¿Cómo enfrentar el legado de la violencia?

Abimael Morote
El abrazo del terror (Foto: Rolly Reyna / El Comercio)

La semana pasada, la opinión pública peruana se vio conmocionada por la decisión judicial que otorgó arresto domiciliario a Osmán Morote Barrionuevo y Margot Liendo, integrantes de la cúpula de Sendero Luminoso. Cada vez que un sentenciado por terrorismo sale de prisión – debido al cumplimiento de su pena y/o a la demora en los procesos pendientes contra los integrantes de la mayor banda criminal de nuestra historia – nuevamente se desatan pasiones que creíamos bastante dormidas.

Es innegable y comprensible el rechazo que despiertan estas decisiones. Sendero Luminoso fue una organización subversiva y terrorista que inició un conflicto armado interno que desangró a la sociedad peruana y que cobró una alta cantidad de víctimas mortales, la mayor en la historia republicana. Los miembros de su cúpula no han expresado – a diferencia de lo ocurrido con varios integrantes del MRTA – arrepentimiento alguno por sus crímenes. Y, peor aún, sus abogados, familiares y algunos jóvenes que se han adherido a sus ideas propugnan una inaceptable amnistía que saque de la cárcel a estos criminales. Estos sentimientos, sin duda, son legítimos.

Pero, además, salen a la luz otras manifestaciones con menos asidero. El incumplimiento de decisiones judiciales que, aunque controvertidas, se ajustan a derecho. La reivindicación de un indultado autócrata que se preció de “derrotar al terrorismo”, pero cuyo fantasma sobre su posible resurrección es agitado por sus sucesores. Ciudadanos que alucinan que la única forma de acabar con el terror es a lo Rambo, olvidando que los repudiados senderistas fueron capturados con las armas de la ley, gracias al GEIN y a valerosos policías y militares. Y, por supuesto, irresponsables congresistas que ya se ven proponiendo leyes de amnistía porque pretenden seguir confundiendo a nuestros héroes con la gente que deshonró el uniforme de Grau y Bolognesi.

En otras palabras, el miedo, la desesperación y los reflejos autoritarios terminan ganando a un sector de ciudadanos. Y, en su variante más dura, se llega al terruqueo.

Durante los últimos días, se han propuesto una serie de soluciones legales y policiales que miran una importante arista del problema: es necesario que el Poder Judicial y el Ministerio Público hagan bien su trabajo y culminen los casos Soras y Tarata a la brevedad posible, con las más altas penas para los involucrados, de acuerdo a su responsabilidad. Y lo mismo con el caso Perseo, que se concentra en la conexión entre los cabecillas senderistas y los miembros del Movadef.  Sin duda, ello cerraría el círculo que, con la salida de Morote y Liendo de la cárcel, se ha vuelto a abrir.

No es la única tarea legal en ciernes. Lo ocurrido con los casos Soras, Tarata y Perseo es lo mismo que viene ocurriendo con procesos recaídos sobre agentes del Estado. Los juicios orales en casos emblemáticos como Cabitos y Accomarca, por solo mencionar dos ejemplos, han durado más de cinco años. Ello es inaceptable tanto para los familiares de las víctimas – varios de los cuales han muerto en el camino – como para los mismos acusados (aunque, muchas veces, son sus abogados quienes han dilatado estos procesos). Cuando algunos políticos se llenan la boca diciendo que “hay casos que duran 30 años”, olvidan que han mediado juicios (inválidos) en el fuero militar, la Ley de Amnistía de 1995 y las demoras judiciales atribuibles tanto al sistema procesal peruano como a los abogados de los acusados. Es necesario, por tanto, que la Sala Penal Nacional recupere su especialidad exclusiva para estos casos y, de una vez por todas, los cierre con sentencia.

No hay que olvidar tampoco como llegamos a esta situación. Los defensores de las cadenas perpetuas a mansalva de la década de 1990 olvidan que estos juicios no cumplieron con las garantías del debido proceso. Y que tuvimos que anularlos ante sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional. Tal es así que el propio Fujimori – el principal responsable de esta situación – tuvo que crear una comisión ad hoc para indultar a personas que eran inocentes. Y los juicios realizados en democracia no solo cumplieron con las reglas del debido proceso, sino que aseguraron altas penas para los terroristas, en base a sus responsabilidades individuales. Podemos discutir las penas impuestas, pero lo cierto es que los procesos fueron ejemplares.

Pero la solución no queda únicamente en el plano estrictamente legal y policial (vinculado, sobre todo, al seguimiento necesario a los sentenciados por terrorismo que salen por cumplimiento de penas). Es cierto que el caso Perseo probablemente deje a los líderes de Movadef en una prisión que, por su edad, terminará en una suerte de cadena perpetua en la práctica. Pero lo cierto es hay un conjunto de jóvenes que se ha visto persuadido de una ideología fundamentalista. Por ello, conviene prestar atención al espacio educativo, como señaló Roberto Bustamante hace un lustro:

El asunto es que, como país, no terminamos de ocuparnos de las escuelas. Estas siguen siendo espacios violentos, que generan un sentimiento de desapego en muchos niños y niñas del Perú. ¿Qué clase de ciudadano sale de un colegio lleno de rejas, donde el profesor está esperando con una vara a que termine el recreo para golpear a los alumnos para que regresen al aula? ¿Qué pasa cuando el profesor le dice al alumno que su forma de hablar el español es “motosa” y que debe “aprender a hablar bien”?

No cabe duda que la enseñanza (crítica) sobre el periodo de violencia es necesaria. Como docente universitario, compruebo que los jóvenes requieren información sobre un lapso de tiempo que ven como lejano, pero sobre el que, en muchos casos, quieren conocer. Y ello no solo implica que los alumnos conozcan el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación o vayan al LUM. Sino que realmente nuestras escuelas y universidades sean lugares donde el docente no sea el único propietario del saber, sino que enseñe a aprender a sus alumnos, en forma democrática.

Por supuesto, también implica que nuestros partidos den una respuesta. Como refirió hace algunos años Martín Tanaka, ello implica denunciar “claramente lo que Sendero Luminoso es, un grupo terrorista, homicida. Y si ellos se paran delante tuyo y te gritan consignas a favor de Abimael Guzmán, lo que hay que hacer es pararse y gritarles también en la cara que repudiamos a los asesinos y terroristas”. Nada más, nada menos. El debate con el fundamentalismo resulta una tarea imposible.

Y también es necesario que nos asumamos como una sociedad post conflicto. Algo que significa apreciar que existen comunidades andinas y selváticas en las que conviven, en un mismo espacio, perpetradores y víctimas (así como sus familias). En donde el periodo de violencia fue aprovechado para venganzas privadas. Conociendo que la mayor parte de víctimas provino de los sectores más excluidos de nuestra patria. Y donde, en las ciudades (sobre todo en Lima), vivimos con el panorama descrito por Marco Avilés:

Pensemos en el cuarentón de la camioneta. También en quienes ahora dirigen el país, desde el Gobierno hasta las empresas. Son los jóvenes que durante la guerra vivieron encerrados en casa mientras afuera las bombas estallaban y la gente era secuestrada. No iban a fiestas ni a discotecas. Sus padres no los llevaron de vacaciones al Cusco. Tengo hermanas mayores y de niño vi el celo con que salían para intentar divertirse. Siempre en grupos. Siempre a lugares cercanos. Si no había condiciones de seguridad, se quedaban en casa. Un día mataron al compañero universitario de una prima cercana en un atentado. Empezaban los años noventa. En los meses siguientes, ella hizo todo lo posible para irse del país y nunca más volvió. Muchos se fueron. Otros no se fueron nunca. Se quedaron. Y terminaron de formarse en ese país aterrorizado, corrupto, donde se estafaban o mataban unos a otros. Veinte años después, cuando la paz es esto que vivimos, ellos están en el poder. Están en el Gobierno, en las empresas, dirigiendo sus propias familias. Quieren darles a sus hijos lo que nunca tuvieron: seguridad a cualquier precio. Sienten el derecho de tomar lo que antes les fue negado. Y lo hacen con ese mismo frenesí de los niños que salen al recreo después de haber pasado mucho tiempo castigados y encerrados. Quizá intuyen que la libertad será breve, pasajera. Que deben conseguirlo todo para hoy. Porque quizá el mañana no existe.

Asumir que somos una sociedad que tiene que convivir con un legado de dos décadas de violencia y miedo es el primer paso para superar aquellas marcas indelebles que aún los peruanos tenemos pendientes por procesar. Y ello no se superará en tanto sigamos negando aquello que, cada vez que volvemos a tener temor de volver a vivir un pasado de terror y muerte, nos vuelve a saltar en la cara.

Advertisements

Una primera mirada al gabinete Villanueva

Vizcarra y Gabinete
Foto de Promoción (Fuente: Facebook Martín Vizcarra)

Se trata de un equipo ministerial con menos peso político del que se pensaba. Casi por completo está centrado en César Villanueva, un Presidente del Consejo de Ministros al que se vislumbra como un contemporizador (aunque también puede pecar de pretender quedar bien con todos – y con ello, mal con nadie -). Los demás ministros – con excepción de Salvador Heresi – tienen un perfil más bien técnico.

Si bien no es un “gabinete de guerra”, tampoco es un equipo que, en términos generales, haya tenido el beneplácito total del fujimorismo. Si pudiéramos encontrar un símil para el nuevo equipo ministerial, sería parecido a un típico gabinete de Ollanta Humala: ortodoxos en sectores económicos, liberales y socialdemócratas en carteras sociales, militares y policías en retiro para las carteras ligadas a seguridad.

Dos notas distintivas frente a la administración pasada. La primera es que se trata de un gabinete más variopinto en orígenes sociales. Varios son provincianos y al menos cinco llegan desde universidades nacionales (2 UNI, 2 Villarreal y 1 San Marcos). Los ministros que han pasado por la PUCP siguen siendo mayoría (6) y la cuota de la Universidad del Pacífico ha disminuído (2). La segunda, es que hay menos gerentes privados y gestores de intereses – con excepción de Daniel Córdova – y más tecnócratas, varios de ellos con experiencia en el Estado.

Otro esfuerzo que deberá tener el nuevo gabinete es el diálogo entre las distintas tendencias a su interior. Un ejemplo lo ilustra: David Tuesta es un ortodoxo que piensa más allá de la caja en varios temas (por ejemplo, pensiones). ¿Cómo compatibilizar esto con un ministro de Trabajo como Christian Sánchez que es más cercano a una línea progresista en temas laborales y con un titular de la Producción como Córdova que es más cercano a intereses de empresas?

El elenco se terminó de armar en la noche del domingo. Según se puede ver en la web de la Presidencia de la República, durante todo el Domingo de Resurrección desfilaron por Palacio los nuevos ministros de Interior, Justicia, Cultura, Vivienda, Educación y Comercio Exterior y Turismo. Tal vez por ello, algunos antecedentes que ya saltan en las redes sociales no han sido bien examinados.

Por ahora, el equipo despierta más incógnitas que entusiasmos. En suma, las prioridades estarán más claras cuando César Villanueva exponga la política general del gobierno ante el Congreso de la República. Allí también veremos el talante real de Fuerza Popular frente al nuevo gabinete.

Dicho todo esto, pasemos a ver la lista de ministros, cartera por cartera.

César Villanueva (Presidencia del Consejo de Ministros): Es quien tiene más experiencia política que todos: gobernador regional en San Martín en dos ocasiones, efímero PCM en tiempos de Humala, congresista por las filas de Alianza Para el Progreso. De entrada, ya cosecha tres posibles cuestionamientos: haber sido artífice de la vacancia de PPK y negar que iba a ser cabeza de un gabinete de Vizcarra, un presunto vínculo con Jorge Barata que se ha apurado en desmentir y sus ambiguas declaraciones sobre el enfoque de género brindadas ayer por la mañana. Ser concertador no puede ser sinónimo de tratar de caerle bien a todo el mundo.

Néstor Popolizio (Relaciones Exteriores): Un diplomático de carrera para un ministerio que había tenido a una antecesora para el olvido. Las críticas a su nombramiento han llegado por un recuerdo sobre noticias que lo vinculaban a un presunto traslado de dinero desde Torre Tagle al Servicio de Inteligencia Nacional en 1998 – del que parece haber salido bien librado – y su manejo poco feliz de un incidente diplomático con Francia, cuando se tejió el rumor que la familia Humala – Heredia se iba a asilar en la embajada de dicho país. Su primer reto se viene ahora, con la Cumbre de las Américas (ver más en la columna de Óscar Vidarte de hace una semana).

José Huerta Torres (Defensa): General de Brigada en situación de retiro, perteneciente al arma de Artillería. Llegó a ser Inspector General del Ejército entre 2001 y 2002 (es decir, el número 3 de su institución). Era el actual viceministro de Políticas para la Defensa, nombrado durante la gestión de Jorge Kisic. Se le cuestiona por haber firmado la famosa acta de sujeción en 1999, donde se comprometía a la alta oficialidad de la época a respaldar al régimen de Fujimori y a la Ley de Amnistía de 1995. Además de responder por este tema (que ya lo coloca en un serio entredicho), su principal reto se viene al enfrentar el tema pensionario militar policial, donde el gobierno anterior tenía una posición clara en llevar la norma de homologación de pensiones con los sueldos actuales de oficiales y suboficiales ante el Tribunal Constitucional.

David Tuesta (Economía): Doctor en Economía por la PUCP. Durante varios años, ha sido el líder de estudios económicos en el BBVA Continental. Recientemente, integró la Comisión de Protección Social, que entregó un informe para la reforma del sistema de pensiones y de la salud pública, donde se combinan componentes públicos y privados. ¿Reimpulsará este estudio y sus conclusiones? Es cercano al exministro Luis Carranza, con quien ha escrito textos académicos y ha trabajado en los últimos meses en la Comisión Andina de Fomento.

Mauro Medina (Interior): Policía en situación de retiro desde 2010. Fue viceministro de Orden Interno durante la gestión de Daniel Urresti en Interior. Ha sido jefe de la Policía en Puno y Piura. Según nuestras fuentes, tiene fama de incorruptible, lo que ha sido confirmado por el exministro Fernando Rospigliosi. Se desconoce si retomará los esfuerzos de reforma hechos por Carlos Basombrío hasta diciembre de 2017.

Daniel Alfaro (Educación): Llegó al Ministerio de Educación de la mano de Jaime Saavedra, como director general de Educación Técnico – Productiva y Superior Tecnológica y Artística. Se retiró, de acuerdo a nuestros informantes, cuando su antecesor en el cargo, Idel Vexler, comenzó a desmantelar su equipo. Antes fue funcionario en el MINCETUR  y en el Ministerio de Cultura. También trabajó en la revista Semana Económica. Según nuestras fuentes, no es un conservador en temas de género. Algunos analistas del tema educativo le ven cercanía a los sectores que propugnan una mayor entrada de instituciones con fines de lucro. Otros lo ven como un técnico capacitado, cuyo fuego político está por verse.

Silvia Pessah (Salud): Candidata a ser el cuco de dos sectores que han pesado mucho en el sector. Por su experiencia en salud sexual y reproductiva y su mente abierta en estas materias, va a recibir fuertes embates conservadores. Mientras que algunos gremios médicos tienen resistencias contra ella por su actuación como viceministra en la gestión de Patricia García. La incógnita es si tendrá el peso político para hacer frente a estas críticas.

Christian Sanchez (Trabajo y Promoción del Empleo): Concentra dos grandes unanimidades: conoce el sector a fondo y es un experto y, a su vez, va a ser la ficha más a la izquierda del equipo ministerial. Sánchez firmó hace cuatro años un comunicado donde señalaba que, si bien era necesaria una reforma integral de la regulación laboral, tampoco consideraba que los sobrecostos laborales fueran tan elevados. Firmar este comunicado le costó su puesto en la SUNAFIL, a pedido de la Sociedad Nacional de Industrias. De allí que periodistas como Jaime de Althaus hayan saltado hasta el techo porque no se daría una reforma laboral entendida como una mayor flexibilización de derechos laborales y, sobre todo, en la protección frente al despido.

Gustavo Mostajo (Agricultura y Riego): Se trata de un técnico con experiencia en SENASA y como agregado agricola en Brasil. No se tiene mayores señas sobre su perfil más allá sobre su experiencia en este sector.

Salvador Heresi (Justicia y Derechos Humanos): El nombramiento más controvertido de todo el gabinete. La única explicación racional para su designación es, como apunta Juan Carlos Tafur, consolidar la unión entre la bancada oficialista y el Presidente de la República. A Heresi se le cuestionan amistades cercanas a casos de corrupción – entre ellos, el sentenciado por colusión Alex Kouri, para quien trabajó -, cierta tendencia a la farandulización (ver su campaña a la alcaldía de Lima en 2014) y un entorno con tendencias conservadoras. Sobre la papa caliente de su sector, el indulto a Alberto Fujimori, ha tenido posiciones disímiles: cuando PPK lo otorgó, estaba a favor; hoy se muestra más favorable a acatar un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sea cual fuere el sentido.

Daniel Córdova (Producción): La otra piñata del gabinete en redes sociales. Hace 8 años, intentó postular a la Presidencia de la República mediante una “ocupación hostil” del Partido Popular Cristiano, que se vio frustrada rápidamente. Fue candidato al Congreso con PPK en 2011, sin éxito. Se le ha criticado sus posibles conflictos de intereses por haber participado a la vez en el Instituto Invertir y la empresa de comunicación empresarial Newlink (que hoy es manejada por Cecilia Blume), que manejó la cuenta de Southern Perú luego del conflicto Tía María. El economista fue vocero de la empresa sobre los yacimientos de Toquepala. También se ha mencionado en su contra un carácter poco proclive a las críticas. Según nuestras fuentes, Córdova tiene una buena relación con Villanueva desde hace algunos años.

Rogers Valencia (Comercio Exterior y Turismo): Cusqueño, miembro de la Asociación Civil Transparencia. Es un promotor del sector Turismo y ha sido, hasta ayer, el viceministro del ramo. Un cambio de prioridades en un ministerio tradicionalmente dedicado a los TLCs.

Francisco Ísmodes (Energía y Minas): Ha sido gerente de la minera Milpo, una de las pocas que ha tenido cierta tranquilidad con sus proyectos y también ha trabajado en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Cercanos a él lo presentan como un “minero con sentido social”. Veremos como revitaliza el sector.

Edmer Trujillo (Transportes y Comunicaciones): Persona de suma confianza de Martín Vizcarra, con quien trabajó en Moquegua. Ya fue ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento (esta última, su especialidad). Trujillo tiene el reto central de ver temas de infraestructura para impulsar la inversión pública y la reconstrucción del norte del país. Se le critica que es poco dado a hablar con los medios.

Javier Piqué del Pozo (Vivienda, Construcción y Saneamiento): Profesor de la UNI, ingeniero civil (con grado de Magister en el prestigioso MIT) y un experto en estructuras sismoresistentes. Quienes lo conocen, indican que tiene el don de caer bien tanto a sectores de izquierda como a los fujimoristas, además de ser una persona bastante correcta. También es un preocupado por la calidad de la educación universitaria y un partidario de la actual normativa sobre la materia.

Ana María Mendieta (Mujer y Poblaciones Vulnerables): Ha sido viceministra de la Mujer en las gestiones de Carmen Omonte y Marcela Huaita. Dentro de los sectores feministas, es una incognita sobre si será una aliada o si buscará pasar con perfil bajo en una cartera donde hay reclamos por una mayor actividad, luego de la salida de Ana María Romero en julio pasado.

Fabiola Muñoz (Ambiente): Ha sido directora ejecutiva del Servicio Nacional Forestal (Serfor). Su gestión fue criticada por algunas organizaciones no gubernamentales que velan por evitar el tráfico ilegal de madera.  Es abogada y tiene buenas credenciales académicas. La interrogante es si podrá devolver protagonismo a un sector que ha perdido terreno en los últimos meses.

Patricia Balbuena (Cultura): Vuelve al sector que dejó en 2016. Se desempeñó como viceministra de Interculturalidad, donde condujo los primeros procesos de consulta previa en el país. Profesora de la Escuela de Gobierno de la PUCP – disclaimer, donde también soy docente – y directora del programa Cuna Más hasta hace pocos días.

Liliana La Rosa Huertas (MIDIS): Actual decana nacional del Colegio de Enfermeras del Perú.  Ha trabajado en SERVIR, APCI y el Ministerio de Salud. También es docente de la Escuela de Gobierno de la PUCP.  Según Infogob, es militante del Frente Amplio, lo que hace más importante aún un manejo pulcro e imparcial del sector.