TOLEDO: LOS CLAVOS Y EL MARTILLO

Hoy varios diarios comentan el Informe de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre el caso Toledo – Ecoteva. La primicia la tuvo ayer Panamericana en 24 Horas, pero este cuadro de La República es lo suficientemente didáctico como para saber a que nos referimos en este tema:

La principal novedad que tiene el informe es que los movimientos de plata que llegaron a Lima sirvieron para pagar las hipotecas de las dos propiedades que Alejandro Toledo tiene a su nombre en nuestro país: la casa en Camacho que todos conocemos y su casa de verano en Punta Sal.

La última versión que tuvimos sobre el tema fue proporcionada por Josef Maiman. Según la misma, Ecoteva se constituyó para que Maiman hiciera unas inversiones en Lima, vía la suegra del líder de Perú Posible. Y donde la explicación para que el matrimonio Toledo – Karp se paseara durante un año por Casuarinas buscando propiedades era un apoyo amical para ubicar viviendas para invertir.  Y, ademas, conocimos la – hasta ese entonces desconocida – contratación del expresidente como agente financiero del Merhav Group, el holding liderado por el empresario peruano – israelí.

Pero la versión de Maiman se cae si es que se considera que parte de las “inversiones” de Ecoteva sirvió para pagar las hipotecas de las casas de Toledo en Lima. A menos que señalen que nos encontramos ante el pago por los servicios del líder chakano al Merhav Group, la situación es bastante complicada, pues no se entiende, hasta ahora, porque hacer una operación financiera tan intrincada para comprar unas casas… a menos que no querían que se supiera quien era el verdadero propietario.

Menudo lío que, conjuntamente con las ambiciones regionales de parte de su bancada, le ha costado a Alejandro Toledo la disminución de su elenco parlamentario. Y por supuesto, el revival de los peores defectos de su gobierno, así como la conclusión casi unánime sobre la necesidad de buscar otro líder en Perú Posible. Los clavos y el martillo parecen haber llegado a la carrera política del expresidente.

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VERDADES QUE NO OFENDEN, DIEZ AÑOS DESPUES

Hace exactamente diez años, la Comisión de la Verdad y Reconciliación presentó su Informe Final al país, documento en el que condensaba 23 meses de trabajo y estudio sobre el periodo de violencia que vivió el Perú entre 1980 y 2000. Transcurrida una década, durante los últimos días han circulado diversos balances, se han realizado conmemoraciones y actividades académicas y, claro está, los detractores de toda la vida han continuado con una campaña de mentiras que ya lleva una década.

Este año, me interesa dialogar con un artículo de Gonzalo Zegarra, publicado en el diario virtual Altavoz, pues tiene algunas cosas que ubican en su lugar el debate respecto a la CVR y algunas omisiones que lo llevan a conclusiones erróneas.

Para empezar, Zegarra acierta al señalar cuál es el principal punto controvertido que ha generado controversias en relación a la Comisión de la Verdad y Reconciliación:

Las voces que desde un inicio se opusieron a la CVR lo hicieron bajo el argumento de que no convenía al sistema democrático admitir públicamente siquiera la posibilidad de que el Estado haya violado los derechos ciudadanos de ciertos peruanos, pues ello podría deslegitimar los resultados de la lucha antisubversiva en su conjunto. Hubo incluso quienes sostuvieron que si ello había ocurrido, se trataba de un “mal menor” inevitable en la defensa frente a la demencial agresión del terrorismo.

En particular, muchos quienes se ubican en este sector esperaban que los actos que implicaban violaciones a los derechos humanos cometidos por agentes del Estado fueran omitidos o “comprendidos” como un “costo a pagar” por la pacificación del país. Al no responder a esta narrativa, pues la Comisión se centró sobre todo en las víctimas y en la explicación de lo ocurrido, este grupo de peruanos tachó inmediatamente de “pro terrorista” a la CVR.

Todo ello a pesar que: a) La CVR condenó claramente a Sendero Luminoso y al MRTA; b) indicó que SL era el responsable principal del inicio de la violencia y de la mayor cantidad de víctimas mortales (a pesar que algunos extraviados con simpatías hacia radicalismos de izquierda pretenden contrariar esta conclusión); c) señaló que SL cometió crimenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y, potencialmente, genocidio contra el pueblo asháninka; d) no se niega el carácter terrorista de varias de las acciones de SL y el MRTA y e) se encuentran patrones sistemáticos de secuestro en el accionar del MRTA. Además, claro está, de reconocer a héroes militares y civiles y acciones de coraje y heroísmo.

En el fondo, la razón por la cual la CVR ha sido tan criticada es porque no reconoce que hay “razones de Estado” que permiten violar derechos humanos y señala responsabilidades institucionales, políticas y brinda datos para que el sistema de justicia establezca culpabilidades y sancione a quienes rompieron la ley. Y dado que la clase política en su totalidad y otros actores sociales fueron interpelados por sus acciones y omisiones, también se sumaron al cargamontón. A tal extremo se ha ido que los defensores civiles de los sectores castrenses olvidan que, al final del libro “En Honor a la Verdad”, la versión de parte del Ejército Peruano sobre el conflicto, se reconoce y condena los actos contrarios a la ley cometidos por agentes del Estado.

Sin embargo, como bien precisa el director de Semana Económica:

La legitimidad del Estado en general, y de la Fuerza Armada y policial en particular, se juega en el correcto uso de la fuerza pública. Por eso, la complacencia con los excesos es inaceptable y eso es lo que entraña no denunciar a quienes violaron los derechos humanos. Por tanto, cualquier Estado democrático civilizado tiene la obligación de emprender un esfuerzo por determinar si la lucha antisubversiva –por más legítima que sea en su conjunto– implicó vulneraciones a los derechos humanos. Y eso es lo que hizo la CVR.

Donde creo que Zegarra Mulánovich desacierta es al señalar que se busca convertir a la CVR “en una verdad oficial”, casi totémica, que no está abierta a otras narrativas. Y allí caben hacer algunas precisiones.

Hay que mencionar, en primer lugar, que sí es cierto que el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación es la narración oficial del Estado peruano sobre el periodo de violencia. Y lo es porque recibió un encargo y un mandato por parte de dos gobiernos democráticos, mediante una norma específica, que señalaba sus funciones, alcances y límites.

A pesar de este carácter y de llevar la nomenclatura de Informe Final (a pesar de ser un punto de partida), en la Introducción de este documento se hace la siguiente precisión:

«Verdad» es un relato perfectible. El relato de la CVR se refiere a sucesos ocurridos en la historia del Perú y a procesos sociales ligados a una memoria conflictiva y fragmentada. Proponemos una narración que, al recuperar nuestra memoria como país, se proyecta hacia el futuro, y debe por eso ser continuada y enriquecida con la participación de la sociedad civil, el Estado y los organismos que habrán de crearse para vigilar el cumplimiento de las recomendaciones del Informe. Lo importante es que el relato contiene en él mismo los criterios que permiten su perfeccionamiento constante; consideramos que habrá lugar en él siempre para acoger nuevos testimonios de víctimas aún desconocidas, así como nuevas perspectivas de análisis o de crítica que contribuyan a su reescritura continua.

Así las cosas, la CVR reconoce la existencia de otras narrativas y que pueden existir algunos datos a precisar con otras investigaciones. Por ejemplo, la cifra de 8,000 desaparecidos registrada por la CVR es conservadora frente a la estimación hecha por el Ministerio Público y otras instituciones que señalan que su número está entre 13,000 y 15,000 personas.

Asimismo, hay temas que no pudieron trabajarse a profundidad, por cuestiones de tiempo, o simplemente no pudieron ser incluidos. Entre los primeros se encuentran los crímenes de odio contra la comunidad LGTB (un caso que la CVR si alcanzó a documentar fue la matanza de “Las Gardenias”, cometida por miembros del MRTA)  y, entre los segundos, el rol de los actores internacionales y de los intelectuales en el periodo de violencia. Por tanto, el riesgo de la totemización o la eliminación de otras narrativas, al que teme Zegarra, se halla conjurado por el propio Informe Final.

Lo mismo podría decirse en torno a la inclusión del trabajo de la CVR en el espacio educativo, como señala acertadamente Roberto Bustamante:

Leo a varios decir que por qué no se enseña “la verdad” en las escuelas con el IF de la CVR. Ese argumento es justo el que el IF criticaba: la educación de manual, el culto al libro y a la cita textual, lo escrito sobre lo oral/testimonial. Hay sí elementos que pueden ser incorporados, porque han sido investigados y hay evidencia, a la enseñanza de la historia contemporánea. Pero la enseñanza de la historia, implica mucho más que una sucesión de eventos, sino la construcción de una narrativa. Los profesores mucho más que pedir que los alumnos reproduzcan tal cual el gran relato del Hatun Willakuy, podrían ahondar en las historias y testimonios de las familias, de los barrios, del colegio, de los profesores.

Entonces, ¿por qué creo que en personas como Zegarra se puede arribar a conclusiones como las criticadas aquí? Creo yo que se vio marcado por el tono del debate acerca de la CVR. Frente a los constantes ataques frente al Informe Final, quienes lo han defendido durante estos años han estado a la defensiva y, durante mucho tiempo, no se ha profundizado en algunos aspectos del Informe Final menos controvertidos. Más allá que muchos de los argumentos esgrimidos por los defensores del IF CVR son compartidos por mi, creo que corresponde hacer una reevaluación sobre la forma cómo se han transmitido los mensajes vinculados al Informe y, en general, frente al tema de derechos humanos. Se ha hablado mucho hacia quienes ya estaban convencidos o hacía quienes no escucharían nunca. No frente a quienes ignoraron el pasado por cuestiones de edad o desinterés y a aquellos que no tenían carga alguna hacia la CVR. Allí queda una tarea pendiente por hacer.

Finalmente, creo yo que resulta indispensable volver la vista hacia los principales protagonistas del trabajo de la CVR: las víctimas. Es un escándalo que en el país existan 15,000 desaparecidos, cuyos cuerpos, en su mayoría, no han sido entregados a sus familiares para cerrar el periodo de duelo. Varias de las señoras que fundaron ANFASEP hace 30 años están muriendo sin poder tener este derecho. Lo mismo ocurre con quienes esperan justicia por casos ocurridos hace tres décadas. Y, del otro lado, hay cientos de viudas de militares y polícias que siguen esperando que los respectivos Ministerios aumenten las pensiones que justamente merecen por los caídos en el cumplimiento del deber. Estos tres ejemplos nos señalan que existen tareas pendientes y urgentes que el Estado debe afrontar. Como dijo Salomón Lerner Febres hace una década:

La historia que aquí se cuenta habla de nosotros, de lo que fuimos y de lo que debemos dejar de ser. Esta historia habla de nuestras tareas. Esta historia comienza hoy.

Que la tragedia de peruanos matando a otros peruanos no se vuelva a repetir.

PAN PARA MAYO (O EL CHONGO DE LAS PENSIONES)

Creo que muchos coincidimos en señalar a Jaime Delgado Zegarra (ver arriba, en la foto) como uno de los peores congresistas de este periodo parlamentario. Delgado ha sido especialista en presentar varios de los proyectos con peor análisis costo – beneficio: normas sobre control de fusiones, “insolvencia familiar” (un canto al perro muerto), protección al usuario de la administración pública o para regular por decreto el tema de la banda ancha. Podríamos gastar espacio y papel en señalar el papel nefasto que ha jugado Delgado en este Congreso, pero basta que se haga una búsqueda a sus menciones en redes sociales para entender a que nos referimos.

Pero el proyecto que más críticas le ha generado a Delgado es el de la reforma de las AFP. En particular, sobre la forma cómo se han incluido a los trabajadores independientes desde el 1° de agosto al sistema de pensiones. Semana Económica resume bien los aspectos medulares de la norma:

Los trabajadores independientes menores de 40 años de edad están obligados a afiliarse a un sistema de pensiones, sea público o privado y, de ese modo, empezar a aportar para su jubilación futura.

Si optan por el Sistema Privado de Pensiones (SPP), deberán afiliarse a la Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) Hábitat, la cual ganó la licitación a fines del año pasado, al ofrecer la menor comisión mixta.

Los trabajadores que se afilien al SPP tendrán que hacer un aporte obligatorio y escalonado, según el monto de sus ingresos mensuales. El ingreso base es la remuneración mínima, de S/.750 al mes.

Los trabajadores independientes que tengan más de 40 años pueden optar voluntariamente si aportan o no al SPP, pero no están obligados.

Varios peros a estas disposiciones. Primero, porque recién en mayo se supo que esta obligación comenzaría a aplicarse en agosto, lo que daba poco tiempo para los independientes para ajustar gastos o incrementar el monto sobre el tema. Segundo, por obligar a quienes se iban al SPP a ingresar a una AFP en específico. Tercero, al no contemplar el caso complejo de quienes cobran rentas de quinta y cuarta categoría al mismo tiempo. Y obviamente, ya que estamos a fines de agosto, con los primeros recibos girados y con la detracción cobrada, el impacto se siente directamente en el bolsillo. Y el malestar contra Delgado (y su ascendencia) se hace sentir en varios sitios: desde las redes sociales hasta una protesta que se prepara para hoy.

Para complicar más el asunto, Delgado azuzó las llamas del descontento al lanzar este mensaje vía sus cuentas en Twitter y Facebook:

Es importante que todos los peruanos contemos con una pensión para nuestra vejez. Hoy más de 1.5 Mlls de adultos mayores no la tienen.

Estoy atento a sus opiniones sobre el tema, y comprendo el malestar y la confusión que se ha generado. Faltó más información.Dada la coyuntura actual, considero que la SBS y el MEF deben postergar el aporte de los independientes.

Mi P.Ley http://bit.ly/1femTV7 no consideró aporte obligatorio de independientes sino más competencia, transparencia y cultura previsional.

No reproduciré lo que varios usuarios de ambas redes le señalaron al congresista, por respeto a la audiencia. Lo cierto es que puso los ojos en la más controvertida de sus iniciativas y, sobre todo, en el sistema privado de pensiones.

Una primera discusión es si los independientes, por serlo, no deberían contribuir a una AFP. Primera dificultad: en realidad muchos “independientes” son contratados por servicios por honorarios por empresas que deberían tenerlos en planilla (gran tema para el Ministerio de Trabajo. De hecho, la mayoría de periodistas y publicistas está en este rubro). Segunda dificultad: en el Perú no existe cultura del ahorro. Tercera dificultad: la poca transparencia en información, compartida por las AFPs y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs genera desconfianza en varios trabajadores, que no desean que “alguien gane de más” con sus fondos.

Mi opinión es que los independientes sí deberían pensar seriamente en su jubilación y su futuro y menos en el mes a mes. De hecho, hasta antes del mamarracho que Delgado y compañía aprobaron, existía un aporte voluntario que no fue adecuadamente promovido. Como indica Hans Rothgeisser:

Ni modo, la sociedad moderna definió hace tiempo que había que obligar a todos los que están en edad de trabajar a ahorrar un poquito de su sueldo, de tal manera que luego con ese dinero se le pueda mantener cuando sea viejo y no esté en edad de trabajar. ¿Te molesta? ¿Quieres cuestionar ese sistema? Sorry, llegaste como varias décadas tarde.  Sí, sí, yo sé que tú eres recontra responsable y que estás ahorrando por tu cuenta y que no necesitas que el Estado te obligue a hacerlo.  O si no, que te importa un rábano el futuro y quieres tirarte todos tus recursos hoy.  Piña, pues.  A mí también me llega, pero así están las cosas.  No te la agarres con las AFP, no te la agarres con la SBS.

Otra cosa es que la norma promovida por Delgado sea un fiasco indefendible. Y si bien es cierto que los independientes no deben descuidarse de su vejez, en un país donde el ahorro voluntario es cuestión de saludables excepciones, lo cierto es que existían miles de formas, estímulos y tasas de detracción menos gravosas que las planteadas por el congresista de marras y los compañeros que aprobaron esta norma en el Congreso. Para resumir: Delgado cometió una sandez, el Congreso la remató aprobando la norma, pero los independientes no deberían estar exceptuados de algún sistema de pensiones. Obviamente, en mejores condiciones que las establecidas actualmente.

Un segundo tema es cómo fomentar una cultura del ahorro. En general, nuestra clase media se ha acostumbrado a prever únicamente los gastos del mes, vivir a la par con el sueldo o abusando con el uso del dinero plástico (osea, la tarjeta de crédito). Cursos básicos de economía en los colegios, campañas desde la SBS, ASBANC y las AFPs son necesarias para saber las ventajas del ahorro y, por supuesto, explicar cuales son cada uno de los montos que nos cobran por administrar nuestra plata, para que no sintamos el tufo a robo que varios sienten. Como señalan desde Contribuyentes por Respeto:

El “hablar claro y completo”, en realidad, es algo que a las propias instituciones financieras les conviene. Creemos que ello mejoraría mucho la percepción que el público en general tiene de ellos. Pero si no lo hiciesen, es labor del INDECOPI y de la SBS supervisar su actuación en el mercado y sancionar ejemplarmente aquellos casos en los que en realidad nos encontramos ante un caso de engaño u omisión de información relevante.

Un tercer punto es que, en términos generales, la reforma de las AFPs no pensó ni en los usuarios del sistema ni tampoco en las administradoras de fondos de pensiones. Al final se aprobaron normas que no dejaron contentos a nadie. En esta entrevista de hace un año con Patricia del Río, Pablo Secada cuenta cómo la reforma se aprobó en medio de disputas de egos y desencuentros institucionales.

Por ello aún resulta indispensable que se haga una buena reforma del Sistema Privado de Pensiones, aquella en la que en nuestro Congreso hasta ahora no tienen en mente.

Cuarto punto y final. Si todo esto no convence, si le tienes aversión a las “grandes corporaciones” o si confías más en el Estado, en teoría debería quedar la ONP como alternativa. El problema es que el sistema público tiene graves falencias y ninguna de ellas fue contemplada cuando se reformó el SPP. Desde el Instituto Peruano de Economía se plantearon varias propuestas para mejorar el sistema estatal. Pero desde el MEF no la ven.

Lo urgente es mejorar o derogar la norma impulsada por Delgado. Pero lo importante, de veras, es hacer ajustes claros al sistema de pensiones (público y privado) que lo hagan creible y eficiente. He aquí un reto para todos los actores involucrados en el tema.

CIUDADANOS SIN REPUBLICA

Durante el fin de semana, pude leer en forma completa el libro de Alberto Vergara, Ciudadanos sin República, que compila sus artículos aparecidos en varias publicaciones periódicas, con una estructura centrada en sus columnas mensuales en Poder. Me permito recomendar su lectura por cuatro razones centrales.

1. Hay una idea detrás de la selección de artículos: Más allá de trabajos similares que simplemente se limitan a juntar las mejores columnas de un periodista o un artículista habitual, Vergara brinda un sentido a esta compilación. Se trata del retrato de un país que ha tenido un importante éxito macroeconómico (que no puede negarse), pero cuyas instituciones y políticos han ido muy por detrás de lo que se esperaba de ellos. A este último punto, Vergara lo asocia con un ideal republicano que se ha visto frustrado una vez más.

2. Vergara critica por igual a izquierdas y derechas: Desde su posición republicana, preocupada por el destino de las instituciones y la política, el autor deja de lado interpretaciones de la vida nacional que se centran, exclusivamente, en la economía o que tienen graves anteojeras ideológicas, de ambos lados. Un par de ejemplos lo confirman:

En segundo lugar, el peso de la ideología se entrevera con el miedo al Estado. Puesto que la premisa teórica que comparten es que toda acción del Estado es, por definición, un recorte a nuestra esfera individual de libertad, no se suele distinguir entre un Estado más o menos democrático —o más o menos despótico—, pues todos cercenan nuestras libertades. Al oír a nuestros liberales uno estaría tentado a creer que un peruano disfruta de más libertad que un sueco, pues nuestro Estado es menos metiche que aquel nórdico. Ni bien se menciona al Estado y sus instituciones, aparece, fantasmagórico, el “estatismo” (Paul Laurent, un afiebrado liberal, comentó mi artículo en las páginas del diario Correo y lo vinculó a los peligros del totalitarismo fascista, bolchevique, nazi, y hasta me increpó, si le entendí bien, ¡desear veladamente la tiranía de un emperador chino!). Nuestros liberales están tan a la derecha que en Estados Unidos compartirían junto a Ron Paul el ala marginal y derechista del mismísimo partido republicano. Pero entre nosotros son mainstream. (Nuestro liberalismo 2, Poder, enero 2013)

Quienes creen que las sociedades tienen esencias, seguramente estarán pensando que si somos andinos es normal que tengamos una izquierda andina, que echar de menos una izquierda chilena o brasileña es absurdo en un país como el nuestro. Pero me niego al esencialismo. La política es asunto de políticos, de ideas, de voluntad. No me resigno a una izquierda con candidatos provenientes de los órdenes medievales por excelencia (la milicia y el clero), nacionalista y cucufata antes que republicana y laica. ¿De dónde sacamos una izquierda civilizada? (Por una izquierda civilizada, Poder, noviembre de 2009)

3. Vergara no es un conservador disfrazado de liberal. Por el contrario, sus textos critican en forma bastante dura a un Alan García convertido en una suerte de Cipriani laico, a élites que no son élite y que veían en PPK a un modelo “exitoso” de político” y, por supuesto, a un fujimorismo que hasta ahora no puede salir de la herencia de robo y asesinato de su líder fundador. Hay una genuina preocupación por las libertades y por un mundo que va mucho más allá de las cifras económicas y los dimes y diretes entre políticos.

4. Vergara toma distancia de las élites en general: De allí que pueda aceptar que la reforma agraria fue un desastre económico, pero que pudo haber sido hecha antes para evitar que se trabajara como se hizo. Por ello postula que Susana Villarán ha adolecido, durante buena parte de su gestión, de habilidades políticas que le permitieran lidiar con las reformas que plantea su gestión. Y por esta razón los artículos son claros y contundentes en rechazar algunas taras de nuestras élites: el menosprecio a los derechos humanos, el racismo, la costumbre a hablar desde una torre de marfil y, en general, la tendencia a pensar al Perú a partir de determinismos.

En un país donde hablar del “modelo peruano” como sinónimo de éxito se ha convertido en un ejercicio de gimnasia mental, los escritos de Vergara nos aterrizan en aquella realidad de un país que, sin instituciones, puede dejar escapar una vez más una oportunidad de desarrollarse, e incluso, de seguir creciendo. Un país que requiere, a gritos, que sus políticos y dirigentes principales comiencen a pensar menos en su ombligo y más en el ciudadano de a pie. Un ciudadano sin república, por ahora.

EPENSA Y LA ¿CONCENTRACIÓN? DE MEDIOS

La telenovela alrededor de la venta de Empresa Periodística Nacional (EPENSA) se terminó resolviendo en estos días. Al final El Comercio hizo un acuerdo de asociación con la familia Agois, producto del cual, EPENSA se dividirá en dos compañías: una a cargo del tema periodístico, con el control total de los Agois y otra que concentrará la impresión y comercialización de los diarios de la cadena, con el 54% de acciones a favor de EC y el saldo restante para los Agois Banchero. La transacción tiene un monto de 17 millones de dólares.

En términos estrictamente comerciales, la asociación puede convenirles a ambas partes. De un lado, El Comercio a uno de los activos más valiosos que ha generado EPENSA durante el último medio siglo: su red de distribución a nivel nacional. De otro lado, los Agois mantienen el control periodístico sobre una cadena que, finalmente, ellos han hecho que sobreviva y crezca durante los últimos 30 años, más allá que nos guste o no su línea editorial.

A pesar de esta división empresarial, no han faltado voces que señalen que nos encontramos ante una posible concentración de medios. Y esta es una arista que conviene revisar con especial cuidado.

En primer lugar, hay que mencionar que , la Constitución es clara: no deben existir monopolios en materia de medios de comunicación. Y de allí que aquellos medios con propiedad cruzada – léase, aquellos medios controlados por empresas que tienen diarios, canales, radios y/o portales web – tengan que tener especial cuidado en no limitar la pluralidad informativa dentro del grupo. Por ello, Rosa María Palacios, en sus meses finales en América Televisión, advertía a los miembros del consejo ejecutivo de Plural Televisión (la sociedad entre El Comercio y La República que controla el canal) que debía tenerse especial cuidado en mantener la independencia de los medios de los grupos periodísticos que lo conforman.

Así las cosas, estamos ante un tema bastante complejo.  Como bien señala el amigo Mil Demonios, a veces es posible tener el control de un medio con solo contar con el 50% + 1 de las acciones. E incluso yo diría que pueden formarse coaliciones de accionistas – sobre todo, cuando ser mayoritario significa tener 6% de las acciones -. Por tanto, en principio, preferible la autorregulación, la garantía de la pluralidad informativa dentro de medios con propiedad cruzada (y para eso, el respeto a los Principios Rectores dentro de un grupo mediático es central) y la aplicación de las normas sobre monopolios ya existentes en el país.

Existen, sin embargo, quienes se encuentran a favor de una Ley de Medios en el país. De hecho, el plan original de Humala la contenía. En segunda vuelta y luego, en el gobierno, la idea ha sido desechada. Sin embargo, en un sector de la izquierda aún persiste la idea de que hay que encontrar algún tipo de mecanismo para “hacerle el pare” a conglomerados mediáticos que tienen agendas, intereses económicos y, of course, hostilidad hacia el sector zurdo.

El problema es que la legislación no parece ser la mejor idea para ello. Primero, por la poca precisión que tendría en definir cuando nos encontramos ante una “concentración de medios”. Y segundo, por los efectos que ya han generado normas de este tipo en otros países. El caso claro para mi es Argentina. Una visión benévola sugeriría que la norma ha generado tal polarización que ahora no existen medios que critiquen a gobierno y posición en general. Otra visión señalaría que el gobierno ha encontrado un mecanismo perfecto para ajustar a quienes se opongan a un proyecto continuista. Lo cierto es que, a la larga, este enfrentamiento ha perjudicado más al gobierno y, por supuesto, a los ciudadanos.

El otro problema es que muchas de las alternativas periodísticas – o “medios alternativos” – que se postulan para “contrarrestar los mensajes de la derecha” terminan priorizando el mensaje ideológico antes que el tratamiento periodístico. Así, terminamos con “medios alternativos” que terminan hablando únicamente para quienes piensan como ellos o sin ningún atractivo incluso para el sector al que supuestamente están dirigidos. Para decirlo claro, la mayoría resulta siendo un plomo.

Pero también cabe preguntarse que hubiera pasado si el grupo La República concretaba la compra de EPENSA. ¿Hubiera sido digerible un cambio radical en la línea editorial de Correo, diario emblema de la cadena? ¿No tendría un sector conservador o liberal de derechas el mismo derecho a pitear por un cambio en sus contenidos? Preguntas que quedan sin respuesta, dado que la operación, al final, no se cumplió.

Pero sí es cierto que existe un problema de percepción en relación con los medios de comunicación. Como indicó hace algunos años Roberto Bustamante, se tiene la imagen desde hace varios años que los medios (nacionales) responden a los intereses de los poderosos. Y he allí un tema de reflexión al interior de los los mismos, en particular, en aquellos que forman parte de grandes conglomerados. Más aun, cuando la mayoría de ellos son empresas familiares, algunas de tal tamaño que las diferencias entre sus distintas facciones pueden ocasionar un cambio de rumbo en la línea editorial de los medios a los que controlan.

(Foto: El Comercio)

POLITICA A LA CHALACA

Tal parece que las denuncias de corrupción en el Gobierno Regional del Callao continúan gestión tras gestión, durante el ya prolongado dominio de la agrupación regional Chimpum Callao en la política del primer puerto.

El domingo pasado, Cuarto Poder presentó un reportaje en el que mostraba una denuncia clara de irregularidades en el GR: primero construyo escaleras y canchas deportivas, luego licito. Y el monto no era pequeño. Hablamos de 300 millones de soles. Aquí el informe

Lejos de desmentir lo ocurrido, Félix Moreno se presentó en el programa de la competencia y sus explicaciones fueron bastante débiles. A tal punto que los dos entrevistadores terminaron fustigando el populismo con el que Moreno conduce su región.

Más allá de las responsabilidades administrativas y penales que va a traer este caso, lo cierto es que existe un tema de fondo sobre el estilo que Chimpum Callao ha traído a la política peruana.

Alex Kouri, Moreno y Juan Sotomayor comparten una misma pauta de gobierno. Se hace obra pública y clientelismo, enganchando al elector con la supuesta cobertura de sus necesidades básicas, dejando de lado problemas a solucionar a mediano plazo. Cada obra, por supuesto, se acompaña con carteles y pintas gigantes que resaltan a la autoridad benefactora de turno. Vayan cualquier día al primer puerto para que vean la cantidad de propaganda a favor de Moreno y Sotomayor en toda la provincia constitucional.

A ello sumemos el auspicio a las diversiones más populares. Festivales de salsa anuales, apoyo a los clubes de fútbol del puerto que compitieron en el Descentralizado en los últimos años y hasta celebraciones por el Día del Periodista han tenido como común denominador a las autoridades chalacas en las fotos de rigor.

¿Qué ha permitido este modelo? De un lado, la consolidación de Chimpum Callao como partido hegemónico en la provincia vecina a Lima, no solo en el gobierno regional y la municipalidad provincial, sino también en varios de sus distritos. Pero, de otro lado, una alta tolerancia a irregularidades y populismo, así como peleas de sucesión dentro de la agrupación para definir quienes continuarán con este estilo de hacer  política. El problema es que los problemas más importantes del Callao quedan sumergidos en medio de denuncias, carteles y clientelismo.

(Foto: La República)

¿LA HORA DEL DIALOGO?

Luego de varios meses de puyazos, el gobierno comienza a tender, por lo menos desde la Presidencia del Consejo de Ministros, una rama de olivo a la oposición, con el anuncio de su proclividad a dialogar algunos temas con los partidos de oposición.

En principio, el anuncio implicaba, al menos desde la PCM, una autocrítica sobre la actitud del gobierno que atizaba todas las confrontaciones con todos los sectores políticos. La soledad de Humala se hizo patente en Fiestas Patrias y la pregunta era si podía abrir juego. Un paso de Juan Jiménez Mayor en este sentido era una buena idea, en el papel.

El problema es que, para bailar este tango, se necesitan dos. Y creo que la actitud de gobierno y oposición aún no es la de dos actores dispuestos a sentarse en una mesa para tocar temas nacionales.

De un lado, si bien Jiménez ha morigerado sus modales, Humala sigue en sus trece y ciertos modales cuartelarios que chocan con las intenciones de su presidente del Consejo de Ministros. Asimismo, los decibeles de otros ministros no son, precisamente, moderados y cierto ánimo beligerante aún circula en el ambiente de Palacio de Gobierno.

De otro lado, suena a malcriadez que, siendo Jiménez el autor de la propuesta, el fujimorismo condicione su participación a la salida del ministro y desde Alfonso Ugarte condicionen el tema a “cesar la persecución contra el APRA”, lo que implica cerrar las investigaciones abiertas por los anticuchos del gobierno pasado.

Lo cierto es que, con una desaceleración del crecimiento económico y el desgaste que ha  tenido la clase política en medio de meses de acusaciones cruzadas, bien valdría la pena que, por una vez, todas las partes comiencen a pensar menos en la demolición del “enemigo” y más en tres o cuatro temas de consenso nacional. El problema, sin duda, es que algunos entienden tregua como impunidad y los otros diálogo como decir sí señor a lo que diga el gobierno. Y mientras ambas actitudes no se depongan, el Risk seguirá siendo el juego preferido en la política peruana.

MAS SOBRE EL TEMA:

Las columnas de Augusto Álvarez Rodrich y Carlos Basombrío

(Caricatura: Carlín)