ALGO PERSONAL

24. Son las horas que tiene el dia. Es el numero de años que acabo de cumplir.

Perú. Es el país en el que, por accidente de la historia, me toco nacer. El país en el que he elegido vivir, trabajar y al que quiero sin patrioterismos baratos. El lugar que me saca de quicio toda la vida, pero en el que quiero que mi cuerpo repose una vez que mi partido en este mundo haya llegado a su pitazo final.

Portal de Belén. Lugar que evoca el nacimiento de Dios en la tierra. Es el nombre del nido donde estuve entre los 3 y los 6 años. Alli conocí a amigos que veo hasta el dia de hoy, tuve mis primeras caidas, aprendí mi primera palabra en francés y observaba con especial atención los ojos verdes más lindos que he visto en mi vida. Hoy ese lugar no existe más, lo reemplaza un conjunto de edificios.

Recoleta. Lugar donde permanecí entre el 88 y el 98 durante buena parte del día. Donde definitivamente no aprendí a jugar al fútbol (ni aunque Maradona me enseñe), pero donde hice mis primeros goles. Donde hubo diplomas, pero también la convicción de que ello no era lo más importante. Donde aprendí de matemática, de literatura, de historia, de religión y, sobre todo, de la vida y de la amistad. El lugar donde cada cierto tiempo aparecía en los juegos florales, ya sea declamando (que horror!!), bailando alguna danza típica de nuestro querido Perú (de los dos pies izquierdos pasé a tener coordinación, por si acaso) , tocando algún instrumento (más allá del timbre o la puerta) o, como en cuarto de media, dando mis primeros pasos en la oratoria (defendiendo la libertad de expresión y esto sí no es broma). Donde mi corazón sintió de verdad por primera vez. Donde aprendí a amar a Dios y al Perú. Donde lo más importante, además de los conocimientos, fue la formación que complementó muy bien la de cada y, por supuesto, conocer a buena parte de las personas que hoy considero como mis buenos amigos.

HDC. Representan las siglas de Representan las siglas de mi programa de confirma. Lo hice en el colegio Héctor de Cárdenas (para quienes no lo conocen o recuerdan, es el nombre de un sacerdote ss.cc. que formó una comunidad juvenil y que falleció de cáncer en 1980) y el programa de confirma se llamaba “Hombres Del Camino” (le pusieron así para que calzara con las siglas, no por discriminación en contra de las “mujeres del camino”, que, hasta donde me acuerdo, eran mayoría). Fueron seis meses de formación, de reflexión personal, de encuentro espiritual, de 2 retiros bastante sui generis y de conocer gente bastante valiosa (a la mayoría de la cual, por alguna misteriosa razón, no veo hace muchos años). Creo que allí se puede encontrar la génesis más precisa de mezclar religión, compromiso social y cierta irreverencia que en nada le hace mal a la Iglesia Católica (a pesar que a Monseñor Cipriani esto le disguste).

PUCP. Es mi casa por el momento. Allí he encontrado gente muy valiosa, aunque también de la otra. Periodo de crecimiento intelectual y de muchas dudas sobre lo que será mi vida. Lugar donde encontré mi carrera y comienzo a encontrar mi lugar en el mundo. Quizás sea más fácil escribir sobre la universidad una vez que la termine, que no se en verdad cuando será.

(Finalmente)Amor. Tan solo espero encontrarlo.

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CONFLICTO INTERNO: LAS DISCULPAS QUE NADIE QUIERE DAR AL PAIS

Las declaraciones de Salomón Lerner Febres que pueden reabrir el debate sobre la CVR

Como suponíamos, para la mayor parte de los medios de comunicación (sin contar a las excepciones de siempre: Canal N, El Comercio, Perú.21 y La República) las actividades realizadas en Lima para conmemorar el segundo aniversario de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación simple y llanamente no exisitieron.

Para quienes no se enteraron, el viernes 26 hubo una concentración que reunió a más de 5,000 personas en el Campo de Marte, en la cual delegaciones de diversas organizaciones de la sociedad civil celebraron el final de la Caminata por la Paz, iniciativa en la que 4 caminantes (2 corredores profesionales y 2 jóvenes cuyas familias fueron víctimas durante el conflicto armado interno) recorrieron el antiguo Camino Inca (Capac Ñan) llevando un mensaje de paz y de preocupación x las víctimas de la violencia, así como recolectando los diversos quipus que fueron tejiéndose en recordación de las 69,280 vícitmas del conflicto interno estimadas por la CVR.

Asimismo, el domingo pude ser testigo de la inauguración de la primera etapa de la Alameda de la Memoria en el Campo de Marte, un proyecto interesante y bastante hermoso de recordación de los eventos ocurridos en las últimas dos décadas del siglo XX. Preside esta Alameda el monumento denominado “El Ojo que Llora”, elaborado por la escultora Lika Mutal, alrededor del cual se conforma un laberinto de piedras, en las que cada una contiene el nombre de una víctima de la violencia. Esto se complementará con la instalación del Quipu de la Memoria y de las fotografías integrantes de la muestra “Yuyanapaq” y con la siembra de mil árboles en este espacio.

De todos los discursos que pude escuchar ayer, el que más me conmovió fue el de Oswaldo Cava, médico y padre de una de las víctimas del atentado de la calle Tarata, perpetrado por la mano homicida de Sendero Luminoso. Cava habló del perdón y de la actitud de disculpas y enmienda del camino que debían tener los miembros de las organizaciones subversivas que fueron las causantes directas de la tragedia que vivió el país durante aquellos años.

Salomón Lerner Febres, ex presidente de la CVR, ha manifestado que también los partidos políticos deberían pedir disculpas, por las responsabilidades que tuvieron en no evitar que los derechos humanos de sus ciudadanos fueran vulnerados, tanto por la acción demencial de Sendero Luminoso y el MRTA, como por miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales.

Ante esto, Acción Popular y el APRA, a través de sus voceros Víctor Andrés García Belaúnde y Jorge del Castillo, han respondido tajantemente que no tienen nada por lo cual pedir perdón y que Lerner no tendría porque hacer estos llamados.

Sin embargo, creo que estos pedidos de disculpas son acertados y que deben producirse, sobre todo si Valentín Paniagua y Alan García, líderes de estos partidos, pretenden gobernar el país a partir de 2006. ¿Por qué? Porque creo que hay un imperativo ético de reconocimiento de errores, tanto en concepción, acciones u omisiones, sobre como enfrentar el terrorismo, pues ello relegitimaría a los partidos políticos antes mencionados. Recordemos lo que mencionamos sobre los gobiernos de Acción Popular y el APRA hace tan solo 24 horas, en nuestra serie “Para que no se repita”:

El gobierno de Fernando Belaúnde permitió elecciones libres y el ejercicio de la libertad de prensa, conviviendo con un Estado sobredimensionado, partidos políticos débiles, relaciones de desconfianza con las FFAA y un conflicto armado interno. En los primeros años, el conflicto fue considerado como un problema marginal, policial, al que se enfrentaba con medidas de emergencia ininterrumpidas. Posteriormente se permitió el ingreso de las FFAAA, iniciándose un proceso de militarización sin control civil, tolerando violaciones de los derechos humanos, a fin de acabar con el conflicto armado de la manera más corta, sin importar el costo. Hay responsabilidad política en este gobierno por dicha tolerancia a las violaciones de los derechos humanos. Entre 1983 y 1984 se produjo la mayor cantidad de muertes en el conflicto“.

El gobierno de Alan García quiso asumir políticas sociales y de desarrollo para derrotar a la subversión y, en un inicio, no toleró violaciones de los derechos humanos. Esta última vocación política se interrumpió a raíz de la “masacre de los Penales” en junio de 1986, continuando con el caso Cayara y los asesinatos cometidos por el autodenominado “Comando Rodrigo Franco”. Por ello, el gobierno de García tiene graves responsabilidades políticas. La crisis económica que se vivió desde 1988 favoreció el crecimiento de la violencia. Se tiene como mérito la creación del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), que años más tarde capturaría a los principales líderes terroristas“.

Pero no solo ellos tendrían que pedir disculpas al país.

También lo tendría que hacer la izquierda, que no deslindó ideológicamente a tiempo con los métodos que impulsaban la lucha armada como solución a los problemas del país. No solo me refiero a los sectores más radicales, sino también a los sectores moderados que, en aras de la unidad electoral, toleraron que no se hicieran estas precisiones básicas.

Sobre el fujimorismo, Lerner ha ensayado una buena respuesta: “la mejor forma de pedir disculpas para Alberto Fujimori es sometiéndose a la acción de la justicia”. Coincidimos plenamente con ello.

Los gremios empresariales y laborales también deberían exclamar perdón al país. Tanto sindicatos como gremios empresariales tuvieron prácticas anti democráticas que cuestionaron su legitimidad y representatividad. En el caso de los sindicatos, muchos de sus métodos fueron violentos; en el caso de los empresarios, muchos prefirieron una salida autoritaria y de mano dura antes que interesarse en lo que sus compatriotas que vivían en la sierra sufrían todos los días.

Por supuesto, las Fuerzas Armadas deben dar disculpas al país por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el combate a la subversión. Para ello deberían imitar el ejemplo chileno. Hace poco menos de un año, el general Juan Pablo Cheyre, por ese entonces, Comandante General del Ejército, pidió perdón al país por el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, así como por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el gobierno del general Augusto Pinochet. El documento de Cheyre, denominado “Ejército de Chile: el fin de una visión”, deberia ser leído por los miembros en actividad y en retiro de las Fuerzas Armadas peruanas.

Finalmente, los principales responsables de este conflicto deben una explicación y unas disculpas públicas por lo que hicieron. Algo de ello esbozaron los líderes del MRTA y el ex líder senderista Oscar Ramírez Durand. Sin embargo, falta aún que los principales cabecillas de SL hagan esta autodrítica sincera (no como las que hacían en sus “congresos” partidarios, para que primara la tendencia de Guzmán).

La verdadera pacificación solo vendrá cuando quienes impulsaron el conflicto reconozcan que la violencia no es el camino para cambiar la sociedad. Eso es a lo que debemos aspirar y no solo a mantenerlos en las cárceles. “Cambien de camino”, les dijo Juan Pablo II en el aeropuerto de Huamanga. Derrotarlos políticamente es una tarea de los partidos democráticos, pero para ello antes tendrán que revisar sus propios errores.

PARA QUE NO SE REPITA (III)

Principales conclusiones del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (Tercera Parte)

SOBRE SECTORES DE LA SOCIEDAD PERUANA

Sindicatos y empresarios fueron blancos de las acciones terroristas. El PCP-SL y el MRTA intentaron utilizar a los sindicatos con fines violentos. Tanto sindicatos como gremios empresariales tuvieron prácticas anti democráticas que cuestionaron su legitimidad y representatividad. Frente a ellos, el Estado fue un ineficiente árbitro de los conflictos laborales.

Los intentos de modernización de la educación en las décadas de 1960 y 1970 fracasaron. Asimismo, no neutralizaron las corrientes pedagógicas autoritarias ni impidieron el uso de la confrontación y el discurso radical para la enseñanza. El PCP-SL buscó instrumentalizar las instituciones educativas, aprovechando su debilidad, basado en el clientelismo y la movilización de los sentimientos de discriminación y desarraigo de los estudiantes provincianos. El Estado es responsable por el descuido de la educación pública, el deterioro de la infraestructura y, en algunos casos, en una estrategia de detenciones y desapariciones forzadas.

Las Iglesias Católica y Evangélicas contribuyeron a la protección de la población de crímenes y violaciones de los derechos humanos. Desde ellas, fueron condenadas las violaciones a los derechos humanos, sea cual fuere su autor, se hizo labor educativa y de apoyo a las víctimas del conflicto y se organizaron movilizaciones y cadenas de oración por la paz. En muchos casos, las Iglesias fortalecieron el tejido social, impidiendo el avance del PCP- SL. Sin embargo, en el Arzobispado de Ayacucho y en algunas comunidades evangélicas no se hizo eco de la defensa de los derechos humanos.

Las organizaciones de derechos humanos fueron el principal referente ético en el contexto del conflicto armado interno. En los primeros años del conflicto, centraron su crítica en el Estado. Posteriormente, en lo que constituye un aporte al movimiento internacional de los derechos humanos, condenaron abiertamente a los grupos subversivos y a sus organizaciones de fachada. Al ser la mayor parte de las víctimas campesinos pobres, con poca conciencia de sus derechos e inmersos en un débil tejido social, las organizaciones de víctimas fueron pocas e insuficientes para la labor que demandaba el contexto.

Los medios de comunicación colaboraron con su condena abierta y explícita al accionar del PCP-SL y del MRTA, así como la investigación de violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, en algunos caso, se llegó a avalar la violencia del Estado. En muchos medios se presentó la violencia de modo crudo, sin reflexión y sensibilización y con poca presencia de noticias del interior del país. Ello se complicó con la compra de medios a finales de la década de 1990.

SOBRE LAS SECUELAS DEL CONFLICTO

El conflicto armado interno provocó la destrucción masiva de infraestructura productiva, pérdida de capital social, de inversiones y de oportunidades económicas, en especial en los departamentos más pobres del país.

La violencia destruyó y desorganizó la vida social local, en especial con la muerte de dirigentes políticos. Asimismo, provocó un proceso masivo de desplazamiento, desarraigo y estigmatización, con apoyo insuficiente para el retorno a los lugares de origen.

Se intensificó el miedo y la desconfianza, con lo que la sociedad peruana ha quedado fragmentada, tiñendo de recelo y violencia la convivencia social y las relaciones interpersonales. Asimismo, han quedado abiertas una serie de secuelas psicosociales.

A pesar de las secuelas, la mayor parte de la población estuvo en contra de la violencia, intentó construir nuevas redes sociales e intentó continuar con su vida cotidiana.

SOBRE LA RECONCILIACION

La Reconciliación se entiende como un proceso de restablecimiento y refundación de los vínculos entre los peruanos, en las dimensiones política, social e interpersonal. Tiene un sentido ético, es decir, práctico. Se basa en reformas institucionales, un plan integral de reparaciones de daños para las víctimas y la aplicación de la justicia para los responsables de las violaciones a os derechos humanos. El país debe reconocerse como multiétnico, pluricultural, multilingüe y debe desarrollar nuevos vínculos que enfaticen en la tolerancia, la cultura de paz y la democracia como formas de vida.

Las reparaciones tienen un carácter multifacético. Se impulsan reparaciones simbólicas, atención a educación y salud mental, reparaciones económicas individuales y colectivas. Una parte importante de las mismas es el acceso efectivo a la justicia. Se propone además un registro de víctimas y un plan de intervenciones antropológico – forense para identificar víctimas y procesar el duelo.

El primer paso para iniciar el tránsito de una sociedad “post conflicto” a una sociedad democrática es el conocimiento en toda su magnitud de lo ocurrido entre 1980 y 2000. Para ello, debe difundirse el Informe Final y cumplirse sus conclusiones y recomendaciones.

PARA QUE NO SE REPITA (II)

Principales conclusiones del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (Segunda Parte)

SOBRE LOS GOBIERNOS Y LOS PARTIDOS POLITICOS

Debe diferenciarse a los gobiernos democráticos entre 1990 y 1992 de la dictadura instaurada el 5 de abril de 1992, en lo referido a responsabilidades sobre derechos humanos.

La actuación de los gobiernos de Fernando Belaúnde, Alan García y Alberto Fujimori está condicionada en su debilidad, en fallas Estratégicas del estado, en la desconfianza que le producían sectores de sus ciudadanos. Los gobiernos abdicaron de su autoridad democrática, en especial con la creación de los “comandos político – militares” y la competencia de la justicia militar para violaciones de derechos humanos, lo que favoreció la impunidad; así como con la legislación anti subversiva aprobada luego de 1992, que vulneraba los derechos fundamentales de los procesados.

La proclividad de los gobiernos a la solución militar sin control civil está en consonancia con un considerable sector de la sociedad peruana, en especial el sector urbano medianamente instruído, beneficiario de los servicios del Estado y alejado del epicentro del conflicto. Estos ciudadanos miraron con indiferencia a los grupos más afectados y reclamaron una solución rápida, sin importar el costo social.

El gobierno de Fernando Belaúnde permitió elecciones libres y el ejercicio de la libertad de prensa, conviviendo con un Estado sobredimensionado, partidos políticos débiles, relaciones de desconfianza con las FFAA y un conflicto armado interno. En los primeros años, el conflicto fue considerado como un problema marginal, policial, al que se enfrentaba con medidas de emergencia ininterrumpidas. Posteriormente se permitió el ingreso de las FFAAA, iniciándose un proceso de militarización sin control civil, tolerando violaciones de los derechos humanos, a fin de acabar con el conflicto armado de la manera más corta, sin importar el costo. Hay responsabilidad política en este gobierno por dicha tolerancia a las violaciones de los derechos humanos. Entre 1983 y 1984 se produjo la mayor cantidad de muertes en el conflicto.

El gobierno de Alan García quiso asumir políticas sociales y de desarrollo para derrotar a la subversión y, en un inicio, no toleró violaciones de los derechos humanos. Esta última vocación política se interrumpió a raíz de la “masacre de los Penales” en junio de 1986, continuando con el caso Cayara y los asesinatos cometidos por el autodenominado “Comando Rodrigo Franco”. Por ello, el gobierno de García tiene graves responsabilidades políticas. La crisis económica que se vivió desde 1988 favoreció el crecimiento de la violencia. Se tiene como mérito la creación del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), que años más tarde capturaría a los principales líderes terroristas.

El gobierno de Alberto Fujimori rompió con el estado de derecho el 5 de Abril de 1992, con el lamentable apoyo de la mayoría de la opinión pública. La conducta criminal de este gobierno se vio expresada en las acciones del escuadrón de la muerte denominado “Colina”, cuyas responsabilidades penales alcanzan a Fujimori y a su asesor Vladimiro Montesinos. Los éxitos logrados por la Policía – ajenos a la estrategia integral de las FFAA privilegiada por Fujimori, la cual tuvo algunos éxitos y aciertos – fueron explotados para obtener réditos electorales. Ciertos hechos fueron manipulados para presentar al terrorismo como amenaza latente y así justificar el autoritarismo del régimen, con fines de reelección. Al final, el régimen autoritario legó al país una aguda corrupción, descomposición moral, desconfianza y debilitamiento del tejido social.

Los partidos de izquierda tuvieron hasta finales de los años 70 una estrategia que privilegiaba la lucha armada para tomar el poder. A fines de los 70 la mayor parte de estas organizaciones comenzaron a privilegiar las vías electorales de la democracia representativa. Sin embargo, un deslinde ideológico tardío colocó a la mayor parte de ellos en una situación ambigua frente al PCP-SL y al MRTA, rechazando, a la larga, el camino violento con el pasar de los años. Fueron los partidos de izquierda los primeros en denunciar las violaciones de los derechos humanos cometidas desde los aparatos del Estado.

SOBRE LOS PODERES DEL ESTADO

En el Poder Legislativo, la presencia de mayorías parlamentarias oficialistas en la mayor parte del conflicto armado interno impidió una adecuada fiscalización y formulación legal frente al fenómeno. Desde 1985 se formaron comisiones investigadoras sobre las violaciones cometidas por las fuerzas del orden, no repitiéndose el mismo esfuerzo frente hechos similares perpetrados por el PCP-SL. El peor hito del Poder Legislativo fue la aprobación, en 1995, de una ley de amnistía a los miembros de las FFAA y Policía Nacional que violaron los derechos humanos en el contexto del conflicto.

El sistema judicial no cumplió con condenar dentro de la Ley las acciones de los grupos subreinos, ni cauteló los derechos de los detenidos, ni impidió la impunidad de los agentes del Estado que vulneraron derechos fundamentales. Ello se debió a problemas estructurales y a actuaciones negligentes. La legislación antiterrorista fue inadecuada, tanto en los gobiernos democráticos como en la dictadura fujimorista. Es responsabilidad del Poder Judicial el hecho que cientos de inocentes sufrieran largas condenas y se vulneraran sus derechos. Las cárceles peruanas son ejemplo de vejación y su régimen no conduce a la rehabilitación. Situación similar frente a los derechos humanos ocurrió con el Ministerio Público.

PARA QUE NO SE REPITA (I)

Principales conclusiones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (Primera Parte)

Como es conocido por todos, el 28 de Agosto de 2003 fue presentado el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. A dos años de su presentación y a modo de recordatorio, presentamos un listado de aquellos puntos más saltantes de las conclusiones generales del Informe Final.

SOBRE EL CONFLICTO

El conflicto armado vivido en el Perú entre 1980 y 2000 fue el episodio de violencia más intenso, extenso y prolongado de la historia republicana. Reveló brechas y desencuentros profundos y doloroso en la sociedad peruana. Provocó enormes pérdidas económicas e involucró al conjunto de la sociedad. El número total de víctimas estimado es de 69,280 personas. Esta cifra supera el número de pérdidas sufridas por el Perú en todas las guerras externas e internas que ha librado.

Perfil de las víctimas:
– El 85% de las víctimas se concentra en los departamentos más pobres del Perú: Ayacucho, Apurimac, Huánuco, Junín, Huancavelica y San Martín.
– El 79% vivía en zonas rurales y el 56% se ocupaban en labores agropecuarias.
– El 75% tenían un idioma distinto al castellano como lengua materna.
– El 68% tenía grado de instrucción inferior a la educación secundaria

La tragedia sufrida por los sectores sociales rurales, andinos y selváticos, campesinos, pobres y poco educados no fue sentida ni asumida como propia por el resto del país. El conflicto reveló el racismo velado, los prejuicios, las estigmatizaciones, el desprecio y la intolerancia que subsisten – inclusive en los entornos más comunes como la escuela y la universidad – en el Perú.

SOBRE LOS GRUPOS TERRORISTAS:

La causa inmediata y fundamental del desencadenamiento del conflicto armado interno fue la decisión de Sendero Luminoso (PCP-SL) de iniciar una guerra contra el Estado y contra la mayoría de peruanos que deseaban vivir en paz y democracia.

El PCP – SL fue el principal perpetrador de los crímenes y violaciones de los derechos humanos. Desplegó extremada violencia y crueldad. Puso en práctica un intento de proyecto militarista y totalitario de características terroristas, sustentado en una ideología fundamentalista que negaba los derechos humanos. Buscaba provocar respuestas desproporcionadas por parte del Estado y tenía un potencial genocida.

Para su crecimiento, el PCP-SL aprovechó tanto la crisis de las instituciones del sistema educativo – incapaz de responder a las demandas de movilidad social y progreso – como los viejos conflictos comunales.

Los miembros del PCP-SL y, en especial, sus dirigentes tienen responsabilidad directa en la comisión de crímenes de lesa humanidad, como parte de una estrategia general de violencia que incluía ajusticiamientos, prohibición de entierros, atentados con coches bomba, asesinatos, desaparición forzada de personas, tortura, secuestro, aniquilamientos selectivos, sabotajes, paros armados, etc. Se inducía a los militantes del PCP-SL, en especial a los más jóvenes, a matar y morir de la manera más cruel y sanguinaria, mientras sus más altos dirigentes sen encontraban en lima, exentos de privaciones.

El Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) también inició una lucha armada contra el Estado. A pesar de tener una conducta menos proclive al genocidio, es responsable de acciones criminales como asesinatos, secuestros sistemáticos y toma de rehenes. Intentaron legitimar el uso de la violencia para hacer política. Hoy se encuentra casi extinto.

SOBRE LAS FUERZAS DEL ORDEN

Las Fuerzas Policiales tenían como deber enfrentar a los grupos subversivos que vulneraban los derechos humanos. Sus dificultades para enfrentar el fenómeno se debieron a una formación poco eficaz para enfrentar a grupos que se confundían con la población civil, sin entrenamiento adecuado y sin un apoyo de inteligencia sostenido. Se mantuvo la práctica de “castigar” a agentes no idóneos enviándolos a zonas de emergencia.

Hasta 1987 hubo dificultades de coordinación entre las 3 instituciones que conformaban la Policía. La lucha contra la subversión reforzó practicas autoritarias y represivas, como la tortura y las detenciones indebidas.

Asimismo, algunos elementos de la Policía practicaron ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas, torturas, violencia sexual contra la mujer.

A partir de 1985, la Policía tuvo un conocimiento más acertado de la organización y formas de acción de los grupos subversivos. Ello tuvo su corolario en las capturas de Abimael Guzmán y Víctor Polay en 1992, factor fundamental para la derrota estratégica del terrorismo.

Sin embargo, la Policía fue sometida a los planes de corrupción y distorsión institucional de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos desde el 5 de Abril de 1992.

Por decisión del gobierno de Fernando Belaúnde, en diciembre de 1982 se permitió el ingreso de las Fuerzas Armadas al combate de los grupos que desafiaban el orden constitucional y los derechos fundamentales.

Las Fuerzas Armadas, en un inicio, aplicaron una estrategia de represión indiscriminada contra la población sospechosa de pertenecer al PCP-SL.. Posteriormente dicha estrategia fue más selectiva, pero siguió posibilitando violaciones de los derechos humanos. En ciertos lugares y momentos la actuación de miembros de las FFAA involucró prácticas generalizadas y/o sistemáticas de violaciones a los derechos humanos: desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual contra la mujer, torturas.

A partir de 1989, se sistematizó una estrategia contra subversiva, distinguiendo a la población, tratando de ganársela y aislando al PCP-SL. Se masificaron los comités de autodefensa. Desafortunadamente, en esta etapa aparecieron escuadrones de la muerte, como el grupo “Colina”.

Se aprovechó la nueva estrategia subversiva para dar un golpe de Estado el 5 de abril de 1992, usándose la pacificación como pretexto para la interrupción del orden constitucional. La cúpula militar unió su suerte a la dictadura en la persecución de disidentes, violaciones a los derechos humanos, espionaje político y corrupción generalizada.

Sectores del campesinado más pobre se levantaron contra el proyecto anti democrático del PCP-SL, organizando – ya sea por iniciativa propia o de las FFAA – Comités de Autodefensa, que constituyeron un factor importante en el desenlace del conflicto. En ocasiones, han resultado responsables de violaciones a los derechos humanos.

A 2 AÑOS DE LA COMISION DE LA VERDAD Y RECONCILIACION

Es duro que digan que en tu país hubo 69,280 muertos por una guerra provocada por compatriotas tuyos.

Es duro saber que existió un grupo formado por peruanos que haya buscado tomar el poder por la fuerza para instalar un gobierno totalitario y genocida, que empleó métodos terroristas para conseguirlo, que no dudó en matar, asesinar, torturar, violar, ajusticiar, destruir. Un grupo que hizo más daño a aquellos por quienes decía combatir.

Es duro conocer que hubo otro grupo, con acciones más cercanas a la típica guerrilla latinoamericana, pero que también sembró destrucción y muerte.

Es duro saber que muchos de los oficiales que enviaron para defenderte de los grupos subversivos antidemocráticos violaron los derechos fundamentales de las personas.

Es duro reconocer que la mayoría de aquellos que murieron eran campesinos, pobres, quechua hablantes, analfabetos en el castellano y excluidos por la sociedad.

Es duro recordar que los gobiernos democráticos de la década de 1980 abdicaron su autoridad democrática frente a las Fuerzas Armadas y, por ello y por permitir la impunidad de las violaciones a los derechos humanos, tienen una grave responsabilidad ética y política ante el país que hasta ahora no reconocen en su verdadera dimensión

Es duro, pero inevitable, acordarnos que el gobierno elegido democráticamente en 1990 dio un golpe de Estado con el pretexto del “combate efectivo a la subversión”, que dicha interrupción de la democracia duró 8 años, que fue defendida por parte de la población y que dio origen a un gobierno mafioso y violador de los derechos de las personas.

Es duro, pero desconocido para muchos, que tenemos un sistema educativo caduco y que, de cierta manera, permitió el nacimiento y crecimiento de los grupos que se declararon en guerra contra el país.

Es duro reconocer que aquellos que vivimos en Lima no supimos ver las dimensiones exactas de lo que pasaba hasta que la guerra llegó a la ciudad y que nuestros medios de comunicación no cubrieron todo lo que pasaba.

Es duro saber que tu país sigue manteniendo en su estructura aquellas taras que permiten la exclusión, el racismo, la pobre educación, la permanencia de la violencia como mecanismo de solución de conflictos y el autoritarismo como posible salida.

Es esperanzador que haya habido un grupo de peruanos que, durante dos años de trabajo, se dedicara a explorar estos y otros aspectos del peor conflicto armado de nuestra historia. Y que dicho esfuerzo se tradujera en un extenso informe, que presentaba al país el gran relato de lo ocurrido, una explicación de por qué ocurrió y propuestas de reforma y reparaciones para que no se repita.

Han habido avances en el último año, es cierto. Se ha dado una Ley que crea un Plan Integral de Reparaciones y se procederá a crear un Registro Nacional de Víctimas convenientemente ordenado. Se vienen judicializando algunos casos de violaciones a los derechos humanos, en particular, los crímenes cometidos por el destacamento “Colina”. Este fin de semana, en Lima y en otros lugares del país, se harán ceremonias y manifestaciones de recordación: las más importantes serán la entrega del Quipu de la Memoria y el testimonio de los “Caminantes por la Paz”, así como la inauguración de la Alameda de la Memoria en el Campo de Marte. Todo ello gracias al esfuerzo de varios colectivos y grupos de peruanos que buscan que aquella historia no vuelva a ocurrirnos y, por que no decirlo, a sectores del elenco estable de la política peruana que aún se preocupan por estos temas.

Aun falta mucho por hacer y la tarea será larga. El daño que nos hemos causado como nación es grande y aun hay heridas por cerrar. Por ello es necesario recordar lo que nos pasó, reflexionar sobre ello y, en muchos casos, cambiar de conducta para construir un país en paz social y con perspectiva de desarrollo.

Por eso, solo les pido que, este domingo 28, dediquen aunque sea 5 minutos de su tiempo para la reflexión sobre aquellos aciagos días. Para que aquella historia, que tuvo momentos de vergüenza nacional y dolor, como también de coraje y lucha por la vida y por la paz, se traduzca en verdad, justicia y reconciliación.

Para que no se repita…

OJO CON ESTE HALCON

Donald Rumsfeld está en Lima. ¿Para qué?

La visita del Secretario de Defensa de Estados Unidos, considerado como uno de los “halcones” (*) de la administración Bush, se encuentra en una gira latinoamericana. Sus objetivos centrales son los siguientes:

1. Hacer que los países de la región no se vean influidos por Venezuela: El alza en el precio del barril de petróleo (provocada, curiosamente, por la invasión norteamericana a Iraq) ha hecho que el gobierno de Hugo Chávez Frías no solo tenga la capacidad de entregar dinero a sus compatriotas, sino que Estados Unidos crea que tenga la capacidad de financiar movimientos que desestabilicen la región. Rumsfeld cree que ello ocurrió en el caso boliviano, con los “petro – dólares” chavistas financiando las protestas de Evo Morales, Felipe Quispe y compañía. Al margen de los supuestos (aunque hasta ahora no demostrados) apoyos económicos de Chávez, es evidente que el Presidente de Venezuela viene ocupando, de a pocos, el mismo papel que otrora tuviera Fidel Castro en la región: convertirse en la “piedra en el zapato” del gobierno norteamericano.

2. Un escandaloso intento de impunidad. Estados Unidos no ha ratificado el Estatuto de Roma que establece una Corte Penal Internacional para procesar delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio y, a partir de 2099, crímenes de agresión. Sin embargo, los países que sí son firmantes de este tratado pueden llevar ante la CPI casos de personal militar o civiles que, aunque sean nacionales de países no firmantes del Estatuto de Roma, hayan cometido cualquiera de los delitos antes mencionados. Ello es lo que quiere evitar Estados Unidos y para ello quiere firmar con varios países un convenio bilateral para evitar que cualquier agente o militar estadounidense sea denunciado o puesto a disposición de la Corte Penal Internacional. Bolivia lo ha firmado pero no ha sido ratificado por el Congreso. Colombia no lo ha firmado aún. Varios países de la región, entre ellos, Perú, lo han rechazado hasta el momento, teniendo como consecuencia el recorte de la ayuda militar norteamericana.

3. El tema del narcotráfico. Es lo que más preocupa al gobierno norteamericano con relación a la región. Sin embargo, los métodos hasta hoy empleados no dan resultados. Rumsfeld sigue aplicando la vieja política de la mera erradicación forzosa. Perú sigue la misma senda, sin delinear una política más autónoma.

Así que ojo a lo que se discuta y, sobre todo, a lo que ocurra después en esta complicada relación, sobre todo, con miras a la firma del TLC. Esperamos que la suscripción de este importante acuerdo comercial no se superdite a una claudicación en temas de democracia, derechos humanos, lucha antidrogas y los intereses nacionales.

(*) Halcón: Término que en jerga política se usa a quienes son más radicales y no admiten opinones adversas. También se usa para aquellos personajes que privilegian las soluciones confrontacionales o bélicas ante problemas internacionales