El desastre en el BCR

(El BCR bajo la lupa. Foto: Perú.21)

Con excepción del fujimorismo – y algunos periodistas conservadores – ha sido casi unánime el juicio respecto de la elección de los miembros del Banco Central de Reserva que le corresponde designar al Congreso de la República: un desastre.

Sobre Elmer Cuba han recaído las menores críticas. Su performance como economista es, sin duda, importante en términos estrictamente técnicos. Sin embargo, desde dos puntos de vista distintos, también ha recibido críticas sobre los posibles conflictos de intereses en los que podría recaer, debido a su posición como socio de Macroconsult, entidad privada que hace consultorías a empresas. Augusto Álvarez Rodrich indica que esto se podría salvar con la publicidad sobre los clientes de la mencionada compañía, mientras que Aldo Mariátegui señala que es el director más cuestionado de los nombrados por los votos apristas y fujimoristas (y algunos ppkausas en este caso).

Respecto a José Chlimper y Rafael Rey las voces en contra han sido más abundantes. Sobre el excandidato vicepresidencial de Fuerza Popular, si bien se reconoce que antes fue director del Banco sin una nota disonante, hoy la situación es distinta, debido a que es el secretario general del partido de oposición, tiene una investigación judicial por la manipulación de audios que buscaban desacreditar a un informante en el caso Joaquín Ramírez y a que sus declaraciones en redes sociales frente al gobierno son, por decir lo menos, bastante agresivas.

Mientras que, en lo que se refiere al exministro de Producción y Defensa, se ha argumentado fundamentalmente su poco conocimiento en temas económicos y monetarios. De hecho, el propio Rey aceptó que deberá estudiar para asumir en mejor forma su nuevo puesto. Y si bien no es requisito ser economista de profesión para ser director del BCR, se requieren determinados conocimientos que el exparlamentario andino no posee. No es lo mismo Manuel Ulloa, Manuel Moreyra o Beatriz Boza (por solo citar a directores del BCR que eran abogados) que el ingeniero Rey, preocupado más en temas de defensa y en sus declaraciones contra causas progresistas. A ello se suma aquello que sus defensores llaman como “expresiones políticamente incorrectas” y sus detractores llaman, siendo generosos, posiciones lindantes en muchos casos con el fascismo.

En estos últimos dos casos, las críticas no solo han provenido de periodistas y analistas tradicionalmente críticos con el fujimorismo. Medios que expresan posiciones liberales de derecha como El Comercio y Semana Económica han editorializado en contra de estas designaciones por las razones arriba anotadas, sintetizadas en un manoseo político impropio de una entidad técnica e independiente. En la misma línea se ha encontrado un periodista poco sospechoso de antipatías frente al fujimorismo, como Federico Salazar, así como el expresidente del BCR, Richard Webb.

Y a ellos sumemos, en gesto inusitado desde las postrimerías del fujimorato, el pronunciamiento de estudiantes de la Universidad del Pacífico.  De hecho, se están haciendo las coordinaciones para una marcha a realizarse este viernes.

Pero también han existido críticas válidas a todo el proceso de elección. Desde su columna en Perú.21, el economista Pablo Secada señaló que existe pendiente un proyecto de reforma para la designación de los miembros del BCR en forma escalonada, que no ha sido aprobado desde el Congreso pasado.

Mientras que, con justa razón, Verónica Zavala y Carolina Trivelli han expuesto claramente los argumentos por los que tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso han errado al no elegir siquiera a una mujer entre los miembros del directorio de la mencionada entidad. Basta ver la lista de economistas que ha puesto a disposición el Grupo Sofía para saber que hay especialistas mujeres que tranquilamente podrían estar en la máxima instancia de esta institución.

Lo que resulta cierto es que el Banco Central de Reserva ha quedado afectado con esta elección. No tanto por variaciones radicales de la política monetaria, pero si por el duro golpe a la autonomía y a la independencia de la entidad encargada de custodiar el valor de nuestra moneda. Si de algo se jactaba el fujimorismo era de ser el garante del modelo económico. Pero acaba de meterle un fuerte golpe al mismo, por su ambición desmedida de poder. Al final, Fuerza Popular demuestra que su aprecio por la institucionalidad es tan escaso como en la década de 1990.

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Nuevos datos sobre el By Pass de Castañeda

(La obra chochera de Luis Castañeda Lossio es la que le trae grandes dolores de cabeza. Foto: Perú.21)

Como sabemos, la semana pasada IDL- Reporteros presentó las negociaciones entre OAS y una persona ligada al alcalde Luis Castañeda Lossio, cuando este no había aún asumido el cargo, para no firmar la adenda al proyecto Línea Amarilla que estipulaba la realización de la sección Río Verde. El dinero destinado a la mejora del entorno del Río Rímac a la espalda del Centro Histórico terminó en el controvertido by pass de 28 de Julio y el puente Bella Unión.

El informe ha motivado la citación al burgomaestre a dos comisiones del Congreso de la República y dos pedidos de investigación ante el Ministerio Público.

Hoy Desde el Tercer Piso recoge algunos datos importantes que nos dan una idea mayor de la negociación.

Ayer, en entrevista en Sin Pauta, espacio de TV PUCP que conduce la periodista Rosa María Palacios, el abogado y regidor metropolitano Augusto Rey recordó algunos hechos claves sobre Línea Amarilla que conviene tener como antecedentes.

  • Línea Amarilla no es un proyecto de inversión pública, sino es una iniciativa privada, propuesta por OAS. El privado desembolsó el dinero y, a cambio, se le otorgó durante una determinada cantidad de años el monto de lo recaudado en los peajes de la Vía de Evitamiento, que comprendía un tercio de los ingresos por esta materia.
  • Entre 2009 y 2011 la obra estaba paralizada, porque había un componente social que atender: la reubicación de viviendas en una de las márgenes del río Rímac. La compensación que iba a dar la gestión Castañeda.
  • El proyecto es extraño y caro, dado que suponía un tunel por debajo del Río Rímac, en lugar de potenciar a la Panamericana Norte y Sur y a la misma Vía de Evitamiento.
  • Susana Villarán quiso anular el proyecto, pero las penalidades eran demasiado caras para hacerlo. Por ello, se buscó renegociar el contrato de concesión. Se logró que OAS invierta más dinero en la concesión: un fideicomiso de 75 millones de dólares para el proyecto Río Verde y una compensación mayor para los expropiados. Ello se compensaba con más años de peaje. Todo se firmó, excepto el fideicomiso.
  • El fideicomiso estaba constituido, pero solo faltaba la firma para que Río Verde se firme. Rey indicó a Palacios que todos en la Municipalidad sabían que OAS no deseaba, en el fondo, dicha parte de Línea Amarilla. “Ellos construyen fierro, cemento, no hacen parques”. OAS no estaba contenta con el escenario y tuvieron que ceder en todo, salvo en Río Verde, que se negaron a firmar hasta el final.

Pueden ver el video completo aquí:

Pero lo que pocos habían recordado es que Castañeda Lossio, días antes de ser elegido, presentó un par de maquetas ante cámaras. Una de las cuales contenía nada menos que el By Pass de 28 de Julio.

(Foto: Manuel Igreda)

Como verán en este video de la entrevista que Castañeda dio a TV Perú el 23 de septiembre de 2014, el famoso by pass estaba integrado con un paso a desnivel en la intersección entre Paseo Colón y Wilson. Y, además, había otro paso a desnivel en la intersección de las avenidas Prolongación Tacna y Alcazar, en el Rímac. El entonces candidato presentó ambas maquetas como una continuidad.

El ingeniero de tránsito David Fairlie comentó en Twitter: “La geometría y la configuración de carriles son absurdas. Dice q el concepto es preliminar pero ya he visto obras hechas así”.

Dos fueron las obras viales presentadas por Castañeda en campaña electoral. Una de ellas fue el bypass dentro de un circuito mayor. Y la otra fue esta, el famoso monorriel:

(El video del Monorriel. Foto: Perú.21)

Como recordarán, IDL-Reporteros registró que la idea del Monorriel fue discutida con OAS:

Entre el 5 y 7 de noviembre de 2014, Léo Pinheiro y Giselle Zegarra conversaron por whatsapp sobre el monorriel que OAS está construyendo (en consorcio con otras compañías) en Sao Paulo, Brasil, y la posibilidad de hacer una obra parecida en Lima.

Vale la pena recordar que en agosto de ese año, Castañeda había prometido en campaña hacer un monorriel. Con la certeza del cumplimiento de la promesa, vamos a hacer un monorriel en todo lo que es la avenida Universitaria, dijo Castañeda.

LP: Mono Rail em São Paulo.

Bejos

(Monorriel en Sao Paulo. Besos.)

GZ: Es sao Paulo

???

LP: São Paulo.

Martes estarei ai.

(Sao Paulo. El martes estaré ahí)

GZ: Acabo de enseñarle a lucho las fotos

Estoy con el

Coordinare la cita para el martes en la tarde

LP: Ok

(..)

GZ: De donde es?

Cuantos pasajeros por día transporta?

LP: 48.000 passageiros/hora por sentido.

GZ: Es bastante

Es el de OAS con Queiroz?

LP: OAS + Queiroz + Bombardier

GZ: En que porcentajes?

LP: 600.000 passageiros/dia

50/50

GZ: Y crees que funcione en Lima?

LP: O pessoal estáanalisando.

Ficamos então para quarta (Miércoles) as 17hs?

(El personal lo está analizando. Quedamos entonces para el miércoles a las 5 de

la tarde?)

Y luego, en enero de 2015, cuando Castañeda ya era alcalde, dijo que el Monorriel se hará con inversión privada. Y menciona como ejemplo la obra de Sao Paulo. Es decir, la que estaba haciendo OAS. Pero la empresa brasileña luego terminó en los problemas de corrupción en Brasil que le hicieron vender sus intereses en el Perú.

Y con el by pass ocurrió lo que señala el portal Spacio Libre en esta cronología:

(Todo esto luego de presentar la obra en maqueta. Foto: Spacio Libre)

Es decir, Castañeda presenta dos obras en campaña. Una fue una sugerencia clara de OAS. La otra fue otorgada a OAS en forma fast track renegociando el contrato de Línea Amarilla, para no hacer el parque que los brasileños no querían. La emisaria para ambos casos era una exgerenta de la gestión Castañeda, que era consultora de OAS en 2014 y, luego, fue consultora de la MML en Línea Amarilla.

¿Cómo se llama la película?

Farmacia de Guardia (Concertada)

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(Visión gráfica de Carlín para La República sobre el gran escándalo de la semana).

Quienes tenemos familiares directos con más de 75 años sabemos que un gasto cotidiano para su vida es la salud. Desde medicamentos para enfermedades crónicas, pasando por suplementos nutricionales, hasta llegar a medicinas para otro tipo de males. Lo mismo podemos decir de las enfermedades pediátricas.

Por ello, ha resultado indignante saber que cinco cadenas de farmacias concertaron sus precios entre 2008 y 2009 a nivel nacional, sobre un grupo de medicamentos, vinculados principalmente a la atención de menores de edad y adultos mayores.

De acuerdo con una resolución de primera instancia dictada por INDECOPI, Boticas Arcangel, Inkafarma, FASA, Mi Farma y Boticas Felicidad se convirtieron en un cartel que disponía los precios de 36 medicamentos. Las alzas se disponían a través de correos electrónicos tan descarados que dejarían al doctor Carlos Moreno como un mero tramitador. Tan fuertes son los mails que, en la apelación, las farmacias involucradas quieren invalidarlos como prueba.

El asunto resulta bastante grave porque impacta directamente en el bolsillo de la gente. Peor aún, durante los años transcurridos desde que se dio esta concertación hasta hoy, el mercado se ha ido concentrando en aún menos propietarios. Y, evidentemente, la desconfianza en las farmacias antes mencionadas  – que tienen un fuerte monto publicitario en medios – se acrecentará. Una mayor difusión de la sanción de INDECOPI (que no solo comprende una multa, sino también un conjunto de medidas destinadas a evitar que se repitan estas situaciones), las dejaría aún más en off side.

Peor aún, la concentración de jugadores en el mercado farmacéutico también lleva a evaluar la conducta de determinados laboratorios que no pudieron ser sancionados por una interpretación del regulador de mercado (que estimó que la figura que los podía comprender no era ilícita al momento de ocurrir los hechos), a pesar que su información fue clave para la concertación de precios.

Pero para que esta función sea llevada a la práctica en forma adecuada, es necesario que INDECOPI se fortalezca institucionalmente. Pasaron ocho años para que se emitiera una sanción por una práctica que no solo atentaba contra las reglas de mercado, sino que impactaba directamente en las billeteras de quienes tenían que adquirir determinados productos para adultos mayores y niños.

INDECOPI tomó una decisión acertada, pero tardía. Y ello es algo que debe corregirse cuanto antes.

Estos son los candidatos que el Congreso propone para el directorio del Banco Central de Reserva

El Banco Central de Reserva es la entidad encargada de velar por la política monetaria en el país. Es decir, es una entidad clave para que el valor de nuestra moneda siga siendo sostenible en el tiempo. De allí que resulte necesario que su directorio sea compuesto por las personas más idóneas.

De acuerdo con la Constitución, el Presidente de la República designa al presidente de la entidad, que debe ser ratificado por el Congreso. Por tercer periodo consecutivo, Julio Velarde, un destacado economista, ocupa un puesto clave para nuestra economía. Velarde se ha hecho acreedor a diversos reconocimientos dentro y fuera del país por su labor al frente de la entidad.

Asimismo, el Poder Ejecutivo nombra a otros tres directores. En este caso, se trata de tres destacados economistas: Javier Escobal (investigador de GRADE), Gustavo Yamada (director del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico) y Luis Miguel Palomino.

Y el Congreso de la República debe nombrar a otros tres directores. El problema es que lo quiere hacer de la noche a la mañana y rechazando la posibilidad de una audiencia pública (cuestión propuesta por el Frente Amplio y respaldada por las bancadas de Alianza Para el Progreso y Acción Popular).

Veamos ahora quienes son los nombres de los postulantes. Algunos de ellos, bastante polémicos. Sobre todo, dos en particular. De los 5, el Congreso deberá escoger a 3. Vayan calculando a quienes.

(Elmer Cuba: de Macroconsult, al fujimorismo, ¿y al BCR?. Foto: CONFIEP)

ELMER CUBA: Economista socio de Macroconsult. Fue miembro del partido Todos Por el Perú y, como tal, integrante de los equipos de plan de gobierno de Valentín Paniagua en 2006 y de Luis Castañeda Lossio en 2011. En abril dejó TPP y pasó a asesorar a Keiko Fujimori. Se voceó que sería el ministro de Economía y Finanzas de un gobierno posible de Fuerza Popular, partido que lo propone. Tuvo pocas apariciones públicas en la campaña. Más allá de todo su historial político, sabe de cuestiones monetarias. De hecho, es el único con experiencia como miembro del staff del BCR.

(Campodónico es la ficha zurda para el BCR. Foto: Gestión)

HUMBERTO CAMPODONICO: El candidato de la izquierda al BCR. Ingeniero, experto en temas económicos, en particular, los vinculados a energía (petróleo y gas). Fue, durante el gobierno pasado, presidente de Petroperú, a la que prometió modernizar, pero no pudo concretar dichos esfuerzos. Es columnista de La República y docente universitario. De ser elegido, sin duda, sería el voto disidente en medio de un directorio que guarda una línea relativamente ortodoxa.

(La carta de AP al BCR es el exministro de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi. Foto: Rumbo Minero)

CARLOS HERRERA DESCALZI: Ingeniero mecánico. Fue Ministro de Energía y Minas en el gobierno de transición de Paniagua y al inicio del gobierno de Ollanta Humala. Postuló al Congreso por Acción Popular en las últimas elecciones. Ha sido decano del Colegio de Ingenieros del Perú. Sin duda, sería también otra cuota heterodoxa en el Directorio, pero menos a la izquierda que Campodónico.

(No es broma. Foto: La Mula)

RAFAEL REY: Omitamos por un momento todas sus posiciones en contra de los derechos humanos (voto a favor de la Ley de Amnistía, todas sus expresiones en contra de la CVR, el impulso al controvertido Decreto Legislativo 1097 – un intento de amnistía apenas disfrazada -, sus terribles declaraciones sobre el caso de las esterilizaciones forzadas). También podríamos olvidar por un momento sus posiciones conservadoras en temas sociales e, incluso, el tremendo roche por el Pisco 7.9. Incluso ignorando todo ello quedaría una pregunta que ni el más acérrimo de sus fans podría contestar: ¿qué sabe de política monetaria? Su elección sería un monumental papelón. Es la ficha aprista.

JOSE CHLIMPER: Ha sido ministro de Agricultura del último gabinete de Alberto Fujimori – cuando ya se sabían varias tropelías del régimen – así como candidato a la primera vicepresidencia por Fuerza Popular en esta última elección presidencial. Precisamente, fue él quien protagonizó el escándalo que le costó la elección a su candidato: su oscura participación en la difusión de audios trucados en el programa Las Cosas Como Son para desacreditar a un testigo que acusa a Joaquín Ramírez por lavado de activos. Y sí, a pesar del roche, el fujimorismo lo postula para el BCR. La investigación fiscal sobre este caso está aún en curso. Lo único a su favor es que ya fue director de la entidad en el segundo gobierno de Alan García.

La ofensiva conservadora contra Saavedra y Orjeda

(Dos buenos funcionarios públicos en la picota conservadora. Foto: Ministerio de Educación)

Desde hace algunas semanas, una coalición de intereses conservadores impulsa la salida de dos funcionarios: el ministro de Educación Jaime Saavedra y la presidenta de CONCYTEC Gisella Orjeda. Ambos son reconocidos por la opinión pública y especialistas en sus materias como personas honestas y que, además, han tenido buenos resultados en sus respectivas políticas.

Habrán notado que me he referido a una coalición de intereses conservadores y no, individualmente, al Fujimorismo y al APRA. Si bien ambos grupos políticos están interesados en que ambas personas salgan de sus cargos, no representan a todos quienes buscan el desalojo de ambos funcionarios.

Empecemos por las críticas contra Saavedra. Como ha postulado Ricardo Cuenca, existen cuatro tipos de intereses distintos buscando su salida. Comencemos por la Ley Universitaria. Básicamente aquí hay tres grupos que buscan evitar que la norma arribe a buen puerto: el APRA y el fujimorismo buscando que no se cumpla la regla de un 25% de docentes a tiempo completo (pues podrían perder el manejo de varias universidades), dueños de universidades con fines de lucro que no quieren ser supervisados o cuyas casas de estudio no serían licenciadas, así como congresistas con acciones en estas casas de estudio.

Un segundo grupo está conformado por la dirigencia aprista de manera independiente, dado que ha quedado fuera de la historia de la educación peruana. Recordemos que la norma sobre carrera magisterial dictada durante la gestión de José Antonio Chang tuvo que ser reformada a propuesta de la exministra Patricia Salas y ejecutada por Saavedra. Lo mismo ocurre con el tema universitario, donde la última norma presentada por el aprismo tiene severas deficiencias. Pero varios militantes del viejo partido han expresado su rechazo a este último proyecto de Ley.

Un tercer bloque está en los propietarios de colegios privados. Como indicó Cuenca en una reciente entrevista, se busca evitar la regulación de estas entidades educativas por parte del Ministerio de Educación:

“Este era un tema que estaba en manos de INDECOPI. A partir de la liberalización del mercado educativo se generaron muchos colegios privados de bajo costo y pésima calidad. Existe heterogeneidad en la oferta, pues los colegios de élite de Lima no llegan ni al 5% de los establecimientos. Cuando ves los resultados de las pruebas del Ministerio de Educación, en los distritos más pobres de Lima, los resultados de los colegios privados estaban por debajo de las escuelas públicas en Lima. La idea es que regule el Ministerio de Educación, con una norma que se encuentra en un primer borrador y que ya ha generado cierta oposición de los involucrados”

Finalmente, está el sector más recalcitrante de creyentes católicos y evangélicos. Se oponen a que contenidos vinculados a la discriminación por razones de orientación sexual y contra el machismo ingresen al currículo escolar. ¿El motivo? Consideran que es una avanzada de la “ideología de género” que destruiría a la familia tradicional. Y para ello están moviéndose en redes sociales con una campaña muy similar a la emprendida en Colombia contra la exministra de Educación Gina Parody, quien introdujo este tipo de contenidos en su país. Parody dimitió por temas políticos, pero sus políticas serán mantenidas por el gobierno de Juan Manuel Santos.

Pasemos a ver ahora el caso de Orjeda. Existe un proyecto de Ley presentado por la congresista fujimorista Ursula Letona para reducir los requisitos para quien ocupe la presidencia de Concytec y, además, este puesto sea elegido por el Congreso de la República. Para muchos, este es un intento de cooptar una institución que poco a poco ha obtenido buenos resultados y que, además, maneja fondos concursables importantes para la investigación.

Asimismo, hace un par de días, Perú.21 sacó un informe sobre un supuesto conflicto de interés de Orjeda, dado que un científico que había sido socio suyo ganó un concurso de financiamiento en Concytec. Pero, al leer el informe, uno se percata que el conflicto no fue tal, dado que el otorgamiento del fondo correspondió a un comité independiente. Asimismo, la funcionaria fue bastante clara en hacer las precisiones necesarias sobre el vínculo.

Este blog pudo conocer que se están ofreciendo files contra Orjeda. El siguiente blanco sería señalar que Concytec no habría cumplido con los compromisos con los científicos que han sido repatriados. Según nos indicó nuestra fuente, la intención es perjudicar la gestión de la conocida científica.

Finalmente, cabe recordar que Orjeda causó conmoción hace algunos años cuando dispuso que se retiraran símbolos religiosos de las oficinas de la entidad que dirige. Allí se ganó las antipaítas de los conservadores. Y aunque luego la disposición fue retirada, las antipatías siguen.

Es cierto que las gestiones de Saavedra y Orjeda deben hacer ajustes sobre diversos temas. En el primer caso, sobre todo, en el tema de las brechas educativas. En el segundo, en un mejor tratamiento de las ciencias sociales y las humanidades dentro del espacio de Concytec. Pero, sin duda, los avances en ambas gestiones ha sido evidentes. Como también las intenciones subalternas por sacar a ambos funcionarios y evitar reformas de fondo en la educación y la ciencia peruanas.

Castañeda y los medios

(Con saludables excepciones, el alcalde de Lima recibe un trato bastante benevolente de los medios de comunicación. Foto: Educación al Día)

La seria denuncia de IDL-Reporteros sobre el acuerdo desconocido entre Luis Castañeda Lossio y OAS para no firmar una adenda del proyecto Línea Amarilla, para no ejecutar el componente Río Verde y hacer el controvertido by pass de 28 de Julio ha traido dos tipos de indignaciones.

De un lado, por el hecho en sí mismo. Parte de la bancada aprista en el Concejo Metropolitano ha pedido una comisión investigadora, solicitud a la que se han sumado los regidores de Diálogo Vecinal. En el Congreso, representantes del Frente Amplio y Peruanos Por el Kambio han pedido una investigación, mientras que otros parlamentarios son partidarios de reabrir la Comisión Investigadora sobre el caso Lava Jato, dentro del cual se enmarca la denuncia presentada por Romina Mella y Guillerme Amado.

De otro lado, por la pobre reacción de la prensa. La semana pasada, Laura Grados de Utero.pe consignó quienes eran los medios escritos que estaban hablando del tema. En este caso, los ausentes en la lista eran aquellos que estaban en falta. Mientras que ayer, en los programas dominicales, solo Sin Medias Tintas (en los comentarios de Augusto Álvarez Rodrich y Aldo Mariátegui) dedicó unos minutos a tratar el caso. Un silencio estruendoso.

Sobre este segundo punto, cabe preguntarse, ¿por qué los medios tratan con guantes de seda a Castañeda?

Una primera razón está en una cuestión de línea editorial. Es decir, existen periodistas a los que la gestión de Castañeda Lossio le parece óptima y la denuncia de IDL-Reporteros endeble. Sin embargo, son pocos los periodistas los que hacen explícitos estos argumentos. De hecho, el único en esa línea, en forma abierta, ha sido Mariátegui.

Una segunda cuestión, esgrimida en público y en privado por varios periodistas, es que “no rebotamos denuncias de otros medios”. Aquí se mezclan desde los celos por no tener una primicia que cualquier periodista quisiera tener, como la necesidad de brindar contenido novedoso a sus lectores, oyentes o televidentes. Sin embargo, este argumento puede ser percibido también como excusa. Claudia Izaguirre, defensora del Lector en Perú.21, fue bastante explícita en ello:

Me parece saludable respetar el principio de verificar versiones y contrastar información. Pero pienso que los insumos noticiosos ofrecidos por IDL-O’Globo pudieron ser abordados de otra forma inmediata, buscando los ángulos complementarios en fuentes brasileñas y locales o dejando constancia de las indagaciones hechas o versiones solicitadas, de modo que las audiencias de Perú21 no sientan que se minimiza o se pasa por alto la noticia. Me pregunto si la misma actitud se hubiera tenido si el reporte lo daba una agencia internacional de noticias.

Al respecto, el director me responde que periodistas de Perú21 fueron comisionados a profundizar en el caso el mismo 19. Ojalá pronto nos den más novedades al respecto. Noticias de impacto pueden ser abordadas con valor agregado y con inmediatez. No informar puede ser interpretado como que se minimiza o se ignora el hecho.

Un tercer factor se relaciona con lo que es prioridad para los directores o productores de noticieros o programas periodísticos. Era natural que los programas dominicales los casos de Las Bambas y el drama de los bomberos fueran naturales prioridades, dado que eran dos de los hechos más importantes de la semana. Sin embargo, presentar una denuncia sobre Castañeda parece que resultara poco sexy periodísticamente. La pregunta es si pesa allí – como indica Luis Davelouis – el tema de la popularidad del alcalde o que, simplemente, los temas de la ciudad son de poco interés para estos programas. Aunque, hay que reconocer, al menos en el caso de Cuarto Poder si se han sacado notas críticas contra el alcalde y sus políticas públicas.

Un cuarto motivo se vincula con un fenómeno global: lo que Adam Curtis ha llamado cámara de eco. Aquí Roberto Bustamante lo explica:

Analícese a la luz de las elecciones en el Perú y también en función de los ¿debates? políticos (entre izquierda vs derecha, pero también al interior de estos dos polos a nivel de sus facciones, tendencias, líneas, particiones). Seguramente, siempre fue así, cuando una etiqueta “eres un lacayo pro yanqui, pro imperialismo, servil rata de la CIA” no escondía nada más que un panfleto (no pun intended) bajo el brazo.

El tema es que esa forma de “hacer política” es la que viene prevalenciendo, desde muchas aceras ideológicas. Ya ni siquiera es un asunto de apocalípticos vs integrados. No estamos hablando del utopismo de Berners Lee, de Lessig o del difunto Swartz. Estamos hablando de un proyecto tecnopolítico bien concreto que pareciera buscar la anulación de la política y por ende de la esfera pública. Las alertas se están levantando y es un debate que debería estar en agenda o en discusión, por ejemplo, en la agendas digitales nacionales.

Y en ese sentido, ¿qué políticas hay? ¿qué papel juega la educación, el sector educación, la escuela? Hemos aceptado cómo válido que hay que estar en los medios sociales (que, además, sin ningún problema se han tirado abajo temas tales como Neutralidad de la Red con sus servicios gratis en telefonía móvil), pero no discutimos qué cosa significa estar en redes sociales (tiempo atrás aceptábamos estar en Google, sin siquiera ponernos a pensar cómo funciona o cuál es la lógica de Google).

Y es bastante probable que los medios de comunicación peruanos estén en esa lógica. De hecho, ello ocurrió en forma deliberada durante la campaña electoral de 2011. En el caso de Castañeda, también estaría implícita esta lógica: no critico a quien, además de tener una alta popularidad, vende una idea bastante fuerte: obras e infraestructura sin ningún cambio de fondo en la vida de los ciudadanos en Lima. La eterna ciudad carretera de Castañeda es la única noción que tiene el alcalde sobre la capital y no es cuestionada en forma clara por los medios de comunicación. Y más aún cuando el alcalde ha tenido relativo éxito en señalar que los cuestionamientos a su administración son esgrimidos por partidarios de la anterior (y odiada) gestión. Cuestión que dista de la verdad, pero que ha logrado calar en un sector de ciudadanos.

Quinto punto: publicidad. En la lógica de medios que viven de los avisos, chocar con un anunciante fuerte resulta complicado para la parte comercial, pero no debería serlo para la parte periodística. Ayer Renzo Rotta vía Twitter presentó los resultados de una licitación para publicidad de Protransporte (la entidad de la MML que ve los corredores viales). Casi todos los medios fueron beneficiados con pauta, dos días antes que estallara el escándalo OAS:

Laura Grados ahondó en este proceso de contratación. Encontró que se trató de una adjudicación directa, se invitó a 12 empresas periodísticas y todas fueron beneficiadas. Peor aún, una de las piezas publicitarias salió en Panorama, uno de los programas que omitió el caso Castañeda y que, en general, no ha tenido reportajes críticos frente a la actual administración de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Y esto alimenta las suspicacias.

Sexta y última cuestión, planteada por Rosa María Palacios: posible corrupción. La periodista y abogada se ha referido un tema que se comenta en algunos círculos en voz baja: periodistas con posibles vínculos económicos con la MML y con empresas constructoras. Dado que no existen pruebas (aún) al respecto, este es el ángulo que menos se comenta públicamente, pero al que quizás sea necesario ponerle mayor empeño en indagar.

Para ponerlo en claro. El alcalde de la capital de un país entra – ya electo, pero sín aún asumir el cargo – en tratos (vía una emisaria) con un empresario constructor para evitar que se firme un contrato con la Municipalidad para que, en su futura gestión, se haga una obra que tiene varias irregularidades y que no ha resuelto el problema del tráfico en la zona. El empresario constructor, además, ha sido encarcelado por su participación en graves actos de corrupción en su país de origen. Eso, en cualquier país, daría para primeras planas y reportajes. Salvo – con contadas excepciones – en el Perú.

Historia de un By Pass (y de una negociación a escondidas)

(Leo Pinheiro, encarcelado expresidente de OAS, y Luis Castañeda Lossio, alcalde de Lima, en la firma del contrato del proyecto Línea Amarilla. Hoy ambos son cuestionados. Foto: Andina)

El martes 18 de marzo de 2015, la Municipalidad Metropolitana de Lima colocó este aviso en varios diarios de circulación nacional:

Con este anuncio, Luis Castañeda Lossio daba el puntapié inicial a la obra más controvertida de su tercera gestión municipal. De hecho, se trata de la única idea vial que ejecutó y que no era herencia de la gestión Villarán. La misma que se ha convertido en su peor pesadilla.

El by pass que se encuentra en la intersección de las avenidas 28 de Julio, Wilson, Arequipa y Arenales es, a estas alturas del partido, la cruz de Castañeda Lossio. No solo porque la vía no ha resuelto los problemas de tráfico de la zona, sino porque, además, fue hecha con un dinero que originalmente sería dirigido a la mejora del Río Rímac y a la generación de mejores espacios para los shipibos asentados en la zona conocida como Cantagallo.

Lo que sabemos ahora, gracias al trabajo de investigación de varios periodistas, es que el By Pass fue negociado por una emisaria de Castañeda cuando él era candidato, es una obra con sobrevaloración y existen varios documentos que complican la situación de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Ahora sí, podemos reconstruir la historia completa.

(Giselle Zegarra, cuando era funcionaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima en la segunda gestión de Castañeda. Foto: RPP)

EL ARREGLO PREVIO

Ayer, un informe de Romina Mella y Guilherme Amado para IDL-Reporteros revelaba una bomba: mensajes en Whatsapp entre Leo Pinheiro, expresidente de OAS, y la abogada Giselle Zegarra daban cuenta de la negociación entre la constructora brasileña y el entorno de Castañeda Lossio para evitar que se firme una adenda al contrato del proyecto conocido como Linea Amarilla o Vía Parque Rímac.

Los mensajes fueron incautados a Pinheiro por la Policía Federal brasileña, en el marco de la investigación que supuso una condena a 16 años de prisión por su participación en coimas para que su empresa constructora se beneficie de contratos con la empresa petrolera brasileña estatal Petrobras.

Zegarra fue gerenta de inversión privada de la Municipalidad Metropolitana de Lima durante las dos primeras gestiones de Castañeda Lossio. Ella firmó el contrato de concesión del proyecto que fue conocido como Línea Amarilla (durante la gestión solidaria) y Vía Parque Rímac (en la administración Villarán). Zegarra colocó una cláusula en el contrato para no asesorar a OAS, pero sí reconoció haber hecho consultorías para la MML en la actual gestión sobre el proyecto en 2015. Pero, además, fue la encargada de negociar con la compañía brasileña un punto clave.

Como se sabe, durante la gestión Villarán se renegoció el contrato de Línea Amarilla para que el proyecto contemplara un parque que revalorizara la sección del Río Rímac que se encuentra a la espalda del Centro Histórico de Lima. Al mismo tiempo, se destinaría un terreno para la reubicación de la comunidad shipiba, así como una mejor compensación para ellos. Sin embargo, esa adenda al contrato nunca llegó a firmarse.

El informe de IDL-Reporteros muestra los mensajes de Whatsapp que dan cuenta sobre las conversaciones entre Zegarra y Pinheiro para evitar la firma de la modificatoria del contrato. Zegarra es explícita en el pedido: “Lucho me pide que no lo firmen”. Y, en los demás mensajes, queda claro que OAS no quería, en el fondo, el proyecto Río Verde.

Además, Zegarra intercambió mensajes para concretar el descabellado proyecto del Monorriel para Lima, sobre la base de la obra similar que venía haciendo OAS en Sao Paulo. Aún no se concreta dicha obra.

Si bien OAS ha vendido su parte en Línea Amarilla a la constructora francesa Vinci, debido a los escándalos de corrupción que han afectado su liquidez, lo cierto es que aún se esperan explicaciones de todas las partes. Hoy El Comercio en su web registra la arista legal del caso:

Si bien Giselle Zegarra no era funcionaria pública cuando se llevaron a cabo estas negociaciones, podría haber incurrido en delito de tráfico de influencias. Esto no deja a la Municipalidad de Lima libre de cuestionamientos.

El contrato que obtuvo ella como consultora a inicios del 2015 con la Municipalidad de Lima tendría que ser evaluado porque suena a que habría estado dirigido a su favor“, dijo a El Comercio Julio César Castiglioni, abogado especialista en temas municipales.

Por este motivo, considera que la revelación de estas conversaciones debería ser suficiente para que las obras del ‘by-pass’ de 28 de Julio y las modificaciones al proyecto Línea Amarilla a inicios del 2015 sean evaluadas por la Contraloría de la República.

“Son por lo menos cuestionables estas decisiones y las propuestas de Castañeda, ya que todas se habrían realizado con negociaciones previas entre Zegarra y personal de OAS”, concluyó.

Y todo ello hace que cobre sentido lo señalado por Gerardo Cárdenas para el portal de investigación dirigido por Gustavo Gorriti hace un año:

Después de un año de negociaciones entre la municipalidad y la empresa, en octubre de 2014 estuvo lista la versión final del contrato de obra del proyecto Río Verde, según un acta del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet), que entonces gerenciaba el proyecto. Es decir, todos los acuerdos estaban dados y solo faltaba que la constructora firme el contrato para que empiecen los trabajos.

Eso nunca sucedió.

La constructora OAS no firmó el contrato, lo cual provocó la queja de Invermet, que pidió una autorización para elegir a otra empresa constructora para el proyecto Río Verde.La queja no tuvo mayor eco. Villarán había perdido las elecciones y Castañeda se alistaba para su tercer periodo como alcalde.

En marzo pasado, a tres meses de iniciada su gestión, Castañeda anunció la construcción del baipás de 28 de Julio. Su financiamiento saldría del fideicomiso de 74.5 millones de dólares que estuvo destinado inicialmente al ahora descartado proyecto Río Verde de Villarán, a pesar de que son obras totalmente distintas.

En la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto del baipás presentada en marzo pasado por la municipalidad al ministerio de Transportes y Comunicaciones y aprobada en abril, figuran dos estudios: “el plano de especies arbustivas” y “el conteo de volúmenes vehiculares”. El primero se hizo bajo la supervisión de OAS, y el segundo a pedido de esta. ¿Qué tienen de particular? Ambos fueron hechos en diciembre del 2014.

Es decir, aún no terminaba el período de Susana Villarán y OAS ya estaba preparando estudios -por lo bajo- para un proyecto que se realizaría durante el mandato del recién electo Castañeda. Pocos meses después, en marzo de este año, empezó la construcción del baipás.

Es decir, Castañeda ya tenía preparado el proyecto del By Pass de 28 de Julio, en concertación con la constructora OAS, antes de ser alcalde, vía una emisaria. Y luego prepararon los estudios cuando aún no asumía la alcaldía de Lima.

Como indica la exregidora Marité Bustamante, a OAS “nunca les gustó el fideicomiso. Preferían negociación individual con afectados y no proyectos de generación de espacios públicos”. Esa sería, hasta ahora, la razón por la cual hicieron el trato directo con Castañeda. Obviamente, tendrá que investigarse si es que hubo otros móviles sobre esta decisión.

A ello se suma, como refiere Cárdenas, que solo en cerco, cesped y pintado de sardineles, el by pass tiene un sobrecosto de más de un millón de soles.

Pero no es lo único que huele mal en el by pass de Lucho.

LOS DOCUMENTOS DEL BY PASS

Durante los últimos meses, en el portal Spacio Libre, el periodista Francisco Pérez García ha publicado una serie de reportajes que dan cuenta de diversos elementos sobre el By Pass de 28 de Julio que la Municipalidad Metropolitana de Lima. Y todo está documentado.

¿Cuáles son estas cuestiones que la gestión Castañeda debe aclarar?

  • Fechas de documentos: Varios de los estudios y resoluciones necesarias para presentar la Declaración de Impacto Ambiental ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tienen fecha posterior a su entrada a mesa de partes del MTC. Además, existen documentos que fueron aprobados en forma bastante rápida, casi sin estudio.
  • El biólogo solidario: Roberto Paredes Rodríguez fue el encargado de realizar la Declaración de Impacto Ambiental del by pass. Es militante de Solidaridad Nacional y su empresa ganó un contrato con Protransporte en esta gestión. Además, su empresa tiene como cliente nada menos que a OAS.
  • Diferencias e irregularidades: En la DIA se indica que el By Pass era parte del proyecto “Rio Verde”, que en la práctica fue liquidado. También hay diferencias en los carriles finalmente formulados. También hubo diferencias en los plazos proyectados con respecto a la ejecución final del proyecto. Y no aparece la famosa pasarela aérea del boulevard aun inconcluso en 28 de Julio. A ello se suman otros detalles que nunca existieron o que pasaron por agua tibia (como un acueducto de la época colonial).
  • Fechas que no cuadran: Se incluyeron documentos que se expidieron en fechas posteriores a la entrada en mesa de partes de la DIA en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
  • Un estudio de solo 8 horas: La Declaración de Impacto Ambiental justificó la obra con un conteo de volúmenes vehiculares que solo se hizo en 8 horas. Este documento se hizo en diciembre de 2014, lo que ahora calza con la negociación previa que IDL-Reporteros dio a conocer.
  • Adendas vinculadas al bypass: No solo se firmaron recién en octubre de 2015 (cuando la obra ya se había iniciado), sino que las obras se iniciaron cuando OAS ya estaba en problemas económicos serios por los casos de corrupción. Asimismo, se vuelan formalmente el proyecto Río Verde y se incluye el tantas veces postergado puente Bella Unión (cuya responsabilidad en las demoras corresponde a las gestiones Villarán y Castañeda).
  • La controvertida pasarela aérea: En una nueva adenda, la gestión Castañeda busca construir nuevamente la parte faltante de la obra, a pesar que no estaba contemplada en el proyecto original.

¿Por fin la actual administración municipal dirá algo que no sean excusas? Es hora de responder. Y también es hora que los congresistas por Lima comiencen a fiscalizar con mayor rigor al alcalde metropolitano.