LA CORREA DE CORREA

No cabe duda que nos encontramos en el mejor momento de las relaciones diplomáticas entre Perú y Ecuador. El acuerdo de paz suscrito en 1998 – y cuyo mérito, en la parte peruana, debe reconocerse a Fujimori, a pesar de sus crímenes – sumado a una visión de la Cancillería para mejorar este vínculo durante los gobiernos de Paniagua, Toledo, García y Humala han llevado a un punto en el que resulta normal las reuniones binacionales entre los ministros y presidentes de ambos país.

Sin embargo, hay cuestiones de principio en las que no se puede callar. Y una de ellas es la libertad de expresión. El presidente ecuatoriano Rafael Correa no ha sido precisamente el mayor defensor de la misma. Por el contrario, como indica un comunicado conjunto de tres instituciones vinculadas a la defensa de este derecho en nuestro país:

Dos recientes hechos inaceptables de esta escalada fueron sentencias arbitrarias y desproporcionadas emitidas por el Poder Judicial contra el diario El Universo y los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita. Las sentencias sólo se explican por una sujeción de las cortes al poder político. Por ejercer el periodismo crítico, el diario debía pagar 40 millones de dólares de compensación al mandatario ecuatoriano, y los periodistas dos millones, aparte de otras penalidades.

La abrumadora reacción de protesta internacional ha obligado al Presidente Correa a conceder la remisión de las condenas, una facultad del querellante en el sistema judicial ecuatoriano.

No obstante, continúa preocupándonos que, en ambos casos, las sentencias emitidas por la Corte Nacional de Justicia se mantengan vigentes y consoliden un atropello directo contra la libertad de prensa en el Ecuador.

No ha sido el único ataque a la libertad de expresión dado por el gobierno del señor Correa. La Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH ha consignado en sus informes anuales todas los ataques y atropellos que el gobierno ecuatoriano ha emprendido en contra de la libertad de expresión. Allí pueden revisarlos.

No es el único caso en el continente de atropellos contra este derecho. Hugo Chávez en Venezuela y Fidel y Raúl Castro en Cuba son los campeones regionales en materia de represión a voces que no comulgan con la suya. Claro, se trata de los gobiernos más autoritarios de América Latina.

Y, sin ir muy lejos, el legado del ex presidente Alan García, en esta materia, fue poco feliz La censura a las caricaturas de Piero Quijano, el cierre temporal de radio La Voz de Bagua, el penoso papel de la SUNAT en el caso Panamericana, intentos de amordazar a medios de comunicación electrónicos, el sospechoso indulto a Crousillat cuando éste quería “recuperar” América Televisión, los llamados a abrir blogs pro gubernamentales, cuadres presidenciales a reporteros que hacían preguntas incómodas, entre otros episodios que, si bien no nos pusieron al nivel de Cuba o Venezuela, sí implicaron limitaciones al ejercicio de un derecho que es necesario para la fiscalización en una democracia que se precie de serlo.

¿Ello implica que los periodistas tengan patente de corso para hacer lo que les da la gana? No. Como lo ha indicado la CIDH, las sanciones civiles son el remedio más efectivo frente a situaciones de difamación o injuria (y vaya que tenemos ejemplos brutos y achorados que hace rato merecerían una sanción por mentir e insultar tan impunemente). Y resulta necesario potenciar mecanismos como las defensorías del lector y el televidente, así como los propios tribunales de los gremios periodísticos. Pero ello no da tampoco derecho a los mandatarios para hacer lo que se les venga en gana. Como indica Mario Vargas Llosa:

Dicho esto, nadie puede negar que el periodismo, tanto en Ecuador como en el resto de América Latina, está lejos de ser siempre un dechado de probidad, templanza y objetividad. Desde luego que a veces sucumbe en el amarillismo, es decir, la exageración, la injuria y el libelo, y que un sistema judicial probo e independiente debería amparar a los ciudadanos contra estos excesos. Pero la decapitación no es el remedio más adecuado contra las neuralgias. La sanción contra El Universo de la Corte Nacional del Ecuador escandaliza, entre otras cosas, por su desproporción con la supuesta ofensa, y ese carácter desorbitado que luce es la mejor demostración de que no persigue desfacer un entuerto de que haya sido víctima una persona, sino que se trata de un acto político, encaminado a acabar de una vez por todas con esos pilares de la democracia que son la libertad de expresión y el derecho de crítica.

Quienes sabemos perfectamente lo que implica el dictado de una sentencia abusiva por parte de un magistrado subordinado al poder de turno – y en algunos casos, en forma tan descarada que hasta carnet partidario tenían – entendemos perfectamente lo que pasan los periodistas ecuatorianos. Y si bien, hasta el momento, el gobierno del presidente Ollanta Humala no ha dado muestras de restricciones a la libertad de expresión (cuestión que deberá mantener hasta el final de su mandato), no se puede callar ante la presencia de un personaje que ha atropellado un derecho fundamental para la democracia.

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ALGUNOS COMENTARIOS SOBRE LOS GESTORES DEL CONGRESO

Durante las últimas dos semanas, se ha comentado mucho acerca del programa Gestores para el Desarrollo Local, organizado por la Mesa Directiva del Congreso que preside el oficialista Daniel Abugattás.

Según explica Martín Hidalgo, periodista de La República, la iniciativa de marras buscaba apoyar a los 300 municipios más pobres del país, que no tenían capacidades para desarrollar proyectos y perfiles para la realización de obras o la contratación de servicios. Hasta allí, la iniciativa sonaba loable y un acercamiento a las necesidades de los ciudadanos con menos oportunidades en el Perú.

Pero el proyecto de marras tenía tres problemas. Veamos cada uno de ellos.

1. ¿Gestores en el Congreso? La primera pregunta que surgió con este programa es sí era constitucional o no. Como sabemos, los congresistas de la República tienen tres funciones centrales: legislar, fiscalizar y representar a los ciudadanos. Sobre una interpretación de esta última función es que la Mesa Directiva del Congreso, con Abugattás a la cabeza, es que se decidió crear el programa.

Pero lo cierto es que estas funciones parecen corresponder más al Poder Ejecutivo que al Legislativo. De hecho, Rosa María Palacios y Abugattás discutieron al respecto en una larga entrevista dada a La República hace un par de domingos. Peor aún, las explicaciones de Abugattás para justificar el programa no fueron las más felices, al hacer referencia a la necesidad de elevar la popularidad del Congreso y a que la separación de poderes en el Perú no funcionaba.

De hecho, el tema de fondo es definir los alcances y límites de la función de representación del Congreso. Como señala Juan de la Puente, esto resulta complicado porque el Congreso intenta legitimarse ante los ciudadanos y, a su vez, no tiene iniciativa de gasto y, más allá de mandar cartas a las autoridades, los parlamentarios no pueden hacer mucho más dentro del marco de la legislación actual. Esta situación genera, de un lado, altas expectativas y posterior frustración sobre lo que pueden hacer los congresistas y, de otro lado, desconocimiento generalizado sobre la función parlamentaria.

2. Sueldos y posible politización del programa. La segunda razón por la que el programa de Gestores le ha reventado en la cara a Abugattás es el manejo salarial y político de la iniciativa.  Por aquí es donde han venido la mayor cantidad de críticas, pues se han producido varios hechos que Hidalgo resumió bien hace algunos días:

En lo que respecta a los sueldos, las ex parlamentarias María Sumire de Conde, quien se presenta como abogada, y Juana Huancahuari Paúcar, como ingeniera agrónoma, están registradas en la categoría de Servicio Profesional SP-8M con un salario de S/. 6 mil 541. Aquí viene la primera irregularidad del programa.

Pues según el informe de Paredes Terry (Jorge Paredes Terry, Jefe de la Oficina Técnica de Apoyo a la Mesa Directiva, de Enlace con los Gobiernos Regionales y Locales, nota de DTP), las personas serían contratadas bajo el nivel ST-6 Y SP-7 que equivalen a S/. 4,275 y 5,284, respectivamente. Esto se puede observar en la siguiente lista.

Sin embargo, los sueldos más elevados se registran en los gestores provenientes del servicio parlamentario, como el extranjero Joseph Edward Crews, funcionario ubicado en el nivel SP-10, quien recibe un sueldo de S/ 10,012. Aunque estos mantuvieron el sueldo que ganaban en sus respectivas ocupaciones antes de pasar al programa.

Asimismo,  el caso de Juan Carlos Torres Figari quien cobraba 8,096 en el nivel SP-9M. Este último fue asesor de la congresista fujimorista Cecilia Chacón, y trabajó en el programa de gestores hasta la primera semana de febrero. Ahora labora en el despacho de Carlos Tubino. Es decir, la lista de 75 gestores también ha ido cambiando, unos entran y otros salen (ver lista actualizada).

(…)

Paredes Terry salió del programa tras viajar a Chilca a prometer un nuevo estudio ambiental para la construcción de una termoeléctrica. Mientras que Nancy Obregón salió por sus declaraciones políticas y las acusaciones que afronta en la fiscalía por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Estos dos casos obligaron a Daniel Abugattás a emitir una directiva donde advertía que cualquier gestor será removido de su cargo por realizar actos de proselitismo político. Un saludo a la bandera teniendo en cuenta que tanto Paredes Ferry como Obregón Peralta se mantienen en sus cargos de confianza en la Oficina Técnica de Apoyo y Enlace con los Gobiernos Locales y Regionales del Parlamento. Según fuentes, esto responde a que ambos tienen aspiraciones a llegar a una curul en el próximo Parlamento. Unas ambiciones políticas que, al parecer, son apañadas por el titular del Congreso.

De allí que hayan surgido las interpretaciones sobre las intenciones políticas de Abugattás sobre el programa de marras, en semanas en que se le ha voceado como posible reemplazo de Oscar Valdés en la Presidencia del Consejo de Ministros y en medio de las pugnas que enfrentan a ambos personajes en el seno del gobierno, con la mirada al techo de la pareja presidencial. Amen, claro, de las carreras políticas que algunos de los contratados bajo la iniciativa de Gestores quisieran desarrollar.

3. Transparencia: Ayer Javier Velásquez Quesquén se quejaba en todos los tonos de la falta de información sobre el programa de marras. Y el reportaje de Hidalgo ya citado mencionaba las carencias en materia de transparencia de las que adolecía el proyecto. Solo ante la bulla mediática, la Mesa Directiva del Congreso de la República ha soltado los documentos pertinentes.

Frente a ello, la oposición ha presentado una moción de censura a Abugattás, que, como bien reconoció Velásquez Quesquén, difícilmente prospere. Lo que probablemente ocurra es que el programa Gestores por el Desarrollo Local termine liquidado, como fórmula de transacción política.

Lo que también es cierto es que existen muchos gobiernos locales con deficiencias en el momento de presentar proyectos e iniciativas, por lo que es necesario un apoyo en la capacitación y formación de funcionarios. Pero a quien corresponde hacerlo es a la Presidencia del Consejo de Ministros y al Ministerio de Economía y Finanzas. El Congreso de la República deberá buscar nuevas formas de conectarse con los ciudadanos. Tal vez la principal, en este momento, sea explicarle a los ciudadanos que es lo que no puede hacer.

LA PELOTA SI SE MANCHA

Se ha escrito mucho sobre la crisis en el fútbol peruano. Hoy haremos énfasis en algunos aspectos puntuales.

El primer punto es el de las responsabilidades. Cuando se llega a tocar fondo de la forma en que ha caído el fútbol peruano, es señal de  que todos los actores involucrados en este negocio han fallado. Cada uno, claro, con cuotas mayores o menores de culpa de acuerdo a su situación. Pedro Ortiz Bisso ha resumido bien este punto en su blog Trinchera Crema:

Las culpas son compartidas. Sin embargo, echarle la mayor responsabilidad a la agremiación es un absurdo. En su cuota puede contarse que negociaron mal, no fueron flexibles, apañaron irregularidades -la firma de planillas sin cobrar- y convocaron a una huelga justa, pero sin cumplir los requisitos legales, razón por la cual los jugadores de San Martín, Vallejo y Unión Comercio están cerca de ser despedidos sin derecho a reclamo alguno.

Los principales culpables son los dirigentes, empezando con Manuel Burga, en este momento en Zúrich y no en la Videna, donde debería estar poniendo el pecho ante los problemas.

A él se suman los irresponsables que pese a dirigir clubes con obligaciones imposibles de cumplir o tener planillas impagas, siguen contratando jugadores. Han hecho del perro muerto un estilo de gerencia. ¿Manejarán así sus empresas o la economía de sus familias? Lo dudo mucho.

Tampoco se salvan algunos dirigentes que bajo la carátula de una supuesta seriedad han hecho poco por institucionalizar sus clubes (no basta con pagar sueldos al día), aprueban bases con puntos de conflicto o integran juntas directivas encabezadas por personajes de probada incapacidad.

No faltan en esta lista los jugadores que exigen sueldos millonarios sin base, dejan que pisoteen sus derechos y cuyo concepto de solidaridad solo aflora al momento de realizarse una huelga.

También un sector del periodismo deportivo, afín a los escandaletes y a una prédica inmediatista, farandulizado al extremo, al que más le interesa con quien se acuesta el Loco Vargas que reportear -y opinar- sobre los asuntos de fondo del balompié nacional.

Tienen su porción los socios de los clubes, vergonzosamente incapaces para organizarse y acabar con los malos manejos en sus instituciones y, finalmente, los hinchas, cuyo exclusivo interés en ver a su equipo campeón a toda costa ha impregnado de violencia lo que debería ser una fiesta deportiva, alejando al público de los estadios, así como a potenciales inversores.

Como vemos, esta es una crisis del sistema en el que opera el fútbol, en el que la arista más complicada es, en estos momentos, la económica. Lo que viene haciendo un grupo de hinchas de la U por su equipo, viendo formas de recaudar fondos para que el club no desaparezca, es loable. Pero no soluciona el tema de fondo. En Economía de los Mildemonios se da una solución que en la Videna y, sobre todo, en el Ministerio de Economía y Finanzas (ojo, Castilla), deberían tener en cuenta:

Tercero, ustedes hablen lo que quieran, peléense, métanse chaira.  Aquí el principal acreedor de los clubes es la Sunat. Y el problema es grave.  La deuda es tan grande y la capacidad actual de generación de ingresos es tan pequeña que si dejamos las cosas como están, los clubes terminarían pagando su deuda en más de 100 años.  O sea, ridículo.  La solución a esta situación necesariamente pasa por la Sunat.

Aunque en realidad no.  Cuando una entidad se declara en quiebra, es Indecopi la que formalmente interviene.  Así que la Sunat tiene que tomar la decisión de decirle a Indecopi que haga algo.  No obstante, Sunat tiene restricciones legales a las opciones que podría plantearse para reformar a los clubes.  Así que en realidad, mucho más práctico sería lo siguiente.

Que una entidad privada se compre la deuda.  Que vaya a Sunat y le pague lo que tal club le debe y de esa manera esa entidad pase a ser la principal acreedora.  De ahí va a Indecopi y el tipo de proceso que se puede llevar sería distinto.  No obstante, esto, por supuesto, significa que se estaría privatizando al club, algo a lo que muchos tienen mucha resistencia.

Pero un tercer punto que se olvida mucho es la institucionalidad del fútbol. ¿Cómo se ha manejado el fútbol en las últimas décadas? Fernando Tuesta lo ha explicado bien:

Hoy los clubes son de dos categorías. Unos son asociaciones deportivas que se han formado desde el barrio. Son los más antiguos y los de mayor hinchada como Alianza Lima, Universitario de Deportes, Sport Boys o los descendidos Municipal o Ciclista Lima. Están conformadas por un grupo pequeño de socios, que carecen de grandes beneficios y con pago de mensualidades muy bajas. Son básicamente estructuras informales. Los otros, más recientes, son sociedades anónimas. Muchas de ellas, relacionadas con universidades (San Martín, César Vallejo) o empresas (Sporting Cristal, Inti Gas). Su estructura es más formal, pero su convocatoria es menor.

Sin duda, el fútbol debe tener instituciones sólidas y no hay una fórmula mágica para ello. Hay sociedades anónimas quebradas y asociaciones que entregan el manejo del negocio a empresas con buen éxito. Por tanto, ninguna fórmula garantiza per se el éxito. Pero no se puede continuar con la figura de un club dirigido por un mecenas, sea asociación o sociedad anónima, del cual depende todo y que, como decía Pedro Ortiz, muchas veces maneja la economía -o a sus empleados, los jugadores – en forma que no lo haría con su empresa o su casa. Y debe romperse con la bicefalía entre Asociación y Federación que ha sido tan nociva para el deporte más popular del país.

Propuestas hay. Se han lanzado desde el Grupo Apoyo desde hace años y, más recientemente, el portal De Chalaca.com presentó una serie de reformas para este deporte, que también es un negocio. Quizás haber tocado fondo sirva para, ahora sí, hacer las reformas necesarias para que el deporte que muchos amamos sea, además de una diversión, una industria que rinda resultados económicos y deportivos.

BONUS TRACK: En una conversación que tuvimos ayer con Fernando Tuesta en La Mula, dedicamos las dos primeras partes a hablar de la crisis del fútbol peruano. Vean el programa completo:

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(Foto: Antonio Escalante – El Comercio)

CUESTION DE PULGAS

La Megacomisión investigadora de la gestión del expresidente Alan García comienza a agarrar carne. Durante las últimas semanas se han presentado varios elementos que permiten cuestionar la forma cómo se reconstruyeron los denominados “colegios emblemáticos”, nombre con el que AGP rebautizó a las Grandes Unidades Escolares levantadas, en su mayoría, durante el gobierno de Manuel A. Odría.

Estos indicios han llevado a que, de acuerdo a lo que informó diario16 ayer, se pida el levantamiento del secreto bancario y tributario de varios exfuncionarios del Ministerio de Educación, entre ellos, José Antonio Chang, amigo personal del doctor García.

Frente a dichos indicios, Alan respondió a los miembros de la megacomisión con las siguientes palabras: “Ir buscando pulgas, esto parece cacería de pulgas con fusiles. Que ese vidrio está con vapor, que debieron poner otro, que el suelo está medio rajadito, ¿eso es lo que descubren?”. Además de alusiones a la envidia por sus obras, varias de las cuales fueron inauguradas sin terminar al final de su mandato.

Ya que estamos en el ámbito educativo, cabría preguntar a los responsables de la educación peruana durante el segundo gobierno aprista sobre el proyecto OLPC, recordado hace un par de semanas por Marco Sifuentes. Una iniciativa que consistió en la adquisición de computadoras de 100 dólares (que costaban el doble y compradas sin pasar por el SNIP) que supuestamente mejorarían la educación (sin proyecto pedagógico de respaldo) y cuyas bondades fueron apadrinadas por “expertos independientes” (que pertenecían a la universidad del ciudadano Chang).

Mientras que el grupo de trabajo que preside Sergio Tejada podría indagar más sobre otras “pulgas” tales como: compras de patrulleros y de ambulancias, negocios a partir de la reconstrucción (incompleta) luego del terremoto de Pisco, uso de fondos del Seguro Integral de Salud para el censo nacional, contratación de publicidad estatal en un canal que tenía como directivo a un hijo del entonces titular de la PCM, pago de spots publicitarios en contra de los paros nacionales, líos en el Banco de Materiales, obras inconclusas, COFOPRI, estatuas donadas por una empresa brasilera y, claro, Petroaudios. Y eso que no incluimos intentos claros de impunidad como el Decreto Legislativo 1097.

No es un tema de envidia, doctor García, sino de investigar a los representantes de un partido que suscribió un Compromiso de Lucha contra la Corrupción para que votáramos por ellos en 2006. Por cierto, feliz día de la fraternidad.

(Columna publicada en Diario 16 el 23.02.2012)

MAS SOBRE EL TEMA:

Sergio Tejada le responde a Alan

Marisol Pérez Tello: No hay persecución contra García y las “pulgas” hay que sacarlas

Alberto Massa también recuerda el lío del proyecto OLPC

¿QUE HACEMOS CON CHALLAPALCA?

Luego de la fuga de 17 presos del penal de Challapalca (frontera de Puno y Tacna), de los que han sido recapturados ya 6, el debate sobre qué hacer sobre este penal se ha puesto sobre la mesa. Glatzer Tuesta de Ideele Radio le preguntó hoy al presidente del Poder Judicial al respecto y esto fue lo que contestó San Martín:

El tema de cárcel segura al 100% no existe, siempre hay que trabajar constantemente y con inteligencia para ir mejorando los sistemas de seguridad, eso en cualquier cárcel del mundo. No se trata de decir cierro una cárcel, yo pregunto ¿dónde van esos presos? Es muy fácil decir cierro, pero en un país donde tenemos una cobertura sistemáticamente, estructuralmente insuficiente de cobertura penitenciaria, es por decir una locura o un absurdo pensar en cerrarse, hay que abrir más cárceles y mejores”.

Esta vez me permito discrepar, en parte, de lo expresado por el titular del Poder Judicial. Challapalca es un penal que ha tenido severos problemas desde su construcción y puesta al servicio penitenciario en 1996. De hecho, en 2003, la CVR recogió lo que decía la Defensoría del Pueblo en torno al penal:

La reclusión en el penal de Challapalca, en función de sus características estructurales (geografía, clima, infraestructura, deficiencia de servicios básicos, aislamiento, debilidad del control sobre la administración penitenciaria), constituye en sí misma un trato inhumano y degradante incompatible con la dignidad, derecho a la integridad y a la salud de las personas. En tal sentido, el funcionamiento del penal no es compatible con la obligación constitucional del Estado de garantizar el derecho de las personas privadas de libertad a contar con establecimientos penitenciarios adecuados previsto en el artículo 139 inciso 21 de la Constitución.

La situación no ha variado mucho, según comenta Álvarez Rodrich:

Ahí, para cuidar a 129 reos, se cuenta con solo trece agentes. Las condiciones y la infraestructura son lamentables: los alimentos llegan tarde, los uniformes no son para ese frío, el motor para la iluminación interna y externa casi nunca se usa, y no hay sistemas de comunicación.

Para completar este cuadro desastroso, luego de la fuga de los reos, los agentes del INPE no pudieron seguirlos porque –no podía ser para menos– este penal no tiene vehículos.

Por tanto, sostener que Challapalca debe mantenerse abierto, a esta altura, termina siendo un contrasentido para cualquier política penitenciaria de un país civilizado. Y claro, habría que preguntarse porque el gobierno aprista reabrió, en 2007, una cárcel que ya había sido cerrada hace algunos años por este tipo de problemas.

En lo que sí coincido con San Martín es en el pedido de construcción de más y mejores penales. Lo que ciertamente es una medida impopular. En el Perú, el preso es considerado como alguien que pierde todos sus derechos al delinquir, cuando sólo debe ser privado de la libertad. Nadie pide que todos los presos tengan cárceles al estilo Fujimori, pero sí que tengan condiciones mínimas de dignidad, seguridad y, para aquellos que así lo quisieran, oportunidades para su resocialización.

Y eso, aunque a muchos les suene chocante, también es inclusión social.

EL PODER DE CASTILLA

Ayer, El Comercio presentó su nuevo suplemento dominical Portafolio Económico. Y la nota principal del nuevo suplemento fue un perfil elaborado por Luis Davelouis sobre el poder del ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla.

A estas alturas del partido, Castilla ha pasado a ser uno de los personajes más importantes del actual gobierno. De acuerdo con la revista Correo Semanal, Castilla tiene una cercana relación de trabajo con la esposa del Presidente de la República. De hecho, Davelouis presenta algunas versiones de gente cercana a Palacio de Gobierno acerca de su vínculo con la pareja presidencial:

“Castilla es muy concesivo con la pareja, muy didáctico y de formas muy pedagógicas, y nunca choca frontalmente con el presidente o su esposa; es una relación de aparente genuflexión, pero les da por su lado”, nos comentó un empresario con acceso de primera mano a esta información. “Le da clases de economía a Nadine quien, por ser más sofisticada y preparada en términos académicos que el presidente, es su traductora oficial; ella es la que tiene que entender”, agregó.

¿Por qué llegó alguien como Castilla al MEF, en un gobierno que no precisamente se identificaba con el libre mercado? Una posible hipótesis se encuentra en su tesis de doctorado, vinculada al manejo económico en tiempos de crisis política y social, a las que el Perú no es ajeno. Otra visión la presentó Salomón Lerner Ghitis, en una entrevista con la revista Poder, cuando aún era Presidente del Consejo de Ministros:

La decisión partió de la idea de que debía haber un equilibrio entre lo social y lo económico, y que el mensaje debía quedar muy claro. Necesitábamos personas que, con claridad, tuviesen un posicionamiento de que se iba a continuar con lo que el modelo estaba dando como frutos, el crecimiento económico, y complementarlo con lo que es cambiar ese crecimiento hacia un desarrollo con mejor calidad de vida para todos.

¿Y cómo fue ganando poder el titular del MEF? Además del peso específico que ha tenido dicha cartera en los últimos 20 años, Castilla se ha ido posicionando como alguien que puede darle solvencia técnica a las medidas presidenciales: desde Pensión 65 hasta la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. De hecho, como señaló Poder hace algunos meses, en este último punto, le ganó el pulseo a Kurt Burneo.

Otro punto que le granjeó las simpatías de Palacio de Gobierno es su conocimiento del mundo económico y empresarial con el que, salvo Siomi, los Humala no habían tenido mayor contacto. Recordemos que, durante la campaña electoral, buena parte de los gremios empresariales hicieron campaña abierta en contra de Humala. Y ello, obviamente, incentivó los prejuicios que él y parte de su entonces equipo tenían hacia los empresarios – porque no distinguen que “hay empresaurios y empresarios” -. Una anécdota contada por Davelouis en su reportaje lo refleja:

Un día, en una reunión con profesionales, técnicos e inversionistas, Humala soltó un “claro que estoy de acuerdo con las concesiones, pero bien hechas, no como el Aeropuerto Jorge Chávez”. De inmediato, uno de los presentes le explicó que el administrador del terminal, LAP, generaba más del 50% de los ingresos de Córpac y que, de hecho, es un caso de éxito en la región pese a todos los inconvenientes y enmiendas al contrato original. Antes de que terminara la explicación, Humala se volvió hacia Manuel Dammert, su asesor en ese momento, como diciendo: “me has hecho quedar como un idiota”. Es difícil pensar en Humala como alguien tolerante a que lo dejen mal parado.

Alguna vez alguien me preguntó: “¿y por qué sería bueno que un Ministro de Economía sea un “ortodoxo”?” Y mi respuesta fue bien simple: “Porque en tiempos de inestabilidad internacional se requiere a alguien que sepa controlar bien la caja fiscal”. Y la repregunta: “Pero con ellos el Estado seguirá siendo capturado por los grupos económicos de poder”. El problema está en que mientras el Perú siga siendo el país desinstitucionalizado que es, lo podrán capturar desde el narcotráfico hasta una empresa, sea la orientación que tenga ésta. El rollo, creo yo, no va por las personas, sino por las instituciones.

Y quizás por eso es que Castilla ha tenido que tragarse el sapo monumental del contrato entre Petroperú y PDVSA, la empresa estatal petrolera venezolana. Un contrato que han cuestionado desde Carlos Herrera Descalzi hasta el amigo Mildemonios, quienes generalmente no coinciden en temas de orientación económica. Como vemos, Castilla puede ser flexible, incluso hasta extremos bastante criticables. Para que el amigo que me hizo la pregunta arriba referida pueda ver que el “ortodoxo” es más plástico de lo que uno piensa.

Finalmente, un tema de agenda que Castilla ha puesto en la mesa es el rol que su ministerio deberá jugar en los siguientes años. Ha mencionado: al MEF le hace falta hacer más economía. Ello a raíz de la presentación de la Agenda de Competitividad que ayer AAR ha comentado in extenso. Y he aquí un reto especial. Desde que mi generación tiene uso de razón, el titular del MEF ha sido visto como un cajero malo que a todo le dice No. Y, en algunos casos, va a tenerse que mantener así. Pero sí es necesario que el MEF deje esa imagen para pasar a ser el ente rector de la política económica y no el cuco de todos los demás ministerios. Si Castilla usa su ganado poder para ello, en buena hora.

LAS ENCRUCIJADAS DE CONGA

Coincido con Augusto Álvarez Rodrich cuando señala que, a esta altura del partido, lo más optimista que se puede señalar alrededor del proyecto Conga es que su desentrampamiento va a demorar mucho más de lo que se tenía previsto en el esquema del gobierno y de la empresa. Y ello se debe a que todos los actores han terminado en varias encrucijadas que, por ahora, hacen que el proyecto, tal cual está, no sea viable.

LAS POSICIONES ENCONTRADAS DEL GOBIERNO

Mucho se ha hablado del estilo del Presidente del Consejo de Ministros, Oscar Valdés, en torno a este tema. En medio de varias versiones sobre su posible salida en unos meses, Valdés ha optado por volver a la senda del diálogo, pero en sus términos. Asimismo, su posición dura hace que, desde Cajamarca, su figura sea simbólica de lo que se considera una posición “pro Yanacocha” dentro del gobierno.

Para complicarle más la vida, Valdés ha tenido que soportar las discrepancias dentro de Gana Perú en torno al proyecto. Desde los congresistas que se adhirieron a la Marcha del Agua – aún a costa que los miren mal desde Palacio – hasta un locuaz Daniel Abugattás, quien ayer se sumó a las críticas sobre las malas relaciones que ha tenido Yanacocha con sus vecinos (aunque, curiosamente, el Presidente del Congreso trata a Doe Run con agua tibia).

El problema mayor para el gobierno es que ha convertido a Conga en un símbolo. Para los opositores al proyecto, si el proyecto va, sería una traición a sus votantes. Para quienes lo apoyan, en que con ello Humala se convertirá, finalmente, en un garante de la inversión privada. De allí que AAR le sugiera que, con el escenario adverso actual, Humala deba poner otros proyectos en cartera que sean más viables y que permitan mantener la imagen y la realidad de un país abierto a la inversión privada.

LA RADICALIZACION EN CAJAMARCA

Por su parte, Gregorio Santos ha optado por la demanda radical. Con Wilfredo Saavedra en perfil más bajo, el presidente regional de Cajamarca ha tomado posicionamiento como líder de las protestas en la región y, además de rechazar a los peritos nombrados por el gobierno para evaluar parte del proyecto, se ha despachado con estas declaraciones sobre su seguridad:

“No puedo dar garantías de algo en lo que yo no he participado. Eso les corresponde decir a las comunidades, porque nadie ha convocado a nadie allí”.

¿Por qué Santos ha terminado asumiendo este tipo de liderazgo? Carlos Meléndez describió hace algunas semanas el por qué de este viraje:

Ha logrado encabezar la movilización social local desde un cargo elegido, así que se apoya en la legitimidad de las urnas. Si bien es cierto que tiene antecedentes de moderación (su participación como mediador en un conflicto en La Zanja hace unos años fue vital para evitar el escalamiento), la existencia de voces más radicales (por ejemplo, Wilfredo Saavedra) le obligan a no ceder posiciones frente al Humala-Conga-Va. Su equilibrio es milimétrico, pero suficiente para convertirse al menos temporalmente en la expresión de la dignidad regional cajamarquina.

El problema es que Santos – que al fin y al cabo es un político y que, finalmente, puede negociar – es solo la cara visible de un movimiento más complejo y en el que lo pueden afectar radicalismos que se salen de control. La muestra más clara es lo que pasa en Celendín, donde INFOS ha denunciado las amenazas contra los periodistas que cubren el conflicto minero sin tomar partido a favor de quienes protestan en contra de Yanacocha. Ojo con ello.

El problema, como insistiremos más adelante, es que quienes protestan tampoco tienen una alternativa de desarrollo para Cajamarca. Si al Estado se le critica que sólo piense en la minería como vía de obtención de recursos, en el otro lado también se pueden anotar fallas. Como indica Martín Tanaka:

Al respecto resulta muy útil el texto de Waldo Mendoza y José Gallardo, Las barreras al crecimiento económico de Cajamarca (Lima, CIES, 2011), donde muestran que el crecimiento en la región está muy asociado a la minería, que también ha aumentado la desigualdad. La actividad agropecuaria emplea mayoritariamente a la población, pero con muy bajos niveles de productividad. Los problemas están principalmente en la conflictividad social, en la falta de infraestructura y en la debilidad institucional.

LUEGO DE LA MARCHA DEL AGUA

La discusión sobre lo que podría dejar esta protesta en el terreno político se ha debatido en dos ámbitos. De un lado, el ya clásico debate sobre cuántos fueron, si había intencionalidad política y sobre la cobertura mediática de la Marcha. Un debate que, más allá de lo que representa en términos simbólicos, termina siendo el menor en términos reales.

De otro lado, se ha discutido la posibilidad de que pueda estar en formación (o ya presente), una “izquierda verde” que tome las banderas ambientalistas como eje renovador de este sector político. Para este último debate recomiendo ver las posiciones de Rocío Silva Santisteban, Rodrigo Barrenechea y Mateo Stiglich. Y, sobre todo, un artículo de Javier Torres Seoane de hace un par de años, ante el surgimiento de Tierra y Libertad como grupo de izquierda posicionado con las banderas ambientalistas, en el que se comenta sus posibles potencialidades, así como sus límites. Más allá del optimismo de RSS, debe considerarse cómo un partido construido en torno a un “issue” en particular tiene, per se, limitaciones en el voto, por una agenda particular.

Quizás, por ello, más que hablar tan aceleradamente de una “izquierda verde”, habría que ver que ocurre a mediano plazo con el movimiento forjado alrededor de la Marcha por el Agua. De allí que sea interesante ver que hay contradicciones internas, como señala Meléndez:

Sin embargo, también resulta prematuro interpretar esta marcha como la gestación de un “actor popular” que tiente exitosamente el poder con una plataforma de cambio radical que incluya, por ejemplo, una nueva Constitución. Efectivamente, hay un clima de opinión antiminero entre los sectores más insatisfechos de las regiones, pero a la vez corrientes discrepantes al interior del movimiento (rentistas versus ecologistas como identifica Santiago Pedraglio) que no ayudan a salir de la fragmentación. Por otro lado, si el gobierno gira sus prioridades hacia los excluidos con políticas sociales efectivas, las dirigencias antisistema perderían caudal. Ese tercio del país que ha perdido con el modelo económico ha encontrado en el sentido común antiminero un discurso aglutinador, y a Conga en un símbolo. Pero hacen falta más elementos cohesionadores (identidades políticas, sociales, ideológicas) para dar el salto al Evo Morales peruano.

Si bien es interesante que esta protesta se haya construido desde el interior del país, no cabe perder de vista que no se trata de un grupo homogéneo y que hay discrepancias en los acentos sobre la agenda verde en sí misma, además de los objetivos de mediano plazo. Y ello, claro, tiene un correlato en la ausencia de una alternativa de desarrollo que pueda resultar atractiva tanto para quienes se solidarizan con la protesta, como para la promoción de la inversión privada, a la que tampoco puede dejarse de lado.

¿Y LA EMPRESA?

Pues Yanacocha se ha concentrado en la propaganda destinada a las grandes ciudades, con suplementos, documentales y comerciales. Básicamente, un intento de lavada de cara ante una imagen pública que incluso le valió estas palabras del representante más ramplón del periodismo más conservador del país:

En primer lugar, Yanacocha tiene que hacer un mea culpa público frente a Cajamarca, porque buenas metidas de pata tiene en su haber. Me dice gente racional que vive en Cajamarca que allá se tomaría muy bien por el pueblo un pedido de perdón y una buena dosis de autocrítica humilde por parte de una empresa que se ha manejado allá casi tan mal como Lucchetti en los Pantanos de Villa.

El problema para la empresa es que una campaña concentrada en Lima y otras grandes ciudades del país no resuelve su problema, que está en Cajamarca, fundamentalmente en las zonas rurales, lo que implica  trabajo de campo, ofrecer garantías reales y, sobre todo, ser conscientes que los errores del pasado cuestan caro y que no pueden volverlos a cometer. Mantenerse en una postura de “aquí no pasa nada” o mandar a los voceros publicitarios de la empresa a seguir con el argumento de la “manipulación” no va a convencer a nadie, menos aún en la zona de influencia del proyecto.

De allí que, con estas posiciones encontradas, la pregunta no sea si “Conga va o no va”, sino si una postergación del proyecto no sería una salida viable para que cada uno de los actores pueda comenzar a ceder en sus posiciones más maximalistas. Y para encontrar mecanismos que puedan compatibilizar minería, actividades agropecuarias y una presencia mayor del Estado en Cajamarca.