Ni Fuerza, ni Popular. Razones para la debacle del fujimorismo.

Familia Fujimori
(Foto: Keiko Fujimori)

Fuerza Popular había cerrado un 2018 de horror: su lideresa fue encarcelada por actos de obstrucción a la justicia en la investigación que se le sigue por presunto lavado de activos, su popularidad estaba en el subsuelo, su líder histórico vivía en el limbo de la Clínica Centenario y el partido se hallaba en reorganización. Dos años después, habían dilapidado sus reservas políticas, en la misma forma que Alberto Fujimori lo hizo con el erario público en su década de gobierno.

Transcurridas casi dos semanas del nuevo año, la situación ha empeorado. Keiko Fujimori seguirá en la cárcel, las voces que piden que Albeeto Fujimori vaya de retorno al Establecimiento Penal Barbadillo son mayores, Kenji Fujimori no tiene la más mínima intención de retornar a la política, perdieron a Chávarry en el Ministerio Público y la situación parlamentaria es de temer. Ya no cuentan con la presidencia del Congreso de la República, ni con la mayoría parlamentaria. Incluso el APRA, su aliado por varios años, comienza a tomar “respetable distancia”, como enuncia un conocido vals. Y, para remate, algunos analistas que tomaban te y galletitas con ellos comienzan a buscar al “Bolsonaro peruano”, pues comienza a considerar que el fujimorismo es “demasiado tibio” con sus rivales (léase, zurdos, socialdemócratas y liberales).

¿Cómo se llegó a esta situación si, como algunos señalaban, estábamos ante el partido más sólido del país?

Se han hecho varios estudios académicos en los últimos años sobre el fujimorismo. Varios de ellos han enfatizado bien en la construcción de una identidad no ideológica basada en el rescate de los supuestos logros de la década de 1990. Otros fueron más allá y aludieron a una supuesta representación “de los de abajo” (en realidad, sería más preciso decir, del mundo informal y, en varios casos, ilegal, lo que atraviesa a varios segmentos sociales). Y no han faltado quienes aludían a la fortaleza de Fuerza Popular, colocando a la agrupación como un ejemplo de la construcción de nuevos partidos políticos en un tiempo en el que se creía que los mismos desaparecerían.

Sin embargo, la realidad ha develado que el fujimorismo tenía varias de las debilidades de sus rivales. Como señala bien Eduardo Dargent, los triunfos de FP eran equivalentes a los que Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal tienen en el torneo futbolístico local tradicionalmente. Ello produce, a mi criterio, una sobrerrepresentación de lo que podían generar. Si a ello se le suma un triunfo parlamentario proveniente, en buena medida, de los efectos de las reglas electorales (sin dejar de lado a las simpatías que muchos han tenido con el fujimorismo), podemos estimar que en la agrupación liderada por Keiko Fujimori no apreciaron bien sus limitaciones.

De hecho, Fuerza Popular se asemeja más a lo que, con buen ojo, describió bien mi colega Mauricio Zavaleta como “coaliciones de independientes”. Un grupo armado para acceder al poder, sin mucha consistencia ideológica, sobre la base de reducción de costos para participar en la contienda electoral. Para ello, se cuenta con un líder carismático que jala votos, anchas billeteras que respaldan los gastos de campaña, candidatos atractivos en distintas provincias, medios de comunicación y redes sociales para difundir sus mensajes a sus electores. Ello explica porque en FP convivían personas a favor y en contra del enfoque de género o con visiones contrapuestas sobre la economía de mercado. Y también explica porque tantos parlamentarios tenían más anticuchos que las vendedoras de la entrada Sur del Estadio Nacional.

En esa línea, el fujimorismo arrastraba las debilidades de la mayoría de grupos con los que comparte asiento en el Congreso de la República. Y ello explica porque se ha terminado desgajando durante los últimos dos años y medio. ¿Qué tenía en común una exprocuradora con bandera de lucha contra la corrupción con una agrupación que estaba demasiado ligada con la misma? ¿Qué proyecto conjunto tenían los seguidores de Kenji con Ana Vega y Pier Figari, quienes buscaban borrar cualquier vestigio de Alberto Fujimori de la agrupación?

Pero la crisis en Fuerza Popular no solo se ha producido por estas carencias comunes a todas las agrupaciones políticas peruanas. Sin duda, la forma cómo Keiko Fujimori ha ejercido su liderazgo político ha tenido mucho que ver en el declive de su agrupación. Cayó mal en la ciudadanía el estilo obstruccionista, la confrontación, la poca lealtad con la familia (en un país donde una concepción conservadora de la misma sigue teniendo cierto peso) y, sobre todo, el afán de jugar con el tema anticorrupción.

Resultó claro que FP buscó presidir la Comisión Lava Jato con el único objetivo de perjudicar a sus enemigos políticos (varios de los cuales, por cierto, deberán responder a la acción de la justicia), pero una vez que el caso los comenzó a tocar, se notó la notoria vocación por el ocultamiento. La imagen de partido aliado con la corrupción la tienen impregnada desde que Marcelo Odebrecht señaló que hubo contribuciones a la campaña electoral de 2011. Y no se la han podido quitar. Peor aún, muchas de sus acciones devinieron en obstaculizadoras de la justicia, una de las razones por las que hoy reside en Chorrillos.

Así las cosas, Alberto Vergara terminó teniendo la razón sobre un posible aggiornamiento del fujimorismo. El politólogo y docente de la Universidad del Pacífico expresó su opinión en un artículo publicado en Poder en septiembre de 2012:

(…) todos olvidan que el fujimorismo no solo debe reconvertir su origen autoritario en un presente democrático (tarea ya complicada), sino que, sobre todo, debe limpiar su origen ladrón para construir un partido medianamente limpio. Ni el franquismo ni el pinochetismo fueron empresas para delinquir. Así, no solo debemos preguntarnos cómo se transforma a un movimiento antidemocrático en uno democrático, sino en cómo se transforma lo que fue una organización lumpen en un partido político. El gobierno fujimorista, no lo olvidemos, fue una suerte de ‘utopía mafiosa’ (Hugo Neira). Ver a un fujimorista indignado por los contratitos mal habidos de Alexis Humala será siempre una invitación a la carcajada. Y Humala no le ganó a Keiko Fujimori porque fuera mucho más democrático que ella, sino porque él no estaba teñido de la ladronería de los noventa. Este sigue siendo el principal pasivo para el fujimorismo, nadie quiere sacarse una foto con ellos y, por lo tanto, siguen siendo incapaces, a pesar de ciertos gestos de apertura, de sumar a otras fuerzas parlamentarias a la agenda fujimorista (o de sumar profesionales de renombre al partido).

A ese pasado, por cierto, le sumaron un presente bastante oscuro a la “pesada mochila” con la que ya cargaron en las campañas de 2011 y 2016.

Hacia adentro, el liderazgo de la señora Fujimori resultó ser aún más autoritario que el de su propio padre. Sus dos asesores principales se convirtieron en los “guardianes de la ortodoxia” keikista, a extremos tales que ameritarían una investigación por la posible vulneración de la no sujeción a mandato imperativo de los parlamentarios. Los congresistas que tenían problemas en sus hojas de vida – sobre todo, las mujeres – eran enviados a la Comisión de Ética, una vez que tenían algún viso de subordinación. Los chats en Whatsapp y Telegram se convertían en un vehículo supletorio de los “plenitos” en Morochucos o en Paseo Colón. Y hoy la Bankada, sin esa dirección, se mueve como pollo sin cabeza.

¿Tiene alguna solución esta situación para el fujimorismo? En su columna de ayer, Rosa María Palacios señala que, en el Perú, resulta difícil pronosticar el futuro político. Pero que resulta claro para ella que existen pocas probabilidades para que Keiko Fujimori emprenda los cambios que le salvarían lo que le queda de carrera política: confesar quienes fueron sus aportantes ocultos, tener ideas más allá de sacar de cárcel a papá o vengarse de sus enemigos, distanciarse de su maltrecha bancada y ser creible. A la vez, Alberto Fujimori está más cerca de la jubilación (nuevamente en la DIROES) que la retoma de un liderazgo. Y Kenji Fujimori, por ahora, ha decidido desmarcarse de las imposiciones paternas y fraternas.

Pero la caída del fujimorismo no quiere decir, necesariamente, que la democracia esté a salvo en el Perú. Sobre todo, cuando en nuestras élites siguen existiendo “demócratas precarios”. Insistiremos en la necesidad de vacunarnos frente a los peligros autoritarios en los próximos días.

¿Es Martín Vizcarra un gobernante autoritario?

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(Foto: El Comercio)

Hace un par de semanas, el expresidente estadounidense Barack Obama publicó en su cuenta en Facebook una lista con los libros que más le habían gustado en 2018. Entre ellos, resalta un volumen con un título bastante provocador: Cómo mueren las democracias, cuya edición en castellano ya se puede conseguir en Lima.

Este texto, escrito por los politólogos y docentes de la Universidad de Harvard Steve Levitsky – un viejo conocido del Perú – y Daniel Ziblatt, trata de explicar las razones por las que líderes populistas de diverso signo ideológico han constituido, tanto en el siglo XX como en la centuria actual, uno de los mayores peligros para la democracia.

En particular, ambos autores buscan explorar, a partir de lo ocurrido en diversas partes del mundo, cómo fue posible el ascenso de Donald Trump y cómo evitar que un liderazgo como el suyo sea nocivo para la preservación de uno de los sistemas políticos más consolidados del mundo. Y parten desde una premisa que Levistky ya ha explorado en otros libros y que a los peruanos nos parece conocida: las democracias ya no solo caen por efecto de una tanqueta, sino (y sobre todo en los últimos 25 años) a través del ejercicio tiránico del puesto.

En América Latina, Alberto Fujimori fue el triste precursor contemporáneo de una tendencia que luego siguieron Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Daniel Ortega y, en menor medida, Evo Morales (aunque anda dando pasos seguros a incorporarse al primer grupo) y Rafael Correa. Desde distintas orillas ideológicas, muchos temen que Jair Bolsonaro y Andrés Manuel López Obrador vayan en esa dirección (aunque solo el primero parece dirigirse aceleradamente, por ahora, en ese rumbo).

En los últimos meses, sobre todo desde que lanzara el referéndum, nuestra “coalición conservadora criolla” ha buscado colocar como idea que el actual Presidente de la República es un gobernante autoritario y que está en un camino de copamiento institucional muy similar al que tuvo Fujimori en la década de 1990. Este grupo de personas esgrime razones muy variadas por las que Martín Vizcarra estaría en esta vía: “tapar la corrupción” de “sus aliados” (léase, Alejandro Toledo, Susana Villarán, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski), “encubrir su propia corrupción” (entiéndase, el caso del aeropuerto de Chinchero) o tratar de tapar “su incapacidad como gobernante”.

¿Es esto cierto? Lamento desilusionar a mis seguidores conservadores, pero la respuesta es negativa, en un doble sentido.

Vizcarra no se ha apoderado de ninguna institución pública. En toda su actuación, ha utilizado las armas que le otorga la Constitución para presentar sus iniciativas: referéndum, comisiones del Poder Ejecutivo, envío de proyectos de Ley al Congreso. Tampoco ha forzado mecanismos de corrupción para alcanzar sus objetivos. Ha hecho, hasta ahora, política pura y dura, dentro de los cauces institucionales. Y, además, no ha buscado la disolución del Congreso de la República.

Para salir de dudas, Levitsky y Ziblatt hacen un examen sobre los indicadores clave de un comportamiento autoritario, que se basa en cuatro aspectos: rechazo (o débil aceptación) de las reglas democráticas del juego, negación de la legitimidad de los adversarios políticos, tolerancia o fomento de la violencia y predisposición a restringir las libertades civiles de la oposición. En ninguna de las preguntas vinculadas a estos aspectos se obtendría una respuesta afirmativa. Compruébenlo ustedes mismos:

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(Fuente: Levitsky y Ziblatt 2018: 33 – 35)

No faltarán quienes digan: “Pero Keiko Fujimori, que es la lideresa de la oposición, está encarcelada”. Pero no es por acción del gobierno. Como lo han señalado ya dos instancias del Poder Judicial, hay serios indicios de comisión de delitos, así como de obstrucción de la justicia. Y, para mayor garantía, al negar el asilo a Alan García, Uruguay terminó confirmando ante la comunidad internacional que cumplimos con los estándares mínimos de una democracia.

También habrán los que indiquen: “pero el proyecto sobre el Ministerio Público constituye una intervención sobre otra institución”. La iniciativa, en particular, no genera un organismo interventor al estilo Blanca Nélida Colán, como se hizo en los noventa, por lo que vocación de control no tiene. Discusión distinta es la de si es la medida más conveniente o si pasaría un estándar de inconstitucionalidad. Y, claro, es necesario mencionar también, como apunta hoy Andrés Calderón, que tanto el MP como el Congreso de la República tienen la llave para salir del señor Chávarry con celeridad y con el menor costo institucional posible.

Descartada la intención autoritaria, quedan las tres críticas hechas desde nuestra “coalición conservadora criolla”. Y las tres no pasan una prueba de sustento.

Como bien refirió Marco Sifuentes en su columna de ayer: “Humala y Heredia fueron a prisión, como ahora Keiko; y la situación de García es de lejos mejor que las de Villarán y PPK, a quienes sí les allanaron las casas y les congelaron las cuentas”. Añado a ello: el proceso de Toledo sigue las rigideces de un tratado de extradición bastante formalista y que, antes de llegar a un juez federal en California, requiere un previo examen de los Departamentos de Estado y de Justicia. Nadie en su sano juicio defiende a estas personas y sus inconductas – muchas de ellas, con contenido penal -, por lo que esta cuestión queda sin sustento.

El caso Chinchero es más sencillo de explicar: un mal contrato no supone un delito. Y ese mal contrato proviene desde el gobierno de Humala. Tampoco hay evidencia que involucre al Presidente actual en ilícitos penales en torno a este tema.

Finalmente, no está mal que el Presidente de la República se compre el pleito anticorrupción. Por el contrario, se trata de una materia que, durante los últimos años, ha sido considerada como una de las dos más importantes para los peruanos. Por tanto, indicar que “se tiene que ocupar de otras cosas” resulta ser una falacia. En lo que sí coincidimos es en que el Poder Ejecutivo debe mejorar su performance sectorial, buena en algunos casos, discreta en otros.

A la luz de la lectura del libro de Levitsky y Ziblatt, queda una pregunta por dilucidar: ¿estamos en peligro de consagrar a un líder populista autoritario en 2021? Intentaremos responderla en un siguiente post, en los próximos días.