CALLQUI: LA MUERTE DE 6 EVANGÉLICOS POR UNA PATRULLA MILITAR (1984)

“Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios”
(Mateo 5, 9)

Dedicado a quienes dieron su vida a causa de sus creencias
Y para la persona que me hizo apreciar más y comprender mejor a mis hermanos evangélicos

En 1984, de acuerdo a lo reportado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, se produjo el momento de mayor intensidad del conflicto armado interno que vivió el país en los últimos veinte años del siglo XX. El 19% del total de víctimas se registraron durante dicho año, en momentos en que las Fuerzas Armadas tenían a su cargo el control de la lucha antisubversiva, bajo la figura de los comandos políticos – militares, sin control estatal. Durante ese periodo, se aplicó una política de represión masiva e indiscriminada, en especial en los sectores rurales del departamento de Ayacucho. Fue la fase de militarización del conflicto.

En agosto de 1984 fueron registradas varias denuncias de violaciones a los derechos humanos. Una de ellas, que es la atención del presente artículo, es la muerte de seis evangélicos en la comunidad de Callqui, provincia de Huanta, departamento de Ayacucho.

El mantenimiento del orden y el combate a la subversión había sido encargado en Huanta a la Infantería de Marina. El Jefe del Destacamento era el capitán de corbeta Álvaro Artaza Adrianzén, conocido también como “comandante Camión”, tristemente célebre por conducir en el estadio de Huanta un centro clandestino de reclusión, donde se practicaba la tortura y la desaparición forzada de personas.

Bajo el mando de Artaza, se ordenó la realización del operativo “Caimán XIII”, para la identificación y captura de sospechosos de pertenecer a Sendero Luminoso en poblados cercanos a Huanta. A las vecinas comunidades de Callqui y Nisperoniyocc fue enviada una patrulla, a cargo del entonces teniente primero Luis Alberto Celis Checa.

El 1° de agosto de 1984, entre las 6 y 8 de la noche, se realizaba un culto en la Iglesia Evangélica Presbiteriana de Callqui. Se hallaban reunidas alrededor de treinta personas. La actividad religiosa fue súbitamente interrumpida por la incursión en el templo de miembros de la Marina. Ellos preguntaron por Concepción Chávez, una miembro de la Iglesia que no se encontraba en el templo. Posteriormente, escogieron a seis personas entre los presentes. Estas personas fueron llevadas a un patio colindante con el templo. Los miembros de la Marina, sin hacer preguntas, dispararon contra algunos y acuchillaron a otros. Finalmente, estallaron cargas explosivas sobre las víctimas.

Durante la incursión, los militares tenían un guía que fue identificado por los pobladores como Jesús Vilca Huincho. Esa noche, el guía tenía el rostro cubierto con pasamontañas y era quien atribuía o no la calidad de presunto subversivo a los pobladores.

Quienes murieron en aquella incursión fueron:
– Paulino Ccayo Ccoriñaupa, de 49 años de edad, era natural de la provincia de Huanta, Ayacucho, estado civil casado y se dedicaba a la albañilería.
– Jorge de la Cruz Quispe de 16 años de edad, natural de la provincia de Huanta, Ayacucho, soltero, de ocupación estudiante.
– Melquiades Quispe Rojas de 21 años de edad, natural de la provincia de Huanta, Ayacucho, soltero y se dedicaba a la agricultura.
– José Yañez Huincho de 18 años de edad, natural de la provincia de Huanta, soltero, de ocupación estudiante.
– Constantino Yañez Huincho, de 24 años de edad, natural de la provincia de Huanta, Ayacucho, soltero.
– Wenceslao Huamanyalli Oré de 17 años de edad, natural de Huanta, Ayacucho, soltero y se dedicaba a la agricultura.

Los hechos fueron denunciados inmediatamente por miembros de la comunidad evangélica. A raíz de la denuncia, un juzgado de Huamanga abrió proceso judicial en contra de Álvaro Artaza, el guía Jesús Vilca y otros miembros de la Marina.

Sin embargo, la Primera Sala Penal de la Corte Suprema, ante una contienda de competencia interpuesta por la Marina, resolvió que el fuero militar era el competente para procesar este caso. Esta práctica era reñida con el esclarecimiento de la verdad y la protección de los derechos humanos, pero fue la nota común que la administración de justicia imprimió durante los años del conflicto.

A pesar de ello, fue en el fuero militar donde se determinó que Luis Alberto Celis había comandado la patrulla que incursionó en la comunidad de Callqui. Celis señaló ante los jueces militares que en la Iglesia se realizaba una reunión de senderistas y que las muertes producidas se debieron a un enfrentamiento con subversivos a las afueras del pueblo. Las informaciones hechas por Celis no fueron comprobadas y han sido desmentidas por el Informe Final de la CVR: las heridas punzo – cortantes que se encontraron en los cuerpos de cuatro de los fallecidos solo pudieron ser causadas por contacto directo; y en el patio de la Iglesia se encontraron casquillos de bala. Sin embargo, durante la investigación no se pudo comprobar si las heridas pertenecían o no al arma utilizada por los miembros de la Marina porque se extravió los resultados de los exámenes correspondientes.

El caso, finalmente, fue sobreseído por el tribunal militar. La impunidad se abrió paso. Álvaro Artaza desapareció misteriosamente en 1986, aunque habría sido visto con vida en 2003. Luis Alberto Celis llegó a ser jefe de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Marina y, por supuesto, continuó en su institución luego de los hechos producidos hace 21 años.

En los sucesos descritos se violaron principalmente el derecho a la vida y a la integridad personal de los pobladores de Callqui y Nisperosniyocc, así como el derecho al debido proceso que incluye, entre otros aspectos, el derecho a un juez natural, imparcial e independiente, derechos reconocidos en los instrumentos internacionales de los que el Perú es parte obligada.

Este luctuoso hecho, a pesar de lo mencionado, sirvió para que un sector de la comunidad evangélica peruana tomara conciencia que el conflicto armado interno no era ajeno a sus vidas y menos aún a su vida de fe. Así, el Concilio Nacional Evangélico (CONEP) creó Paz y Esperanza como un departamento encargado de velar por los derechos humanos. Paz y Esperanza, poco a poco comenzó a ser vista como la “sección de derechos humanos” de las iglesias evangélicas y poco a poco fue logrando legitimidad en la comunidad. Asimismo, comenzó a realizar trabajos junto a la Iglesia Católica y a los otros organismos defensores de los derechos humanos. Sin embargo, presiones internas dentro del CONEP hicieron que en 1996 se cerrara este departamento y sus impulsores formaron la Asociación Ministerio Diaconal Paz y Esperanza, la cual trabaja hasta el día de hoy en temas de lucha contra la pobreza, educación sexual y defensa de los derechos humanos. Si bien existieron sectores sensibilizados con lo que ocurría en aquellos años de violencia, existieron sectores en la comunidad evangélica – especialmente en las grandes ciudades – que prestaron poca atención al problema. Lo mismo ocurrió en la Iglesia Católica, pero en los departamentos más azotados por la violencia.

La CVR recomendó la acusación contra Álvaro Artaza, Luis Alberto Celis, el jefe de la Base Huanta Augusto García del Barco y el guía Jesús Vilca Huincho, así como a quienes participaron directamente en el operativo. Esperamos que este caso, al igual que todos aquellos que se desprenden de lo señalado por el Informe Final y las investigaciones periodísticas anteriores y posteriores puedan ser finalmente esclarecidos y los culpables sancionados. Para reconciliarnos con las víctimas, sus familias y su comunidad de fe. Para limpiar las Fuerzas Armadas de aquellos elementos que violaron los derechos humanos y que no pueden estar al lado de los héroes militares que dieron su vida contra la subversión.

Y sobre todo, para que no se repita.

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TRAMPOLIN A LA FARRA (FISCAL)

El espíritu de Augusto Ferrando se apodera de Palacio de Gobierno

Augusto Ferrando fue el animador más longevo de la televisión peruana. Durante 30 años seguidos capitanéo “Trampolín a la Fama”. Concebido inicialmente como programa destinado a descubrir “nuevos valores artísticos”, Trampolín degeneró luego en la ridiculizción de la pobreza. Ferrando entregaba dinero (entre 50 y 200 soles) a personas necesitadas, a cambio de que cedieran a sus requerimientos, los cuales se ceñìan básicamente a efectuar tareas indignantes, imposibles o rídiculas.

Guardando las debidas distancias, parece que el espíritu de Ferrando y su Trampolín ha pasado a Palacio de Gobierno.

En los últimos días, la periodista Rosa María Palacios hizo de conocimiento público un supuesto plan llamado “Pro Perú” que consistía en el otorgamiento de subsidios directos (30 dólares por familia) a los sectores más pobres de la población.

Originalmente, el plan se circunscribiría a los 50 distritos más pobres del país y a las familias dentro de ellos que se encuentren en peor situación, para lo cual se tomarían en cuenta diversos estudios (Sugerencia: si el plan se llega a ejecutar de esta manera, sería bueno comenzar por las víctimas del conflicto armado interno, a manera de reparación individual. Asimismo, debe tenerse en cuenta el Mapa de Pobreza elaborado por la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza).

Sin embargo, una reunión con el Presidente Toledo habría cambiado los planes. El Presidente, desesperado por su “legado histórico” y sus cifras en las encuestas, decidió ampliar el plan a 500 distritos y a 3’000,000 de personas, sin ningun criterio ni estudio de factibilidad de la propuesta.

Así, el Presidente estaría utilizando la pobreza y los programas sociales para obtener mayores votos en las proximas elecciones, procurando tener una bancada lo suficientemente fuerte para contrarrestar las acusaciones que seguramente vendrán luego de que deje el cargo el 28 de julio de 2006.

Aunque Toledo y sus voceros y ministros han desmentido que el plan “Pro Perú” tenga sesgos populistas, debemos estar alerta ante la utilización de los programas sociales para las proximas elecciones. El rol del gobierno en la etapa electoral es vigilar que los comicios se realicen dentro del mejor clima posible y sin intervención del Estado en beneficio o perjuicio de ningun candidato.

Pero, más aún, debemos evitar que nuevamente la pobreza se convierta en el instrumento preferido de los políticos para obtener votos. Así como Ferrando obtenía 30 puntos de rating en base a la miseria humana, en Palacio se proponen subir en las encuestas en base a un subsidio que, si es bien estudiado e implementado puede dar resultados. Pero si se hace del modo antes descrito, sin estudios de factibilidad y con fines meramente electorales, Toledo, en esto, estaría al mismo nivel que Alberto Fujimori.

Solo les faltaría la comparsa de Ferrando, el órgano de Otto de Rojas y el “ritmo del chino”.

ACLARANDO RESPONSABILIDADES

Alan García frente a las violaciones de derechos humanos cometidas en su gobierno.

En un artículo anterior resumimos la actuación del ex Presidente Alan García frente al conflicto armado interno que le tocó enfrentar. Llegamos a la conclusión de que tenía una clara responsabilidad política por los sucesos ocurridos en su gobierno y que cualquier posible responsabilidad penal debía dilucidarse en el Poder Judicial, sin presiones judiciales de ningún sector pólítico.

En los últimos días, Alan García ha sido comprendido en la acusación penal sobre la matanza de Accomarca, conocida a inicios de su gobierno, pero perpetrada durante los días finales del periodo de Fernando Belaúnde.

Creemos que la acusación, en este caso, es un error. García no encubrió el hecho. Todo lo contrario, su actuación fue buena en dicha ocasión, pues destituyó al Presidente del Comando Conjunto, al jefe del Comando Político Militar y al jefe de la región Militar respectiva, responsables directos del crímen cometido. No hubo, por tanto, encubrimiento en dicha acción.

Sin embargo, creemos que García debe aclarar algunos puntos con relación a la violación de derechos humanos cometidas en su gobierno, en especial en los siguientes tres casos:

1. La “matanza de los penales”: ¿diò o no diò la orden para las ejecuciones extrajudiciales? ¿Què hacìa Agustín Mantilla en el lugar de los hechos?

2. Cayara: ¿Tuvo algo que ver con el encubrimiento de este caso, en especial, por la Comisión Investigadora presidida por el senador aprista Carlos Enrique Melgar?

3. Comando Paramilitar: ¿Fue una iniciativa orgánica del Partido Aprista? ¿Tuvo su conocimiento y/o su acuerdo?

Estas preguntas deberán ser aclaradas por García, de preferencia antes que se inicie la campaña electoral.

Por lo demás, todos tenemos derecho a saber la verdad de lo que ocurrió. Ojalá el ex presidente y su Partido, que tantas muestras de intolerancia han dado ultimamente, se acuerden de ello.

LOS GOBIERNOS Y EL CONFLICTO ARMADO INTERNO (3): ALBERTO FUJIMORI

Entre la derrota del terrorismo, la ruptura de la democracia y la impunidad

Alberto Fujimori gobernó al Perú durante 10 años, 3 meses y 23 días. Uno de los periodos presidenciales más largos de la historia y que, a cuatro años de su renuncia por fax y posterior refugio, sigue siendo uno de los más controvertidos de la república peruana. Mucho de su apoyo popular y de su larga permanencia en el poder se debe a que construyó un mito en torno a su persona, concebido como el “salvador del país” frente al terrorismo e incentivando el miedo en la población a fin de hacerse imprescindible. Más allá de algún mérito puntual, el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, de manera, creemos, ponderada pero justa, coloca en su exacto lugar la conducta que Alberto Fujimori y su principal asesor Vladimiro Montesinos tuvieron a lo largo de la década en que se mantuvieron en el poder.

En primer lugar, la CVR establece que el gobierno fujimorista se caracterizó, desde su inicio, por una conducta criminal, al organizar una estructura estatal que permite el control de los poderes del Estado y por utilizar procedimientos legales para asegurar la impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos (con la tristemente célebre Ley de Amnistía como hito mayor) y en acusaciones de corrupción.

En segundo lugar, se encuentra que el gobierno de Fujimori no tuvo ninguna doctrina en particular sobre el terrorismo. En general, se dejó actuar a la DINCOTE, pues Fujimori y Montesinos se concentrarían en la política antisubversiva de las Fuerzas Armadas, siendo su única “contribución” a ella la excesiva importancia que se dio al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) dentro de la estructura de los sistemas de Defensa Nacional e Inteligencia, incrementándose con ello el poder de Vladimiro Montesinos.

Un comentario personal a modo de paréntesis y confirmación de lo expresado por la CVR. Encontramos hace unas pocas semanas, en el libro “La Democracia Volátil” del politólogo Pedro Planas, una nota a pie de página que consigna parte del discurso de Alberto Fujimori ante la Comisión Especial del Senado de la República para el estudio de la Violencia y propuestas de Pacificación (conocida como Comisión Bernales). Fujimori, en su calidad de Presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, reveló su poco conocimiento sobre el tema del terrorismo (¡en 1989!), al señalar que la actividad terrorista no era señal de preocupación, pues esta se limitaba a propaganda y pintas. Curioso para alguien que, en 1991, intervino las universidades nacionales con mandos militares, pues señaló que las universidades eran poco menos que “cuevas de terroristas”. Y para alguien que, en su calidad de presidente de la ANR, no debía desconocer que Sendero Luminoso apareció en una universidad nacional, San Cristóbal de Huamanga, ni tampoco debía desconocer que muchas universidades nacionales eran azotadas por el terrorismo.

En tercer lugar, se encuentra que Fujimori engañó a los partidos políticos y a miembros de su gabinete, al pretender presentarse como concertador de una política antisubversiva. Ello debido a que ya se tenía planeado el Golpe de Estado del 5 de Abril de 1992, que permitió a Fujimori cambiar la legislación antiterrorista, que tenía normas que vulneraban los derechos humanos. Asimismo, se permitió el accionar criminal del grupo Colina, cuyas actividades eran conocidas y permitidas por el propio mandatario.

En cuarto lugar, Fujimori supo aprovechar la captura de Abimael Guzmán, la cual se debió a un esfuerzo de la DINCOTE y no del SIN. La captura de Guzmán supuso el inicio de la derrota militar de Sendero Luminoso. De allí en adelante, Fujimori aprovecharía la estructura creada por él y su equipo para mantenerse en el poder y garantizar la impunidad. Asimismo, con este mismo objetivo, el régimen fujimorista aprovechaba los operativos antisubversivos y los miedos de la población para dar la imagen de “vencedor del terrorismo” y, por ende, de que debía continuar ad infinitum en el cargo. Ello se hizo con la colaboración de los medios de comunicación, capturados por el régimen. Ello supuso que, en los últimos años de su mandato, Fujimori descuidara la política antisubversiva y penitenciaria, dejando problemas tanto al gobierno de Transición como al de Alejandro Toledo. Como broche de oro, el gobierno que decía combatir a la subversión se involucró en una venta de armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que desde hace más de 50 años sumen en la violencia al pueblo colombiano.

Fujimori, es cierto, tuvo algunos aciertos y serán comentados a lo largo de este artículo. Sin embargo, lo bueno que pudo haber hecho se cubre con el manto de la autocracia, la impunidad y la corrupción que caracterizaron a su régimen.

EL CAMINO HACIA EL GOLPE Y EL “EQUILIBRIO ESTRATÉGICO”

Las elecciones de 1990 se celebraron en un contexto de grave crisis económica, social y política. Se vivía un proceso de Hiperinflación; se había producido, hasta ese momento, más del 60% de las víctimas a causa del conflicto armado interno registradas por la CVR y la clase política se encontraba desacreditada. La campaña electoral se polarizó frente al programa de ajuste económico propuesto por Mario Vargas Llosa como cabeza del Frente Democrático. Dicha polarización y el contexto antes descrito posibilitó que un candidato desconocido para la mayor parte de la opinión publica, sin partido organizado ni programa, con un discurso aparentemente conciliador, fuera creciendo en las encuestas y, finalmente, accediera y ganara la segunda vuelta electoral.

Paralelamente a ese proceso político, las Fuerzas Armadas revisaron su política antisubversiva. En un sector de las FFAA esto se tradujo en una visión “integral”, la cual supeditaba a la democracia frente a los logros que podrían obtenerse. Se contemplaban “operativos psicosociales”, operaciones de inteligencia y violaciones a los derechos humanas menores en cantidad pero más premeditadas. Este grupo de oficiales preparó sobre esta base, un plan para apoderarse del poder político mediante un golpe de Estado. Este plan, difundido años después por la prensa, se conoce como “Plan Verde” o “Plan del Golpe” y, en principio, fue planeado en contra de Alan García. Este plan contemplaba un gobierno de fachada detrás del cual estaría un poder real manejándolo todo; asimismo, se implementaría un programa de ajuste económico para obtener créditos internacionales que permitan el financiamiento de la lucha contra el terrorismo. En los primeros meses de 1990, se planeaban escenarios para ejecutar el plan. Pero la alianza tácita entre Fujimori y el gobierno aprista y la elaboración de un programa alternativo al del FREDEMO por parte del recién armado equipo económico de Fujimori replanteó las cosas, pues estos oficiales no querían aparecer como “defensores de los más ricos”, que era la imagen que tenía el movimiento de Vargas Llosa.

Una acusación sobre evasión de impuestos en contra de Fujimori, difundida en Mayo de 1990 por el programa “En Persona” de César Hildebrandt, provocó el ingreso de Vladimiro Montesinos al entorno del candidato y futuro presidente. Montesinos había sido militar, expulsado del Ejército por abandono de destino y supuesto espionaje, y desde 1978 se dedicaba a sus labores como abogado. Desde 1989 tenía conexiones con el SIN, organismo con el que también colaboraba Francisco Loayza, viejo amigo del abogado y asesor del candidato Fujimori. Montesinos resolvió el problema gracias a sus conexiones en la Fiscalía de la Nación, archivándose el caso., e ingresó al entorno como “asesor” en temas de seguridad e inteligencia. Montesinos se conectó con los autores del “Plan Verde” y aprovecharon las debilidades del candidato para aislarlo. Fujimori accedió a implementar las propuestas del Plan, pero, en el camino, Montesinos logró manipular las cosas, haciendo que el SIN, que él dirigiría por 10 años, fuera el “gobierno paralelo” y el enlace entre el Presidente y las Fuerzas Armadas.

Esto se consumó en la remoción de los altos mandos de la Marina y la Fuerza Aérea, el 29 de Julio de 1990. Montesinos iniciaría con ello su propio proyecto de cooptación de las Fuerzas Armadas, colocando a hombres leales, la mayoría de los cuales no hubiera alcanzado puestos altos por sus propio méritos, lo que incentivaría la sujeción al poder del asesor. Lo mismo ocurrió con la Policía, al colocar como Ministro el Interior durante la mayor parte de la década a un militar. Los puestos de alta dirección en el sector Interior también fueron copados por militares.

Mientras esto ocurría en el plano político, el campo de la guerra había tenido importantes variaciones. Sendero Luminoso, en su I Congreso Nacional celebrado en 1989, señaló que había alcanzado el “equilibrio estratégico” (una suerte de paridad con las FFAA) y que era necesario intensificar las acciones en zonas urbanas. Ello incrementó los niveles de violencia y el número de muertos en las ciudades. Asimismo, las FFAA aplicaban una doble estrategia: por un lado, permitían la colaboración de la población civil mediante los Comités de Autodefensa (que fueron claves para la derrota de SL en el campo); por otro lado, aplicaron una política de desapariciones selectivas en la zona del valle del Mantaro, especialmente en la Universidad Nacional del Centro. Fujimori permitiría ambos tipos de acciones, tanto las que dieron resultados efectivos, como las que violaban derechos humanos y, a la vez, retrasaban el final de la guerra.

En paralelo a la estrategia de las Fuerzas Armadas, en marzo de 1990 se creó el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), dedicado exclusivamente a labores de inteligencia destinadas a la captura de los principales líderes de las organizaciones terroristas, tomando en cuenta el carácter vertical de las mismas (en especial, en Sendero), pues, caídas las cabezas, no tardarían ambas organizaciones en sucumbir. El GEIN comenzó a allanar casas en las que había habitado recientemente Abimael Guzmán. En dichos domicilios se encontraron evidencias de que el líder senderista estaba vivo, en Lima, enfermo y que dirigía las acciones terroristas desde la capital. Ello se pudo hacer a pesar de la creciente militarización del sector Interior y de las piedras que Montesinos pondrá después en el camino del GEIN.

En Agosto de 1990, Fujimori, contrariando sus promesas electorales, implementó una política de ajuste económico, mucho más duro que el planteado por Vargas Llosa y sin un programa de emergencia social que atenuara los efectos del “shock” en la población. Las Fuerzas Armadas y Policiales tenían la orden de controlar saqueos y desmanes, los cuales no se produjeron. El programa se complemento con el inicio de la liberalización de la economía, que culminó con la reinserción del Perú en el sistema financiero internacional.

En términos políticos, en sus inicios, el gobierno de Fujimori tuvo un carácter dual. Por un lado, invitaba a figuras de otros partidos políticos a incorporarse a su primer gabinete y concertaba votaciones en temas puntuales con las bancadas más poderosas del Congreso. Pero dicha imagen de concertación se contradecía con la formación de una suerte de “gobierno paralelo”, donde las principales decisiones eran dejadas a asesores como Montesinos, Augusto Antonioli o Santiago Fujimori. Este “gobierno en la sombra” rápidamente desplazó a los afanes concertadores indispensables para un gobierno inexperto y sin mayoría parlamentaria.

Si bien Fujimori tuvo declaraciones a favor de la defensa de los derechos humanos al inicio de su largo gobierno, las prácticas pronto contradijeron dichas afirmaciones. Se denunciaron desapariciones y fosas comunes en Cusco y Ancash, así como las sistemáticas desapariciones de más de 100 estudiantes de la Universidad Nacional del Centro en Huancayo, hechos poco investigados en su momento. Muchas de las acciones del Ejército contemplan eliminación de prisioneros y ejecuciones extrajudiciales. Recientemente, el equipo periodístico “Agenciaperu.com” dio a conocer la existencia de un manual de inteligencia del Ejército, fechado en 1991, conocido como “Equipos Básicos” donde se instruía a comandos con la orden de no tomar prisioneros, sino de matar sin preguntar. Al mismo tiempo, Fujimori comenzaba un ataque sistemático en contra de los poderes del Estado que podrían ejercer labores de control sobre la política antisubversiva y sus excesos. En vísperas de la Navidad de 1990, se expidió un Decreto Supremo mediante el cual cualquier actividad de miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional realizada en estado de excepción se encontraría contemplada dentro del fuero militar. Como demostró la experiencia de 20 años de conflicto, la justicia militar fue un instrumento para que los oficiales violadores de derechos humanos no respondieran ante la justicia común sobre los delitos cometidos y la impunidad ganara terreno. Y en singular votación, en 1991, una votación conjunta de Cambio 90 y el APRA rechazó la acusación constitucional contra Alan García por la Matanza de los Penales ocurrida en 1986.

La ansiada ayuda económica norteamericana dependía, de acuerdo a normas internas de los EEUU, de lo que calificaban como “avances en materia de derechos humanos”. Fujimori intentó presentarse ante el Departamento de Estado como un defensor de las libertades fundamentales; sin embargo, la impresión del Congreso norteamericano era distinta, ya que analizaron las declaraciones de Fujimori en contra de las organizaciones defensoras de derechos humanos y los informes que estas organizaciones hacían circular en el hemisferio norte. La presión del Congreso de EEUU morigeró la posición del Departamento de Estado, más proclive en dar “carta blanca” al régimen fujimorista.

El punto de quiebre de la relación entre el Congreso y Fujimori se produjo a finales de 1991. El Congreso había delegado facultades legislativas en el Ejecutivo en materias económicas y de pacificación. Los Decretos Legislativos sobre reformas económicas fueron aceptados. Pero no ocurrió lo mismo con algunas normas sobre política antisubversiva. Una de las normas rechazadas señalaba que el SIN podía solicitar información a organismo públicos y privados, bajo sanción penal en caso de incumplimiento. Asimismo, fueron derogadas por el Congreso normas sobre penalización del blanqueo de dinero, encubrimiento del narcotráfico y la revelación o difusión de informaciones que obtiene o procesa el Sistema de Defensa Nacional; las cuales estaban redactadas de manera tan imprecisa que podían prestarse a limitar libertades ciudadanas. Asimismo, se derogó la Ley del Sistema de Inteligencia Nacional, que dejaba al Sin fuera de todo control del Estado democrático. Ello produjo el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso. El Congreso buscaba una estrategia concertada con las Fuerzas Armadas y la sociedad civil, de manera tal que no se vulneraran los derechos de las personas. El Primer Ministro de aquel entonces, Alfonso de los Heros, estuvo a favor de dicha iniciativa concertadora. Pero Fujimori ya tenía sus planes y argumentó una “vocación obstructora del Congreso” para proceder con el Golpe de Estado del 5 de Abril de 1992. De los Heros fue uno de los dos ministros que renunciaron ante la interrupción de la democracia.

EL GOLPE DE ABRIL DE 1992 Y LA GUERRA EN LIMA

El Golpe disolvió al Congreso e intervino el sistema de Justicia (Poder Judicial, Tribunal de Garantías Constitucionales, Fiscalía de la Nación). Contó con el respaldo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ya para entonces encabezado por Nicolás Hermoza Ríos. Se arrestaron a políticos opositores y periodistas. El Congreso disuelto, en cumplimiento de la Constitución, declararía la vacancia de la Presidencia por incapacidad moral permanente. Dicha declaración fue simbólica, ya que la mayoría de gobiernos y de la población reconocía a Fujimori como Jefe de Estado. Resulta paradójico que, 8 años después, Fujimori sea vacado de la Presidencia por la misma causal. En Mayo, en una reunión de la OEA en Bahamas, Fujimori declaró que convocaría a elecciones en Noviembre para un congreso constituyente. La debilidad de la oposición y la anuencia – vergonzosa – de la OEA hizo que el cronograma y las condiciones del régimen se impusieran.

Las repercusiones del Golpe de Estado en la política antisubversiva se hicieron sentir. Varios de los decretos derogados por el Congreso fueron revividos. Se dictó un paquete de normas para el procesamiento y detención de acusados por terrorismo que violaban en muchos casos los derechos humanos. Buena parte de esta legislación fue derogada o modificada por una sentencia del Tribunal Constitucional en enero de 2003. Fueron las normas que, por ejemplo, establecieron los “jueces sin rostro”, la posibilidad de juzgar a civiles acusados por terrorismo ante el fuero militar, de reducir beneficios penitenciarios, de modificar el delito de “traición a la Patria” de tal manera que fuera similar al delito de terrorismo para que los acusados fueran juzgados en procesos sumarios y ante jueces sin rostro. Si bien es cierto que eran necesarios cambios en la manera como el sistema de justicia había procesado a muchos acusados por terrorismo – con excesivo formalismo y lenidad -, no debían violarse los derechos fundamentales de las personas para ello. Dichas normas, por ejemplo, hicieron que muchas personas inocentes pasaran años en la cárcel o que algunas penas fueran desproporcionadas para las acciones cometidas (igualar una pinta con un asesinato).

Creemos que lo más pernicioso para el país del Golpe del 5 de Abril de 1992 fue el apoyo popular que tuvo esta medida. La ciudadanía no creyó que esto era una ruptura del orden constitucional, pues se mantenía al mando la misma persona que fue elegida en comicios democráticos en 1990. Lo peor fue comprobar que la desesperación de la población motivó que principios éticos y democráticos fueran pisoteados en nombre de una mal entendida “ineficacia”. Cierto es que los gobiernos de Belaúnde y García habían cometido errores gravísimos en su conducción y que la izquierda peruana se había dividido en medio de pleitos de callejón. Fujimori sobre dimensionó estos errores y los presentó a una población que, crédula y desesperada, le dio su respaldo a la ruptura del orden democrático. En el Perú seguimos entendiendo que “gobernar es mandar” y que el “orden” es el de las bayonetas, los tanques, el garrote y la zanahoria. Dicha herencia desafortunada – y poco analizada – se mantiene, desafortunadamente, hasta el día de hoy.

El curso de la guerra, en 1992, se había concentrado principalmente en Lima. El 15 de Febrero de ese año la dirigente de Villa El Salvador María Elena Moyano fue asesinada y su cuerpo fue dinamitado por sus asesinos. Era el punto más alta de una escalada senderista que buscaba infiltrar o destruir las organizaciones populares de base en los conos de la ciudad de Lima. El movimiento de bases pasaba por una crisis debido a la situación económica, al cambio de lógica económica del Estado y a la crisis de la izquierda, al pertenecer varios dirigentes de estas organizaciones a Izquierda Unida. El asesinato de Moyano supuso no sólo la revelación de la crisis, sino también hasta donde podía llegar SL en su lógica de destruir cualquier articulación social de la población por la que decían luchar. Asimismo, significó el inicio de su caída en las organizaciones populares, pues estas comenzaron a separar a los miembros que tuvieran vínculos con la organización terrorista. Mientras esto ocurría en los sectores más pobres de la ciudad, los apagones, los coches bomba y el miedo eran los males percibidos por la población de sectores más acomodados de la ciudad. Se generó en la opinión pública una corriente de temor frente a un fenómeno que se veía imposible de controlar. De allí el apoyo a la “mano dura” que el autoritario Fujimori decía encarnar.

En realidad, estos atentados y golpes de Sendero Luminoso eran aislados de lo que ocurría en el resto del país. En el campo, los Comités de Autodefensa y las Fuerzas Armadas ya estaban logrando victorias importantes contra SL. En Lima, el GEIN, desde 1991, venía logrando la incautación de material importante, como el famoso vídeo del Congreso de Sendero en el que se ve a Abimael Guzmán, en estado de ebriedad, bailando con todo el comité central de la organización terrorista el sirtaki (danza popular griega) característico del filme “Zorba el Griego”. Asimismo, importantes líderes de Socorro Popular, organización de apoyo de SL fueron capturados entre 1991 y la primera mitad de 1992. Lo mismo ocurrió con el MRTA, al ser capturados Peter Cárdenas Schulte y Víctor Polay Campos, sus máximos cabecillas. Aún así, al ser Lima la principal afectada (1991 y 1992 fueron los años donde la capital sufrió la mayor cantidad de bajas) y contemplada por algunos medios y analistas (no sólo en el perú, también en los Estados Unidos) la hipótesis de que SL podría tomar el poder, la sensación de temor no cambió hasta la captura de Abimael Guzmán. El coche bomba en contra de Frecuencia Latina y, en especial, el atentado de la calle Tarata, en pleno centro de Miraflores, aumentó dicha sensación, en especial en sectores medios y altos, que se habían mantenido poco preocupados por el curso del conflicto mientras este se concentró en el campo.

LA CAPTURA DE ABIMAEL GUZMAN

El sábado 12 de Septiembre de 1992 parecía un día como cualquier otro en Lima. Lo único saltante en aquel día para los noticieros parecía ser una edición más del “Clásico del fútbol peruano” entre Universitario y Alianza Lima, que ganó el primero de los nombrados por dos goles a cero. Pero la noche limeña se vio alborotada por una noticia que parecía increíble: Abimael Guzmán, el criminal más buscado del país, el líder de la organización que había atemorizado al país y que había desatado una guerra en contra de la sociedad peruana, había sido capturado por un grupo de policías en una casa de la urbanización La Calera en Surquillo.

Los responsables de la captura eran los integrantes del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), encabezados por Benedicto Jiménez, Marco Miyashiro y Luis Valencia. El GEIN había diseñado una estrategia de inteligencia, basada en el seguimiento de líderes terroristas, allanamiento de casas en las que había habitado Abimael Guzmán y, finalmente, la vigilancia durante un mes a la casa de La Calera. El domicilio en cuestión tenía la fachada de academia de baile, al ser una de las cercanas a Guzmán, Maritza Garrido Lecca, bailarina profesional. Junto a Guzmán fue capturado buena parte del Comité Central de SL: Elena Iparraguirre, María Pantoja y Laura Zambrano. No se disparó un tiro, salvo por una bala al aire, en la operación “Victoria”. El GEIN, creado en los últimos meses del gobierno de Alan García, desarrolló su estrategia al margen del gobierno, concentrado en lo que hacían las FFAA. La captura sorprendió a Fujimori, que se encontraba pescando en la selva, a sus ministros que se hallaban en una recepción en la Embajada Británica y a Vladimiro Montesinos, quien deseaba que la captura no fuera anunciada para poder matar a Abimael Guzmán. En previsión de que Guzmán fuese muerto en el SIN, el jefe de la DINCOTE (división policial de la que dependía el GEIN)(, Antonio Ketín Vidal, hizo pública la captura y no entregó al líder senderista a Montesinos.

En términos políticos, quien obtuvo los réditos fue el gobierno de Fujimori. La mayor parte de la opinión pública atribuyó al cambio de política antisubversiva – e indirectamente al golpe de Estado de Abril de 1992 – por parte del régimen el mérito de la captura de Guzmán. Ello, a pesar, de que en un inicio, los medios de comunicación más importantes – en especial los escritos – dejaron en claro la estrategia de la Policía como responsable de “la captura del siglo”. Fujimori y Montesinos tomaron represalias en contra de la pequeña unidad: prácticamente la disolvieron al enviar a sus miembros más importantes a diversas dependencias (por ejemplo, Benedicto Jiménez fue enviado como agregado policial a Panamá). Al mismo tiempo, se daba mayor poder al SIN, controlado por Montesinos, e inclusive se destina que su presupuesto y operaciones no sean controlados. La consolidación del poder del SIN será explícita con el intento de “golpe institucional” de oficiales del Ejército encabezados por Jaime Salinas Sedó, que buscaban derrocar a Fujimori para que fuera procesado por golpista y convocar a nuevas elecciones. Este intento, producido el 13 de noviembre de 1992, fue desarticulado y muchos de los involucrados fueron maltratados y torturados por agentes de Montesinos.

EL DESTACAMENTO COLINA Y LA IMPUNIDAD

El tristemente célebre “Grupo Colina” era, en realidad, un destacamento dentro del Ejército Peruano. Por tanto, cualquier orden que se hubiese dado para su organización y acciones dependía de una cadena de mando, la cual no exceptuaba ni a Alberto Fujimori ni a Vladimiro Montesinos, menos aún a los altos mandos del Ejército Peruano. Colina fue el resultado de una serie de pequeñas agrupaciones que habían venido operando para operaciones específicas y que fue organizado por el Servicio de Inteligencia Nacional reclutando a personal del Servicio de Inteligencia del Ejército y con la aprobación del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Sus acciones no necesariamente se reportaban a los jefes operativos locales.

Colina cometió varias violaciones a los derechos humanos: la matanza de 16 personas en una pollada en Barrios Altos, un ajuste de cuentas hacia un grupo de campesinos en el distrito del Santa (Ancash) por orden de un empresario local, el secuestro la desaparición y posterior asesinato de nueve alumnos y un profesor de la Universidad La Cantuta y la desaparición del periodista Pedro Yauri.

La verdad sobre el Grupo Colina no se hubiese podido conocer si es que no hubiesen existido sectores en las Fuerzas Armadas disconformes con estas acciones – y en general con el régimen de Fujimori – que filtraron a periodistas independientes y congresistas de oposición pruebas de lo ocurrido. El 3 de abril de 1993 el grupo autodenominado “León Dormido” envió al congresista Henry Pease un documento que informaba que las diez personas desaparecidas en los sucesos de La Cantuta habían sido secuestradas, asesinadas y posteriormente enterradas por un escuadrón de la muerte militar con la venia de los altos mandos militares y de inteligencia. Se formó una comisión investigadora en el Congreso para esclarecer los hechos, la cual fue amenazada por el General Nicolás Hermoza con un desfile de tanques por las calles de Lima. La mayoría parlamentaria, posteriormente, aprobó una moción que impedía la comparecencia de miembros de las FFAA implicados en violaciones de los derechos humanos investigadas en el fuero militar. La misma mayoría oficialista aprobó el dictamen en minoría de la comisión investigadora que se abstuvo de señalar responsabilidades penales. La congresista oficialista Martha Chávez fue más allá, al señalar que los desaparecidos se habían “auto secuestrado”.

Los esfuerzos de la prensa independiente y de los familiares de las víctimas hicieron que el tema siguiera en boca de todos. Las investigaciones de Cecilia Valenzuela en “Caretas” y del equipo conformado por Ricardo Uceda, José Arrieta y Edmundo Cruz de la revista “Sí” develaron la verdad sobre los integrantes de Colina y sobre el lugar de entierro de los desaparecidos de La Cantuta.

La contienda de competencia entre el fuero civil y el fuero militar se declaró. Debía ser resuelta por la Corte Suprema por 4 votos a favor de alguna de las dos posiciones. Pero el Congreso emitió una ley que reducía el número de votos para resolver las contiendas de competencia, lo que hizo que los miembros de la Corte Suprema adictos al régimen trasladaron el caso a la justicia militar. Con la promesa de un futuro mejor, se sentenció a muchos de los implicados, en especial, a los agentes operativos de Colina, encabezados por Santiago Martin Rivas y Carlos Pichilingüe.

Una investigación fiscal sobre el caso Barrios Altos, iniciada por la fiscal Ana Cecilia Magallanes, que implicaba a Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza y el jefe nominal del SIN Julio Salazar Monroe provocó que en las altas esferas del poder se prepare la más vergonzosa de las leyes emitidas durante el régimen fujimorista. Presentado sin previo aviso y aprobado en horas de la madrugada, el proyecto de Ley de Amnistía beneficiaba a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales involucrados en violaciones a los derechos humanos cometidas durante la lucha contra el terrorismo. Para encubrir el verdadero propósito de la norma, se amnistió también a los militares participantes en el intento de golpe del 13 de noviembre de 1992 y a los oficiales retirados que habían expresado sus discrepancias sobre el manejo del conflicto con Ecuador en enero de 1995. Congresistas como Francisco Tudela, Martha Chávez, Gilberto Siura, Luz Salgado y Rafael Rey defendieron esta norma. A pesar que la jueza Antonia Saquicuray no aplicó la ley de amnistía, el Congreso dio una norma para evitar que ello se produzca.

Gustavo Gutiérrez, sacerdote fundador de la Teología de la Liberación y una de las mentes más lúcidas de nuestro país dijo lo siguiente sobre la Ley de Amnistía:
“Vergüenza, una honda e incontenible vergüenza vivimos los peruanos en estos días. Invocando palabras de gran contenido humano y cristiano, como reconciliación y perdón, se ha legalizado la impunidad de graves delitos comunes, incluso de inicuos asesinatos. Con un evidente exceso verbal, por decir lo menos, se les ha calificado de excesos cometidos en el ejercicio de ciertas funciones. Funciones que consisten – aunque suene a sarcasmo recordarlo – en defender la vida y los derechos de todos los ciudadanos”.

EL MARCO LEGAL ANTITERRORISTA

Muchas de las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen fujimorista están vinculadas con la legislación antiterrorista emitida con posterioridad al golpe de Estado de abril de 1992. Si bien en los años anteriores el Poder Judicial había dado muestras de debilidad y lentitud, lo que se empleó fue una fórmula que evitó que las mínimas garantías del debido proceso fueran respetadas. Juicios en el fuero militar, el uso de jueces sin rostro, conocimiento inoportuno de la acusación fiscal, restricciones del derecho a la defensa fueron algunas de las violaciones cometidas.

Ello tuvo dos consecuencias fundamentales:
a) Un alto número de inocentes en prisión, que hizo que el gobierno, ante una campaña de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, creara una comisión ad hoc para revisar casos individuales y otorgar indultos para las personas condenadas con pruebas inexistentes o insuficientes.
b) La sentencia del Tribunal Constitucional emitida en 2003, que contempló, junto a la modificación y/o declaratoria de inconstitucionalidad de buena parte de la legislación antiterrorista, la realización de nuevos juicios a los terroristas.

A ello se sumó el régimen especial penitenciario para casos de terrorismo y traición a la patria. Se construyeron penales con el único propósito del aislamiento, como Yanamayo o Challapalca. No se contempló el fin resocializador de la pena y las visitas eran sometidas a tratos degradantes.

UTILIZANDO EL TERRORISMO PARA LA RE – REELECCION

Aunque ya en 1993, Alberto Fujimori había utilizado el pedido de Abimael Guzmán para un Acuerdo de Paz con fines electorales – el referéndum aprobatorio de la Constitución de 1993 -, esto se hizo extremo luego de 1995. Era claro que Fujimori se quería perpetuar en el poder desde 1996, cuando se dictó la llamada “Ley de Interpretación Auténtica” de la Constitución, para sumar un periodo más a los que ya había ejercido de acuerdo a la Constitución. A ello se sumó el control del Poder Judicial y del Ministerio Público mediante “comisiones ejecutivas” y la provisionalidad de los puestos de magistrados en ambos organismos.

Poco a poco, se incrementaban las denuncias contra Vladimiro Montesinos. No sólo eran por violaciones a los derechos humanos, sino por narcotráfico y enriquecimiento ilícito. En ese contexto, el MRTA ejecutó el secuestro de más de 400 personas – que después se reducirían a 72 – en la residencia del embajador japonés. Dicha acción mantuvo en vilo a la Nación durante más de 120 días, hasta que el 22 de abril, con la Operación Chavín de Huantar, se liberó a la mayor parte de los rehenes. El operativo fue exitoso militarmente hablando, aunque murieron los oficiales Juan Valer y Raúl Jiménez y el rehén Carlos Giusti, juez de la Corte Suprema. Las investigaciones de la CVR y del Poder Judicial han determinado que buena parte de los terroristas murieron durante el operativo, pero que un grupo de ellos fue ejecutado extrajudicialmente por miembros del SIN infiltrados entre los comandos. Cabe destacar el gesto del sacerdote Juan Julio Wicht, quien decidió quedarse con los rehenes hasta que el último fuese liberado.

El éxito de la Operación Chavín de Huantar fue aprovechado por el gobierno para intentar acallar las denuncias sobre agentes del SIE ejecutadas y torturadas por sus propios compañeros. Sin embargo, la destitución de tres magistrados del Tribunal Constitucional que se opusieron a la tercera elección de Fujimori y la toma de Frecuencia Latina, estación de televisión que se había vuelto crítica, por accionistas afines al régimen fueron hechos que incrementaron las protestas.

El control de los medios de comunicación mediante el chantaje tributario o la compra de conciencias con fondos públicos hizo que el régimen fujimorista desplegara una campaña destinada a lograr la re – reelección a cualquier costo. Y para ello se hizo una campaña mediática que aprovechara la derrota del terrorismo y, en especial, la amenaza de que pueda regresar, para la nueva elección de Fujjimori.

De esta manera, se sobredimensionó la captura de Oscar Ramírez Durand “Feliciano”, líder de Sendero Luminoso a la caída de Guzmán y opuesto a cualquier acuerdo de paz, pretendiéndola aparecer como éxito del gobierno, cuando este sujeto había sido capturado por una mera casualidad. Se tergiversó la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenaba un nuevo juicio a 4 chilenos miembros del MRTA, para hacer aparecer a la Corte como “defensora de terroristas” y así defender el retiro unilateral de su competencia, para no acatar los fallos contrarios al régimen. Fueron preparados especiales de televisión sobre el terrorismo, las marchas opositoras fueron acusadas de infiltración senderista (ello fue más evidente en la campaña contra la “marcha de los 4 Suyos” encabezada por Alejandro Toledo en el 2000).

La Marcha de los 4 Suyos, la mayor protesta opositora contra el régimen, fue infiltrada en su último día por agentes del Sin que quemaron el edificio del Banco de la Nación causando la muerte de 6 personas. Mientras ello ocurría, Alberto Fujimori juramentaba para un tercer inconstitucional mandato, cuya elección había sido calificada por la comunidad internacional como poco justa, poco libre y poco transparente. Ello se hizo para acabar con la imagen de Alejandro Toledo, quien había surgido como opositor al régimen durante la campaña electoral del 2000. Martha Chávez, fiel a su estilo, expresó que “valía matar” a los manifestantes violentos.

Además, el fujimorismo intentó intervenir en la crisis colombiana. Una campaña mediática en contra de las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, el fantasma de una posible infiltración en la frontera norte y finalmente la presentación de la presunta “operación Siberia” sobre la venta de armas a las FACR fueron intentos en dicha línea. Sin embargo, se descubrió que el propio Vladimiro Montesinos estaba involucrado en la operación de venta de armas al grupo que mantiene en un clima de violencia a Colombia por más de 55 años.

Así, Fujimori descuidó la política antisubversiva, dejó que los presos por terrorismo se adueñaran de las cárceles y utilizó la victoria militar contra el terrorismo para fines electorales, mientras que una mafia se iba apoderando del aparato del Estado, comenzando por él, quien fue el principal beneficiario político de las acciones de Vladimiro Montesinos. Las violaciones a los derechos humanos cometidas con su consentimiento hacen que su permanencia en Japón, país en el que reside luego de su vergonzosa fuga al descubrirse el nivel de podredumbre de su régimen, sea indefinida, hasta que ese país lo entregue o el Perú gane un proceso judicial ante la Corte Internacional de Justicia. Ahora que el prófugo tiene varios adeptos en nuestro país, gracias a la debilidad del régimen democrático, bien vale recordar esta historia.

Para que no se repita. . .

TOLERANCIA CERO

Seguidores del Partido Aprista Peruano protagonizaron días atrás en Trujillo un hecho que resulta a todas luces condenable por sus implicancias.

En el marco de la Feria Internacional del Libro de Trujillo, uno de los pocos eventos culturales que se desarrollan en provincias que tienen cierta cobertura en Lima, se presentaba el libro “Llámale amor si quieres”, escrito por el periodista Toño Angulo Daneri. Este libro presenta 9 historias sobre la vida amorosa de 9 personajes importantes de nuestra historia: Francisco Pizarro, Simón Bolivar, el Virrey Manuel Amat, Augusto Ferrando, Abimael Guzmán, Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, José María Arguedas y Víctor Raúl Haya de la Torre. Este último, trujillano, fundador del APRA y considerado como uno de los peruanos más importantes del siglo XX.

Esta presentación desató la desatada protesta de los seguidores del partido de la estrella. El libro en cuestión tocaba un aspecto considerado como “cuestión de Estado” por los apristas: la presunta homosexualidad de su fundador.

En los años 50 y 60, para descalificar cualquier aspiración presidencial de Haya de la Torre, se pretendió usar el argumento de la opción sexual de líder aprista como parte de una contracampaña empleada por sus enemigos.

Hoy el escenario es distinto. Haya falleció hace 25 años y la historia contemporánea, a pesar de sus críticas a sus constantes cambios ideológicos y de alianzas para mantener con vida al APRA, le reconoce sus méritos como fundador y líder del único partido con cierta historia en el Perú. Una indagación sobre su presunta homosexualidad no es, por tanto, un instrumento para satanizar a su Partido, sino el intento de descubrir que había detrás del político que estuvo en la palestra pública durante más de 60 años.

El libro de Angulo, por lo demás, tiene un tono bastante respetuoso y discreto sobre el tema. Trabaja sobre varias hipótesis y termina concluyendo que lo más probable es que Haya era homosexual, pero que dicha condición – y con ello coincidimos – no lo hace ni más ni menos ante los ojos de la historia.

Lo preocupante aquí es, por tanto, la actitud beligerante que sobre el tema han tenido los agresores apristas, así como uno de sus secretarios generales, Mauricio Mulder. Los comentarios de Mulder que incitaban a la violencia, por decir lo menos, eran contraproducentes en un contexto proclive a tomarse la justicia por propia mano y no habiendo pasado un mes desde los sucesos de Andahuaylas. Esta actitud, además, denota la intolerancia que muchos de los miembros del APRA tienen hacia las opciones sexuales no convencionales y el sectarismo con el que se siguen manejando: cualquier crítica o comentario considerado como “no favorable” al Jefe (así lo llamaban a Haya) motiva una reacción desproporcionada y alejada de la tolerancia.

Si bien Jorge del Castillo ha deslindado con estos sucesos, quedará por ver cual será la actitud de Alan García, de viaje en viaje últimamente, para tener claro si en este tema el APRA sigue con su clásica “escopeta de dos cañones” o si hace una toma de posición clara. O si, por lo contrario, sigue contribuyendo al clima de intolerancia que en muchos aspectos predomina hoy en la política peruana.