GRACIAS POR CUMPLIR CON SU DEBER

Como me decía una amiga esta mañana, la sentencia de 6 años a Fujimori parece demasiado poco. Demasiado poco para haber convertido al Estado de Derecho en una ficción, por haber convertido Palacio de Gobierno en un centro de chuponeo, por haber convertido a los canales de televisión en – salvo contadas excepciones – cloacas destinadas a bailar el ritmo del Chino, por haber corrompido a la sociedad como lo hizo.

Sin embargo, ello demuestra la independencia de criterio con la que se ha manejado la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia. Sin estridencias ni figuración mediática, con firmeza y con la ley en la mano, los vocales César San Martín, Víctor Prado Saldarriaga y Hugo Príncipe Trujillo respondieron a la altura del reto que se les puso.

De allí que la imagen de hoy que más me emociona sea esta. Vía Perú.com:

Una vez concluida esta primera etapa de los juicios a Fujimori hay que señalar algunas cosas que no deben repetirse. Nunca más un gobierno que tenga el poder en una sola mano. Nunca más un gobernante que huya y renuncie por fax. Nunca más un gobierno que mate “en nombre de la pacificación” o que “robe pero haga obra”. Nunca más una mafia enquistada en Palacio de Gobierno. Y no cometamos el error de poner en el gobierno  a una señora que tiene que explicar como pagó sus estudios universitarios y cuyo único programa parece estar entre el “hola, besho, abasho” y el indulto a un delincuente confeso.

Somos libres, seámoslo siempre.

PARA LA HISTORIA:

La cuarta sentencia que condena a Alberto Fujimori

MAS SOBRE EL TEMA

Economía de los Mil Demonios: A la larga la corrupción no le conviene a nadie (1)

MEMOREX:

En el 2007, Heidi Grossmann contó el caso CCN, uno por los cuales condenaron hoy a Fujimori. Video de AgenciaPeru:

http://www.agenciaperu.tv/player_sembebido_final.swf?file=undefined&file2=20611&file3=undefined&thumbsinplaylist=true&height=333&width=592&image=1_20611G&displayheight=333

También de AgenciaPeru, este reportaje de Marco Sifuentes sobre los 7 delitos de la extradición a Fujimori. Por todos fue condenado.

http://www.agenciaperu.tv/player_sembebido_final.swf?file=undefined&file2=20590&file3=undefined&thumbsinplaylist=true&height=333&width=592&image=1_20590G&displayheight=333

LIOS ZURDOS

Desde 1989, la izquierda peruana no obtiene un resultado electoral digno de grata recordación. Varios factores influyeron en ello: su tardío deslinde con la violencia como método de hacer política – lo que era una antítesis en sí misma -, el debilitamiento en su lectura de la realidad que consideraba a los movimientos sociales como un apéndice de los partidos, lo que no hizo ver la crisis de unos y otros, así como la caida del Muro de Berlín fueron algunos de los factores que la sumieron en una crisis de la que hasta ahora no se recupera. Y claro, también estuvo la disputa central en el seno de Izquierda Unida entre si se privilegiaba la arena electoral o la formación de un frente de clase mucho más amplio.

Algunos idílicos quisieran volver a los tiempos de Izquierda Unida, donde convivieron maoístas, marxistas, católicos de izquierda, mariateguístas y troskistas, entre otros. Creo yo que eso es inviable. Y lo es porque las tendencias dentro de la minúscula zurda peruana se decantan en tres grupos:

a) Un sector radical, que aún sigue creyendo en el viejo esquema de cambiar el esquema económico para que se produzcan las reformas en la sociedad. Aquí se encuentra Patria Roja y lo que quedan de los partidos de izquierda más radical de los ochenta, junto a colectivos nuevos, pero igualmente minoritarios.  La gran mayoría de ellos se quiere subir al auto de Ollanta Humala.

b) Un sector moderado, cercano a la socialdemocracia y a los sectores liberales más democráticos. Son de los ubicados más cerca de organizaciones no gubernamentales o de medios de comunicación. Sus propuestas postulan reformas al actual modelo económico, la preservación de la democracia y los derechos humanos y cuentan con cuadros técnicos de cierto peso. Ultimamente, también cuentan con cercanía a movimientos regionales. En su mayoría, están cercanos a Fuerza Social.

c) Un sector intermedio, que postula cambios a través de una Asamblea Constituyente, no tan radicales como los planteados con el primer sector pero tampoco tan moderados como los segundos.  Aun siguen viendo a Cuba como referente, pero toman distancia de Venezuela. Creen en un rol más interventor del Estado, sobre todo, en materia de recursos naturales.

Es en este último sector, encarnado en el Partido Socialista, donde se han presentado problemas esta semana. Un grupo de dirigentes de esta agrupación, encabezados por la secretaria general Susel Paredes, dejó el PS de modo intempestivo, por discrepancias por la política de alianzas de esta agrupación. Paredes dio su versión a La República:

Hace dos días usted y 31 militantes del Partido Socialista (liderado por Javier Diez Canseco) renunciaron. ¿Qué pasó a que se debe este alejamiento?

Nosotros tuvimos una serie de obstáculos y diferencias porque tenemos una visión distinta de lo que debe ser un partido de izquierda, moderno, que no dependa de un líder que les dice a sus militantes y a los movimientos sociales qué es lo que debe de hacer.

¿En qué otros puntos discrepaban?

En todos los partidos hay discrepancias algunas de las cuales no se han podido salvar, entonces no queremos pelearnos, ni convencer  a alguien que tenemos la razón, vamos a construir en otro lado, en el movimiento Tierra y Libertad con el Padre Arana.

¿Un motivo de su alejamiento fue la cercanía con Ollanta Humala?

Si. Nosotros no pensamos que existan candidatos naturales, por ejemplo yo no creo que Ollanta Humala sea el candidato natural de la izquierda, no lo es, es una persona que recién entró en la política, estuvo en el ejército muchos años…

¿Piensa que por venir del Ejército Humala es autoritario?

Él podría tener una formación que lo lleven a tener esa conducta, y nosotros proponemos otra cosa.

Entonces está en contra de esta alianza

No, si hay que hacer alianzas o tener conversaciones se harán, lo que no es tácito es que Ollanta es jefe de nadie. Porque el proceso de acumulación no va detrás de una persona, va detrás del movimiento popular.

¿Qué piensa del lenguaje utilizado por Humala?

La política no necesita de eso, bien fácil es insultar, lo difícil es hablar sin los facilismos que provoca la plaza.

En otras palabras, Paredes y los demás se van porque no quieren aliarse con Ollanta Humala y prefieren a Marco Arana. De hecho, fue Paredes quien comenzó a impulsar la idea dentro del PS de postular a Arana en lugar de Humala como el candidato de un frente de izquierda. Otro sector prefería a Humala. Y hace un par de días, Javier Diez Canseco le respondió a Paredes, en el mismo medio:

Los renunciantes han decidido formar el MAS y, desde él, trabajar con el Padre Arana en una propuesta de renovación y forja de una alternativa. Ojo, una alternativa real implica una amplia unidad de fuerzas y un liderazgo legítimo y colectivo. El PS, que abandonan, acordó en dos eventos nacionales promover un Frente Amplio por el Cambio, por un Nuevo Perú: una Nueva Constitución, una Constituyente y un Nuevo Gobierno que abran paso a la justicia social, a la democracia participativa y comunitaria, efectiva descentralización y un Perú plurinacional, a una economía al servicio de la gente  que recupere soberanía sobre nuestros recursos naturales, con un Estado que regule, redistribuya riqueza y atienda a la gente.

Es decir, una amplia unidad de las fuerzas del cambio, con unidad programática para gestar una real opción de gobierno y de poder popular organizado, a cuyo interior debería definirse –democráticamente–la candidatura que mejor represente la opción de cambio y cuente con los equipos colectivos capaces de gestar y gestionar un gobierno del cambio. El PS no plantea un “candidato natural” del Frente, no veta militares o sacerdotes, ni excluye a ningún sector que batalle por el cambio basado en la lucha política y social.

No es la primera vez que sectores de izquierda desprecian el valor de la unidad y ponen por delante el perfil propio. Ser dueño de la verdad y mal manejar las diferencias es un viejo error. Si no puedes mantener la unidad de un partido, ¿cómo predicar la unidad más amplia? El PS promovió una nueva relación entre partidos y movimientos sociales. Por ello impulsó e integró la Coordinadora Político Social (CPS) junto a gremios, movimientos sociales y regionales, y partidos progresistas, nacionalistas y de izquierda, para reagrupar fuerzas por el cambio. Por lo mismo es parte del Frente Nacional por la Vida y la Soberanía (Frenvidas) que coordina AIDESEP y se forjó al calor de la extraordinaria lucha de los pueblos indígenas amazónicos.

El PS tiene un Grupo de Trabajo de Frente Único con la Secretaría de Movimientos Sociales. Y desecha la tesis de que los movimientos sociales son correas de transmisión de los partidos. Los entiende como interlocutores y contralores de éstos, reconociendo y bebiendo del protagonismo político de las fuerzas sociales. Caminando con ellas en las decisiones políticas. En esa batalla, el PS también reconoció e impulsó fuerzas regionales y descentralistas contra viejas ideas. Pero los renunciantes caminan a un movimiento que no es parte de los bloques políticos sociales, como Frenvidas o la CPS. ¿Será ese el camino renovador?

En mi opinión, se mezclan varias cosas aquí, que justamente menciono al inicio del post, con excepción del elemento violento. Es decir, buena parte de la izquierda se hace las mismas preguntas que hace 20 años: ¿privilegiar la formación de partidos o de un frente único? ¿se postulan cambios radicales o graduales? ¿quién debe ser el líder? ¿se prioriza las elecciones o la formación de un bloque mayor?

El tema es que en el camino quedan otras dudas como: ¿En qué consistiría el cambio propugnado de darse una alianza? ¿Ollanta Humala es de izquierda o puede considerarse parte de este bloque? ¿Se ha hecho un diagnóstico desde la izquierda de porque no llegan a ganar elecciones?

El panorama se complejiza aún más con el paneo de candidatos zurdos hecho hoy por Mirko Lauer:

Marco Arana. Avances en el reclutamiento de cuadros políticos que vienen de las ONGs. Todavía con problemas de recordación entre el gran público. Tarea principal: pasar de una imagen simplemente antiextractiva a una propuesta multidimensional. Quizás lo gane el tiempo para entrar en serio a la próxima elección regional-municipal.

Mario Huamán. Ya no se habla de un proyecto electoral en torno de la CGTP, pero la organización sigue combinando el activismo político con el sindical. Lo más probable es que termine al lado de Humala, en la lista parlamentaria, junto al PC y Patria Roja, si es que esa invitación se llega a materializar.

Ollanta Humala. Sigue manteniendo su imagen de opositor Nº1, pero también la de candidato Nº3 o Nº4 en la competencia. En consecuencia hay ruido de serruchos en torno suyo. Guerra silenciosa entre las alas izquierda y derecha de su partido. Tener una bancada grande le está resultando un handicap a la hora de hacer campaña.

Yehude Simon. El premierato lo ayudó a crecer, pero no logra mantener el nivel de presencia nacional que este le prestaba. La alianza con el Apra parece esfumada, y ahora se busca juntar grupos chicos, sobre todo los de fuerte implantación regional, para ir haciendo uno más grande. Lo rodea una cierta atmósfera de indefinición ideológica.

Susana Villarán. Su partido Fuerza Social está dedicado de lleno a los preparativos para lanzarla a la alcaldía de Lima. Hasta el momento la encuesta no da muchas esperanzas, pero el esfuerzo es visto como una forma de crecer. Sin embargo FS tiene otras cartas municipales y regionales bajo la manga, aunque las mantiene muy pegadas al pecho.

El mercado de kits electorales de la ONPE sugiere que veremos más candidatos, precandidatos o cuasi  candidatos de izquierda, o que lo parecen a primera vista, que estos cinco. Por ejemplo, el partido de Isaac Humala o el del presidente de la región Puno. Además de docenas de agrupaciones locales cuyo horizonte es el 2010.

Luego de este panorama, quedan qalgunas interrogantes más: ¿Puede la izquierda sincerarse y reconocerse en dos bloques diferenciados, uno radical y uno socialdemócrata? ¿Podrán salir del marco de reclamos sindicales y regionales de un lado y de la lógica de ong del otro, para poder conformar partidos serios y sólidos? ¿Van a leer el país con ideas claras y no con esquemas ideológicos rígidos? ¿Cómo van a sacudirse de los sanbenitos que le inyecta el lado diestro del electorado? Y, sobre todo, ¿cómo van a convencernos que un gobierno de izquierda no desandará los avances en economía y democracia de esta década y podrán combatir los defectos y omisiones de estos últimos años?

Preguntas que, esperemos, tengan pronta respuesta.

BONUS TRACK: Lauer, Rospigliosi y Alvarez Rodrich comentan “el magnetismo de Arana” en Llanta de Prensa

http://d.yimg.com/static.video.yahoo.com/yep/YV_YEP.swf?ver=2.2.46

HIJOS DE PUTIS

Me molesta mucho cuando un civil se arroga la defensa de las Fuerzas Armadas para justificar crimenes que nuestros ciudadanos de uniforme no justifican.  En realidad, algunos cavernarios civiles intentan guarecerse “en nombre de nuestros soldados” para justificar violaciones de los derechos humanos.  Lo peor es que le hacen un flaco favor a quienes cumplieron con su deber y su trabajo sin vulnerar los derechos de nadie, como fue el caso de cientos de miembros de nuestras Fuerzas Armadas.

La mañana de ayer, se presentó en Ampliación de Noticias uno de estos sujetos con mentalidad de Atila el Huno en pleno siglo XXI. Por desgracia, este señor es Ministro de Defensa. Vía RPP, sus lamentables declaraciones:

Rey Rey refirió que durante su gestión al frente del Ministerio de Defensa hay tres puntos importantes en los que de deben “batallar”: derrotar al narcoterrorismo, conseguir que hayan leyes claras que protejan a los militares y una concientización de la opinión pública para que se entienda lo que hacen los militares.

Los militares nos han defendido siempre, incluso en los casos mal defendidos, incluso cuando han habido excesos no lo han hecho para atacarnos sino para defendernos, equivocadamente en su método pero como se ha dicho eso son los menos casos“,  refirió.

Si ustedes suman todos esos excesos que han habido: La Cantuta, Barrios Altos, Accomarca incluso Putis u otros más, no llegan a mil. No estoy diciendo que las cifras no sean importantes, basta una persona maltratada o asesinada para que nos escandalicemos pero no es justo atribuirle 21 mil muertes a las Fuerzas Armadas”, sentenció.

Consultado particularmente por las muertes en Putis, en el distrito de Santillana, provincia de Huanta (Ayacucho), donde se han hallado fosas con cadáveres de niños y campesinos ejecutados, manifestó que “no hay información oficial” que explique estos crímenes.

Precisó que él ha hecho la búsqueda de información al respecto, y que le “consta” que su antecesor Ántero Flores Aráoz también lo hizo.

Reconoció que nadie hasta el momento ha reconocido los excesos ocurridos en Putis. “Quizá eso sea porque nos preocupa mucho más las muertes de ahora que un entierro de cosas que sucedieron en el pasado“, acotó.

Varias cosas que comentarle al Ministro:

1. La primera de ellas, es que los militares no necesitan de una legislación especial que los proteja para el combate en el VRAE. Crear “legislación de emergencia” no resuelve el problema, sino contar con mejor equipamiento, mayor logística y, por supuesto, mejor inteligencia. A menos que el Ministro presuma que la única manera de derrotar a los rezagos de Sendero sea violando derechos humanos, cuestión que no creo que sea el pensamiento de quienes van a combatir en el VRAE o de sus compañeros de armas.

2. Queda claro que la real preocupación del Ministro se centra en los procesos judiciales centrados en el periodo 1980 – 2000. Frente a ello, cabe recordarle aquello que mencionó Ricardo Uceda en un reciente reportaje sobre estos casos:

Para los voceros del sentimiento militar, especialmente los generales en el retiro, hay una conspiración izquierdista que se ha apoderado de los juicios. Hoy por hoy, esta es más una posición para el debate político, porque más allá de la actuación de ONG de derechos humanos –que tienen menos influencia y recursos que en la década pasada– lo que está avanzando son las lentas maquinarias del Ministerio Público y del Poder Judicial con su propia lógica y tradiciones, y basadas en leyes ineludibles, mientras siguen apareciendo cadáveres. Los que no aceptan esta realidad pretenderían impedir los procesos con medidas de carácter legal y político, pero no necesariamente los propios militares estarían de acuerdo.

Y de hecho dar una amnistía – que es lo que Rey, Giampietri y otros de este mismo grupete buscan al final – no solo es inviable jurídicamente, sino que ayudaría poco a las Fuerzas Armadas. Sobre todo, porque nuevamente volveríamos al mismo error de 1995: Confundir a héroes con miembros del Grupo Colina.

3. Dado que a Rafael Rey le importa poco “el entierro de personas que murieron en el pasado” tal vez sea el momento de recordarle que pasó en Putis. Hace un mes, Augusto Alvarez Rodrich recordaba (en una columna cuyo título he tomado prestado hoy):

En 1983, Sendero Luminoso controlaba la zona de Huanta, incluyendo Putis, cuyos pobladores tuvieron que huir al cerro, aterrados, luego de que el terrorismo impidiera la realización de las elecciones municipales, y el teniente gobernador fuera asesinado y dejado tirado con un letrero que decía “si alguien se levanta en nuestra contra será exterminado”.

Un año después, se instaló ahí una base militar que le dio cierta confianza a los comuneros. Cuando los militares los invitaron a regresar a Putis, les hicieron caso. Y cuando les hicieron cavar unos huecos donde les dijeron que construirían unas piscigranjas de truchas, quizá hasta se sintieron afortunados.

Pero lo que cavó la gente de Putis fue su propia tumba. Los soldados –que los miraban como prosenderistas– los metieron ahí después de asesinarlos, pero antes los hicieron ver cómo violaban a sus mujeres y mataban a sus 19 hijos de entre 4 y 7 años.

Además, los asesinos se quedaron con su ganado, el cual después vendieron. Así encontraron la muerte 123 personas. Es que los responsables no querían ningún testigo. Pero hubo quienes lo contaron y así lo pudo registrar la CVR.

Para completar la historia, hay que mencionar que, hasta ahora, el proceso judicial avanza a paso de tortuga. Y todo porque una entidad estatal no entrega la información necesaria para identificar a los responsables. Ya se imaginan cual entidad ministerial es. Tan escandaloso es este caso que hasta una persona poco proclive a las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos como Aldo Mariátegui ha señalado que el hecho merece ser judicializado y que debe contarse con el apoyo del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas para esclarecer los hechos.

4. Como señala AAR en su columna de hace unos días:

Asimismo, los grupos vinculados a la defensa de los derechos humanos deben esforzarse para que, sin ceder un ápice en el imperio de la ley, se reconozca mejor el significativo papel de la fuerza armada y policial contra el terrorismo, el de antes y el que todavía queda.

De hecho, en relación al presente, algunas cosas se han venido haciendo. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos viene teniendo un rol más activo en la defensa de derechos de miembros de las Fuerzas Armadas. Algunos de los ejemplos: Apoyo a proyectos de Ley sobre prestaciones de salud gratuitas para discapacitados de las Fuerzas Armadas y sobre bono especial indemnizatorio para personal que fallece o sufre discapacidad total en acción, comunicaciones al Ministerio de Defensa solicitando que se coloquen los dispositivos necesarios para hacer transplantes de piel a soldados heridos en el VRAE y visitas a los soldados heridos. Incluso la FAP agradeció una carta de solidaridad de la CNDDHH con los tres fallecidos de dicha institución en el ataque terrorista del 2 de septiembre de 2009.

Por si fuera poco, el Instituto de Defensa Legal y Desco han presentado un Diagnóstico sobre Personal Militar en Situación de Vulnerabilidad y junto a otras organizaciones han lanzado la Red “Ciudadanos defendiendo Ciudadanos”, centrada en la mejora de la situacion de los jóvenes que prestan servicio militar en el país, así como de las mujeres que sirven en los institutos armados.

Y sobre el pasado, cabe recordar que en el Informe Final de la CVR, Tomo V, se narra la historia de las localidades de Chungui y Oreja de Perro, en Ayacucho, que fueron de las mas afectadas por el conflicto. Y allí se cuenta esta historia:

La segunada etapa, relacionada con los cambios en la estrategia contrasubversiva, ejemplifica muy bien cómo hubieron importantes márgenes de discrecionalidad de los comandos de las fuerzas del orden, junto con un importante cambio de actitud frente a la población civil en cuyo territorio se estaba llevando a cabo el conflicto armado interno. En ese sentido, tenemos que reconocer la actuación del Mayor Miguel Seminario “Ayacuchano” que, en lugar de seguir aniquilando indiscriminadamente a la población decide recuperarla de manos de la subversión. Ello favoreció a que muchos se animaran a desertar del PCP- SL y se incorporaran a formar comités de autodefensa. Este cambio de estrategia contrasubversiva coincide con un hartazgo de la masa que empieza a desertar.

Luego de apreciar todo esto, a mi me queda la sensación que hay una persona que debe irse. Y se llama Rafael Rey Rey. Ha hecho los méritos suficientes para su baja deshonrosa.

FUJIMORI ACEPTA CARGOS Y SERA NUEVAMENTE CONDENADO

De modo parecido al juicio anterior por la entrega de 15 millones de dólares a Vladimiro Montesinos, Alberto Fujimori ha concluido de modo anticipado con el proceso judicial que se le seguía por tres casos: compra de congresistas tránsfugas, espionaje telefónico y compra de medios de comunicación.

Digo de modo parecido pues, en este caso, Fujimori ha aceptado por completo la acusación fiscal, es decir, tanto los hechos como la calificación jurídica de los mismos.  No habrá más debate judicial. Con ello, Fujimori será sentenciado el miércoles 30 de septiembre por los delitos de peculado, interceptación telefónica, corrupción de funcionarios y cohecho activo.  Es decir, por desviar plata pública para comprar congresistas y medios de comunicación, así como para espiar a opositores políticos. Tan simple e irrebatible como eso.

Los fujimoristas han vuelto al manido argumento de “no hay garantías judiciales para que Fujimori sea procesado debidamente” lo que, traducido al mundo real quiere decir “no podemos manipular a los jueces como en la década de 1990 y teníamos miedo de que los más de 100 testigos presentados por el Fiscal Pelaez recuerden lo corrupto que fue el gobierno del Chino”.  Tan simple como eso.

Un capítulo aparte merece la intervención de Carlos Raffo, quien vía radio y en su cuenta en Twitter ha dicho que este juicio es un reality show. Independientemente de que hoy no haya trabajo de comisiones en el Congreso, como bien recuerda @fatimatv en el Twitter, el artículo 20° del Reglamento del Congreso es bastante claro en señalar lo siguiente:

Durante el ejercicio del mandato parlamentario, los Congresistas están prohibidos : (…)

c) De intervenir en favor de terceros en causas pendientes de resolución ante el Poder Judicial.

A ver chicos del Congreso, ¿Raffo no merecería una sanción por infringir este artículo del Reglamento de la institución con sus declaraciones? Creo que esto es más grave que congresistas robaluces o que mandan a hacer trabajos domésticos, que igualmente deben ser sancionados, pero parece que nadie quiere meterse con el Panda fujimorista. Ojo que Raffo viene siendo procesado por el mismo Poder Judicial que denosta.

Y con ello, queda nuevamente demostrado que Fujimori apuesta todo a que Keiko gane y lo indulte.  Y a que no se recuerde lo que fue su infausto gobierno.

RENUNCIO FRANCIS ALLISON

Vía Perú.21:

Las constantes críticas generadas por su participación como asesor legal de la empresa Business Track (BTR) – que interceptó telefónicamente a Rómulo León y a Alberto Químper –, motivaron al ministro de Vivienda, Francis Allison, a presentar su renuncia al cargo. Hecho que el propio funcionario confirmó en una rueda de prensa.

Desde las instalaciones del hotel Country Club de San Isidro, Allison Oyague atribuyó a una campaña de difamación orquestada por varios medios de comunicación su abrupta salida del cargo, lo cual – dijo- lo deja frustrado.

“He decidido dar un paso al costado por el bien del Perú y por el bienestar del gobierno y por los pobres del país, que merecen un ministro que dedique el cien por ciento de su tiempo a trabajar en su sector y no en defenderse de las acusaciones”, apuntó.

Más detalles y comentarios hoy a las 8:00 pm en Desde el Tercer Piso en vivo. Como entremés, lean la columna de Mirko Lauer de hoy.

OTROS LIOS CONTRALORES

Hace poco más de un mes, Prensa Libre presentó un reportaje que daba cuenta de los líos en la Contraloría. Un resumen del archivo del blog:

Durante las semanas anteriores renunciaron el Vicecontralor Carlos Lezameta Escribens y el Secretario General Ricardo Salazar Chavez (ex presidente de CONSUCODE). ¿El motivo? Las extrañas movidas de un asesor traido por Fuad Khoury, el Contralor.

El asesor en cuestión se llama Angel Manuel Vásquez Salier. Es militante aprista y trabajó con el vicepresidente Luis Giampietri Rojas como asesor de la Comisión Organizadora de la Cumbre APEC 2008. ¿Y que hizo este personaje? Según venía circulando en los comentarios de algunos blogs y pudo comprobar Prensa Libre, el programa de Rosa María Palacios, Vásquez Salier solicitaba, por su cuenta y riesgo, documentos sobre investigaciones en curso. Y que investigaciones: Petroaudios, la estafa de los bonos de reconstrucción por el terremoto, el financiamiento de los estudios de Keiko Fujimori, la autopista Gambetta, el supuesto desbalance patrimonial de Salvador Heresi, Taboada y Banco de Materiales. Es decir, varios de los importantes escándalos de corrupción destapados durante los últimos 3 años.

Como sabemos. Vásquez Salier también salió de la Contraloría. Pero la historia era aún más compleja. Hace un par de semanas, en un reportaje que pasó algo caleta, Ricardo Uceda destapó algunas cosas en Poder. Algunos de los datos recogidos en resumen:

1. Khoury y Vásquez se conocen hace muchos años, de allí que lo haya puesto de asesor de confianza. A Lezameta – el ex vicecontralor – lo llamó, además de una vieja relación de amistad que viene desde la universidad, porque había trabajado en un proyecto para el BID para la mejora de las capacidades de la Contraloría.

2. Pero al poco tiempo se le fueron recortando facultades al Vicecontralor y a otros funcionarios. Así:

– La Gerencia General comenzó a depender directamente del Contralor y no del Vicecontralor. Lo curioso es que, como dice el reportaje, esto era ilógico: “De acuerdo con el reglamento, el vicecontralor, entre otras responsabilidades, tenía la de conducir las actividades técnicas y operativas y asignar los ámbitos de control. Ahora debía pedirle permiso al contralor para disponer recursos y movilizar personal”. Y en la práctica, no era Khoury quien movía las cosas, sino el asesor Vásquez Sialer.

– El Secretario General de la Contraloría, Ricardo Salazar, debía manejar las operaciones formales de la institución. Sin embargo, “El asesor Manuel Vásquez Sialer pidió y obtuvo la facultad de manejar directamente, en coordinación con el contralor, las relaciones con la prensa y con el Parlamento, lo que incluía aspectos protocolares”.

– Y luego la cosa empeoró:

Pero no pasó mucho tiempo antes de que volviera a sentirse jaqueado, esta vez porque La Máscara (Vasquez Sialer, nota de DTP) le había dicho al contralor que estaba reuniéndose con el ex contralor, Genaro Matute, para entregarle información institucional. Khuory se había quejado ante Lezameta. Esta vez Salazar le envió una carta al contralor, en la que se vio obligado a explicar que la última vez que había visto a Matute había sido el año pasado, en ESAN, donde almorzó antes de dar una clase y compartió mesa casualmente con él y otros profesores. Y ocurrió antes de que se supiera que Khuory iba a ser contralor.

En la carta Salazar también le pidió regularizar una situación insólita. Las resoluciones de la Contraloría son administradas por la Secretaría General, pero Manuel Vásquez había pedido controlarlas y tenía en su poder el sello con la numeración. Esto infringía el manual administrativo y ponía en falta tanto a la persona que lo estaba haciendo cuanto –por omisión de responsabilidad– al secretario general, por lo que era necesario que el contralor modificara las normas. No se modificó el manual, pero Vásquez continuó controlando las resoluciones.

Por su parte, el vicecontralor fue descubriendo que La Máscara era un real obstáculo para el desarrollo de sus funciones. Había empezado a pedir a los gerentes información sobre las investigaciones en curso, en memorandos que justificaban la solicitud en un “especial encargo” del contralor. Khuory confirmó después públicamente que cada uno de ellos se originó en una solicitud suya, pero para Lezameta en los hechos Vásquez se estaba convirtiendo en un director ejecutivo. Los gerentes de línea habían empezado a despachar con él antes que con el vicecontralor. Había tomado el control de un equipo especial de inteligencia dedicado a examinar declaraciones juradas, documentos a los que solo tenían acceso solo dos o tres personas en la Contraloría, o un magistrado por orden judicial. Vásquez le pidió al gerente general Édgar Alarcón tener acceso al código, y Alarcón creyó oportuno consultárselo al vicecontralor.

–Lo prohíbo –le respondió Lezameta–. ¿No te das cuenta de que aquí puede haber un caso de tráfico de influencias?

Lezameta no le ocultó a Khuory la pésima impresión que le daba su asesor, quien a todas luces, le dijo, estaba usurpando funciones de los organismos de línea.

– Posteriormente, la cosa se complicó cuando una funcionaria de asesoría jurídica, Blythe Muro, denunció que Vásquez Salier la habría acosado sexualmente. Lezameta se enteró del caso:

El vicecontralor le recomendó hablar directamente con el contralor cuando este regresara de su viaje, el lunes siguiente. Prefería no darle él mismo la noticia, porque, como tenía diferencias conocidas con Vásquez, su versión podría parecerle sesgada. El mismo viernes por la tarde Fuad Khuory llamó a Lezameta desde Yakarta, pues La Máscara lo había puesto al tanto. La conversación entre Khuory y Lezameta, como todas las que se hacen desde los teléfonos de la Contraloría, está grabada. El contralor preguntó si lo de Vásquez con la abogada era grave.

–Sí, es grave. Ya lo juzgarás tú mismo.

El lunes siguiente, Blythe Muro habló con el contralor. Al salir de la reunión, nuevamente fue a buscar a Lezameta.

Hervía de indignación, y, entre sollozos le dijo al vicecontralor:

Me ha pedido que renuncie.

3. Esa fue la gota que rebalsó el vaso. Lezameta iba a renunciar, pero Khoury lo disuadió, diciendo que bajaría las tensiones sobre el caso Muro. Al final, el 3 de agosto Khoury botó a todos: Lezameta, Salazar, Muro y Vásquez Sialer.

4. Lo más preocupante es la versión que el Contralo dio sobre todo este caso a dos personas, a inicios de este mes:

Me equivoqué al escoger a mis acompañantes. El vicecontralor y el secretario general querían dominar la Contraloría, hacer un grupo. No me pueden obligar a hacer las cosas que ellos quieren. Yo toda mi vida he trabajado en esto, soy un experto en oler si las cosas están bien o están mal. Por otra parte, mi asesor es norteño, informal, es posible que haya sido malinterpretado. Lo del acoso es un hecho confuso. Vamos a llamarlo un incidente.

Eso está en investigación, pero ¿qué es lo que se va a investigar? ¿Y a quiénes?, porque el señor ya no está, la señorita tampoco está. En lo formal, no hay caso. Y tampoco están ninguno de los funcionarios en pugna. He resuelto el problema. Y la gente de la Contraloría ha visto que el contralor sabe tomar decisiones y resolver una crisis. Ha tenido un costo, es cierto, pero hemos resuelto el problema y estamos con nuevos bríos para afrontar nuestra modernización y sacar esta institución adelante.

Esta es la persona que maneja el control institucional en el país. Saquen sus conclusiones.

AMENAZAN A EX PRESIDENTE DE LA CVR

De la web de Idehpucp:

El Dr. Salomón Lerner Febres, ex presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, viene siendo objeto de una campaña de amedrentamiento, que pretende poner en riesgo su integridad física y moral, al recibir amenazas durante los últimos días.

Primero, se trató de la muerte de dos de sus perros en su domicilio, el sábado 05 de setiembre, a los cuales se les dio un tipo de veneno fulminante, pues a pesar de recibir asistencia veterinaria de inmediato, ninguno pudo sobrevivir. La denuncia policial obra en la comisaria de Surco.

Luego, el día miércoles 23 de setiembre, tanto en su oficina del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP) como en su domicilio, se recibieron llamadas de un sujeto que no quiso identificarse, quien dejó el siguiente mensaje: “lo mismo que le hicimos a tus perros, lo vamos a hacer contigo”. Los números de donde se hicieron las llamadas se encuentran en investigación.

El Dr. Lerner tiene una reconocida trayectoria en el campo de las humanidades y los derechos humanos. Es doctor en filosofía y rector emérito de la Pontificia Universidad Católica del Perú, además de presidente del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la misma universidad. Actualmente es vicepresidente de la Comisión de Alto Nivel para la creación de un Museo de la Memoria en el Perú, que preside el reconocido escritor Mario Vargas Llosa.

Ponemos en conocimiento de las autoridades y de la opinión pública estos hechos, para exigir su investigación.

No es la primera vez que el doctor Lerner es amenazado. De allí la necesidad de aclarar la autoría de estas amenazas y su sanción, vengan de donde vengan. Nuestra solidaridad desde este espacio.

PETROGATE UPDATE

¿ALLISON SOBREVIVE? Es la pregunta que más me han hecho en estos días. De hecho, varios hechos van minando la imagen pública del Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Veamos algunos:

1. Las preguntas que Allison no responde. Carlos Basombrio señala una larga lista. Coloco aquí algunas:

¿Puede un alcalde de una ciudad importante seguir con su labor profesional privada de manera regular? ¿Puede un abogado que es funcionario público patrocinar intereses particulares de terceros? ¿Por qué a una empresa le interesa contratar a un alcalde –rebasado de tareas y sin tiempo para nada– con una remuneración estable y nada despreciable?

¿Era Business Track el único cliente del alcalde? De no ser así y tener otros similares: ¿en qué momento trabajaba como alcalde de Magdalena? Si era la única: ¿por qué escogió justamente a esa empresa? ¿Cómo se llega a esta relación comercial? ¿No conocía que se dedicaban a labores que podrían ser controversiales y que no era conveniente que un alcalde fuese su asesor? ¿No notó algo extraño a lo largo del año en que trabajó para ellos? ¿Cuáles fueron, en concreto, las labores de asesoría que les daba? ¿No es Allison, más bien, penalista? ¿Temas laborales a una empresa casi sin personal en planilla? ¿Por qué se alejó, justo en octubre, cuando estalló el escándalo de los ‘petroaudios’? ¿Sospechó o supo que sus asesorados estaban involucrados?

Luego, capturados sus clientes y sabiéndose que estaban vinculados, de distintas maneras, al peor caso de espionaje, corrupción y chantaje desde que se restableció la democracia: ¿por qué ocultó al país su vinculación con ellos? ¿No era indispensable dar a conocer a las diferentes comisiones investigadoras y a las autoridades judiciales su vinculación y dejar en claro que había sido solo un pecado de ingenuidad?

Sabiendo que el presidente le dio la mayor importancia a la búsqueda y captura de los chuponeadores que desataron el escándalo de los ‘petroaudios’: ¿cómo pudo ocultarle –cuando le ofreció ser ministro– que él había sido abogado de la empresa durante todo el año en que los hechos se desarrollaron? ¿Por qué esperó a que la revista Caretas lo hiciese público para decírselo? ¿Qué certeza puede tener el presidente de que ese era el único hecho de relevancia que le oculta a él y al país? ¿Qué confianza se puede tener en que su actuación esté siendo transparente como ministro?

Una pregunta adicional, que me queda luego de la entrevista que tuviera con Rosa María Palacios: ¿Por qué le cobró a Business Track como si fuera un abogado de estudio top de Lima patrocinando a  una empresa minera?

2. ¿Lo respaldan en el gobierno? Es la duda que nos queda. La crónica es de El Comercio:

La vehemencia de la juventud. Eso es lo que parece haber traicionado ayer al ministro de Vivienda, Francis Allison, quien declaró en Palacio de Gobierno, cuando todavía no había concluido el Consejo de Ministros, que luego de explicar la relación laboral que mantuvo con la cuestionada empresa Business Track había recibido el respaldo pleno del presidente y del Gabinete.

“Cuento con el total apoyo del presidente del Perú y del Consejo de Ministros en pleno”, dijo Allison. Después, partió a la fiscalía para —según dijo— ponerse a disposición de las investigaciones pertinentes.

Sin embargo, horas después, a pesar de la insistencia de la prensa, el jefe del Gabinete, Javier Velásquez Quesquén, no confirmó el respaldo. En cambio, precisó que el gobierno apoya la investigación del Ministerio Público.

“Nosotros respaldamos la investigación. El Ministerio Público ya tiene la documentación y tiene la autorización para levantarle el secreto bancario y establecer la investigación. Eso respaldamos nosotros”. Agregó que Allison permanecerá en el cargo. “Él está al frente del ministerio. Esperemos los resultados de esta investigación. En tanto, continúe la investigación seguirá al frente del ministerio”.

En el APRA le tienen bronca, no tanto por indignación sobre sus vínculos con Business Track – recuerden que el jefe tuvo contactos con la empresa para la campaña, situación que no aclara hasta ahora -sino porque Vivienda es una cartera apetecible para el partido de gobierno, por la cantidad de obras públicas que tiene.

Lo cierto es que a estas alturas, si Allison quiere salir mejor parado de este tema, le conviene decir todo. Y luego renunciar, dado que ya reconoció que cometió un error al no informar sobre este tema.

¿Y EL RESTO DEL PETROGATE?  Pues han habido algunas novedades dignas de atención:

1. Denuncias sobre chuponeo en Cajamarca.  Desde hace algunas semanas, el ex alcalde de Cajamarca, Francisco Arroyo, y varios hombres de prensa vienen señalando la existencia de facturas de la Presidencia Regional de Cajamarca a favor de Business Track. Se acusa al Presidente Regional, Jesús Coronel, de mandar espiar a políticos y periodistas de la región.

Cuando recién salieron estas denuncias, le envié a Coronel un cuestionario con preguntas sobre este tema. Me indicó que los presuntos documentos eran falsos y que no existían en el gobierno regional facturas a nombre de la cuestionada empresa. Indicó que el congresista Eduardo Espinoza dirigió un documento a la Fiscalía de la Nación para verificar el tema y que el parlamentario confiaba en su inocencia. Negó también tener contacto alguno con alguno de los involucrados en el Petrogate, tanto con los chuponeadores como los involucrados en los actos de corrupción que se vienen investigando. Cabe indicar que  el gobierno regional ha acusado por falsificación de documentos a los periodistas cajamarquinos que han informado sobre este tema.

Ahora las cosas se han complicado, dado que el Congreso de la República va a investigar el tema. Tanto unos como otros tendrán que demostrar la veracidad de sus afirmaciones.

2. La angurria de Rómulo.  Lo ocurrido ayer en el careo entre el presidente de Discover y Rómulo León Alegría pinta de cuerpo entero al ex ministro aprista. Vía La República:

El presidente de Discover Petroleum Internacional (DPI), Jostein Kjaerstad, le aclaró a  Rómulo León que  dejó de ser consultor de su empresa el día que salió a la luz el escándalo de los petroaudios.

Esto se debía a que León le insistía que cuando el proceso termine  y se den cuenta de que todo fue un error, puede volver a sus labores en DPI, pues  el Perú no puede perder esta compañía y sus inversiones.

Ambos personajes fueron careados por dos horas en el penal San Jorge, donde el ex ministro aprista purga prisión por las irregularidades en la licitación de cinco lotes petroleros.

Ante los coqueteos de Rómulo León, el empresario noruego fue tajante. “Nosotros rescindimos tu contrato por mail al día siguiente del escándalo”. Aunque León insistió en que no le llegó ningún correo. Jostein Kjaerstad le dijo que en todo caso se comunique con sus abogados. Como consultor León recibía US$ 15 mil mensuales.

Sin comentarios.

3. Lo que cantó Diaz Lugo. Lo que sí merece comentario son las declaraciones dadas por el empresario petrolero mexicano Mario Diaz Lugo, también procesado por  el caso Discover. Vía El Comercio:

El empresario mexicano Mario Díaz Lugo , representante para América Latina de la empresa noruega Discover Petroleum (DPI), indicó que nunca pidió un trato especial para su compañía, implicada en el escándalo de los ‘petroaudios’.

“No pedimos ningún favor especial. Lo único que solicitamos fue citas para conocer ( el nivel de inversiones en Perú)”, dijo Díaz Lugo, quien se encuentra en el país a requerimiento de la justicia.

Díaz Lugo justificó las reuniones que mantuvo con personajes de alto nivel del Gobierno por sostener que un nivel de inversión importante en el ámbito petrolero requiere conocer la seguridad jurídica que ofrece el Estado peruano.

Además, puntualizó que es usual este tipo de encuentros en otras partes del mundo.

“La inversión petrolera es una inversión muy grande que requiere conocer las garantías que vamos a conocer en el país. Entonces, debemos conocer a las personas involucradas en el tema de los hidrocarburos”, declaró.

Sin embargo, reconoció que fue “una cita inusitada” y agradable la que tuvo con el presidente Alan García.

En efecto, cualquier inversionista puede pedir citas con funcionarios para ver las seguridades de sus negocios, pero, en este caso, fueron más allá de ello y, además, ¿para qué tenían que hablar con el Presidente? ¿Es García un gran veedor de las inversiones en el Perú?

Cuestiones que esperamos se aclaren en los próximos meses.

MAS SOBRE EL TEMA:

Caretas: Una necesaria explicación

Fernando Vivas: No se chupa el dedo

CONFLICTOS SOCIALES: DOS LLAMADAS DE ALERTA

Otra vez los conflictos sociales.  Y otra vez muertos que lamentar.

La semana pasada en Hualgayoc, Cajamarca, un enfrentamiento de campesinos y  miembros de una empresa minera, dejó un saldo de 2 muertos y 4 heridos. Una de las víctimas era un menor de edad. El reporte lo tiene Enlace Nacional:

Aun el gobierno no atiende el problema. ¿Por qué el enfrentamiento? Pues es un nuevo capítulo del enfrentamiento ya clásico entre actividad agrícola y minería.  Y como también parece ser clásico, recién luego que contamos fallecidos el gobierno va a mandar una comisión de alto nivel para atender el tema y buscar una solución.

Y en otra zona del país, La Oroya, continúan las protestas por el ya conocido problema de Doe Run. Informa La República con el lamentable saldo de ayer:

Durante el enfrentamiento ocurrido a las 18:00 horas de hoy (martes), cuando los mineros desbloquearon la carretera central por una hora, tras previo acuerdo con la autoridades, un policía identificado como Grobert Wiltson Saico Taype, recibió un fuerte impacto en la cabeza de una roca proveniente de un cerro causándole la muerte.

Otros 3 efectivos resultaron heridos y fueron trasladados de emergencia al hospital de Essalud de La Oroya. Aún no se conoce al detalle la gravedad de las lesiones provocadas. Transcendió que la carretera central sería tomada nuevamente por los trabajadores de Doe Run a las 22:00 horas, es por ello que se viven momentos intensos en la Ciudad de La Oroya.

Esta mañana, Roiberto Guzmán, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de La Oroya,que agrupa a 3500 personas, negó que el paro sea un un acuerdo previo con la empresa Doe Run, para presionar al Ejecutivo.

Como se recuerda, el Consejo de Ministros aprobó la semana pasada el informe de la Comisión Técnica de La Oroya, que recomienda una prórroga de 20 meses del Plan de Manejo y Adecuación Ambiental (PAMA). Sin embargo, la empresa metalúrgica y los trabajadores exigen una prórroga mayor de 36 meses.

Por su parte, la empresa Doe Run publicó hoy (martes) en algunos diarios un comunicado a página completa titulado “Todos queremos que el complejo metalúrgico de la Oroya arranque lo antes posible. Doe Run asegura que el negocio es viable”.

En otras declaraciones previas al paro, el presidente de la región Junín, Vladimiro Huaroc, pidió al Gobierno que reconsidere la decisión del Consejo de Ministros de otorgar 20 meses más de ampliación del PAMA, ya que los trabajadores iniciarían un paro provincial en protesta.

“Los trabajadores están temerosos porque en 45 días vence el acuerdo con Doe Run, mediante el cual venían recibiendo el 63% de sus salarios, a pesar de que la operación estaba paralizada”, sostuvo.

Lo cierto es que el Estado – que en lo de Doe Run da pasos para adelante y para atrás, para quedar bien con todos, en lugar de cumplir la ley ambiental – no sabe como afontar estos problemas. Y ya que el Presidente está en la onda de leer libros antes que ver blogs o el Twitter, sería bueno que le diera una mirada a los varios trabajos que han salido sobre la materia. Uno de ellos, Minería y Conflicto Social, ha sido reseñado por Martín Tanaka, quien además es uno de los autores. Ojo al diagnóstico y las soluciones:

En este libro se estudian los conflictos sociales que surgen a propósito de las actividades de explotación minera, sobre la base del análisis exhaustivo de seis casos emblemáticos (Tambogrande, Majaz, Yanacocha, Antamina, Las Bambas y Tintaya). Analizamos la naturaleza y dinámica de los conflictos, y hacemos algunas reflexiones sobre qué caminos deberían explorarse para mejorar la relación entre Estado, empresas mineras y comunidades, de modo de conciliar el interés de los actores directamente involucrados en los conflictos con el interés general de la sociedad, buscando que la actividad minera pueda convertirse efectivamente en una herramienta para el desarrollo del país.

El examen de los casos muestra que la dinámica de las protestas sociales tiene en la base una conflictividad estructural, no siempre evidente por no expresarse en acciones de protesta, en la que interactúan empresa, comunidades y Estado como actores principales, pero también un amplio conjunto de actores regionales, nacionales y globales que complejizan el panorama.

Para entender la dinámica de la protesta resultan clave dos variables de análisis: de un lado, la percepción de la magnitud de la afectación de las operaciones mineras (en donde las historias previas de relación con actividades mineras, la existencia de actividades agrícolas alternativas y la naturaleza de los modos de vida imperantes resultan muy importantes); y del otro, la capacidad de acción colectiva de las comunidades afectadas (donde resalta la existencia de altos niveles de fragmentación social, así como la intervención de distintos actores extralocales). La dinámica de las protestas sigue caminos diferentes a los de la conflictividad estructural, y es esta última la que debe ser enfrentada principalmente. Encontramos que esta tiene cuatro dimensiones básicas: los riesgos medioambientales, la disputa por recursos naturales como sustento económico, por la distribución de los beneficios económicos, y por la defensa de la autonomía comunal. Esta conflictividad se exacerba en los últimos años, en el contexto de la expansión de la actividad minera, en la que se hacen patentes las débiles capacidades del Estado y los límites del modelo de “regulación sectorial” vigente hasta el momento.

Sobre la base de este diagnóstico, surgen cuatro líneas de recomendaciones: frente a los riesgos medioambientales, se propone una gestión transectorial, expresada en una autoridad ambiental autónoma; frente a la disputa por los recursos naturales, una lógica de ordenamento territorial; frente a la distribución de los beneficios económicos, la necesidad de vincular la minería con el desarrollo local; y frente a la defensa de la autonomía comunal, el fortalecimiento de la participación ciudadana. Estas recomendaciones no buscan “resolver”, sino poder encauzar institucional y pacíficamente los conflictos, cuya resolución es en última instancia de naturaleza política.

Y además de este cuadro específico sobre minería, el Estado podría tener en cuenta que factores detonan una protesta. Carlos Melendez dió su explicación hace más de un año:

1) La frustración (léase simplemente la bronca). No hay protesta si no hay bronca. Esta se originaría, utilizando el marco explicativo de la teoría de la privación relativa, como la brecha que existe entre las expectativas y las capacidades reales para cumplirlas que tienen los ciudadanos; y a continuación en la politización de dicha frustración (Ted Gurr).

2) Los recursos (léase organización, tiempo, recursos materiales, recursos humanos). No hay protesta si ésta no se organiza, si no existe la capacidad, el tiempo, la habilidad para llevarla a cabo. (Teoría de la movilización de recursos, los clásicos McCarthy y Zald)

3) El involucramiento colectivo (léase participación). Para ello hay que vencer muchos obstáculos para la acción colectiva, vencer el famoso “free rider”, que el colectivo se reconozca y se sienta comprometido con la “causa”, que considere que su participación sí hace el cambio, importa. Que tengan intereses e incentivos para movilizarse. (Teorías de la acción colectiva, D. Chong, entre otros)

4) La oportunidad (léase el momento preciso, la “chispa que enciende”). Existe un momento en que “el sistema”, el “establishment”, o el “enemigo” es sencillamente fácil de vencer, es particularmente débil, ya sea por factores de contexto o flaquezas internas. Ese es el momento que la protesta aprovecha para consumar su éxito. (Teoría del sistema de oportunidad política, Tarrow, McAdam)

5) La forma (léase el “framing”, el “marketing”). Se requiere un discurso, un rollo que justifique, que simplifique la información de las causas y las motivaciones, y las ponga en lenguaje simple de injusticia y culpabilidad, comprensible para cualquiera, para cada uno de los participantes, y para el observador más “objetivo”. (Teorías culturales del “framing”, Snow entre otros)

Tal vez comprendiendo este panorama complejo, salgamos de la lógica “bloqueo de carretera – protesta violenta (con o sin muerto) – comisión de alto nivel”. Ese modelo, simplemente, no funciona.