¿VIDEO MATA INDULTO?

No necesariamente. Pero vuelve a poner sobre la mesa el hecho que el tema está casi enterrado. Vayamos por partes.

Hoy La República presenta un video grabado en junio de 2012 en el que se aprecia a Alberto Fujimori dialogando, saludablemente, con dos de sus custodios en el Establecimiento Penal Barbadillo acerca de los cultivos que el exautócrata realiza en la huerta del penal. Incluso hay bromas sobre los posibles efectos curativos que estos productos podrían tener en torno a enfermedades neoplásicas, como las que la familia Fujimori alude como principal causal del indulto humanitario solicitado en octubre.  Aquí el video:

¿El video mató el indulto? Pues, en realidad, desde noviembre el asunto está más cerca de Agustín Merino que de una firma a favor en Palacio de Gobierno. Y ello se debe a varios hechos que han sucedido en estos meses: las metidas de pata en torno a las imágenes difundidas sobre Fujimori (fotos y pinturas incluidas), las divisiones dentro del fujimorismo sobre cómo encarar el tema (¿a quién diablos se le ocurrió poner a Kenji de operador?), las fotos sobre las condiciones carcelarias del reo – mejores que cualquier otro penal del país – y, sobre todo, la aprobación de la ampliación de la extradición desde Chile por el caso diarios chicha.

Peor aún para el fujimorismo, han terminado confinados al mismo tema. De hecho, como señala Mirko Lauer, parte de la puesta de perfil de Fuerza Popular en torno al tema de la revocatoria tiene que ver con el cálculo que tienen sobre la posición del gobierno (al que sienten, sin decirlo, más cerca del No), por lo que no conviene pelearse (tanto) con ellos. Y no es que tampoco estén moviendo muchas cosas como oposición.

Quizás aquí se encuentre parte del importante porcentaje de aprobación de Ollanta Humala. No solo por sus programas sociales, sino también en la carencia de oposición. Tal vez por eso el tema se dilata, sumado a todos los errores cometidos por el fujimorismo. En ello, aprendieron rápido de Alan García. Y el video de hoy da un elemento más para que la respuesta, a su debido tiempo, sea negativa.

(Foto: Sergio Urday)

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EXPRESIDENTES Y PROPIEDADES

No es casual que, apenas Perú Posible anunció su apoyo al No en la revocatoria, los diarios embarcados en la campaña por el Sí – Correo, Expreso, Perú.21 y La Razón – informaron sobre la compra de una vivienda por parte de la señora Eva Fernemburg, suegra de Alejandro Toledo, en la zona exclusiva de Las Casuarinas (Surco).  Hago esta anotación de entrada, no porque no crea que no exista un tema por explicar (a eso volveremos luego), sino porque el modus operandi de demolición mediática es demasiado evidente.

En principio, que una señora que tiene 85 años y que tiene solvencia económica compre una vivienda es algo que pertenecería a su vida privada. El tema, claro está, es que es la suegra de un expresidente y claro, eso, en un país como el Perú donde muchos de los gobernantes salieron con las arcas personales llenas, siempre llama a suspicacias.  Aunque, hay que decirlo, cuando Toledo está en Lima, vive en la misma casa en la que vivía antes de ocupar el cargo político más importante del país, como lo hizo en su momento Fernando Belaúnde, cuya honestidad personal nunca se puso en tela de juicio.

¿Qué es lo que ha argumentado la familia Toledo? Que la vivienda se compró con los bienes acumulados por la señora Fernemburg durante sus dos matrimonios, así como por una pensión vitalicia que recibe por ser víctima del holocausto. Sobre este último punto, que para muchos era el más flojo de la argumentación toledista, hoy se explayó el abogado Carlos Chipoco (quien le decía la vela verde a Toledo cuando era abogado de las hermanas Crousillat) en RPP:

Sobre las suspicacias que ha desatado que Fernenburg haya comprado una casa en las Casuarinas, Surco, valorizada en casi 4 millones de dólares, dijo que la sobreviviente del Holocausto ha recibido una millonaria indemnización por parte de Alemania que -según dijo- ha pagado 86 mil millones de dólares en reparaciones individuales a causa del exterminio de judíos que perpetró en Europa.

Comentó que la ciudadana belga perdió a causa del Holocausto a sus abuelos, padres y hermanos. Enfatizó en que las reparaciones son acumulativas por cada víctima.

Por cada víctima se recibe aproximadamente mil dólares mensuales cada persona, es acumulativo y la pensión es de por vida“, expresó en RPP Noticias.

¿La explicación es consistente? En principio sí, pero creemos que todos los documentos que la sustenten deben ser presentados. En un país donde existen hartas suspicacias, lo mejor será que toda la documentación sea expuesta.  Porque, en el fondo, lo que se insinúa es que el real dueño de la casa de Las Casuarinas es Toledo, que lo compra por interpósita persona y que “seguramente” lo hizo con plata del erario público supuestamente sustraída durante su gobierno (y con la insinuación hecha por Mauricio Mulder que, en realidad, lo que se busca es evitar que una de las dos hijas del expresidente herede, lo que sería legalmente imposible). Y no lo dicen porque podrían caer en el mismo error que tuvo Caretas con Javier Reátegui y que le costó a la revista una sentencia en un juicio por difamación.

Y en el fondo una investigación exhaustiva es lo mejor para Toledo, pues las cuestiones patrimoniales han rondado a varios políticos – el pago de los estudios de los Fujimori, las viviendas de Alan García – por lo que, en este caso, es mejor pecar de escrupuloso.

La otra pregunta era, en caso que se encontrara algún signo irregular, ¿quién es el organismo competente para investigar? El procurador anticorrupción Julio Arbizu – a quienes los medios arriba mencionados se quieren bajar hace tiempo – indicó que la competente es la Procuraduría Pública sobre Lavado de Activos. Y, de hecho, hoy Perú.21 indicó que dicha procuraduría ya denunció el caso al Ministerio Público. Sin embargo, El Comercio, en su edición web, indicó que no se había hecho una solicitud de investigación sobre dicho caso.

En conclusión, creemos que lo mejor para Alejandro Toledo y su familia es que se haga una investigación, para despejar toda duda al respecto. Y sería mejor que lo haga de motu propio. Y lo podrían hacer también otros expresidentes y funcionarios públicos, que hicieron (entre ellos) transacciones inmobiliarias en el periodo en que fueron autoridades. Quien no la debe, no la teme.

(Foto: El Comercio)

EL ESTADO EN EL PERU

Eduardo Dargent –abogado, politólogo y excolumnista de diario16– acaba de publicar “El Estado en el Perú. Una agenda de investigación” (Lima, PUCP, 2012). Se trata de un documento de trabajo pensado, en principio, para los investigadores dedicados al estudio del Estado en nuestro país, pero que también resulta importante para ciudadanos, políticos y periodistas.

Dargent parte de una constatación: la mirada sobre el Estado como actor político ha sido menor por parte de los científicos sociales en comparación con otros temas. Ello abre una oportunidad para los politólogos, pues trabajos descriptivos y explicativos sobre el ente estatal pueden mostrar varias dificultades de la gobernabilidad democrática en el Perú, en particular, la sensación de ineficacia que tiene el Estado frente a los ciudadanos.

Así, investigar al Estado requiere examinar sus componentes, pues una mirada estrictamente unitaria puede ocultar contrastes importantes, sin que ello implique perder preguntas generales. Además, resulta necesario observar al Perú en perspectiva comparada, pues, de no hacerlo, se exacerba una visión excesivamente singular sobre nuestra política.

El autor propone cinco temas en los que se puede enmarcar la investigación sobre el Estado: capacidad; bu-rocracia y organizaciones estatales; agenda, adopción e implementación de políticas públicas; Estado y relaciones internacionales y Estado e historia. Estos cinco ejes permiten abordar tópicos como “islas de eficiencia”, disparidad en la implementación de la descentralización, relación entre burocracia y élites económicas, dificultades para encarar procesos de reforma del sistema de justicia y las fuerzas de seguridad, entre otros.

A partir de investigaciones que aborden puntos como los mencionados, los políticos podrán entender mejor los factores que impiden o faciliten la implementación de reformas y políticas públicas, más allá de la voluntad que ellos impriman a estos procesos. De allí que Dargent insista en investigaciones multidisciplinarias que convoquen a las ciencias sociales y las humanidades (y, añado yo, al derecho), en un contexto en el que la mirada sobre el Estado ya no está en su reducción per se, como se postuló en la década de 1990.

Finalmente, aunque el autor no lo haya hecho explícito, el texto debiera ser leído por los periodistas, tanto para encontrar temas de posibles reportajes e investigaciones, como para romper la distancia existente entre la academia y la prensa, que muchas veces lleva a errores –conceptuales y de datos– a los periodistas o esconde trabajos valiosos que se pierden en la soledad de una biblioteca.

(Columna publicada en Diario 16 el 28.01.2013)

MAS SOBRE EL TEMA:

Una parte del capítulo sobre Estado e Historia del libro de Dargent en el blog del historiador José Ragas

(Foto: Desde el Tercer Piso)

¿QUE OCURRE EN CAÑARIS?

Mientras en Lima las patinadas del No y las denuncias más fuertes sobre los impulsores de la revocatoria ocupan la agenda nacional, en la sierra de Lambayeque las cosas andan movidas desde hace varios días. En específico, en la localidad de Cañaris. Allí existe un conflicto en torno a un proyecto minero – Cañarico – impulsado por la empresa canadiense Candente Cooper.

¿Por qué se ha presentado el conflicto en la zona? Lo explica el editorial de esta semana de Noticias SER:

Es importante señalar que el proyecto está ubicado en la sierra del departamento de Lambayeque, zona en la cual no ha habido actividad minera hasta la fecha. Como suele suceder en estos casos, la población reacciona frente a la incertidumbre que genera este tipo de proyectos, tanto en lo referido a los impactos ambientales, como a los cambios sociales y económicos que generan y en los que muchas veces, las comunidades y los pobladores terminan siendo damnificados antes que beneficiarios.

El conflicto, para variar, no nació ayer o la semana pasada. A fines de septiembre se realizó una consulta popular entre la comunidad de Cañaris para ver si respaldaba la actividad minera y el 97% de los ciudadanos dijeron que No (Ojo que esto es distinto a la consulta previa, mecanismo sobre el que existe aún discusión sobre si la comunidad en cuestión entra o no, dado que no se le habría incluido en el registro que viene preparando el Viceministerio de Interculturalidad, de acuerdo con lo que señalan algunos medios). Sin embargo, como indica El Comercio, meses antes se produjo otra consulta en la que la comunidad aprobó la realización del proyecto.  Imaginarán cual es la que reconoce el Ministerio de Energía y Minas.

Hubo una huelga en diciembre que se paró gracias a los buenos oficios de la Defensoría del Pueblo, pero a inicios de enero el conflicto recrudeció debido a que la empresa reinició sus trabajos en la zona, como parte de las labores de exploración. Y el día de hoy se produjeron enfrentamientos entre la policía y los comuneros, que han tenido como saldo varios heridos (dos de ellos de gravedad).

Para echar más gasolina al fuego, desde el Estado las respuestas han sido peores que las de la mayoría de voceros a favor y en contra de la revocatoria. Indica Noticias SER (links añadidos míos)

De otro lado, a pesar del tímido esfuerzo del ministro del ambiente. Manuel Pulgar Vidal de intentar bajar el tono del gobierno sobre el caso, al señalar que: “Si hay un gran sector de la población en contra (del proyecto), el Estado debería tenerlo en cuenta”, el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino ha respondido que: “El dirigente del Frente de Defensa estuvo preso 10 años por terrorismo y por eso es que nosotros desde el gobierno central propiciamos el diálogo pero también tenemos que ejercer la autoridad para impedir que se genere violencia como un motivo para luego decir no a la minería”, lo cual parece cerrar toda posibilidad de diálogo por el momento.

A ello se suma, como indica Santiago Pedraglio en su columna de hoy, el hasta el hoy críptico anuncio del ministro del Interior sobre la creación de frentes policiales en zonas de conflictos vinculados a actividades extractivas. Para algunos esto sería casi una suerte de repetición de los frentes contrasubversivos de épocas pasadas, lo que conllevaría una lógica estrictamente policial al tratamiento de los conflictos, mientras que para otros esta sería la oportunidad para destrabar una zona gris existente entre las fuerzas de seguridad y las empresas mineras, en relación con el comportamiento de las primeras en conflictos sociales, en particular, por la existencia de convenios entre ambas para su actuación en las zonas mineras.

Y, por cierto, lo ocurrido en Cañaris se produce en un contexto en que la Oficina Nacional del Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros parece estar más interesada en un debate semiológico en relación con el concepto de “conflictos”, antes que pensar en la mejor forma de gestionarlos y solucionarlos.

LA SUERTE DE VILLA STEIN

Luego del fiasco que representó la sentencia dada por la Sala de la Corte Suprema que presidía (y aún preside) sobre el Destacamento Colina, muchos pensaban que Javier Villa Stein tenía sus días contados en el Poder Judicial.  Sin embargo, dos acontecimientos recientes le han devuelto el oxigeno y, por el contrario, ha salido bien librado luego del mayor escándalo de su carrera.

El primer hecho fue la elección de Enrique Mendoza como presidente del Poder Judicial, elección en la que Villa Stein terminó jugando un rol decisivo, tal como lo contó Ricardo Uceda:

San Martín no apoyó a Rodríguez porque supuso –o por lo menos eso decía– que iba a ser influido por Villa Stein si se convertía en presidente. Sin embargo Villa Stein, un conservador, no se sentía cabalmente identificado con Rodríguez, quien está más a su izquierda.  Al mismo tiempo Villa Stein  desconfiaba de Almenara por la alianza de este con San Martín, a quien, en su apreciación, permitiría que continuara ejerciendo poder detrás de bambalinas.

(…)

Más adelante Villa Stein decidió apoyar a Mendoza, con lo cual la victoria de Rodríguez parecía asegurada.

Pero Mendoza se decidió finalmente por Almenara. Mendoza se lo explicó a Rodríguez, aunque no fue explícito respecto de los motivos. Se lo explicó también a Villa Stein, a quien se le presentó un dilema. ¿Quedarse solo? ¿Apoyar a Rodríguez y perder?

(…)

Pero un cuarto de hora antes de la ceremonia Duberlí Rodríguez y los siete vocales que lo apoyaban fueron a la oficina de Enrique Mendoza en la OCMA. Le ofrecieron sus votos para que él ocupara el más alto cargo del sistema judicial.

Así Mendoza terminó siendo presidente del PJ. Y ha procurado quedar bien con todas las facciones del PJ, comenzando por Villa Stein, a quien ratificó como presidente de la Sala Penal Permanente de la Suprema, en detrimento de San Martín, quien preside la Sala Penal Transitoria del referido colegiado.

Y el segundo hecho se produjo hoy: Villa Stein no será finalmente investigado por el Consejo Nacional de la Magistratura por la controvertida sentencia emitida el año pasado. Ayer adelantó César Romero de La República:

Según trascendió en medios judiciales, en opinión de los miembros de la referida comisión, los jueces tomaron una decisión jurisdiccional que no puede investigarse ni sancionarse disciplinariamente.

La comisión subrayaría que el CNM solo puede investigar y sancionar a los jueces si en el desarrollo de un proceso cometen una inconducta funcional o fallan en contra de la ley, no por decisiones que tomen aun cuando estas sean polémicas o controvertidas.

El problema es que hay argumentos a contrario. Algunos de ellos han sido señalados por el abogado Yván Montoya:

La propia sentencia evidenciaría indicios de haber incurrido en algunas faltas disciplinarias graves y muy graves.  En efecto, el artículo 34.1 de la Ley 29277, Ley de la Carrera Judicial señala que es deber de todo magistrado impartir justicia con razonabilidad. Esto en concordancia con el perfil que se exige de todo juez: capacidad de interpretar y razonar jurídicamente a partir de casos concretos. Pues bien, la interpretación anteriormente referida resulta no solo carente de motivación sino, a todas luces, arbitraria.

Igual el artículo 47.16 de la Ley señala como falta grave el que un magistrado utilice en sus resoluciones expresiones improcedentes o manifiestamente ofensivas desde el punto de vista del razonamiento jurídico. El razonamiento indicado en el párrafo anterior resulta, a nuestro juicio, al menos sospechoso de improcedente (y esto lo confirmaría la nulidad de la misma sentencia) y sobre todo ofensivo contra los familiares de las víctimas. Finalmente, el artículo 48.13 prescribe como falta muy grave el hecho de que el magistrado judicial incurra en un acto que, sin ser delito, vulnera gravemente los deberes del cargo. Es esencial que se evalúe en el pleno del CNM si se ha infringido el deber de todo magistrado de motivar razonablemente sus resoluciones y si la ausencia de razonabilidad ha causado graves consecuencias relacionadas con la imagen del Perú en la comunidad internacional.

El CNM no solo perdió la oportunidad de hacer una investigación a conciencia sino que le ha concedido el favor de su vida a uno de los vocales más controvertidos de la Corte Suprema. Una decisión de la que discrepamos desde aquí.

LOS INTRINGUILIS DE LA JUSTICIA MILITAR

Uno de los temas que, con la transición democrática, fue materia de discusión durante toda la década pasada, fue qué hacer con la justicia militar.  Siendo minoritario el sector que planteaba su desaparición – incluso dentro de los ámbitos más progresistas -, la idea de las reformas vinculadas a este cuerpo estaban más cercanas a establecer candados institucionales para evitar dos problemas que tuvo durante las dos últimas décadas del siglo XX: ser un instrumento de impunidad en materia de violaciones de derechos humanos y carecer de independencia, sobre todo, en lo que se refiere a la elección de sus magistrados.

El primer objetivo se cumplió a medias. Si bien es cierto que son mucho menores las intervenciones en procesos por violaciones a los derechos humanos, algunas intervenciones del fuero militar sí han afectado casos determinados. El ejemplo sintomático es lo ocurrido con el caso Chavín de Huántar, donde la intervención de la justicia castrense probablemente le cueste al Estado una sentencia desfavorable ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual, en reiteradas ocasiones, ha señalado que esta no es la instancia pertinente para procesar este tipo de hechos.

Pero el segundo punto es el que, hasta ahora, no se ha resuelto.  Luego de varias idas y venidas normativas, las actuales normas sobre justicia militar permiten que sea el Presidente de la República quien designe a los magistrados del Fuero Militar Policial (cuando debería hacerlo el Consejo Nacional de la Magistratura como con el resto de jueces de todo el país), que se puedan escoger a oficiales en actividad (lo que ha sido visto por el sistema interamericano de derechos humanos como una afectación a la independencia judicial) y que, además, existan fiscales militares cuando esta figura no estaba contemplada en la Constitución de 1993.  Peor aún, el Tribunal Constitucional dijo que estas normas eran constitucionales, volteando su jurisprudencia luego de por lo menos 5 sentencias en sentido opuesto.

El tema ha vuelto a la mesa con los recientes cambios en el Fuero Militar Policial, sobre todo, en su presidencia.  En estos días, fue destituido el Contraalmirante en retiro Carlos Mesa Angosto, quien durante varios años presidió este fuero especial. Rápidamente, medios como Correo y Expreso se solidarizaron con él – lo que es consecuente con la línea de estos medios, pues Mesa se opone a los procesos a militares por violaciones de derechos humanos y que sigue pensando que las ong’s quieren “desaparecer” la justicia militar, lo que es mentira – y Mesa Angosto salió denunciando que el Poder Ejecutivo ha hecho cambios que hacen que “se controle al fuero militar desde el Poder Ejecutivo”.

El problema con la argumentación de Mesa es que con la legislación que “permite el control del Ejecutivo” fue dictada en el gobierno de Alan García y fue al amparo de la misma que lo eligieron a él como presidente del Fuero Militar Policial. Y justamente, lo que han cambiado son las reglas – mediante Ley dictada por el Congreso – para elegir al presidente y algunas precisiones para elegir a los magistrados. Lo de fondo del sistema de elección, que se da de patadas con los estándares del sistema interamericano de derechos humanos, se mantiene. De hecho, como comenta David Lovatón, abogado del Instituto de Defensa Legal, el cambio normativo reciente parece tener otro fin:

Al parecer la Ley 29955 le habría puesto la puntería al actual Presidente del Fuero militar policial, contralmirante (r) Carlos Mesa Angosto, pues todo parece indicar que las modificaciones introducidas apuntan a removerlo del cargo. Cabe recordar que Mesa Angosto fue designado como vocal del Tribunal Supremo militar policial por el ex Presidente Alan García y, en su momento, no reclamó por la afectación de la independencia de este fuero castrense como lo hace ahora; tampoco protestó cuando Montesinos hizo firmar a los altos oficiales de las fuerzas armadas la vergonzosa “acta de sujeción”, por el contrario, la firmó.

Y claro, luego de esta respuesta, Mesa salió del cargo. Pero su reemplazo tiene su mismo corte e incluso peor. Como relata un informe de Justicia Viva, el general (r) Hugo Pow Sang, flamante presidente del Fuero Militar Policial, tiene el siguiente repertorio de cuestionamientos en su contra:

a) Al igual que Mesa Angosto, también firmó el acta de sujeción a Montesinos y Fujimori de 1999. Como también lo han hecho otros funcionarios de este gobierno, como el asesor en temas de defensa Adrián Villafuerte Macha y el exministro del Interior Wilver Calle Girón.  Todo ello, por cierto, a pesar que Ollanta Humala se ha expresado en términos bastante duros contra quienes firmaron el acta de sujeción durante varios años. En el libro – entrevista biográfica “De Locumba a candidato a la Presidencia del Perú”, Humala se mandó con todo contra ellos, exigiendo incluso cortes de honor y llamándolos delincuentes. Este es un tema ético antes que legal, dado que solo han sido condenados los oficiales que obligaron a firmar a sus compañeros de armas este vergonzoso documento.

b) Cuando el caso Barrios Altos fue llevado al fuero castrense, Pow Sang emitió un informe exculpando a Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza Ríos y Juan Rivero Lazo por los asesinatos producidos en 1991. En un informe ampliatorio, también exculpó a los miembros del destacamento Colina, al considerar que solo hacían labores administrativas y que no pertenecían al Servicio de Inteligencia del Ejército.

Es decir, Pow Sang formó parte de la cadena de impunidad que se tejió sobre el caso Barrios Altos. Y este solo hecho debería hacer que el Presidente de la República lo ponga, de inmediato, de patitas en la calle. Y – aunque esto lo veo más difícil – debería proponerse una fórmula de reforma de la justicia militar, a fin que la elección de sus magistrados sea, por fin, compatible, con los estándares internacionales de derechos humanos, con lo que los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional llevados ante su jurisdicción puedan contar con todas las garantías de un proceso justo.

Tremendo lío en el que, una vez más, se ve involucrado el Presidente de la República, con el silencio de todo el gabinete, comenzando por el Ministro de Defensa.

(Foto: Andina)

TELEFONICA Y LAS PERCEPCIONES

Ayer, luego de una negociación de casi dos años, el Estado peruano renovó el contrato de concesión de tres bandas de telefonía móvil a Telefónica del Perú. Y como se imaginarán ya salieron las reacciones previsibles: desde el festejo alborozado del gobierno, que vende la renegociación como un triunfo y parte de la política de “inclusión social” (lean nomás cuales son los puntos que más se han resaltado del acuerdo), hasta congresistas como Yohny Lescano – que ha hecho buena parte de su carrera política en base a criticar a Telefónica – quien ha dicho que la renovación es ilegal y entreguista.

No he tenido oportunidad de leer aún los documentos de renovación de la concesión (el viceministro de Comunicaciones señala que se colgarán en unos días). Sin embargo, tanto El Comercio en su edición impresa, como sobre todo, Eduardo Villanueva, experto en tecnologías de la información, señalan algunos puntos críticos de lo conocido sobre los acuerdos a los que valdría echar una mirada y, por supuesto, hacer las preguntas respectivas al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cuyo titular – amigo personal del Presidente de la República – no se ha caracterizado precisamente por su locuacidad.

Pero más allá de las reacciones de los políticos, cabe preguntarse porque la renovación de las concesiones de tres bandas de telefonía celular a Telefónica ha tenido que venderse como una suerte de formación de alianza estratégica entre la empresa y el Estado para colaborar con el impulso de los programas sociales tan preciados para este gobierno. Y en ello tiene que ver mucho las percepciones que existen sobre la empresa de capitales españoles, luego de 19 años de la privatización de CPT y Entel.

Alguna data histórica vinculada a las percepciones sobre la materia la registra Alfredo Torres en su libro sobre opinión pública. Un primer punto a contemplar es la decreciente popularidad de las privatizaciones, alabadas hacia 1993 y 1994, debido a la mejora en la calidad del servicio en comparación con los severos defectos que las empresas estatales daban, pero que, hacia 1997 en adelante, se volvieron impopulares, debido a que, según Torres, ni gobierno ni empresas mostraron los beneficios que tenía esta medida para la caja fiscal y la ampliación de cobertura. Y esto se agravó con dos temas adicionales: las tarifas – en un país donde la opinión pública aún percibe que el Estado debería ejercer algún tipo de control o supervisión sobre ellas – y los despidos y problemas laborales que tuvo la empresa.  Si se preguntan hasta ahora porque no se privatizó Sedapal – incluso en gobiernos como los de Fujimori y el segundo de Alan García – he aquí la respuesta.

Un segundo punto que Torres resalta es que, luego de años de aplicación de un modelo de economía abierta, aún buena parte de la ciudadanía sigue siendo más tolerante con las deficiencias de las empresas públicas y es más exigente con las empresas privadas. De hecho, el director de Ipsos Apoyo anota que “la gran empresa privada es aceptada como fuente de empleo y tecnología, pero no se entiende que pueda ganar utilidades como un servicio público (…) Es decir, se presume que si una empresa privada obtiene beneficios brindando un servicio público, no es consecuencia de una mayor eficiencia, sino de un injustificado incremento de sus precios”. (TORRES, Alfredo, Opinión pública 1921 – 2021, Lima, Aguilar, 2010, p. 150).  Si alguien quería la razón por la cual congresistas como Lescano tienen público fijo cada vez que se habla de Telefónica, aquí la tienen.

Pero el tercer punto es más contemporáneo: la exigencia por una mejor calidad del servicio. De hecho, una crítica hecha por El Comercio es que, en lo que se ha conocido de los acuerdos, no hay mayores alusiones a la mejora de la calidad del servicio para los usuarios actuales de Telefónica. Desde el MTC, hoy se ha respondido – en el programa de AAR en Capital – que se está preparando una norma para exigir a todas las empresas de telefonía mayores estándares para la solución de reclamos y atención al cliente (hay una versión inicial prepublicada en la web de Osiptel, pero a la que he tenido que dar mil vueltas para ubicarla), quizás el punto más flaco en la relación entre las empresas de telefonía (ninguna se salva) y los ciudadanos.

Y basta dar una mirada a Internet para darnos cuenta de lo que ocurre. De un lado, los usuarios de clase media usan Twitter para reclamar directamente a las cuentas de las empresas de telefonía sobre averías, problemas en cobertura o la poca transparencia con la que se han promocionado algunos productos – ejemplo claro, el “4G” -. Y de otro lado, en el resto del Perú – pero con mayor dramatismo en la selva – el acceso a Internet es menor tanto por la cobertura como por la velocidad del servicio. En teoría, Telefónica se está comprometiendo a comenzar a solucionar el último problema, pero no ha dicho nada sobre el primero, que es al que se enfrentarán sus nuevos usuarios y que tienen los antiguos.

Por ello es que una nota de prensa de la empresa, que indica que las condiciones establecidas por el gobierno son “duras y sin precedentes”, cae tan mal en el público común y corriente. Sin duda, además de cumplir con las nuevas condiciones, Telefónica deberá replantear su relación con el usuario final, entendiendo cual es su perfil. Y el Estado tendrá una tarea de información y fiscalización que deberá cumplir mejor de lo que lo ha hecho hasta ahora.