POLITICA DE EMBAJADA

Mientras en Palacio de Gobierno discuten sobre si reciben o no a Henrique Capriles la próxima semana, otro tema está en la agenda de la canciller Eda Rivas: los embajadores políticos.

De acuerdo a la Ley del Servicio Diplomático, estos nombramientos no pueden exceder el veinte por ciento del número de jefes de misión diplomática que nuestro país tenga en el extranjero. En gobiernos anteriores, Fernando Olivera, Rafael Rey, Antero Flores-Araoz y Felipe Ortiz de Zevallos ocuparon plazas similares.

A propósito de Venezuela, el último embajador político que nos puso en problemas fue Luis Raygada, ingeniero mecánico y financista de la campaña de Humala en 2006. Sus expresiones sobre los congresistas peruanos vía su cuenta en Twitter le costaron el puesto. Y si bien pidió disculpas, el hombre sigue disparando contra los opositores locales al chavismo desde su cuenta en esta red social.

Luego de la salida de Raygada, el gobierno mantiene a ocho “embajadores políticos”. El principal es Allan Wagner Tizón, quien fue nombrado como jefe de nuestra delegación en Holanda. Su rol ha sido fundamental en el litigio que afronta nuestro país frente a Chile ante la Corte Internacional de Justicia para definir nuestros límites marítimos. Un triunfo peruano en este juicio internacional será un gran corolario a su carrera dentro de Torre Tagle.

Sin embargo, el caso de Wagner es excepcional, no solo por su condición de miembro del servicio diplomático en retiro, sino porque la mayoría de sus colegas designados por Humala han optado por el activismo político a través de redes sociales y declaraciones públicas.

En el primer grupo se encuentran Aida García Naranjo, Rudecindo Vega y Víctor Mayorga. De los tres, la embajadora en Uruguay es la más activa en brindar opiniones políticas. Su cuenta en Facebook ha servido para que “Mocha” se pronuncie en contra de la revocatoria de la alcaldesa de Lima, denomine como “mito” a Hugo Chávez, salude la despenalización del aborto en el país donde trabaja y felicite la continuidad de la investigación sobre esterilizaciones forzadas en el Ministerio Público. La embajadora, quien vino a Lima para el funeral de Javier Diez Canseco, está bastante atenta a lo que ocurre en el Perú. Por cierto, su futuro político dentro del Partido Socialista está en veremos.

Por su parte, Vega Carreazo, quien nos representa en Nicaragua, también aprovecha su cuenta en Facebook para expresarse sobre temas nacionales como la revocatoria, los decesos de Diez Canseco y Armando Villanueva o la posibilidad de aplicar parte del modelo nicaragüense para el combate contra la inseguridad ciudadana. Un amplio número de sus publicaciones en dicha red social se concentra en los problemas de Amazonas, su región de origen. Vega renunció en mayo de 2012 a Perú Posible, por discrepancias con Javier Reátegui.

Por su parte, Mayorga, excongresista nacionalista, es nuestro embajador en Cuba. Sus únicas declaraciones públicas durante el año y medio que tiene como embajador han sido a través de su cuenta en Twitter, para lamentar la muerte de Hugo Chávez.

Un rol político distinto ha tenido Walter Albán, representante del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA). El abogado, quien fue Defensor del Pueblo interino por cinco años, ha defendido la posición del gobierno peruano sobre la reforma del sistema interamericano de derechos humanos, procurando mantener cierto equilibrio frente a quienes querían disminuir el peso de los organismos que mejor funcionan en la OEA. Sin embargo, el exdecano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú no dudó en criticar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por demandar al Estado en el caso Chavín de Huántar, en enero de 2012. Estas posiciones le valieron críticas desde los defensores de derechos humanos.

Francisco Eguiguren pasó a la embajada en España, luego de su breve desempeño como ministro de Justicia. Dedicado a sus actividades protocolares, la única declaración política dada por el abogado y docente universitario se refirió a la posible postulación de Nadine Heredia a la presidencia en 2016, en enero de este año. El jurista mencionó que la disposición de la Ley Orgánica de Elecciones que impide la candidatura de la esposa del presidente es inconstitucional.

Hasta la renuncia de Raygada, las mayores dificultades de los “embajadores políticos” nombrados en este gobierno habían sido afrontadas por Nicolás Lynch, representante peruano en Argentina hasta noviembre de 2012. El exministro de Educación dimitió luego del escándalo producido cuando se conoció que recibió a representantes del MOVADEF, fachada legal de Sendero Luminoso, en la sede diplomática en Buenos Aires. Si bien Lynch está lejos de tener simpatías senderistas, el hecho se contradecía con la política oficial para no conceder espacio alguno a esta agrupación. Hoy Lynch es un crítico de Ollanta Humala desde Otra Mirada.

La excepción a la regla ha sido la embajadora peruana en Francia, Cristina Velita. Si bien el nombramiento de la ginecóloga causó revuelo en su momento, por sus supuestas cercanías a la esposa del presidente de la República, su estancia en Paris no ha tenido mayores sobresaltos y ha optado por un perfil dedicado exclusivamente a su gestión. Probablemente, sus dieciséis años de trabajo en dicha delegación diplomática han pesado en esta decisión.

Finalmente, el más reciente “embajador político” es Guillermo Gonzales Arica, quien presentó sus credenciales ante el gobierno de Honduras el 30 de abril. El nuevo representante diplomático tiene licencia de su partido, Perú Posible, mientras ejerce el cargo. Fue muy activo en el tramo final de la campaña del No en la revocatoria, donde su esposa, Anel Townsend, tuvo un rol central.

La pregunta es, más allá de los nombres, si la disposición de contar con “embajadores políticos” tiene sentido en una carrera diplomática profesional o si se ha convertido en el pago de favores o la forma de recompensar a aquellos a los que se quiere mantener en el poder, pero desde lejos.

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ACIDEZ CASTRENSE

En las últimas semanas, el ambiente militar se ha movido con una serie de movidas y destapes que desnudan varias precariedades institucionales irresueltas y que, probablemente, no se solucionen durante el gobierno de Ollanta Humala.

Todo comenzó cuando Fernando Rospigliosi comenzó con varias denuncias vinculadas al manejo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) con supuestos fines políticos (incluyendo la creación de trolls en redes sociales). Algunos indicios abonarían en esta hipótesis: el incremento de la partida reservada de la DINI y una modificación legal para que pueda hacer operativos. Antes de dicho cambio, esta institución solo recopilaba la información de inteligencia que producían los institutos armados y la Policía Nacional.

Más allá de las denuncias de Rospigliosi, Carlos Tapia ha criticado este cambio y señala que es contraproducente para la supervisión de estas acciones concentrar en un solo organismo las facultades de dirección y también operativas. Andrés Gómez de la Torre, analista en temas de seguridad, señala hoy en una columna en El Comercio que el oficialismo parece ser poco conocedor y/o proclive a los mecanismos de control legal (parlamentario, judicial y presupuestal) de los servicios de inteligencia en el Perú. Ello en un país que ha padecido tanto el SIN de Montesinos como el espionaje de empresas privadas de seguridad, sea por encargo o de motu propio.

Estas fallas y denuncias se producen en un contexto en el que, además, existen diversas versiones periodísticas sobre disputas políticas alrededor de la DINI. Tanto Correo Semanal como La República han dado cuenta de la poco feliz relación entre Víctor Gómez Rodríguez, jefe del ente rector de inteligencia (y compañero de promoción de Ollanta Humala en la Escuela Militar de Chorrillos) y Adrián Villafuerte, asesor presidencial en temas de seguridad y sobre quien pesan varias suspicacias.

Donde difieren ambas versiones es en lo que se refiere a la vinculación entre Gómez Rodríguez y el director ejecutivo de la DINI (el segundo a bordo) Iván Kamizaki. Mientras que la revista dirigida por Pedro Tenorio señala que la relación es mala, el diario de los Mohme indica que ambos personajes comparten la misma visión sobre lo que debe ser el organismo rector de inteligencia.

Pero volvamos a Villafuerte, sindicado por muchos como el real hombre fuerte en cuestiones militares dentro del gobierno. Ayer, IDL-Reporteros destapó las disputas por la dirección del Centro de Altos Estudios Nacionales, centro de educación de postgrado en defensa nacional que depende del ministerio vinculado a este sector. Luis Piscoya, director general del CAEN, y el coronel en retiro Alex Robertson mantienen un pleito por el control de esta entidad, que no puede ser resuelto por Pedro Cateriano y su equipo. Para añadir una complicación adicional, Robertson es compañero de la promoción de Villafuerte, por lo que su remoción parece ser bastante difícil de ejecutar.

Gustavo Gorriti, uno de los periodistas que más conoce sobre seguridad en el Perú, ha dado cuenta de otras fuertes influencias de Villafuerte en otros aspectos castrenses, como los ascensos o las recientes normas sobre seguridad y defensa. Y concluye que:

Este gobierno, debo decirlo antes de proseguir, ha hecho muchas cosas bien. Por ellas merece la aprobación que tiene. Pero en otros aspectos, sobre todo en el ámbito de seguridad –y especialmente en las áreas por las que incide o merodea Adrián, ‘ácido’, Villafuerte–, los errores son tan constantes y marcados que ya no se explican como tales. Es ahí donde el gobierno se está abriendo flancos y desarrollando puntos débiles que podrán traerle serias consecuencias.

Entre ellas, por cierto, la desconfianza sobre la seguridad y los servicios de inteligencia. De allí que suscriba el pedido de Tapia para que Villafuerte ocupe un puesto público con responsabilidades públicas, más allá de la asesoría, o que deje el entorno del presidente de la República, cosa difícil por la confianza que le tiene Humala.

Pero el problema central, además del ácido asesor, se encuentra en Ollanta. Y es que, más allá de algunas ideas sobre el honor militar y el aumento a los oficiales y suboficiales en actividad, Humala piensa como valor ideal que las Fuerzas Armadas deben tener algún papel mayor que los que le manda la Constitución, para “contribuir al desarrollo del país”. Este pensamiento típicamente castrense frustra cualquier intento de reforma que refuerce el control civil y democrático, que fue emprendida a medias y a trompicones por Toledo y que fue dejada de lado por García. Por ello, no se vislumbra mayor cambio en este proceso.

MANTILLA Y EL COMANDO

Ayer se inició el juicio contra Agustín Mantilla y otros ocho presuntos integrantes de un comando paramilitar que operó durante el primer gobierno de Alan García. Este grupo, que tomó indebidamente el nombre de un mártir aprista, asesinado por Sendero Luminoso, es responsabilizado por el secuestro y asesinato de cinco personas, entre ellas, el dirigente sindical Saúl Cantoral.

Los argumentos de la defensa de Mantilla se dividen en dos. De un lado, los formales, presentados ayer por su abogado, el litigante aprista Humberto Abanto Verástegui, se dirigen a evitar que estos crímenes sean considerados como delitos de lesa humanidad o que, en caso contrario, se le imponga una pena menor por los mismos. De otro lado, los de fondo, expuestos hoy por el propio exministro, concentrados en probar que el comando no existió y que no existía conexión entre los crímenes atribuidos a este grupo.

Es probable que la defensa de Mantilla tome en cuenta parcialmente lo señalado por el periodista Ricardo Uceda en su libro Muerte en el Pentagonito. Uceda indica que varios de los crímenes atribuidos al grupo compuesto por militantes apristas habrían sido cometidos por militares y policías, quienes achacaron al grupo la autoría de los mismos.

Sin embargo, el periodista señaló que el grupo si existió como una unidad de inteligencia paralela, creada por militantes apristas para enfrentar a la subversión y algunos de sus integrantes si estuvieron involucrados en acciones paramilitares. Incluso Uceda presenta fotos del entrenamiento militar del Comando en Huancayo. Algunos de los hoy procesados estuvieron en Corea del Norte para recibir instrucción castrense.

El problema para Mantilla y sus chicos es que no podrían asumir la posición completa de Uceda, pues significaría admitir que se zurraron en la inteligencia militar de la época.

El Ministerio Público ha trabajado tomando como base la hipótesis de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. El comando habría sido creado a partir del reclutamiento de militantes apristas en la Universidad Garcilaso de la Vega.

Aunque su misión original era la seguridad de los máximos dirigentes del APRA, varios de los integrantes de este equipo de seguridad partidaria fueron llamados por Agustín Mantilla Campos para la formación de un grupo que enfrentara a los elementos subversivos, respondiera a los asesinatos de autoridades y militantes apristas y eliminara a quienes supuestamente apoyaban a grupos subversivos e incluso a opositores políticos. La convicción de estas personas era que los mecanismos legales eran insuficientes para combatir a la subversión.

Si bien en la conformación del Comando intervinieron simpatizantes y militantes del Partido Aprista Peruano, no se han encontrado elementos razonables que permitan afirmar que se tratara de una organización vinculada o dependiente del APRA. Sin embargo, el partido se ha esforzado por poner diversos obstáculos al esclarecimiento de los hechos, cuestión que deberá aclararse. A ello se suma el aprecio de un sector del partido por Mantilla, a quien aprecian por “haberse comido años de prisión sin haber dicho nada”, debido a los años que estuvo en la cárcel por el dinero que recibió de Vladimiro Montesinos en 2000.

Además de sus integrantes civiles, el Comando habría contado con el apoyo de un número reducido de policías miembros del GRUDE de la Dirección de Operaciones Especiales (DOES) y del Delta 5 de la Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE) de la Policía Nacional del Perú, por su cercanía a Agustín Mantilla.

Sin duda, este será uno de los procesos más importantes por violaciones a los derechos humanos de los últimos años. Atentos a lo que pase.

(Foto: El Comercio)

EL GOBIERNO DE ALAN Y LA NORMA GANZUA PARA NARCOS

Ayer #esnoticia presentó un reportaje de Daniel Yovera con un nuevo ángulo en el tema de los narcoindultos. Mejor dicho, una norma que completa el daño causado a la lucha contra el narcotráfico durante el segundo gobierno de Alan García.

Se trata de la Ley N° 29305, norma que modifica el Código Procesal Penal sobre las condiciones de condena y traslado de sentenciados extranjeros.  Esta norma permite que los reos puedan salir del país sin pagar las reparaciones civiles correspondientes, en caso el agraviado sea el Estado.

Esta redacción aparentemente inocua esconde a los verdaderos beneficiarios. Resume Diario 16:

Durante su presentación en el Parlamento, Fernández explicó que de los 1094 presos con condena, 985 tenían sentencia por tráfico ilícito de drogas, y de estos, el 80% eran burriers. La entonces titular de Justicia planteó como uno de los principales problemas para enviarlos a su país a cumplir sus condenas el pago de la reparación civil.

(…)

En otras palabras, según Fernández, al Estado le iba a salir más caro mantener a un reo extranjero en nuestro país y por eso era preferible repatriarlo con la condición de que no se le cobre la reparación civil porque, según ella, estos no tenían cómo pagar la misma.

Los integrantes de la Comisión de Justicia de ese entonces discutieron la propuesta del gobierno de García y, en un primer momento, no aceptaron perdonarle al reo foráneo su deuda con el Perú porque, según ellos, era discriminatorio. Sin embargo, luego se mostraron de acuerdo con la medida y la aprobaron.

La norma fue aprobada casi sin debate en el Congreso de la República, en noviembre de 2008. La ley fue publicada al mes siguiente, con las firmas de Alan García y Yehude Simon.

¿Qué efectos nocivos tuvo esta ley? En su edición de hoy, la revista Velaverde consigna dos. El central es un perjuicio al estado por más de 12 millones y medio de soles que no han sido cobrados como reparaciones civiles gracias a esta disposición legal, según cifras actualizadas hasta junio de 2012. A mayo de 2013, la suma, según indican fuentes de la Procuraduría Antidrogas, puede llegar a 15 millones de soles.

El segundo efecto es el perjuicio a la lucha judicial contra el narcotráfico. La Procuraduría Antidrogas, indica Velaverde, considera que la norma es inconstitucional y ha pedido al Ministerio de Justicia, tanto en este gobierno como en el anterior, que soliciten su derogación. Sin embargo, la decisión política no ha sido tomada.

Pero a estos perjuicios se suma un hecho inexplicable relatado ayer por Yovera:

en noviembre de 2008 el gobierno mexicano le solicitó a nuestro país, a través de su embajada en Lima, la repatriación de 16 mexicanos condenados por tráfico ilícito de drogas que cumplían condena en cárceles peruanas.

Cabe precisar que el pedido del gobierno de México se produjo cuando el proyecto de ley impulsado por la ministra de Justicia, Rosario Fernández, estaba siendo debatido en el Congreso.

Lo que llama la atención es que al menos a dos de los 16 mexicanos que eran requeridos por el gobierno de su país se les conmutó la pena antes de que fueran enviados a sus países. Ese fue el caso de Jorge Luis Mata Salazar y Pedro Gerardo Díaz Fuentes, a quienes primero se les rebajó la condena y luego se les envió a México.

Mata Salazar había sido condenado a 13 años de prisión por el delito de tráfico ilícito de drogas. Alan García firmó una resolución reduciéndole la pena a solo cuatro años, quedando libre en julio de 2010. Se presume que salió en libertad en México.

Díaz Fuentes, el otro mexicano, también había sido sentenciado a 13 años de prisión por el mismo delito y el gobierno aprista le redujo su pena a solo seis años y seis meses. Recién en diciembre de 2010, es decir, dos años después de haber sido requerido por su país, fue repatriado.

Como vemos, aquí existe una disposición legal que ha causado un daño tan grande como el de los narcoindultos y conmutaciones. Sumados ambos, la lucha contra el narcotráfico durante el gobierno de Alan García fue poco menos que un saludo a la bandera.

(Captura de pantalla: Canal N)

SODALICIO

Desde hace varios meses, Martín Scheuch, ciudadano peruano – alemán y confeso católico, viene publicando una serie de textos en su blog Las Líneas Torcidas, sobre su experiencia como miembro del Sodalicio de Vida Cristiana, entidad conservadora en la que permaneció entre 1978 y 2008.

Hasta esta semana, los textos de Scheuch se habían concentrado en denunciar lo que otro miembro de la organización, Ricardo Milla, describe con acierto como retrógrada formación religiosa. Distorsiones sobre el Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, retiros en los que adolescentes en crisis eran captados, el rol de organismos oficiosos como ACI Prensa (convertido en un vertedero de insultos contra todo aquel que piense distinto a su director), las menciones despectivas contra teólogos como Hans Kung, libros de formación inspirados por el ala más reaccionaria de la Iglesia Católica mostraban lo que el politólogo Eduardo Dargent había condensado en una frase: “Torquemada meets autoayuda”.

Hace tres días, Scheuch publicó el texto más duro contra la organización a la que perteneció. Con el título Yo te perdono, Sodalicio, se describen varias de las prácticas de control mental y abuso físico a  los que varios miembros de la organización fueron sometidos, en particular, durante las décadas de 1970 y 1980. Con amplio nivel de detalle, Scheuch confirma las denuncias hechas por otros exintegrantes del SCV, como los periodistas José Enrique Escardó y Pedro Salinas, durante la última década. Varias de estas prácticas podrían ser pasibles de investigaciones fiscales, de no mediar la prescripción por el tiempo transcurrido desde su ocurrencia, y, por supuesto, de una indemnización por los daños causados. El texto ha sido reproducido por Diario 16 en su edición de hoy.

Esta situación es aún más grave pues, como se conoce desde febrero de 2011, gracias al periódico dirigido por Fernando Valencia, el SCV tuvo que retirar el expediente de beatificación de Germán Doig, uno de sus principales líderes, al conocerse tres casos de abuso sexual en los que estuvo involucrado. El escándalo se produjo pocos meses después que el fundador de la organización, Luis Fernando Figari, dejara la dirección de la  misma, aduciendo motivos de salud. Esta situación ha sido el más duro golpe contra la institución y, pocos meses después, se produjo otra denuncia contra Figari, negada por el Sodalicio.

Como bien señala Scheuch, varias de las denuncias y críticas hechas van a pretender ser liquidadas atacando al mensajero:

“Matar al mensajero” es la consigna con la cual se puede resumir el proceder del Sodalicio, lo cual, en sentido metafórico, significa que se buscará desacreditarlo, difamarlo, anularlo mediante el miedo, las amenazas veladas y el desprestigio social. A decir verdad, lo del desprestigio social puede que funcione en Lima, donde el Sodalicio sigue teniendo su sede central y el apoyo casi incondicional del inefable Cardenal Cipriani, arzobispo de Lima, además de una notable influencia en la clase burguesa y pudiente limeña así como en algunos medios de prensa, pero dudo de que tenga efectos en otras latitudes.

Precisamente, desde estos sectores provienen los silencios. El cardenal está más ocupado en saludar a las señoras Heredia y Fujimori, antes que en decir una palabra sobre el caso Doig y sobre las demás denuncias sobre malas prácticas en el SCV. Hay un puñado de medios que se ha callado en los cuatro idiomas sobre este caso – que bien merecería un editorial sobre las libertades coactadas, ¿verdad? – y que se ha limitado a reproducir los comunicados que desde el Arzobispado o la sede central del Sodalicio emiten, sin decir mucho (o entrevistan a sus allegados para que sigan rajando de la Teología de la Liberación). Y claro, desde el Sodalicio, hasta ahora, evitan que Figari pueda dar una entrevista a periodistas que, digamos, no sean afines o no pertenezcan a esta agrupación religiosa.

Pero creo que, más temprano que tarde, van a tener que hablar. No solo por las investigaciones que ya se vienen haciendo, sino también porque es probable que luego del testimonio de Scheuch, otras personas que han pertenecido a la institución van a decir su verdad. Y no va a ser grata. Creemos que en el Sodalicio de Vida Cristiana existen personas de profunda vocación religiosa y espiritual. Sin embargo, como señaló Dargent:

Sería injusto con la mayoría de sodálites utilizar el escándalo para hacer generalizaciones sobre abusos sexuales en la organización. Pero sí creo que es necesario ir más allá del escándalo y discutir de qué manera la naturaleza de la organización pudo contribuir a que Doig cometiera sus actos impunementeLa responsabilidad trasciende a una oveja descarriada.

Pues eso.

(Foto: La Voz  a Ti Debida, blog de Pedro Salinas)

TOLEDO EN SU LABERINTO

Si Alejandro Toledo está metido en el embrollo en el que se encuentra, es por su absoluta responsabilidad. Las distintas versiones sobre la adquisición de propiedades inmobiliarias nos ha recordado los peores defectos de un político que, si bien tuvo un liderazgo importante para la recuperación de la democracia en 2000, tiene un estilo chambón y contradictorio que hizo de su presidencia, a pesar de sus logros, un eterno pasaje por el borde de la cornisa.

Anoche, en una acuciosa entrevista de Augusto Álvarez Rodrich, Toledo dio una nueva versión sobre estas adquisiciones. A diferencia de otras ocasiones, esta vez existieron documentos de por medio (por Alá, cuélguenlos en una web). El resumen lo tiene La República:

la compra de la casa de Las Casuarinas, de casi US$ 4 millones, fue posible gracias a un préstamo del banco Scotiabank de Costa Rica a la empresa Ecoteva, cuya presidencia ejercía entonces  Fernenbug.

Según Toledo, previamente Ecoteva obtuvo una garantía prestataria de US$ 20 millones otorgada por su amigo Josef Maiman. El ex presidente agregó que fue con ese aval que el banco facilitó a su suegra, mediante hipoteca, los US$ 3 millones con los que adquirió la mansión en Surco “para alquilarla”.

Agregó que la hipoteca fue aprobada el 18 de julio del año pasado y la compra se hizo efectiva el 24 del mismo mes.

Respecto a por qué no aparece un registro de la hipoteca, Toledo dijo que este sí fue hecho en Costa Rica y que en Perú no pudo ser posible por “observaciones subsanables” en la operación. Para comprobarlo, presentó la constancia emitida por la Sunarp de que se formuló la petición.

Si bien Toledo aportó más luces sobre la operación (básicamente un contrato de mutuo con un aval), aún quedan algunas cosas por aclarar:

a) El origen de los fondos: Ayer Caretas señaló que, de acuerdo con la declaración de Luis Arbulú Alva, la plata vino desde Nueva York. Toledo dice que vino de Costa Rica, vía un banco local. Esta es la clave del asunto para determinar si hay algún indicio de posible enriquecimiento ilícito o de lavado de activos. Eso es lo que se discute en el plano legal.

b) El papel de Eliane Karp: Arbulú señala que fue Eliane quien propuso la venta, a pesar que él no quería desprenderse de su bien (que, según Rosa María Palacios, estaba alquilado al momento de la transacción). Toledo señala que su esposa solo respondió a una llamada del anterior propietario de la casa. Ambos fueron a Costa Rica a acompañar a la suegra a hacer la operación de Ecoteva. Y hay que recordar que Karp fue funcionaria de varios bancos durante varios años. Hasta ahora, las preguntas se han hecho sobre los ingresos de Toledo (relativamente fáciles de sustentar: su pensión de expresidente, su sueldo en Stanford y sus conferencias), pero no sobre los de su cónyuge.

c) El rol de Maiman: Ayer Gustavo Gorriti indicó que el empresario peruano – israelí tenía serios problemas económicos, al menos, con una de sus empresas. Claro, la pobreza de Maiman no es la misma de cualquiera de nosotros, pero, ¿20 millones como aval? ¿Cuál es el negocio, como diría Frankie Ruiz?

d) La empresa Marintradco: Hasta ahora no aclaran el rol de esta empresa en la operación, que tuvo una sucursal en el Perú hasta 2006, como lo señalamos en este blog hace 3 días.

e) El tema hereditario: En la pregunta donde estuvo más ofuscado, Toledo pidió no involucrar a sus hijas en este problema, cuando Álvarez Rodrich le preguntó si es que toda esta operación intrincada era para que, hacia futuro, Zaraí Toledo Orozco no pudiera tener participación en estos bienes. El problema para Toledo es que, para quienes creen que no cometió delito alguno, esta parece ser la única explicación plausible para hacer una operación legal, pero intrincada. Y ello lo daña políticamente pues recuerda al caso que más melló su imagen durante el ejercicio de su presidencia.

Como puede verse, este caso tiene para rato. Y  ello, más que en una conspiración, se basa en los errores del expresidente.

P.S.: Varios han señalado en las redes sociales que la prensa no tiene la misma rigurosidad con Alan García. Hay que señalar que hay periodistas que han investigado mucho los casos de presunta corrupción ocurridos durante el segundo quinquenio aprista y, desde este espacio, seguiremos con ello. Pero también es cierto que hay algunos periodistas que responden a la lógica que se tenía hasta antes de los Petroaudios, como indicó Marco Sifuentes:

El triunfo del Mal Menor fue tan ajustado que, al menos hasta la aparición de los petroaudios, los medios no quisieron hacer olas. No había que criticar mucho, al contrario: aplaudamos todo. La amenaza chavista estaba a la vuelta de la esquina y había que transmitirle a la población la sensación de que todo iba a estar bien si seguíamos en el camino del Mal Menor.

Cualquier parecido con las declaraciones de Alan de los últimos días, ¿es mera coincidencia?

Y para los cheerleaders de los líderes políticos, la verdad, no entren en esta lógica de “nosotros robamos menos”. Se ve (y es) patético.

HUMALA, EMPRESAS Y LIBERTARIOS: OCHO CONCLUSIONES

Luego de las movidas en torno al caso Repsol y a una controvertida norma sobre la regulación de la publicidad de la comida chatarra, dos artículos complementarios ponen una visión más reflexiva sobre lo ocurrido. Ricardo Uceda y David Rivera han contado en Poder buena parte del detrás de cámaras de la frustrada compra de los activos de la empresa española y Juan Carlos Tafur editorializó en Velaverde sobre la histeria generada a partir de una norma, cuya oposición se convirtió en una bandera libertaria. A partir de lo que ambos señalan, sostengo las siguientes ocho afirmaciones.

1. Existe desconfianza mutua entre Humala y los empresarios: Si bien parecía que la relación se había calmado luego de la elección de 2011 y las designaciones de Luis Miguel Castilla (MEF) y Julio Velarde (BCR), lo cierto es que ninguno terminó de confiar en el otro. Razones existen desde ambas partes de la mesa. De un lado, buena parte de los ejecutivos peruanos han pasado en diversas etapas de su vida por los malas experiencias estatistas de Juan Velasco Alvarado y Alan García, lo que les ha generado reflejos bastante fuertes contra cualquier cosa que les sepa a aumentar el rol del Estado en algunas tareas. De otro lado, Humala recuerda bien que los empresarios le hacían spots como este (tanto para el público en general como a sus empleados) en plena campaña electoral:

Luego del caso Repsol, la relación anda aún peor. Como señalan Uceda y Rivera, la relación amistosa entre Alfonso García Miró, presidente de CONFIEP, y Nadine Heredia se ha quebrado. Y, de otro lado, el gran problema de la relación no está en que los empresarios crean que Humala es un chavista (aunque algunos sí lo creen), sino en que se llama “eliminación de trabas para la inversión”, cuestión en la que, desde las salas del Club Empresarial, ven al gobierno arrastrando los pies.

2. Existe un sector de liberales (y, sobre todo, libertarios) que cree que pechar a Humala es la mejor forma de controlarlo: Tafur lo coloca en estos términos:

Y no me vengan con que se trata de gritar fuerte a pesar de ser conscientes de que es por un asunto menudo, porque es de naturaleza ejemplar y sirve para hacer sentir que los ciudadanos peruanos no tolerarán que el Estado recupere protagonismo. Lo creeríamos si el tenor fuese el mismo frente a todo afán colectivista.

De hecho, cuando le pregunté en estas semanas a algunas personas partidarias de este tipo de gritería porque lo hacían, el reflejo fue: “si queremos negociar con Humala, lo mejor es maximizar demandas, para luego rebajarlas”. Curioso, es el mismo método del sindicalismo peruano al que han criticado por años.

3. Sin embargo, hay mejores formas de negociar con Humala y se ha demostrado: Además del gravamen minero, Uceda y Rivera relatan un ejemplo claro sobre cómo hacerle entender a Humala que debe retroceder: el tan mentado caso Repsol. Fue Castilla quien terminó de convencer al presidente de la República, con cifras y números, que la idea de la compra de La Pampilla era un pésimo negocio. No fue necesaria una renuncia, ni una mentada de madre. Claro está, muchos sabemos que el ministro de Economía se va, a más tardar a fin de año, por razones familiares. A pesar de esta última observación, Castilla indica que el camino, antes que por la gritería, pasa por los argumentos.

4. Cuidado con el “liberalismo de manual”: Así como se ha criticado, con justa razón, al “marxismo de manual” de los años setenta, en el que se exacerbó el dogmatismo de izquierda, la comisaría de la ortodoxia zurda y algunos otros defectos que, lamentablemente, aún se mantienen en parte de ese sector político hasta el día de hoy, el liberalismo se corre el riesgo de caer exactamente en lo mismo.

Básicamente, con una herramienta: el análisis económico del derecho (law and economics), que puede ser útil para la disección de problemas jurídicos, pero que ha sido elevada a categoría de catecismo por varios de sus seguidores criollos. Vistos los problemas nacionales a través de este prismático, no se toma en cuenta que el modelo teórico no puede traspasarse por entero a la realidad y, como bien ha indicado JCT, se puede caer en inconsistencias como olvidar el otro lado del liberalismo: las libertades políticas, civiles y sociales. De eso, lamentablemente, pocos hablan. Una saludable excepción ha sido el artículo de Enrique Pasquel, publicado hoy en El Comercio, en contra de la discriminación de personas homosexuales.

5. Humala tiene algunas ideas fijas, pero no sabe como llevarlas a cabo: Son dos las que identifica la dupla Uceda – Rivera: inversión privada, sobre todo, minera, para impulsar la economía, pero acompañada del desarrollo de Petroperú.  Ello explica porque Castilla “cede” ante Humala en este último punto.

El problema es que, en ambos casos, no ha tenido el manejo político adecuado para llevar a cabo sus planes. De un lado, Conga fue convertido – innecesariamente – en el proyecto que debía constituir la “prueba de amor” de Humala al sector minero, olvidando que pertenecía a la empresa que, luego de Doe Run, acumulaba la peor relación con su entorno social. De otro lado, entre el poco respaldo de Jorge Merino y las limitaciones de Humberto Campodónico, nunca se pudo generar las condiciones para que Petroperú tuviera las mejorías en gobierno corporativo que tenían pares suyos como Petrobras y Ecopetrol.

6. Para Humala, pesan más los ministros que lo convencen de su liderazgo político en determinada materia: Por eso se compra algunos pleitos y evita otros. Merino es capaz de convencerlo de comprar Repsol, Triveño de la regulación pesquera o Trivelli de los programas sociales.

Caso claro de falta de peso político: la consulta previa. En una conversación que tuve con un analista cercano a estos temas hace algunas semanas, concluíamos que la principal falla en este tema venía de confinar la dirección de este mecanismo al Ministerio de Cultura, creado como un Frankenstein y donde el ministro siempre ha provenido del área de las artes, sin mucha conexión clara con el área de interculturalidad. El poco respaldo político que Luis Peirano le ha dado a este tema no solo ha llevado a la salida del viceministro Iván Lanegra, sino que también ha llevado al limbo a este mecanismo importante para el país.

7. El país no es ni estatista ni libertario: Insisto en un punto que se ha vuelto a comprobar con la última encuesta de Ipsos Apoyo, publicada el domingo: si bien buena parte de los peruanos no está cercano al estatismo más radical, tampoco se ha comprado del todo los lineamientos del libre mercado. A buena parte de los peruanos no les gusta Nicolás Maduro, pero tampoco dudaría en pedir al Estado algún tipo de mecanismo para que los precios de los servicios básicos bajen. Este es un dato que deberíamos tener en cuenta en el análisis.

8. Humala no es Alan, ni debe serlo: Aunque a veces pareciera, porque su conservadurismo moral lo lleva a tomar decisiones desacertadas, como excluir los derechos LGTB del Plan Nacional de Derechos Humanos. Pero, volviendo al inicio, no estamos ante el mejor amigo de los empresarios, ni ante alguien que va a sus casas a comer o tomarse un trago, como lo hacía su antecesor. Y no debe ser un presidente que no haga cambio alguno. Su problema está en el cómo. Y para ello, las respuestas con ánimo de barra brava no servirán de mucho.

P.S.: Un punto adicional que me han hecho notar varios en estos días. Durante las últimas semanas, estas discusiones, que se generan en las redes sociales, han pasado casi a un tono de “guerra fría” entre los libertarios y sus críticos de izquierda. Antes que rebatir argumentos, se ha pasado a atacar características personales o enfatizar estereotipos de ambos lados, sin posibilidad alguna de diálogo. Básicamente, lo que ambos bandos buscan es desprestigiar al contrincante, antes que rebatir estos argumentos. Si ello se produce entre personas que tienen la aspiración de formar opinión, ¿cómo exigir lo mismo a nuestros políticos? Lo dejo a la reflexión del lector.

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