DEFENSOR, BCR Y TC: LAS ELECCIONES PENDIENTES

Desde hace dos años, está pendiente la elección de funcionarios públicos importantes en el país: el Defensor del Pueblo, 6 magistrados del Tribunal Constitucional y 3 directores del Banco Central de Reserva. La demora en la elección de estos funcionarios no solo genera inestabilidad en estas tres instituciones, sino que ha contribuido a la mala imagen del Congreso de la República, poder del Estado encargado de estas designaciones.

En parte por este perjuicio a la imagen parlamentaria, y en otra parte, porque quería cerrar bien su periodo como presidente del Congreso (y postular a la reelección), el propio Víctor Isla decidió presidir la comisión encargada de revisar a los candidatos. Y de las reuniones a puerta cerrada ha salido esta lista que ha trascendido a todos los medios:

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (6 MIEMBROS): Cayo Galindo, Francisco Eguiguren y Pedro Cateriano (propuestos por Gana Perú), Rolando Sousa y Marcos Ibazeta (propuestos por Fuerza Popular) y Ernesto Blume Fortini (propuesto por Alianza por el Gran Cambio)

DEFENSOR DEL PUEBLO: Fausto Alvarado (propuesto por Perú Posible)

BANCO CENTRAL DE RESERVA (3 MIEMBROS): Francisco Gonzáles (propuesto por AP-FA), Drago Kisic (propuesto por el APRA). Queda pendiente propuesta de Solidaridad Nacional, que se dará a conocer el lunes.

El primer problema que denota la lista que acabo de reseñar es el cuoteo. Y ese es un problema que arrastran estas tres elecciones – con la excepción de la Defensoría, quizás – durante los últimos años, pues este no era el espíritu de la norma constitucional para arribar a un consenso. En realidad, se ha elevado la repartija al nivel de institución. De allí que existan propuestas para cambiar este tema, sea en su forma de elección (por ejemplo, que el CNM elija a los miembros del TC) o en la oportunidad (que el BCR sea elegido a mitad de periodo para evitar el cuoteo político o su captura partidaria).

Ahora, veamos uno a uno los nombres de los posibles designados:

Cayo Galindo: Abogado y excongresista nacionalista por Apurímac. Postuló sin éxito a la reelección. Actualmente trabaja, según Hildebrandt en sus Trece, como parte del Módulo de Apoyo al Trabajo de Organización Parlamentaria del Congreso, que en la práctica, apoya las actividades de la presidencia de ese poder del Estado. Ojo que Galindo está a favor de volver a la Constitución de 1979.

Francisco Eguiguren: Si es por méritos académicos, sería un lujo tenerlo en el TC. Es profesor de Derecho Constitucional y consultor en esta materia desde hace varias décadas, con varias publicaciones académicas en su haber. Ha sido ministro de Justicia en este gobierno y es nuestro actual embajador en España. Sin embargo, una declaración suya ha motivado varios arqueos de cejas, al señalar, en enero pasado, que la norma que impide postular a Nadine Heredia es inconstitucional. Al no despejarse la sospecha sobre algún proyecto continuista, cuya llave puede ser un amparo ante el Tribunal, estas declaraciones juegan en su contra.

Pedro Cateriano: Actual ministro de Defensa. Abogado y conocido liberal. Sin embargo, ha tenido que tragarse dos sapos completos en este gobierno: los argumentos de defensa sobre el caso Chavín de Huántar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos – incluyendo una serie de informes con poco sustento – y la defensa de los cambios al servicio militar. Potencialmente, un amparo sobre esta materia puede llegar al Tribunal.

Rolando Sousa: De los abogados cercanos al fujimorismo, es uno de los más hábiles y fue un buen operador político en una bancada que hoy los extraña a gritos. Sin embargo, tiene dos serios conflictos de intereses con su estudio de abogados. De un lado, los hábeas corpus que la defensa de Alberto Fujimori busca plantear para su libertad, de cualquier forma. De otro lado, la participación de su socio como abogado de militares procesados por violaciones a los derechos humanos, quienes podrían plantear acciones de garantía si son condenados.

Marcos Ibazeta: Como este blog registró en 2007, Ibazeta es bastante cercano a una asociación de militares procesados por violaciones a los derechos humanos. Tiene, por tanto, el mismo problema que Souza sobre conflictos de intereses en esta materia. Ya fue postulado por el fujimorismo al TC en 2007.

Ernesto Blume: Abogado experto en derecho constitucional y temas municipales. Fue el brazo derecho legal de Alberto Andrade durante varios años. El único cuestionamiento que tiene es ser suegro del sobrino más famoso del líder de Perú Posible, Jorge “Coqui” Toledo.

Fausto Alvarado: Fue ministro de Justicia en el gobierno de Toledo y parlamentario por el Frente Independiente Moralizador. Si bien tuvo una gestión correcta al frente de su sector, es demasiado cercano a Alejandro Toledo, cuestionado hasta la médula por el tema inmobiliario de su familia. El otro tema es que no se le conoce mayor trayectoria en la defensa de derechos constitucionales.

Francisco Gonzales: Banquero de larga trayectoria y exministro de Agricultura en el gobierno de Toledo. A pesar de ello, parece ser bolo fijo en el BCR, debido a que es el único sobreviviente de todas las listas sobre este tema. Por ello, varias bancadas, empezando por el fujimorismo, atracan que él sea elegido, pero cuestionan la posible designación de Alvarado en la Defensoría.

Drago Kisic: Conocido economista, socio de Macroconsult. Fue en la plancha presidencial de Lourdes Flores en 2001, apoyó a Alberto Andrade en 2006 y, en la última elección, su micropartido Todos Por el Perú apoyó el plan de gobierno de Luis Castañeda Lossio. Es director de varias empresas y ha sido burócrata en el BCR. Su elección reúne también consenso.

Falta ver a quien postula Solidaridad Nacional al BCR, pero cabe recordar que su anterior candidato entrampó la elección de los directores restantes del ente rector monetario hace poco más de un año.

Así están las cosas, en una elección aún entrampada, debido a los problemas arriba anotados.

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NUEVA GUIA DEL CASO NARCOINDULTOS

A la luz de las nuevas revelaciones y acontecimientos, conviene hacer una guía completa de un caso con varios personajes, una trama que se va complejizando y varios datos a  los que habría que prestar atención.

LA HIPÓTESIS CENTRAL:

Tiene dos partes. La primera es el impulso de una política gubernamental durante el segundo periodo de Alan García para combatir el hacinamiento en las cárceles a través de indultos y conmutaciones. Esta política se llevó a cabo sin tomar en consideración que la mayor parte de los reos beneficiados eran sentenciados por narcotráfico y que la potestad de gracia es una salida excepcional por su propia naturaleza, dado que supone una intromisión en decisiones del Poder Judicial.

La segunda fue mencionada ayer por El Comercio, citando al Ministerio Público:

“Bajo la llamada política de deshacinamiento de penales se procedió a conceder conmutaciones de pena a internos por delitos de tráfico ilícito de drogas, entre otros, a cambio de un pago aproximado de US$10 mil por año de pena conmutada, monto que podía variar conforme las condiciones económicas del interno, así como del ilícito cometido por el recluso”, dice el documento de investigación preparatoria de 76 páginas.

Los montos de coimas habrían llegado, según el Ministerio Público, a un acumulado de 240,000 dólares. Con o sin pago, se liberó a bandas de narcotraficantes, grupos familiares y, por cierto, militantes apristas, con reducciones de pena bastante significativas. Ello en el país que tiene el dudoso honor de ser el primer productor mundial de cocaína del mundo.

MIGUEL FACUNDO CHINGUEL:

Principal implicado en la investigación que hace el Ministerio Público y flamante inquilino del sistema penitenciario peruano. Durante su gestión como presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales se produjeron la mayor cantidad de conmutaciones e indultos, así como las irregularidades y posibles delitos cometidos. Asimismo, fue en su periodo que se contrató mayor cantidad de personal dedicado a captar reos para otorgarles la gracia presidencial. La fiscalía estima que en dicho grupo de trabajo existió “una estructura organizada destinada a cometer delitos”. También fue miembro del directorio de Serpost, institución a través de la cual varios conmutados volvieron a traficar drogas.

LOS DENUNCIANTES:

Con nombre y apellido se conoce a tres de ellos. Oscar Benitez Linares, cuyo testimonio fue clave para condenar al empresario Fernando Zevallos; Carmen Delgado de Rivera, condenada por estafa; y Carlos Butrón dos Santos (a) “Brasil”. Los tres han señalado la existencia de cobros para la salida de presos de la cárcel a través de conmutaciones de penas. En el caso de los dos primeros casos, revelados por el programa #esnoticia, se trata de pedidos para su propia salida, la cual no se produjo. El testimonio de Butrón es clave, pues no solo fue beneficiado con la conmutación de su pena, sino que también colaboró con Facundo Chinguel y su comisión. Butrón tiene la doble condición de testigo y procesado.

A ellos se suman 4 colaboradores eficaces que han señalado nuevos casos de cobros, vinculados a presidiarios extranjeros a los que se cobró diversas sumas de dinero. Varios de ellos, cabezas de organizaciones de comercialización de drogas.

LOS FACILITADORES Y FUNCIONARIOS DE LA COMISION DE GRACIAS PRESIDENCIALES:

Varios de los investigados han sido funcionarios de la Comisión de Gracias Presidenciales o facilitadores de la misma. Estos últimos eran las personas que iban a los penales para recabar las solicitudes de conmutaciones en forma masiva. Entre los denunciados se encuentran:

a) Roxana Gómez Paulet, secretaria ejecutiva de la Comisión de Gracias y Renato Dávila Asín, promotor. El segundo de los nombrados fue acusado de supuestos cobros por conmutaciones. En su defensa, Dávila Asin dijo que Gómez Paulet estaba al tanto de los hechos. Como veremos, la abogada también ha caido en otras contradicciones.

b) Dámaso Luyo Vicente: Abogado de la comisión. Según el periodista Daniel Yovera, fue funcionario de una empresa en la que Facundo Chinguel ocupó un cargo gerencial. Luego de salir de la CGP, montó un estudio de abogados con Manuel Huamán Montenegro, otro facilitador aprista que había sido sentenciado por sus conexiones con la banda de narcotraficantes “Los Norteños”, cuya identidad fue revelada por El Comercio. Luyo recibió a “Brasil” en su despacho en el MINJUS.

c) Manuel Carrera Toribio: Sindicado como el “cajero” de la operación de cobros. Es militante aprista y reside actualmente en España. También cercano a “Brasil”.

LOS FUNCIONARIOS DE PALACIO DE GOBIERNO:

Un primer funcionario de Palacio de Gobierno mencionado en la investigación es el exsecretario del Consejo de Ministros del Despacho Presidencial Julio César Zavala Hernández. Según indicó Yovera, existen registros de varias reuniones en Palacio con Facundo Chinguel para ver el tema de indultos y conmutaciones. Su cargo es importante, dado que en su despacho se preparan las resoluciones supremas que debe firmar el Presidente de la República. Ayer, Zavala Hernández reconoció que autorizaba los ingresos de Facundo Chinguel a Palacio y que el personal de su despacho revisaba el trabajo con Facundo. Quien tomaba la decisión final sobre las gracias era Alan García, según el abogado.

Sin embargo, existen varias contradicciones en las versiones que varios de los implicados han dado sobre el rol de esta oficina. Facundo Chinguel reconoció que llevaba personalmente los expedientes a esta oficina y se reunía con el abogado Renato Quiroz Zegarra para tratar estos temas. Esta misma versión fue suscrita, ante la Megacomisión, por la abogada Gómez Paulet, secretaria ejecutiva de la Comisión de Gracias Presidenciales.  Sin embargo, Quiroz Zegarra indicó ante el grupo de trabajo encabezado por Sergio Tejada que la función que desempeñaba era “acopiar cajas y paquetes” llevadas por Facundo Chinguel para que su jefe, Zavala Hernández, despachara los expedientes con Alan García.

Un tercer funcionario mencionado es César Candela Jara, quien también trabajó en la secretaría del Consejo de Ministros. Según Butrón dos Santos, ambos revisaban los expedientes de las conmutaciones antes que las firmara García. Candela formó parte de la Comisión de Gracias Presidenciales como miembro no permanente, pero ha negado las acusaciones.

Dato curioso: Zavala Hernández y Candela Jara son socios en el mismo estudio de abogados y también son militantes apristas.

Finalmente, otro funcionario mencionado a lo largo del caso es Luis Nava Guibert, secretario general de Palacio de Gobierno y hombre de confianza de García. Yovera encontró una reunión entre Nava y Facundo Chinguel en Palacio en 2008. Ayer Nava reconoció la existencia de 6 reuniones con el funcionario, pero negó que se trataran temas vinculados a gracias presidenciales, los que se trataban, según Nava, con Zavala Hernández. Facundo Chinguel colaboró con la campaña de Nava al Parlamento Andino, tanto con contribuciones económicas como con obras sin permiso en San Juan de Lurigancho.

LAS AUTORIDADES POLÍTICAS:

El más complicado de los funcionarios de alto nivel es el exministro de Justicia Aurelio Pastor. El Fiscal de la Nación ha iniciado una investigación contra él debido a los siguientes hechos, relatados por La República:

El informe de la fiscalía anticorrupción se sustenta en las declaraciones de tres testigos acogidos a la colaboración eficaz y una serie de documentos encontrados en el Ministerio de Justicia y el Congreso de la República.

Los testigos detallaron la forma y circunstancias de los pagos realizados por los presos por narcotráfico, el checo Eugen Csorgo, el israelí Zeev Chen y el polaco Jacenty Maciej, para lograr la conmutación de sus penas y salir en libertad.

En estos casos, se encuentran comprometidos personas cercanas a Pastor, entre ellos, su asesor José Marruffo.

Con fuerte responsabilidad política se encuentra Rosario Fernández, quien ocupó dos veces el despacho de Justicia durante el gobierno aprista. Fernández nombró a Facundo Chinguel, durante su gestión se otorgó la mayor cantidad de conmutaciones y, además, se expidió una ley por la cual condenados extranjeros por tráfico ilícito de drogas pueden salir libres y volver a su país sin pagar la reparación civil.

Finalmente, Alan García Pérez. Está pendiente de esclarecer si puede ser comprendido en el caso por omisión de deber de garante, al no revisar adecuadamente los expedientes, o si se le puede inhabilitar por infracción a la Constitución, al vulnerar algunos principios fundamentales como la separación de poderes – al llevar el indulto al carácter de institución de liberación de presos en masa – o el carácter preventivo general de las penas. En todo momento, García ha estado a la defensiva en el caso, se ha jactado de haber revisado exhaustivamente estos casos e incluso invocó a la divinidad como garante de sus decisiones. Su última decisión denota desesperación: acaba de interponer un amparo contra la Megacomisión para que, en lo que le concierne, las investigaciones vuelvan a fojas cero. Tal vez sea porque, ante ese grupo de trabajo, García terminó defendiendo a Facundo Chinguel.

(Caricatura: Andrés Edery)

¿NOVEDAD EN EL FRENTE?

A diferencia de varios analistas, considero que es importante la existencia de un espacio de izquierda en el país. No solo por cuestiones de equilibrio y representatividad, sino también porque se necesita un contrapeso mayor a una corriente conservadora que tiene demasiado peso en la política, la economía y los medios de comunicación peruanos.

Sin embargo, si me permito plantearme algunas interrogantes en relación al nuevo Frente Amplio conformados por los partidos de izquierda, que agrupa desde las corrientes más moderadas hasta las más radicales, dentro de nuestro establishment zurdo.

Una primera interrogante fue planteada, hace algunos meses, por Eduardo Dargent, en Velaverde:

(…) no basta con promover la unidad. La pregunta clave es unidad para qué. No olviden que Izquierda Unida en los años ochenta logró dicha conjunción, pero no le bastó para superar una serie de problemas que le impidieron actuar como partido organizado. El principal, ser una organización incapaz de enfrentar una campaña electoral bajo unidad de mando y con reacciones rápidas. Una serie de líderes atrapados en sus organizaciones no veían lo que demandaba el electorado. Lo que quería el pueblo a nivel teórico terminaba importando más de lo que pedía el pueblo con minúsculas.

Aquí existe una primera disyuntiva. Si el Frente Amplio se plantea como un frente electoral o si es el camino para la fusión en un único partido de izquierda. Por ahora, parece ser lo primero, aunque algunos de sus miembros en redes sociales indican que el proyecto a mediano plazo sería hacia la segunda vía. En ambos casos, sin duda, conviene tener en cuenta lo que señala Dargent. Uno de los factores que mató a Izquierda Unida fue el exceso de egos combinado con el wishful thinking sobre “lo que quiere el pueblo” y, dado que algunos de los actores centrales fueron protagonistas de dicha experiencia, se corre el riesgo de volverla a repetir. Ejemplo claro: el debate para radicalizar a Humala en la primera vuelta de 2011, cuando los signos daban cuenta que había empezado su gran moderación.

Ello me lleva al segundo tema, que también plantea Dargent (y también lo han indicado Carlos Meléndez y Javier Torres en sus columnas): la necesidad de un programa que mantenga cierto equilibrio y un cierto grado de moderación. Digamoslo claro, la izquierda no ganaría solo con un programa basado en el tema ambiental – como a veces tiende Tierra y Libertad -, o en las demandas clasemedieras de Lima – como en otras ocasiones parece que anda sumergida Fuerza Social – o en la lucha “contra el modelo económico neoliberal”, como la enuncia Gregorio Santos.

Si quieren ser alternativa de gobierno, algo de pragmatismo debe existir en un sector en el que, hasta que conocieron a Luis Favre, la comunicación política era inexistente (o demasiado onegera). Y ello implica articular un programa para todo el país. Allí necesitan recordar que hay un sector de clase media emergente que hasta ahora no tiene una representación política sólida. Y ese sector no se gana con el programa más radical. En esa línea va Antonio Zapata cuando señala que el “enemigo” de la izquierda no es la inversión, sino la injusticia. Ello también implica apuntalar bien a sus autoridades actuales, por cierto.

También implica un cambio de formas y lenguajes anacrónicos. No solo basta con definiciones sobre si la “solidaridad latinoamericana” implica tragarse todos los sapos de las autocracias de izquierda que existen en la región. También pasa por acercar el lenguaje más al ciudadano común y corriente, al que la ideología le dice (o importa) poco o nada. Nuestra izquierda – incluyendo a sus sectores más jóvenes – no sonríe, no se alegra, es demasiado adusta a tal punto que no la tomas en serio justo por eso. No se puede ser “guardián de la moral” todo el tiempo y menos aún pensar que la ética es solo patrimonio zurdo.

Finalmente, los amigos del Frente Amplio deberán mostrar una correa bastante ancha. No toda crítica que se les hace viene de “la derecha bruta y achorada” o del “capital que quiere destruir a la izquierda”. Muchas de las críticas e interrogantes señaladas arriba – y que comparto – provienen de sectores liberales o centristas que consideran que este espacio debe existir. Pero si no saben tender puentes hacia esos sectores, que podrían definir una elección, será complicado que puedan tener éxito electoral a mediano plazo. Buena suerte.

(Foto: La República)

NARCOCONMUTACIONES: MAS ALLA DE FACUNDO CHINGUEL

Hace algunos meses, por razones periodísticas, conversé telefónicamente – por única vez – con Miguel Facundo Chinguel. Lo que más me llamó la atención durante la charla de, aproximadamente, 10 minutos que sostuvimos es que el abogado aprista estaba absolutamente convencido que el otorgamiento masivo de conmutaciones de penas a narcotraficantes era una medida adecuada para disminuir el hacinamiento en las cárceles. Y cuando insistí en el carácter excepcional del ejercicio de la potestad de gracia estatal, me indicó que la historia se encargaría de poner las cosas en su sitio.

El tiempo, más bien, ha puesto a Facundo Chinguel en situación de prisión preventiva, en el marco de una investigación que involucra a 13 personas, en su mayoría, exmiembros de la comisión de gracias presidenciales y “facilitadores”, presuntamente involucrados en el cobro de dinero a cambio del otorgamiento de conmutaciones. Dada la cantidad de evidencias en su contra, es probable que varios de los implicados pasen una temporada fuera de sus casas. Y aún falta por dilucidar la responsabilidad de funcionarios que trabajaron en Palacio de Gobierno.

Más allá de las responsabilidades penales, hoy quisiera reflexionar sobre las responsabilidades políticas. Porque Facundo Chinguel no era el único que pensaba que esta serie de liberaciones en masa eran una forma de contribuir con la política penitenciaria del país.

De hecho, en el Ministerio de Justicia pensaron que era una buena práctica. A tal punto que publicaron este reportaje a doble página en su revista institucional con la conmutación de Carlos Butrón dos Santos (a) “Brasil”, ensalzando la labor de Miguel Facundo Chinguel.

En la misma gestión ministerial en la que se publicó este reportaje, la de Rosario Fernández, se impulsó una norma que complementaba a las narcoconmutaciones, pues permitía que condenados extranjeros por tráfico ilícito de drogas pudieran salir libres y volver a su país sin pagar la reparación civil. Una norma que ha generado un cuantioso perjuicio al Estado.

Alan García no está exento de responsabilidad política. No solo por firmar las conmutaciones y señalar que robaba buena parte de su sueño para analizar expedientes cuidadosamente, sino porque, ante la Megacomisión, cuando ya había estallado el escándalo, decía cosas como esta:

“(Facundo Chinguel) fue designado por el ministro pero con mi asentimiento. Es un hombre de condición muy baja, pero tiene varios títulos universitarios. Es una persona que se ha caracterizado por hacer pedagogía, y cuando se pronunció su nombre me pareció adecuado”, dijo García en aquella oportunidad.

“Yo he visto sus fotos y sus películas dentro de los penales al lado de unos delincuentes atroces que no fueron indultados, pero son los que, qué pena,manejan el interior de los penales. Entonces (Chinguel) consultaba con ellos para obtener información de los que pudieran merecer realmente una gracia. Debo decirles que no creo en la satanización total. Dentro de la cárcel le decían “este muchacho es bueno, se porta bien”, y recogía papeles y lo que hacía este hombre – y lo volvería a nombrar porque si actuó bien –era ir al penal”, agregó.

Hoy, que Facundo Chinguel ha caido en desgracia, el partido se aparta de él y busca que el asunto queme lo menos posible a sus dirigentes.  Las declaraciones de las últimas 48 horas han ido en esa línea, mientras que las semejanzas con el “sacrificio” de Mantilla o las analogías con ciertos personajes de películas tan célebres como El Padrino (¿alguien dijo Frank Pentangelli?) no se han hecho esperar en las redes sociales.

Sin embargo, más allá de si García u otros dirigentes apristas tuvieron que ver en casos de corrupción vinculados a estas liberaciones – cuestión que deberá resolver un tribunal -, sí deben reconocer que aplicaron una política de Estado errada y cuestionable. Y su única respuesta no puede ser llamar “sicario” a Sergio Tejada, hablar de la “reelección conyugal” (aprovechando que el gobierno sigue sin aclarar este tema y pisa todos los palitos posibles) o evadir el tema. Por respeto al país que lo eligió dos veces presidente – y al que aspira gobernar una vez más – Alan García debiera dar una explicación seria al país sobre este tema. De lo contrario, el imaginario sobre la corrupción en su partido se seguirá alimentando, además de los casos reales, por la soberbia de los líderes que no reconocen sus errores.

LA OTRA REUNION GARRIDO LECCA – GOMEZ BARRIOS

Cuando parecía que nada más podía sorprendernos en el caso BTR-Petroaudios, ayer en #esnoticia, conocimos una parte hasta ahora poco conocida.  De acuerdo con el reportaje de Daniel Yovera, el 14 de enero de 2009, el exministro Hernán Garrido Lecca y el marino en retiro Wilson Gómez Barrios sostuvieron una reunión en el Delicass de Surco, ubicado en la avenida Primavera. La prueba es esta foto (vía Diario 16):

En dicha reunión, según maneja como información la Megacomisión que preside Sergio Tejada, habría existido un supuesto ofrecimiento de dinero para no involucrar a Gómez Barrios en el caso BTR, por el cual se procesaba a su expareja, Giselle Gianotti. Sin embargo, dicho ofrecimiento fue rechazado por el exdirectivo de empresas privadas de seguridad.

Asimismo, se han encontrado 23 llamadas de Garrido Lecca al celular de Gómez Barrios en la segunda quincena de enero, lapso de tiempo en el que Gianotti estuvo detenida en las instalaciones de la DINANDRO. La sentenciada por el caso BTR ha señalado en varias oportunidades que, durante ese periodo, recibió presiones gubernamentales y policiales para involucrar a inocentes como supuestos clientes de la empresa privada de seguridad para la que trabajaba. Lo mismo han manifestado otros implicados en el caso.

Garrido Lecca ha señalado que solo ha mantenido una “relación social” con Gómez Barrios, sin dar mayores declaraciones sobre esta cita. Sin embargo, hay una reunión que escapó del ámbito de los bocaditos y el whisky.

En el libro Petroaudios, publicado por el periodista Gustavo Gorriti, se dio cuenta del siguiente encuentro.

Durante la campaña, Gómez Barrios y Gianotti hablaron con los políticos Luis Gonzales Posada y Hernán Garrido Lecca. También con el vicepresidente Luis Giampietri. “Escucharon y no pasó nada” dice la fuente cercana a Gómez Barrios.

Garrido Lecca confirma la reunión. “Conocí físicamente [a Gómez Barrios] en la campaña“, dice. “Entre la primera y la segunda vuelta, hicieron una exposición sobre las FARC. Luego de eso, Del Castillo me pidió que lo escuchen. Vinieron y me hicieron una exposición privada”.

(Gorriti, Gustavo, Petroaudios, Lima, Planeta, 2009, p. 80)

Durante los años 2005 y 2006, el exmarino acudía junto a Gianotti a varias reuniones con autoridades para alertarles del supuesto peligro de infiltración de las FARC en el Perú. A dichas reuniones acudieron altos mandos policiales y militares, así como políticos cercanos al gobierno de García. La mayor parte de los asistentes a estas citas han mencionado que la información presentada por ambos no tenía mayor sustancia.

Además de esta reunión, la biografía de los dos personajes involucrados y su conexión con el caso Petroaudios hace que sea interesante dar un repaso breve a sus trayectorias.

GOMEZ BARRIOS

El padre de los hijos de Gianotti es un conocido marino, quien, al pasar al retiro, se dedicó a actividades privadas de seguridad que no han estado exentas de controversia. La empresa que fundó, Forza, fue vinculada por varias investigaciones periodísticas – en particular, una serie desarrollada por Edmundo Cruz de La República – con supuestas actividades de seguimiento a Marco Arana, opositor a las actividades de la empresa minera Yanacocha, con la que Forza tuvo vínculos contractuales. Precisamente Arana es uno de los agraviados en el caso BTR. Hasta hoy no se esclarece quien mandó a seguir al opositor a los proyectos Quilish y Conga.

Forza tuvo como directivos en el pasado – antes de su venta a la transnacional sueca Securitas – a dos personajes que tuvieron peso en el gobierno aprista: Ricardo Vega Llona y Julio Favre.  Ambos participaban en las llamadas “reuniones de los lunes”, en la que García, cada 15 días, reunía a académicos y empresarios afines a él. Vega Llona presidió la comisión de organización de la cumbre Unión Europea – América Latina en 2008 y Favre tuvo un paso bastante accidentado por FORSUR. Los dos tienen bastante cercanía con la Marina de Guerra. Incluso Vega Llona confesó en una entrevista que su hermano, marino asesinado por Sendero Luminoso, fue el responsable de las ejecuciones extrajudiciales en El Frontón, durante el primer gobierno de Alan García.

En su momento, Gustavo Gorriti señaló una comunidad de intereses entre García, exmarinos, empresas privadas de seguridad y empresarios cercanos a su entorno. En particular, en lo que se refiere al acoso a ongs vinculadas a temas ambientales y a la defensa de los derechos humanos. En la misma línea, parte del sector empresarial acogía con credulidad las tesis que vinculaban las protestas sociales con una supuesta penetración del chavismo en el Perú.

GARRIDO LECCA

Un resumen completo de la ligazón del caso BTR con el exministro aprista la tiene Marco Sifuentes (notas y resaltados míos):

Dos meses después del sismo (el terremoto de Pisco de agosto de 2007, nota de DTP), Alan eliminó los aranceles al cemento importado. En cristiano: el Gobierno dijo que, como había que “reconstruir” Pisco, el cemento que se producía en Perú no alcanzaba y, por tanto, se tenía que traer cemento baratito de fuera del país.

La principal beneficiada por el Decreto de Alan fue la poderosa cementera mexicana Cemex.

Los círculos empresariales peruanos se volvieron una olla de grillos. Los rumores decían que detrás de ese decreto estaba Hernán Garrido Lecca. Después de todo, era sabido que el popular “Llanta Baja” había estado detrás de la incursión del Banco Azteca en el Perú (tal como reportamos en este blog) y otros negocios mexicanos.

Así se formó lo que luego Fernando Ampuero llamaría “una liga de industriales” peruanos que se sintieron traicionados por el gobierno.

Y aquí es cuando volvemos a la Giannotti y a sus colegas de la empresa Bussiness Track (a) “BTR”. Tal como han demostrado diversas publicaciones de Ángel Páez, César Romero y Ana Véliz de La República, los chicos de BTR recibieron un encargo muy especial: chuponear a la cementera mexicana y a todos los vinculados a ellos.

De hecho, la hipótesis mexicana es la que varios manejamos sobre el inicio del espionaje. Comenta Sifuentes:

Hay dos hipótesis: una es que BTR había empezado a monitorear los negocios mexicanos en el Perú y así llegaron al teléfono de Rómulo (cercano a Claro de Carlos Slim). La otra es que espiaban a Garrido Lecca (cercano al Banco Azteca y según los rumores de entonces,favorecedor de Cemex) y así descubrieron su vínculo con Canaán (el dominicano también estaba interesado en construir hospitales en la zona devastada por el terremoto y Garrido Lecca era entonces Ministro de Salud).

Asimismo, diversas investigaciones periodísticas han dado cuenta de la existencia de un conjunto de archivos denominados “Las Ranas del Caballo”, en el que constan transcripciones bastante apresuradas sobre reuniones sostenidas en la suite que ocupara el empresario dominicano Fortunato Canaán, captadas mediante micrófonos ubicados en dicha habitación. Algunos de los audios fueron difundidos en 2011 por el programa Cuarto Poder e involucraban a Rómulo León, Alberto Quimper y el expresidente de Perupetro Daniel Saba. Uno de los trabajadores de BTR señaló que otros audios, hasta hoy desconocidos, tendrían como protagonistas a Garrido Lecca y Jorge del Castillo, visitantes de la famosa suite.

Por ello, las citas entre Garrido Lecca y Gómez Barrios cobran una singular importancia a la luz de estos datos. Nuestras fuentes apristas señalan que la situación del exministro ya era delicada dentro de dicha agrupación, a la luz de las revelaciones en el caso Global CST. Hoy es claro que necesitará más de un altavoz para defenderse.

MIENTRAS:

Narcoindultos: Facundo Chinguel es detenido y el APRA aplaude la decisión

EL GOBIERNO VS. LA DEFENSORIA DEL PUEBLO

La relación de la Defensoría del Pueblo con los gobiernos de turno, a lo largo de sus 17 años de historia, ha sido tensa en la mayor parte de casos. Y está bien que así sea. No en vano, la Defensoría tiene el mandato constitucional de velar por el respeto de los derechos reconocidos por el texto más importante del ordenamiento jurídico nacional, así como por la calidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos.

Sin embargo, la relación con este gobierno ha sido particularmente complicada. Cuatro puntos específicos explican la relación distante entre Ollanta Humala y su ballet frente a Eduardo Vega y su equipo.

a) Conflictos sociales: La discusión sobre este punto se encuentra en la metodología que emplean ambas instituciones para establecer que es un conflicto social. Como lo sintetiza Ricardo Uceda:

En el monitoreo de los conflictos sociales la Defensoría del Pueblo registra una cantidad apreciablemente mayor que la PCM, que tiende a constreñirse a los que tienen que ver con la gestión del Ejecutivo. Por otra parte, la Defensoría, sigue considerando conflictos activos aquellos que, habiendo alcanzado una crisis, o parte de su demanda, continúan en proceso de diálogo.  A lo que añade los conflictos denominados latentes.

Quien ha sido más activo en los reclamos es el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor.

b) Los sueldos en la Defensoría: Hay pendiente un reclamo para la mejora de los sueldos en esta entidad, que no es precisamente de las que mejor paga en el Estado peruano y, a pesar de ello, intenta cumplir adecuadamente con su labor. Ello a pesar que varios excuadros de la DP están ahora en puestos encumbrados dentro del Poder Ejecutivo (o como asesores del Congreso de la República), lo que demuestra que la entidad, además de desarrollar sus funciones, es una cantera para tener buenos funcionarios estatales o para que varios profesionales jóvenes pasen por su “servicio estatal obligatorio”. Y también a pesar que el Ministerio de Economía y Finanzas está de acuerdo con el aumento.

c) Consulta previa: Como ya comentamos hace algunas semanas en este blog, existe un serio desencuentro entre el Viceministerio de Interculturalidad y el Ministerio de Energía y Minas sobre la aplicación de este mecanismo. La posición de la Defensoría es más cercana al despacho que dirige ahora Paulo Vilca e incluso va más allá. Desde la DP, se señaló que el proyecto Cañariaco, ubicado en Cañaris (Lambayeque) estaba sujeto a la consulta previa.

d) Servicio militar: Las alusiones al “interinato” de Eduardo Vega como Defensor del Pueblo provenientes desde Palacio de Gobierno y el Ministerio de Defensa se basan en las críticas hechas desde la Defensoría a la realización del sorteo para el reclutamiento forzado de reclutas para el servicio. Y, por cierto, a la medida cautelar ganada por la DP en el Poder Judicial para evitar que se perpetre dicho atropello a las libertades fundamentales. La mala gracia del Ejecutivo no se entiende, dado que la Defensoría, desde su creación, es la entidad que conoce más el estado del servicio militar, incluso mejor que el propio MINDEF.

Por estas razones, será importante que la persona que sea designada – esperemos que a la brevedad posible – por el Congreso como el nuevo titular de la Defensoría mantenga la misma independencia del Ejecutivo que han tenido las cuatro personas que han ocupado este puesto. Es preferible que esta institución pase por estas tensiones a convertirse en el apéndice del gobierno de turno. Y una buena designación sería una buena noticia para el país, aunque a Ollanta Humala le agríe el desayuno.

AVANZADA CONSERVADORA

Cuando Ollanta Humala andaba por el 10% de votación y casi nadie pensaba que ganaría, Roberto Bustamante describía el ideario del nacionalismo en Ya Tengo el Poder:

De eso se trata el nacionalismo: valores nacionales, idea de familia, transmisión de valores nacionales a través de la familia, rol de la mujer dentro del modelo, etc.

Otros gestos confirmarían este camino. La visita a la casa del arzobispo de Lima, donde se declaró – rosario en mano – como un “conservador moral”. Y dejar de lado la agenda LGTB, luego de varias idas y venidas, en su plan de gobierno. A pesar de ello, desde las webs más conservadoras, se mostraba a Humala como un “lobbista de la agenda gay” y “pro aborto”. Mientras que desde que la izquierda se tragaban el sapo, en parte por cuestión táctica, en parte porque subordinan el discurso en otros temas a lo económico.

En esa línea, se enmarca la lógica de algunas acciones del gobierno, como sacar temas como el aborto o la agenda LGTB del Plan Nacional de Derechos Humanos, por ser “demasiado polémicos”.

Pero también se puede comprender, en esta medida, porque el Presidente de la República se picó ayer con la medida cautelar otorgada por el Poder Judicial para evitar el sorteo para el servicio militar. Humala tiene una visión conservadora incluso para el sector castrense, pues está absolutamente convencido que las Fuerzas Armadas deben cumplir un rol mayor en la sociedad que la estricta defensa nacional. Pero tampoco define cuales son las necesidades que, en nombre de ella  – como han repetido varios de sus ayayeros en las últimas horas – justifican la existencia de un sorteo. Y no las tiene porque en su cabeza está la noción fija de la revindicación de la familia militar luego de la farra del fujimorismo, sin tener la más absoluta idea de como implementarla.

Para Humala, existe la idea fija – y presente en un sector castrense – que es la institución militar la única depositaria de los valores nacionales. De allí que ande dando discursos sobre “guardianes socráticos”, solicite a los jóvenes que se inscriban en el servicio militar o en los cuarteles para “servir a la patria”. Y en su conservadurismo, también se encuentra dicha muletilla que Ollanta repite cada vez que va a provincias: “no se tiren la plata en trago, no chupen”. Recuerden que el presidente, lejos de representar al estereotipo militarote machista, juerguero y borracho, pertenece más bien a una clase militar contemporánea que hace deporte, donde el alcohol se consume en la misma cantidad (y hasta menos) que en la civilidad y donde la mujer es quien lleva el mando en el hogar. Pero ambas imágenes son igualmente machistas y conservadoras.

Pero Humala no es el único conservador en la clase política peruana. Cuando hace un par de meses escribí un informe sobre el PPC para Velaverde, encontré que dentro de dicho partido:

El bloque conservador lo conforman los cuadros más afines a los sectores rígidos de las Fuerzas Armadas y al sector más tradicional de la Iglesia Católica. Defienden posiciones contrarias al aborto, a la legalización de las drogas, al matrimonio homosexual y son reticentes a los procesos judiciales por violaciones a los derechos humanos.

Sus propios correligionarios identifican en este grupo al regidor metropolitano Jorge Villena, un activista ‘provida’: “Muchos en el partido tenemos esta posición y eso no nos hace un partido confesional. El humano es un ser moral y, por tanto, la política no debe dejar de lado los valores”, señala.  En su muñeca derecha, Villena lleva una pulsera naranja con el lema “yo amo la vida”.

Sigue la lista. Solidaridad Nacional también tiene a varios integrantes vinculados al Opus Dei y varios de sus dirigentes principales, incluyendo a Luis Castañeda Lossio, han tenido expresiones contra la comunidad homosexual. Fabiola Morales es quien se ha llevado el dudoso honor de encarnar, en una sola persona, todos los prejuicios posibles, incluyendo una llamada de atención del Ministerio de Cultura por expresiones racistas.

Pero quien se ha llevado las palmas, junto a Humala, esta semana, es el fujimorismo. Con el pretexto de la aprobación del nuevo Código de Niños y Adolescentes, se han metido algunos contrabandos conservadores. Diario 16 relató ayer que pasó en la sesión de la Comisión de la Mujer, el lunes pasado:

Un hecho extraño fue que uno de los primeros en llegar a la sala fue el congresista fujimorista Julio Rosas, –el mismo que intentó implantar el Día de la Biblia a través de un olvidado proyecto de ley–, líder de un sector evangélico, debido a que, según explicó, este proyecto de ley se había debatido en su comisión –la de Justicia– en la pasada legislatura.

Al evangelista Rosas habría que sumar a su compañera de bancada y asidua visitante de Alberto Fujimori en el penal Barbadillo, María Cordero Jon Tay, quien también es cristiana evangélica. La otra fujimorista presente fue María López Córdova.

En la reunión, participaron también las congresistas Gladys Oseda y Claudia Coari, ambas de Gana Perú, quienes se enfrascaron en un debate con el congresista Rosas por la modificación del artículo 27º, que determinaba en principio que el Estado podía dar información y orientación a adolescentes mayores de 14 años sobre salud sexual, de manera confidencial.

Rosas, defendió que el artículo se quede como tal, es decir, que fueran solo los padres los responsables de dar esa información a sus hijos, y con el apoyo de Cordero, López Córdova y Tan, así se aprobó. Las nacionalistas Oseda y Coari votaron en contra. Justamente, Coari se quejó de que las voces y experiencias de las mujeres de la sierra no eran tomadas en cuenta.

De esa manera, se ha eliminado la obligación que tiene el Estado de brindar información que permita a los adolescentes mayores de 14 años disfrutar su sexualidad, y el derecho a acceder a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad. Y ello significa algo sumamente grave, pues en nuestro país, los adolescentes sufren de una serie de eventos adversos producto de una sexualidad sin información y sin servicios integrales, por lo cual tenemos altas tasas de embarazo adolescente (el promedio es 13.2% pero en Iquitos este llega a 30%).

Para quienes cubren el Congreso de la República, es conocido que Rosas es máximo exponente de una avanzada del sector evangélico más recalcitrante, que tiene ideas como estas en la cabeza:

¿Qué hacer con las familias en que la mujer es jefa de hogar?
Les ofrecemos mejor calidad de vida, formalizarlas, salud, educación y dignificación de la persona. No es lo deseable, pero son una familia.

En el fondo, lo que existe en estas corrientes es un profundo menosprecio y sanción a la mujer y al joven. De un lado, porque consideran que la misma debe ser una imagen parecida a la de la madre idealizada de tantas telenovelas latinoamericanas (sublimada a tal punto que cualquier expresión sobre su sexualidad debe ser penalizada). Y del otro, porque se sigue pensando que los jóvenes solo deben “estudiar, trabajar y no tener sexo”, sin ninguna “distracción” de por medio. Ambos aprovechan las comprensibles preocupaciones paternas y la importancia que en el Perú se da a la familia para meter, de contrabando, cuestiones que van contra la libertad de las personas.

(Foto: Perú.21)