Horror en el Pentagonito

(Centro de detención, tortura e incineración en San Borja. Foto: El Comercio)

El martes 27 de septiembre, la Sala Penal Nacional condenó a 22 años de prisión al exasesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres y al exComandante General del Ejército Nicolas Hermoza Ríos por las desapariciones forzadas de los estudiantes de la Universidad Nacional del Callao Martín Roca Casas y Kenneth Anzualdo y del profesor y panadero Justiniano Najarro.

Estos crímenes fueron conocidos, inicialmente, gracias a la investigación realizada para el libro Muerte en el Pentagonito, escrito por el periodista Ricardo Uceda. En estos casos, quedó claro un modus operandi: informantes de la Marina de Guerra y civiles adscritos al Servicio de Inteligencia del Ejército brindaban información para que agentes de esta última institucion capturaran a presuntos miembros o simpatizantes de Sendero Luminoso. Luego de ser privados de su libertad, eran llevados a las instalaciones del Servicio de Inteligencia del Ejército, ubicadas en San Borja, donde eran torturados y, finalmente, ejecutados extrajudicialmente, sin reportar a sus familiares su paradero final.

Si estos hechos, per se, constituyen graves violaciones a los derechos humanos, el destino final de los cuerpos de los tres ciudadanos es aún más macabro. De acuerdo con la sentencia, existió en el Cuartel General del Ejército un horno crematorio donde los restos de estas personas fueron incinerados. Una forma aun mas truculenta de eliminar cuerpos en las distintas modalidades de desaparición forzada que se vieron durante el conflicto armado interno que vivió el país entre 1980 y 2000.

En este caso, se encuentran tres patrones diferenciados. En primer lugar, la eliminación de los restos mediante hornos crematorios es una práctica que también fue llevada a la práctica en Ayacucho en los años en los que se registraron más muertos y desaparecidos durante el conflicto. De acuerdo a lo señalado por el libro de Uceda, cientos de cadaveres fueron desenterrados y, posteriormente, quemados para no dejar huella de su muerte.

En segundo lugar, estamos ante un patrón de desapariciones forzadas bastante común en Lima. Como ha revelado la investigación de Victor Quinteros “Los 55 de Lima”, durante el gobierno de Alberto Fujimori, las desapariciones forzadas selectivas respondieron a un patrón de búsqueda y desaparición de restos que buscaba dar, en teoría, golpes a Sendero Luminoso. Sin embargo, la organización terrorista no se vio afectada y, en la mayoría de los casos, las personas ultimadas eran inocentes.

Ademas, nos encontramos ante la plasmación selectiva de la estrategia que el Ejército Peruano llevó a cabo desde los primeros años en los que se combatió a la subversión en Ayacucho. Cuando la CVR señala que, en algunos lugares y momentos, miembros de las instituciones armadas cometieron crímenes de lesa humanidad, se refiere, precisamente, a este tipo de eventos. El colegiado encargado de juzgar el caso Sótanos SIE ha tenido la misma opinión y ha señalado que estos hechos merecen esta calificación accesoria.

No debe dejar de llamar la atención el hecho que los dos condenados por estos casos hayan sido las dos personas en las que el expresidente Alberto Fujimori depositó su confianza para el manejo de las Fuerzas Armadas y que, además, también han sido condenadas por los asesinatos cometidos por el Destacamento Colina. Sin embargo, dado que el caso no fue considerado por la justicia chilena como pasible de extradición, quien gobernó el país entre 1990 y 2000 no podrá ser procesado en el país por estos hechos.

Finalmente, queda un tema importante por saldar en este caso. El Ejército Peruano deberá brindar toda su colaboración para encontrar los restos de los tres desaparecidos, más aún cuando los crímenes fueron cometidos en su principal instalación en Lima. Este caso problematiza, aún más, la búsqueda de miles de personas que el nuevo gobierno deberá impulsar mediante la implementación de la ley sobre la materia emitida en junio pasado. Urge, por tanto, que este tipo de situaciones sean contempladas en el necesario proceso de restitución de restos y cierre del periodo de duelo que el país debe afrontar. Sin duda, el Estado tiene una tarea urgente por atender, más allá que, en este caso, se llegó a alcanzar justicia.

(Publicado originalmente en la web del IDEHPUCP)

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En defensa de todos los derechos, señor Gutiérrez

(El Defensor del Pueblo planteó un reto. Aquí lo tomamos y le respondemos. Foto: El Comercio)

El señor Defensor del Pueblo, Walter Gutierrez, publicó hace unos días un artículo en el diario El Comercio en el que buscaba justificar porqué el enfoque de su gestión se basaría en involucrarse más en los derechos del consumidor y en la prestación de servicios públicos. Al final de su columna, no dudó en hacer un reto para debatir en torno a sus ideas sobre la institución que dirige. Aquí recojemos el guante y, como él sostiene, no arrugamos.

La defensa de Gutiérrez sobre su rol como Defensor del Pueblo se basa en un único argumento: el artículo 162 de la Constitución indica que, dentro de sus funciones, además de defender los derechos constituciionales y fundamentales de la persona, debe “supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía”. Y, por tanto, la entidad debe tener un énfasis especial en estas dos últimas materias.

Tal vez el señor Defensor del Pueblo pueda revisar, con exahustividad, la página web de su institución. Se percatará allí que existe una Adjuntía para Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indigenas. Señala la descripción de dicho órgano lo siguiente:

Se encarga de proteger los derechos de los ciudadanos a acceder a servicios públicos de calidad con tarifas justas, mediante la supervisión de la prestación de los servicios públicos de agua y alcantarillado, electricidad, telefonía y transporte público, así como los derechos de los ciudadanos a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida, mediante la supervisión del cumplimiento de los deberes de la administración estatal.

Es decir, la Defensoría del Pueblo ya toca los temas indicados por el señor Gutiérrez en su artículo del viernes pasado. Y lo hace desde el inicio de sus funciones, hace veinte años. Por tanto, no se puede hablar de un enfoque novedoso.

Pero hay más. Al hacer click en la parte sobre servicios públicos, uno podrá comprobar que la Defensoría del Pueblo ha elaborado informes sobre el derecho humano al agua y al saneamiento, protección adecuada de las víctimas en accidentes de tránsito, transporte urbano, derecho al agua en zonas rurales, telefonía rural, cobros indebidos en los servicios de electricidad y teléfono. En las notas de prensa de la institución, también podremos detectar las diversas alertas sobre estos problemas, dirigidas a diversas entidades del Estado. Y ello para no hablar de los temas vinculados a la jubilación, considerando que la Oficina de Normalización Previsional es una de las entidades más quejadas del aparato público peruano.

Y, como vemos, al hablar de electricidad y teléfono, hablamos de servicios públicos que son prestados por entidades privadas. Es decir, por el mercado al que el flamante Defensor también quiere tocar, de acuerdo con su artículo publicado en El Comercio.

De hecho, para facilitarle la tarea, la propia Defensoría señala claramente los casos en los que puede intervenir en estas materias. Se los colocamos aquí al señor Gutiérrez:

En materia de servicios públicos supervisamos la prestación de los servicios de agua y alcantarillado, electricidad, telecomunicaciones y transporte de pasajeros. La Defensoría del Pueblo puede intervenir en casos como los siguientes:

  • Por corte o suspensión del servicio por falta de pago si la deuda estuviera en procedimiento de reclamo.
  • Por problemas en la calidad del servicio: interrupciones prolongadas o no programadas o defectos no atendidos por la empresa prestadora del servicio.
  • Por falta de información oportuna y adecuada por parte de la empresa prestadora del servicio, especialmente sobre el procedimiento de reclamos.
  • Cuando la empresa operadora no reciba un reclamo o no brinde una respuesta dentro de los plazos establecidos.
  • Cuando una empresa aseguradora (SOAT) o una AFOCAT no cumpla con la obligación de cubrir gastos médicos de los accidentados o indemnizaciones por daños causados a consecuencia de un accidente de tránsito.

Es cierto que, para ojos de los ciudadanos, entidades como INDECOPI o los organismos reguladores demoran bastante en resolver los reclamos respecto a cobros indebidos o malos servicios de las entidades que prestan servicios públicos. La Defensoría puede exhortar a estas instituciones a hacer mejor su labor y ayudar a detectar cuáles son los puntos más importantes en los que vienen fallando. Pero no puede sustituirse en la labor que compete, estrictamente, a estas entidades y, menos aún, entrar a temas de derecho del consumidor que tienen ya un ente rector sobre la materia.

Indica el señor Gutiérrez en su artículo que “En ningún momento he afirmado que se van a abandonar las líneas de trabajo desarrolladas por la Defensoría del Pueblo en estos 20 años”. El problema es que los hechos parecen fundamentar lo contrario. Antes que pronunciarse sobre las importantes sentencias en los casos Accomarca, Bagua y Sótanos SIE, que se vinculan nítidamente con los derechos de todos los peruanos (campesinos, pueblos indígenas, policías y ciudadanos en general), el Defensor del Pueblo ha preferido referirse a una declaración al vuelo del Presidente de la República sobre el consumo de la marihuana, que no se encuentra penalizado por ninguna norma.

Peor aún, el señor Gutiérrez nunca llegó a presentar su plan de trabajo, donde nos dijera cuáles son las formas en las que se proseguirá con el trabajo en las áreas vinculadas a la defensa de los derechos fundamentales. Algo en lo que, hasta el momento, no ha sido muy prolijo en señalarnos en sus escasas declaraciones públicas y, menos aún, en las notas de prensa que viene emitiendo la Defensoría del Pueblo.

Hubiera sido importante que el Defensor del Pueblo hubiera estado ayer en la ceremonia pública de reconocimiento a la labor hecha por su predecesor, Eduardo Vega Luna. Y no por un mero gesto de cortesía. Era importante que escuchara la voz de representantes de víctimas del periodo de violencia, miembros de la comunidad LGTBI, integrantes de pueblos indígenas, colectivos diversos, organizaciones de mujeres, sindicatos y, en general, miembros de la pluralidad de grupos vulnerables que existen en nuestro país. Ese otro Perú que, precisamente, ha visto en la Defensoría del Pueblo a la única entidad pública que les hace caso, que vela por sus demandas, que se compra sus pleitos y que defiende, como señala su mandato, los derechos humanos de todos los peruanos.

Precisamente, a ese otro Perú es al que el Defensor no se ha dirigido. Ha preferido enarbolar las banderas de quienes tienen acceso al mercado y cuyas necesidades son otras. Ha buscado ser defensor del consumidor y no ha tenido el gesto de acercarse a los ciudadanos que, durante veinte años, han requerido los servicios de una entidad que se ha ganado, con justicia, su buena imagen ante la opinión pública.

Por tanto, urge que el flamante Defensor del Pueblo nos indique claramente cuál su plan de trabajo para el quinquenio que tiene por delante. He allí su reto importante. El debate sobre sus funciones es importante, pero lo es más aún que pueda tener claras sus prioridades. Y ellas deberían estar centradas en los derechos de todos, sobre todo, de quienes son más excluidos en nuestra sociedad. Esperamos que no arrugue.

Montesinos y Hermoza condenados por muertes en el Pentagonito

(Dos de los hombres fuertes del fujimorato condenados nuevamente por violaciones a los derechos humanos. Foto: El Comercio)

Esta mañana, Vladimiro Montesinos Torres y Nicolás Hermoza Ríos fueron condenados a 22 años de prisión por la desaparición forzada de Martín Roca Casas, Kenneth Anzualdo y Justiniano Najarro Rúa. El caso, conocido como “Sotanos SIE”, es una de las más macabras violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el periodo de violencia que vivimos entre 1980 y 2000.

Estos tres ciudadanos fueron desaparecidos en 1993. Según se pudo conocer a través del libro “Muerte en el Pentagonito”, escrito por el periodista Ricardo Uceda, el modus operandi fue el siguiente: estas tres personas fueron detenidas en lugares cercanos a su casa, por parte de agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército, luego fueron llevados a los sótanos del Cuartel General del Ejército (Pentagonito) en San Borja y posteriormente, fueron ejecutados y sus restos incinerados en el horno que existía para tal fin en dicha dependencia militar. La versión del agente Jesús Sosa – principal fuente de Uceda para esta investigación – y la de otros dos testigos corroboró la ocurrencia de las desapariciones.

La existencia del horno para eliminar restos humanos fue comprobada en octubre de 2004. De acuerdo con testigos de esta modalidad de ejecución, los restos eran dispersados en los jardines del Pentagonito.

Como indica Rocío Silva Santisteban, si bien intervino directamente Jesús Sosa, este no es un crimen atribuible al Destacamento Colina:

Según el abogado Víctor Quinteros, quien trabajó para la Procuraduría investigando este caso, se trataría de “miembros del Puesto de Inteligencia de Lima (PIL), integrado por miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) […] Para la época en que Kenneth (Anzualdo) es detenido, el grupo Colina llevaba más de un año desactivado, su desaparición sería más bien atribuida a un grupo constituido dentro del SIE, uno entre otros bajo el mando del coronel Enrique Oliveros, hoy prófugo de la justicia”. Esto significa que, además de Colina, hubo otros grupos o subgrupos encargados de asesinar sistemáticamente a peruanos por el solo hecho de ser sospechosos de subversión.

De los tres casos, la desaparición forzada de Anzualdo llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, declarándose la responsabilidad del Estado peruano en este caso. Se pidió que el caso fuera procesado hasta encontrar a los responsables. Ello se ha cumplido con esta sentencia. Sin embargo, queda pendiente establecer donde están los restos del estudiante universitario, así como los de Roca y Najarro.

Queda pendiente, además, la captura del exjefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército, Jorge Nadal Paiva, quien fue condenado a 15 años de prisión por su participación en estos hechos. Se establece una reparación civil de un millón de soles.

Sin duda, se alcanza  justicia en un caso emblemático, que nos vuelve a recordar el horror del que se pudo ser capaz en nombre de la lucha contra la subversión. Así como los crímenes de Sendero Luminoso son justamente repudiados, este caso también merece la condena de la sociedad peruana.

POST DATA: Aquí una entrevista que le hice a Víctor Quinteros en 2012, donde cuenta los detalles del caso Sótanos SIE:

Sobre villanos y tumbas

(El inaceptable mausoleo senderista nos debe llevar a una reflexión de fondo. Foto: El Comercio)

Ha causado conmoción – como es natural – la emisión de imágenes de una ceremonia en Comas en la que miembros del MOVADEF y familiares de integrantes del grupo subversivo y terrorista Sendero Luminoso revindican heroicamente a miembros de la agrupación ejecutados extrajudicialmente luego del develamiento del motín en el penal El Frontón, hechos producidos en 1986.

Como se ha conocido después – en particular, a partir de una buena explicación de Augusto Thorndike ayer en Cuarto Poder – las imágenes vistas corresponden a un documental hecho por personas cercanas a Sendero Luminoso. En dicho material gráfico, en efecto, se ven varias ceremonias realizadas en los últimos meses en las que se busca revindicar a los miembros de SL que murieron en lo que se conoce como “la matanza de los penales”.

El escándalo estalló debido a que, lo que comenzó como una devolución legítima de restos a sus familiares parar un entierro digno (ordenada por el Ministerio Público), terminó convirtiéndose en el pretexto para edificar un mausoleo – con la lenidad del alcalde de Comas – y la realización de ceremonias que, por lo visto, deberían ser materia de investigación por la DINCOTE, bajo la clara posibilidad que estemos ante la modalidad agravada del tipo penal de apología del delito en casos de terrorismo (artículo 316, numeral 2, del Código Penal actual).

El hecho motiva varias reflexiones respecto de estos hechos.

Hay que señalar que no todas las personas que murieron como producto de las ejecuciones extrajudiciales producidas luego del develamiento de los motines de El Frontón, Santa Bárbara y Lurigancho son miembros de Sendero Luminoso. Pero también es claro señalar que la fecha es utilizada por el senderismo para proclamar un supuesto genocidio que no existió. Es cierto que hubo un delito por el que sus responsables deben pagar, pero la fecha no debería ser revindicada por los terroristas y sus familiares.

También es notorio que toda persona tiene derecho a la dignidad humana, fuera de si es un criminal o no, por lo que debería tener un entierro decente. En esa línea, la actitud de la fiscal Luz Carmen Ibañez – quien actualmente tiene a su cargo varios casos sobre masacres cometidas por la cúpula de Sendero Luminoso – fue la correcta, al entregar estos restos a sus familiares. Y sigue yendo en una línea adecuada, al indicar que ya se iniciaron investigaciones por presunta apología al terrorismo por los actos que todos hemos visto.

Pero dicho esto, es evidente que la sociedad peruana tiene el derecho y la obligación de rechazar ceremonias como las realizadas por los familiares de los senderistas y los miembros del MOVADEF. Resulta claro que la mayor parte de peruanos rechazamos los actos cometidos por Sendero Luminoso, los condenamos y creemos que sus líderes deben pagar con las más altas penas de cárcel aquellos actos que convirtieron al país en un baño de sangre, en nombre de una ideología totalitaria y retorcida. Y por ello, la indignación es clara y comprensible. Y es claro que un mausoleo del senderismo como lugar de revindicación de criminales resulta intolerable en una sociedad democrática.

Sin embargo, quedarnos en la mera rabia no es la manera de enfrentar estas situaciones. Comencemos por el tratamiento periodístico. Ayer Thorndike y el equipo de Cuarto Poder transmitieron el caso con sobriedad: sin música de fondo, sin permitir que las arengas senderistas fueran replicadas en televisión abierta, explicando al público lo que había pasado, utilizando los documentos oficiales del Estado (como el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación) y diciendo las palabras justas y adecuadas. En su explicación, el periodista fue pedagógico, al indicar claramente que hubo tanto motines provocados por Sendero Luminoso en tres penales de Lima (justamente, para provocar una mala reacción de las fuerzas del orden), como ejecuciones extrajudiciales condenables. Y, por supuesto, fue claro en condenar al terrorismo por sus acciones, así como los actos efectuados por sus familiares. No se tiene que caer en el sensacionalismo o la gritería para tocar adecuadamente este tema.

En segundo término, tenemos el tema estrictamente policial y judicial. Es claro en este caso hay varios indicios que apuntan a la comisión de apología del delito. Y las imágenes mostradas por Cuarto Poder son, sin duda, una clara prueba para poder iniciar una investigación e individualizar a los responsables. En esto, la administración de justicia debe ser clara y rápida.

Finalmente, es claro que existe un problema por enfrentar. El Jurado Nacional de Elecciones ya ha negado una vez la inscripción al MOVADEF. En estos días, muy probablemente, ratificará una segunda negativa. Pero también es notorio que este grupo está presente, buscando convencer a jóvenes más allá de los familiares de los senderistas, en base a respuestas fáciles (y de manual) sobre el país. Y, por ello, las medidas pasan por ir más allá de lo estrictamente policial. Hace cuatro años, el politólogo Eduardo Dargent comentaba lo siguiente:

Sin duda los partidos deberían combatir políticamente estas ideas en la sociedad. Lamentablemente, nuestros débiles partidos no ganan elecciones regionales ni locales y, más importante, son casi inexistentes en instituciones educativas donde se reproduce esta ideología. Echarles toda la responsabilidad sería injusto e ingenuo. También es importante difundir todo aquello que recuerde los horrores a los que lleva una ideología genocida. Entre otros, los trabajos de Carlos Iván Degregori, el informe de la CVR, especialmente los casos horrendos que justificaron la calificación de Sendero como grupo con potencial genocida, o ese texto de Ponciano del Pino que describe la infernal vida cotidiana en comunidades controladas por S.L. Pero esta agenda, aunque fundamental, es de más largo plazo.

Creo que una batalla importante de mediano plazo que compete al Estado y a todos aquellos vinculados a la Educación pasa por ganar la Universidad Nacional y la Escuela Pública, lugares donde grupos, aunque minoritarios, todavía difunden esta forma de pensamiento. Carlos Iván Degregori planteaba una continuidad entre una educación memorista y autoritaria en la escuela y la atracción a ideologías dogmáticas difundidas en manuales marxistas de tercer nivel en la universidad. Con discursos patrioteros o pura indignación, ese discurso no dejará de ser atractivo. El reto es tomar medidas realistas para echarle más pluralismo, debate y calidad a la oferta educativa pública.

Esta es una tarea que el ministro Jaime Saavedra debería afrontar cuanto antes. ¿La tecnocracia que le ha dado buenos resultados ya estará pensando en un plan sobre el tema? Esperamos, claramente, una respuesta. Y, ciertamente, una política que vaya más allá de la gritería o del aprovechamiento para atacar políticamente al rival de turno como lo vienen haciendo varios congresistas y algunos periodistas.

Bagua: heridas abiertas

El 5 de junio de 2009 ocurrió el peor estallido de un conflicto social en el Perú en lo que va del siglo. 33 peruanos, entre policías y civiles, fallecieron. El mayor PNP Felipe Bazán aún se encuentra desaparecido. Y el país aún no cierra del todo las heridas de lo ocurrido en Bagua en aquella fecha.

Siete años después de los acontecimientos, recién ha concluido el juicio oral de uno de los procesos judiciales que se siguen por estos sucesos. En la sentencia, se absolvió a 52 personas – entre nativos y mestizos – por no habérseles encontrado pruebas de haber participado en la muerte de 12 policías en la denominada “Curva del Diablo”. Como ha indicado el Instituto de Defensa Legal, que patrocinó a varios de los imputados, no existía evidencia alguna que involucrara a estas personas en estos lamentables sucesos. Queda, así, de un lado, la sensación que se hizo justicia con los absueltos.

Sin embargo, queda también el sentimiento que no se ha terminado de saldar la deuda con los deudos de las 33 víctimas y del policía desaparecido. Como explica bien el comunicado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos:

Finalmente, queremos repetir las palabras del Presidente de la Sala Dr. Gonzalo Zabarburú, en el sentido que en este Juicio Oral  no están los responsables de los crímenes. Por lo que mantenemos la demanda de Justicia para las víctimas del 05 de Junio del 2009, tanto civiles como policías; así como la ubicación del Mayor Felipe Bazán Soles.

En esa línea, los familiares de los policías y de los civiles fallecidos demandan justicia. Y, entre ellos, no son pocos quienes reclaman que los responsables políticos de la tragedia, en particular, el expresidente Alan García y la exministra del Interior Mercedes Cabanillas rindan cuenta ante la justicia por estos sucesos. Una cuestión que sin duda debe atenderse, más aún ahora que ambos exfuncionarios dejaron de tener derecho a antejuicio político. Y, más allá de estos dos nombres, el Ministerio Público debería hacer una investigación a fondo por los responsables de cada una de las muertes ocurridas en aquellos años. Los sucesos de Bagua no deberían quedar impunes.

Pero además, el caso debiera replantear una reflexión en la clase política respecto de la lejanía que se tiene frente a los pueblos indígenas. Con las excepciones de Mercedes Araoz y Javier Barreda en la última campaña electoral, la autocrítica por parte de los partidos ha sido escasa. Garcia, hasta ahora, sigue sin afrontar la responsabilidad política por este caso. Y, más allá de la consulta previa, resulta importante saber cuál será la política pública del actual gobierno respecto a nuestros compatriotas indígenas, así como para enfrentar conflictos sociales. Más allá del acertado nombramiento de Rolando Luque en la Oficina de Diálogo de la PCM, resulta clave saber qué es lo que el gobierno hará en esta materia.

Finalmente, la sentencia de ayer volvió activar viejos reflejos de defensores oficiosos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, quienes condenaron alegremente la sentencia sin leerla. Sin duda, los miembros de estas instituciones tienen derechos humanos que deben respetarse en todo momento. Pero usar sus legítimas demandas de justicia – a atenderse con celeridad – para tratar de irse contra organizaciones que no responden a sus preferencias políticas resulta bajo, porque a la larga, es jugar con la memoria de personas inocentes. Sin duda, debe haber justicia en el caso, pero no usarse el mismo para nuevamente establecer la vieja disputa de “militares contra indígenas y ONGs”. Las víctimas merecen nuestro respeto.

Orgullosamente Solos

(Portada del nuevo libro de José Carlos Yrigoyen. Foto: Perú.21)

Mi abuelo, aprista de carnet, no pudo abrir las páginas de El Comercio hasta la década de 1980 cuando, paulatinamente, el viejo diario de la familia Miró Quesada comenzó a reconciliarse con el partido vivo más antiguo del Perú.

Sabía, tanto por mis cursos de historia como por la indagación para un trabajo de largo aliento que vengo desarrollando en los últimos meses, que la relación entre ambos bandos nació envenenada. El asesinato de Antonio Miró Quesada de la Guerra, director de El Comercio, en 1935, a manos del militante aprista Steer sería el hito que haría aún más grande la distancia entre el grupo político a quien sus detractores calificaban como “secta” y el periódico a quienes los compañeros trataban como “el enemigo”.

Pero las dimensiones del conflicto nunca quedaron tan claras con la lectura de “Orgullosamente Solos”, novela de no ficción de José Carlos Yrigoyen que devoré este fin de semana.

El escritor y crítico literario presenta la historia de su abuelo, Carlos Miró Quesada Laos, quien no solo fue uno de los principales hombres a cargo del diario más tradicional del país. Fue, a todas luces, uno de los mayores simpatizantes y difusores del fascismo en el Perú.

Yrigoyen nos muestra una historia de descubrimiento personal. Junto a él, el lector irá viendo que, durante los años 30, hubo hombres que tuvieron genuinas simpatías por personajes tan despreciables como Mussolini y Hitler. Que viajaron para conocerlos, entrevistarse con ellos y admirarlos aún más. A través de la vida de Miró Quesada Laos, apreciamos como un sector de las élites peruanas adoptó los sórdidos mensajes sobre superioridad de razas, corporativismo y menosprecio por los derechos de los demás. Y que dichos escritos fueron publicados en el diario que hoy, lejos de dicha tradición, procura revindicar – al menos, teóricamente – el liberalismo en todas sus expresiones.

Dicha revisión no es el mero recuento que, cada cierto tiempo, hacemos de nuestros antepasados para desmitificarlos. Yrigoyen no solo expone el choque que le produjo conocer el pasado de su abuelo como un “camisa negra”, sino también su vínculo parental con una de las familias más poderosas del país.

Al mismo tiempo, se da cuenta de los extremos a los que se llegó en el odio entre El Comercio y el APRA. La oposición a diversos gobiernos o candidatos se subordinó a la posición que tuvieron frente al partido de la avenida Alfonso Ugarte. Miró Quesada Laos no solo rivalizó periodística y políticamente con los apristas sino que llegó a hacer libelos abiertamente homofóbicos contra Haya de la Torre. Entre otras razones, los escritos publicados en el semanario Hoy – que recuerdan, como señala Yrigoyen, a las piezas colocadas en los diarios chicha contra Gustavo Mohme Llona – es una de las causas por las cuales, hasta el momento, la militancia aún no habla abiertamente de la vida privada de su jefe máximo.

Escrito con una prosa bastante depurada, el libro de Yrigoyen no solo supone (como lo han hecho Renato Cisneros, Juan Manuel Robles y José Carlos Agüero) un ajuste de cuentas con los antepasados más cercanos. También implica una aguda descripción sobre un aspecto de la vida peruana entre los años 1930 y 1950 que merece más estudio.

Junto al excelente estudio de Tirso Molinari, esta novela de no ficción supone un acercamiento a la extrema derecha peruana que debe ser leido para comprender más a nuestras élites. Y una explicación sobre porque hasta ahora tenemos clases altas y medias que aún no logran superar los quiebres sociales y políticos de las décadas siguientes.

Inteligencia Financiera, Desinteligencia Parlamentaria

(La portada de Correo de hoy es la más acertada sobre el principal factor de la negativa fujimorista a ampliar facultades a la UIF)

Desde 2002, la Unidad de Inteligencia Financiera se encarga de levantar información que permita detectar operaciones sospechosas de lavado de activos. Adscrita a la Superintendencia de Banca y Seguros desde 2007, la entidad ha sido bastante útil para el impulso de diversos casos sobre la materia.

Sin embargo, la UIF no tiene la posibilidad de levantar el secreto bancario, sea directamente o a través de un juez, lo que le quita, sin duda, filo para su trabajo. Como ha señalado su titular, Sergio Espinoza, es la única entidad de este tipo en Sudamérica que no tiene esta facultad.

Hace un año, la revista Poder publicó un informe de Christopher Acosta sobre el intento para conceder esta facultad a la Unidad. Allí se mencionaba que la misma no vulneraba la Constitución:

Los parlamentarios, a cuya opinión luego se sumaron otros, señalaron que la iniciativa legislativa podría chocar directamente con el inciso 5 del artículo 2 de la Carta Magna, el mismo que reza: “El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del juez, del Fiscal de la Nación, o de una comisión investigadora del Congreso, con arreglo a la ley y siempre que se refieran al caso investigado”. Por tanto, se dijo, la facultad con la que quería fortalecerse a la UIF podía ser inconstitucional, razón por la que el Pleno, en mayoría, derivó el proyecto de ley a la Comisión de Constitución, en busca de una opinión técnica. ¿Qué pasó allí?

Esta comisión, con el fin de dilucidar sus dudas sobre el tema, solicitó opinión a connotados constitucionalistas y representantes de instituciones públicas, entre ellos a Enrique Bernales, Marcial Rubio y a Alberto Borea, así como a los representantes de la Fiscalía, del Poder Judicial y de la Defensoría del Pueblo.

PODER pudo confirmar que la Comisión de Constitución decidió desoír los argumentos por ella misma solicitados, mandando al archivo el proyecto por mayoría, declarándolo inconstitucional. Eso ocurrió el 7 de mayo del 2013, con la presencia de apenas 10 de los 18 parlamentarios que integran la Comisión, y con el voto a favor principalmente del bloque fujimorista, decisivo ante la ausencia de los congresistas –oficialistas y de oposición– que sí apoyaban la iniciativa.

Una de las opiniones ignoradas por el grupo parlamentario fue la del constitucionalista Marcial Rubio. El actual rector de la Pontificia Universidad Católica explicó, en documento al que PODER tuvo acceso, que ya el Tribunal Constitucional había señalado que los delitos económicos (entre ellos el de lavado de activos) no pueden ser protegidos por normas constitucionales como el secreto bancario. Ello porque este último “no forma parte del contenido esencial del derecho a la intimidad”, algo que “implicaría la imposición de obstáculos irrazonables en la persecución de los delitos económicos”.

Sin embargo, la iniciativa no fue aprobada. ¿El motivo? Además del pretexto legal, lo que más se oyó fue el posible uso como arma política de la institución. Ello a pesar que la UIF tiene candados institucionales y protocolos que recortan ostensiblemente dicha posibilidad en el marco de gobiernos democráticos.

Al inicio de este periodo gubernamental, dos iniciativas sobre la materia están en la mesa. De un lado, la congresista Marisa Glave presentó un proyecto de Ley para exceptuar del secreto bancario y tributario a la información sospechosa que debe ser remitida a la UIF. Mientras que el Poder Ejecutivo ha presentado, como parte del proceso de facultades delegadas, una iniciativa para que la UIF pueda acceder al secreto bancario gracias al mandato de un juez adscrito a la entidad, así como la posibilidad que la información pueda ser compartida con la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones.

Esta última posibilidad fue rechazada, inicialmente, por la Comisión de Justicia del Congreso, con los votos fujimoristas. Inmediatamente, ello motivó que muchos recordaran que Keiko Fujimori, en un foro de Proética durante la campaña electoral, prometió que fortalecería las facultades de la UIF para acceder al levantamiento del secreto bancario, dado que era uno de los compromisos del país para acceder a la OCDE.

Y, por supuesto, a que se recuerden los casos de parlamentarios fujimoristas investigados por lavado, así como al exsecretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, materia de indagaciones por parte de la DEA. De acuerdo a nuestras fuentes, a pesar que Keiko Fujimori ha dejado las oficinas que pertenecían a Ramírez, él sigue teniendo ascendencia en parlamentarios clave de la bancada mayoritaria. De hecho, como insinúa la portada de Correo, el principal motivo para negar las facultades en este caso tendrían que ver con el empresario. Porque, de hecho, se han vuelto a referir a la inconstitucionalidad y la posibilidad de convertir a la UIF como “arma política” como únicas razones de oposición.

Y es que, en tanto no den un argumento sólido para oponerse a este tema, la sospecha va a recaer sobre la bancada fujimorista. Para decirlo claro, esta oposición no suena a un mero capricho para poner tras las cuerdas al gobierno – que en este tema, felizmente, se ha puesto firme tanto desde el Ejecutivo como desde su bancada -, sino a que le tienen miedo a investigaciones sobre sus parlamentarios o personas cercanas a la agrupación. Y, en esa medida, le meten un segundo petardo a su supuesta vocación anticorrupción en menos de una semana.

Aún existe un margen de maniobra para que la decisión de la Comisión de Justicia pueda ser revertida y finalmente, las facultades delegadas aprobadas en esta materia. Resulta indispensable que la UIF sea fortalecida para contar con un organismo que colabore en la lucha contra un delito tan importante como el lavado de activos, en un país que ha vivido varios años bajo el azote de grupos terroristas y al menos cuatro décadas de narcotráfico.