ELECCIONES EN EL PODER JUDICIAL (II)

La semana pasada, presentamos los cuestionamientos a tres de los candidatos a la presidencia del Poder Judicial. Esta semana, dos hechos nos indicaron que la elección no está definida: el intercambio de expresiones en torno al caso Fujimori entre los jueces San Martín y Villa Stein y el respaldo institucional a los magistrados Ticona y Aranda, cuestionados por una sentencia vinculada al caso Orellana.

En ese contexto, hay tres candidatos más a encabezar el mencionado poder del Estado. De un lado, Jacinto Rodríguez, actual representante del PJ en el consejo directivo de la Academia de la Magistratura. Magistrado especializado en temas civiles, no ha tenido grandes escándalos. Podría ser una posible carta de consenso.

De otro lado, Víctor Prado Saldarriaga, magistrado supremo que participó en la resolución del caso Fujimori y quien ha tenido una carrera impecable y sobresaliente. En lo personal, es el mejor de los candidatos, tanto en términos profesionales como personales, para ocupar este puesto. De todos los postulantes, Prado y Rodríguez son los únicos que han presentado un plan de trabajo. Finalmente, José Luis Lecaros ha surgido como un postulante de última hora.

Remarquemos un elemento adicional que hará de esta elección un hecho clave. Con la salida de Christian Salas, la Procuraduría Anticorrupción corre el riesgo de debilitarse nuevamente. Y con un Ministerio Público en crisis, será importante contar con jueces probos y capaces en los casos más importantes de corrupción. Y ello dependerá de lo que ocurra este jueves.

(Columna publicada en Exitosa Diario el 30.11.2014)

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ROBERTO GOMEZ BOLAÑOS (1929 – 2014)

Hoy partió la infancia de buena parte de América Latina.

No exagero. Un pequeño escritor de comerciales se transformó en el creador de personajes entrañables para, por lo menos, cuatro generaciones de televidentes en América Latina.

Si bien sus modos de lenguaje eran netamente mexicanos, Gómez Bolaños supo trascender a lo local a través de personajes que, para quienes habitamos al sur de Estados Unidos, eran bastante familiares.

Solo una persona que tenía el don particular del humor fino podría habernos hecho reir con las peripecias de un niño huérfano y pobre que vivía en una vecindad latinoamericana de clase media baja, prácticamente de arrimado, oculto en un barril. A aquel infante humilde de ocho años lo acompañó de personajes que fueron un arquetipo: el vecino deudor de renta que es un auténtico mil oficios, madre e hijo que sufren la pérdida del jefe de familia marinero y que añoran una posición mejor, niña chillona convertida en la auténtica palomilla de barrio, solterona misteriosa y algo amargada a la que le cae bien la chapa de bruja, docente de escuela perdidamente enamorado e irremediablemente loser frente a sus alumnos, bonachón casero millonario que es víctima de las bromas más duras de todos sus inquilinos.

Fue la misma mente que pudo hacer de un torpe chapulín un héroe atemporal, al que ponía tanto en la actualidad setentera, como en el viejo oeste, la Segunda Guerra Mundial o como parte de un entrañable especial sobre varias de las mejores películas de la historia del cine.  O a un viejecito médico, lleno de tics, en el sinónimo de aquellos ancianos cascarrabias que te hacen reir. O a dos orates inofensivos pronunciar los diálogos más delirantes.

O la que, junto con su niño humilde, fue su creación más compleja: dos delincuentes torpes a los que poco a poco fue rehabilitando, la esposa de uno de ellos convertida en la creadora de frases cliché más recordadas en América Latina, un policía enamorado de una prostituta, acompañados por un jefe de dependencia policial o el dueño de un hotel.

Justamente, por los rasgos de sus personajes y, por supuesto, por el talento del extraordinario equipo de actores que pudo reclutar junto a él, que pudo legar grandes personajes al humor latinoamericano. Fue el rostro más amable, a su vez, de aquel imperio mediático llamado Televisa. Y, sobre todo, fue un magnífico escritor en el género más difícil de ejecutar.

Buenas noches, don Roberto. Buenas noches, vecindad.

COALICIONES DE INDEPENDIENTES

Este ha sido un año en el que los gobiernos subnacionales – regionales y municipales – han constituido uno de los ejes centrales de la discusión pública. No solo por el proceso electoral del 5 de octubre (y que, en algunas regiones, tendrá una segunda vuelta), sino también por los casos de corrupción que involucran a varios presidentes regionales, hechos que han evidenciado tanto problemas en los mecanismos de control, como la forma en la que se viene haciendo política en torno a estos niveles del Estado.

Mauricio Zavaleta acaba de publicar Coaliciones de Independientes (Lima, IEP, 2014), texto que considero fundamental para dar respuesta a una pregunta que viene rondando en la cabeza de los científicos sociales – especialmente, los politólogos – desde hace algunos años. Si el Perú no tiene un sistema de partidos consolidado (o se discute su propia existencia), ¿cuáles son las organizaciones políticas realmente existentes en el país, sobre todo, en los niveles regionales y municipales?

Sin perder la rigurosidad académica y contando con una metodología clara, Zavaleta nos presenta una hipótesis constatable en la realidad. En nuestro país, la política regional y local se articula a través de coaliciones poco estables de políticos para un fin exclusivo: acceder a un cargo público. No existe una línea programática e ideológica entre ellos y lo que los hermana es la capacidad de poder obtener recursos y/o reducir costos para poder afrontar con éxito las campañas políticas.

Prima la presencia de un líder carísmático capaz de articular un emprendimiento político, candidatos atractivos en las diversas provincias, operadores bajo alquiler (que varía dependiendo de la región o del tamaño de la circunscripción), empresas (generalmente vinculadas a los líderes de estas coaliciones) que aportan la logística económica y medios de comunicación (sobre todo radios) para difundir sus mensajes, sean propuestas o contracampañas contra sus opositores.

¿Existen excepciones a esta regla? Sí. Zavaleta da cuenta de la existencia de algunas agrupaciones en determinadas regiones que tienen un nivel algo más alto de sofisticación por determinadas circunstancias. Sea por la poca comunicación intrarregional (Nueva Amazonía en San Martín) o por la presencia de un partido nacional fuerte (Alianza Para el Progreso en La Libertad como alternativa al APRA), se cuenta con mayores incentivos para contar con organizaciones algo más duraderas. Sin embargo, el autor no se arriesga en llamarlos partidos consolidados, debido a que cuentan con importantes limitaciones tanto para dar un paso más allá en lo nacional, como por la dependencia de un líder carismático que no tiene posibles reemplazos.

¿Dónde se encuentra lo más valioso de la publicación? Creo yo que existen varios méritos. Uno es el ya anotado por Eduardo Dargent: Coaliciones de Independientes logra darle nombre, forma y descripción a un fenómeno que sólo veíamos fragmentariamente o a través de otras categorías. Finalmente se cuenta con un concepto a través del cual podemos definir, en términos reales, cómo se hace política en el Perú a nivel subnacional. Y ojo, no solo a ese nivel. Al final del libro Zavaleta da cuenta sobre cómo los líderes de estas coaliciones – sobre todo, los que quedaron en segundo lugar – son vistos como atractivos por los partidos (o membretes) nacionales, con miras a armar las listas al Congreso en todo el país. Veamos nomás como se conformaron las listas parlamentarias del Partido Nacionalista, Fuerza Popular o Perú Posible y varios nombres que aparecen en esta publicación se repiten.

En segundo lugar, nos da cuenta sobre los retos para los partidos nacionales o que desean tener mayor capacidad de organización. Zavaleta no solo cuenta casos “exitosos”, sino también muestra como aún resulta difícil construir una institución partidaria nacional a partir de movimientos o coaliciones regionales. El caso del Partido Democrático Fuerza Social es el mayor ejemplo que aún no se logra esa conjunción y que, por el momento, este tipo de liderazgos no pueden dar el salto hacia la cancha nacional en forma independiente. Y lo mismo ocurre con aquellas agrupaciones con mayor capacidad de organización en Lima que no pueden ganar en el interior del país.

Finalmente, y aunque no es el tema del libro de Zavaleta, el panorama presentado nos muestra cuáles son algunas de las causas que nos han llevado a casos como los de César Álvarez. La respuesta no solo se encuentra en la carencia de controles institucionales, las fallas en el sistema de justicia o la codicia de autoridades y empresarios por hacer negocios a costa del erario nacional. También se produce porque existen fuertes incentivos para no tener organizaciones consolidadas: dos operadores, un par de programas de radio, una fuerte inversión empresarial y la inexistencia de una idea fija de nación o región en estas agrupaciones lleva, literalmente, a cualquier persona a tentar cargos importantes, con literalmente cualquier interés financiando la campaña y con cualquier periodista alquilando su posición política al mejor postor.

El autor cumple, finalmente, en describirnos los síntomas. Queda en manos de nosotros idear las soluciones. Estamos ante un trabajo imprescindible para entender la política peruana de hoy.

EL SAINETE DE LOS FUJIMORI

Esta semana Alberto Fujimori ha vuelto a estar en boca de todo el mundo. Vayamos por partes para entender lo que, a todas luces, es una clara muestra de humor involuntario tanto producido por él como por su partido. La misma que, además, puede tener repercusiones sobre el futuro político de Fuerza Popular.

El viernes pasado, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema decidió confirmar la resolución que denegaba el arresto domiciliario al reo de Barbadillo. El motivo era claro: no existe la prisión domiciliaria para personas que se encuentran sentenciadas.

El domingo, provocadoramente, Rosa María Palacios se preguntaba lo siguiente en su columna:

Si los fujimoristas quieren que Fujimori cumpla su condena en casa, lo primero que tienen que hacer es presentar y debatir la modificación de la ley penal. ¿Por qué no lo hacen? He ahí el misterio. Sería muy fácil, con la cantidad de votos que tiene hoy el fujimorismo en el Congreso (y que tuvo en el Congreso pasado), aprobar una ley en la que todos los presos mayores de 75 años –cuya falta de peligrosidad social puede ser garantizada y su estado de salud lo amerite– puedan solicitar arresto domiciliario.

Al día siguiente, Fujimori sufría una nueva derrota. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por Javier Villa Stein, decidió declarar improcedente el recurso de revisión de la sentencia que condena al exautócrata a 25 años de prisión. ¿La razón? No se presentaron pruebas nuevas que ameriten que una resolución impecable pueda ser revisada nuevamente.

Ayer, William Paco Castillo, abogado del autócrata, fue al programa de Palacios, quien le hizo la pregunta sobre el tema legislativo en torno a la prisión domiciliaria. Castillo dijo que tenía un proyecto de Ley listo y, entusiastamente, vía Twitter (y luego, vía telefónica), la congresista Leila Chihuán señaló que acogería el mismo para ser sometido a consideración de la bancada.

Durante el día, se armó la polémica. En redes sociales, varios usuarios se manifestaron en contra de cualquier concesión que suponga, por más genérica que sea, cualquier tipo de salida de Fujimori de la prisión (dorada) que tiene. Asimismo, parlamentarios de otras bancadas, como Mauricio Mulder, se mostraron en contra de “una norma con nombre propia”. Mientras tanto, en el fujimorismo, Luisa María Cuculiza estaba entusiasta con la propuesta, mientras que Pedro Spadaro y Julio Gagó se mostraban más cautelosos.

Hoy en la mañana, la cuestión volvió a fojas cero. En Exitosa, Carlos Tubino anunció que no se presentaría ningún proyecto sobre prisión domiciliaria para condenados adultos mayores, respetando una decisión “tomada por la familia” y comunicada ayer en reunión de bancada, en la que estuvo presente Keiko Fujimori. A los pocos minutos, en la misma emisora, Cuculiza continuaba entusiasta con la propuesta legislativa, pero una vez que RMP le dijo que ya había un acuerdo de bancada (a cuya reunión la exalcaldesa de San Borja no había acudido), dijo que se debía “respetar lo decidido”. Ya a esa altura del día, solo quedaba soltar la carcajada.

Al mediodía, Alberto Fujimori envío vía Twitter uno de sus famosos mensajes. Casi un homenaje a Camilo Sesto:

Parece que no le habían comunicado al “líder histórico” de Fuerza Popular la decisión tomada en la bancada.

Para completar la figura, Kenji, esta tarde, se mandó con el siguiente mensaje:

Pido q no se siga jugando c las expectativas y salud d mi padre: a nuestros rivales politicos y a quienes no siendolo fungen d tontos utiles

A esta altura del día, solo quedan dos hipótesis, no contradictorias entre sí: a) los Fujimori Higuchi no quieren hacerle caso al abogado de su padre, quien claramente es el principal vocero público de una corriente “albertista”; y b) los líderes de Fuerza Popular quieren tener, claramente, como “victima” a su “líder histórico” para la campaña de 2016. Sumen a ello que cada fin de año siempre el fujimorismo busca la liberación del autócrata y tenemos el circo completo.

LA PISTA DE RIVERA IDROGO

Juan Carlos Rivera Idrogo, conocido en el entorno de la campaña nacionalista del 2011 como “Chocherin”, ha resultado una caja de Pandora. Resumamos, hasta el momento, que es lo que se ha descubierto sobre él y cuáles son las líneas de investigación en la que se debería incidir.

LA CAMPAÑA

Rivera Idrogo ha sido aportante a la campaña de Humala en el 2011. Pero no fue su única función. Según correos mostrados por Panorama, se encargaba de planificar todo lo concerniente a la pauta publicitaria de Gana Perú durante dicho proceso electoral.  Para ello, usó la empresa Imacom Perú.

Y ya en el gobierno, como recuerda Utero.pe:

en el 2012, la periodista Zarella Sierra publicó en Perú21 que la empresa Imacom ganó en con­sorcio una licitación por 7 millones 887 mil 834 soles del Banco de la Nación, en un polémico concurso que se anu­ló porque la empresa presentó facturas falsas.

Así, una primera línea a investigar se ubica en los vínculos pasados y presentes de Rivera Idrogo con el entorno que estuvo presente en la campaña electoral y si el mismo le permitió obtener uno o más contratos con el Estado.

ANTALSIS

En el 2012, “Chocherín” se convirtió en el gerente de Antalsis, reemplazando a Rodrigo Arosemena. Como sabemos, Martín Belaúnde Lossio enviaba correos sobre obras vinculadas a esta empresa a distintas autoridades de algunos gobiernos regionales. Peor aún, la compañía de capitales españoles no ha cumplido con la ejecución de algunas obras y varios de sus contratos fueron resueltos por estos incumplimientos. Hasta aquí, la cuestión ya complica bastante a Rivera Idrogo, quien probablemente sea incluido en las indagaciones sobre el caso Belaúnde Lossio, pero un dato presentado ayer puede ser el hilo de la madeja de un caso mayor.

LAS VISITAS A LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL DE LA PCM

Ayer Utero.pe señaló que Rivera Idrogo visitó Palacio de Gobierno 33 veces. Pero no iba precisamente a hablar con Ollanta y Nadine, sino a la Oficina Central de Comunicación Social de la Presidencia del Consejo de Ministros (que funciona en una de las alas de la sede presidencial). Varias de las reuniones son autorizadas por la jefa de esta unidad, Blanca Rosales, quien también estuvo coordinando varias labores vinculadas a prensa durante la campaña presidencial de 2011. El otro dato importante es que:

se puede observar que Rivera Ydrogo sostuvo varias reuniones con la asesora legal de la Oficina General de Comunicación Social, Claudia Sánchez. Con ella tuvo sus dos últimas visitas consecutivas registradas, el 12 y 13 de agosto del presente año.

La Oficina Central de Comunicación Social de PCM es la encargada de delinear las políticas informativas del Poder Ejecutivo y de ver las líneas matrices de la publicidad de los Ministerios y la Presidencia de la República. Se trata de una unidad bastante delicada y que, ojo, ya ha merecido cierta lupa en el pasado. Hace un año, Francesca García contaba en Velaverde lo siguiente sobre el peso político de Blanca Rosales:

Blanca Rosales, jefa de la Oficina General de Comunicación Social de Palacio de Gobierno, administra el presupuesto para publicidad, campañas masivas y estrategia de comunicación a través de los medios del Estado. “Es el puesto anhelado”, comentó una persona de Palacio, aludiendo a la gran cantidad de fondos destinados a ese fin. La influencia de Rosales –mujer de confianza desde la campaña electoral de Humala y Heredia– llega a la secretaría de prensa de Palacio de Gobierno, la agencia Andina, el diario oficial El Peruano y TVPerú. Málaga, señalan otras fuentes, decidió quedarse en el cargo luego de la anuencia de Rosales y le habría solicitado consejo cuando fue citada el 17 de abril al Congreso para responder sobre las transmisiones de Canal 7 de las actividades de la primera dama.

Rosales ha quedado como la mujer fuerte de las comunicaciones del Ejecutivo y Sánchez es su principal apoyo legal y también administrativo. Esta última funcionaria, hasta el momento, no ha dado explicaciones sobre las reuniones sostenidas con Rivera Idrogo. Sin embargo, la OGCS tiene ya una versión oficial sobre el tema. Vía El Comercio:

Este Diario consultó fuentes del Ejecutivo sobre cuál era el motivo por el que Ydrogo acudía a esta oficina. Según dijeron –sin entrar en detalles–, él era el enlace entre algunas agencias de publicidad y el gobierno. “Venía a presentar sus ofertas de publicidad”, se señaló.

Sin embargo, otras fuentes señalaron que periódicamente Blanca Rosales convocaba a los jefes de comunicación de diversos ministerios y entidades del Estado para reunirse con Rivera Ydrogo y definir las estrategias de imagen de sus respectivas oficinas.

Rivera, quien fue uno de los financistas de la campaña presidencial de Ollanta Humala, habría sido el principal vendedor de la empresa Central Media S.A.C. y entre sus clientes tenía al Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y otros organismos del Estado.

Rosales reconoció que Central Media S.A.C. es una de varias empresas de publicidad con las que contrata la Oficina de Comunicación Social del Gobierno.

Y he aquí un tema por indagar. Dado que se ha reconocido que Central Media es una de las empresas con las que se contrata para la comunicación estatal, la pregunta a dilucidar es si esto se debió a la cercanía de Rivera Idrogo con el entorno de la campaña electoral de 2011 o si compitió limpiamente. Dato adicional: Central Media también hizo la “Elaboración del Resumen Ejecutivo del Plan de Medios y detalles de la Pauta de Publicidad para la Difusión en los diversos Medios de Comunicación” para el Congreso de la República, durante la gestión de Víctor Isla. La recepción de la orden de pago fue firmada por Rivera Idrogo.

Finalmente, otro tema a aclarar es la denuncia hecha por el consultor en comunicación institucional Juan Carlos Ruiz en su columna en Exitosa Diario, hace algunas semanas:

Se trataría de un verdade­ro faenón publicitario, cuyos montos lo convierten en el más grande de nuestra historia repu­blicana. Supongamos que este gobierno haya invertido en pu­blicidad una suma que superaría los S/. 1,000 millones desde 2011. Supongamos que los medios de prensa beneficiados hayan de­vuelto en comisiones cerca del 20% de esta inversión, y que los operadores del gobierno hayan hecho un trato con las centrales de medios para recibir el 95% del retorno de inversión publicita­ria. Esto significa que existirían 190 millones de soles que andan dando vueltas por allí.

Así, la Oficina Central de Comunicación Social de la PCM, que ya ha anunciado que pedirá una auditoría sobre todos los contratos de publicidad estatal, tendrá varios temas por explicar en los siguientes días.

(Foto: Utero.pe, captura de pantalla de Panorama)

VILLA STEIN DESATADO

Durante varios años, el magistrado supremo Javier Villa Stein ha tenido expresiones agraviantes en contra de las organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos.  No vamos a repetir aquí las mismas, pero quizás sí sea necesario expresar al público lector de este blog las razones por las cuales existe esta situación.

En primer lugar, desde que el señor Villa Stein asumió como magistrado supremo (hace 10 años) se cuestionó que, en sus opiniones como abogado, tuviera interpretaciones jurídicas que favorecían a los procesados y sentenciados por corrupción que pertenecían a la organización criminal encabezada por Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. En general, el magistrado ha tenido interpretaciones jurídicas bastante sui generis.

Por ejemplo, cuando le tocó revisar la sentencia sobre el caso de la cúpula de Sendero Luminoso, se inclinaba por la tesis de la coautoría antes que por la autoría mediata en el caso de Abimael Guzmán, pese a que esta última describía mejor el tipo de organización que era Sendero Luminoso.

Y en los casos de corrupción, el Instituto de Defensa Legal ha indicado lo siguiente:

i) Villa Stein ha tenido más de un fallo cuestionable en materia de lucha contra la corrupción.
a. La excepción en el proceso de Firmas Falsas de Perú 2000, “donde pese a existir indicios de irregularidades, se ratificó el fallo de la Sala de Delitos Tributarios Aduaneros (creado por Montesinos)”, indicando que el plazo para presentar el recurso de excepción estaba vencido, a pesar de existir argumentos materiales sobre la ilicitud del fallo (de la Sala de Delitos Aduaneros), que se termina corroborando.
b. La sentencia del caso de Absalón Vásquez, donde se declara nulo el fallo de primera instancia (1era Sala Anticorrupción), por un “confuso” tema de competencia de salas. Así, se anula lo avanzado.
c. Los beneficios penitenciarios en el caso de la semilibertad de Ernesto Gamarra, promoviendo la excarcelación ilegal al adoptar un criterio diferente al señalado por el Tribunal Constitucional.
d. La excepción en el proceso a Dionisio Romero, donde se pasa el caso a la Sala C (similar a “b”).

En segundo lugar, porque el señor Villa Stein ya ha tenido una actuación judicial favorable a los miembros del Destacamento Colina. Como recordarán, en 2012, la sala presidida por este magistrado conoció la apelación del caso Barrios Altos y alli redujo la pena a los miembros de Colina, con argumentos jurídicos bastante endebles. Tanto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que dicho fallo vulneraba la obligación del Estado peruano de investigar y sancionar los casos vinculados a dicho grupo militar y, con ello, la Corte Suprema de Justicia se vio obligada a anular una sentencia que entrará a la historia no precisamente por sus aportes jurídicos.

Estas son las dos razones centrales – en realidad, hay más – por las que el señor Villa Stein enuncia la palabra caviar cada vez que puede o se refiere en términos peyorativos utilizados tanto por los fujimoristas como por aquellos que intentan soslayar cualquier crimen cometido por agentes del Estado en el marco de la lucha contra el terrorismo. Estas expresiones le han valido varias recusaciones que él, salvo alguna que otra excepción, junto a los miembros de su sala, han rechazado.

Ayer, en su cuenta en Twitter, el magistrado Villa Stein retuiteó frenéticamente a un conjunto de usuarios en Twitter conocidos por sus insultos a quienes no piensan como ellos. Es decir, conocidos por un fujimorismo tan ramplon que la propia Keiko se sonrojaría con las expresiones vertidas por algunos de ellos. Y el motivo de los retuits era el respaldo que estos usuarios le daban a Villa Stein, en vísperas del inicio del proceso para la revisión de sentencia de Alberto Fujimori por violaciones a los derechos humanos. Para completar la figura, cuando la periodista Rosa María Palacios comenzó a indagar, recibió una andanada de insultos de los mismos usuarios a los que el juez supremo retuiteó con entusiasmo. Y hoy el señor Villa Stein le confirmó a la productora de Palacios en Exitosa que, en efecto, esta es su cuenta.

Es conocido por todos que el señor Villa Stein tiene discrepancias jurídicas con el fallo emitido, hace 5 años, por los magistrados San Martín, Prado Saldarriaga y Príncipe Trujillo, el cual fuera confirmado por otra sala de la Corte Suprema en su integridad. También es conocido que, en un país normal, una revisión de sentencia se hace por nuevos hechos o pruebas, los mismos que no han sido presentados por el señor William Paco Castillo, abogado de Fujimori.  Y dados los antecedentes del magistrado supremo, por ello se encienden las alarmas. Y si bien, en caso se diera por fundada la revisión de sentencia, es probable que el sistema interamericano nos obligue a retroceder, nuevamente volveríamos a ser el hazmerreir jurídico de América Latina.

Si algo de decoro le queda, el señor Villa Stein debería abstenerse de resolver este caso.

ACTUALIZACION (12:55 PM): No les quedó otra. Tan disparatado era el recurso presentado por William Paco Castillo que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por Villa Stein, declaró por unanimidad que el mismo era improcedente. Es decir, Fujimori se queda en prisión.  La pregunta es cómo le quedó el ojo a todos quienes ayer sobaban al magistrado.

(Foto: IDL-Reporteros)

ELECCIONES EN EL PODER JUDICIAL

Cada dos años, en diciembre, los jue­ces titulares eligen al presidente del Poder Judicial y a quienes encabezarán las Cortes Su­periores. El proceso es im­portante, dado que estas autoridades determinarán las políticas judiciales y la sala o juzgado donde estará cada juez del país.

Para la presidencia del PJ, donde votan los magistra­dos supremos, la elección se define en base a relaciones personales, correlaciones de fuerzas y a lo que se en­tienda por independencia judicial.

Este año, ha trascendido la presencia de cinco pre­candidatos. De ellos, tres han merecido alertas por su trayectoria. El primero de ellos es Vicente Walde Jáu­regui, magistrado que fuera retirado del Poder Judicial por el Consejo Nacional de la Magistratura, pues anuló una sentencia sobre temas tributarios que él mismo emitió. Pudo volver gracias a una controvertida resolu­ción del Tribunal Constitu­cional en 2010. En círculos judiciales, se comenta su cercanía al APRA. Según Infogob, postuló por este partido en 1980 a regidor en Jesús María.

Los otros dos postulantes a quienes se ha cuestiona­do son Víctor Ticona y Ana María Aranda. Como señaló Exitosa, ambos suscribieron una sentencia que permi­tió que Rodolfo Orellana se apropiara de un terreno en Lurín. Ticona aún no se pro­nuncia, mientras que Aran­da ha remarcado que, como jefa de Control Interno, in­vestigó a varios jueces que favorecieron al hoy encar­celado hombre de negocios.

Continuaremos la próxi­ma semana con los otros postulantes y lo que puede ocurrir en la Corte Superior de Justicia de Lima.

(Columna publicada en Exitosa Diario el 23.11.2014)

(Foto: Gestión)