ALVA CASTRO VS. LA INDUSTRIA

Dicen que la libertad de prensa es el mayor valor de la democracia. Es cierto, si no fuera por ella, no se podría controlar al poder. Por ello, cuando surge una amenaza a la misma, hay que alertarla con todas nuestras fuerzas.

Pues bien, uno de los diarios más antiguos del país, La Industría de Trujillo, ha sido querellado por Luis Alva Castro por una supuesta difamación. La historia, sin duda, merecería libreto de Risas y Salsa si es que no tuviera como destino silenciar a un medio de comunicación.

Vayamos por el inicio. En su edición del jueves 28 de febrero de 2008, Caretas relató lo siguiente:

El domingo 24 (de febrero), el diario La Industria de Trujillo publicó una serie de documentos, atribuidos a la familia Sánchez Paredes, y que llegaron en forma anónima a las instalaciones de ese matutino. Entre los papeles aparece un presunto documento interno de Minera Santa Marina que refiere acciones a tomar en el cerro de oro El Toro de Huamachuco. Dicha empresa, por cierto, está enfrentada a la comunidad liberteña de Huamachuco por el control de los terrenos aledaños a la mina de oro. Los pobladores denunciaron a CARETAS 2014 haber recibido amenazas de muerte y agresiones por parte de supuestos emisarios de Fidel Sánchez Alayo, tal como consta en denuncias policiales de la comisaría del sector.

El documento revelado por La Industria menciona un supuesto nexo entre Sánchez Alayo y el abogado Marco Peralta Castañeda, quien es asesor principal del congresista Rodríguez. Testimonios recogidos en Trujillo indican que Peralta asesora legalmente a Santa Marina, pero éste lo negó categóricamente en una entrevista telefónica con CARETAS.

El congresista Rodríguez es Elías Rodríguez Zavaleta, a quien se ha vinculado al clan Sánchez Paredes, en medio de una serie de acusaciones cruzadas entre varios miembros del APRA en La Libertad sobre vínculos con el narcotráfico.

Pues bien, a los pocos días, uno de los acusados por La Industria, Greco Quiroz Díaz, ex asesor del gobierno regional y también miembro del partido de la estrella, acusó a Alva Castro de ser quien proporcionó los documentos que llegaron al diario trujillano en forma anónima. Todo esto, en una entrevista que le dio a La Industria.

Esto ha sido lo que ha motivado la denuncia del Ministro del Interior. Sin duda, un caso donde matar al mensajero, s decir, a quien publicó la entrevista, es la seña clara de que Alva Castro busca salvar su imagen a toda costa.

Y es que, en realidad, no tiene sustento jurídico alguno que LAC demande al medio de comunicación en que se virtieron estas declaraciones. Si pudo haber un demandado por supuesta difamación era Greco Quiroz, no un medio de comunicacion del que pretende obtener una reparación civil de un millón de soles.

Sin duda, un caso de amedrentamiento a la prensa independiente que merece ser conocido y tomado en cuenta. Parece que la intolerancia pretende llevarse a los tribunales. Mi solidaridad con los periodistas de La Industria.

ALVA CASTRO MINTIO SOBRE FALLECIDOS EN PROTESTA

El señor Luis Alva Castro permanece en su puesto de Ministro del Interior por una única razón: ser miembro del Partido Aprista Peruano.

Para nadie es un secreto que la gestión del también congresista es un total fracaso. No pudo comprar patrulleros por su cuenta, la seguridad ciudadana es un desastre, gasta plata del Ministerio para levantar su imagen y no reforma a la Policía Nacional.

Pues bien, si esto no es motivo suficiente para echarlo, pues los congresistas deberían mandarlo a su casa por el siguiente hecho. Informa El Comercio:

La Cuarta Fiscalía Provincial de Huamanga, a cargo de Hugo Martínez Mamani, formalizó una denuncia penal contra el suboficial de tercera PNP Carlos Alberto Rodríguez Huamaní (28) por el delito de homicidio contra Emiliano García Mendoza y Rubén Pariona Camposano, el pasado 19 de febrero, en Ayacucho, cuando ocurrió el paro agrario promovido por la Junta de Usuarios del Distrito de Riego de Ayacucho.

Durante la investigación, el suboficial admitió haber disparado a ambos campesinos con la escopeta de perdigones que portaba. El cargo presentado contra el suboficial es homicidio calificado y podría recibir una condena no menor de quince años.

Lo curioso es que Alva Castro le había dicho al Congreso que:

Ninguna bala de la PNP ha causado la muerte de los campesinos. Seguimos trabajando para dar con los autores materiales. (…) Los instigadores se revelan por sí mismos y deben ser procesados por terrorismo, homicidio calificado y otros delitos”.

Cuando se produjeron los hechos, dije sobre el tema lo siguiente:

A estas alturas, sigue quedando claro que el cargo le queda grande a Luis Alva Castro. El hecho de que se han registrado disparos por la espalda en dos de las personas que fallecieron nos da una idea de que no se han respetado los protocolos de actuación policial en respeto a los derechos humanos. También es claro que no se tenian los policías suficientes para controlar la seguridad en las carreteras – una amiga mía estuvo varada durante todo el lunes, con el consiguiente peligro que pasó durante esas horas – y, mientras tanto, el Ministro se divertía con los patrulleros.

Muchos han tolerado las incompetencias de LAC en lo que se refiere a los temas de gestión. Pero aquí estamos hablando de dos ciudadanos que fueron asesinados por un Policía. El Ministro, por desconocimiento o por encubrimiento deliberado, no informó al país con la verdad de los hechos ocurridos. Y ello sólo merece su salida.

Así que señores parlamentarios, tengan responsabilidad y saquen a este incompetente. Las dos familias ayacuchanas damnificadas y el resto del país se los agradecerá.

RBC: LAS PREGUNTAS PENDIENTES

Durante esta semana hemos podido escuchar a los cuatro grandes protagonistas del caso RBC. Tanto Jorge del Castillo, Luis Alva Castro, Luis Alfonso Morey y Miguel del Castillo han dado sus distintas versiones sobre el tema, cuyo único punto común es la defensa del controvertido contrato de otorgamiento de publicidad estatal al llamado “canal positivo”.

Luego de oirlos a todos – incluso, a alguno de ellos en vivo y en directo – me quedan varias preguntas pendientes sobre los distintos temas que se han tocado, con motivo de este escándalo.

LA PUBLICIDAD ESTATAL

Un primer punto a debatir es el de la publicidad que el Estado otorga a los distintos medios de comunicación. Si bien existe una normativa referida a este tema, la carencia de reglamentación de la misma hace que cada una de las entidades públicas impongan sus propios criterios subjetivos para el otorgamiento de dicha publicidad. Ello es lo que ha ocurrido en este caso.

Ni los directivos de RBC ni los ministros involucrados han podido explicarnos cuales han sido los criterios a tomar en cuenta para dar la publicidad. De un lado, Alva Castro señala que ha sido la sintonía, sin embargo, este es un parámetro que Morey y Del Castillo Jr no toman en consideración desde hace meses.

De otro lado, tal como en su oportunidad lo había mencionado el Instituto de Defensa Legal, el proceso de contratación convocado por el Ministerio del Interior fue exonerado de concursos y licitaciones. Peor aún, los spots y propaganda difundidos no sirven – como antier me lo quisieron demostrar los representantes de RBC – para mejorar la seguridad ciudadana, sino para levantar la imagen del Ministro del Interior, al que la mayor parte de los peruanos quieren ver de nuevo en su curul y no en Corpac.

Finalmente, cabe recordar que no es la primera vez que este gobierno tiene problemas con la publicidad estatal. Basta que recordemos el caso Garrido Lecca – La Razón, que evidenció las intenciones de algunos Ministros para que su imagen sea puesta en alto por parte de la prensa. Y como me hizo recordar alguien hace algunas horas, la Contraloría General de la República investigó dicho caso. ¿Dónde está ese informe? Ahora que Genaro Matute está también investigando este escándalo, sería bueno saber como quedaron sus indagaciones en el supuesto antes mencionado.

Todo ello me permite concluir que, si hay un personaje en el gobierno que está quedando bastante mal parado, es, para variar, Luis Alva Castro.

LA POSICION DE MIGUEL DEL CASTILLO

Si otra persona queda mal en esta historia es el hijo del Presidente del Consejo de Ministros. Si bien él ha negado haber sido el contacto para obtener la publicidad del Estado, hay algunas cosas que me quedan poco claras.

La primera de ellas tiene que ver con su papel en RBC. Tanto él como Morey han esgrimido que se trata de un asesor de la Alta Dirección del canal. Miguel Del Castillo, en un inicio, aceptó en la entrevista con Marco Sifuentes, que cumplía funciones empresariales. Morey precisó que las mismas se circunscribían al sector privado. Pero ayer, en el programa Enemigos Intimos, el hijo del Premier dijo que “asesoraba también en los contenidos”. ¿Pueden ponerse de acuerdo en cual es la función? ¿Los contenidos también tienen que ver con el tema periodístico?

La segunda está vinculada a la compra del canal. En la entrevista a Utero.tv, Del Castillo lo aceptó. Lo mismo hizo Morey en los descargos que me envío por escrito y, en un inicio, durante la entrevista que me concedió el martes pasado. Sin embargo, una vez que el Presidente del Consejo de Ministros negó que su hijo tenga fondos para la compra, ambos directivos cambiaron su versión, indicando que buscaban a un inversionista foráneo y que podrían controlar el canal a través de otras modalidades empresariales. La impresión que todo esto me dejó es que parece haberse detenido una operación de venta en marcha o que los Jotitas del 11 parecen estar demasiado entusiasmados con su proyecto que, por momentos, pierden perspectiva.

Y en tercer lugar, está la línea editorial del canal. Por más que Morey me explicara que eran independientes y diera su posición personal sobre el actual gobierno, RBC no es crítico con el gobierno, está aliado a un diario que respalda abiertamente a Alan García y su único programa político es conducido por una abogada que es militante aprista.

Todo ello hace pensar que, si bien Miguel del Castillo tiene todo el derecho a trabajar, tal vez lo mejor sería que, durante la gestión de su padre, deje de lado los negocios en comunicaciones, a fin de afectar un proyecto en el que parece creer sinceramente.

EL PROYECTO RBC

Brevemente me referiré a este punto, que tiene que ver más con cuestiones televisivas, pero que es necesario dejar en claro.

Entiendo que los señores Morey y Del Castillo estén empeñados en vender su producto televisivo como si se tratara de una propuesta de alta calidad. Sin embargo, creo que caen en la trampa de sus propios parámetros. Ambos hablan de calidad y de términos cualitativos. Sin embargo, en ningún momento nos mencionan los términos o parámetros con los que miden su calidad o su audiencia. Tampoco nos explican porque deberían tener más publicidad teniendo menos cobertura que el resto de canales de señal abierta, la cual recién ampliarán en las próximas semanas.

Y sobre la calidad de los programas, me remito a lo dicho por Roberto Bustamante en su blog y que se puede resumir en lo siguiente: el hecho de que sus conductores sean conocidos no tiene relación directa con el producto televisivo, sino con otros factores. Creo que el ejemplo de Alfredo Gonzáles es el mejor indicador de la calidad de esta televisora.

A MODO DE CONCLUSION

Todo este escándalo nos debe hacer reflexionar sobre el rol de los medios de comunicación en una sociedad. Son formadores de opinión y vehículos de entretenimiento, pero ello lo deben hacer con calidad y con independencia del gobierno de turno.

Si los señores Morey, Belmont y Del Castillo están empeñados en ello, pues tendrán que hacer serios ajustes. Lo que pude comprobar, tanto en lo que he investigado como in situ en el propio canal 11 es que tienen mucho por recorrer y, a mi modo de ver, lo tienen que hacer con mayor transparencia y evitando las suspicacias.

En cuanto al gobierno, me queda claro que están buscando medios de comunicación dóciles, poco críticos y la publicidad estatal parece ser un método de atracción en el camino. Y no se percatan que la población no es ilusa y no va a cambiar su opinión sobre la desastrosa gestión de Alva Castro por 5,000 spots. Por lo demás, el lunes que vayan al Congreso, tanto él como Jorge del Castillo deberán darnos mejores explicaciones que las que hasta ahora han brindado, pues resultan ser insuficientes, a la luz de lo antes relatado.

Ambos, medios y gobierno, tienen que percatarse que la ciudadanía reclama una cosa básica: transparencia. ¿Serán capaces de afrontar ese reto?

MAS SOBRE EL TEMA:
Vea la entrevista de Rosa María Palacios a Luis Alfonso Morey
Perú.21: Hijo de Premier retrocede en compra de acciones
Santiago Pedraglio: Temblor en el premierato
Mirko Lauer: Avisos para los compañeros pronto
Roberto Bustamante: Un canal positivo
Patricia Salinas: Problemas de memoria

RBC: EL DEBATE SOBRE LA PUBLICIDAD ESTATAL


Hace una semana se reveló que RBC Televisión había multiplicado su publicidad de modo exponencial, cuestión que era bastante sospechosa conociendo que Miguel del Castillo, el hijo del Presidente del Consejo de Ministros, es asesor del Gerente General de dicho medio de comunicación.

Posteriormente, en una reveladora entrevista, Del Castillo Jr. indicó que quería comprar el canal de Ricardo Belmont y que habia estado presionado para no contratar a César Hildebrandt, a quien reconoció que querían mandar a la banca. m

Hoy Jorge del Castillo estuvo en el programa de César Hildebrandt. Mencionó que “su hijo no quiere, ni puede comprar el canal y que Belmont no quiere vender”. Tal vez sea necesario que el Presidente del Consejo de Ministros revise bien el vídeo de la entrevista de Marco Sifuentes, en la que MDC menciona esta intención de compra.

Asimismo, el Premier ha reiterado que este es un tema referido al Ministerio del Interior, ya que ellos se encargaron de la contratación dentro de un paquete de venta de publicidad a la mayor parte de los medios.

Aquí hay un tema bastante serio, en relación con esta contratación:
1. Las contrataciones del paquete de publicidad fueron exoneradas de los procesos de selección.
2. No se tiene un objetivo claro con esta publicidad. ¿Es para levantar la imagen de Alva Castro? Parece ser ésta la sospecha general.
3. Esta norma parece infringir la Ley N° 28874, que regula la publicidad estatal. Entre los parámetros necesarios para otorgar este tipo de prerrogativas, se encuentra la “propuesta y justificación técnica de la selección de medios de difusión de acuerdo con el publico objetivo y la finalidad que se quiera lograr, la cobertura, la duración de la campaña, equilibrio informativo e impacto de los mismos”. Asimismo, se indica que es necesario sustentar técnicamente la razón por la que una determinada entidad o dependencia eligió a determinados medios de manera preferente, para no dar lugar a situaciones que privilegien injustificadamente a empresas periodísticas determinadas.

Sobre este punto, cabría preguntarse cuales han sido estos criterios técnicos, pues, como dice la norma que otorga la publicidad del MININTER, Red Global (Canal 13), que tiene cobertura nacional y más rating que el 11 – por lo menos, hasta que los muchachos de Belmont se dejaron medir por Ibope -, tiene menos reparto en la torta. Como para que, al menos, nos den una explicación, si es que siguen negando favoritismos.

¿Qué quiero decir? Que no solo Jorge del Castillo – quien ha negado tener influencias en este asunto – debería ir al congreso, sino que Luis Alva Castro debería ir a explicar porque contrata publicidad en tiempos de austeridad y bajo que criterios la ha otorgado.

Un último tema: Del Castillo ha pretendido endilgar este lío a una campaña de Carlos Raffo para desprestigiarlo. Yo puedo asegurar que Raffo se la tiene jurada no solo a Del Castillo – por su contundente declaración en en el juicio a su jefe, el ex dictador -, sino también a Luis Alfonso Morey, pues, este último, al renunciar al fujimorismo, se mostró en desacuerdo con los métodos de Raffo.

Sin embargo, este último punto no deja de lado que hay un asunto bastante raro por investigar – sobre todo, cuando hay confesiones de intención de compra de un medio de comunicación por medio, no se han aclarado los criterios de otorgamiento de publicidad y se han dado primicias en un canal con baja audiencia – y que es necesario que la publicidad estatal en el país sea regulada y practicada de modo más transparente.

Un comercial y regresamos…

POST SCRIPTUM: Gentilmente, Luis Alfonso Morey me facilita una serie de descargos sobre el tema, que pueden ver en La Azotea del Tercer Piso. También me concedió una entrevista que saldrá esta tarde en Prensaperuana.com y este blog.

MAS SOBRE EL TEMA:
Luis Alva Castro: Publicidad en RBC es por su sintonía
Fernando Vivas: Gajes de mi oficio
Eduardo Villanueva: El caso RBC/MDC: regulando el rol del Estado en los medios privados
Consejo de la Prensa Peruana: Publicidad en RBC llama a suspicacia
Menos Canas: RBCitis

EL PERU ¿AVANZA?


Tres hechos graves, tres escenarios distintos, una misma dejadez gubernamental

FUEGO EN LA SELVA

Hace un año y medio, en octubre de 2006, César Hildebrandt advertía lo siguiente en su columna:

Pluspetrol no odia al río Corrientes. No lo odia pero le echa bario, cadmio, plomo, benceno, mercurio, arsénico, todo revuelto en una cazuela de aguas de formación que están a 80 grados centígrados de temperatura y que, en vez de ser reinyectadas como mandan los estándares internacionales, son lanzadas al río a un promedio de un millón trescientos mil galones por día.

Es decir, todos los días y a toda hora las sentinas inmundas de Pluspetrol chorrean su carga sobre las aguas que daban de comer a ocho mil indios de la etnia achuar

Esas aguas, examinadas por las autoridades de Osinerg y de Digesa, arrojan resultados que las hacen imbebibles y tóxicas para los tercos peces que las respiran.

Panorama tan desolador fue comprobado por el Presidente del Consejo de Ministros y la Defensora del Pueblo, más o menos por la misma época, cuando los achuar tomaron el campamento de Pluspetrol. Se llegó a un acta de entendimiento, que incluían compromisos de tratamiento del agua, capacitación para el control de la contaminación y una suma de dinero al año.

El tema incluso cobró cariz internacional, con la protesta de varios actores de Hollywood frente a una reunión de la Occidental Petroleum Company (OXY), la primera compañía que explotó petróleo en la zona y que comenzó la contaminación, hace más de 30 años.

Esta vez, el conflicto ha vuelto a estallar entre los achuares y la petrolera, pero por cuestiones laborales y de desarrollo del pueblo achuar. El intento de toma de las instalaciones de Pluspetrol ha terminado con el saldo lamentable de un policía muerto, violencia que parece haber sido promovida por los colonos, según indica el Presidente Regional de Loreto. Luego de varios días de tensión, los nativos van a retomar el diálogo. (Vean la completa cronologia de Paco Bardales al respecto).

Aquí nos encontramos ante varios problemas. De un lado, el uso de la violencia para solucionar un problema laboral que pudo conducirse de otra manera. Pero, de otro lado, la ausencia del Estado como mediador en un conflicto que parece agravarse o derivar hacia otros tópicos. Esto se señala en un completo reportaje de la BBC:

Sin embargo, Pluspetrol, que se ha comprometido a pagar millones de dólares, ha mostrado su frustración de que el gobierno no esté desempeñando un papel más importante.

“Esta industria petrolera debería beneficiar a todo el mundo. Quizás hoy no es un beneficio para los indígenas y el gobierno debería encontrar la mejor forma de resolver ese problema”, señaló Roberto Ramallo, gerente general de Pluspetrol Norte.

El problema que afrontan los Achuar -y otras tribus-, es que su vivienda se encuentra encima de lo que se consideran son enormes reservas de crudo.

Gracias al intenso empuje para subastarlas, casi tres cuartas partes de la amazonía peruana está en arriendo para proyectos de exploración y extracción.

La alta demanda global y el precio del petróleo también están haciendo que las compañías consideren a la amazonia peruana como un prospecto atractivo. ¿Pero es esto sostenible?

“Toda esta exploración petrolera en el Amazonas es un gran experimento”, señaló Bill Powers de E-Tech, una firma de ingeniería, sin fines de lucro.

“Simplemente vienen a la selva, desarrollan el recurso, consiguen el beneficio económico e, históricamente, siempre ha sido que lo que suceda con quien estaba ahí antes, pasará”.

“No hay plan, no hay un esfuerzo para asegurase de mantener su identidad cultural o que tengan algo que hacer una vez que los ríos y los bosques no suministren lo que proporcionaban antes”, agregó Powers.

Y mientras tanto, el gobierno, bien gracias.

EL NARCOTRAFICO AVANZA

Ya parece ser una malsana costumbre informar sobre la muerte de policías en la zona del VRAE. Ayer se conoció la muerte de Marisel Solier Gavilán, una nueva heroína de la Policía Nacional, a manos de los sicarios del narcotráfico.

Desde dos puntos de vista distintos, llegan las preguntas de rigor para Alva Castro. La indignación ciudadana, expresada en Menos Canas, replica las siguientes interrogantes:

Aquí hay dos cosas muy puntales. Si en serio se trata de una respuesta, ¿no debió prever el Ministro que dicha consecuencia llegaría? En ese mismo sentido ¿qué hace enviando un contingente especial ahora que ya se realizó el atentado? ¿Por qué no previó que ello ocurriría?

Es que en realidad no hay que ser genial para darse cuenta de que nuestros actos tienen consecuencias y que es preciso, prever que ellas no afecten a los ciudadanos peruanos que, en principio, debieran poder confiar en la capacidad de sus autoridades.

Pero, por otro lado, me pregunto ¿qué clase de operativo exitoso puede permitir que estas consecuencias terribles se concreten? ¿Cuándo culmina un operativo? ¿Acaso no debe también existir un momento en el proceso, en el cual los miembros de la Policía garanticen la seguridad en aquellos lugares en los cuales “operaron”?

Estas cuestiones antes anotadas tienen un solo nombre: falta de previsión y de coordinación en torno a los operativos que se realizan para combatir el narcotráfico. Y ello no es sólo responsabilidad de los jefes policiales de la zona o del director de la Policía Nacional, sino, fundamentalmente, de la dirección política, es decir, del Ministerio del Interior.

Ya en este blog hemos informado anteriormente sobre la dejadez de Luis Alva Castro para los operativos de combate al terrorismo. Y me da la impresión que lo mismo viene ocurriendo con el tema del narcotráfico. Si se viene repitiendo un mismo patrón de ataque y no se idean correctivos, ¿no estamos ante la carencia de diagnósticos, es decir, ante la fase más primaria de elaboración de una estrategia?

Pero no es el único error en el que se incurre. Rubén Vargas, analista en temas de narcotráfico nos recuerda que las responsabilidades no son solo del incompetente de Corpac:

La responsabilidad de combatir al grupo terrorista Sendero Luminoso es del Ministerio de Defensa, que lo realiza a través de las bases contrasubversivas del Ejército. Dado los niveles crecientes de violencia en esta zona es legítimo que nos preguntemos: ¿Cuáles son los resultados de esa lucha, más allá del cómputo de las horas de patrullaje? ¿En los últimos cuatro años se ha capturado a algún cuadro importante de Sendero Luminoso? ¿Se ha desarticulado alguna columna del Ene o se ha atacado algún centro de producción en Boca Mantaro? Lamentablemente, la respuesta es no.

De hecho, y como bien apunta Vargas en su artículo de hoy en El Comercio, el Plan VRAE ha sido un fracaso, al no articularse los proyectos de desarrollo con las políticas de seguridad. Y la carencia de bases contra el narcotráfico hace que no se tengan los relevos necesarios para llevar a cabo una política conjunta. De hecho, han sido los celos institucionales los que, desde el gobierno de Fujimori, no se ha podido llevar a cabo una labor conjunta y una única estrategia en esta materia.

¿Y Antero? Perú.21 registra que el Ministro de Defensa hizo uno de los más grandes papelones de su vida, pues no sabía de la emboscada en Ayacucho, e incluso la confundió con el problema de los achuar en Loreto. En otras palabras, no sabe ni donde está parado.

ALAN: EL AVALADOR DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS

La semana pasada, Marco Sifuentes rogaba a Dios, Ala, Buda y demás santos del cielo para que a Alan no se le ocurra alabar a China – como es su costumbre -, en momentos que la represión contra los monjes budistas del Tibet está en su punto más alto en años.

Pues bien, mientras el normalmente errático Nicolás Sarkozy está pensando en no enviar a Francia a los Juegos Olímpicos de Pekín, los cables internacionales informaban lo siguiente:

El presidente peruano Alan García expresó el jueves su apoyo a la “justa causa” de la soberanía nacional de China después de la violencia en Lhasa, la capital tibetana, durante un encuentro con el primer ministro chino Wen Jiabao, indicaron los medios chinos.

“Perú se opone firmemente al proyecto de referendo en Taiwán para su adhesión a la ONU y está consciente de las razones que están detrás de la reciente violencia en Lhasa”, dijo a Wen Jiabao el presidente peruano, citado por la televisión central (CCTV) y la agencia oficial Nueva China.

Hoy Luis Jaime Cisneros Hamann, en Perú.21, señala el despropósito mayor cometido por García:

García resulta hoy el único mandatario del mundo en reconocer la represión china, en momentos en que Estados Unidos -que mira con un ojo al presidente Hu Jintao y con el otro su política comercial con el gigante asiático-, Gran Bretaña, Alemania y el Vaticano instan a Pekín a que deje de lado la mano dura y dialogue con el Dalai Lama.

Un periodista peruano puede opinar y adherir a causas, pero que un presidente de la República avale, en nombre del comercio bilateral, el activo político chino y, por añadidura, el pasivo (Tiananmen, 1989), resulta sorprendente en una época donde los derechos humanos son la piedra en el zapato de toda política exterior.

Quiero creer que el presidente del Perú actuó desinformado. ¿No había alguien cerca del oído presidencial? Para la cancillería peruana, ¿no hubo manera de evitar un comentario que para los chinos era “políticamente correcto”, pero que en el contexto proyecta, para la prensa occidental, la imagen de un país sudamericano al que los derechos humanos le importan cada vez menos? La suspensión de una conferencia de prensa de García en Pekín hace prever que el tema había adquirido su real importancia.

Bueno, esta actitud no me sorprende mucho del sujeto que bota a su secretario de Derechos Humanos por presiones de un broadcaster, pero de todas maneras, es extraño que una persona que se jacta de ser meridianamente informada, como García, ignore la causa de las protestas del Tibet, o los cuestionamientos en materia de libertad de expresión y otras violaciones de los derechos humanos cometidas en el país que se ha convertido casi en la niña de sus ojos.

En el fondo, los tres temas están relacionados con derechos fundamentales. El derecho a la vida de los policías que deben cumplir con su labor en condiciones precarias, los derechos de los pueblos indígenas y de todo ser humano a tener un medio ambiente saludable, los derechos civiles y políticos básicos que no se respetan en todo el mundo.

La carencia de una cultura institucional que privilegie los derechos humanos es la que genera soluciones meramente represivas, una estrategia de combate al narcotráfico inteligente, la carencia de mediación frente a conflictos sociales y los desatinos presidenciales de toda la vida. Pero en Palacio no le toman la debida importancia y seguimos pensando que con cifras macroeconómicas boyantes, el Perú avanza. Yo me pregunto: ¿hacia donde?

INSEGURIDAD CIUDADANA

Las últimas protestas violentas ocurridas en el país durante la semana pasada han puesto en evidencia que el gobierno, además de no tener una política eficiente para el manejo de conflictos, no cuenta con medios adecuados para asegurar la seguridad de todos los peruanos.

Independientemente de quien haya causado la muerte de cuatro personas durante dichas manifestaciones – en particular, los dos campesinos fallecidos en Ayacucho – lo cierto es que la Policía Nacional no ha sido capaz de controlar el uso de la fuerza, sea de sus propios miembros, sea de quienes el Ministro del Interior sindica como las personas que cometieron los asesinatos. Peor aún, la existencia de dos informes contradictorios de la propia PNP hace difícil establecer con claridad que fue lo que realmente pasó, con todos los perjuicios que ello conlleva.

¿Qué nos indica esto? Que no contamos con una Policía suficientemente organizada para afrontar lo que van a ser una serie de protestas sociales, sea por el tema de las cumbres internacionales o por los problemas existentes en el país. Y ello tiene que ver con la ausencia de una reforma policial consistente y que no ha sido retomada luego de los impulsos iniciales a inicios de esta década.

Peor aún, la ausencia de un liderazgo claro en el Ministerio del Interior nos demuestra a las claras que el capricho presidencial al mantener a Luis Alva Castro viene causando efectos perjudiciales. Y no solo se trata de la muerte de ciudadanos, sino de la falta de estrategia para afrontar la lucha contra los remanentes de Sendero Luminoso – y, sobre todo, la carencia de apoyo real, como lo señaló un reciente artículo de Gustavo Gorriti en Caretas – o los temas de gestión referidos a la compra de patrulleros o al manejo de nombramientos dentro de un sector bastante caliente.

En un país tan poco institucionalizado como el Perú, lo que hagan las personas que se encuentran a cargo de puestos de relevancia determina finalmente cual es el destino real de las políticas públicas. Lamentablemente, cuando una persona que no se destaca por su competencia está al frente de estas instituciones, termina perjudicando tanto al gobierno al que dice servir como a un país que requiere que el orden se imponga, con respeto a los derechos humanos y con inteligencia.

(Artículo aparecido originalmente en Prensaperuana.com)

MAS SOBRE EL TEMA:
Fernando Rospigliosi: ¿País ingobernable?

EL SOLIDO NORTE, LA PALOMA BLANCA Y LOS NARCOS

En algún momento voy a recuperar Trujillo, aunque tenga que ser candidato a la Alcaldía de Trujillo, personalmente. Yo le voy a recuperar Trujillo a Haya de la Torre.
(Alan García Pérez)

Trujillo. Tierra de la marinera, de la cultura chimú y uno de los lugares más bellos del país. Y según dicen quienes viven en dicho lugar del país, allí nació Dios.

Y también es tierra del APRA.

Bueno, hasta hace unos años, esta última afirmación no podía ponerse en duda, pero desde el 19 de noviembre de 2006, con el triunfo de César Acuña Peralta en las eleccíones para alcalde de Trujillo, los apristas del sólido norte pusieron cara de que Dios pudo haber nacido en Nazca.

La situación, que ya era mala, ha pasado a ser peor, producto de un producto de exportación no tradicional del norte del país, los Sánchez Paredes, múltiplemente acusados de ser de los mayores productores de nuestro producto bandera de la ilegalidad: cocaína.

Ayer, el congresista humalista Álvaro Gutiérreza la vez detractor y protector de Luis Alva Castro, cuestión que hasta ahora no logra descifrarnos – dijo que iba a pedir una investigación a un ex asesor del Ministro del Interior vinculado a los Sánchez Paredes.

Digamos que Gutiérrez llegó un año tarde a la denuncia. Caretas ya había registrado apenas llegado Alva Castro a Corpac de la mala compañía que podía suponer José Abanto Verástegui, asesor del despacho del congresista trujillano y, a la vez, gerente general y abogado de la Compañía de Exportaciones Algamarca, propiedad de la familia Sánchez Paredes. Posteriormente, este blog reveló que Abanto era también abogado de Moises Wolfenson, el presidario más defendido por el Presidente de la República.

Como se imaginarán, los apristas le han contestado a Gutiérrez, entre ellos el propio abogado Abanto Verástegui, quien ha dicho que denunciará por difamación y calumnia al poco ubicuo seguidor de Humala. Sin embargo, la nota de ANDINA con las declaraciones del ex asesor de Alva Castro menciona un detalle curioso:

Visiblemente disgustado por la denuncia el abogado sostuvo que sólo fue asesor de Alva Castro 73 días, es decir, entre el 10 de agosto del 2006 hasta el 22 de octubre del mismo año.

Hay que decir que el abogado de Wolfenson tiene un problema serio con la verdad. Cuando realicé la investigación sobre este personaje, pude ver que las relaciones con Alva Castro no se limitaron a 73 días en el 2006. Abanto fue asesor de Alva Castro en el 2000, en la Comisión de Economía del Congreso de la República (junto al actual Ministro de Vivienda y Construcción Enrique Cornejo Ramírez). Y, de hecho, Caretas mencionó que la relación entre ambos es de vieja data:

Abanto Verástegui (44), hombre de confianza de Alva Castro y su asesor parlamentario desde inicios del 2000, pertenece al núcleo del clan trujillano de los Sánchez Paredes. Ha acompañado al ministro en las Comisiones de Economía y Presupuesto. En audiencias y debates técnicos aparecía como “representante del congresista Alva Castro”.

Tan es asi que, como lo registra la página web del ex parlamentario aprista Rodolfo Raza, aquí aparece Abanto Verástegui junto a este ex congresista:

En la foto: Dr. Alonso Morales Costa, Asesor Legal de Audolmesi, Aup William Arteaga Donayre, Gerente General de APPAR, congresista Rodolfo Raza Urbina, Humberto Abanto Verástegui, representante del congresista Luis Alva Castro, Dr Oscar Dávila Salazar, gerente legal de Paramonga y el Dr Roberto Faulkes Aguad. 8-11-2002.

Ademças, Abanto fue parte de la Comisión de Transferencia de la Presidencia del Consejo de Ministros, durante el periodo de cambio de gobierno.

Ello hace que, aunque algo tarde, el pedido de Gutiérrez tenga bastante sustento y que ya no solo el controvertido abogado tenga que explicar sus vínculos con los Sánchez Paredes. El propio Ministro del Interior – que, recordamos nuevamente, es trujillano – también debiera aclarar si es que ha tenido relación con la investigada familia, en un contexto donde dos de sus compañeros tienen que aclarar algunas extrañas relaciones.

Como se conoce, el congresista Elías Rodríguez Zavaleta viene siendo investigado por recibir muebles de oficina pagados por los Sánchez Paredes. De hecho, las investigaciones estarían centradas ahora verificar cuales han sido sus reales aportantes para la campaña electoral. Tan grave es el tema que el APRA lo ha suspendido en su militancia hasta nuevo aviso. Y, conociendo los códigos de Alfonso Ugarte, eso es nada menos que un pre-aviso de que lo van a botar del partido.

Como dato a tomar en cuenta, Rodríguez Zavaleta ha acusado a Alva Castro de ser quien ha lanzado esta acusación por celos personales, ya que, según él, fue el congresista más votado de La Libertad y no el veterano líder mochero.

Pero ahora no es el único que tiene que responde cuentas sobre este tema. De acuerdo a lo que informa el diario La República, Miriam Pilco, actual Secretaria General del APRA en La Libertad y ex alcaldesa de Trujillo, defendió a más de 20 narcotraficantes y tiene su estudio jurídico en un inmueble de propiedad de una de las empresas de los Sánchez Paredes. Como informa este diario:

La operación comercial, la relación entre Pilco y los Sánchez Paredes, ya había sido establecida por la Comisión Investigadora del Senado sobre Narcotráfico y sus Vínculos en el País, que presidió el senador Javier Diez Canseco, en 1986. El caso se inició a partir de la denuncia que plantearon el senador aprista Jorge Torres Vallejo y el ex alcalde provincial de Trujillo Luis Santa María, también del Partido Aprista.

Por cierto, y para ahondar más en la crisis, Pilco ha sido bastante dura con Rodríguez Zavaleta y Alva Castro en recientes declaraciones. De hecho, Pilco es la accesitaria de Rodríguez Zavaleta, por lo que un desafuero del parlamentario aprista dejaría a la actual mandamás del PAP en Trujillo expedita para ocupar una curul, claro, si es que antes ella no termina también investigada por dichos vínculos poco santos.

Esta historia nos deja varias preguntas sueltas: ¿Cuáles son los vínculos de los Sánchez Paredes con la política local trujillana y, en particular, con el Partido Aprista Peruano?¨¿Por qué los Sánchez Paredes financiaron el Día de la Fraternidad en Trujillo? ¿Por qué José Abanto Verástegui mintió sobre la duración de su relación con el Ministro del Interior? ¿Por qué los tres implicados en pugnas internas en el otrora sólido norte han terminado relacionados directa o indirectamente con narcotraficantes?

Alan dijo que recuperaría Trujillo para el Partido Aprista. Pero parece que, antes de ello, tendrá que recuperar al APRA de sus pugnas y de vínculos que hace rato huelen bastante mal. No vaya ser que sigan repitiendo que por algo la paloma y el pañuelo son blancos.

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