CCN: EL CASO QUE KEIKO OLVIDO

Ayer, el Instituto Prensa y Sociedad realizó el Foro “Los candidatos presidenciales y la libertad de expresión en el Perú”, en el que Ollanta Humala y Keiko Fujimori respondieron a 10 interrogantes sobre el ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la información, puntos sobre los cuales se tiene sobre ambos candidatos fundadas dudas.

Entre las preguntas que le hizo el panel a la candidata Fujimori, se encontró aquella referida a la compra de medios de comunicación por parte del gobierno de su padre. Sobre eso dijo:

Y continuó: “(…) nos enteramos que estas líneas fueron compradas, jamás haría eso, (yo) hubiese pedido a los organismos reguladores que hagan evaluación inmediata por incurrir en actitud ilegal”.

El problema es que Keiko olvidó que entre las personas que cometió esa actitud ilegal estaba el propio Alberto Fujimori.

El 28 de septiembre de 2009, Fujimori se declaró culpable, entre otros delitos, de la compra de Cable Canal de Noticias, un canal de cable perteneciente a personas vinculadas al diario Expreso y cuya línea editorial fue puesta al servicio del régimen luego de su compra.  Para quienes no recuerdan el caso, vean este reportaje de Heidi Grossman sobre la compra de dicho medio:

Dos días más tarde, el Poder Judicial condenó a Fujimori a 6 años de prisión por este y otros dos casos más. En la sentencia, se señalan los hechos aceptados por el ex presidente:

A. El encausado Alberto Fujimori Fujimori hizo un mal uso de la más alta jerarquía que desempeñó como Presidente de la República, con el propósito de conseguir su reelección y mantenerse en el poder. A este efecto, desarrolló un conjunto de acciones encaminadas a controlar los medios de comunicación.

B. En septiembre de mil novecientos noventa y nueve el citado acusado Fujimori Fujimori coordinó y encargó a su asesor Vladimiro Montesinos Torres, quien tenía el control de las Fuerzas Armadas, tanto la adquisición del canal de señal cerrada “Cable Canal de Noticias CCN – Canal 10”, de propiedad de Manuel Alberto Ulloa Van–Peborgh, como la compra de la línea editorial del diario “Expreso”, cuyo dueño era Eduardo Calmell del Solar.

C. Con relación a la primera operación, en su materialización de fecha seis de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, intervinieron – por disposición de Vladimiro Montesinos Torres–, Vicente Silva Checa y Eduardo Calmell del Solar, quienes convencieron a Manuel Ulloa Van–Peborgh para que transfiera sus acciones por la suma de dos millones de dólares americanos, – las que representaban el setenta y cinco por ciento del total de acciones de “Canal 10” –.

D. Para ocultar su comportamiento doloso, dispusieron –con conocimiento del acusado ex Presidente Alberto Fujimori Fujimori–, que en dicha operación figure como comprador el propio Vicente Silva Checa, a quien, precisamente, el seis de noviembre de mil novecientos noventa y nueve se entregó dicha suma de dinero en las oficinas del Servicio de Inteligencia Nacional. Además, el citado Silva Checa suscribió, como “garantía” por la suma recibida, una letra de cambio.

E. El dinero en cuestión fue transferido a Eduardo Calmell del Solar, quien se encargó, finalmente, de concluir la transacción de compra del “Canal 10”.

F. La segunda operación se concretó con la entrega de dinero en efectivo al propietario del diario “Expreso”, Eduardo Calmell del Solar, a fin de que este medio de comunicación oriente su opinión y línea informativa en beneficio del levantamiento de la imagen del régimen del acusado Fujimori Fujimori.

G. Estas operaciones ilícitas, llevadas a cabo por iniciativa del encausado Fujimori Fujimori, se realizaron con dinero proveniente del presupuesto público proporcionado por los Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas; en el caso del Ejército, por el general de Ejército José Villanueva Ruesta; en el caso de la Fuerza Aérea, por el general del aire Elesván Bello Vásquez; y en el caso de la Marina, por el almirante Antonio Ibárcena Amico. Los tres, ilegalmente, desviaron fondos de dichas instituciones para este fin ilícito.

H. El principal beneficiado de estas dos operaciones delictivas fue el imputado Fujimori Fujimori. Él tomó la decisión de apropiarse de fondos públicos para la comisión de tales hechos, y además determinó su modo de ejecución.

Curiosamente, algunos personajes de esta historia siguen en el entorno fujimorista. Jorge Morelli Salgado, citado en el reportaje que ven en video como el rostro del CCN fujimorista, es asesor de la bancada naranja en el Congreso. Incluso asistió con Keiko Fujimori al evento de IPYS. Y esta semana, Vicente Silva Checa confirmó al semanario Hildebrandt en sus Trece que mantiene contacto con Jaime Yoshiyama, jefe de la campaña y vicepresidente en la plancha fujimorista.

Quizás ahora se entiende la amnesia selectiva.

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LOS FINANCISTAS DE HUMALA

El martes presentamos en este blog los ingresos de campaña de Keiko Fujimori. Allí nos pudimos llevar varias sorpresas, como el financiamiento recibido por una empresa del ex alcalde de Miraflores Germán Kruger, o por una radio perteneciente a una congresista electa por Solidaridad Nacional o que el ex secretario de Palacio de Gobierno, José Kamiya Teruya, cuestionado por manejos de cuentas vinculadas a la familia Fujimori, haya puesto S/. 5,000 en la campaña

Como lo prometimos, ahora veremos cuales son los datos de los tres documentos presentados por Ollanta Humala a la ONPE (ver Informe 1, Informe 2 e Informe 3).

Lo primero que me llamó la atención de los ingresos de campaña es las altas cifras recaudadas por la venta de los llamados Bonos Nacionalistas. Según lo que indica La República:

El reporte financiero del partido que lidera Ollanta Humala presenta un rubro de Bonos Nacionalistas, el cual se refiere a la venta de una serie de cupones de distintos valores, que llevan la imagen del candidato presidencial.

El problema es que cuando se rinden las cuentas, no se indican quienes adquirieron dichos bonos. Y los montos no son despreciables: entre diciembre y enero entraron S/. 573,480, en febrero y marzo S/. 166,200 y en abril S/. 246,210. Es exactamente el mismo error y ocultamiento del fujimorismo cuando dijeron que financiaban la campaña con rifas y polladas.

En cuanto a aportantes individuales, uno de quienes más destaca en la lista es Salomón Lerner Ghitis, jefe de campaña de Humala (no confundir con el ex presidente de la CVR). Este empresario puso dinero en dos armadas: S/.59,010 y S/.60,940.  Otros personajes con fuertes aportes monetarios a la campaña son Antenor Maluscán Culqui – hermano del congresista José Maslucán – con S/.54,355 y otros nombres mencionados por El Comercio:

En la lista de generosos aportantes también están Apolinio Valdiviano Alvarado (166.200 soles), Víctor Huamán Vásquez y Luis Iván Salas Rodríguez con 138.500 soles cada uno, y la congresista Cenaida Uribe con 87.126 soles.

Hay otros aportes altos que a algunos medios han generado dudas que merecerían una aclaración. Así, Perú.21 indicó:

Una revisión de la lista de aportes del partido de Humala permitió identificar casos que llamaron la atención. Por ejemplo, la abogada Marcela Álvarez Moreno, que donó S/.55,400 el 15 de febrero y otra suma igual el 5 de marzo, vive en Independencia y no registra, según Infocorp, mayores movimientos financieros.

Luego tenemos a Carmela Chumbiray Perry, quien aportó S/.27,700. En Sunat figura como “ama de casa” y es propietaria de Servicios e Inmobiliaria Estela, empresa con baja de oficio desde el año 2002.

Otros ingresos, tanto de Gana Perú como del fujimorismo, también han sido cuestionados por este medio, dado que muchos aportes hechos por varias personas aparecen a nombre de un solo aportante.

Dentro de las empresas, se encuentran los aportes de LSA Enterprises Perú, dedicada al rubro pesquero, por S/.83,100, Cafetalera la Unión con S/.8,310.00 y Alamo Publicidad con S/.8,310.

Así, como vemos, tanto Humala como Fujimori deben responder varias preguntas acerca de sus aportes de campaña. La plata no llega sola.

POLITICAS CULTURALES Y LA SEGUNDA VUELTA ELECTORAL

Hace poco menos de un año, este gobierno creó el Ministerio de Cultura. Sin embargo, no es claro que ésta sea la forma más adecuada para que el Estado promueva políticas culturales en el país. Ello se debe a tres motivos centrales.

El primero es que la mayoría de personas que trabajaron el proyecto de ministerio no conocían sobre gestión del Estado, lo que no ha permitido cuajar un sector que parece ser una mera suma de oficinas.

Una segunda razón se encuentra en el hecho que no se pensó en las políticas culturales del país. En su momento, Roberto Bustamante, investigador en estas materias, presentó estas interrogantes: “¿Por qué tanto peso para las industrias culturales? ¿Cuál es el peso de la gestión del patrimonio arqueológico y los recursos que genera? ¿Qué funciones van a trasladarse a los gobiernos regionales? ¿Por qué la Academia del Quechua? ¿Por qué no otras lenguas? ¿Por qué no todas? ¿Por qué mejor ni una? ¿Por qué no CONCYTEC?” Dichas preguntas no fueron nunca respondidas.

Y el tercer motivo se encontró en la negociación en el Congreso que permitió la creación del Ministerio de Cultura. Por ello, se mezclaron los medios de comunicación del Estado, la conservación del patrimonio histórico, industrias culturales, el manejo de los fondos de fomento a actividades culturales (como el cine), una exoneración tributaria sobre mecenazgo y la consulta previa a las comunidades nativas sobre proyectos de inversión.

Alan García entrega a su sucesor un presente griego en esta materia. ¿Y qué plantean en el ámbito cultural quienes aspiran a sucederlo?

Desde el fujimorismo, no existe una sola línea sobre cultura en su famélico plan de gobierno. Digamos, esto es perfectamente congruente con un líder que se jactaba de no leer ni de admirar a ningún personaje histórico. Lo único que se conoció del fujimorismo en este campo fue el controvertido proyecto de Ley de Cine impulsado por Carlos Raffo y que fue felizmente observado por el Poder Ejecutivo, por sus errores de concepción.

¿Y en el nacionalismo? La parte introductoria de su controvertido plan de gobierno apunta a lugares comunes como la “preservación” cultural frente a la globalización. Y cuando aterrizan en medidas, las mismas son aisladas, sin articular una política cultural que resuelva los problemas arriba señalados.

Así, todo indica que nos quedaremos con un Ministerio inoperante en los siguientes cinco años.

(Columna publicada en Diario 16 el 28.04.2011)

QUIENES FINANCIAN LA CAMPAÑA DE KEIKO

Un ejercicio de transparencia elemental se encuentra en conocer quienes son las personas o empresas que financian las campañas electorales. Hoy le toca el turno a Keiko Fujimori. El viernes haremos lo mismo con Ollanta Humala.

Para ello, hemos empleado los informes de ingresos a la campaña electoral presentados por Fuerza 2011 (Ver Informe 1 e Informe 2) a la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

Varios de los aportes fueron entregados por candidatos al Congreso. En el primer informe aparecen como aportantes el parlamentario electo Ruber Joaquín Ramírez Gamarra (Cajamarca, S/. 5,000) y candidatos que no salieron como Guido Lucioni (Arequipa), Ricardo Pando (Junín) y Gonzalo Romero de la Puente (Callao), cada uno con 5,000 soles de aporte.  En el segundo informe aparecen varios candidatos al Congreso con la misma cuota (como Martha Chávez, Luz Salgado, Pedro Spadaro, Cecilia Chacón, Rofilio Neyra, entre otros).

Pero también hay congresistas electos que aportaron más dinero. Es el caso de Alejandro Aguinaga (el médico de Fujimori), quien aportó en efectivo S/. 7,025 y S/. 15,000 y en especie dos donaciones por 6,940 soles.

También hay aportes de miembros del equipo de campaña de Keiko. Los abogados César Luna Victoria y Milagros Maraví aportaron cada uno la suma de S/. 55,400. Mientras que José Chlimper ha donado S/. 100,000.

Veamos ahora algunos nombres y empresas que, a primera vista, no estaban tan cercanos a Fuerza 2011 en estos tiempos y cuya participación sorprenderá a algunos:

Carlos Sandoval Blancas: Ex alcalde de Breña. Aportó a la campaña S/. 45,000.

– La empresa La Reserva SAC hizo aportes por alquiler de locales en el Centro de Lima y en Camacho, por una suma cercana a los 17,000 soles. Esta empresa inmobiliaria tiene como gerente general a Germán Kruger, ex alcalde de Miraflores y una de las personas que ha visitado bastante a Alberto Fujimori en la DIROES.

Corporación Universal SAC donó S/. 84,382 en publicidad radial. La donación no sorprendería tanto si es que su gerente general, Esther Capuñay, no fuera parlamentaria electa por Solidaridad Nacional. Otro directivo de la empresa también postuló en la lista de Castañeda.

– La empresa Transportes Turísticos Sakura hizo algunas donaciones en especie – en específico, el alquiler del Mionka (el vehículo de desplazamiento de Keiko) -. Y su gerente general Miguel Toyofuku Nishimura donó a título personal S/. 137,500.

– Según El Comercio, otros donantes con sumas importantes son:

La lista de mecenas está encabezada por George Frederick Angulo, con 216.828 soles y Joon Lim Lee, con 179.855 soles.

Les siguen Eduardo Montes Vize, Carlos Blanco, Oscar Moritani y Miguel Toyofuco con montos entre los 138.500 y los 138.702, soles cada uno.

De ellos, solo se conoce a Montes Vize, ciudadano boliviano con empresas en Perú y Carlos Blanco Oropeza, ex parlamentario fujimorista.

– El Comercio tambien hace alusión en su nota a dos empresas con donaciones en especie:

Mientras que empresas como Central Media SAC contribuyeron con 140.500 soles en especies.

Otra empresa que figura en el reporte es la arequipeña Televisión Nacional Peruana SAC, con 133.380 soles en especies. Esta televisora es de propiedad de la familia de la actual vicepresidenta y congresista aprista, Lourdes Mendoza del Solar, cuya hermana, Marianella Mendoza del Solar postula por Fuerza 2011 al Congreso.

Finalmente, llama la atención la donación de S/. 5,000 hecha por José Kamiya Teruya, ex secretario general de Palacio de Gobierno en el periodo fujimorista. La resolución fiscal que permitió que continue la investigación contra la familia Fujimori por el pago de las universidades de los hijos del ex presidente indica que Kamiya Teruya cobró, por orden de Fujimori, los dos cheques de la supuesta venta de la casa del ex presidente, para destinarlo al pago de las universidades en Estados Unidos. Tanto la resolución fiscal como investigaciones periodísticas e informes de Contraloría señalan que hay demasiadas versiones contradictorias sobre el pago de los estudios de los hijos de Fujimori.  Cabe señalar que Kamiya ha sido absuelto en los procesos seguidos contra él en el sistema anticorrupción.

Como vemos, hay mucho por seguir indagando. El viernes, reiteramos, los donantes de Humala.

HUMALA DO BRASIL

En el terreno del discurso, Ollanta Humala ha dejado de lado a Hugo Chávez y se ha ubicado más cerca de Lula da Silva. Que ello se vuelva una realidad, como es la esperanza de Mario Vargas Llosa en su más reciente columna, dependerá de Humala, Gana Perú y sus flamantes refuerzos en su equipo de gobierno.

Sin duda, Lula ha tenido un gobierno visto como exitoso y su liderazgo ha permitido a Brasil tener una mejor posición económica, social y geopolítica que hace 8 años. Sin embargo, hay algunas cuestiones que Humala debería conocer mejor del modelo brasilero, es decir, sus flancos débiles, como para poder tener claro sobre qué tendría que tener cuidado (y que temas los ciudadanos deberíamos fiscalizar en dicha relación).

1. LAS EMPRESAS Y NEGOCIOS BRASILEROS

En una nota del diario El País de España, la periodista Jacqueline Fowks señaló cuáles son los intereses de Brasil a mediano plazo con Perú, a propósito de la vinculación entre Gana Perú y el PT:

“Hay muchas empresas brasileñas de construcción que ya han hecho grandes negocios con el Gobierno de Alan García a las que les interesa mantener esos privilegios. Brasil y Perú firmaron un acuerdo de cooperación energética del que los peruanos nos enteramos por los medios brasileños. El pacto prevé la construcción de varias centrales hidroeléctricas para proveer de energía a Brasil, entre ellas la de Inambari, la más próxima a la frontera”, añade la periodista. Brasilia además ha invertido mucho en el trazado de dos carreteras interoceánicas (una terminada y la otra en construcción) para tener acceso a los puertos del Pacífico peruano y de ahí saltar al mercado asiático.

De allí se desprende una pregunta que Humala debería responder claramente: ¿cómo manejará los conflictos sociales que se produzcan frente a empresas brasileras?

2. ¿HASTA QUE PUNTO PUEDE CEDER Y EXIGIR HUMALA?

En su columna de ayer, Farid Kahhat señala que ya no se podría ceder más de lo que los gobiernos de Toledo y García ya hicieron frente a Brasil. Y más bien, indica que camino debería tener Humala frente al gobierno brasileño:

De cualquier modo, no queda claro por qué nuestras reticencias debieran limitarse a la inversión procedente de Brasil. Casapalca, Shougang y Doe Run son empresas mineras cuyos pasivos en materia laboral y ambiental son de dominio público, y son, respectivamente, empresas de matriz peruana, china y estadounidense. El problema, por ende, no es la nacionalidad de los inversionistas, sino la ausencia de capacidad o voluntad por parte de las autoridades del Estado para hacer cumplir sus propias regulaciones.

Por último, si algo se puede decir en favor de Lula, es que al ser conminado por aliados menores a renegociar contratos leoninos, su gobierno estuvo dispuesto a hacerlo. Ese fue el caso de la hidroeléctrica de Itaipú, en el que Fernando Lugo consiguió no solo que Brasil pagara una tarifa más elevada por la energía sino, además, que una proporción creciente de esta pudiera venderse a clientes brasileños a su valor de mercado. El otro ejemplo es el de Evo Morales tomando por asalto las instalaciones de Petrobras, y consiguió que esa empresa pague mayores regalías, y que Brasil pague tarifas más altas por el gas que importa de Bolivia.

Así, el camino aquí viene más por mantener autonomía del aliado, tal como lo han hecho otros gobiernos afines.

3. LAS CONTRADICCIONES EN TEMAS DE DERECHOS HUMANOS

Finalmente, un terreno en el que Lula tuvo varias contradicciones fue en materia de derechos humanos. Si bien es cierto que tuvo logros en dicha materia (programas sociales de combate a la pobreza, igualdad racial, adopción de reglas internacionales sobre derechos humanos y reforma judicial), también tuvo algunas ambiguedades y temas pendientes.

Como mostró un reportaje reciente de Ideele, el gobierno de Lula tuvo una actitud ambivalente frente al Plan Nacional de Derechos Humanos aprobado en su gestión – y que tuvo que modificar por presiones, sobre todo en temas de amnistía a militares y unión civil homosexual -, así como a la agenda LGTB.

En relación con lucha contra la impunidad, su balance fue pobre, sobre todo, en relación con la Ley de Amnistía de 1979, declarada sin efecto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y algunas ambigüedades del gobierno de Lula frente a gobiernos cuyo record en materia de respeto a los derechos fundamentales era bastante malo – como Irán, por ejemplo – han tenido que ser corregidas en el gobierno de Dilma Rousseff.

Lo curioso es que algunos de estos puntos están en agenda hoy para Humala. La visita al Cardenal Cipriani supuso una ruptura con la comunidad LGTB en varios puntos, aunque algunos de ellos votarían por Humala como mal menor. El plan de gobierno de Humala ha sido claro en continuar con los juicios por violaciones de derechos humanos, pero no hace alusión a un Plan Nacional sobre derechos fundamentales. Y esta es una materia en la que bien le valdría diferenciarse de Keiko Fujimori.

En síntesis, es cierto, Lula es mucho mejor que Chávez, pero en su legado hay algunos pasivos y de prevenciones frente al Perú que Humala deberá tener claras, sobre todo cuando hay un 22% de peruanos que aún no deciden su voto o piensan viciarlo.

LOS PARTIDOS NO APESTAN

En su última aparición pública hasta la fecha, PPK dejó una frase para la posteridad a un grupo de entusiastas jóvenes seguidores: “No tenemos que crear un partido, los partidos apestan”.

Con esas palabras me quedaban claros los límites del proyecto político del “mejor de los candidatos”: era imposible que sus fans salieran – salvo excepciones – de un círculo propio, en el que no importaba convencer a otros, sino quedarte con el apoyo de los más cercanos. Pocos PPKausas – aunque me consta que los hubo – se atrevieron a dar el paso de tratar de convencer a personas, que no necesariamente pensaban como ellos, de que su proyecto era el mejor.

Y ese fue el gran fracaso de la estrategia digital de PPK: no convirtió, salvo a algunos, a sus seguidores virtuales en activistas de a pie o en militantes de un partido político. Ya vemos que al candidato –que iba con 4 partidos, uno de ellos, bastante importante en la historia contemporánea peruana– ello le importaba muy poco.

De hecho, el discurso antipartido está muy mimetizado en la política peruana. Eso no fue una invención de Fujimori – quien lo llevó a sus extremos -, sino parte de la tradición más vieja en un país donde la mayor parte de sus gobernantes han sido dictadores. Y sus gobernantes democráticos no han privilegiado la formación de cuadro, por temor a ser opacados luego de dejar el poder.

Así, hechos como las renuncias de dirigentes de distintas agrupaciones a sus cargos luego de la derrota electoral – cuestión cotidiana en otros países – son magnificados como una crisis casi terminal, en la que se espera que el grupo en cuestión fenezca. Lo mismo ocurre cuando se ven discusiones internas acerca de las concordancias con alguno de los dos candidatos que han pasado a la segunda vuelta.

Esta elección nos ha mostrado, de forma dura y dramática, las consecuencias de no contar con partidos políticos en el Perú. Y si bien tanto el fujimorismo como el nacionalismo son agrupaciones verticales subordinadas a los caudillos, dieron un paso más allá que sus pares: se ensuciaron los zapatos y procuraron conectarse con la gente.

Sin embargo, tanto ellos como las agrupaciones que perdieron las elecciones tienen por delante los retos enunciados por el politólogo chileno Patricio Navia: construir partidos políticos que trasciendan a liderazgos de coyuntura y aprender que la política es negociación.

(Columna publicada en Diario 16 el 21.04.2011)

LA CRISIS EN CANAL N

Normalmente, todos los jueves pongo en el blog la columna que publico semanalmente en Diario 16.  Pero hoy, de modo excepcional, pondré la columna – que la pueden ir leyendo aquí – el día de mañana. Creo que los acontecimientos suscitados ayer en un importante medio de comunicación merecen cobertura e indignación.

Como ya varios deben saber, ayer se produjo una crisis en Canal N. Hoy Diario 16 cuenta lo ocurrido:

Ayer, la productora general de dicho canal, Patricia Montero, y el productor del noticiero ‘De 6 a 9’ y jefe de Informaciones, José Jara, fueron despedidos, sin motivo alguno, dejando una enorme preocupación en el medio periodístico.

Hasta el cierre de esta edición Canal N no dio a conocer una explicación al respecto. Sin embargo, la razón de este descabezamiento se habría dado porque ambos periodistas eran un escollo para las reales pretensiones políticas que tiene el Grupo El Comercio (mandamás de la línea editorial de Canal N y América Televisión), que es la de apoyar a la lideresa de Fuerza 2011, Keiko Fujimori, y atacar al candidato de Gana Perú, Ollanta Humala. Esta versión fue confirmada por periodistas de dicho medio, quienes prefirieron mantener sus nombres en el anonimato. “En las últimas semanas habían muchas presiones para que se ataque al candidato Ollanta Humala y se difundan notas y microondas a favor de Keiko Fujimori. Patty se resistía a parametrar la línea del canal e insistía en mantener la neutralidad. Con estos despidos, parece que la fujimorización del canal es un hecho”, comentó un preocupado periodista.

Anoche, al inicio de Prensa Libre, Rosa María Palacios editorializó sobre este despido y mostró su preocupación por este despido (que también evidenció claramente en su cuenta en Twitter):

El Instituto Prensa y Sociedad ha sido claro en señalar el contexto general de lo ocurrido:

2. Ante todo, este pronunciamiento quiere recordar a los periodistas que nuestra primera responsabilidad es informar por encima de convicciones políticas propias o de los propietarios de los medios, que esto implica un escrutinio a ambos candidatos y no solo a uno de ellos, y que las dos partes de la disputa electoral debieran tener en la medida de lo posible igualdad de oportunidades para mostrar sus puntos de vista. Sin discutir el derecho de los medios a decidir su propia línea informativa, el IPYS cree que en este proceso electoral ellos no deben ser vehículos de propaganda ni trabajar para la campaña de una de las partes. El IPYS comprende y se solidariza con periodistas que creen que esta política no es practicada por sus medios, y los insta a defender sus puntos de vista en los canales establecidos.

3. El IPYS muestra su preocupación por la decisión del Grupo El Comercio de disciplinar a sus medios para apoyar informativamente la campaña de Keiko Fujimori. Hacemos un llamado a sus directivos para mantener su independencia por la importancia que tiene este consorcio en el mercado de medios nacionales. Al IPYS, que es perseguido en Venezuela por el régimen de Hugo Chávez, no le parece inútil recordar el error cometido por los principales medios de ese país al convertirse en actores políticos, afectando su credibilidad y haciéndole un pobre favor a la democracia.

4. El IPYS deplora el despido de los periodistas Patricia Montero y José Jara, productores de Canal N. El IPYS considera que las medidas tienen una motivación política, como parte de la nueva línea editorial del Grupo El Comercio, y que se deben precisamente a la independencia comprobada de estos periodistas. El IPYS se solidariza con ellos y comparte el malestar que los despidos causaron entre sus colegas.

5. El IPYS cree en la autoregulación, y considera que todo intento de controlar contenidos de los medios por cualquier mecanismo externo es contrario a la libertad de expresión. Sin embargo, la ley de radio y TV dice que la prestación de servicios de radiodifusión se rige, entre otros principios, por el del respeto al pluralismo informativo y el de la libertad de información veraz e imparcial. Principios que son exigibles a los operadores porque el Estado les concede usar el espacio radioeléctrico, un recurso de todos los peruanos. Así, estos medios están más obligados éticamente que los periódicos impresos a ejercer un periodismo de calidad, independiente y plural, ajeno a los intereses comerciales y políticos de las compañías que detentan la concesión. Por lo mismo deben ser fiscalizados por el resto de medios, por la sociedad civil y por organizaciones de periodistas independientes como el IPYS.

Solo añadir a lo ya expresado, lo siguiente.  La precariedad de nuestra institucionalidad democrática se ha demostrado con las encrucijadas que cada 5 años los hombres y mujeres que se dedican al periodismo, en sus diversas variantes, tienen frente a los candidatos que quedan en segunda vuelta.

Hace 5 años, anotaba bien Augusto Álvarez Rodrich, nos encontrábamos en la disyuntiva entre un candidato cuya lenguaje sobre nacionalización hacía pensar, fundadamente, que podríamos retroceder al velascato confiscador y otro candidato que – y en eso AAR tuvo razón – presionaba de otras maneras, como llamando al dueño. Muchos sabemos las diversas formas como la prensa ha sido presionada en estos años, desde cierres de radios, pasando por magistrados con carnet, hasta despidos intempestivos como éstos. Y hasta un indulto que venía con intento de colarse a un canal, frente al cual muchos salimos a defender el derecho de propiedad de la familia Miro Quesada sobre dicho medio de comunicación. Y lo volveríamos a hacer, porque el derecho de propiedad y la libertad de expresión son dos derechos humanos.

Hoy nos volvemos a encontrar en una disyuntiva complicada para la prensa. El capítulo del plan de gobierno de Gana Perú sobre medios de comunicación es bastante ambiguo y puede llevar a interpretaciones antojadizas que hagan pensar a algún burócrata, por quedar bien con su gobierno, que acallando denuncias es la mejor forma de servir a su país (o a su patrón de turno).

Y del otro lado, tenemos a la representante de un gobierno podrido, que compró a dueños de medios de comunicación, titulares de prensa chicha, que montó campañas sistemáticas de difamación contra los periodistas que se le oponían, que tuvo en las deudas financieras y tributarias a otros instrumentos de presión y que pretende ahora volver, sin ningún atisbo de arrepentimiento. Y peor aún, ya con aliados incorporados.

La libertad de expresión es una de las bases de la democracia. Ojalá así lo entiendan ambos candidatos y, por supuesto, los directores y dueños de los medios de comunicación.