#UNIONCIVILYA

Hoy ha salido publicado en varios diarios de circulación nacional un comunicado que respalda el proyecto de Ley presentado por el congresista Carlos Bruce para reconocer las uniones civiles de personas del mismo sexo.

El comunicado resulta interesante por dos motivos. En primer lugar, porque el tema ha pasado a ser de interés nacional entre las personas que forman opinión en el país. Es decir, a los activistas que durante años han batallado por el reconocimiento de derechos para personas homosexuales se ha adherido un grupo amplio de ciudadanos peruanos que consideran que este es un primer paso en una lucha de mediano plazo y que enfrentará no pocos obstáculos.

En segundo lugar, por la amplitud de la convocatoria de quienes han firmado este comunicado. Encontramos aquí a personas que en otros temas están en las antípodas – por citar dos ejemplos, Mario Huamán y Pablo Secada o Diego García – Sayán y Aldo Mariátegui – suscribiendo un pronunciamiento a favor de derechos de las personas. En el campo político, se encuentran liberales, apristas, izquierdistas, libertarios y tres congresistas del partido de gobierno (Víctor Isla, Sergio Tejada y Santiago Gastañadui).

Esta amplitud, sin embargo, se contrasta con las cifras de la encuesta nacional de GFK sobre este tema, que brinda un respaldo de 26% a la propuesta del congresista Bruce. El apoyo es mayor en el sector AB, en Lima y entre los jóvenes, mientras que el rechazo es mayor en quienes tienen más de 40 años, viven en el sur y oriente del país y están en los sectores más populares. Las cifras son parecidas a las que, hace un año, mostraba una encuesta de Ipsos Perú para Lima.

Para algunos, el resultado se encuentra en el conservadurismo de buena parte de la sociedad peruana. Y allí podemos encontrar respuestas que van desde “la herencia colonial” (Cotler dixit) hasta el poder de instituciones tutelares – lease, la Iglesia Católica y algunos sectores de las iglesias evangélicas, así como las Fuerzas Armadas -, pasando, claro está, por las dificultades existentes para posicionar temas vinculados a derechos humanos en la agenda pública.

Como ha sugerido Eduardo Dargent en dos columnas recientes – publicadas en Velaverde y en Semana Económica – resulta necesario ser consciente que se está peleando esta batalla con el marcador en contra. Pero también se requiere tener en cuenta que la sociedad peruana no es todo lo pacata que los fans del Opus Dei o de los sectores más recalcitrantes de las iglesias evangélicas suponen que es. Más bien – y en ello coincido con Eduardo -, es la falta de discusión abierta sobre este tema la que acrecenta el rechazo.

Un primer paso, en esa línea, es el comunicado aparecido hoy. Pero serán necesarios otros, sobre todo, dirigidos hacia quienes están en contra de la propuesta pero no se encuentran cerca de fanatismos religiosos. Una combinación de incidencia política junto a mayores apariciones de los firmantes del comunicado a favor del tema puede seguir reduciendo resistencias sobre todo en el sector AB. Y, por supuesto, se requiere de un trabajo de base que permita continuar reduciendo prejuicios en todo el país. En esa labor combinada debemos perseverar quienes nos mostramos a favor de la protección y reconocimiento de todos los peruanos.

EL CASO MIRANDA: ULTIMAS VERSIONES

Luego de un breve comunicado difundido ayer, monseñor Salvador Piñeiro, arzobispo de Ayacucho, presentó su versión sobre el caso Gabino Miranda en La República. La misma se puede resumir en los siguientes puntos:

a) Piñeiro recién fue informado por el Nuncio Apostólico (James Patrick Green) el 5 de junio sobre la sanción al exobispo.

b) El caso fue manejado directamente por el Vaticano. De hecho, como se señaló el domingo en Panorama, la sanción fue impuesta por el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Gerhard Muller.

c) Se aduce que el motivo de la sanción se mantiene bajo “secreto pontificio”, pero sí reconoció que los mismos tenían que ver con “vulneraciones al sexto mandamiento”.

d) Piñeiro se reunió con Miranda en Lima luego de la sanción. El exprelado en desgracia indicó que “había pecado pero no cometido delito”.

e) El Arzobispado de Ayacucho está dispuesto a colaborar con el Ministerio Público, pero los documentos los tiene la Nunciatura Apostólica en Lima.

Sobre los puntos a) y b) de la versión de Piñeiro, Jacqueline Fowks tiene una versión de fuente eclesial sobre el manejo del caso:

¿Es posible que el primado de la Iglesia católica peruana haya permanecido al margen de los resultados de una investigación del Vaticano? Fuentes eclesiásticas consultadas por EL PAÍS refieren que, desde junio o julio, el caso se comentaba en los pasillos aunque sin la mención a la pedofilia. La fuente indicó que los asuntos de la nunciatura suelen ser extremamente confidenciales y este caso lo fue. Sin embargo, Salvador Piñeiro, actual presidente de la Conferencia Episcopal Peruana y obispo de Ayacucho -jurisdicción a la que pertenecía el religioso destituido-, fue informado de la denuncia por la Nunciatura cuando el proceso estaba casi concluido. Llama la atención que el obispo local no haya sido tenido en cuenta, pese al secreto pontificio que guía estos procedimientos. Un religioso consultado indica que las nunciaturas asumen más poder en iglesias locales débiles como la peruana.

El problema viene con el secretismo con el que se ha manejado el caso. Si existían evidencias de una falta tan grave que ya ha ocasionado una investigación de oficio del Ministerio Público, ¿por qué hasta ahora la Nunciatura Apostólica no ha dicho una palabra al respecto? Como informa hoy El Comercio, el fiscal del caso ya ha pedido vía Cancillería que se le entreguen los documentos del caso.

De hecho, hoy el periodista Juan de la Puente recordó en su Facebook lo siguiente:

La iglesia está en un nuevo momento. El año 2010 Benedicto XVI reformó el documento De Delicta Graviora endureciendo la lucha contra la pederastia en la iglesia, ampliando el plazo para la denuncia, introduciendo el delito de adquisición y difusión de pornografía infantil y estableciendo que los casos graves sean presentados directamente al Papa. En mayo de 2011, una circular válida para efectos del derecho canónico, el cardenal estadounidense William Levada, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ordenó a los obispos denunciar y llevar ante la justicia civil a los miembros del clero sospechosos de pedofilia, recordando que el abuso sexual de menores no es sólo un delito canónico sino también un crimen perseguido por la autoridad civil. La iglesia tiene claro que sus esfuerzos se orientan a evitar que estos delitos queden en el secreto e impulsan a las conferencias episcopales a desarrollar programas de prevención y escuchar y reparar a las víctimas. La actuación del obispo Piñeiro esa decepcionante, está en otra clave.

Tal vez una posible explicación se encuentre en la cercanía que el actual Nuncio Apostólico tiene con el cardenal Cipriani. En un reportaje que presentó ayer Daniel Yovera en Buenas Noches con AAR, el periodista señaló que monseñor Green es bastante cercano a Cipriani, de la misma forma como lo fue Rino Passigato, quien estuvo 9 años en el cargo de Nuncio. Recordemos que Gabino Miranda era asociado a la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, ligada al Opus Dei, prelatura a la que pertenece Cipriani.

Pero un segundo problema está en la poca empatía que han tenido con la(s) victíma(s) todos los prelados que se han pronunciado sobre el tema, con la excepción de Luis Bambarén. Ni Cipriani ni Piñeiro han dado palabras de consuelo para quienes han sufrido este tipo de actos, más allá de enunciar el tema de la tolerancia cero. Y la empatía es clave en casos como estos, sobre todo, en una institución que se caracteriza por el amor al prójimo, al menos en sus textos.

Para terminar de reventar el asunto, hoy Hildebrandt en sus Trece señala que otro sacerdote de la arquidiócesis de Ayacucho, Fermín Zenón Lozano Noa, es acusado de violación de una menor de 13 años y se encuentra prófugo de la justicia desde 2008. El hecho ha quedado impune.

Insistimos, es hora de romper con el secretismo. De no hacerlo, la imagen de la Iglesia Católica en el Perú se verá afectada por estos silencios que suenan a complicidad o a disminución de responsabilidad. Separar la paja del trigo resulta necesario. Y hacerlo en público es lo correcto.

(Caricatura: Carlín)

SISMOS: MAS VALE PREVENIR

Ayer se registró un sismo bastante fuerte en Caravelí, Arequipa. Aunque no se han registrado fallecidos, varias familias han quedado sin vivienda y algunos colegios han sido afectados.

Lo ocurrido ayer vuelve a poner en la agenda un tema que deberíamos tener siempre presente: el Perú es un país con alta frecuencia de temblores y terremotos, por lo que resulta necesario estar preparados para una eventualidad de este tipo.

Ello implica tener en cuenta varias cuestiones: no tomar los simulacros de sismo a la broma – de hecho, hay uno el jueves 10 en horas de la noche -, identificar bien las salidas de cada lugar en el que nos encontremos, no usar los teléfonos para llamadas (para eso existen los mensajes de texto y los chats) a fin de no congestionar las líneas y, para los publicistas digitales, no utilizar una situación que siempre genera pánico y preocupación para poder exhibir a su marca, con el consiguiente papelón.

Pero también resulta indispensable que pidamos a nuestras autoridades contar con políticas de prevención y reconstrucción confiables. Es cierto que en la elección municipal limeña del 2010 varios de los candidatos si tenían estos puntos en su agenda, pero no ocurrió lo mismo con los postulantes a la Presidencia de la República en 2011, incluyendo al actual mandatario. Hasta ahora seguimos discutiendo y procesando las irregularidades que hubo en Forsur (y lamentando que Pisco no se haya terminado de reconstruir).

Va siendo hora que nos tomemos más en serio un problema con el que tendremos que convivir toda nuestra vida.

ALAN: ENTRE EL FRONTON Y LA MEGACOMISION

En los últimos días, Alan García ha estado más vinculado a las páginas judiciales que a las políticas. Dos fallos que han generado controversia han vuelto a poner sobre la mesa una discusión añeja: ¿García está saliendo libre gracias a la lenidad de nuestras instituciones o no se le han podido demostrar delitos? Antes de entrar a esa discusión, veamos los dos casos que lo han vuelto a poner en portada.

Hace un par de semanas, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia bastante controvertida sobre el caso El Frontón, pues señalaba que las presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas luego del develamiento del motin que se produjo en el penal que existía en la isla chalaca en 1986 no constituían crímenes de lesa humanidad.

Asimismo, el Tribunal añadía un plazo de prescripción bastante raro: el caso se liquidará una vez que se terminen de juzgar a los autores materiales del hecho, sin que haya opción a investigar a los autores intelectuales, en caso haya nueva evidencia en su contra. Esta última cuestión es la que preocupa más a García, quien está como testigo en este caso.

En un editorial emitido hace algunos días, El Comercio sintetizó las dos principales críticas a la sentencia: este caso no puede prescribir, debido a su gravedad, y el TC no era la instancia para revisar la calificación de los crímenes como delitos de lesa humanidad, debido a que una demanda de hábeas corpus no servía para ello.  Hasta allí, todo indicaba que, en la siguiente audiencia de revisión de sentencias sobre el caso El Frontón ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, volveríamos a ser el hazmereir de América Latina en esta materia.

Pero un documento apareció la semana pasada. Se trata de un informe del Procurador Supranacional Luis Huerta Guerrero, en el que señalaba un serio error material en la sentencia del TC: el magistrado Juan Vergara Gotelli emitió dos votos contradictorios sobre el caso. De un lado, suscribió el fallo en mayoría que determina la inexistencia de crímenes de lesa humanidad. De otro lado, el mismo magistrado emitió un voto singular en el que señala que el Tribunal Constitucional no es competente para pronunciarse sobre dicha materia, dado que corresponde al juez penal que ve el caso.

La conclusión de Huerta, en síntesis, es que no se logró la mayoría en el TC para que se declare que los hechos ocurridos en El Frontón no fueron crímenes de lesa humanidad. Por tanto, el Tribunal debía corregir su sentencia cuanto antes. Hasta ahora, el Tribunal no dice esta boca es mía, pero este informe será un argumento en el que – por primera vez en tiempo – tanto el abogado del Estado como los miembros de las organizaciones de defensa de derechos humanos ligadas a este caso van a coincidir en San José. Si el TC no hace esta corrección, es probable que ocurra lo mismo que con la sentencia de la sala Villa Stein en el caso Barrios Altos.

Por una u otra vía, lo cierto es que el fallo del Tribunal Constitucional se va a terminar revirtiendo y, con ello, la posibilidad que los autores intelectuales de las presuntas ejecuciones extrajudiciales pueda ser procesada con la prueba que se obtenga en el juicio oral de El Frontón aumenta.

El otro episodio se produjo el viernes: el Quinto Juzgado Constitucional emitió una sentencia sobre el amparo presentado por García contra la Megacomisión del Congreso que lo investiga. El fallo tuvo un resultado mixto: AGP no logró demostrar que la comisión no era imparcial y no se le excluyó de sus investigaciones, pero el grupo de trabajo del Congreso presidido por Sergio Tejada tendrá que volver a citar a Alan García y sus declaraciones iniciales dadas hace algunos meses no podrán ser tomadas en cuenta. En términos generales, la sentencia es correcta y lo mejor que podría hacer la Megacomisión es citar de una vez a AGP para evitar dilatar más la investigación.

Aquí se mezclan dos temas. De un lado, el eterno pleito entre el Congreso y el Poder Judicial por el control de las funciones del parlamento, discusión que se había avivado cuando el mismo juez que acaba de dictar la sentencia sobre el caso García se pronunció a favor de anular la sanción a Javier Diez Canseco, resolución que el Congreso nunca acató.

De otro lado, la política. Desde el APRA está claro que quieren bajarle la llanta a un grupo de trabajo que ha producido algunos resultados – sobre todo, en el caso narcoindultos -, con miras a evitar que algo empañe la candidatura de Alan hacia el 2016. De otro lado, los detractores de García quieren verlo, a toda costa, ante el banquillo de los acusados, por lo que cualquier signo que suene a impunidad o exculpación va a ser cuestionado.

Mi respuesta a ambos bandos es: esperen un poco. Hasta ahora las investigaciones hechas por la Megacomisión tienen evidencia que compromete a varios de los ministros y funcionarios del gobierno aprista, que – como señaló Gustavo Gorriti el jueves – tiene harta carne por investigar. Y sobre AGP, hasta ahora, todo puede apuntar, sobre todo, en el caso de los narcoindultos, a una inhabilitación. Pero lo mejor aquí es no ser impacientes, sin perder una mirada a lo que ocurra en el PJ y en el TC. García tiene derecho a un debido proceso, como cualquier persona en este país, pero sus abogados y partidarios (incluyendo a algunos medios que le sirven de coristas) deberán entender que, lo mejor para él, es que aclare los temas pendientes de los dos mandatos en que dirigió al país.

ROQUE BENAVIDES, CEO PERU S.A.

La semana pasada, en una entrevista brindada al diario El Comercio, Roque Benavides indicó que estaba “muy cerca de tomar una decisión” respecto de ingresar a la política. El anuncio mereció la sorpresa de algunos, el recuerdo memorioso de otros (Luis Davelouis ha traído a la memoria el sondeo para la posible postulación de Roque en 2001) y, claro está, una mezcla entre mofa y rabia entre los detractores del empresario.

Benavides se suma, como representante empresarial, a PPK y César Acuña. Y también se emparenta con las frustradas candidaturas de Mercedes Araoz, Nano Guerra García y Daniel Córdova, cuyo perfil compartido era el de un “presidente  – gerente” que traslade su éxito empresarial, gerencial o técnico a la política. Y si bien aún no tiene partido que lo respalde, con la cantidad de “partidos – etiqueta” que hay en el país, lo cierto es que es probable que pueda conseguir un grupo que lo postule (y financiamiento para ello).

Esta cuestión denota un tema que merece análisis. ¿Por qué los empresarios buscan representación política propia a través de ellos mismos o de sus gestores de intereses y no de un partido? Uno podría suponer que el PPC, el fujimorismo o, incluso, el APRA, están mucho más cercanos a los intereses de las grandes empresas. Sin embargo, a) pareciera un sector empresarial siente que ninguno de los tres grupos antes mencionados lo representa lo suficiente; b) las iniciativas fujimoristas en contra de la inversión privada ya son rochosas; c) si bien confían más en el APRA más que en Keiko, tampoco es que Alan les inspire total confianza y d) si existe un cierto sentido común en un bloque empresarial-gerencial vinculado a la idea que “al Perú solo lo terminará de llevar al desarrollo un CEO” (olvidando, claro está, todas las variables institucionales y de liderazgo político que el cargo más alto del país requiere).

La pregunta de fondo aquí es: ¿tiene opciones? Y aunque en el Perú sea difícil predecir que puede pasar en una elección que será en tres años, lo cierto es que Benavides tiene algunas limitaciones claras. Aquí las tres principales.

1. A QUIEN LE PONGAN LA ETIQUETA DE “CANDIDATO DE LOS RICOS” DIFICILMENTE GANA EN EL PERU: Pasó en 1990 con Mario Vargas Llosa, en 2001 y 2006 con Lourdes Flores Nano y en 2011 con PPK. Si bien la clase media ha crecido en el Perú – aunque no tanto como algunos señalan, ver este post de Alfredo Torres – lo cierto es que un representante de la derecha dura en el país (o alguien a quien lo asocien a ello) difícilmente podrá ganar una elección en un país donde la mayoría se dice centrista.

2. ROQUE SOLO HABLA PARA LOS CONVENCIDOS: El gran defecto de la candidatura de PPK – y de sus entusiastas fans – fue creer que el Perú se agotaba en Lima y, peor aún, en los convencidos en cierta forma de aplicar la economía de mercado. Incluso muchos limeños que sí creen en las libertades económicas no votaron por PPK porque su perfil excesivamente técnico no convencía a quienes tienen intereses más claros en temas institucionales o vinculados a derechos fundamentales (que ocupaban un lugar menor en la agenda del candidato). Ese defecto es aún más acentuado en Benavides, líder de una compañía minera y cercano más bien al sector más conservador de nuestro empresariado.

3. YANACOCHA: Si hay una empresa minera en el país que despierta demasiadas pasiones es Yanacocha. La forma cómo la compañía se ha vinculado con Cajamarca es vista por muchos como el principal problema de fondo en los conflictos mineros en esta región. El estilo de Benavides para referirse a temas como conflictividad social, consulta previa y conexos hace que, fuera de Lima, sus pocas opciones se desvanezcan y, peor aún, enfaticen ciertos estereotipos sobre el empresariado peruano.

Así las cosas, si un “outsider de derecha” quiere tener cierto éxito en 2016, parece que una figura del corte de Roque Benavides no sería la más adecuada. Pero, además, el problema es que, con poca institucionalidad construida, una postulación que no tenga dicho tema como eje (o un partido como base sólida, más allá de la elección) no sería precisamente la más adecuada para el país. El sueño del “presidente – CEO” parece ser cada vez más una quimera en el Perú.

MAS SOBRE EL TEMA:

Pedro Tenorio: Y Roque, ¿va o no va?

EL CASO MIRANDA: INJUSTIFICABLES SILENCIOS

Hoy el cardenal Juan Luis Cipriani emitió su primera declaración pública desde que se conoció el caso del exobispo Gabino Miranda, acusado de abusos sexuales. Cipriani, quien se encuentra en Roma y se reunirá con el Papa el lunes, señaló, en un inicio, que no conocía mucho sobre el caso, pero luego se despachó con estas palabras (vía Perú.21):

No hagamos leña del árbol caído. No exageremos cuando queremos maltratar a nadie. (…) No me parece de buen gusto que un obispo retirado haya hecho una denuncia un poco exagerada o dura. El Papa nos habla de misericordia. Tolerancia cero sí, pero misericordia, justicia y derecho a la defensa”

Varios comentarios. Para empezar, suena poco creible que un prelado que opina sobre toda materia debatible en el país, diga que no sabía muchos detalles del caso. De hecho, en Roma hay Internet y el Arzobispado de Lima tiene una web bastante activa, al igual que sus cuentas en redes sociales.

Peor aún resultan las frases de Cipriani arriba resaltadas. El abuso sexual es uno de los peores crímenes que existe en el Código Penal y es reprobado por la ciudadanía. Más aún, cuando el mismo se comete en una relación de confianza como la que, generalmente, existe entre un sacerdote y uno de sus fieles. Hablar de “no hacer leña del árbol caído” es una frase infeliz que ha sido sumamente criticada.

Más aún, Cipriani comete otro error al criticar a monseñor Luis Bambarén por confirmar el caso que fuera dado a conocer el jueves por Diego García – Sayán en su columna en La República. Hablar de una “denuncia exagerada o dura” es francamente penoso y, además, incongruente con los gestos que el Vaticano ha dado, en los últimos años, frente a casos de pedofilia o abusos sexuales, luego de décadas de inaceptable encubrimiento.

El año pasado, cuando Cipriani castigó injustamente al padre Gastón Garatea, Rosa María Palacios escribió una columna que se iniciaba con la siguiente parábola:

Había una vez un hombre muy piadoso que vivía junto a un río. Un día comenzó a llover mucho. Por televisión y radio le avisaron que debía dejar su casa ante el peligro de una inundación. El hombre pensó “no es necesario, tengo fe y Dios no permitirá que nada me ocurra”. Horas después un policía le tocaba la puerta y le ofrecía evacuarlo en su patrullero. El hombre se negó y alegó que Dios vería por él. Al final de la jornada, desde la última ambulancia que abandonaba el pueblo ya desierto, lo instaban a escapar, pero el hombre insistió “váyanse ustedes, Dios verá por mí, gente de poca fe”. Finalmente, el río inundó la casa, el hombre se refugió en el techo y un helicóptero vino a rescatarlo. Firme en sus principios, se negó a la ayuda agitando los brazos desde el tejado. Como era previsible, la inundación se llevó a la casa y el hombre se ahogó. Muy molesto llegó al cielo y le dijo a Dios: “Yo tuve fe, confié en ti, ¿por qué me abandonaste?” Y Dios, que tiene infinita paciencia, le dijo: “Te mandé un aviso por televisión y por radio, un patrullero, una ambulancia y un helicóptero ¿qué fue lo que no entendiste?”

Hoy parece que, finalmente, Cipriani ha perdido el helicóptero. Y no sorprendería mucho que su relevo, voceado en varios círculos eclesiales, se produzca más temprano que tarde, para bien de una Iglesia que ha perdido buena parte de su imagen gracias al controvertido cardenal.

Pero peor aún es el silencio oficial que la Iglesia Católica tuvo sobre el caso durante un mes y que se refleja en el hecho que, recién ayer, el Ministerio Público inició una investigación fiscal sobre el caso. Como indica La República:

“A partir de las publicaciones periodísticas sobre el ex obispo Gabino Miranda, se ha dispuesto iniciar la investigación en agravio de un menor de 14 años”, señaló a este diario el fiscal Chávez.

“Como primera medida, hemos solicitado información al Arzobispado de Ayacucho para ubicar a la supuesta víctima o víctimas de los hechos reportados por la prensa”, indicó el fiscal encargado del caso.

Al Ministerio Público le llama la atención que habiendo conocido el caso desde la quincena de agosto por lo menos, hasta el día de ayer no denunciara el caso.

“No hay una versión oficial, tampoco comunicado al respecto. Como se trata de un ex obispo, la Conferencia Episcopal del Perú y la Arquidiócesis de Ayacucho debieron haber conocido los motivos, pero no hay ninguna información ni denuncia en la oficina del vicario judicial”, expresó el fiscal.

Así las cosas, la Conferencia Episcopal Peruana deberá explicar porque omitió hacer público un caso del que se tenían noticias hace un mes y, menos aún, informar a la autoridad pertinente para que se haga la denuncia del caso y el involucrado en un caso sumamente grave no tenga opción alguna para eludir la acción de la justicia. Peor aún, cuando el presidente de la CEP es, a su vez, la cabeza de la arquidiócesis donde ocurrieron los hechos.

La Iglesia Católica aparece en las encuestas como la institución en la que más confían los peruanos. Más allá de lo que dice esta cifra sobre el real cumplimiento de la cláusula constitucional sobre el Estado laico en el país,  lo cierto es que su imagen se verá afectada por estos silencios que suenan a complicidad o a disminución de responsabilidad. Ya lo hicieron en el caso Doig, que admitieron luego que saliera a la luz gracias a una denuncia de Diario 16 hace un par de años. Solo así se podrá diferenciar a los pedófilos y encubridores de aquellos sacerdotes y laicos que viven en congruencia con su fe.

Solo la verdad nos hará libres.

TERREMOTO ECLESIAL

En su columna de hoy en La República, el exministro Diego García – Sayán soltó una bomba que, desde hace al menos un mes, se comentaba en círculos eclesiales. Aquí las partes pertinentes:

Tres asuntos particularmente notorios, ocurridos en las últimas semanas, han puesto crudamente en la vitrina el siempre polarizante papel del purpurado local. Primero, el nuevo tratamiento del Vaticano a Gustavo Gutiérrez y a la teología de la liberación. Segundo, un abordaje distinto al tema de la homosexualidad. Tercero, la reciente destitución que habría producido el Papa a un obispo auxiliar en una localidad andina del Perú por acusaciones de pedofilia. Todo parecería marchar, pues, con un viento muy distinto al que usualmente agrada al purpurado limeño.

(…)

Finalmente, la pedofilia cometida por agentes de la iglesia. Tema gravísimo. En estas mismas páginas propuse, hace más de tres años (LR, 21/05/10), una acción de la iglesia peruana dado el silencio sepulcral al respecto de nuestro siempre locuaz purpurado. Propuse que la iglesia peruana instalara un espacio de “verdad y justicia” para recoger quejas y denuncias sobre el tema. Nada se hizo.

Impune hasta hoy en el Perú, en las últimas semanas algo parece haberse movido desde el Vaticano. No hay información oficial disponible pese a que es un asunto de interés público. Es indispensable que se confirme –o desmienta– lo que es un secreto a voces: la destitución en agosto de un obispo auxiliar, perteneciente al Opus Dei. Su nombre y foto, sintomáticamente, ya desapareció de la página web del respectivo Arzobispado andino. De ser cierto correspondería, no solo total transparencia en la información sino una acción inmediata del Ministerio Público. Temas pendientes, pues.

Esta versión, como señalábamos, era comentada desde hace algunas semanas en algunos círculos cercanos a la iglesia católica. Según indica La República, ha trascendido el nombre del presunto implicado:

El tema fue tocado semanas antes por el columnista español Francisco José Fernández de la Cigoña, dedicado a temas de religión y teología, quien advirtió el caso de Gabino Miranda Melgarejo, de 53 años, quien hasta hace poco fue obispo auxiliar de Ayacucho.

Fernández de la Cigoña indicó que el mencionado es acusado de tener relaciones con menores de edad.

En efecto, Miranda ha sido cesado recientemente como obispo auxiliar de Ayacucho. Como indicó vía Twitter Marco Sifuentes, el Ministerio de Justicia aprobó a fines de agosto el retiro de la subvención que el Estado – en virtud del Concordato – le pagaba al exobispo, con efecto retroactivo al 1 de agosto de 2013.

Asimismo, según hemos verificado en las páginas web del Arzobispado de Ayacucho y de la Conferencia Episcopal, Miranda no aparece en las listas de ambas instituciones. Incluso, en el caso de la CEP, ni siquiera está en la lista de los obispos eméritos (jubilados). La cabeza de ambas es la misma persona: monseñor Salvador Piñeiro.

Hasta esta hora, la Conferencia Episcopal no ha dicho palabra alguna sobre el tema. Menos aún algún representante eclesial. Resulta importante el pronunciamiento oficial y, por supuesto, en caso de confirmarse esta versión, la actuación de la justicia con la máxima severidad.

La pedofilia y los abusos sexuales engloban el problema que más ha afectado a la Iglesia Católica durante las últimas décadas. En el Perú, se conoció el caso de los abusos cometidos por Germán Doig – miembro del Sodalicio – cuando estaban avanzando con su expediente de beatificación.  Esta vez el caso no apunta a un laico sino a un alto prelado. Y el silencio, conforme pasan las horas, es perjudicial para una institución que, en el Perú, aún tiene la confianza de muchos ciudadanos, a pesar que el Estado, en teoría, es laico.

ACTUALIZACION (11:00 P.M.)

Hoy, en el programa de Augusto Álvarez Rodrich, monseñor Luis Bambarén confirmó que Gabino Miranda, obispo auxiliar de Ayacucho, fue destituido de su cargo por pedofilia. La frase exacta de Bambarén fue “Miranda no solo ha sido destituido, sino también reducido al estado laical. Ya no es sacerdote”.  Este es el rostro del exprelado bajo controversia (foto vía Terra):

Miranda ocupaba el puesto desde 2004. Es miembro de la prelatura del Opus Dei. Fue, paradójicamente, presidente de la comisión episcopal de juventud de la CEP.

La Conferencia Episcopal Peruana no ha hecho ningún pronunciamiento oficial durante el día, pero la versión de Bambarén, miembro de la misma como obispo emérito, es contundente. Tampoco el Ministerio Público se ha manifestado ante un caso que, además del escándalo eclesial, merece una investigación penal.

EL CASO TOLEDO: TEMAS PENDIENTES

Alejandro Toledo concedió una entrevista al diario El Comercio en la que intenta explicar los cabos sueltos que dejó la revelación del informe de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre el dinero proporcionado, presuntamente, por Josef Maiman a la suegra del expresidente.

En la entrevista, el líder de Perú Posible pretende dar una versíón consistente sobre el tema: la plata de Ecoteva en realidad es de Maiman y se pagaron las hipotecas de las casas de Camacho y Punta Sal como un favor personal. Esta declaración coincide por la dada por el abogado Luis Lamas Puccio, patrocinante de Eva Fernenburg, quien indica que los fondos pertenecen al empresario peruano – israelí y que todo el dinero ha pasado por bancos internacionales, sin causar alarma alguna.

Sin embargo Toledo no mencionó nada sobre la cancelación de una deuda que tenía Eliane Karp con una tarjeta de crédito cancelada con los fondos de Ecoteva. Tampoco hace descargos por lo señalado por el corredor Paul Allemant a Rosa María Palacios sobre el hecho que la casa de Casuarinas, en realidad, era para el matrimonio (lo que según ambos consta en varios mails sobre el tema). Y menos aún explica la gran duda de este caso: por qué realizar una operación tan complicada para la adquisición de bienes y la liquidación de deudas personales del expresidente.

En términos penales, hace algunos meses, el abogado Yván Montoya explicó por donde deberían ir las investigaciones del Ministerio Público:

Montoya precisó que, en el primer caso (enriquecimiento ilícito), “no bastará con encontrar la conexión entre el patrimonio incrementado de la señora Fernenburg con el del expresidente, pues deberá establecerse que tal incremento se produjo durante el ejercicio del cargo”. Sobre el caso de lavado de activos, en opinión del abogado penalista, además del posible desbalance patrimonial de la suegra del líder de Perú Posible, se debe “demostrar que dicho aumento obedece, incluso indiciariamente, a una fuente ilícita y si este hecho podía ser conocido por los investigados”.

Dado que ahora se sostiene que la plata es de Maiman, las investigaciones deberán llegar al empresario peruano – israelí. Aquí será clave el levantamiento del secreto bancario de los involucrados, es decir, Toledo, Karp, Maiman, Fernenburg y Avi Dan On, así como las personas que circundan el entorno de estos personajes. Solo así se podrá desentrañar si es que lo que hubo es un delito o una transacción financiera tan complicada hecha para evitar que la gente de Perú Posible conozca las operaciones inmobiliarias de su presidente fundador y/o para eludir obligaciones sucesorias (léase, Zaraí).

En ambas hipótesis, por cierto, la situación política de Toledo es bastante complicada. Sus niveles de credibilidad y aprobación son bastante cercanos a los peores momentos de su presidencia. Mucha gente – incluyendo excolaboradores suyos – piden que se retire de la política. Como indicó hace un par de semanas Gustavo Gorriti:

Toledo terminó (o se llevó a sí mismo a estar) parado en la cornisa, mirando el abismo bajo sus pies. Ahí se despertaban sus instintos de supervivencia adaptativa y lograba salir, siempre un poco más quiñado que antes, del trance.

El líder de Perú Posible se acostumbró a que la buena suerte lo acompañara. Y a que muchos vieran con cierta complacencia su problema con la verdad, en nombre del liderazgo que tuvo durante la última parte de la lucha de la – esperemos – última autocracia que vivió el país. Pero ni él ni su entorno parecen haber comprendido que incluso aquellos que miraron con expectativa su presidencia e incluso quienes lo veían como mal menor frente a Alan y a Keiko lo han dejado de lado. Un baño de realidad, antes que una portatil armada, le caería mejor al expresidente, en el ocaso final de su carrera.

EMPRESAS Y PRESIDENTES: EL CASO ABENGOA

En los últimos años, varios expresidentes en todo el mundo han pasado a ser representantes mediáticos o miembros del directorio de diversas empresas.  Dos ejemplos sirven para ilustrar esta compleja relación.

José María Aznar, expresidente del gobierno español, es actualmente miembro del consejo de administración de News Corporation, el imperio mediático de Rupert Murdoch. Mientras que Lula da Silva, según varios medios de comunicación, ha dictado conferencias pagadas por constructoras brasileñas como Odebrecht, OAS o Camargo Correa (las tres operan en el Perú). En este último caso, el periodista peruano Oscar Miranda, contó una sabrosa historia para la revista Ideele:

A mediados de junio (de 2011, nota de DTP), pocos días antes de su encuentro con Humala, Lula viajó a Venezuela invitado por la corporación Odebrecht para dictar un ciclo de conferencias. Los mismísimos Emilio y Marcelo Odebrecht llegaron a Caracas en los días previos para organizar todo y oficiar de acompañantes. Se arregló una reunión con Hugo Chávez. Por entonces, el Gobierno venezolano adeudaba cerca de US$1.000 millones a la constructora y ésta ya no sabía qué hacer para conminarlo a pagar. La prensa, citando fuentes diplomáticas, informó que Lula llegaba a cobrar la deuda de los Odebrecht. Un día antes de que el ex presidente aterrizara en Caracas en un jet privado de la multinacional, Chávez pagó. Los voceros de la compañía aseguraron que la visita y la cancelación de la deuda no tenían nada que ver y que se trataba de una agradable coincidencia. “Lula, un lobista que vale 1 billón”, fue uno de los titulares que dejó el episodio.

Cualquier persona podría decir “pero si Aznar y Lula están retirados de la política activa”. En el caso de Aznar parece cierto, pero en el de Lula solo en forma parcial. Pero si es cierto que ambos exgobernantes tienen una lista de contactos importantes, que pueden facilitar la llegada a altos funcionarios estatales. Y cabría preguntarse si, en países como los nuestros, eso no supone una forma de ejercicio de uno de los vicios empresariales más fuertes: el mercantilismo.

Alan García ha pasado a este club desde que dejó la presidencia. Como consigna hoy Diario 16, AGP ha brindado conferencias pagadas por diversas empresas o gremios de empresarios durante los últimos años. De estas conferencias, al diario dirigido por Fernando Valencia le llamó la atención esta conferencia:

El 24 de setiembre de 2011, según información proporcionada por el propio expresidente, la empresa española Endesa contrató a García para que brinde la charla, en la madre patria, titulada “Situación en Latinoamérica relacionada con la experiencia del conferenciante”.

Por esa exposición, el expresidente peruano recibió el pago de 60 mil dólares.

El grupo eléctrico Endesa, a través de su filial peruana EEPSA, se adjudicó, en 2010, un concurso para ampliar una central térmica en el norte del país con una inversión de 78 millones de euros (102 millones de dólares al tipo de cambio en esa fecha).

El proyecto contempla que Endesa amplíe la capacidad de la central Malacasn, en la localidad peruana de Piura, en 200 MW (megawatts) de potencia.

Ayer la empresa de capitales españoles Abengoa anunció que AGP formará parte, por dos años, de su consejo asesor internacional. Ante esta situación, comenzó la pregunta en redes sociales sobre los contratos que obtuvo la empresa española con el Estado peruano durante el segundo gobierno de García Pérez.

Luego de una búsqueda, DTP puede afirmar la existencia de varias obras ganadas por Abengoa, sea en solitario o como parte de un consorcio, durante el segundo gobierno aprista.

El primer contrato fue registrado ayer por La República, al informar sobre la contratación de García:

Precisamente, este compañía, en el 2008, bajo el mandato de Alan García, ganó la concesión para la construcción y operación por 30 años de la línea de transmisión eléctrica Carhuamayo – Paragsha – Conococha – Huallanca – Cajamarca – Cerro Corona – Carhuaquero, con una inversión de 106 millones 140,662 dólares.

Un dato que menciona la nota de Andina sobre esta subasta: García Pérez estuvo presente en la apertura de sobres con las propuestas técnica y económica.

El segundo contrato ha sido mencionado por el periodista Ángel Páez, jefe de la unidad de investigación de LR. Aquí la captura de pantalla que ha hecho al portal de contrataciones del Estado:

Una tercera obra aparece en la propia web de Abengoa, con fecha 22 de julio de 2010:

El Estado Peruano (representado por el Ministerio de Energía y Minas) y Abengoa Transmisión Sur (ATS), empresa Concesionaria constituida por Abengoa Perú, firmaron el contrato para el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento durante 30 años, de la línea de transmisión eléctrica en 500 KV que unirá las subestaciones de Chilca, Marcona, Ocoña y Montalvo.

El proyecto consiste además de la construcción de la línea de transmisión de 500 kilovoltios de 872 kilómetros de longitud, la construcción de 3 subestaciones: Marcona Nueva 500/220 KV, Ocoña 500/220 KV y Montalvo 2 500/220 KV y las ampliaciones de la subestación Chilca Nueva 500/220 KV, Marcona 220 KV y Montalvo 220 KV

Se ha previsto ejecutar el proyecto en 36 meses con una inversión aproximada de 480 millones de dólares.

Un cuarto contrato fue registrado por Andina:

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) eligió al consorcio integrado por empresas subsidiarias de Graña y Montero (GyM) y de Abengoa para desarrollar un proyecto de saneamiento valorizado en 326 millones 346,781.55 nuevos soles.
Según un Hecho de Importancia de Graña y Montero enviado a la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (Conasev), Sedapal otorgó la buena pro al consorcio integrado por las empresas GyM y GMI de Graña, y Abengoa Sucursal del Perú y Abengoa Perú.

Estas empresas estarán a cargo de las obras de ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado para el Macro Proyecto Pachacutec – Ventanilla en el Callao.

Finalmente, según el Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, Abengoa Perú obtuvo varios contratos con el programa Agua para Todos. En 2009 ganó 23 millones 667 mil soles, en 2010 18 millones de soles y en 2011 aproximadamente 37 millones 600 mil soles.

¿Es lícito que García participe en el directorio de esta empresa? Sí. Pero es políticamente inconveniente a sus intereses, más aún si quiere volver a ser presidente por tercera vez. Uno de los mayores defectos de su gobierno fue la percepción que mucha gente se llevó que era algo más que un guardián de las inversiones. Asi lo comentaba Augusto Townsend – hoy editor de Economía de El Comercio – para Semana Económica, a un año del caso de los Petroaudios:

Como ha evidenciado el caso de los “petroaudios”, en el Perú es absolutamente normal que los políticos (presidentes, ministros, congresistas) se reúnan con las empresas, incluso fuera de sus despachos y sin dejar constancia alguna en sus agendas oficiales. También intercambian correos electrónicos y se hacen recomendaciones mutuas, que en los casos extremos –como en el “Petrogate”- terminan por dar pie a beneficios otorgados al margen de la ley (por ejemplo, cambios en las bases de una licitación pública para favorecer a una empresa en particular).

A veces ocurre lo contrario, y a estas reuniones entre políticos y empresarios se les da, más bien, figuración mediática para evidenciar que el gobierno está apoyando a la inversión. Por más loable que resulte esto último (si efectivamente es el caso y no hay, más bien, un interés velado del político por obtener apoyo financiero o de otro tipo para una posterior campaña electoral), lo que no debe soslayarse es el impacto que genera sobre las otras dependencias del Estado. ¿Se animaría un funcionario de rango medio a rechazar –aunque haya suficientes razones para hacerlo- una solicitud de autorización o concesión efectuada por una empresa que acaba de reunirse con el presidente en Palacio de Gobierno?

Es algo sobre lo que, parece, en Alfonso Ugarte (y en el Instituto de Gobierno) parecen no tener claro.

(Foto: Andina)

EL PROYECTO BRUCE

Carlos Bruce ha sacudido el ambiente político con un proyecto de Ley que propone la unión civil no matrimonial para personas del mismo sexo. Que recuerde, se trata de la primera oportunidad que se plantea una fórmula civil de reconocimiento de las relaciones homosexuales en el país.

La propuesta del congresista de Concertación Parlamentaria es sencilla: pasa por la creación de una figura nueva, la de “compañeros civiles”, quienes tendrán derecho a formar una sociedad de gananciales para sus bienes (es decir, propiedad compartida), así como varias de las prioridades que tiene cualquier pareja heterosexual para las decisiones sobre la salud y alimentos, así como el derecho de habitación permanente del que fue el hogar común en caso uno de los compañeros fallezca. Asimismo, se propone la incorporación del compañero civil al orden sucesorio, mediante una modificación al Código Civil.

De su lectura, se desprende que el proyecto ha sido bastante estudiado y meditado. Se ha buscado la creación de una fórmula distinta al matrimonio, pero que tenga una protección especial para ciudadanos peruanos cuyos derechos han sido restringidos. Como bien señala Bruce en su exposición de motivos, nos encontramos ante una figura civil y no ante un sacramento religioso.

El proyecto ha tenido una recepción mixta.  Desde los sectores más proclives a la defensa de los derechos humanos, se tiene la sensación que el proyecto es parcial – debido a que no usa la palabra matrimonio -, pero que sí constituye un avance.

En esa línea está el comunicado del Movimiento Homosexual de Lima: respaldan la iniciativa, pero consideran que, aunque la misma sea un avance, puede generar una institución segregadora. Al mismo tiempo, reafirman que la agenda actual del movimiento LGTB no se circunscribe al tema matrimonio – unión civil, sino que abarca la lucha contra los crímenes de odio y el reconocimiento de la identidad de las personas trans.

Como era de esperarse, los sectores conservadores han comenzado a atacar a Bruce. Las bajezas – porque no pueden calificarse de otra manera, han provenido tanto de Juan Luis Cipriani como del congresista fujimorista Carlos Tubino.

En una de las ediciones más desaforadas de “Diálogo de Fe” – donde atacó al sacerdote peruano Gustavo Gutiérrez, padre de la Teología de la Liberación, y trató de “ingenuo” al prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe por propiciar una reunión entre Gutiérrez y el Papa – el Cardenal se mandó con esta frase infeliz:

“El que tiene alguna otra opción, es su problema y que lo haga por su cuenta. Pero no me parece que hemos nombrado a congresistas para justificar su propia opción. No me parece”

Por su parte, el congresista Tubino destiló homofobia en varios tuits en los que decía que “combatirá” esta iniciativa. Como es de suponer, en Twitter varios usuarios lo tacharon de disciminador para abajo.

Desafortunadamente, expresiones como las vertidas por Cipriani y Tubino son compartidas por un sector de peruanos que considera que los derechos de miles de compatriotas valen menos por tener una orientación sexual distinta. La lucha será dura, pero creo que, más allá de algunos reparos al proyecto, Carlos Bruce apunta en la dirección correcta. El país no podrá considerarse como moderno si es que no reconocemos los derechos de todos.