo lo contrario. Lo mismo han expresado dirigentes del Partido Socialista – que aún no se ubica dentro de ninguno de los bloques -, así como personas que se encuentran cercanas al Bloque Nacional Popular lanzado por Sergio Tejada y varios de los disidentes del nacionalismo.

Se suma a ello que tiene una excelente formación académica: su pregrado y postgrados universitarios los hizo en Europa.  E incluso el hecho de “no ser tan conocida” le puede traer ciertas ventajas al presentarse como una figura nueva en la política, a pesar de estar a punto de cumplir un periodo como parlamentaria.

Y otra cuestión que juega a su favor es que existe un sector de descontentos a la búsqueda de un candidato. No en vano analistas como Eduardo Dargent señalan – desde hace buen tiempo – que existen dos sectores subrrepresentados en medio del carnaval de postulaciones anticipadas de estos meses: un centro más orgánico y una izquierda con opciones electorales (o al menos, para tener una bancada respetable y con vocerías).

¿Qué juega en su contra? Paradójicamente, una de sus virtudes: su juventud. Como indica Juan Carlos Tafur, uno de los peores traumas legados por Alan García y su catastrófico primer gobierno fue vacunar a una generación de votar por candidatos jóvenes porque “destrozarán el país”. Peor aún si se ubican en el lado zurdo del espectro político. Votaciones como las de Yamila Osorio, la actual gobernadora regional de Arequipa son, más bien, la excepción a la regla.

En segundo lugar, las tensiones de la izquierda. Como demuestra el reportaje de Acosta, hay dos cuestiones que han partido aguas en dicho sector: los controvertidos líderes de las agrupaciones que tienen inscripciones electorales (Marco Arana y Yehude Simon) y que cobijarán – por ahora – a los dos frentes conformados y la posición sobre el tema minero. Y, como resalta Javier Torres Seoane, el contexto electoral es muy distinto al de 2011:

Al mismo tiempo, del lado de los críticos del modelo tampoco parece haber claridad alguna con respecto a lo que se quiere. Los más radicales se quedan sin agenda ahora que las empresas mineras van paralizando o ralentizando sus proyectos –porque no les conviene acelerarlos-, o cuando más de una petrolera devuelve lotes que ya no será negocio explotar. Así, la crítica al “extractivismo depredador” pierde cada vez más sentido, y lo seguirá perdiendo en los años que vienen. De otro lado, quienes postulaban la redistribución de la renta –mal distribuida y peor gastada en el Perú- tendrán que mandar al archivo sus propuestas de más canon aquí o menos allá.

Asi como Mendoza genera pasiones dentro de la izquierda, también hay algunas discrepancias sobre su figura. Algunos cercanos al sector zurdo señalan como gran pero a su postulación que “carece de vitamina P”, es decir, de ambición de poder. En algunos pasajes de la entrevista de David Rivera y Jorge Frisancho, más que a una candidata, se vislumbraba a una disciplinada militante zurda que, en caso ganara una elección primaria, aceptaría ser candidata. Pero para ser Presidente de la República se requiere algo más que disciplina – que la tiene la parlamentaria, por cierto -. Y se requerirá dicha ambición para resistir los embates mediáticos de quienes no quieren ninguna representación izquierdista en el Perú – y que ya han querido atacarla – como para tratar de convencer al sector que representan que puede ganar la elección.

Mendoza tiene un buen futuro político por delante y es una de las figuras políticas más promisorias de la izquierda peruana. Pero dependerá de ella – y de lo que ocurra en ambos frentes zurdos – definir si es que el 2016 es su momento, si es que su postulación tratará de impulsar una bancada parlamentaria de izquierda o si, a fin de cuentas, vale la pena esperar.

EL EFECTO PASTOR

La sentencia contra Aurelio Pastor no ha dejado de generar cierta polémica. Algunos – entre los que me incluyo – creemos que la condena está bien puesta, aunque se trata del caso menos complicado en los que se encuentra inmerso el exministro. Otros apuntan a que resultaría excesivo condenar a Pastor por acciones que podrían encontrarse dentro de los ámbitos del alardeo típico de abogados. Posiciones intermedias, como la expresada por Rosa María Palacios ayer en su blog, no discute la culpabilidad del excongresista, pero sí se interrogan sobre si la pena de prisión debió ser o no efectiva y si es que no hubiera sido mejor si es que la pena era suspendida y venía acompañada de la inhabilitación de Pastor para ejercer como abogado.

Pero más allá de esta discusión legal – que finalmente deberá resolverse en la Corte Suprema de Justicia -, Pastor está sentenciado en doble instancia por tráfico de influencias y ya viene cumpliendo, como manda la Ley, su pena en una prisión al norte de Lima. De allí que hoy me interese más el análisis sobre el impacto que tiene el caso en el APRA y en la política peruana.

En principio, las responsabilidades penales son individuales y no deberían comprender a las instituciones a la que un sentenciado pertenece. Y, de hecho, el APRA pudo dar ese mensaje e incluso señalar que el delito cometido por Pastor ocurrió cuando ya no ejercía funciones públicas, sino en el ejercicio de su actividad privada.

Sin embargo, no han optado por ese camino, sino por el martirologio forzado.

Primero, con la presencia de una portátil aprista que proclamaba “Aurelio no está solo”. Un mensaje a todas luces equívoco, no solo por la presencia de militantes del partido en una circunstancia ya de por sí complicada, sino también porque motivó tuits bastante ingeniosos, así como esta caricatura de Carlín:

Hablando de caricaturas, Alfredo Marcos en Correo ha defendido así al exministro aprista (imagen vía El Utero de Marita):

El problema para Marcos es que, casi inmediatamente, le han recordado sus contratos con el Estado durante el gobierno pasado.

Posteriormente, el rumor soltado por Jorge del Castillo – viejo padrino de Pastor en el partido y con quien compró una oficina en 1996 a la Caja Militar Policial -, en el que deslizó que el exprocurador anticorrupción José Ugaz había presionado por la condena a Pastor. El problema es que Ugaz había estado fuera del país, en un viaje de trabajo, durante más de una semana. Las presiones también han sido negadas por el magistrado Saúl Peña Farfán.

Además, otros compañeros, como Mauricio Mulder y Javier Velásquez Quesquén – aunque con cierto equilibrismo verbal – han señalado que la sentencia es “demasiado dura” con el exministro.

Curiosamente, en el perfil que le hace Fernando Vivas el domingo pasado en El Comercio, la respuesta de Mulder era distinta frente a casos de corrupción:

La persecución histórica es la coartada de muchos apristas para explicar por qué se ponen tan a la defensiva cuando les tocas las calaveras del armario. Pero yo, repito, estoy en son de paz y quiero saber qué hará el Apra ante la corrupción que lo asola como asola a tantas instituciones del país. “Tenemos que ser muy fríos y racionales ante una circunstancia como esta. Estamos históricamente acostumbrados a que nos acusen y a que nuestra respuesta sea ‘son calumnias’. Tenemos un grito: ‘A más calumnias, más aprismo’. Las noticias referidas al Apra aparecían en las páginas policiales. Ese bagaje lo tenemos como un chip”.

Pero hay que disociarlo de las denuncias reales, replico. “Para nosotros, es normal que el rival nos envuelva en esos temas. Todos somos narcos, todos somos Oropeza. Y tenemos que contestar eso, sin que parezca que somos defensores de esos esquemas. […] Para mí, la solución es ser transparente, la cultura de que todo se barre para adentro ya no puede darse en sociedades como la nuestra”. ¿A ti no te queda duda de que Facundo Chinguel está embarrado hasta la coronilla? “Ninguna”. ¿Y no hubieras dicho [como Alan] que metías las manos al fuego por él? “Probablemente, Alan le tenía simpatía porque Chinguel fue líder de juventudes. […] En los 90, cuando Alan no estaba acá, trabajó en el fujimorismo, y cuando Alan regresó, fue su gran defensor”.

De hecho, Vivas – en una sección no publicada en la web – le interroga a boca de jarro sobre una posible reinscripción de Pastor en el partido, a lo que Mulder responde “No, porque tiene procesos abiertos”. Días más tarde, terminó sumándose a la defensa de su ¿ex? compañero.

Precisamente, el periodista de El Comercio da en el blanco: la evocación al martirologio y la denuncia calumniosa sigue siendo la única forma en la que el APRA afronta las responsabilidades de sus exdirigentes. Es más fácil safar cuerpo de Oropeza y su familia – militantes de base – e incluso de Facundo Chinguel – un mando medio en el Partido -, pero con un exmiembro de la Dirección Política se cierra filas, incluso en un caso en el que su actuación política no estaba comprometida.

Y precisamente, eso es lo que le puede cobrar factura a Alan García.

(Foto: Diario 16) (Caricatura: Carlín para La República)

EL ROCHE DE LUNA

Todos quienes conocen las interioridades de Solidaridad Nacional saben que, luego de Luis Castañeda Lossio, es el congresista José Luna Gálvez quien tiene más poder dentro de la agrupación. Es el secretario general del partido, encargado de la movilización de (sus propias) bases y uno de los mayores aportantes a las campañas del partido.  Incluso algunas personas otrora cercanas al alcalde de Lima, como Norma Yarrow (ahora fuera de la agrupación) y Fabiola Morales (quien no juró como regidora), ya no están más en su entorno debido a desencuentros con el parlamentario, quien hace algunas décadas nació a la vida política en las filas del APRA.

Hoy Luna vive el segundo peor momento político de su carrera – el primero fue el juicio por supuestamente recibir dinero de Vladimiro Montesinos, del que salió absuelto – graficado en esta portada de Correo:

Ayer, en Panorama, Luna fue bombardeado con dos denuncias. La primera de ellas se vincula a que mantiene a tres asesores “fantasma”. Se trata de Víctor Torres Romero, Luis Alberto Gallardo Gálvez (primo del congresista) y Olinda Mamani Ramos. Los tres aparecen en la planilla del Congreso, pero en realidad dedican la mayor parte de su tiempo a trabajar en la Universidad Telesup, de propiedad del congresista y donde existe un promocionado Diplomado en Gestión Pública donde el profesor “estrella” es nada menos que Castañeda Lossio (a quien le dio una camioneta de la casa de estudios para su campaña).

En el caso de Torres Romero y Gallardo Gálvez, la situación es aún más compleja. Ambos están destacados en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, pero son contratados gracias al Módulo de Apoyo al Trabajo de la Organización Parlamentaria, a pedido de la tercera vicepresidenta del Congreso, Esther Capuñay. ¿En qué consiste esta oficina? Una explicación del periodista Martín Hidalgo:

Este módulo, que no aparece en el organigrama oficial del Congreso, tiene la curiosa característica de aglutinar a funcionarios que sin estar en comisiones o despachos son contratados para acciones específicas. La Mesa Directiva dispone del personal a solicitud propia o de otras direcciones las contrataciones referidas. Hay casos como el del ex contralor Genaro Matute, a quien se le contrató para elaborar un plan de reforma legislativa. Pero existen otros casos que lindan más con lo partidario.

Ojo que, como señaló en su momento Hidalgo, varios solidarios fueron contratados por esta modalidad para ser destacados en otras oficinas, cuando Luna ocupaba el cargo de Capuñay. Veamos los nombres:

El mejor remunerado aquí es Gustavo Pacheco Villar. Sí, el ‘chauchiller’ gana nada menos que S/. 13,637 mensuales. Este personaje, que protagonizó un penoso capítulo en un aeropuerto internacional, ingresó al Parlamento de la mano de Martin Belaunde. Después pasó a trabajar en la Oficina Técnica de Apoyo a la Mesa Directiva de Enlace con los Gobiernos Regionales que actualmente dirige el ex congresista solidario Walter Menchola. Ahora “chambea” entre aeropuertos y vicepresidencias.

Otros dos solidarios que saltan a la vista en las planillas del Módulo de Apoyo al Trabajo de la Organización Parlamentaria son Patricia Juárez GallegosMartin Bustamante Castro, dos personajes activos de la pasada campaña de revocatoria contra la alcaldesa Susana Villarán. Juárez, en realidad, ingresó a trabajar en el Congreso desde el 1 de abril de este año en el despacho de José Luna, pero ahora ha sido movida al cupo de la vicepresidencia con un sueldo de S/. 8,899. En el caso de Bustamante, hombre de confianza del ‘mudo’, las planillas del portal de transparencia señalan que en agosto ganaba S/. 11,021, pero en septiembre bajó a S/. 9,184. ¿Por qué será? ¿Baja productividad? (Hoy Juárez es teniente alcaldesa de Lima y Bustamante regidor solidario en Miraflores, presidente de la Beneficencia Pública de la ciudad y acompañante de los viajes de Castañeda, nota de DTP)

También aparecen en la lista José Fernández Garate (S/. 11,021) quien trabajó en el Congreso pasado con el solidario Juan Perry Cruz. Los últimos tres cupos los ocupan Rosa Bautista Navarro (S/. 8,899), Claudio Gregorio Segura (S/. 4,697) y José Carlos Bellota Zapata (S/. 4,697), todos ellos trabajadores de confianza de Luna Gálvez.

Anoche, luego del reportaje, la congresista – hija del propietario de Corporación Universal – llamó a Panorama y su mensaje fue claro: yo solo tramité las contrataciones a pedido del congresista Luna. Con ello, el parlamentario tiene una situación más que complicada. Como indica Julio Arbizu a El Comercio:

“El peculado tiene que ver con la disposición de fondos públicos para ti o un tercero, en este caso se tiene que definir quién fue e beneficiado, si es que fue el señor José Luna u otra persona. ¿Quién recibió el sueldo de esas personas? Ellos no pudieron haber cobrado por un trabajo que no realizaron”, manifestó.

Arbizu señaló que la fiscalía de la Nación debería abrir una investigación de oficio contra el también secretario general de Solidaridad Nacional.

“Él tiene inmunidad y se deberá pasar por el trámite parlamentario, como fue el caso del señor Urtecho, pero digamos que es el mismo caso, aunque la modalidad difiera”, añadió.

Pero no es el único problema. Uno de los “asesores fantasma”, Víctor Torres Romero es nada menos que Tesorero Nacional de Solidaridad Nacional. Aquí la imagen (vía Renzo Rotta):

El roche es que, en el reportaje de Panorama, se aprecia cómo Torres Romero trata de “arreglar” varias cuestiones referidas a los aportes de campaña de Solidaridad Nacional. Si bien, como señala Rosa María Palacios, aquí no hay un delito, tranquilamente la ONPE podría imponer una sanción – lease, multa – al partido de Castañeda. Y claro está, nuevamente volvemos a la necesidad de mayor capacidad de fiscalización y sanción frente a los partidos que infringen las normas sobre financiamiento privado.

Al cierre de este post, se conoció que Luna había decidido separar a los trabajadores fantasma “por traicionar su confianza”. Pero eso no lo salva de la investigación que se le viene, tanto en la Comisión de Ética como en la Fiscalía de la Nación.

(Foto: web de José Luna Gálvez) (Portada de Correo: Epensa)