NAZIS QUIEREN HACER POLITICA EN PERU

El sujeto que tiene una bandera nazi en sus manos se llama Ricardo de Spirito y es el líder del movimiento regional Igualdad Nacional Cristiana Autónoma (INCA), un grupo de alucinados que sigue viendo en el antisionismo, el antichilenismo y el racismo abierto una ideología digna de ser seguida.

De Spirito no pasaría de ser uno más de los alucinados que paraban en el ágora popular de la Plaza San Martin a fines de los noventas, de no ser porque tiene aspiraciones políticas serias. Este denostador abierto de la democracia, admirador de Mussollini y detentador de una teoría de la conspiración que coloca a las ongs y a los chilenos como meros títeres del “sionismo mundial” (¿?) ha sido requisitoriado varias veces por perturbar la tranquilidad publica y estuvo también en prisión.

Como lo ha descubierto Jacqueline Fowks para IDL-Reporteros, lo realmente grave es que el Jurado Nacional de Elecciones ha permitido la inscripción del neonazi movimiento INCA para las elecciones regionales y municipales en Tacna. En el único rapto de justificación del JNE sobre porque inscribieron a un movimiento abiertamente antidemocrático, dicen que no se piden los idearios de estos grupos para las elecciones del 2010. Lo cual motiva esta natural reacción indignada:

¡Entonces así también puede inscribirse Sendero Luminoso!”, cuestionó el abogado Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal, cuando fue consultado sobre este caso, “si se inscribiera el Partido Comunista del Perú- SL, ¿esperaremos entonces los primeros coches-bomba para retirarles esa inscripción?”, acotó.

Lo cierto es que las autoridades tienen en sus manos la solución a este entuerto. Veamos la parte pertinente de la Ley de Partidos Políticos:

Artículo 14º.- Declaración de ilegalidad por conducta antidemocrática

La Corte Suprema de Justicia de la República, a pedido del Fiscal de la Nación o del Defensor del Pueblo, podrá declarar la ilegalidad de una organización política cuando considere que sus actividades son contrarias a los principios democráticos y se encuentran dentro de los supuestos siguientes:

14.1 Vulnerar sistemáticamente las libertades y los derechos fundamentales, promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas o la exclusión o persecución de personas por cualquier razón, o legitimando la violencia como método para la consecución de objetivos políticos.

Como vemos, este movimiento encaja perfectamente en esta norma. Así que corresponde que Beatriz Merino y Gladys Echaiz pidan la aplicación de este artículo. El nazismo como ideología y como práctica es inaceptable.

Y viendolo bien, esto de “justificación o exculpación a atentados contra la vida” deberia aplicarse a otros grupos, ¿o no, señora Keiko Fujimori?

MAS SOBRE EL TEMA:

Del archivo del Utero de Marita: Neonazis en Perú

POLITICA Y ECONOMIA: TRES CASOS

A inicios de la década, en medio de la debilidad del gobierno de Alejandro Toledo y de protestas sociales en varios lugares del país, varios analistas hablaban sobre como “el ruido político” no afectaba el crecimiento económico. Y comenzaba por allí cierto sentido común, en el cual los escándalos políticos no afectarían la performance económica y que, mientras el país siguiera creciendo, no tendríamos mucho de que preocuparnos.

El problema es que la afirmación anterior es falaz. La forma como se manejan las instituciones económicas y como el Estado maneja la llegada de inversiones al país determina la forma como los inversionistas llegan al país y como los empresarios se desenvuelven con el Estado, lo que, a la larga, repercute tanto en el clima de negocios como en el bolsillo del ciudadano.

El caso de los Petroaudios demostró que era importante que los políticos no se reunieran, en la medida de lo posible, con los inversionistas privados, sino que la promoción de nuevos negocios debía estar en manos de instituciones como Proinversión o de los viceministerios de cada sector. De allí que Augusto Townsend haya recordado hace meses lo pernicioso de estas reuniones sin control:

Como ha evidenciado el caso de los “petroaudios”, en el Perú es absolutamente normal que los políticos (presidentes, ministros, congresistas) se reúnan con las empresas, incluso fuera de sus despachos y sin dejar constancia alguna en sus agendas oficiales. También intercambian correos electrónicos y se hacen recomendaciones mutuas, que en los casos extremos –como en el “Petrogate”- terminan por dar pie a beneficios otorgados al margen de la ley (por ejemplo, cambios en las bases de una licitación pública para favorecer a una empresa en particular).

A veces ocurre lo contrario, y a estas reuniones entre políticos y empresarios se les da, más bien, figuración mediática para evidenciar que el gobierno está apoyando a la inversión. Por más loable que resulte esto último (si efectivamente es el caso y no hay, más bien, un interés velado del político por obtener apoyo financiero o de otro tipo para una posterior campaña electoral), lo que no debe soslayarse es el impacto que genera sobre las otras dependencias del Estado. ¿Se animaría un funcionario de rango medio a rechazar –aunque haya suficientes razones para hacerlo- una solicitud de autorización o concesión efectuada por una empresa que acaba de reunirse con el presidente en Palacio de Gobierno?

Ese es sin duda, un caso extremo de mal manejo de las relaciones Estado – empresas, que llega incluso a ser pasible de una investigacion fiscal, con miras a un juicio penal en el que se dilucide la comisión de delitos.

Pero existen otros casos en los que, sin llegar a pagos o a corrupción, el Estado termina desvirtuando su rol de árbitro. Veamos tres eventos recientes en lo que esto ocurre.

1. Puertos y consulta a políticos: En estas semanas se han recibido diversas propuestas para la modernización del Muelle Norte del puerto del Callao, una de las inversiones necesarias para mejorar nuestra competitividad. Hasta allí todo bien.

El problema vino cuando el ministro de Transportes y Comunicaciones Enrique Cornejo dijo que consultaría a los partidos políticos sobre este tema, debido a que la inversión portuaria y la forma como se haría era una política de Estado. Gremios empresariales como CONFIEP y AFIN pitearon porque, según ellos, esto demoraba más las cosas. En respuesta, Cornejo les recordó que en un estado democrático se podía consultar a los partidos – como no entendieron esto en Bagua -.

Aquí hizo bien el ministro, dado que es mejor persuadir a los otros grupos políticos de la conveniencia de la medida, sobre todo, cuando la inversión se hará en el siguiente quinquenio gubernamental.

2. Olmos: Uno de los proyectos de inversión que esperan más los lambayecanos es el de las irrigaciones de cultivos en Olmos. El proyecto ha avanzado en estos años, pero ahora espera una decisión final del gobierno para completar uno de los tramos. Álvarez Rodrich ha resumido los argumentos de este match entre el MEF y la PCM:

Durante el gobierno de Alejandro Toledo se dio el paso decisivo para la fase del túnel de trasvase, pero faltaba que el MEF –a través de Proinversión– tomara una decisión sobre las dos siguientes (etapas, nota de DTP), lo cual se estuvo postergando.

Con dicho fin, contrató a la consultora Nippon Koei para que diseñe un esquema que fuera viable y asegurara que el componente de irrigación repague la ejecución de la garantía soberana por el trasvase Olmos. El MEF cree en este proyecto, pero debe tomarse el trabajo de ir a explicarlo a los lambayecanos.

En el camino, sin embargo, Odebrecht planteó una iniciativa privada –mecanismo previsto en la ley– pero con un esquema que al MEF le produce desconfianza porque, entre otros aspectos, abre opciones de renegociación futura que podrían hacer que, al final, la lavada salga más cara que la camisa al Estado.

A pesar de ello, se ha lanzado un tremendo lobby por el plan de la empresa brasileña. El premier Javier Velásquez Quesquén –chiclayano que sabe que aquí está su reelección perpetua en el Congreso– casi se ha vuelto un agitador de masas por esta alternativa, mientras que el Parlamento aprobó ayer una moción de respaldo al plan de Odebrecht en Olmos.

En suma, se teme que Alan termine como la caricatura de Andrés Edery, con el consiguiente perjuicio al erario nacional, solo para comprometer votos norteños:

3. El Código de Consumo: Uno de los pocos anuncios del aburridísimo mensaje de 28 de julio del año pasado que se movió fue el de la creación de un Código de Consumo.  Se convocó una comisión al respecto, que elaboró un proyecto que fue presentado en octubre último.

Abogados como Mario Zuñiga y Freddy Escobar y anallistas como AAR cuestionaron la norma por diversos motivos que van desde su propia necesidad – salvo mejorar criterios de Indecopi en sus precedentes, así como su refuerzo institucional – la inclusión de criterios difíciles de plasmar en la realidad como “precio justo” y la no consulta del proyecto a Indecopi y al sector privado. Todas ellas, observaciones que hasta cierto punto eran atendibles. (Yo sí considero que debemos tener una mejor norma de protección del consumidor).

Frente a todas estas críticas, el gobierno revisó el proyecto y le ha metido varias modificaciones. Las mismas no han estado exentas de dificultades. Desde las asociaciones de defensa del consumidor, ya hay críticas diciendo que el proyecto “se ha suavizado” en sectores como el bancario y El Comercio ha editorializado en contra de la no inclusión de la información sobre productos transgénicos en las etiquetas de los mismos. Se supone que mañana en Palacio se aprueba el proyecto. Parece que terminamos yendo de un extremo a otro.

Desde la visión del ciudadano común y corriente, Fernando Vivas observa:

Con un código prociudadano no se va a redefinir la lucha de clases, ni siquiera se va a incidir seriamente en la distribución del ingreso, pero sí habría un efecto democratizador que coadyuve a la reforma del Estado.

Que queden en el pasado los mercantilistas de la “mecida” en cláusulas enanas, del “spam”, de las ofertas de gato por liebre y del ingenio al servicio del engaño, para que venza la transparencia en la publicidad, en las etiquetas, en los contratos y en la propia relación humana entre consumidor y proveedor. Que “el cliente tiene la razón”, sabiendo que todos somos clientes, no sea una frase hipócrita, sino una máxima de la igualdad en la democracia.

Ya sabe, la próxima vez que le digan que la política no afecta a la economía, tiene a un interlocutor candidato a Pinocho.

BTR: DOS MAS

Este fin de semana, el caso Business Track volvió a moverse, luego del teremoto que supuso la desaparición de parte de los archivos de Giselle Gianotti, una de las involucradas en el caso. Esta vez, las pistas apuntan a lugares esperados e inesperados.

Durante el fin de semana, el portal IDL-Reporteros y los diarios Perú.21, La República y La Primera dieron cuenta de los archivos que se encontraban originalmente en los USBs de Gianotti. Aquí, lo que más se ha resaltado es lo siguiente:

1. La existencia de un audio vinculado al Secretario de Palacio de Gobierno, Luis Nava Guibert. En realidad, esta pista no es tan novedosa.

Si revisan la lista de audios que Pablo O’Brien y Marco Sifuentes colgaron en Wikileaks – y que esperamos pongan en otro lado, dado que Wikileaks ha descolgado el material por sus problemas económicos – allí aparece el audio 38, que es una conversación entre la secretaria de Nava y Rómulo León Alegría, para confirmar la cita entre el Presidente de la República y la gente de Discover y Petromaker, cita en la que estuvo Fortunato Canaán.

A ello deben sumarse otras perlas que recordó hace un tiempo César Hildebrandt, entre las que se encuentran correos electrónicos que lo mencionan, consultas jurídicas al estudio de los hijos de Nava, intercesión para reuniones entre Rómulo y el entonces ministro de Salud Carlos Vallejos. A ello se suma que en el documento llamado Proyecto Perú, Canaán le indica a Rómulo que debe buscar reuniones con Nava para ver el tema del petróleo.

Ojo que Nava maneja la agenda presidencial, junto a la secretaria de Alan, Mirtha Cunza, a quien también se le ha encontrado conversaciones con Rómulo, quien la hostigaba con correos y llamadas para el Presidente.

2. Correos electrónicos entre Rómulo León y Rafael Rey. Esta es una pepa de La Primera. Los correos datan de la época en que Rey era titular del Ministerio de la Producción. El texto de uno de los mails dice esto:

Estimado Rómulo:

He estado en Japón entre el 27 de octubre y el 3 de noviembre por eso recién te contesto. Te adjunto copia del oficio que el 23 de octubre pasado envié al MEF (ver 3er párrafo). Lamento que sólo se nos hiciera caso en lo de las 84 partidas arancelarias con protección efectiva negativa. Insistiré en el asunto.

Atentamente

Rafael Rey

Sin duda, la aparición de Rey en este caso sorprende, dado que, si bien discrepaba abiertamente con su gestión mediocre en Defensa y su visión sobre los derechos humanos, hasta el momento se tenía una imagen de pulcritud sobre su actuación pública.

Rey, hasta el momento, no ha dado un descargo sobre el tema. Sin embargo, el Presidente del Consejo de Ministros indicó en Radio Capital que, en efecto, los correos son ciertos y que Rey ha reconocido la existencia de los mismos. Sin embargo, indicó que los mismos no constituian la comisión de un delito. Urge que el ministro Rey aclare su situación y vínculos con León Alegría.

Sin duda alguna, el caso sigue siendo una caja de sorpresas, pero también va avanzando la sensación que el auténtico faenón es aquel que busca que los responsables queden totalmente limpios.

ACTUALIZACION (01.04.2010).

Los descargos de Rafael Rey vía RPP:

El ministro de Defensa, Rafael Rey, afirmó que los e-mails que intercambió con el ahora procesado Rómulo León, fueron comunicaciones “absolutamente intrascendentes”, ya que trataban sobre un tema que estaba “encaminado” y “estudiado”, ocurrido cuando se desempeñaba como titular del Ministerio de la Producción.

En los estudios de RPP, explicó que en octubre del 2007 se hicieron rebajas de aranceles a muchas partidas, sobre lo cual surgieron algunas objeciones y preocupación de la Sociedad Nacional de Industrias (SIN) y de productores pesqueros.

Sobre el particular, León Alegría le escribió un correo, que el ministro Rey dijo respondió: “Tu preocupación está resuelta porque forma parte del estudio que hemos hecho”. Asimismo, el titular de Defensa explicó que también adjuntó el oficio que le había pasado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al SIN y a la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú).

“Seguramente (Rómulo León) ha querido jamonearse con alguien, diciendo: yo tengo influencias con el ministro Rey y me está haciendo caso”, expresó.

Esta explicación de Rey, hay que decirlo, parece bastante consistente.

MAS SOBRE EL TEMA

La República: Otra persona del entorno de Kouri tiene cercanías con el APRA y Mantilla y aparece en la agenda de Elías Ponce Feijóo

UNA RARA ENCUESTA

A inicios de semana, salió esta encuesta de la Universidad de Lima sobre preferencias para la votación para la alcaldía de Lima. Puntos más, puntos menos, confirmaba la tendencia que la PUCP e Ipsos Apoyo habían dado en cuanto al orden de la votación limeña:

Hasta allí, ya se imaginan las reacciones: Lourdes feliz por el primer lugar, Kouri atacando a medio mundo y los demás diciendo que esto recién comenzaba. Digamos, lo típico cada vez que sale una encuesta.

Pues bien, entre ayer y antier, Datum sacó otra encuesta con resultados distintos:

Solo dos atingencias a esta encuesta:

1. La muestra para la encuesta de la Universidad de Lima se tomó el pasado fin de semana. Sin embargo, la muestra de Datum se hizo hace dos semanas, entre el 7 y 12 de marzo de 2010. Dado que una encuesta es una “fotografía del momento”, ¿que hacíamos viendo una foto pasada? ¿Y porqué Datum la difunde? (Dicho sea de paso, señores de Datum, actualicen su web, pues no se ven encuestas desde fines del 2008).

2. El elenco estable es más o menos el mismo. Sin embargo, había un detalle importante: no se encontraba Susana Villarán. Esto no es moco de pavo debido a que, si bien no está con un nivel importante de votación, la candidata de Fuerza Social ya se había lanzado a la alcaldía y, además, en las demás encuestas aparecía, disputando entre el tercer y quinto lugar.

Manuel Torrado nos podría dar una explicación al respecto.

CASTAÑEDA Y EL ZANJON INCONCLUSO

La Vía Expresa es una de las obras más importantes que se han hecho en la ciudad de Lima. Los limeños le debemos un especial reconocimiento a Luis Bedoya Reyes por lo que conocemos también como “Zanjón”, que avanzó hasta la entrada a Barranco.

Por diversos motivos, la obra no se concluyó. De hecho, Roberto Bustamante ha rescatado el trazo original de la sección sur de la Vía Expresa sobre la base de un mapa actual de la ciudad. La ilustración muestra que parte del trazo se llegó a hacer, pero que otras secciones en estos momentos vienen siendo ocupadas por viviendas o terrenos vacíos (ver líneas punteadas). Como diría Belaúnde, vayamos al mapa (que lo pueden ver en toda su extensión aquí):

Y lo que vivimos después lo describe bien El Morsa:

Luego llegó la era Castañeda y su Metropolitano que se echó abajo cualquier planificación. Un Metropolitano que llega hasta Chorrillos y no se conecta con alguna vía o avenida mayor. Si el Metropolitano hubiera seguido el trazo de la Vía Expresa (aumentando la foto se puede notar que hay partes que sí fueron diseñadas y pensadas, y está el trazo de la unión con la Panamericana), se hubiera tenido un sistema interconectado porque allí nomás a dos cuadras pasada el Tren Eléctrico.

El daño que Castañeda le ha hecho a la capital es mayúsculo. Para hacer el Metropolitano, la Municipalidad Metropolitana de Lima no tuvo un estudio de impacto ambiental aprobado, amén que partió Barranco en dos, provocó un arbolicidio, su presupuesto crece todos los días y técnicamente tiene serios problemas. Pero a ello debemos sumar que, como lo demuestra Bustamante, Castañeda simple y llanamente se olvidó del trazo original de una obra que tiene bastantes décadas de planeadas.

Lo peor es que el candidato presidencial “no recordó” que su propia Gerencia de Promoción de la Inversión Privada tiene la ampliación Sur de la Vía Expresa en cartera desde el 2006. Incluso se señala lo que se debería hacer:

El proyecto consiste en conectar la vía expresa del Paseo de la República con la Panamericana Sur, ejecutando un tramo de 5 Kms. De características similares a la actual Vía Expresa (3 carriles principales + 2 carriles servicio por sentido) en trinchera. Están previstos intercambios viales con la Av. República de Panamá y con la Panamericana Sur. Asimismo se ejecutarán puentes vehiculares con la Av. La Merced, Av. La Castellana, Av. Ayacucho, Av. Surco, Av. Soto Bermejo y Av. Próceres. Deben ejecutarse también 5 puentes peatonales. En algunos puntos el derecho de vía se encuentra ocupado, debiendo efectuarse las afectaciones correspondientes.

Y la justificación es aún más asombrosa:

La vía expresa del Paseo de la República carece de una adecuada continuidad hacia el sur, por lo que los flujos vehiculares N-S deben derivarse hacia la Av. Bolognesi y el Sistema Vial local del distrito de Barranco, generando una alta congestión vehicular.

El Metropolitano solo ha agravado esta situación, con muros incluidos en el ex Ovalo Balta y el destrozo de la Avenida Bolognesi, amen del desvío del transporte público actual a vías que no estaban preparadas para aguantar tanta carga vehicular, con el consiguiente deterioro de las pistas de Barranco, amen de los problemas de contaminación que este mamarracho vial ocasiona.

Con esto podemos concluir que el lema de la ciudad bien podría ser “Luis Castañeda Lossio: Destruyendo”.

(Imagen de la Vía Expresa extraida de aquí. Mapa de Vía Expresa Inconclusa: Elaboración de Roberto Bustamante)

KOURI EMULA A BOLOÑA

Hace 9 años, un señor llamado Carlos Boloña, que fue dos veces Ministro de Economía de Fujimori – y según los fujimoristas, iba a ser el reemplazo en un golpe de Estado que le propinaría Montesinos a su socio en marzo de 2000 – era candidato presidencial por Solución Popular.

Lo único que hizo recordable su candidatura – además de la incalsificable canción de “las boloñas” – fue esta escena, en la que se fue a vivir a un asentamiento humano (la imagen es de un reportaje de Cuarto Poder):

Nueve años después, otro candidato de ese tiempo, Alex Kouri, quiere repetir la payasada. Vía El Comercio:

Tras su descenso en las encuestas el candidato a la alcaldía de Lima, Álex Kouri, se alista para “convivir” con pobladores de distintos pueblos jóvenes de la capital, quienes no gozan de servicios como agua y luz eléctrica.

Según el vocero del Frente Metropolitano liderado por Kouri Bumachar, Gustavo Sierra, esta estrategia consistirá en “pernoctar, vivir y hacer nuestro plan de gobierno como se debe”

Como que se adelantó la temporada de circos.

Mientras tanto, aparece una encuesta bamba favorable a candidatos kouristas en el Callao, a las que querían hacer pasar como elaboradas por la PUCP. Fernando Tuesta cuenta el asunto, que no es materia de chiste.

Los 90’s han regresado.

MAS SOBRE EL TEMA

Ángel Paez recuerda pasajes memorables de las conversas de Kouri en la salita del SIN.

PETROAUDIOS: UN EXTRAÑO ROBO

La señora de la foto se llama Giselle Gianotti y es una de las implicadas en el caso Business Track. Cuando fue capturada en enero pasado, también le fueron decomisados varios USBs y computadoras. El problema ahora es que parte de su contenido está perdido desde hace varios meses. Informa La República:

La madrugada del lunes 4 de mayo del 2009 un “intruso” ingresó al despacho de la jueza María Martínez Gutiérrez, en el cuarto piso de Palacio de Justicia, y borró 592 archivos (audios y correos electrónicos)  de dos USBs incautados a Giselle Giannotti Grados, funcionaria de Business Track (BTR).

La intrusión y borrado recién se conoció esta semana, a insistencia del fiscal especial Walter Milla, luego de que el 5 de marzo último, durante la audiencia de visualización, escucha y transcripción de los USBs de Giannotti, detectó que las copias que tenían los peritos informáticos no coincidían con lo que tenía registrado en su archivo personal.

Hay varias cosas graves aquí y que merecen una investigación:

1. Como indica el diario, desde el 4 de abril de 2009, se trasladó el despacho de la jueza María Martinez al cuarto piso de Palacio de Justicia. Esta medida fue tomada por el propio presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, con el fin de preservar su seguridad.  Como lo indica un reciente informe de IDL-Reporteros sobre otro tema vinculado a la judicatura, “Martínez trabaja en un espacio protegido por rejas, detectores de metales, cámaras de vigilancia, policías y una bóveda asegurada. Es la única jueza en el Perú en ese piso”.

2. La jueza Martinez tomó decisiones que merecerían una explicación convincente. El 18 de febrero de 2009, la magistrada decidió paralizar la audición del material incautado a los chuponeadores, acogiendo un pedido de Gianotti. Ello se produjo cuando el fiscal Milla había pedido que el material contenido en los USBs de la procesada. Y el 24 de abril de 2009, Martínez indicó que el material de Gianotti se examinaría al final. Días después, ocurrió la sustracción y borrado de los archivos.

3. Establecer quien o quienes estuvieron detrás del borrado debería ser sencillo y debería hacerse público. El fiscal Milla posée la lista de los archivos que fueron eliminados, dado que todo lo que llegó a su despacho consta en las actas de su investigación.  Queda en manos de la Fiscalía de la Nación, hacer las indagaciones correspondientes y señalar que archivos fueron borrados.

4. Gianotti no es un personaje cualquiera dentro de Business Track. El libro de Gustavo Gorriti sobre este caso indicó que entre los archivos incautados a Gianotti se hallaban evidencias de seguimiento y espionaje a varios de los personajes involucrados en los Petroaudios, Asimismo, en el 2006, Gianotti y el padre de sus hijos, el directivo de Forza, Wilson Gómez Barrios, le venden a Alan y a las Fuerzas Armadas la idea de un supuesto atentado presidencial de un grupo de chavistas, que terminó en detenciones preventivas y un papelón mayúsculo, porque nunca existió.

Además, Gianotti y Gómez Barrios anduvieron por casas de políticos, reuniones con periodistas y con miembros de las Fuerzas Armadas en la que se alertaba sobre supuestas vinculaciones entre grupos de izquierda radical y las FARC, a través de la llamada Coordinadora Continental Bolivariana. En sus descargos sobre las llamadas de Elías Ponce Feijoó, el jefe de BTR, Mercedes Cabanillas indicó tenía a Ponce como informante en temas internacionales y que los datos proporcionados tenían que ver con la Coordinadora Continental Bolivariana.

Hace un tiempo, Roberto Bustamante hizo notar una declaración de Ponce en la que señala tener un infiltrado en esta organización. Luego se supo que BTR y otra de sus conexiones, Giselle Gianotti, como hemos indicado, andaba por medio Lima difundiendo información sobre la CCB y que dos medios de comunicación – El Comercio y La Ventana Indiscreta – difundieron informes errados en base a esta información.

Como vemos, este robo resulta ser todo un escándalo. ¿Qué dirán las autoridades judiciales al respecto?

ACTUALIZACIÓN (08:15 PM):

Hablaron las autoridades judiciales.  De un lado, la OCMA le abrió una investigación a la jueza Martinez. Dado que se trata de una magistrada provisional, de comprobarse alguna inconducta o responsabilidad, Martinez puede quedar fuera del Poder Judicial, ser suspendida en el cargo o simplemente ser amonestada.

De otro lado, el Poder Judicial emitió un extraño comunicado en el que señalan que ningún elemento fue sustraido de la bóveda, pero no hacen referencia al borrado de archivos, lo que es el centro de la denuncia hecha hoy. De hecho, el periodista de La República César Romero, a través de Twitter, informó que los fiscales a cargo del caso confirmaron que hay información borrada.

Como vemos, hay mucho por investigar en este tema.

OSIPTEL: REGULADOR EN PROBLEMAS

Hace algunas semanas, alteramos sobre algunos problemas serios que tiene Osiptel, el regulador de las telecomunicaciones en el país. Sobre todo, una historia que reportó El Comercio hace poco tiempo.

En noviembre último, Osiptel tenía que decidir la reducción tarifaria en la renta básica y el precio por minuto en llamadas de teléfono fijo. Telefónica presentó una propuesta para mantener las cosas como están y los técnicos de la reguladora estaban a favor de bajar las tarifas. Así las cosas, los miembros del Consejo Directivo de Osiptel tenían que votar. El sistema de voto que tienen es vía correo electrónico.

Cuando se tomó la decisión, por 2 votos a 1, la favorecida fue Telefónica del Perú. Pero ocurrió un nada pequeño detalle. Uno de los miembros del Consejo Directivo, Marco Antonio Torrey Motta, miembro del APRA, había hecho trampa: de acuerdo con la versión de El Comercio, tal como se comprobó al verificar las propiedades del documento, el voto favorable a Telefónica no había sido elaborado por él, sino por por el entonces director de Estrategia y Regulación de la trasnacional española, el abogado José Juan Haro Seijas. Y que dicho documento fue elaborado en la empresa.

A Torrey lo cesaron y, tiempo después, se descubrió que Rómulo León Alegría había mandado cartas a Alan para presionar por el nombramiento de este funcionario.

Pues bien, ahora Torrey pretende volver. Informa El Comercio:

El pasado 19 de enero, el 4° Juzgado Constitucional de Lima admitió la demanda de Torrey contra la Presidencia del Consejo de Ministros y Osiptel, por “violar los derechos fundamentales del trabajo y el debido proceso”.

La demanda detalla que Torrey ha solicitado anular la Resolución Suprema N°319-2009-PCM, que dispuso removerlo de su cargo como director de Osiptel, “en tanto culmine el proceso administrativo”, es decir, la investigación en curso originada por esta denuncia.

En otras palabras, Torrey pretende volver vía un amparo. Habrá que ver si es que se afectaron derechos constitucionales o no en ese caso, pero lo cierto es que su situación sigue siendo complicada. De hecho, el Cuarto Juzgado Penal Anticorrupción abrió instrucción por el delito de concusión contra Torrey y Haro por estos hechos. Y el Procurador Jorge Caldas quiere que el proceso se amplíe por el delito de cohecho.

Sin duda, esto es uno de los extremos de lo que los expertos en regulación llaman captura del regulador. Pero hay que también atacar sus causas.

En un reportaje para Perú Económico, Gonzalo Carranza señala las causas de este problema, que, a su vez, permitieron la venta de Telefónica al precio elevado que tuvo: “las características del contrato de concesión que se le otorgó a Telefónica y cómo éstas influyeron en la actual estructura del mercado de telecomunicaciones local, en el cual una sola empresa, integrada vertical y horizontalmente, es claro líder en todos los servicios ofrecidos”.

Frente a ello y dado que la empresa ya es difícil de partir a estas alturas del partido – ya han pasado 16 años -, se propone esta solución:

Si bien ha habido esfuerzo para un despliegue de redes propias por nuevos jugadores –notorio y exitoso en la telefonía móvil, incipiente y trabado en las redes fijas residenciales– la regulación se ha topado una y otra vez con las dificultades asociadas a tratar de imponer a una empresa dominante e integrada vertical y horizontalmente la obligación de compartir infraestructura. Las medidas tradicionales, como el establecimiento de cargos de interconexión sobre la base de costos o la realización de pruebas de imputación para evitar prácticas de estrechamiento de márgenes, han demostrado ser de una complejidad que no va de la mano con la rapidez del cambio tecnológico y de las estrategias comerciales de las empresas.

El cambio de enfoque regulatorio, aun manteniendo la estructura de mercado actual, podría darse en el marco de la adecuación a los capítulos de competencia de los tratados de libre comercio, como el firmado con Estados Unidos, que establecen la obligatoriedad de la compartición de infraestructura y la determinación de proveedores importantes a los que se aplica ésta. Si bien a nivel normativo y formal estos avances se vienen dando, un vigoroso enforcement de parte del regulador –apoyado política y presupuestalmente por el Estado– podría darle un nuevo aire a la competencia.

A ver si hacemos esto en lugar de producir comerciales. ¿Ocurrirá un lunes cualquiera?

EL CEMENTO Y EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Nuevamente, como es costumbre en los últimos años, el Tribunal Constitucional nos ha legado una sentencia bastante controvertida por sus alcances judiciales y políticos.

La semana pasada, el TC emitió una sentencia bastante controvertida sobre el arancel del cemento, a partir de una demanda de amparo interpuesta por la empresa Cementos Lima. El Tribunal indicó que se había afectado el derecho a la igualdad ante la Ley de esta empresa y que el arancel (el impuesto que pagamos cada vez que importamos un producto), que había sido bajado a 0% debía ser restituido al nivel que tenía antes, es decir 12%.  Semanas atrás, el diario Perú.21 había alertado sobre esta posibilidad.

Desde el punto de vista jurídico, la sentencia es cuestionable desde cuatro puntos de vista: 1. Fundamentar que se debe proteger al productor nacional, cuestión que no está contemplada en la Constitución actual, 2. la fundamentación sobre la existencia de un derecho ante la igualdad ante la Ley y sus alcances, 3. la falta de análisis de la norma arancelaria desde las funciones constitucionalmente asignadas (es decir, si se dictó bien o no la norma) y 4. subir el arancel como parte de la sentencia, dado que es una función exclusiva del Poder Ejecutivo.

A ello se han sumado cuestionamientos de otro tipo. Jaime de Althaus y Ricardo Lago han señalado la existencia de un presunto plagio de una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia, mientras que los economistas de distinto signo discuten sobre la conveniencia de la medida en el contexto de apertura comercial de la economía peruana. A ello se suman los problemas que puede traer al país esta sentencia, en relación con acuerdos comerciales que ya tienen aranceles comerciales consolidados, o con los tratados de libre comercio.

Incluso se ha recordado la guerra comercial entre Cementos Lima y Cemex, época en la que la empresa peruana contrató a Business Track, aunque la misma ha desmentido que dicho contrato haya implicado actividades ilegales.  De hecho, la hipótesis que tuvieron los periodistas Fernando Ampuero y Pablo O’Brien era que Cemex habría sido favorecida indebidamente por Hernán Garrido Lecca, entonces Ministro de Vivienda y Construcción y que ello habría generado el espionaje industrial que abarcó a varias actividades. Esta hipótesis tampoco ha podido ser demostrada hasta el momento.

Para añadir más castañas al fuego, el Presidente de la República dijo que era necesario delimitar las funciones del Tribunal Constitucional y hasta insinuó presiones económicas sobre el TC para dictar la controvertida sentencia.

Mi opinión sobre todo este caso es que la conveniencia económica de la rebaja de aranceles no es materia constitucional y que se notan forzados los argumentos del Tribunal. Es decir, jurídicamente me parece una pésima sentencia.  Sin embargo, ello no debe implicar, sin pruebas, la acusación a los miembros del TC de haberse sometido a una presión económica indebida y menos aún, una “delimitación” de funciones que suena a lo que muchos legisladores han pretendido hacer desde hace años: cortarle las alas a un Tribunal que otrora utilizó sus facultades de interpretación para excelentes sentencias y que ejerce una labor de control del poder político.

En ello, le doy la razón al constitucionalista Samuel Abad, quien señala que lo deben hacer los otros poderes del Estado es mejorar la calidad de los miembros del TC, es decir, poner más ojo en la selección de los magistrados. El proceso anterior, en el que se eligió a 4 magistrados, tuvo un funesto papel de Aurelio Pastor y Mercedes Cabanillas, que no solo culminó en escándalo, sino también en una mala elección de personas.

Por cierto, hoy el Congreso deberá elegir, entre tres juristas, a dos nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Esperemos que los escogidos sean los idóneos.

MAS SOBRE EL TEMA

El análisis económico del caso lo tiene Mil Demonios

EL ENTORNO DE KOURI

Dos reportajes de Angel Paez, publicados ayer y hoy, nos presentan parte de la agenda telefónica de Elías Ponce Feijóo, el jefe de Business Track, en la que aparecen personajes bastante cercanos a Alex Kouri, el Presidente Regional del Callao que ahora aspira a ser alcalde de Lima.

Como es evidente, las respuestas han sido dos: o el reconocimiento de viejas amistades con Ponce o el absoluto desconocimiento de como su nombre andaba por alli.

Lo cierto es que el reportaje de Paez ha permitido identificar al entorno más cercano a Kouri, a los que podemos clasificar en estos grupos:

LOS CHALACOS

Aquí se encuentran los personajes cercanos al partido Chim Pum Callao. Destacan el vicepresidente regional Víctor Albrecht Rodríguez, número dos del partido y también Director Regional de Educación; el alcalde provincial del Callao, Félix Moreno, quien postulará a la Presidencia Regional; el alcalde de Ventanilla, Omar Marcos, conocido por hacer propaganda electoral en los kits escolares y Juan Sotomayor, alcalde de Bellavista, quien hace publicidad en el semanario Marcación Regional y Municipal, también editado por la polémica empresa Fratellos D’Ravenna, que también tiene el pasquín Cara y Sello.  Sotomayor postulará a la alcaldía provincial del Callao, como sucesor de Moreno.

LOS FUNCIONARIOS

Dentro de este marco, destacan dos nombres: Fernando Gordillo Tordoya y Carlos Lizárraga Portugal.

Gordillo es el gerente general del Gobierno Regional chalaco, quien ha sido Director Regional de Desarrollo Urbano. El fiscal Oscar Zevallos lo denunció por irregularidades en la Vía Expresa del Callao. Gordillo también se ha desempeñado como dirigente del Sport Boys.

El caso de Lizárraga es aún más complicado. De acuerdo con la información obtenida por el diario La República, Lizárraga era el destino de las llamadas de Ponce Feijóo a un celular de la Contraloría General de la República. Este personaje es miembro de la Marina de Guerra en retiro y tuvo un accidentado paso por la Contraloría General de la República. Genaro Matute le perdió la confianza y luego ocurrió lo que cuenta María Elena Hidalgo:

El general Remigio Hernani afirmó que cuando Lizárraga trabajaba en la Contraloría confirmó que este mantenía relaciones muy cercanas no solo con Elías Ponce Feijóo sino también con el número dos de BTR, el capitán de fragata en retiro Carlos Tomasio de Lambarri. “Cuando yo llegué me encontré con que BTR había hecho ‘barridos electrónicos’ en la Contraloría. Lizárraga fue quien recomendó la contratación de BTR, evidentemente, por su amistad con Ponce y Tomasio”. Curiosamente, ni bien Lizárraga ingresó al gobierno regional del Callao, esta entidad comenzó a contratar a BTR.

Curiosamente, mientras Lizárraga estaba aún en la Contraloría, salió el informe contra Kouri por la Vía Expresa y, a los pocos días, un programa periodistico presentó un reportaje sobre el uso de un vehículo de la Contraloría por parte de la esposa de Matute.

Lizárraga es el actual Jefe de Seguridad del Gobierno Regional. Aquí pueden ver un documento donde aparece como presidente de una comisión de selección para contratar servicios de seguridad y vigilancia privada de dicho gobierno regional. Dicha comisión fue la que finalmente contrató a Business Track para este servicio. Este es el famoso contrato del 2008 suscrito con la empresa acusada de espionaje.

EL EQUIPO DE CAMPAÑA

Está conformado por tres personas.  La primera de ellas es Gabriela Chávez Bonifaz, una conocida consultora de imagen y prensa, encargada de estos aspectos en la campaña de Kouri. Chávez ha sido miembro del Partido Popular Cristiano y, según consta en su página web, varios de sus asesorados han sido congresistas y alcaldes de este partido. Chávez se hizo célebre por organizar una reunión en honor a Rafael Rey, a la que asistieron políticos, periodistas, operadores y lobbistas.

José Cevasco es el jefe de campaña y, por si no lo recuerdan, fue Oficial Mayor del Congreso en dos ocasiones. Algunas perlas de sus gestiones: la pérdida del pergamino de la juramentación de Fujimori en 1990, su intervención como lobbista de Javier Ríos Castillo en la polémica elección del TC y su participación en la contratación de Business Track en el Congreso. Curioso que ahora esté en el equipo de otro contratante de la tristemente célebre empresa.

El tercer personaje funge de seleccionador de candidatos: Fernán Altuve – Febres Lores. Este abogado ha sido parlamentario fujimorista entre 2000 y 2001, ex comentarista de Cable Canal de Noticias en la época en que el canal estaba bajo el mando montesinista y actualmente estaba alejado del fujimorismo, debido a discrepancias serias con Keiko Fujimori. En la última campaña, apoyó a Ollanta Humala y estuvo cercano a Antauro Humala. Altuve – Febres ha reconocido que es amigo de Ponce Feijóo.

Y OTROS PERSONAJES DE OTRO TIEMPO

En su reportaje de hoy, se mencionan tres nombres: Alberto Kouri, hermano del candidato y conocido por ser el primer tránsfuga comprado por Vladimiro Montesinos. De acuerdo con lo indicado por Paez, es el encargado de reparto de pescado para los candidatos de Kouri en el Callao.

Los otros dos son Johnny Maraví, actual jefe de relaciones públicas del alcalde Moreno y quien estuvo de empleado de Oscar Dufour, otro de los personajes del primer vladivideo y Enrique Vidal, ex periodista de RPP, encargado de organizarle fiestas y movilizaciones al presidente regional, como una reunión del día del periodista de hace unos años.

Próximamente en este blog, más novedades sobre este entorno, porque tus juntas también importan.

(Imágenes: Diario La República)