COSTA VERDE

Nunca he corrido tabla. A pesar de saber nadar, siempre le he tenido bastante respeto al mar. Pero varios amigos míos lo hacen. Incluso, un compañero de promoción participa en un proyecto interesante donde busca acercar el deporte a las zonas más pobres cercanas al mar de Chorrillos. De allí que esta imagen resulte aún más chocante:

Lo que viene ocurriendo en la Costa Verde tiene que ver, en buena parte, con la visión que tiene Luis Castañeda sobre la ciudad: una gran carretera. Una muestra de su visión del mundo que ya se apreciaba en sus primeras dos gestiones y que, con los años, en esta tercera, se ha acentuado. Explica Roberto Bustamante, en un post de archivo:

y luego con las obras heredadas por ricardo belmont y el abandono de la costa verde, lima no es más (¿lo fue alguna vez?) una ciudad jardín y por el contrario es una ciudad carretera ciudad autopista. una ciudad diseñada para ir en carro y no para caminar o ser peatón. (lo cual me lleva a recordar un viejo cuento de ray bradbury donde se prohibía caminar por las calles y los peatones eran personas de las que había que sospechar). que la costa verde sea actualmente una vía rápida y no el gran espacio público de la ciudad es mucho más que un indicador sobre la imagen de ciudad que se tiene desde la municipalidad de lima. ciudad carretera: ni siquiera tenemos playa, tenemos una autopista que le come metros a la orilla.

Es cierto también, como ha señalado Juan Carlos Tafur, que parte de lo ocurrido también se debe a la gestión Villarán. La ampliación de la Costa Verde puesta en marcha en la gestión anterior es un proyecto que tuvo varias contradicciones. De un lado, porque si bien acertadamente se ganó malecón y un espacio público en Magdalena y San Miguel, no se hizo lo mismo en Miraflores. Y, de otro lado, porque se siguió viendo a la Costa Verde como una suerte de Vía de Evitamiento con vista al mar. Aún así, la exalcaldesa retrocedió frente a los reclamos de los tablistas.

Pero el actual alcalde se lleva las palmas de la estupidez. En enero ya se la advertía a Castañeda lo que iba a pasar. Aquí lo que Enrique Sarmiento, tablista e ingeniero, señalaba en el quinto día de la gestión sobre esta obra:

2. Las mareas altas de invierno (entre Junio y Agosto) inundarán rápidamente el tercer carril, y la erosión del mar con la pista tan cerca afectará las estructuras rápidamente (1 o 2 años) reventando el asfalto, volviéndose muy peligroso para los conductores.

3. Los tres carriles se vuelven obligatoriamente a dos a la altura de los clubes (porque los clubes no se pueden mover), y en las subidas incluso a un solo carril. Obviamente esto seguirá causando cuellos de botella que seguirán con el mismo problema de tráfico de siempre.

4. Esta obra va en contra de la Ley de Protección de Rompientes en la que se señala con claridad que es obligatorio tener 50 metros como mínimo entre la marea más alta y la construcción más próxima. En algunas de estas zonas no llega ni a 5 metros.

5. El tercer carril en la zona de Pampilla demanda el reforzamiento lateral para soportar el grosor de la pista, esto invade la orilla y modifica el rebote normal del mar, afectando la ola, y el campo de entrenamiento de miles de deportistas; si, miles. ¿qué pasaría si la canchita de fulbito favorito de tu hijo, es destruida porque Evitamiento necesita un carril más?

6. Sí, miles. No somos 10 pituquitos vagos y drogadictos como se leen en lamentables comentarios. Yo soy profesor e ingeniero, y entre los que he conocido en esta protesta hay abogados, arquitectos, ingenieros, doctores, publicistas, estudiantes, serenazgos, ambulantes, etc. No hay exclusión ni prejuicio por status, tipo de trabajo ni raza, solo una causa justa. ¿Tú puedes decir lo mismo?

(Y coloco el punto 6 por una razón. Ayer los amigos del Mudo en redes sociales comenzaron con toda la lluvia de prejuicios contra los tablistas de toda la vida)

Pero Castañeda parece estar absolutamente desesperado por mostrar algo de cemento que le permita evitar que siga creciendo el descontento hacia su gestión. A pesar de tener aún una aprobación abrumadora en los sectores populares, el alcalde de Lima quiere alguna obra vial de impacto que le permita volver a niveles de aprobación casi estratosféricos, como los que tuvo al inicio de su gestión, ignorando, tal vez, que en esta gestión al menos tendrá oposición ciudadana (además del puñado de regidores que hace labores de fiscalización en la MML).

Y así, se cometen los horrores señalados hoy por Pedro Ortiz Bisso en El Comercio:

La gestión anterior tuvo la virtud de corregir su error y detener la construcción de la pista. La actual, en cambio, no solo dispuso finalizarla entre gallos y medianoche, para evitar el reclamo de los tablistas y el escrutinio de la prensa, sino que ahora, ante la inminencia del desastre, simplemente optó por arrojar rocas a la playa –otra vez de noche y a escondidas–, con el vano afán de atenuar la fuerza de las aguas.

Ya la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra ha señalado que nunca autorizó estos trabajos. El capitán Felipe Silva Berengel, jefe de la Capitanía de Puertos del Callao, dijo el lunes a El Comercio que todas las obras que se ejecuten en los 50 metros próximos a la línea de alta marea deben tener su autorización y contar con una serie de estudios. Nada de eso se hizo.

La respuesta municipal ha sido la prepotencia y la majadería, la cual llegó a su clímax con el vergonzoso enfrentamiento de ayer entre un grupo de tablistas y la policía.

Sumemos a ello que Castañeda, además, paralizó lo que sí era indispensable en la Costa Verde: los puentes peatonales, indispensables para evacuar las playas en casos de sismos y tsunami.

A esta altura, no me sorprende la actitud de Castañeda. De hecho, es absolutamente compatible con esta visión de “ciudad carretera”. Ojo, ello no quiere decir que la ciudad no necesite obras de infraestructura vial en determinados puntos, pero las mismas deben responder a un plan de planificación de la ciudad. Lo peor es que este documento existe, pero ha sido desechado por la actual administración municipal. Y por ello hoy Castañeda enfrenta dos flancos: un by pass que viene siendo cuestionado desde varias facultades de arquitectura de la ciudad, como una vía cercana a la playa que probablemente se vaya al diablo con la crecida de olas de este fin de semana y, para colmo, termina arruinando una de las playas emblemáticas de la ciudad.

Finalmente, el problema de fondo parece radicar en que los limeños estamos divididos respecto de nuestra relación con nuestras playas más cercanas a la ciudad. Algunos apuestan por la vía rápida – ante una ciudad colapsada por el creciente número de vehículos privados y un sistema de transporte público sin reformar – y otros por darle a la ciudad un nuevo espacio público y una mejor relación con el mar. De allí que hayamos permitido, como ciudadanos de Lima, varios desastres en dicha zona, como los restaurantes instalados en Barranco y, ahora, lo ocurrido el día de ayer.

(Foto: Renzo Giraldo)

POPY: OTRO INTENTO DE REGRESO

Tal como en la campaña electoral pasada, Fernando Olivera viene buscando el retorno al primer plano de la política peruana. Una entrevista en Caretas le abrió las puertas para diálogos que han sido publicados en El Comercio, La República y Exitosa el último fin de semana.

En la ocasión anterior, Olivera quedó fuera de juego por varios motivos. Su otrora aliado Alejandro Toledo vio que era inconveniente un acercamiento por parte de su exministro para un posible regreso, donde debería dar una imagen más cercana al estadista que al antiaprista vocinglero. Asimismo, la ecuación de la elección pasó menos por las críticas a un gobierno que estaba de salida y adquirió vida propia. Y, además, sin un partido propio, ni siquiera tenía capacidad de negociación.

¿Cuál ha sido la fórmula de Olivera para su nuevo reentré? De un lado, su capacidad de contar algunos entretelones del periodo 2000 – 2006, su capacidad de lanzar acusaciones a quienes cortaron su viada política hace algunos años – Carlos Ferrero ha sido uno de sus punching balls – y un discurso que intenta empatar con cierto sentido común popular contrario a Keiko Fujimori y Alan García. No en vano, en el diálogo que sostuvo con Milagros Leiva hace un par de domingos, comenzó a alabar a PPK como posible opción.

El problema para Olivera es que su paso por la política parece estar, cual canción de Radio Mágica, destinado a la sección oldies. Más allá de su mejor momento – el develamiento del video Kouri Montesinos -, la imagen que ha quedado del excongresista es la del parlamentario fiscalizador que devino en ministro que se mareó con los oropeles del poder. Las simpatías que despertó el otrora líder del Frente Independiente Moralizador se esfumaron rápidamente. Y cinco años fuera de la escena pública pasan factura, sobre todo para alguien que no tiene siquiera un membete que ofrecer como arma de intercambio. Más aún cuando su última aparición pública antes de este nuevo intento de reentré fue como consultor minero en Cajamarca.

Peor aún, hay quienes han comenzado a ocupar este lugar de vocero vocinglero en contra de apristas y fujimoristas. Todo indica que la candidatura (presidencial o parlamentaria) de Daniel Urresti cubrirá ese espacio.

Así las cosas: ¿cómo puede quedar Popy? Probablemente como varios de los exintegrantes de su partido: como un personaje confinado a labores parlamentarias o como “escudero” de uno de los candidatos fuertes. Por ahora, no tiene más opciones que aquellas.

Veremos en que terminan las aspiraciones de Fernando Olivera.

(Foto: Exitosa Diario)

LOS RETOS DE CATERIANO

Con 73 votos a favor, en una sesión más tranquila que aquellas donde sus dos predecesores obtuvieron el voto de confianza, Pedro Cateriano pudo sortear su primer gran obstáculo como Presidente del Consejo de Ministros.

¿Qué ayudó a obtener la confianza? De un lado, la serie de reuniones que tuvo Cateriano con diversos líderes políticos. Casi todas las bancadas con las que Cateriano sostuvo una cita le dieron el voto de confianza, con excepción del fujimorismo, que se abstuvo en bloque. Curiosamente, fueron quienes no se reunieron con él los que votaron en contra (Dignidad y Democracia y Frente Amplio), tanto por la ausencia de diálogo con ellos como por otras razones, a las que volveremos luego.

De otro lado, el hecho que la campaña electoral, para todo fin práctico, ha comenzado. En las últimas 48 horas, tanto PPK como Alejandro Toledo han anunciado – en circunstancias distintas – su lanzamiento como candidatos presidenciales de sus respectivas agrupaciones. En la misma línea, Alan García anda buscando desesperadamente el voto centrista que le permita ganar la segunda vuelta frente a Keiko Fujimori (el problema es que primero tiene que pasar a dicha etapa de la contienda) y, por tanto, está dando pasos para poder quedar ante la opinión pública como estadista. En esa medida, lo que haga el gobierno pasará a ser una segunda prioridad para los demás partidos.

Y, además, primó un asunto de supervivencia básica. Exponer a la ciudadanía a dos elecciones consecutivas para el Congreso de la República en el marco de 6 meses era poco menos que un suicidio político. Más aún cuando, con excepción del APRA, la mayoría de bancadas disminuirían su presencia parlamentaria o incluso correrían el riesgo que sus partidos pierdan la inscripción a poco tiempo del partido de fondo, a jugarse el próximo año.

Culminada esta primera fase, ¿qué retos debe afrontar el presidente del Consejo de Ministros?

El más inmediato: Tía María. Cateriano fue claro en su mensaje: somos conscientes que la Policía ha actuado mal en este tema – sobre todo, en los penosos incidentes del jueves pasado -, hay un descontento que no se puede desconocer, pero el gobierno desea impulsar el proyecto y busca dialogar para buscar una salida. El problema es que los ánimos están bastante caldeados, en medio de acusaciones cruzadas entre ambos bandos del conflicto y donde el clima para sentarse a la mesa no es el adecuado. Precisamente, lo ocurrido en la última semana motivó que el bloque zurdo en el Congreso (la disidencia nacionalista y el Frente Amplio) votaron en contra de la investidura.

Tal vez la única forma de desentrampar el problema sea recogiendo la propuesta que la gobernadora regional Yamila Osorio – y analistas como Santiago Pedraglio y José Luis López Follegatti – ha planteado como posible salida: someter a UNOPS – la entidad de la Organización de las Naciones Unidas que hizo 135 observaciones al primer estudio de impacto ambiental – la documentación correspondiente para ver sus atingencias han sido recogidas por Southern Perú. Ello, evidentemente, implica que el proyecto no se haga en este gobierno, pero podría ser la única forma de asegurar su posible viabilidad, en caso dicha institución encuentre que los documentos están en regla.

Un segundo problema se encuentra en la economía. Es ya un consenso que la velocidad de crecimiento ha disminuido, aunque el peso de los factores internos y externos se encuentra aún en debate.  La salida de Cateriano ha sido el anuncio del pedido de delegación de facultades para destrabar inversiones, sin que aún se mencionen las medidas específicas a tomar. Por lo pronto, existe cierto escepticismo sobre lo que pueda proponer el gobierno en esta materia.

Un tercer punto se vincula a seguridad ciudadana. Cierto es que poco podrá hacer el gobierno en esta materia, pero puede iniciar algún tipo de cambios en la Policía Nacional. La infeliz colocación de pruebas faltas al ciudadano Antonio Cosaca por parte de un agente de la DINOES no es más que la muestra final que la institución ha tocado fondo. Pérez Guadalupe es una persona honesta y que puede obtener algunos resultados e iniciar algunos cambios de fondo. La pregunta es si, para ello, se requieren facultades legislativas.

En esa línea, también se puede leer lo recogido por Jorge Weston para IQT:

Para el exjefe de Devida Ricardo Soberón,  el principal problema que debe afrontar la gestión de Ollanta Humala es la “fragilidad” de las instituciones del Estado, que tienen como función controlar la expansión e incursión del  narcotráfico.

“Desde el 2012 [hasta el 2016] existe una estrategia contra la lucha del narcotráfico, pero en la práctica se encuentra en una situación dramática (…) Es necesario concentrar las acciones de inteligencia de las Fuerzas Armadas y declarar en emergencia varios subsistemas que están en crisis: Aduanas (Sunat), Control Financiero, Ministerio Público y PNP”, indicó a IQT.

Finalmente, ¿como lidiará Cateriano con un presidente que parece estar en campaña electoral permanente y que solo en escasos momentos – como hoy, al cerrar el impasse con Chile, dado que dicho país nos dio finalmente satisfacciones por el hecho – saca a la luz su lado de estadista?

(Foto: La República).

CONSEJOS PARA EMPRESARIOS MINEROS

Lima no es el Perú: La realidad regional es dis­tinta, tanto en actores, costumbres, formas de hacer política y reclamar. Es hora de entenderlo.

Reconstruyan su pasado: Muchos de los desencuentros actuales son producto de ma­las prácticas anteriores. En los casos de Yanacocha y Tía María esta situación es más fuerte. Peor aún, no se ve autocrítica.

Dejar de tener a la Policía como su guachimán: Resuel­van todos los convenios con la DINOES. No solo porque se ve mal que le compren los días de franco, sino también porque es una fuerza policial preparada para luchar contra terroris­tas. Exijan la creación de un cuerpo especial para conflic­tos sociales, con el que no ten­gan vínculo.

Evalúen a sus voceros: No solo a los oficiales – que andan criticando derechos como la consulta previa – sino también a los oficiosos. Muchas veces son los asesores con vocación de plantígrado los que termi­nan afianzando la desconfianza de los ciudadanos.

Recuerden que su visión del desarrollo no es mayoritaria: ¿Alguna vez se preguntó por­qué PPK obtuvo cerca del 20%? Es el equivalente de quienes – según Alfredo Torres – creen en una visión liberal de la economía y del tratamiento a la inversión privada. Si sus voceros escriben en portales dirigidos a este sector, segui­rá en ese porcentaje minori­tario. Peor aún si se compor­tan como mercas.

Analicen mejor a los actores locales: No todos forman el co­mité de Patria Roja o de Tierra y Libertad. Pregúntese por qué esos partidos (y no el PPC, por ejemplo) llegan mejor al entor­no de su yacimiento. E indague sobre los intereses locales. Qui­zás sean más fáciles de resolver de lo que usted estima.

(Columna publicada en Exitosa Diario el 26.04.2014)

(Foto: SNMPE)

PERU 21 Y EL CASO BALAREZO: PALABRAS FINALES

El martes, en este blog, planteamos dos temas vinculados a la reciente condena del hoy expresidente de CAPECO y exsegundo vicepresidente de CONFIEP, Lelio Balarezo, por defraudación tributaria. La primera, vinculada a la tibia respuesta que el gremio de gremios empresariales había brindado en torno a este tema hasta dicha fecha. La segunda se vinculaba a la cobertura periodística que el caso había tenido en diversos medios, en particular, en aquellos vinculados al Grupo El Comercio.

En particular, señalé lo siguiente respecto de Perú.21 (añado links):

En Perú.21, la cosa es más grave. Solo una nota en la web reseñando la renuncia de Balarezo a CAPECO. Por ahora, nada más. Y ni una sola palabra en la edición impresa, con excepción de la columna de Davelouis. Tampoco un comentario del director, Juan José Garrido. Este es un buen caso para que el Defensor del Lector, Carlos Basombrío, pueda pronunciarse sobre este tema.

Publicado el post, envíe el mismo vía Twitter a Carlos Basombrío, Defensor del Lector del mencionado diario, quien me dijo que el caso le interesaba.  Durante el resto del día, el post tuvo bastante rebote en redes sociales.

Al día siguiente, consignamos en una actualización del blog lo que había aparecido en Perú.21 en su edición impresa. Señalamos en forma explícita lo siguiente:

Durante las últimas horas han aparecido nuevos artículos sobre el tema y algunos medios han realizado una cobertura mayor sobre el caso Balarezo.

Perú.21 hoy publica una nota que resalta que el empresario hasta ahora no puede ser ubicado. También su director, Juan José Garrido, dedica una columna sobre el tema. Su párrafo más fuerte señala que:

Dicho esto, el caso debería llevar a los gremios locales a repensar su constitución y, también, sus procesos de elección interna. Queda claro que, en este caso, no existió una diligencia debida respecto a la lista presentada, tanto en Capeco como en Confiep. Un empresario deshonesto, sin duda, no representa al empresariado en general, pero basta un ejemplo para dañar a la clase misma. Además, no sería exagerado pensar que existen otros casos así.

Basombrío hoy publica su columna habitual como Defensor del Lector respondiendo a esta consulta. En ella señala tres puntos centrales:

1. Que el director del diario, Juan José Garrido, conoció de la noticia – como la mayoría de nosotros – por lo publicado en el diario La República el sábado de la semana pasada y que encargó una nota con información novedosa y relevante, la misma que salió publicada el miércoles, al igual que su columna. Y que el luego el diario ha publicado otra nota sobre la materia.

2. Que pudo existir cierto apresuramiento de mi parte al señalar que el diario no había tenido la cobertura adecuada.

3. Que, “habría sido bastante mejor que Perú21, por razones de celeridad y oportunidad, tan importantes en el periodismo, publicase el mismo domingo 19, en la edición impresa, la nota que apareció en la edición web del diario la víspera”.

Respondo las atingencias de Carlos, a quien aprecio y respeto, de la siguiente forma.

Para comenzar, a diferencia de algunos amigos periodistas, sí considero importante la existencia de la figura del Defensor del Lector. Creo que es una forma a través de la cual podemos conocer cuáles son los procedimientos internos de un medio de comunicación, expresar nuestra preocupación por la cobertura brindada a determinado hecho y, además, constituye un importante medio de transparencia que tiene un diario frente al lector. Sobre todo, cuando el mismo se ha vuelto más exigente respecto del contenido que tiene a la vista.

En segundo lugar, comparto con Basombrío que, en efecto, Perú.21 debió publicar algo sobre el tema el domingo en su edición impresa, sobre todo, si ya tenía algo colocado en la versión web. Conocida la noticia, que ha causado impacto en un importante sector de la opinión pública, correspondía que los medios de comunicación consignaran su existencia. Y más aún cuando la información aportaba un dato nuevo: la renuncia de Balarezo como presidente de CAPECO.

En cuanto al timing sobre mis impresiones, allí tengo una diferencia de matiz con Carlos. Transcurridas 72 horas de conocidos los hechos vinculados al caso Balarezo, era tiempo más que suficiente para que los distintos medios de comunicación pudieran recoger esta noticia. En el caso de Perú.21, creíamos que era necesario que lo colocara en su versión impresa. Y creo que lo escrito representaba la opinión de varios lectores, oyentes y televidentes que apreciábamos que la cobertura del caso no era la adecuada, al menos hasta ese momento.

Dicho esto, sí saludo que Garrido haya dispuesto una nota con información nueva sobre el caso, así como un editorial que, en términos generales, también suscribiría. Perú.21 ha continuado con la cobertura del caso, con una nota publicada en la web el jueves – y que apareció el viernes  en la edición impresa -. Se han sumado a ello una nueva columna de Luis Davelouis y la de Sandro Venturo, ayer sábado. Y aprovecho para señalar que, más allá de discrepancias editoriales, noto en Perú.21 un esfuerzo serio por recuperar los bríos que tuvo en sus primeros años, en particular, en los últimos meses.

Ya saliendo de Perú.21, concluída la semana, se puede mencionar que la cobertura en torno al caso fue mejorando conforme transcurrieron los días. La mayoría de medios han editorializado en torno al tema y han puesto diversos ángulos de la noticia. Coloco algunos ejemplos: Reputación empresarial fue el ángulo tocado por Semana Económica. Gestión también se refirió a las obligaciones tributarias incumplidas por los empresarios. Rosa María Palacios cubrió lo ocurrido desde dos ángulos: tanto la necesidad de un pronunciamiento de CONFIEP sobre el tema, como lo que sucede con los contribuyentes que sí cumplen con sus obligaciones y son hostigados por SUNAT. Incluso el director de Correo, Iván Slocovich, fue bastante contundente en torno a sus opiniones. Y así lo han hecho varios columnistas en diversos medios esta semana. Incluso la PUCP – disclaimer, donde trabajo – dedicó el programa habitual de Palacios y Patricia del Río vía Internet a este asunto. Ello se suma a lo ya escrito en La República, Exitosa – donde mantengo una columna semanal – y Diario 16.

Sí debo decir que esperaba más de la cobertura que, frente a este caso, debió tener El Comercio. Con excepción de una nota en la sección impresa sobre el pobre funcionamiento de los Códigos de Ética empresariales, no ha existido un pronunciamiento editorial sobre un tema que afecta la imagen del mayor gremio empresarial del país o, siquiera, un comentario del editor de Economía respecto de este tema. Dado que se trata de un diario que defiende tanto el respeto al Estado de Derecho como a la inversión privada, consideraba conveniente tanto un pronunciamiento editorial como una mayor cobertura frente a un caso que afecta a ambos valores que el diario señala defender.

Y ya sobre el tema de fondo, hay que seguir alertando que, una semana después, Lelio Balarezo continúa prófugo de la Ley. Y que va siendo tiempo que el Ministerio del Interior indique a los ciudadanos cuáles son los esfuerzos que vienen haciendo para que el empresario pueda cumplir su pena, como corresponde, en una prisión.

Finalmente, agradezco la respuesta de Carlos Basombrío a la consulta hecha, más allá de la discrepancia en un punto particular. Creo indispensable que, poco a poco, los diarios peruanos incorporen la figura del Defensor del Lector u otras similares que permitan a los ciudadanos absolver sus legítimas inquietudes respecto de los contenidos o coberturas brindadas a determinados hechos.  Y esperamos que, más temprano que tarde, el señor Balarezo cumpla con la Ley y esté donde la justicia ha ordenado que se encuentre.

CORRUPCION: EL ESPEJO CHILENO

Normalmente vemos a nuestro vecino del sur en relación con los temas económicos, pero quizás sea momento de observar como afrontan sus principales escándalos de corrupción.

Durante los últimos meses, tres casos han llamado la atención de la opinión pública chilena, normalmente ajena a que sus políticos estén involucrados en, por ejemplo, aprovechar los pasajes que les da el Congreso para irse a un mitin partidario.

Los casos Penta y SQM – el primero, un gran conglomerado empresarial y el segundo una importante empresa minera – tuvieron la misma raíz. Una investigación del Servicio de Impuestos Internos (la SUNAT mapocha) encontró un importante número de facturas falsificadas. Pero, a diferencia de lo ocurrido con el segundo vicepresidente de CONFIEP, el tema no solo quedó en defraudación tributaria. Se descubrió que Penta financiaba campañas de políticos – en particular, de la Unión Democrática Independiente, el partido más cercano al pinochetismo – y SQM sobornó a un ex viceministro de Minería del gobierno de Sebastían Piñera, además de hacer pagos a parlamentarios de diversas tendencias, incluyendo a la actual alianza de gobierno (Nueva Mayoría).  Es decir, una investigación estatal permitió revelar una trama de corrupción política. Y en el caso Penta ya hay algunos funcionarios del conglomerado presos preventivamente.

Mientras que el caso Caval apuntó al círculo íntimo de la presidenta Bachelet. A diferencia de los dos anteriores, se trató de un destape periodístico – presentado por la revista Qué Pasa -, donde se descubrió que la empresa Caval, de propiedad de la nuera de Bachelet, había recibido rápidamente un crédito del Banco de Chile (uno de los bancos privados más importantes de dicho país) para la compra de terrenos de uso rural.

Dos problemitas: antes hubo una reunión previa entre Natalia Compagnon (la nuera) y Sebastían Dávalos (el hijo de la presidenta) con el vicepresidente del Banco, Andrónico Lukzic – sí, el mismo que se reunió con Vladimiro Montesinos en la salita del SIN por el caso Lucchetti – y, posteriormente, el terreno de uso rural pasó a ser urbano, lo que incrementó automáticamente su valor. Se vienen investigando ambos hechos.

Ya se imaginarán el bolondrón que esto ha causado en Chile. La clase política está en su punto más bajo de credibilidad, la popularidad de Bachelet anda en niveles peruanos y se ha tenido que formar una Comisión presidencial para ver medidas contra la corrupción.

Precisamente, la foto que vemos arriba corresponde al momento de entrega del informe de esta Comisión, en ceremonia realizada esta mañana. Según La Tercera, Bachelet daría un mensaje a la Nación anunciando las políticas a implementar este domingo.  Pero lo que me interesa resaltar es el reconocimiento público de errores que hizo la presidenta. Aquí los extractos más fuertes de su discurso:

La profunda molestia de la ciudadanía con quienes están en posiciones de poder, es totalmente comprensible. Eso es grave.

Y seríamos ciegos si pretendiéramos seguir actuando como si no pasara nada, o como si se pudiera echar tierra a un asunto para volver a hacer las cosas como se hacían antes.

Necesitamos hacer cambios de fondo.Y eso parte por reconocer nuestra responsabilidad.

Es la hora de la sinceridad y de la acción, de otra manera el país no va a devolvernos su confianza. Y hay una verdad que debemos reconocer: los que estamos en la política, en los negocios, en el Gobierno, estamos en deuda con Chile.

Estamos en deuda, porque hemos carecido de firmeza y rapidez para evitar que las malas prácticas corrompan nuestras relaciones políticas y económicas.

Estamos en deuda, porque hemos dejado que se debilite la fe pública, que es la condición básica de nuestra existencia en común.

Estamos en deuda, porque hemos afectado el orgullo que los chilenos y chilenas sienten por su Patria, un país históricamente transparente y honesto.

(…)

Pudimos hacer más para que prime la transparencia en la relación entre política y negocios.

Pensamos, erradamente, lo vemos hoy, que las leyes que teníamos podían limitar las malas prácticas que hoy erosionan la legitimidad de la democracia.

Y no siempre supimos, ni supe, condenar con fuerza y a tiempo los modos éticamente imprudentes de hacer negocios que hemos conocido.

Y si bien es cierto que el manejo de la crisis ha sido bastante defectuoso – de hecho, Bachelet incluso tomó la infeliz decisión de desmentir una posible renuncia ante la prensa extranjera – lo cierto es que, con el informe y con estas declaraciones, la presidenta recupera iniciativa.

¿Algún presidente peruano diría, alguna vez, palabras como las mencionadas hoy?

(Foto: La Tercera)

RECETA INFALIBLE PARA HACER FRACASAR UN PROYECTO MINERO

1. No tener en cuenta el pasado: Empresas con malos antecedentes siempre tienen más dificultades para plasmar sus nuevas iniciativas que aquellas que recién llegan. El caso más nítido es el de Yanacocha, campeona nacional e internacional en metidas de pata en su relación con su entorno. Pero también ha ocurrido en torno al caso Tía María. Rosa María Palacios así lo comenta:

El miedo es real. Se basa, en Tía María por ejemplo, en paro ya por 21 días, en la historia empresarial de Southern y el recuerdo popular de las chimeneas negras y los suelos contaminados. Eso ya no existe porque se remedió. Pero el recuerdo no se borra de un día para otro. Eran otros tiempos, es verdad. Durante el gobierno militar se presionaba para lograr records de producción, sin importar cómo y las empresas públicas y las poquísimas privadas así lo hacían. El Estado fue, a través de sus empresas públicas, el mas grande contaminador en los setenta. Las primeras normas ambientales son de los noventas. Ese mundo enemigo del ambiente termino hace décadas. Pero siempre queda la duda.  ¿Por qué confiar en la palabra de quien hizo daño antes? Las marchas y contramarchas de la propia empresa al explicar que su actual proyecto no tomará agua del río Tambo, bajo ninguna consideración, tampoco tienen la contundencia que debería.

2. Un ineficiente manejo del Estado: Si ya desconfías de un Estado que antes que dejó que contaminaras, peor aún cuando no te brinda servicios básicos. Parte de la negociación de las comunidades con el Estado y la empresa se basa en este punto: se trata de zonas del país donde la capacidad de actuación estatal ha sido siempre bastante limitada. Explica Juan Carlos Tafur:

En el fondo, lo que sucede en estos con­flictos no es tanto que las exigencias a la empresa se acrecienten de un modo exce­sivo, sino que las poblaciones aprovechan los mismos para pedir que se resuelva el cúmulo de reclamos acumulados al Estado.

Si con anterioridad a los proyectos en cuestión, el Estado dedicase algún empeño en satisfacer tales pedidos (agua, luz, ca­rreteras o caminos rurales, postas médi­cas, colegios, etc.) el grado de conflictividad disminuiría hasta niveles perfectamente manejables.

3. Actuación policial con errores de fondoNormalmente, las zonas donde ocurren conflictos sociales vinculados con industrias extractivas cuentan, en principio, con poca dotación policial. Por lo general, estamos hablando de lugares del país donde solo están las comisarías del lugar, con oficiales y suboficiales básicamente entrenados para enfrentar el delito común. La atención policial se centra más en Lima y en las ciudades principales del país.

¿Qué es lo que ocurre? En defecto de una fuerza policial regular, llega a estas zonas del Perú personal de la División de Operaciones Especiales (DINOES). Y aquí se encuentran dos problemas. El primero es que las funciones y entrenamiento de los miembros de esta unidad policial está dirigido, básicamente, hacia el combate a la subversión y al narcotráfico. Se trata de fuerzas dentro de la Policía Nacional que están destinadas a una función cuasi militar.

El segundo es que las empresas extractivas compran los días de franco del personal policial y, en algunos casos, esta situación lleva a la suscripción de convenios. Si bien los mismos no son ilegales per se, si llevan a una situación de casi privatización de la Policía y, sobre todo, de identificación de las fuerzas del orden con los intereses de las empresas mineras y petroleras. La confianza y la legitimidad de la actuación de la Policía Nacional se ven disminuidas cuando se sabe que las empresas han suscrito estos convenios y, además, cuando el personal policial se traslada en vehículos de estas compañías.

Así las cosas, tenemos a oficiales entrenados para luchar contra el terrorismo puestos a custodiar a una empresa minera – que les compra el franco – frente a la protesta de civiles. Una situación anormal por donde se le mire.

4. Iniciar la campaña del “terrorismo antiminero”: La peor estupidez que se puede hacer, recomendada por algunos analistas, consultores y manejadores de imagen, pensada básicamente en el público limeño, pero que solo alienta al sector “estoy a favor de la minería, meta bala a toda costa para que el proyecto salga”, olvidando que ese grupo resulta minoritario incluso dentro de quienes apuestan por la inversión privada.

Como señala el editorial de ayer de Noticias SER:

Uno de los blancos favoritos de esta campaña son las ONG, a las que se acusa de hacer un uso irregular de los fondos que reciben de la cooperación internacional. Incluso esta es acusada de ser cómplice de acciones que atentan contra la gran inversión o contra la dignidad de las Fuerzas Armadas, lo que, además, la convierte, a ojos de los lectores u oyentes, en una suerte de inaceptable intervención extranjera en los asuntos internos del país. Lo que no se dice es que las ONG presentan informes anuales de su trabajo ante la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, entidad que, además, ha realizado diversas acciones de fiscalización. A ello habría que agregar las permanentes evaluaciones y auditorias de proyectos y recursos, que no se pueden malversar alegremente, como se afirma con tremenda ligereza

Otro de los blancos son los líderes y las lideresas de las protestas, o quienes respaldan estas luchas. Sobre ellos se acumulan, por las movilizaciones que lideran, diversas denuncias, que, además, se convierten en procesos penales, que suelen avanzar a paso lento, y tienen como principal finalidad amedrentarlos  y anular sus acciones, ya que deben dedicar buena parte de su tiempo a responder a citaciones de diversos tribunales. No en vano, estos llevan los procesos a paso lento, como sucede con el caso del Baguazo.

A esta dinámica se ha agregado ahora la acusación, soltada primero por un funcionario de la empresa Southern y repetida luego por el coro habitual de voceros oficiosos de la minería, de que la oposición al proyecto Tía María es liderada por “terroristas antimineros”, lo cual es un paso adelante hacia la estigmatización de quienes protestan. Por si esto fuera poco, en días recientes, en un diario de circulación nacional, el congresista Martín Belaunde ha calificado al líder del partido político “Tierra y Libertad” Marco Arana, de “sucesor de Abimael Guzmán”, y a su acción política, de “terrorismo revestido de seudoecologismo”.  Ello no solo es una burda mentira, sino una temeraria acusación, hecha sin prueba alguna.

Si usted es empresario minero, piense dos veces antes de aceptar un consejo en esta línea.

5. No despejar dudas respecto del proyecto: Como bien señaló hoy en Exitosa el consultor en conflictos sociales Julio Schiappa Pietra:

Para la gente no está claro cuál es el beneficio de tener una mina cerca de sus chacras. Tampoco tienen claro económicamente los beneficios, porque están bastante bien. Hay que mirar lo que gana una persona en esa zona. Un agricultor independiente es una persona con mucho dinero. Es necesario que a Arequipa vayan negociadores profesionales”, precisó.

De hecho, ese es el principal error cometido por Southern. No ha sabido explicar las bondades del proyecto, ni cómo utilizarán la técnica de desalinización del agua del mar para no tocar aquellas fuentes destinadas a uso agrícola. Y ahora pagan las consecuencias.

6. Ausencia de ordenamiento territorial: Si no tenemos claras las zonas del país en las que se puede hacer minería, agricultura, ganadería y aquellas donde estas actividades pueden convivir, los malentendidos van a persistir. Van cuatro años de gobierno y hemos avanzado poco o nada en esta tarea.

Una vez servido esto, tiene el terreno listo para que aquellas personas que desconfían de la minería o quienes puedan tener ideas radicales ganen a río revuelto. En realidad, ellos no han incendiado la pradera, lo ha hecho usted con sus errores, señor funcionario estatal o señor empresario minero. Y si sigue sin comprender que los conflictos sociales no se solucionan en términos binarios, seguiremos postergando proyectos que pueden traer recursos que, bien utilizados, pueden servir para impulsar el desarrollo. Pero mientras sigamos en esta línea, tenemos la receta completa para hacer fracasar cualquier intento de impulsar grandes proyectos mineros en el país. Lejos de la tramitología, aquí está la clave de los conflictos sociales en el Perú.

(Foto: El Comercio)

EL APRA Y EL NARCOTRAFICO

No vamos a caer en el reduccionismo de involucrar a toda la militancia aprista con la corrupción o el narcotráfico. Conocemos aquí a varios militantes que viven exclusivamente de su trabajo y, más allá de las discrepancias claras con la actuación del APRA en sus dos gobiernos, creemos que esto debe enfatizarse.

Dicho esto, pasemos a la reflexión de fondo.

El caso de Gerard Oropeza, que comenzó como una noticia estrictamente policial, se ha convertido en una peligrosa bola de nieve para el Partido Aprista Peruano. El hoy investigado por sus presuntos vínculos con el narcotráfico era, hasta hace pocos días, militante aprista.  Su madre fue candidata al congreso en 2011 por dicha agrupación política.  La mayoría de contratos de su empresa con el Ministerio Público se celebraron cuando dos Fiscales de la Nación con cercanías familiares con el partido encabezaban la institución. Y el exgobernador de La Molina, también con carnet, fue quien le dió la constancia de posesión de la casa embargada a José Enrique Crousillat.

Para colmo, su abogado, Miguel Facundo Chinguel, adquirió acciones de sus empresas, aparentemente en una operación simulada. El hoy encarcelado hombre de leyes es, además, el principal implicado en el caso Narcoindultos, el mayor hallazgo de la Megacomisión presidida por Sergio Tejada.

Este último caso tiene dos aristas. La primera se vincula con la desnaturalización de una gracia presidencial, medida excepcional por la intromisión que supone una decisión del Poder Ejecutivo en el sistema de justicia, para una liberación masiva de involucrados en narcotráfico. Como resume Carlos León Moya:

Las investigaciones desarrolladas por la Megacomisión “dan cuenta de un uso sin precedentes” de las gracias presidenciales durante el período 2006-2011, “al punto de constituir en la práctica un sistema de administración de justicia paralelo al Poder Judicial, al modificar alrededor del 30% de las resoluciones de este”. Asimismo, encuentra “alta incidencia en la excarcelación de personas condenadas por el delito de tráfico ilícito de drogas, tanto en su forma simple como en su forma agravada”.

En total se concedieron 232 indultos, de los cuales 72 fueron por casos de tráfico ilícito de drogas. Se otorgaron también 5.246 conmutaciones de pena, de las cuales 3.207 fueron a condenados por el delito mencionado. De estas, al menos 400 fueron otorgadas a condenados por tráfico ilícito de drogas en forma agravada.

En sus declaraciones a la comisión, García argumentó que las gracias presidenciales se debían a su objetivo de “erradicar el hacinamiento de los establecimientos penales”.

Sin embargo, la evidencia contradice su defensa. Lejos de reducirse, durante su gobierno el número de internos aumentó en 33%: de 35.467 en agosto del 2006 a 48.858 en julio del 2011. Además, eso no explica el especial interés en los condenados por tráfico ilícito de drogas. Los sentenciados por robo agravado componen la mayor parte de la población penitenciaria del país, con casi 30% del total de internos. Pero a estos se les otorgaron 1.626 conmutaciones, prácticamente la mitad de las 3.207 dadas a los condenados por tráfico ilícito de drogas.

A esto se suma que se otorgó 371 conmutaciones a condenados que estaban con semilibertad; es decir, que no ocupaban espacio en las cárceles. De estos, 268 eran condenados también por tráfico ilícito de drogas.

La segunda es aún peor: existen serias evidencias de pagos por los indultos. Como resumió, hace dos años, Oscar Castilla para El Comercio:

En una primera investigación, el fiscal anticorrupción Walther Delgado Tovar ha establecido que dentro de la política de deshacinamiento de penales, implementada por el gobierno aprista, la Comisión de Indulto y Derecho de Gracia a cargo de Miguel Facundo Chinguel entre 2008 y 2010 rebajó las condenas de 14 cabecillas de mafias internacionales del narcotráfico que no reunían los requisitos para obtener ese beneficio, pero que accedieron a ella previo pago de US$240 mil.

“Bajo la llamada política de deshacinamiento de penales se procedió a conceder conmutaciones de pena a internos por delitos de tráfico ilícito de drogas, entre otros, a cambio de un pago aproximado de US$10 mil por año de pena conmutada, monto que podía variar conforme las condiciones económicas del interno, así como del ilícito cometido por el recluso”, dice el documento de investigación preparatoria de 76 páginas al que accedió El Comercio.

Lamentablemente, no son los únicos casos en los que se ha vinculado a miembros del APRA con el narcotráfico. Como bien señala el diario no estatal más antiguo del país, otros tres casos serán materia de una dosis de memorex en estos días.

Para empezar, la donación de 5,000 dólares a la campaña de Alan García en 2006 por parte de Alfredo Sánchez Miranda, miembro de la familia Sánchez Paredes, investigada por presuntos vínculos con el narcotráfico y lavado de activos. Cuando se conoció el hecho, en 2011, García devolvió el dinero en efectivo. En esos mismos días salieron varias pistas sobre los vínculos entre uno de los hijos del exministro Luis Nava Guibert y la familia Sánchez Paredes.

Otro es el caso de Manuel Ángel del Pomar, en la década de 1980. Resume El Comercio:

Un golpe contundente contra el primer gobierno de Alan García fue la detención de uno de los diputados de su partido. El 27 de setiembre del 1988, el aprista Manuel Ángel del Pomar fue capturado por la Interpol al intentar cobrar un cheque por 18 mil marco alemanes de una cuenta del CommerzBank, en Berlín. La cuenta estaba vinculada al narcotraficante Manuel García Montes.

Posteriormente, Del Pomar huyó del país, y tras estar prófugo durante 4 años y cinco meses, se entregó a la justicia peruana el 10 de noviembre de 1993. Es condenado a 4 años de prisión con libertad condicional el 21 de diciembre de ese mismo año.

Y, 34 años atrás en el tiempo, nos podríamos remontar al caso de Carlos Lanberg, el primer gran destape sobre narcotráfico hecho por Gustavo Gorriti para Caretas. El experimentado periodista pudo descubrir la trama de la organización criminal encabezada por el narcotraficante, así como los vínculos con el partido, que incluían a algunos personajes que luego cayeron en desgracia, así como aportes a la campaña presidencial de 1980 y al mantenimiento de Villa Mercedes, la casa donde murió el fundador de la agrupación. Como bien anotó Gorriti en su momento, el escándalo desatado fue uno de los principales factores que permitió el ascenso de Alan García a las altas instancias del APRA en 1982.

Por el momento, las defensas apristas se resumen en dos vertientes. De un lado, militantes como Javier Barreda reconocen que hay “manzanas podridas” en el partido, pero que las mismas no pueden manchar a cientos de partidarios honestos. De otro lado, dirigentes como Jorge del Castillo que más bien juegan a decir “los demás tienen más vínculos que nosotros con el narcotráfico”.

El problema es que, como sugiere hoy Fernando Vivas, estas respuestas son insuficientes. El sociólogo y periodista plantea la necesidad de una poda en el padrón, pero también la instalación de una comisión interna con expertos independientes y militantes probos que pueda, de una vez por todas, hacer una depuración en serio en Alfonso Ugarte y que, además, pueda entregar sus hallazgos a las autoridades pertinentes. De lo contrario, afirma Vivas, la candidatura de García corre serio riesgo de quedar bastante quiñada.

El asunto no es de broma y, lamentablemente, el discurso ha sido, de la calle para afuera, demasiado defensivo en torno a las responsabilidades políticas que le caben al APRA por estos casos. Quizás es tiempo que, por un momento, la mística basada en el martirologio ceda y de paso a una reflexión serena sobre los errores cometidos. Porque si bien es cierto que las responsabilidades penales son individuales, la facilidad como esta gente se metió a militar en el partido (o a aportar en las campañas), así como la ejecución de una política de liberación de sentenciados por narcotráfico mediante la aplicación masiva de indultos requieren brindar una respuesta colectiva al país.

(Foto: Andina)

CONFIEP, EL CASO BALAREZO Y LA COBERTURA PERIODISTICA

Ayer, desde Piura, el presidente de CONFIEP Martín Pérez Monteverde se pronunció sobre el caso más complicado que ha tenido que afrontar su institución: la condena al exsegundo vicepresidente de dicho gremio, Lelio Balarezo, por defraudación tributaria.

Indica El Comercio:

“La imagen en general, sí (se ha visto afectada). Estamos muy mortificados, pero es importante que todos entendamos que uno es el comportamiento de las instituciones y otro es el comportamiento de los individuos”, anotó Pérez a su salida de un evento en Chiclayo. Allí se reunieron empresarios y las autoridades del norte del país.

“Es un hecho individual que afecta a la persona que lo comete, a la persona que, de alguna manera, ha ejecutado el hecho. No confundamos las acciones individuales con las acciones institucionales”, remarcó.

Estoy parcialmente de acuerdo con Pérez. En efecto, las responsabilidades en un caso penal son individuales y no deberían comprometer a las instituciones en las que esta persona se desempeña, a menos que haya utilizado las mismas para delinquir. En este caso, ni CAPECO ni CONFIEP están comprometidas directamente en el hecho delictivo, sino la empresa constructora de Balarezo.

Sin embargo, esperaba que CONFIEP tuviera una reflexión mayor en torno al tema corrupción y responsabilidad tributaria. Durante los últimos años, la institución ha aprobado un código de ética y cada uno de sus gremios integrantes cuenta con un documento de este estilo. Son quienes más reclaman que el Estado haga cumplir la Ley en el caso de los conflictos sociales, pero al momento en que uno de sus líderes principales delinque, las expresiones son bastante escuetas y ni siquiera merece un comunicado público. Y deberían tenerlo, dado que el principio 5 de su Código de Ética indica que sus integrantes se comprometen a:

Impulsar los objetivos empresariales considerando el interés general y teniendo en cuenta los principios de equidad, veracidad y transparencia, rechazando cualquier acto de corrupción.

Y esto es aún más grave cuando el caso es recontra rochoso. Como bien se resume hoy en El Útero de Marita:

En el año 2003, la Sunat detectó varias irregularidades en las facturas que presentó Contratistas Generales S.A. – Bacongesa, la empresa de Balarezo Young. (Sí, al parecer está de moda presentar comprobantes fantasmas. Recordemos al anterior Fiscal de la Nación, Ramos Heredia, y al congresista José Anaya Oropeza, más conocido como ‘Comepollo’).

Entonces, la Sunat realizó las comprobaciones y demostró que la empresa del vicepresidente de la Confiep había realizado compras fantasmas porque dichas adquisiciones nunca se efectuaron. Además, se determinó que las facturas que supuestamente eran emitidas por la empresa Negociaciones Aries SA y Syst’Pomen eran presuntamente falsas y se comprobó que dos de las facturas nunca fueron emitidas por Negociaciones Aries.

En total, 176 facturas fueron adulteradas. Ojo que, aquí nomás, en Chile, la investigación de la SUNAT chilena a dos empresas grandes llevó a dos de los escándalos que están remeciendo la política chilena, dado que las facturas falsificadas encubrían pagos para el financiamiento de campañas de políticos.

Y, para mayor vergüenza, Balarezo sigue prófugo de la justicia.

Quizás parte de la explicación sobre la tibieza de CONFIEP está en la anécdota que cuenta Luis Davelouis en su columna de hoy:

Otro ex presidente de Confiep, convencido de que había que replantear el papel y responsabilidades del empresariado en la agenda de desarrollo y construcción nacional en todos los ámbitos, dijo uno de los discursos más coherentes, equilibrados, autocríticos y justos que le he escuchado a un empresario. Más tarde, luego de que varios conspicuos miembros de su gremio minimizaran sus palabras ante los medios, el también presidente de CADE me explicaba: “No es que no entiendan, es que a algunos no les interesa; no es incapacidad, te importa o no” y se fue, solo como un hongo, caminando a su hotel.

Por otro lado, CAPECO sí procedió bien al aceptar la renuncia de Balarezo. Como indica su propio Código de Ética: “si se trata de un representante de persona jurídica, asociada a CAPECO, deberá renunciar a dicha representación”.

Pero hay otro tipo de tibieza que me sorprende.

Con excepción de La República – el medio que sacó la primicia -, Exitosa y Diario 16, el caso ha sido escasamente cubierto por otros medios de comunicación. Solo ante las declaraciones de Pérez, Canal N y Panamericana han sacado algunas notas informativas sobre el tema. Latina también puso la noticia ayer en su noticiero estelar. Eso sí, cabe destacar que el canal de noticias del Estado, TV Perú 7.3, sacara una nota sobre el caso el viernes que se conoció la noticia en la mayoría de redacciones.

Y donde la cuestión es más clamorosa es en el Grupo El Comercio. En la web del diario decano solo hay dos notas sobre el tema: una reseñando el caso escuetamente el domingo (un día después que reventara el escándalo) y otra con lo señalado por Pérez, antes mencionada en este post. En la edición impresa, solo apareció una nota muy pequeña en página 9. Y lo dicho por el presidente de CONFIEP ayer no ha aparecido en ninguna de las secciones de la edición de hoy del diario. Tampoco hay un comentario editorial o siquiera del editor de Economía.

En Perú.21, la cosa es más grave. Solo una nota en la web reseñando la renuncia de Balarezo a CAPECO. Por ahora, nada más. Y ni una sola palabra en la edición impresa, con excepción de la columna de Davelouis. Tampoco un comentario del director, Juan José Garrido. Este es un buen caso para que el Defensor del Lector, Carlos Basombrío, pueda pronunciarse sobre este tema.

Gestión salva en algo el honor en el GEC. Más que por su nota, por publicar completa la sentencia del caso Balarezo. Eso sí, ¿editorial en el diario que más lee la gente de negocios? Hasta ahora no lo veo.

Y entre los columnistas, también existe el silencio. Con la excepción de Davelouis – y, aunque suene impúdico decirlo, del editor de este blog – el caso no ha merecido comentario alguno, salvo algunos tuits.

Para decirlo claro, en cualquier país del mundo, sería noticia de primera plana que el vicepresidente del gremio de gremios empresariales del país – quien además es presidente de la agrupación de empresas constructoras – sea sentenciado en instancia definitiva por falsificar facturas. Y más aún, que esté prófugo de la justicia. En el caso de un político, su imagen habría aparecido en todas las primeras páginas de cualquier diario.

Pero, ante el primer caso que compromete a un alto directivo de un gremio empresarial, parece que la cobertura periodística no es igual para todos.

ACTUALIZACION (22.04.2015):

Durante las últimas horas han aparecido nuevos artículos sobre el tema y algunos medios han realizado una cobertura mayor sobre el caso Balarezo.

Perú.21 hoy publica una nota que resalta que el empresario hasta ahora no puede ser ubicado. También su director, Juan José Garrido, dedica una columna sobre el tema. Su párrafo más fuerte señala que:

Dicho esto, el caso debería llevar a los gremios locales a repensar su constitución y, también, sus procesos de elección interna. Queda claro que, en este caso, no existió una diligencia debida respecto a la lista presentada, tanto en Capeco como en Confiep. Un empresario deshonesto, sin duda, no representa al empresariado en general, pero basta un ejemplo para dañar a la clase misma. Además, no sería exagerado pensar que existen otros casos así.

Semana Económica, revista especializada en temas empresariales, justamente se ocupa del tema de la reputación empresarial, con opiniones de la abogada Beatriz Boza y del expresidente de CONFIEP, Ricardo Briceño. La nota de la web de la revista remata así:

¿Pero qué pasa cuando es la cabeza la que está comprometida? La sentencia se da cuando Lelio Balarezo ejercía su cuarto periodo al mando de Capeco. Su primer periodo fue en el 2003, cuando ya existía un proceso judicial en su contra. “Los estatutos de Confiep determinan que no pueden ocupar ningún cargo aquellas personas que tengan algún proceso judicial abierto” sentencia Briceño. “Se entiende que la persona que postula lo hace a sabiendas de esto. Por eso lo que ha sucedido con Balarezo ha dañado seriamente la confianza en los empresarios”.

Sin embargo, El Comercio no publica más contenido en sus ediciones impresa y web en torno a este caso.

(Foto: La República)

CONGRESISTAS FUJIMORISTAS EN PROBLEMAS POR VIAJE A MITIN DE KEIKO

La foto que ven arriba corresponde al mitin por el quinto aniversario de Fuerza Popular realizado hace un mes en la ciudad de Puno. La presidenta del partido aparece bailando en primer plano, pero al fondo están algunos de sus congresistas, vestidos con casaca naranja.

Y justamente algunos de ellos están en problemas.

Ayer, el periodista Martín Hidalgo reveló en El Comercio que seis parlamentarios fujimoristas viajaron para participar en la actividad partidaria con pasajes pagados por el Congreso. Los congresistas involucrados son Juan José Diaz Dios, Rolando Reátegui, Freddy Sarmiento, Ángel Neyra, Alejandro Aguinaga y Francisco Ccama. Este último es el único de los representantes que sí es de la región.

El pretexto para la coincidencia en el viaje es el que señala Hidalgo:

Este Diario se comunicó con cuatro de los parlamentarios que viajaron a Puno con pasajes del Congreso sin ser esta su región. La mayoría coincidió en que habían ido a realizar gestiones de fiscalización que, por casualidad, encajaron con la fecha del viaje de Keiko Fujimori.

Resulta por lo menos curioso que los seis congresistas implicados “justo” hayan hecho actividades de fiscalización – en una región que no es la suya, con excepción de Ccama – en días cercanos al mitin del 7 de marzo. Este mismo pretexto volvió a ser enunciado hoy por Diaz Dios, al anunciar que, frente al roche, van a devolver el dinero de los pasajes al Congreso.

Pero subsisten algunos problemas. De un lado, varios parlamentarios fujimoristas sí acudieron al mitin partidario como corresponde, es decir, con la suya. Julio Gagó, Octavio Salazar y Leila Chihuán son algunos de los congresistas que sí tuvieron el mínimo decoro de asistir a una actividad partidaria con su peculio.

Asimismo, varios de los pretextos sobre “actividades de representación previas al mitin” son desmentidas en la nota de Hidalgo. Los casos más clamorosos son los de Reátegui y Neyra. Y, de hecho, el anuncio hecho por Alejandro Aguinaga de devolución del dinero de los pasajes, que es consignado en la nota, sonaba a confesión de parte.

Y tampoco les será fácil salir tanto de la investigación de la Comisión de Ética como por las posibles consecuencias penales de este tema. De hecho, las palabras peculado de uso comienzan a sonar en los pasillos del Poder Legislativo para enunciar el posible tipo penal en el que habrían incurrido los seis congresistas naranjas.

El argumento que, posiblemente, esgriman los parlamentarios fujimoristas, es que no existiría delito “al devolver el dinero empleado para los pasajes”. El problema es que su propio líder histórico les complica la vida. En la sentencia contra Alberto Fujimori en el caso 15 millones (la famosa “CTS” de Montesinos), la Sala Penal Especial rechazó la argumentación de su defensa, que sostenía exactamente lo mismo que acabamos de enunciar. El colegiado señala expresamente que el peculado “se consuma con el solo fraccionamiento o salida de modo temporal o definitivo de los bienes y caudales de la esfera de custodia del Estado”. Es decir, una vez que salió la plata de la administración del Congreso, hay delito consumado. Y no vale la devolución para tratar de eludir la responsabilidad penal.

Y en la página 46 de la sentencia, la Sala es aún más clara:

“Como advierte la doctrina y la jurisprudencia nacional hay consumación de peculado aún cuando la apropiación haya sido momentánea y los bienes o caudales hayan sido devueltos con posterioridad

En un Congreso que se precie de serlo, con estos elementos, estos congresistas ya deberían comenzar a ser procesados, no solo por la Comisión de Ética Parlamentaria, sino también por las instancias pertinentes del Ministerio Público.

Finalmente, el caso puede constituir un duro golpe para Keiko Fujimori. Solo dos de los parlamentarios han estado en periodos legislativos anteriores. Los otros 4 son llevados por ella. Por tanto, o zanjan rápido con este tema, o promete ser una bola de nieve que afecte gravemente su candidatura.

(Foto: Facebook de Keiko Fujimori)