KUTRI

Alex Kouri es una persona que hace honor al cínico lema acuñado por Odría: “Robó, pero hizo obra”. Lema al que varios votantes hacen honor, cada vez que ven cemento en la calle y piensan que el alcalde (o la autoridad de turno) hace algo por ellos, mientras le esquiman el bolsillo.

Porque no puede calificarse como otra cosa lo que nos ocurre cada vez que vamos al Aeropuerto Internacional Lima – Callao.

Bueno, resulta que todos los peruanos que pasamos hacia el Aeropuerto tenemos que pagar el peaje más caro del mundo: S/. 1.50 (aproximadamente 45 centavos de dólar) por atravesar una vía rápida de solo 2 kilómetros. El mismo pago lo tenemos que hacer también al regreso del Aeropuerto.

La Ventana Indiscreta sacó hace unos días un reportaje en donde indicaba que este cobro no fue previsto en el contrato original suscrito entre la Municipalidad del Callao y la empresa concesionaria de la llamada “Vía Expresa del Callao”, sino que fue una ayudadita que dio el ex alcalde chalaco a una empresa que, dado el capital social que tiene, no debió ganar la licitación de una obra que cuesta más de 40 millones de soles.

Ésta, sin duda, es la perla más grande de Kouri en su gestión como alcalde.

Pero tuvo otras, sino, vale la pena acordarse de los 5 videos donde lo vimos junto al inefable Vladimiro Montesinos complotando contra la oposición democrática. Y ahora se declara un “pragmático” de la política, adjetivo con el que pretende cubrir su carencia de ideas y su falta de escrúpulos. Pragmatismo que lo ha llevado a apoyar a Alan García, a tal punto que uno de los dirigentes de su movimiento “Chimpum Callao” es el actual Primer Vicepresidente de la República. Si, el Almirante.

Por eso, nos sumamos a la campaña iniciada por un blog conocido: Amigos chalacos, no voten por Kouri para Presidente Regional. No le den la oportunidad a alguien que no tiene ningún escrúpulo de subir peldaños en la política peruana.

Pregunta final. ¿Por qué varios empleados de la Municipalidad del Callao que no viven en ninguno de los distritos del primer puerto han cambiado su dirección para poder votar en el Callao?

ENLACES:
Perú.21: Parlamento vería concesión de la Vía Expresa del Callao.
Agencia Perú.com: Increible: Peaje por carretera de 2 kilómetros en el Callao.
El Útero de Marita: Ay, qué Kouri.
Pedro Francke: El Robo de Kouri.
Vladimiro Producciones presenta “Alex Kouri’s Collection”: Vea las transcripciones y videos.

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CIPRIANI Y LA PRENSA

En Agenciaperu.com

El Arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, habló con dureza sobre la prensa, al ser consultado sobre los recientes cambios en el canal estatal Perú TV. Cipriani sugirió que es una práctica común entre los periodistas el decir lo que sus dueños ordenan.

“No se escandalicen por eso. Ustedes saben que no hay mucha libertad de expresión en los medios, ahí hay que decir sólo lo que dice el dueño”, dijo.

En esta línea, el Cardenal consideró una “enfermedad” encender la televisión y ver “que los primeros diez minutos de noticiero todo es problemas, tragedias y dificultades”.

La pregunta para el Cipri: ¿Por qué no dijo eso cuando Fujimori y Montesinos controlaban la televisión a cambio de cerros de billetes? Ahi los periodistas decían lo que quería el dueño, pero del circo.

¿DISCIPLINA = NO DISENSO?

CASO 1: EL PRESIDENTE REGIONAL SUSPENDIDO

El polémico Presidente de la Región La Libertad, Homero Burgos, ha resultado ser una piedra en el zapato del gobierno aprista.

Burgos, quien no postulará a la reelección (tiene 80% de desaprobación y su muy probable reemplazante será un cercano a Alan, José Murguia), se ha mandado con todo durante estas dos semanas en temas que para la administración actual resultan un tanto espinosos.

El primer lío fue por el proyecto Chavimochic, la obra de irrigación más importante del departamento cuna de Haya de la Torre. Burgos protestó por la no inclusión de este proyecto dentro del crédito suplementario aprobado recientemente por el Congreso. Asimismo, Burgos se manifestó en contra de que la empresa brasileña Odebrecht se encargara de la tercera etapa de Chavimochic, el mismo día que su jefe (Alan) se reunía con Marcelo Odebrecht y “saludaba su intención de invertir en el Perú”. Aparentemente, Odebrecht habría construido mal algunas bocatomas de este proyecto de irrigación.

El segundo lío ha sido por la pena de muerte. Burgos, recordando el matiriologio aprista, ha señalado su oposición a la aprobación de la pena capital para los violadores de menores de edad. Es más, llegó a decir que el gobierno de su partido se transformaría en un “régimen cívico militar” de aprobar y ejecutar esta medida.

Resultado: Ayer Miriam Pilco, secretaria general del APRA en La Libertad, ha señalado que se ha “suspendido en sus derechos partidarios” a Burgos.

CASO 2: KARINA SIN PANTALLA:

Karina Borrero era, hasta ayer, una destacada narradora de noticias que había pasado por Canal N y Panamericana, antes de recalar en Televisión Nacional del Perú (hoy, llamada nuevamente TV Perú, como en el periodo 1985 – 1990).

Ayer, salió publicada en la sección espectáculos de La República unas declaraciones hechas por Karina sobre los cambios que se ven en la televisora estatal, que la acercan más a La Tribuna, antes que al modelo de televisión pública que Paniagua y Toledo quisieron (o dejaron) tener.

Borrero declaró: “Estamos un poco a la expectativa de los cambios porque hasta ahora solo sabemos lo que se rumorea por los pasillos. Lo que sí tengo claro es que ni yo ni mis colegas queremos trabajar en un canal sobón. Si es así, yo me voy.”

Resultado: Karina en la calle (no se renovó su contrato) y su compañera Rocío Aliaga llevándole sus cosas ante la mirada de la prensa. Ello se suscitó el mismo día que la periodista Beatriz Llanos era designada como miembro del directorio del IRTP (por cuatro meses, según propia confesión). Llanos, quien es una destacada profesional, es además hija de la Presidenta del Congreso, Mercedes Cabanillas, lo que ha aumentado las suspicacias sobre el manejo del canal de todos los peruanos.

La pregunta de fondo frente a estos casos es: ¿No hay libertad de conciencia en el gobierno aprista? ¿No tenemos derecho al disenso?

ENLACES:
Ideele Radio informa sobre el caso Burgos.
El Utero de Marita: Ay, nuestra BBC chola. Karina Borrero no se va.

UPDATE: Beatriz Llanos presentó su renuncia y criticó salida de Karina Borrero. Ver más información aquí.

CONSEJO DE SEGURIDAD: ¿POR QUIEN VOTAREMOS?

En aproximadamente 20 días, el 16 de octubre, los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas elegirán a 5 de los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad. Actualmente, Perú ocupa una plaza en esta importante instancia internacional por dos años, que culminarán a fines del 2007.

En teoría, el Consejo de Seguridad debía ser el garante de la paz y la seguridad internacionales, siendo el único medio legítimo que tenía la comunidad internacional para autorizar el uso de la fuerza de manera colectiva en los únicos casos que la Carta de la ONU permitía: amenazas a la paz, quebrantamiento de la paz o actos de agresión.

Desafortunadamente, tres factores han complotado para que este mecanismo tenga los resultados que la humanidad esperaba hace 60 años:
a) El sistema de veto otorgado a Estados Unidos, Rusia, China, Francia e Inglaterra, que permite que la oposición de una de las 5 potencias pueda paralizar cualquier intento de acción frente a amenazas a la paz internacional, aunque, también hay que reconocer que el veto muchas veces ha servido como freno a insensateces.
b) El juego político que todos los países han utilizado en la ONU, desnaturalizando sus propósitos iniciales y convirtiéndolo en un escenario más de las disputas entre países.
c) La negativa, en los últimos años, de Estados Unidos – potencia hegemónica en lo militar – en aceptar las resoluciones de la ONU, en particular, en los casos de Irak y frente a Israel.

El segundo factor, referente al juego político y a las rencillas entre países, nuevamente surge a la luz con motivo de la elección antes mencionada.

Para ocupar el asiento que dejará vacante Nicaragua, se han presentado dos candidaturas latinoamericanas, que representan ciertamente dos polos opuestos en la forma como América Latina quiere ver su relación con el resto del mundo, en particular, con Estados Unidos.

Por un lado, tenemos a Guatemala, país que tradicionalmente se ha alineado con todo lo que se diga desde la Casa Blanca. Fue uno de los países que apoyó la invasión anglo-norteamericana a Irak y envió tropas a Bagdad. Es uno de los países que no reconoce a China Popular, sino a Taiwan, lo que complica su situación dentro del concierto internacional, en particular con Asia.

Por otro lado, encontramos la candidatura de Venezuela, país dirigido por el autócrata Hugo Chávez, cuyo discurso es contestatario frente a los Estados Unidos, que no duda en tomarse fotos con personajes como el Presidente de Irán, con aspiraciones de liderazgo continental, pero que es uno de los principales abastecedores de petróleo hacía el país a cuyo Presidente trata de “borracho” o alcohólico para abajo.

La situación no es nada fácil para nuestro país. Perú quiere mantener buenas relaciones con Estados Unidos, pero sin llegar a los extremos de alineamiento guatemalteco o a los que, por temporadas, tenía Alejandro Toledo con “su amigo George”. Pero votar por una país cuyo Presidente regala epitetos al nuestro y ahora acusa de fraude electoral sin ningún fundamento, tampoco es una posibilidad que nuestro país, por el momento contempla.

La salida, como lo ha anunciado el canciller García Belaúnde, será el impulso de una candidatura de consenso, que permita mantener un margen de juego equistante de ambos polos a la mayor parte de países de América Latina. De concretarse esta posibilidad, se habrá dado un buen paso para evitar caer en el juego que el vaquero de Texas y el petrolero de Caracas intentan hacer con el resto del continente. ¿Qué país será el elegido?

(Foto: Canciller García Belaúnde en la Asamblea General de la ONU – UN Photos)

AND JUSTICE FOR ALL?

Aristas del debate sobre medidas del gobierno para defender a militares y políticas procesados por violaciones a los derechos humanos.

Sentimientos y reacciones encontradas me causa la decisión del gobierno de Alan García de solventar la defensa judicial de los militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos. Por ello, pretendemos abordar desde diversas aristas un tema sin duda complejo, pero necesario de procesar por la sociedad peruana.

EL CONTEXTO

Todos quienes vivimos en el Perú durante aquellos años de violencia reconocemos que el Estado tenía todo el derecho de utilizar a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas para enfrentar un problema que amenazaba la existencia de la democracia y la vida e integridad física de nuestros compatriotas, como lo era la absurda guerra que Sendero Luminoso y el MRTA le declararon al país durante las décadas de 1980 y 1990.

También es necesario reconocer – como lo hizo la Comisión de la Verdad y Reconciliación – el valor y heroísmo de muchos de los integrantes de las fuerzas del orden, de los cuales más de un millar perdieron la vida o quedaron discapacitados en cumplimiento de su deber, así como a todos aquellos que combatieron a la subversión respetando la Constitución, la Ley y los derechos humanos.

Sin embargo, así como reconocemos dichas muestras de coraje y valentía, nos corresponde como sociedad asumir que no nos comportamos a la altura de las circunstancias.

En el caso de las Fuerzas Armadas y Policiales, estrategias inadecuadas (o la carencia de ellas), una visión discriminadora y sospechosa sobre nuestros compatriotas que habitaban las zonas más afectadas por el conflicto, la anuencia del Estado – incluyendo a los tres gobiernos que dirigieron al país durante aquellos años – y de parte de la sociedad para que el conflicto acabe a cualquier costo (sin importar las vidas humanas afectadas por una medida de tal naturaleza) y una cultura militar poco proclive a aceptar límites y controles democráticos generaron que el drama iniciado por Sendero Luminoso se volviera algo peor.

Durante años, periodistas de diversas tendencias, organizaciones de defensa de los derechos humanos, miembros de las Iglesias Católica y evangélicas y, finalmente, la Comisión de la Verdad y Reconciliación, denunciaron, con bastantes elementos de juicio, la comisión de violaciones a los derechos humanos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales. Asesinatos, desapariciones forzadas de personas, torturas, violencia sexual contra la mujer, tratos crueles e inhumanos y reclutamiento forzado fueron las prácticas que no podemos considerar como simples excesos en una guerra. En algunos lugares y momentos, estas violaciones fueron de tal dimensión que podemos hablar de vulneraciones sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas.

Estas denuncias no fueron el producto de fantasías, ni de un deseo de destruir a las Fuerzas Armadas, como algunos defensores de ellas (o encubridores de la realidad), pretenden hacernos creer. Por el contrario, fueron un acto doloroso, pero necesario, no sólo para humanizar un hecho que de por sí es difícil de humanizar – la guerra -, sino también para que se haga justicia y no queden sin castigos conductas que la sociedad rechaza, así como también alertar al Estado para que no actúe de esta manera.

Un comentario editorial de César Hildebrandt, a raíz de la masacre de Cayara en 1988, refleja dicha posición:

Soy enemigo visceral, moral, intelectual de Sendero Luminoso. Deseo que la democracia derrote al terror en una batalla complicada, no solo militar sino social, económica, etc. Hay que barrer con los abismos sociales que son el caldo de cultivo de la violencia. Yo quiero que mi país gane la guerra, por eso esto me preocupa, así la vamos a perder”.

Sobre la base de sus indagaciones y comprobaciones – que no deben confundirse con la actividad jurisdiccional, pues son de naturaleza distinta – la Comisión de la Verdad y Reconciliación estableció que 47 casos investigados de acuerdo al mandato que el Estado peruano le dio, contaban con los indicios suficientes para que el Ministerio Público hiciera las investigaciones correspondientes y formulara las acusaciones penales de comprobarse los indicios presentados. Asimismo, en su Informe Final presentó un capítulo entero en el que describe el análisis sobre el que basó sus conclusiones sobre las posibles consecuencias jurídicas de sus investigaciones. Afirmar que la CVR fue un tribunal o pretendió establecerse como tal implica desconocer la naturaleza de las comisiones de esclarecimiento histórico de sucesos de violencia, cuyo carácter y prerrogativas son distintas a las de un órgano jurisdiccional o del Ministerio Público.

El Ministerio Público y el Poder Judicial ampliaron el rango de militares en actividad o retiro comprendidos en las investigaciones judiciales o procesos penales. Por ello se elevó el número de personas procesadas por estos casos, así como el de investigados.

Sin duda, hay casos en los que dicha ampliación obedece a la realidad de los hechos ocurridos durante aquellos años. Pero hay otros – como en el caso Cayara – en el que consideramos que la actuación judicial no tomó en cuenta los criterios establecidos por la CVR y por el derecho penal, comprendiendo a personas que no tenían participación directa en estos hechos, casos que han servido como emblemáticos para la toma de la medida gubernamental.

A ello debe sumarse las deficiencias en el diseño del subsistema penal de procesamiento a violaciones a los derechos humanos, las cuales han hecho que los procesos judiciales no se lleven con la celeridad debida, a fin de que las víctimas alcancen la justicia a la que tienen derecho y quienes sean inocentes puedan reivindicar su nombre y prestigio.

Es en este contexto que se plantea la medida presentada por el Presidente García e impulsada por el Ministro de Defensa Allan Wagner.

LAS CONSECUENCIAS Y PROBLEMAS DE LA MEDIDA TOMADA

Toda persona tiene derecho a la defensa y a un debido proceso. De eso no hay duda, es un derecho que alcanza a todo ciudadano, por más que haya cometido delitos execrables, como es el caso de Abimael Guzmán, Vladimiro Montesinos o los integrantes del “Grupo Colina”.

Asimismo, toda persona tiene derecho a que se le presuma como inocente, hasta que el Poder Judicial demuestre lo contrario.

Sin embargo, existen casos límite, en los cuales la evidencia sobre la responsabilidad es tan grande que la culpabilidad se lee en la cara de los acusados. Ese es el caso con los integrantes del Grupo Colina, como el de oficiales como Alvaro Artaza (a) “Comandante Camión”, responsable de desapariciones en Huanta, Telmo Hurtado, responsable de la masacre de Accomarca o José Valdivia Dueñas, quien fue el responsable de la matanza de Cayara.

Allí encontramos la primera dificultad de la medida tomada.

El Decreto Supremo N° 061-2006-PCM lo que hace es ampliar los alcances de una norma (el Decreto Supremo N° 018-2002-PCM) que establece las medidas que el Estado tomará para la defensa de altos funcionarios que sean acusados durante el ejercicio de sus funciones. La norma publicada el sábado 23 de septiembre amplía estos supuestos para los casos de militares y policías que en el ejercicio de sus funciones habrían cometido violaciones a los derechos humanos.

La norma no establece límite alguno para ello, por tanto, cualquier persona, incluyendo a los casos límite antes señalados, podría acogerse a este beneficio.

Si bien el Ministro Wagner (y otros voceros apristas) han señalado que la medida no contemplará todos los casos y que habrá exclusiones, lo cierto es que los Ministerios de Defensa e Interior no podrían arrogarse facultades de decidir sobre la inocencia o culpabilidad de alguien. Asimismo, no quedan muy claros los parámetros sobre los cuales se definirán los mecanismos de exclusión para acceder a lo contemplado por la norma bajo comentario, parámetros que podrían ser incompatibles con el derecho a la defensa o la presunción de inocencia.

El beneficio, por otro lado, no es similar a la defensa de oficio a la que todo ciudadano tiene derecho de acuerdo a la Constitución. Se contrata a estudios de abogados o se forma un pool de ellos para estos casos, lo cual pone en desigualdad de condiciones a presuntos perpetradores y a víctimas, como veremos más adelante.

Retrocedemos algunos pasos. Es cierto que los funcionarios públicos son muchas veces acusados injustificadamente por medidas tomadas en el ejercicio de sus funciones, pero también es cierto que actos de corrupción o de violaciones a los derechos de las personas han sido cometidas por representantes o funcionarios estatales. ¿Debe el Estado solventar estos procesos directamente con nuestros impuestos? Quizás una medida intermedia sea el descuento a todos los funcionarios públicos para un fondo de defensa judicial a usarse en casos excepcionales. Lo cierto es que la medida utilizada desde el 2002 es ciertamente controvertida e incluso mereció proyectos de Ley en el Congreso con el fin de eliminarla, sin éxito.

Pero, además de las implicancias económicas y jurídicas de este tema, es necesario que el Estado deje en claro que es lo que espera alcanzar con esta medida.

Por un lado, si nos atenemos a las declaraciones del Ministro Wagner, podría entenderse que el Estado asume una responsabilidad por los hechos ocurridos, corriendo con los gastos de defensa de los acusados por violaciones a los derechos humanos y, con ello, comprometiéndose a respetar el resultado final de dichos procesos, incluyendo, por supuesto, una sentencia condenatoria. De ser así, la decisión tomada por el gobierno sería una contribución a la reconciliación nacional.

Pero las declaraciones del Presidente García no dejan muy claro hacia donde se va y que es lo que el gobierno piensa, en conjunto, sobre el tema.

UNA MALA PRESENTACION DE LA MEDIDA

Considero que la presentación de la medida por parte del Presidente García fue inadecuada, en particular cuando empleó frases como las siguientes:;

El Estado se compromete a defender a soldados, marinos, aviadores, oficiales y a todos aquellos que sufren acusaciones, a todos aquellos a los que se enrostra actos por que es responsabilidad del gobierno defender aquellos a los que en algún momento envió a defender a la patria, y no vamos a vejar, ni marginarles, no desasistir a los que sufren condenas, procesos, inquisiciones y muchas veces investigaciones que no acaban nunca, y que mancillan su honor y destruyen sus carreras (…)Cuanta sangre pusieron los que hablan, cuanta sangre pusieron, con cuanto esfuerzo y sacrificio o perdida de vida humana los que ahora se permiten posar sus palabras contra las FFAA”.

La presentación asume que toda acusación presentada es una vejación. Pero olvida que muchas de dichas acusaciones son fundadas. Además, repite el argumento dado por los militares procesados o investigados, en particular por el Primer Vicepresidente Luis Giampietri, investigado por los sucesos en el Frontón, en 1986 y que intentan desprestigiar a cualquiera que haya denunciado estos hechos.

De otro lado, repite un argumento falaz: “todo aquel que critique a las Fuerzas Armadas es un antipatriota y no entiende los rigores de la guerra”. Si bien es cierto que en un conflicto es necesario crear consensos nacionales sobre como enfrentarlo, las críticas son necesarias, dado que pueden cometerse errores que lamentar y, además, por que las Fuerzas Armadas, como toda institución estatal, están sujetas al control democrático y al escrutinio ciudadano. Apartarlas y convertirlas en un ghetto – como se ha hecho durante estos años formando colegios, viviendas o clubes que las apartan de la sociedad – no permiten que los miembros de las fuerzas del orden puedan ser ciudadanos de verdad, con los derechos y obligaciones que nos competen a todos los peruanos. Seguimos padeciendo por momentos de aquel mal colonial que fue la división en estamentos de la sociedad, a los cuales se les otorgaba mayores o menores derechos según lo valorara la autoridad estatal.

Pero, por otro lado, no reconocer que muchas de las acusaciones y procesos judiciales se basan en sucesos que ocurrieron implica seguir avalando, tal como se hizo entre 1980 y 2000, prácticas que fueron vulneratorias de los derechos humanos de miles de peruanos – fundamentalmente, de los más débiles, desprotegidos y excluidos de la sociedad – y que en el fondo revelaría el desprecio por la vida de muchos compatriotas que un sector de la sociedad y de la clase política tuvo durante el conflicto interno. Muchos consideraron que la vida de habitantes de la sierra o de la selva era un costo a pagar por la pacificación, como algún desafortunado animador de televisión lo dijera hace algunos años. Parece ser que ese pensamiento, que no considera a quienes habitan en Ayacucho, Huancavelica, Apurímac o Junín como iguales a quien vive en Lima, sigue siendo moneda corriente en nuestra sociedad.

Finalmente, el discurso de García pretende ignorar que parte de la responsabilidad durante esos años le correspondió a su gobierno y a su persona, en particular. No pueden olvidarse a los mártires apristas de aquellos años, ni dejar de reconocer los esfuerzos realizados por preservar el sistema democrático, la elección de autoridades y la libertad de prensa durante aquellos años, así como el impulso, a inicios del gobierno 1985 – 1990, por consolidar una política alternativa contra la subversión. Sin embargo, al igual que los gobiernos de Fernando Belaúnde y Alberto Fujimori, el gobierno de Alan García no tomó las medidas y previsiones suficientes para impedir los atropellos de los derechos fundamentales de la población, vigentes aún cuando se declararan estados de emergencia y que desatendió las denuncias de violaciones a los derechos humanos. Ello fue lo que ocurrió en casos como el de Cayara o la aparición de un comando paramilitar que llevó el nombre de un mártir. Asimismo, se actuó de manera poco inteligente frente a provocaciones de Sendero Luminoso, como en los sucesos de los penales de 1986.

¿Y LAS VICTIMAS?

Quizás lo más controversial de las acciones tomadas por el gobierno es la desigualdad con la que se trata a los acusados de perpetrar violaciones a los derechos humanos y a las víctimas de dichos crímenes por parte del Estado.

Por un lado, los representantes del gobierno exigen una actuación más célere por parte de la administración de justicia, pero no sobre la base del derecho de las víctimas a alcanzar justicia y a conocer la verdad de lo ocurrido, sino para tener un documento sobre la inocencia de un oficial o suboficial de las Fuerzas Armadas. Esta visión olvida que, tan importante como el saneamiento moral de una institución, también lo es el derecho de un ciudadano a obtener del sistema de administración de justicia la solución a un reclamo o a un problema que llevan 10, 15 o más de 20 años en resolverse.

Por otro lado, se olvida la situación de indefensión de quienes reclaman justicia y que ha documentado ampliamente la Defensoría del Pueblo y que se refleja en los siguientes datos:
a) Más del 70% de víctimas comprendidas en los procesos judiciales por violaciones a los derechos humanos no cuentan con una asesoría legal que les ampare. Las organizaciones de derechos humanos no cuentan con los recursos y abogados suficientes para hacerse cargo del patrocinio de más de 1,500 personas. El Estado tampoco cuenta con los defensores de oficio suficientes para emprender esta tarea.
b) No existen mecanismos de protección para víctimas y testigos de violaciones a los derechos humanos, los cuales son amenazados constantemente.
c) De los 5 juzgados a los que se encargo la tarea de procesar judicialmente estos casos, 2 se encuentran acéfalos desde hace algunos meses, teniéndose que ampliar la carga procesal de los 3 juzgados existentes a la fecha.
d) De los 5 juzgados que ven estos procesos, 4 se encuentran en Lima, lo que aumenta el costo de la defensa de las víctimas, tanto para su traslado para las audiencias, como para el conocimiento de los procesos por parte de los abogados.
e) Se requiere mayor capacitación para jueces y fiscales, quienes tienen problemas en el uso de instrumentos internacionales sobre derechos humanos, así como en la doctrina y criterios propios del derecho penal para este tipo de casos.

Visto este panorama, la pregunta que nos hacemos es: ¿Por qué el Estado peruano no hace algo para cambiar esta situación? ¿O es que sigue percibiendo a las víctimas como ciudadanos de “segunda categoría”?

COLOFON

Durante los años noventa, el sentido común construido sobre la derrota de las organizaciones subversivas incidió en que sólo las medidas autoritarias eran las necesarias para combatir a estas organizaciones. Creo que este paradigma es errado. Por el contrario, las vejaciones a los derechos humanos y la vulneración del Estado de Derecho no sólo son acontecimientos pasibles de condena ética, política y, en algunos casos, judicial, sino que constituyeron (y aún constituyen) obstáculos para una auténtica pacificación.

Dichos actos fueron crímenes execrables, que demoraron la derrota de Sendero Luminoso y el MRTA, toda vez que retrasaron la ruptura de la población civil con las organizaciones subversivas y no evitaron que el conflicto se expandiera por casi todo el país.

Nosotros ganamos la guerra, cierto, pero lo hicimos a pesar de las violaciones de los derechos humanos. Por eso es necesario procesar estos hechos en el Poder Judicial, a fin de dar un gran paso hacia una reconciliación nacional basada en la reconstrucción de lazos sociales y con el Estado que eliminen todo vestigio de impunidad y exclusión en nuestro país.

La justicia en el Perú debe ser para todos, no sólo debe guiarse por criterios corporativos o intereses de grupos interesados. Si no lo entendemos de esta manera, no habremos aprendido la dolorosa lección de aquellos años de horror y deshonra para los peruanos.

ENLACES:
Augusto Alvarez Rodrich: Revindicación… ¿Y justicia?
Los Ministros no son Jueces
.
Editorial de La República (24/09/2006): Cara y sello de un Decreto.
La República: Gian Carlos Pinto:un caso que sí merece atenderse. El caso Cayara: CVR sólo recomendó acusar a 13 militares.
Salomón Lerner Febres: No sólo militares pusieron el pecho. Amplíen atención a las víctimas.
Allan Wagner: “No defenderemos a violadores de derechos humanos”.
Enrique Bernales: Los riesgos del Decreto Supremo.
El Útero de Marita: Humala tiene razón.
Comisión de la Verdad y Reconciliación: La dimensión jurídica de los hechos.
El Blog del Morsa: El APRA dice: “Me gustan los militares porque tienen uniforme”.
El Otro Tambor: ¿A quién defiende el Estado?
Jomra: ¿”Acto de Justicia”?

¿CAMBIO RESPONSABLE?

Alan García: una primera evaluación a dos meses de asumir la Presidencia.

Han transcurrido casi dos meses desde que Alan García Pérez asumiera el poder, tiempo que desde este espacio considero razonablemente suficiente para evaluar el inicio de la segunda oportunidad que le diera el país en junio pasado.

ALGUNAS MEDIDAS Y GESTOS RELEVANTES

Un primer parámetro de medición de la gestión de García es la revisión de los avances en las medidas del Plan de Acción Inmediata presentado por el PAP durante la campaña electoral.

Proyecto Coherencia, una agrupación de jóvenes preocupados por mejorar el nivel de la política en nuestro país, ha instalado el blog Lupa 180, como mecanismo de seguimiento de lo señalado en el Plan de Acción Inmediata. Sobre la base de los datos recogidos hasta la fecha por Coherencia, podemos registrar las siguientes medidas relevantes hechas por el gobierno durante este periodo de tiempo:

– Reducción de sueldos de funcionarios públicos de elección popular. Esta medida de austeridad era un gesto reclamado por la población, pero que no debe convertirse en el único eje de la reforma del Estado. De otro lado, el Ministro de Economía Luis Carranza deberá explicarnos cuánto es el monto ahorrado y a que partidas del Presupuesto Nacional se estarían destinando.

– Recorte de la publicidad estatal al 80%: En tiempos de campaña para las elecciones regionales y municipales, es una medida acertada.

– Aprobación de la Ley del Concejal Joven: ¿Es necesario un incentivo legal para que los jóvenes participen en política? Sí, la ley de cuotas para las mujeres ha demostrado que este objetivo se puede cumplir. Sin embargo, podemos hacer dos observaciones a esta norma. La primera, su aplicación para estas elecciones, cuando ya casi todos los partidos han elegido sus candidatos. La segunda, son las prácticas de los partidos políticos las que han alejado a los jóvenes de la política y éstas no se cambian por norma alguna.

– Duplicación del capital del Banco Agropecuario. Si bien es cierto que la escasez de recursos en el agro es solo una arista el problema, también es cierto que el Estado necesita dedicar recursos a una actividad que requiere ser más rentable.

Un segundo parámetro de medición es la capacidad de maniobra que han tenido frente a conflictos sociales. En el más importante de ellos, el ocurrido entre la empresa Yanacocha y la comunidad de Combayo, el gobierno actuó bien, condicionando cualquier diálogo al levantamiento de los bloqueos de carretera y obteniendo, posteriormente, acuerdos beneficiosos para ambas partes.

Asimismo, merece resaltarse aquello que algunos sectores señalan como un retroceso. La Ministra del Interior Pilar Mazzetti ordenó la investigación de los agentes del orden que cometieron excesos en la intervención policial registrada en Sion en el marco de la lucha contra el narcotráfico. El imperio de la ley no puede imponerse con la barbarie.

Un tercer y último parámetro ha sido el compromiso con cambios o reformas pendientes. Por lo menos en el discurso, tanto García como el Primer Ministro Del Castillo se han comprometido a emprender la reforma judicial o la implementación de las recomendaciones de la CVR. Asimismo, merece destacarse el esfuerzo del Ministro de Defensa Allan Wagner para emprender una restructuración administrativa del sector que conduce.

ESTILOS, MEDIDAS Y SILENCIOS PREOCUPANTES

Sin embargo, hay algunos hechos, medidas y muestras del estilo de gobierno que merecen nuestra atención.

Comencemos por el estilo. Si bien en términos generales García ha aparecido como una persona más controlada que hace 21 años, no deja de lado el voluntarismo ni su malsana costumbre de tratar a sus Ministros como secretarios. El hecho donde se notó más fue en la visita de los comuneros de Cayara a Palacio de Gobierno, donde Alan llamaba por teléfono a sus Ministros para comprometerlos a cosas que no estaban contemplados en su presupuesto. El único que “le hizo el pare” a García fue el Ministro de Economía Luis Carranza.

Hace unos días, García anunció la evaluación para los maestros de los centros educativos estatales. Sin embargo, el Ministro José Antonio Chang se enteró de la medida con el mensaje presidencial.

Tampoco da buena espina una reunión que tuvo Alan con Marcelo Odebrecht, el dueño de una importante constructora brasileña, a la que prácticamente se le daba como ganadora de la tercera etapa de Chavimochic. Ojo, que el Presidente Regional de La Libertad, el compañero Homero Burgos, ha criticado públicamente a Odebrecht por la mala construcción de una bocatoma de este proyecto de irrigación.

Hay algunas cosas más preocupantes que el estilo presidencial y que vienen pasando en otros sectores:
– Ministerio de Justicia: Hemos registrado algunos nombramientos de personas que no deberían estar en sus respectivos cargos: Gino Ríos, nombrado procurador para investigar al gobierno anterior, fue descubierto por el CNM como plagiario de un artículo jurídico; Luis Salgado, secretario del Consejo de Derechos Humanos, presentó en su currículo cuando se quiso presentar para ser Defensor del Pueblo información falsa sobre su trabajo en la ONU; Manuel Tambini del Valle, presidente del Consejo de Defensa Judicial del Estado, es decir jefe de todos los procuradores, fue abogado de Alan García y diputado aprista entre 1985 y 1990. ¿Y del reemplazante de Antonio Maldonado? No se oye, padre.
– Televisión Nacional del Perú: Se le cambia el nombre por TV Perú, se pone al periodista fujimorista (y hoy alanista) César Campos como conductor del programa político del canal estatal, cobertura de cuanta actividad o inauguración haga Alan García – incluyendo todas sus reuniones del fin de semana -, reemplazo de reporteros, cancelación de programas como “Sucedió en el Perú”, contratación de 28 nuevas personas (algunas duplicando funciones) y carencia de nombramiento de los demás miembros del directorio.
– Programa “Agua para Todos”: Si bien es necesario que todos los peruanos accedan al servicio de agua potable, no es necesario que para ello se salteen los mecanismos de licitación y control, como lo quería en un inicio el gobierno aprista.

A ello se suma la presentación del proyecto para modificar la Constitución y ampliar los supuestos contra la pena de muerte, hecho contra el que nos hemos manifestado en contra, por motivos éticos, jurídicos y también prácticos: nadie tiene la potestad de decidir quien “merece” vivir, nos haría salir de la Convención Americana de Derechos Humanos y no disuade a los delincuentes, además de tomarse 5 años para su implementación.

Un último anuncio, hecho mientras cerrábamos esta columna, también merece nuestra preocupación. AGP acaba de anunciar – en la ceremonia por el día de las Fuerzas Armadas – que el Estado asumirá la defensa legal de los militares acusados de violación de derechos humanos durante la lucha contra el terrorismo. Cuatro preguntitas sobre este tema:
1. ¿Se asumirá la defensa también de: José Valdivia Dueñas (responsable de la matanza de Cayara), Santiago Picón Pesantes (responsable de ejecuciones extrajudiciales en la base militar de Totos), Alvaro Artaza “comandante Camión” (responsable de la ejecución extrajudicial de evangélicos en Callqui, de desapariciones en Huanta y de ejecuciones extrajudiciales en Pucayacu), Telmo Hurtado (responsable de la masacre de Accomarca), Luis Giampietri (co-responsable de la matanza de los penales), entre otros? ¿No pedirán los miembros del Grupo Colina o Jesus Zamudio – hombre de Montesinos y presunto ejecutor de los emerretistas luego del exitoso rescate de los rehenes – que el Estado les pague su defensa? ¿A Ollanta Humala también le pagarán el abogado? ¿Cómo García pretende diferenciar a quienes cometieron crímenes de quienes no?
2. ¿Por qué el Ministro Wagner habla de 1,000 ó 2,000 militares procesados cuando la Defensoría del Pueblo, que hace un seguimiento riguroso de estos casos, solo indica que 293 militares en actividad o retiro están procesados por estos hechos?
3. Como bien nos ha recordado esta semana Marco Sifuentes: ¿Y los civiles que prefirieron la salida fácil de hacer “que los cachacos vayan a matar serranos”? ¿No fue uno de ellos usted, doctor García?
4. ¿Y porque el Estado no solventa el pago de abogados a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, el 80% de la cuales, de acuerdo a cifras de la Defensoría del Pueblo, no tiene un abogado que lo ayude a amparar sus derechos?

Da la sensación, además, que el gobierno suelta temas para ver como le va, sin que tenga un plan ordenado o para ocultar su ausencia de propuestas en temas importantes. De ello ha dado cuenta Augusto Alvarez Rodrich hace algunas semanas.

Finalmente, el gobierno también se ve afectado por la acción de “free riders” dentro del gobierno. La defensa hecha por Mauricio Mulder de la pena de muerte – diciendo que sólo los ricos están en contra – o la persecusíón hecha por Luis Giampietri a organizaciones de defesa de los derechos humanos son algunas muestras de ello.

NINGUNA VOCACION REFORMISTA

Pero lo más preocupante de este gobierno es que no tiene o no ha mostrado ninguna vocación de hacer reformas institucionales en serio, aquellas que permitirían acercar al Estado a la población y que mejorarían la eficiencia en la gestión del Estado.

Veamos que reformas tendría pendientes AGP y su gobierno:
1. Reformas Constitucionales: Claro, esto depende del Congreso, pero Alan no ha dicho esta boca es mía. Volver a la Constitución de 1979 sería un despropósito mayúsculo. Pero es cierto que no existe un consenso sobre el actual régimen económico de la Constitución y hay cambios urgentes que hacer para la reforma judicial. Existe el proyecto de modificación del capítulo económico hecho por un equipo liderado por Jorge del Castillo en 2003 – bastante equilibrado por cierto – y el proyecto de CERIAJUS sobre el capítulo de administración de justicia. ¿Por qué no se impulsan estos cambios?
2. Reforma de las Fuerzas Armadas: Hemos elogiado al Ministro Wagner por la restructuración administrativa del Ministerio de Defensa. Pero también urge implementar la reforma de las Fuerzas Armadas. Como señaló el Informe Final de la Comisión para la Reestructuración Integral de las Fuerzas Armadas, es necesario situar a las Fuerzas Armadas dentro el Estado de Derecho, sujetas a la autoridad del Gobierno elegido legítimamente, como ejecutoras de la política de defensa y militar decidida por el Gobierno libremente elegido. ¿Dónde son necesarios los cambios?:
a) Mayor autonomía del Ministerio de Defensa.
b) Tratamiento separado de la Defensa Nacional y el Orden interno.
c) Definir de manera precisa y cautelosa la participación de las Fuerzas Armadas en el desarrollo económico y social del país.
d) Integración de la justicia militar al Poder Judicial.
e) Mejora de las condiciones del Servicio Militar Voluntairo.
f) Integración administrativa y prespuestal de los institutos armados.
g) Definición precisa de amenazas a la seguridad nacional, sobre la base de la cual se hagan las políticas de compra de armamento y modernización.
h) Reestructurar el currículo de los centros académicos para garantizar una educación en democracia y elevando la exigencia académica.
i) Establecer mecanismos de transparencia en las adquisiciones de las Fuerzas Armadas.
j) Formulación de un Código de Etica.
k) Control civil democrático de los servicios de inteligencia militar.
l) Creación de la Defensoría Militar.
Como se ve, no se propone la desaparición de las Fuerzas Armadas, sino el cambio de una institución que alcanzó sus niveles más bajos en la época fujimorista y, hasta hoy, no ha podido recuperarse de dicho trauma.
3. Reforma del Estado: Salvo la tan mentada austeridad, las Leyes de Carrera Pública y la reestructuración de la burocracia estatal siguen durmiento el sueño de los justos.
4. Reforma de la Educación: Se habla de aumentar una hora de clase, pero tenemos deficiencias en la calidad de la educación. Se habla de evaluación de maestros, pero no tenemos establecidos parámetros claros de medición de rendimiento magisterial. ¿Habrá leido Alan el Informe del Consejo Nacional de Educación para una Educación de Calidad?
5. Reforma de la Policía y Seguridad Ciudadana: Entre el 2001 y el 2003 se desarrolló una reforma policial y de la seguridad ciudadana que quedó trunca por la falta de voluntad política del gobierno de Toledo en implementarla. Hoy la Policía muestra retrocesos y la seguridad ciudadana es el tema que más ocupa al país en estos días. ¿Por qué no retomar los planes de reforma que ya venían dando ciertos resultados?
6. Descentralización: En teoría, este iba a ser el mes de la descentralización. Pero ni siquiera han dado anuncios sobre la materia.
7. Lucha contra la pobreza: Durante los últimos 25 años, se manejó de manera clientelista los programas sociales. ¿Habrá voluntad de cambio más allá de los planes de la Primera Dama con el programa Sembrando? ¿Cómo quedará la experiencia del programa Juntos y de las Mesas de Concertación de Lucha contra la Pobreza?
8. Reforma Judicial: ¿Habrán leido el informe de la CERIAJUS en Palacio de Gobierno y en el Ministerio de Justicia? ¿O es que acaso no fue suficiente el escandaloso caso del vocal Palacios?
9. Implementación de las recomendaciones de la CVR: Más allá de los anuncios de Del Castillo, hasta ahora es poco lo hecho. Y a ello se suma el silencio presidencial sobre el tema, su última medida tomada hace horas y los ataques de Giampietri, Mulder y Gonzáles Posada, el panorama no es muy alentador que digamos.

En suma, el gobierno tiene tareas pendientes que emprender, pero no sabe como hacerlas o no tiene interés en hacerlas.

De no implementarlas, el gobierno habrá olvidado lo que fue la lección de estas elecciones: no es suficiente el crecimiento económico para el bienestar de la población. Es necesario que el Estado haga bien sus tareas y que los ciudadanos comienzen a sentirse como tales. De no hacerlo, tendremos a un Humala (o algo peor) tocando las puertas del poder en el 2011. Eso es gobernar, no lo es la toma de medidas efectistas para tener más puntos en las encuestas.

ENLACE:
Lupa 180: Observatorio Coherente para el gobierno entrante.

AVERIGUENLO, PERIODISTAS

El día de hoy, en la sección Chiquitas del diario La Primera apareció este sorprendente aviso:

Nuevo director a.i.

Carlos Quiroga Gutiérrez es el nuevo Director (a.i.) del diario LA PRIMERA. Con larga trayectoria en el periodistmo, ocupo los cargos de Director del diario La Crónica y la Tercera y de director del diario La Prensa, donde se inicio como periodista deportico y luego como cronista parlamentario.

Ha trabajado en el progrma Pulso de Canal 5, ha sido Director del noticiero de Radio América así como Corresponsal Jefe de la Agencia Mexicana de Noticias (AMEX). También ha colaborado como articulista en la página editorial de La República.

La pregunta del día: ¿Qué pasó con Juan Carlos Tafur? Gente del gremio periodístico, por favor, colabore para esclarecer el “misterio”.

UPDATE (25/09/2006): Hoy Ocram confirma una noticia salida en Correo el día de ayer: el nuevo director de La Primera tiene vínculos con el partido de gobierno, es más, postuló con el número 33 en la lista de candidatos para el Parlamento en el 2001 por el partido de la estrella. Uyuyuy.