La nueva jugada del Sodalicio

El año termina con el Sodalicio de Vida Cristiana aterrado. Ya no son solo las acusaciones por abusos físicos, psicológicos y sexuales. Ahora que comienzan a tocarse sus negocios, intentan responder de la manera más burda.

El lunes, el SCV pensaba lanzar un video – a través de Canal S –  en el que supuestamente refuta las acusaciones planteadas por Daniel Yovera y Seamus Mirodan en el reportaje presentado en Al Jazeera hace unas semanas.

La investigación presentada por Yovera y Mirodan da cuenta de los nexos de la Asociación San Juan Bautista con la banda La Gran Cruz del Norte, para la apropiación de terrenos en Piura. Esta Asociación tiene la mayoría de acciones de la empresa inmobiliaria Miraflores Perú, la cual pagó a delincuentes para su negocio inmobiliario en la comunidad campesina de Castilla.

Para tratar de refutar la investigación, se ha preparado un video con varias medias verdades y, sobre todo, una gran mentira: insinuar que Yovera pagó por los testimonios presentados por el reportaje. Específicamente, en el minuto 20, una persona indica que “una persona me quería entrevistar y a cambio me pedían un apoyo económico”. Y luego, tratan de acusarlo de mala praxis periodística.

En otras palabras, lo que se busca, además de evadir una respuesta directa a lo presentado en Al Jazeera, una de las cadenas de noticias más importantes del mundo, es embarrar a quienes han hecho este reportaje.

Nosotros damos fe de la calidad profesional y personal de Yovera, un periodista que siempre ha obtenido sus primicias en base a un buen trabajo de fuentes y a una ética bastante férrea. Que una institución que se encuentra más que cuestionada por diversos ámbitos recurra a estas malas artes dice mucho de los intereses que están en juego. Todo indica que a la entidad católica lo único que le queda es, básicamente, salvar los negocios que les permiten mantener un estilo de vida bastante alto. Negocios que también vienen siendo cuestionados en Chile, como ha presentado el prestigioso portal Ciper.

Pero lo que no se sabía es quien estaba detrás de este video.

Esta mañana comprobamos que una “versión final” del informe de Canal S se encontraba en la cuenta de YouTube “comandopanda”. Dicho canal pertenece al excongresista y productor audiovisual Carlos Raffo. El exparlamentario, apartado totalmente del fujimorismo partidario, se ha dedicado los últimos años a apoyar causas conservadoras. Esta es la captura de pantalla que demuestra lo que señalamos:

¿Por qué Carlos Raffo está apoyando a una organización con serios cuestionamientos éticos y cuyo fundador ha cometidos actos que, precisamente, se riñen con los valores que dice tener? Es una pregunta que el exparlamentario debería respondernos a todos. Sobre todo, en momentos en que, en nuestro país y en varias partes del mundo, el conservadurismo apela a mentiras y medias verdades para tratar de alcanzar sus objetivos.

(ACTUALIZACIÓN: Carlos Raffo ha reconocido en su cuenta de Twitter que es parte de la Familia Sodalite y que sus hijas han estudiado en el colegio Villa Caritas, promovido por el SCV).

Aquí el video preparado para tratar de enlodar a Yovera:

Que esta campaña pare de una vez. Y que el Sodalicio de Vida Cristiana asuma, por fin, las consecuencias de los graves actos cometidos por varios de sus miembros.

Feliz 2017 para todos.

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Cambios en el diario El Comercio

El miércoles 28 de diciembre, Empresa Editora El Comercio reportó a la Superintendencia de Mercado de Valores un cambio histórico: César Pardo – Figueroa Turner, gerente general de la nave nodriza del Grupo El Comercio, dejaba el puesto luego de 20 años en el cargo.

Según pudo conocer Desde el Tercer Piso, el relevo de Pardo – Figueroa estaba decidido desde hace aproximadamente seis meses. Se trataba del primer gerente general de la empresa que no pertenecía a la familia Miró Quesada, vinculada a la propiedad del periódico desde la década de 1870.

La salida del gerente de El Comercio será efectiva a fines de febrero de 2017.  Su reemplazo será Jaime Graña Belmont. Indica la nota de EEEC:

El señor Jaime Graña es un ejecutivo peruano, que actualmente reside en Miami y cuenta con un largo recorrido en el mundo de los negocios en América Latina. El señor Graña es administrador de empresas de la Universidad de Lima y ha seguido programas de especialización de alta Dirección en el PAD de la Universidad de Piura y en la Universidad de Stanford. La experiencia que ha recogido a través de su carrera por Latino América en Diageo ( Perú, México y USA) y Procter & Gamble (Perú y USA) le ha dado a Jaime una visión clara de cómo estructurar negocios y entender cuáles son las palancas claves para poder transformar una organización.

La presencia de Pardo – Figueroa ha sido clave para las acciones emprendidas por el Grupo El Comercio en las últimas dos décadas. Fue el periodo en el que el conglomerado mediático creció más – tanto en nuevos negocios como en lo que se refiere a sus ganancias – y donde la parte comercial tuvo cierta influencia en algunas de las publicaciones del diario, sobre todo, en la cobertura de las noticias en Lima. Era visto dentro del Grupo como una persona inteligente, incluso por quienes discrepaban de sus posiciones políticas y decisiones comerciales.

En rojo para Pardo – Figueroa se encuentra el apoyo que dio, junto a algunos accionistas y algunos periodistas de El Comercio, a Keiko Fujimori en la campaña presidencial de 2011. Asimismo, el portal Ojo Publico reportó que se encontraba en la lista de los “Panama Papers” al poseer una empresa off shore creada por el controvertido bufete de abogados Mossack Fonseca. Sobre ello dijo:

Ojo-Publico.com también se comunicó con César Pardo Figueroa, gerente general de El Comercio, para preguntarle por la offshore Ibis Capital que creó en Islas Vírgenes Británicas en el 2010. El ejecutivo señaló: “Es una operación legal de transferencia que se hizo a través del sistema bancario y ha cumplido con las normas tributarias. Hay inversiones que se pueden hacer en Perú y otras afuera, para tener otras alternativas. Yo trabajo 20 años en El Comercio y buena parte de mis ahorros los tengo en medios de inversión en Perú. Cuando se generan utilidades se pagan impuestos, [pero] el resto de plata la he regresado al Perú”. Consultado sobre por qué utilizó los servicios de Mossack Fonseca, firma involucrada en múltiples casos de evasión de impuestos y lavado de dinero de actividades ilícitas, Pardo Figueroa dijo: “Muchas cosas no se saben hasta que suceden”.

No es el único cambio que existe en El Comercio. Desde el 1 de enero de 2017, Graciela Villasis ocupará la jefatura de la Unidad de Investigación del diario.  La periodista, conocida por sus reportajes en el programa Cuarto Poder, fue seleccionada para encabezar el segundo intento que la gestión de Fernando Berckemeyer ha tenido para reactivar este equipo. Recordemos que, en 2014, Fritz Du Bois decidió cerrar la Unidad, pretextando temas de costos y la necesidad de una nueva mirada a la investigación dentro del año.

Cabe recordar que en junio del año pasado, el periodista Daniel Yovera fue convocado para encabezar la UI, conformada también por los periodistas Christopher Acosta y Alonso Ramos. Según pudo conocer DTP, luego de un inicio interesante, discrepancias sobre los plazos y formas de publicación provocaron que la relación laboral acabara, en buenos términos para ambas partes. Yovera ha venido publicando investigaciones durante la segunda mitad del año en forma independiente para diversos medios, lo que lo ha mantenido en vigencia. Mientras que Acosta terminó como jefe de investigación en Latina y Ramos volvió al semanario Hildebrandt en Sus Trece.

Curiosamente, una de las investigaciones de la UI, referida a los plagios de César Acuña, obtuvo tanto un galardón en el Premio Nacional de Periodismo organizado por IPYS, como en el Premio Padre Urías, concurso interno de El Comercio para sus periodistas.

Se desconoce hasta el momento quienes acompañarán a Villasis en esta nueva aventura periodística. Según nuestras fuentes, Beckemeyer se encuentra bastante interesado en que este segundo intento de contar con una Unidad de Investigación tenga los resultados que él espera.

Asimismo, esta semana Jimena de la Quintana dejó las filas de El Comercio. La periodista fue subeditora de Política y, posteriormente, fue destacada como editora del suplemento económico Día.1.

Finalmente, un último relevo es la salida, luego de doce años, de Pedro Ortiz Bisso de la Mesa Central de Redacción del diario, que encabezó durante el último año y medio. El periodista, quien tiene un cuarto de siglo en el periódico de la familia Miró Quesada, estará dedicado al manejo periodístico de las redes sociales del diario.

Ortiz Bisso apoyará así el trabajo iniciado por Carlos Salas, editor web de El Comercio, para tratar de quitarle al portal del diario la chapa de “El Tromercio”, que tuvo durante varios años debido a la abundancia de noticias intrascendentes, colocadas con el único fin de generar mayor tráfico hacia la página. Nuestras fuentes estiman que la dirección del diario apoya y ve con buenos ojos los cambios emprendidos por Salas en los últimos meses.

Así concluye el 2016 en el diario más importante del país, en un año donde tuvo que aguantar los embates del Cardenal Juan Luis Cipriani y algunas otras personas cercanas al fujimorismo, quienes quisieron que Fernando Berckemeyer dejara la dirección del periódico. Según indicó la periodista Laura Grados, fueron dos los intentos del Arzobispo de Lima para que el directorio defenestre al abogado y periodista. De acuerdo a lo que hemos podido conocer, los diversos grupos de accionistas representados en la más alta instancia de Empresa Editora El Comercio mantienen su confianza en el joven director.

Y en El Comercio son plenamente conscientes que nuestra derecha conservadora buscará hacerle la guerra a su línea liberal. Se viene un año interesante.

Mesa Redonda: 15 años

(Una noche trágica. Foto: El Comercio)

Fue una noche dura. Quienes vimos por las pantallas de la televisión lo que venía ocurriendo aquel sábado, sabíamos que estábamos ante una tragedia. Y ante un hecho que, para todos los que transitamos el Centro de Lima, estaba anunciado.

Desde que tengo uso de razón, Mesa Redonda fue un sinónimo de informalidad. No solo por la cantidad de vendedores callejeros – llamarlos ambulantes sería faltar a la verdad – que existen desde hace años, o por el hecho que mucha de la mercadería allí colocada se encontraba bajo el signo del contrabando. Si uno detenía la mirada en los edificios circundantes o siquiera levantara la vista y se topaba con las conexiones clandestinas, sabía que un sismo o la primera chispa de un incendio podría generar una noticia que enlutara a toda la ciudad.

Y ello ocurrió.

Luego de la tragedia, parecía que se iniciaba un periodo de conciencia sobre los riesgos del comercio informal. Pero los limeños vivieron, meses después, otra tragedia. Esta vez en lo que muchos pensaban que constituía las antipodas de Mesa Redonda: el Jockey Plaza.

Y transcurridos algunos años en los que los ciudadanos teníamos mucho más prudencia frente al manejo de productos pirotécnicos, volvimos a lo de siempre. No solo porque la ciudad se volvía una réplica de la Operación Tormenta del Desierto cada Navidad y Año Nuevo, sino también porque la precariedad respecto del comercio y los centros de esparcimiento continuó. Lo ocurrido en Larcomar lo demuestra y nos encara respecto del cumplimiento de las normas sobre Defensa Civil en los últimos tres lustros.

Peor aún, la justicia no hizo bien su trabajo en Mesa Redonda. No solo porque el caso demoró varios años en ser atendido. Sino porque, como indicó hoy el abogado Oscar Schiappa-Pietra en RPP, solo una persona fue sentenciada por las graves negligencias existentes en este incendio y las reparaciones por cada víctima llegaron a la irrisoria suma de 700 nuevos soles.

Mesa Redonda sigue siendo una bomba de tiempo. Nuestras autoridades no hacen cumplir las reglamentaciones sobre prevención y gestión de riesgos. Y los ciudadanos seguimos comprando pirotécnicos en lugares con gran peligro.

No aprendimos nada. Y esa es una tragedia tan grande como la que vivimos hace 15 años.

Tres datos de hoy sobre el caso Lava Jato

Tres Presidentes
(Los representantes de los tres gobiernos nacionales implicados. Foto: La República)

Hoy ha sido día de novedades en el caso Lava Jato. Tres son los datos más importantes a los que debemos prestarle atención.

CHAU CONSTRUCTORAS BRASILEÑAS DE LOS CONTRATOS ESTATALES:

Hoy, en la habitual conferencia post Consejo de Ministros de los miércoles, Fernando Zavala anunció que ni Odebrecht ni otras empresas involucradas en corrupción ya no participarán en contrataciones estatales.

¿Cómo así? Como señala Gestión:

“Hemos acordado en Consejo de Ministros revisar la Ley de Contrataciones con el Estado para implementar procedimientos que eviten que en las nuevas licitaciones puedan participar empresas sancionadas por actos de corrupción. Así, en el caso de Odebrecht y otras no van poder participar en nuevas licitaciones siempre y cuando hayan existido sanciones por actos de corrupción o como en este caso, en la que ellos mismos han admitido este tipo de malas prácticas”, detalló en conferencia de prensa.

Es decir, el Poder Ejecutivo hará uso de las facultades legislativas que tiene para poder modificar la Ley de Contrataciones del Estado a fin de evitar que empresas cuyos principales directivos hayan sido sancionados por corrupción o cuando se haya llegado a un acuerdo de admisión de responsabilidad. En el caso de Odebrecht y de la mayor parte de empresas constructoras brasileñas, estamos ante el segundo caso. Con ello, el gobierno no vulneraría el principio de presunción de inocencia en general, a pesar que las empresas no tienen responsabilidad penal.

El anuncio de Zavala da por zanjada una discusión existente en el Poder Ejecutivo respecto de la necesidad de tomar medidas similares a las de otros países sobre la participación de compañías involucradas en casos de corrupción en contrataciones estatales. Panamá había anunciado una medida similar ayer. El Presidente del Consejo de Ministros ha trabajado en dicho país, por lo que no sorprende que, finalmente, se haya adoptado una medida de este tipo. Sin duda, un mensaje claro, además del anuncio de mayores recursos para el Ministerio Público y la Procuraduría Anticorrupción.

EL HILO DE LA INTEROCEANICA

En su columna de hoy miércoles en Exitosa, Gustavo Guerra – García cuenta la historia sobre cómo fue uno de los pocos que alertó, en su momento, sobre las irregularidades de la Carretera Interocéanica. Coloco aquí los párrafos más saltantes:

Para justificar las inversiones se predijo que Ma­dre de Dios se convertiría en una potencia agríco­la con una cédula de cultivos con una rentabilidad promedio de 85%, en la época en que el cultivo más rentable de la costa era el ají paprika con 30%. Es de­cir, se falseó la in­formación para so­bredimensionar el proyecto. Para evi­tar que las oficinas técnicas de inver­siones del MTC y del MEF revisa­rán el proyecto, el mismo fue exone­rado del SNIP. El Gobierno decidió hacer la licita­ción sin el estudio definitivo de ingeniería a pesar de que su presupuesto equivalía a cinco veces el gas­to de inversión del MTC de la época. Como conse­cuencia, como se señaló en el artículo del 2005, se realizó una licitación a ciegas: el Estado no sabía cuánto costaba la obra.

Lo siguiente extraño fue que se dividió la obra de cerca de USD 890 millones en sólo dos tramos, im­posibilitando por las exigencias de la licitación que los postores puedan ser liderados por empresas pe­ruanas. Luego ocurrió lo más sorprendente: se puso una cláusula –en mi opinión ilegal– que anulaba el presupuesto de la obra que era fruto de la licitación y se establecía en la adenda del contrato que el pre­supuesto final se establecería a partir de los estudios definitivos de ingeniería que debían ser presentados por los concesionarios y revisados por Ositrán.

Lo contado por GGG, quien ha sido viceministro de Transportes, se complementa con lo señalado ayer en un informe de Latina, sobre cables diplomáticos enviados por la embajada de Brasil en Lima, que hacen alusión a la negociación de los contratos de la mencionada vía. El informe de Christopher Acosta indica la presión política de las empresas brasileñas para conseguir los precios que querían para la carretera. De hecho, hubieran desertado en grupo en la licitación si el gobierno de Toledo no atracaba el monto y, en el caso del gobierno de Alan, había interés en que las constructoras del vecino del este participaran de todas maneras en los tramos que faltaban.

Como ha indicado el excongresista Juan Pari, este es el caso que puede terminar siendo más potente en esta trama.

DOS HOMBRES CLAVE

Graben estos dos nombres: Oswaldo Plascencia y Gonzalo Monteverde Bussalleu. Serán clave para lo que viene.

El domingo, La Republica adelantó que Plascencia fue un funcionario que estuvo en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en buena parte del periodo que, según indica el Departamento de Estado de Estados Unidos, fue aquel en el que la empresa entregó sobornos. Plascencia fue gerente de estudios y proyectos y director ejecutivo de PROVIAS Nacional, director de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico y, entre 2007 y 2008, asesor de Alan García en temas de infraestructura.

Ante el roche, el abogado de Alan, Wilber Medina, dijo que Plascencia no había sido asesor del despacho presidencial. Pero hoy Exitosa recordó una declaración del propio García, donde admite que había sido su consejero, ante la comisión Pari.

Mientras que el otro nombre apunta hacia la pista del dinero. Refiere el informe de César Romero y Patricia Hoyos:

Un personaje clave en esta estructura financiera en el Perú pareciera ser, por los descubrimientos de la comisión Pari, el ciudadano Eduardo Gonzalo Monteverde Bussalleu.

Este personaje aparece como representante, socio o apoderado de hasta diez empresas, entre estas Constructora Área SAC y Casa de Cambios la Moneda, Allamanda Ventures y Dominatrix Limited, que reciben contratos y transferencias millonarias de compañías vinculadas a Odebrecht.

Así, durante el año 2007, las empresas de Monteverde Bussalleu recibieron hasta US$ 11’617,809 de las empresas del grupo Odebrecht: Consorcio Constructor IIRSA Norte, Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC y Constructora Internacional del Sur.

De ese dinero, US$ 6’383,513 fueron transferidos a una cuenta del Trend Bank LTD en Brasil, de donde fueron traslados a otra cuenta en Barbados, cuyo titular era la off shore Balmer Holding Assets LTD.

Trend Bank está relacionado con el “doleiro” Alberto Yousseff, por medio de la empresa Rockstar Marketing, y es investigado por diversos depósitos irregulares recibidos de Petrobras. Este banco brasileño también ha recibido 100 millones de fondos de Andrade Gutiérrez y otras empresas constructoras implicadas en el caso Lava Jato.

De diciembre del 2008 hasta diciembre del 2015, las empresas de Monteverde volvieron a recibir 13’173,266 dólares de empresas vinculadas a Odebrecht. Nuevamente el dinero en su mayoría fue transferido a cuentas en el exterior.

Como vemos, tendremos hartos datos por procesar durante el 2017. Sin duda, este caso deberá ser atendido con prontitud por todas las instancias.

Balance de Lima en 2016

(Foto: El Comercio)

De acuerdo a las encuestas de Ipsos Perú y GFK, las más fiables del medio, Luis Castañeda Lossio termina el año con los peores índices de aprobación de su gestión – aún altos para estándares peruanos – y con el crecimiento sostenido de su desaprobación. Se encuentra cerca del punto en el que su visión sobre la ciudad genere una división de la ciudad en dos partes iguales.

Lo que hemos tenido durante el año es, básicamente, la comprobación del agotamiento relativo de un estilo de hacer política en la ciudad de Lima. A diferencia de sus dos gestiones anteriores donde, al margen de las merecidas críticas que tenía, el alcalde de la ciudad mostraba algunas ideas novedosas (escaleras para la movilidad de quienes viven en los cerros, centros de salud que cubrían deficiencias estatales en la oferta), hoy lo que notamos es escasez de ideas.

La mayor parte de las obras inauguradas por Castañeda Lossio provienen de la gestión de su antecesora. Peor aún, su única idea novedosa, el by pass de 28 de Julio, ha terminado en la polémica. No solo porque la obra ha terminado siendo inútil, sino también porque se descubrió que hubo conversaciones debajo de la mesa para hacerla con la controvertida constructora brasileña OAS. Para colmo de males del alcalde, la realización de este by pass trajo consigo a la ciudad la discusión respecto de la necesidad de este tipo de obras, en retirada en otras urbes a lo largo del planeta.

Entre tanto, las grandes reformas de la ciudad están paralizadas o en estado de catatonia. Salvo la renovación de buses y la implementación por tramos del corredor San Juan de Lurigancho – Brasil, la reforma del transporte urbano no ha vuelto a sonar. La política cultural de la MML es casi nula. Y frente a la emergencia más importante que vivió la ciudad en este año – el incendio en Cantagallo – desapareció de la solución, que terminó recayendo en el gobierno central.

Esta contraposición de visiones entre el cemento y la recuperación de espacios públicos se apreció en diversas partes de la ciudad: La Victoria, Comas, Lince. Pero fue en San Isidro donde se pelearon las batallas más mediáticas, con simpatizantes y detractores del alcalde en medio de protestas, inauguraciones y grupos contrapuestos en redes sociales. Sin embargo, no se vislumbra señales de armonización entre las necesidades de infraestructura y aquellas políticas que requieren menos cemento y más planeamiento.

Y todo indica que ello no se solucionará en los próximos dos años.

Que la Fuerza esté con los limeños.

Para mejorar las investigaciones parlamentarias

Congreso de la República - LR

Durante los últimos días, se ha comenzado a discutir si es que el caso Lava Jato debería pasar por una comisión del Congreso de la República y, a partir de ello, sobre el real aporte de las comisiones investigadoras parlamentarias al esclarecimiento de determinados hechos de interés nacional, en particular, casos de corrupción.

Quien lanzó la primera opinión en contra es el actual presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz, al señalar que, de su experiencia como procurador para los casos de la organización criminal Fujimori – Montesinos, estos grupos de trabajo entorpecieron la actividad fiscal y judicial. Al mismo tiempo, al ser un foro político, resulta probable que las conclusiones buscan, antes que el esclarecimiento de los hechos, anular al rival de turno. O, en algunos casos, evitar que informes incómodos sean finalmente aprobados, por los intereses que se ven afectados.

Rápidamente, se ha desatado una campaña contra Ugaz en redes sociales que ha buscado presentarlo como abogado de Odebrecht, la principal constructora brasileña involucrada en el caso Lava Jato. En una entrevista brindada a Enrique Patriau, periodista de La República, el letrado ha aclarado que su estudio patrocinó a un socio peruano de la empresa, sobre temas técnicos. Se conoce, en el mundo periodístico y abogadil, que el estudio que veía los grandes temas de la polémica compañía es el Echecopar. La firma no se ha pronunciado hasta el momento sobre este caso. Resulta además curioso que varios de los opositores a la posición de Ugaz hayan sido bastante críticos con el trabajo de la Megacomisión que investigó el segundo gobierno de Alan García (y destapó el caso de los “narcoindultos”).

Pero volvamos al tema de fondo. La Constitución Política del Perú y el Reglamento del Congreso regulan la existencia de comisiones investigadoras y, desde hace varias décadas, se ha considerado como un mecanismo de control y fiscalización parlamentario, en particular, para las bancadas opositoras o minoritarias. Por tanto, evitar su creación y funcionamiento parece ser relativamente utópico. Y, de hecho, ya se formó la comisión para el caso Lava Jato, que se instalará el miércoles 4 de enero.

Sin embargo, sí resulta indispensable hacer una evaluación de la actuación de estos grupos de trabajo. Hace unos meses, el congresista Alberto de Belaúnde propuso una revisión del trabajo de las comisiones investigadoras, así como una mejora de sus condiciones de trabajo. Así lo resumió en su columna en Exitosa:

En primer lugar, sería salu­dable que el nuevo Congreso establezca un grupo de traba­jo que analice las comisiones investigadoras 2001-2016. Cuánto costaron, en qué se invirtió el dinero, cuántos de los informes se debatieron efectivamente en el pleno, qué sucedió luego en sede judicial, etc. A raíz de ese es­tudio, se podrá tomar medi­das puntuales para potenciar la labor de investigación con­gresal que tan importante es en una democracia.

Adelantándome a ese po­sible estudio, propongo un par de mejoras. La prime­ra es aprobar un reglamen­to para el funcionamiento de estas comisiones, el cual se centre en el respeto del debido procedimiento a la hora de hacer su trabajo. De las sentencias judicia­les del caso Diez Canseco y del caso García se pue­de obtener parámetros de constitucionalidad que ga­ranticen que estas comisio­nes respeten el derecho de defensa, la presunción de inocencia, entre otros dere­chos indispensables en un Estado de Derecho.

Otro aspecto de mejo­ra está en establecer en el Reglamento del Congre­so un plazo determinado para discutir los informes de la comisión investiga­dora. Ese plazo no debe­ría ser de más de 15 días o un mes. De esta mane­ra, se asegura que el tra­bajo de la comisión no cai­ga “en saco roto” o que los investigados se beneficien con el paso del tiempo y el olvido de la opinión públi­ca sobre el tema de fondo.

Asimismo, como indica el abogado Alonso Gurmendi, dentro de la revisión se requiere evaluar si es que el trabajo de las comisiones ha culminado con implicados presos y en cuanto tiempo. Además, consideramos que las conclusiones de este tipo de grupos no solo deben circunscribirse a lo estrictamente penal o a la posibilidad de sanciones constitucionales, sino también a las reformas necesarias para evitar que los hechos que son materia de indagación se repitan.

En suma, las críticas planteadas deben ayudar a mejorar un mecanismo constitucional que debiera tener mejores frutos que aquellos que, hasta ahora, ha tenido.

Catolicismo no conservador

Como señala bien Eduardo Dargent en su columna de hoy, el año termina con una arremetida conservadora que tiene como centro, para variar, el género y la sexualidad dentro de sus preocupaciones.

Frente a la misma, el polítólogo propone dos salidas: seguir insistiendo con una agenda que reside en temas que, por ahora, resultan compartidos por una minoría de personas – por ejemplo, la Unión Civil y el matrimonio igualitario -, como señalar claramente que no solo estamos ante un grupo de personas que buscan mantener el status quo. Por el contrario, la agenda compartida por un sector de católicos y evangélicos implica una peligrosa regresión en los avances que las mujeres han tenido en sus derechos. Para ser directos, buscan confinar a la cocina, a labores estrictamente domésticas y, sobre todo, a la sumisión a la mitad de la población del país.

Como ciudadano peruano, comparto plenamente las reflexiones de Dargent. Sin duda, estamos ante una amenaza clara a la promoción de derechos fundamentales. Y no solo lo digo por la agenda claramente retardataria que presentan. Muchas de las personas que la impulsan también comparten otros signos regresivos en materia de respeto hacia los demás, como el cierre de procesos judiciales contra quienes, siendo agentes del orden en el país, vulneraron los derechos humanos de cientos de peruanos. O consideran que los conflictos sociales no son más que la muestra de una avanzada del “marxismo”. Cualquier parecido con el discurso fujimorista no es mera coincidencia.

Pero creo, como creyente, que los católicos que no creemos en esta visión del mundo sepamos plantar cara a quienes consideran que es la Biblia y no la Constitución Política del Perú la que debe regir la vida social del país.

En primer lugar, señalando que el mensaje que estos grupos conservadores propugnan dista mucho de las enseñanzas de quienes creemos que Jesús de Nazaret es Dios encarnado. Al revisar con atención el Evangelio, encontramos más bien a una divinidad acogedora con los humillados y excluidos de su tiempo y, más bien, la afinidad de estos sectores que se hacen llamar católicos tradicionales se encuentra más bien con el fariseismo que tanto denunciaba Jesús en varios pasajes de las escrituras.

En segundo lugar, siendo claros en enfatizar que las reglas de convivencia social se encuentran en el cuerpo legal vigente y no en los textos bíblicos. Sin duda, como creyentes tenemos una perspectiva, pero vivimos en una sociedad donde convivimos con personas de otras confesiones y por supuesto, con quienes no la tienen y no desean tenerlas. Por tanto, resulta indispensable defender el derecho de todos a la libertad religiosa, que también implica no adscribirse a una institución de este tipo. Y, por supuesto, no considerar que un libro de orientación religiosa debe regir la vida social de un país que se reconoce, en sí mismo, como diverso.

Una tercera cuestión a contemplar con claridad es enfrentar estos argumentos directamente. Y no solo en el terreno del debate estrictamente público. Dentro de nuestras comunidades y parroquias, resulta clave poder relativizar los miedos y, sobre todo, recordar que precisamente Cristo criticaba con dureza – y con razón – a quienes les importa más la legislación de inspiración religiosa antes que el centro de nuestra fe: el amor. Y también no olvidar quienes eran los seguidores de Jesús: pescadores, prostitutas, cobradores de impuestos, rebeldes, samaritanos, pobres. Es decir, todos aquellos rechazados por las élites de su época. Cualquier similitud entre nuestros conservadores contemporáneos y los fariseos del siglo I de nuestra era no es una mera metáfora.

Finalmente, resulta clave predicar con el ejemplo. Somos quienes, como ciudadanos, deberíamos ser los primeros interesados en que las mujeres tengan todos sus derechos, al igual que nuestros hermanos LGTBI. Y esa pelea se debe dar, sin duda, en el fuero civil. Pero también al interior de nuestras comunidades. Cualquier signo de discriminación debe ser denunciado y, sobre todo, corregido. Resulta clave distinguirnos de quienes pretenden pensar en la Inquisición como sinónimo de fe. Y por supuesto, hay que seguir denunciando aquellos abusos que se cometen en nombre de la misma. En nuestro país, el caso Sodalicio representa el ejemplo más claro de lo que debemos rechazar.

Es hora de iniciar esta cruzada.

Feliz Navidad.