LA LEY STALKER

Cual “regalo” de Fiestas Patrias, el gobierno promulgó el Decreto Legislativo 1182, una de las normas más polémicas de esta administración y a la que ya, en redes sociales, se le ha bautizado como Ley Stalker.

¿En qué consiste esta medida? Miguel Morachimo de Hiperderecho explica los detalles centrales de la norma:

El Decreto Legislativo crea un mecanismo mediante el cual la Policía puede enviar un pedido a cualquier empresa operadora para acceder a los datos de localización o geolocalización de teléfonos móviles o dispositivos electrónicos. Estos datos son enviados permanentemente por todos los teléfonos móviles conectados a una red de comunicaciones, incluso los que no son smartphones, y constituyen un registro exacto de la circulación de cualquier usuario de estos aparatos. Según el nuevo Decreto, empresas como Movistar o Claro estarán inmediatamente obligadas a proporcionar acceso en tiempo real a esta información a la Policía Nacional. Para lograrlo, hasta ahora era necesaria una autorización judicial expresa. Sin embargo, bajo este nuevo sistema la Policía ya no necesitará obtener ningún tipo de autorización previa para acceder a esta información.

Según la propia norma, la Policía solo podrá utilizar este mecanismo cuando concurran tres requisitos en simultáneo: (i) se trate de un delito flagrante, (ii) el delito investigado sea sancionado con pena superior a los cuatro años de cárcel, y, (iii) el acceso a esta información constituya un medio necesario para la investigación. Sin embargo, el cumplimiento de estos requisitos solo será revisado luego de que la Policía ya haya accedido a los datos. Así, la unidad a cargo de la investigación policial tendrá 24 horas para enviar al Fiscal un informe que sustente su requerimiento y el Fiscal tendrá otras 24 horas para solicitar a un juez la “convalidación de la medida”. A su vez, el juez que reciba el pedido tendrá otras 24 horas para pronunciarse sobre la legalidad del pedido y establecer un periodo durante la cual estará vigente. Bajo este sistema, podrían pasar hasta 72 horas desde que la Policía empezó a monitorear a cualquier ciudadano para que recién un Juez pueda pronunciarse sobre la legalidad de la medida y verifique si realmente se han respetado los requisitos.

Según se pudo conocer hoy en La República, la norma fue solicitada por la División de Investigación de Secuestros. La DIVISE argumenta que el número de extorsiones ha aumentado y que las compañías telefónicas no brindan mayor información sobre la titularidad de los dispositivos móviles. Porque, ojo, no solo se trata de celulares, sino también de tablets u otros dispositivos análogos. La finalidad de la norma es ubicar rápidamente a los extorsionadores y capturarlos, objetivo con el que nadie, salvo los propios hampones, podria estar en desacuerdo.

El problema con este tipo de normas, donde existen restricciones de derechos, es que no solo se tiene que ver si es que la medida es necesaria, sino si la limitación propuesta cumple con los parámetros constitucionales. En esa medida, cabe ver cuáles son los principales peros de la norma.

El primero, planteado por Morachimo, se vincula con el hecho que la geolocalización no es contemplada como parte del contenido del derecho del secreto a las comunicaciones. Ello es algo que se da de patadas tanto con la Constitución como con las leyes sobre la materia.

El segundo punto es el mencionado por Erick Iriarte: el tema de la privacidad:

La ley atenta contra el derecho de la privacidad en la medida que es una solicitud directa sin pasar por un juez o un fiscal. Sin tener un debido proceso la policía va poder acceder a los datos de las comunicaciones: quién llama, a dónde se llama, cuánto dura la llamada, desde dónde se realiza la llamada, es decir, la localización o geolocalización. La policía va a tener los datos y tiene un periodo de 24 horas para pedir la revalidación  de esta información al juez, y si el juez no lo revalida, igual los datos estarán en poder de la policía. La pregunta es, ¿quiénes más van a tener acceso a estos datos?, ¿dónde se van a almacenar los datos?, ¿qué pasa si el juez dice que no se puede utilizar? ¿Cómo se van a borrar? Todo eso queda en el aire.

Y ello es más complicado cuando, como mencionó Sigrid Bazán hoy en su programa en Exitosa, no existen aún los protocolos policiales que permitan saber como se actuará en estos casos. Amen, claro está, del control judicial ex post, en lugar de una autorización previa del juez, como se estila en estos casos.

Por si fuera poco, personas que normalmente discrepan en otras materias como Marco Sifuentes y Enrique Pasquel han recordado que el gobierno ha tenido otras iniciativas a caballo entre la torpeza y la intromisión indebida vinculadas al uso de Internet y herramientas informáticas.

Insistimos, sin duda es necesario emprender acciones contra las extorsiones desde cualquier tipo de instrumento informático. Pero existen medidas menos gravosas que la norma mencionada para poder arribar a este objetivo. Por lo pronto, mejorar la coordinación interinstitucional entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional, así como una mayor cooperación de las compañías telefónicas en estos casos sería mejor que una medida que tiene demasiados problemas. El Congreso y el Tribunal Constitucional tienen la última palabra.

(Foto: Perú.21)

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MENSAJE PRESIDENCIAL: ANODINO, COMO EL GOBIERNO

Sin sorpresas, ni grandes anuncios. Y, por momentos, mal leido. Así fue el discurso de Ollanta Humala. El último de su administración.

La idea clave del mensaje fue “no hagamos olas muchachos y pasemos a hacer recuento de lo avanzado”. Y, en efecto, allí Humala tuvo algunos logros que mostrar. Sobre todo, en materia de educación. La “sección Saavedra” del mensaje fue bien encarada con rostros y personas que representaban cada una de las materias en las que se hacían check. El tema remató con la presencia de miembros de Beca 18 tanto en el Te Deum como a la llegada a Palacio.  Aunque sin ejemplos, lo mismo se puede decir de los programas sociales del gobierno.

El problema es que estas medidas se veían como los lunares de los dos ministerios más aplicados del gobierno, sin una visión que englobe los mismos como parte de la tarea de una administración que entra a su último año o, más aún, sin enfatizar en la letra pequeña y detalles de algunas políticas esbozadas. Y lo mismo se podría decir de algunos anuncios más puntuales, como los referidos a la pensión para personas con discapacidad severa, la devolución del Impuesto a la Renta a empresas que inviertan más en ciencia y tecnología o la mención a los Panamericanos sin incluir medidas concretas para ello.

Decepcionante lo dicho sobre seguridad ciudadana y corrupción. En el primer de los casos, no por ausencia de medidas, sino porque las mismas no darán resultados sin una reforma policial que nunca se ejecutó. En el segundo, por la carencia de las mismas (como comento en Spacio Libre). Ojo, por cierto, con la denominada #LeyStalker, uno de los decretos legislativos dictados por el gobierno, que vulnera derechos constitucionales.

Un buen ejemplo es lo que menciona el analista internacional Oscar Vidarte respecto de los puntos tocados sobre nuestra política exterior, que ejemplifica lo antes mencionado:

Resumen del Mensaje Presidencial en materia INTERNACIONAL….4 puntos: La Haya, Alianza del Pacífico, Relación Bilateral (Ecuador, Colombia, Bolivia) y Reconocimiento del Perú (eventos internacionales, visa Shengen).

Conclusiones:

1. Repitió temas tratados en los mensajes anteriores….recomendación, revisarlos. Pocas novedades.

2. Faltó hablar de Democracia y DDHH a nivel internacional (CIDH); nada de la CAN y UNASUR (ver Gran Transformación); nada de Estados Unidos, Brasil y China; nada del debate acerca de la lucha contra las drogas (que a nivel regional es muy interesante, mas aun siendo el Perú el principal productor de cocaína del mundo); nada de la modernización del Ministerio de RREE (por ejemplo, temas remunerativos y otros); nada de temas de relevancia internacional donde el Perú debería tener alguna posición (Ucrania, Palestina, Cuba, Irán, etc.); a pesar de haber mencionado alguno de nuestros vecinos fue muy poco el contenido (por ejemplo hubiera sido importante hacer referencia a la ratificación del acuerdo con Bolivia del 2010); y finalmente, habló bastante de la ejecución del fallo de La Haya pero no dijo nada de los temas pendientes como la ratificación de la Ley de Comunicación Internacional.

3. Utilizando algunos de los últimos temas señalados, nada acerca de lo que se piensa hacer el último año. Al final de su gobierno se va a repetir el mismo rollo……acuérdense.

Omisiones varias: macroeconomía, trabajo (se especuló sobre un aumento del salario mínimo, que no se dio), perspectiva de género, derechos humanos, minería, cultura, consulta previa, descentralización, Fenómeno El Niño y medio ambiente. Varias de ellas repetidas en el mensaje anterior pero que hoy resaltan más en medio del recital de cifras presidenciales de esta mañana y tarde.

Sin duda, un mensaje que corresponde a la medianía de una gestión con algunos logros pero que, políticamente, se ha debatido entre la pusilanimidad y la precariedad.

(Foto: Presidencia de la República)

LA ELECCION DE IBERICO: GANADORES Y PERDEDORES

Decíamos ayer que la elección de la Presidencia del Congreso no nos despertaba el más mínimo entusiasmo. El nivel de la discusión en torno a los postulantes, resumido básicamente en acusaciones, una suerte de revisionismo histórico – todo aquel que “osara” señalar el pacto de Castañeda con el gobierno o algunas columnas con sabor a Ña Pancha en torno al fujimorismo era acusado inmediatamente de “odiar” – y un oficialismo ausente hacían que la disputa pasara casi al anecdotario.

De no ser por el triunfo amplio de ayer.

Ya no es noticia que el gobierno ha perdido la mayoría en el Congreso de la República. La noticia es que han perdido por goleada, con votos incluso de su propia gente y de Perú Posible. Es decir, el gobierno termina en una soledad política que sería la envidia de cualquier ermitaño. Y eso deja a tres grandes perdedores.

El primero de ellos es el Presidente de la República. El pobre manejo de su bancada parlamentaria durante estos cuatro años ha costado la factura. Hace algunos días, una fuente nos señalaba que, hace ya dos años, parlamentarios representativos de Gana Perú ya se veían bastante descontentos sobre cómo Ollanta Humala trataba a la bancada, los temas prioritarios y el propio comportamiento del gobierno. Ya se criticaba – y de hecho, desde esta modesta tribuna lo hemos efectuado – que desde Palacio de Gobierno no explicaran las razones de sus giros políticos. Pero parece que el error ha sido mayor dentro de sus propias filas. Y eso se siente. Sin irse, Omar Chehade, Daniel Abugattás y Marisol Espinoza ya expresan claramente una disidencia.

La segunda afectada es Nadine Heredia. No ha faltado quien diga que la gran derrotada es ella porque “manejaba el Congreso”. La verdad, la comparación con Montesinos no solo es injusta, sino también penosa. Pero no quita que Heredia es co-responsable del desastre que fue para el oficialismo la elección de ayer. Ella es presidenta del partido y no ha hecho mucho por institucionalizarlo. Y también es cierto que ahora personifica todas las resistencias contra el gobierno. Su pobre destreza política lo ha provocado.

Un tercer perdedor es el alcalde de Lima. Fue él, via Twitter, quien propuso a Vicente Zevallos como candidato, sin consultar a la bancada (donde generó más de un arqueo de cejas), en forma tal que incluso algunos congresistas se sorprendían que tamaña decisión se quisiera imponer desde el Palacio Municipal. La forma tan descarada en la que pretendió hacer una alianza a cambio de obras le pagó la factura. Si bien Castañeda es bastante popular, lo cierto es que sus cálculos políticos son cada vez más clamorosamente erróneos.

Una vez puesta la lista de derrotados, es hora de decir algo sobre el ganador. Como dijo Marco Sifuentes, la carrera de Iberico no pasó a ser polémica con esta elección, sino que los resquemores vienen de antes:

Después de todo, cuando el FIM naufragó, el niño símbolo de la democracia saltó a la “raza distinta” de Acuña, dueño de una universidad-partido-negocio más personalista que un líder norcoreano. ¿Por qué, si desde hace años es un minion de Acuña, tendría que molestarle Fujimori? Ya pues.

Así las cosas, no debiera sorprender la alianza con el fujimorismo. La pregunta es si esta se puede extender hacia el 2016, como insinúa Rosa María Palacios:

Es decir, si Luis Iberico justificaba un acercamiento táctico al fujimorismo, no sólo para darle a la oposición la Mesa Directiva – como si esta fuera un botín de privilegios personales – sino para poner en marcha una agenda/programa mínimo que requería de mayorías calificadas, otra hubiera sido la recepción del público a su arrejuntamiento, temporal o solo Dios sabe si estratégico para las elecciones 2016 con César Acuña apoyando a Keiko Fujimori para terminar de liquidar al Apra en el “sólido norte”. ¿No la vieron compañeros que votaron por Ibérico? Pues miren bien a quién han encumbrado.

Y, con ello, habría que ver cuál es el proyecto político final de Acuña. Si bien el gobernador regional de La Libertad ha expresado su voluntad de postular a la Presidencia de la República en 2016, también es cierto que ocupa el mismo espacio electoral – populista de derechas – que tiene el fujimorismo. Por lo que una alianza con ellos no sería mal negocio, sobre todo para Acuña, experto en fagocitar candidaturas presidenciales para ir teniendo una presencia en el Congreso que se sume a la de sus gobernadores y alcaldes. Es decir, postergar el proyecto político propio cinco años más, tener más obras en la región que mostrar y ser, ahora sí, el presidente del Bicentenario.

En su discurso de ayer, Iberico se planteó una agenda ambiciosa. Tanto que, al escucharlo, uno no sabía si estábamos ante el presidente del Congreso del primer año del periodo parlamentario y no al de salida. Teniendo las expectativas bajas, nos daríamos por bien servidos si es que se elige a un Defensor del Pueblo titular con características personales y profesionales y lo mismo con el reemplazo de Oscar Urviola en el Tribunal Constitucional. Ya con ello tendríamos un mejor Congreso en el último año que aquel que se acaba de ir.

Pero quizás, la mayor interrogante siga siendo que tan sujeto estará Iberico a la agenda de quienes lo eligieron. La respuesta la tendremos en las siguientes semanas.

(Foto: Perú.21)

MESA DIRECTIVA

Cuando este diario esté en sus manos, se estará realizan­do la elección para la Mesa Directiva del Con­greso de la República. Pro­ceso que me ha generado el mayor de los bostezos. Ex­pongo mis motivos.

La disputa se pareció a aquellas elecciones por la presidencia de un salón es­colar, reducidas a meros concursos de popularidad. ¿Hemos escuchado de los señores Zeballos e Iberi­co algún planteamiento se­rio sobre las prioridades de la agenda parlamentaria? ¿Han formulado alguna re­forma administrativa para un Congreso que las nece­sita a gritos? La discusión básicamente giró en torno a las bondades de una lista opositora más light o más dura frente al gobierno, de cara a las próximas eleccio­nes. En ninguno de los ca­sos, sin convencer del todo.

Asimismo, asistimos a un concurso de lavadas de cara de dos partidos con líderes cuestionados. Entusiasta­mente, algunos columnistas se ponían el kimono para ha­blar de perdones al fujimo­rismo, cuando dicha agru­pación no ha hecho un mea culpa serio de cara al país por los crímenes cometidos hace dos décadas. Mientras que, en la otra orilla, otros se hacían de la vista gorda res­pecto de las concesiones del gobierno a las obras cues­tionadas de Luis Castañeda Lossio. Una cosa es la alusión a las “manos sucias” en polí­tica, otra el aconchabamien­to acrítico.

Para completar el saine­te, el oficialismo no pudo ser capaz siquiera de pre­sentar una alternativa. La pobre institucionalización del partido de gobierno, de­nunciada por Daniel Abu­gattás en su entrevista de despedida de la política, le cobra factura a un Presi­dente de la República que, además de la medianía, ya no tiene más trucos políti­cos por exhibir.

(Columna publicada en Exitosa Diario el 26.07.2015)

PERIODISTA AL FIN Y AL CABO

Una maestra de escuela deja todo en Gran Bretaña a los 42 años: expareja, hijos, familia, trabajo fijo. Todo por ir al Perú a realizar trabajo social. Y terminó quedándose en nuestro país durante 20 años, pero haciendo periodismo.

Esa sola línea argumental sería el estupendo arranque para una novela. Afortunadamente, la historia es real y se desarrolló en años difíciles para nuestro país. Y su protagonista ha tenido el acierto de ponerla en papel.

Durante su permanencia en nuestra patria, Sally Bowen no solo dejó cientos de despachos para los medios para los que laboró – sobre todo Financial Times y la BBC -, así como informes para The Peru Report y Peru Monitor, empresas que tenían información de primera mano sobre lo que ocurría en distintos ámbitos del quehacer nacional. También legó dos libros fundamentales para entender la década de 1990, con un estilo preciso e imparcial: El Expediente Fujimori y El Espía Imperfecto (este último, redactado al alimón con Jane Holligan).

Esta tercera entrega nos brinda la trastienda de muchos acontecimientos ocurridos entre 1988 y 2008. A través de páginas de ritmo rápido, Bowen nos describe como pasó a ser “sin querer queriendo” una periodista que recogía sucesos políticos, económicos y que se internaba en diversos lugares de nuestro país para hacer reportajes en zonas calientes por la acción del periodismo y el narcotráfico.

Se logra reflejar cómo se transmitían noticias sin las facilidades tecnológicas de ahora, pero con quizás más punche y garra al obtener la noticia. Los lectores no podrán dejar de conmoverse con la muerte de Todd Smith, periodista asesinado por Sendero Luminoso, bastante sentida por la autora. El lector peruano podrá apreciar mejor cómo, desde la prensa extranjera, se veía a un presidente tan controvertido como Fujimori. Y sufrirá, como cualquier que ha pisado el Poder Judicial peruano, con el kafkiano proceso judicial entablado por Fernando Zevallos, en la primera alusión periodística seria sobre sus actividades como narcotraficante.

Pero el libro también deja cierta sensación de deja vu. Como lo ha manifestado en diversas entrevistas en los últimos días, el texto de Bowen muestra a una clase política que, con apenas algunas inclusiones, no ha cambiado casi nada, tanto en elenco como en maneras. Si bien el terrorismo ya no es un problema nacional, el narcotráfico sigue siéndolo, tanto por su estela de violencia como por su peso en ciertos pasillos de Palacio de Justicia. Es cierto, hay más dinero en los bolsillos de la gente, en promedio, pero varias situaciones de desigualdad mostradas en el volumen siguen siendo actuales.

Un texto que, según confesión de la autora, pensaba ser escrito para que sus nietos entendieran su decisión de irse a la aventura, termina trayéndonos de vuelta a tiempos difíciles para nuestra nación, pero ricos en términos periodísticos.

Bowen cuenta estos hechos desde una doble trastienda: la de la periodista haciéndose en el camino y la corresponsal extranjera que puede informar sobre estos acontecimientos con la serenidad y la distancia que, muchas veces, no tenemos los compatriotas. Y no por ello, su visión deja de ser menos comprometida con valores universales.

Libro imprescindible, no solo por la descripción de una época, sino también por las lecciones que deja para quienes se dedican a este oficio, sobre todo, en tiempos donde se cree que todo está a un click de distancia.

(Foto: La República)

PARQUE DE LAS LEYENDAS: LA PISTA IQUEÑA. SEGUNDA PARTE

El pasado martes, Desde el Tercer Piso presentó una serie de contratos obtenidos por la actual gerente de administración del Parque de las Leyendas, Diana Elizabeth Zaldivar Rabanal, y la empresa Villaespo Constructores con el Gobierno Regional de Ica, entre los años 2011 y 2013.

Dichos contratos nos parecían de interés público debido al proceso penal que, debido a presuntos favorecimientos a la referida compañía, enfrenta el actual director del zoológico principal de la ciudad, Marco Antonio Villalobos Alvarado. Así como por las recientes revelaciones de Utero.pe respecto de los contratos obtenidos por Zaldivar Rabanal durante la anterior gestión de Luis Castañeda Lossio al frente de la ciudad.

Hoy, DTP está en condiciones de señalar quienes fueron los gerentes del Gobierno Regional de Ica en los años en los que se dieron estos contratos.

EL GERENTE (DOS VECES) Y ASESOR SOLIDARIO

Jorge Carlos Hurtado Herrera es abogado de profesión. De acuerdo con una búsqueda hecha en la base de datos del Jurado Nacional de Elecciones, es militante de Solidaridad Nacional desde el 8 de febrero de 2006. Es decir, va a tener 10 años de miembro de SN, pero no cualquier militante.

“Rocky” Hurtado, como es conocido en Ica, fue director del Servicio de Parques de Lima (SERPAR) en el segundo gobierno de Castañeda. Y también estuvo en el Patronato del Parque de las Leyendas. De hecho, a criterio del alcalde, tuvo tan buen desempeño que lo condecoró con la Medalla de Lima. Aquí el video de la condecoración, donde el presidente de su partido confiesa haber trabajado con él durante 20 años:

Recordemos que, como mencionamos en el primer informe de esta serie, en 2009, Zaldivar ganó una adjudicación por menor cuantía con el Servicio de Parques de Lima (SERPAR) por 10,000 nuevos soles. Mientras que el blog Utero.pe sacó los contratos que la hoy gerente administración del Parque de las Leyendas tuvo con el zoológico. Hurtado fue funcionario de ambas entidades en los años en los que los mismos se obtuvieron.

Luego de dejar la administración Castañeda – tras una frustrada candidatura al gobierno regional de Ica -, Hurtado pasó a ser gerente general del Gobierno Regional de Ica, encabezado por Alfonso Navarro, militante del Partido Popular Cristiano. “Rocky” estuvo en dos periodos: entre el 1 de enero y el 8 de julio de 2011 y entre el 8 de mayo de 2012 y el 6 de agosto de dicho año.

Revisando las fechas de los contratos obtenidos por Villaespo Constructores, durante la presencia de Hurtado en el GORE Ica ganó un contrato por 199,380 en 2011. En el caso de Zaldivar, tendrían que revisarse los meses en los que, de acuerdo al Portal de Transparencia Económica del MEF, obtuvo contratos con el GORE ICA en 2011(9,500.00 nuevos soles) y 2012 (a los 30,080 que ganó un día antes que volviera Hurtado hay que sumar un monto que, en total, equivale a 47,478 nuevos soles)

Pero ojo, según el diario La Voz de Ica, luego de su segunda salida, Hurtado señaló que se quedaría como asesor externo del gobierno regional. Sería indispensable que el referido exfuncionario aclare hasta cuando duró esa asesoría, considerando que en 2013. Villaespo Constructores obtuvo contratos con el Estado por S/. 504,913, de los cuales 390,913 nuevos soles fueron pagados por el Gobierno Regional de Ica, para el equipamiento de los laboratorios de mecánica automotriz y sanidad vegetal del Instituto Superior Tecnológico Palpa.

El militante de Solidaridad Nacional también intentó postular al GORE Ica en 2014, pero al final no se presentó a las elecciones. Según medios iqueños, por motivos de salud. Su intención de voto era de 2%. Pero ahora anda de vuelta en la administración Castañeda.

Según indica la página web de SERPAR, es nada menos que el secretario general de dicha institución, en la que anteriormente sirvió como director. Curiosamente, dos de los miembros del Consejo Directivo de la referida entidad son el presidente y el director del Parque de las Leyendas en la actualidad.

LOS OTROS GERENTES:

Los demás contratos fueron firmados tanto en los periodos de Ana Yolanda Pérez Cortez y Mario López Saldaña.

Sobre la primera de las nombradas, se trata de una funcionaria que, antes de ser gerenta regional, fue Directora General de Administración del GORE Ica. Luego que Hurtado volviera al puesto de gerente general, pasó a desempeñar el cargo de directora de administración del Proyecto Especial Río Tambo Ccaracocha.

Mientras que el segundo, que fue gerente hasta 2014, es militante del Partido Popular Cristiano. Y, según Correo Ica, cuando asumió el puesto, tenía el siguiente cuestionamiento:

El exalcalde de la provincia de Castrovirreyna (2007-2010), Mario López Saldaña, para quien la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios Públicos de Huancavelica, solicitó 15 años de pena privativa de la libertad por denuncias de presuntos actos ilícitos; asumió el cargo de gerente general del Gobierno Regional de Ica.

Al ser consultado por la denuncias e investigaciones en su contra, el exburgomaestre declaró a la prensa iqueña que “como parte del trabajo en la administración pública uno es pasible a investigaciones del Ministerio Público. Mis acciones han estado dentro del marco de la legalidad”.

Como se sabe, en el 2010, la Municipalidad Provincial de Castrovirreyna, mediante convenio de “Transferencia de recursos en el fondo para la reconstrucción integral de las zonas afectadas por los sismos del 15 de agosto de 2007-FORSUR”, recibió 525 mil 510.66 soles para la ejecución de la obra “Reconstrucción de la infraestructura de la Institución Educativa N° 22041-Santa Ana”. Luego se firmó contrato con Consorcio San Ana, sin que se contará con la carta fianza de fiel cumplimiento.

López Saldaña postuló a la presidencia regional de Huancavelica en las pasadas elecciones, con un movimiento regional, sin éxito.

Por supuesto, una siguiente etapa de esta investigación debería revisar quienes conformaron los comités de selección en todos estos contratos. Podemos encontrar allí quizás aún más sorpresas de las que hemos localizado.

CONSULTA PREVIA: HISTORIA DE UNA BASE DE DATOS

En las primeras semanas del gobierno, cuando todo era felicidad, Ollanta Humala fue a Bagua a promulgar la Ley de Consulta Previa, una norma que regulaba el reconocimiento interno de un derecho de los pueblos indígenas ya consagrado en el Convenio 169 de la OIT: la posibilidad que estos grupos de ciudadanos puedan ser consultados sobre la toma de decisiones respecto de políticas públicas que los conciernen. Desde inversiones mineras y petroleras hasta cuestiones vinculadas a educación intercultural.

Según la página web especializada del Ministerio de Cultura – ente rector en esta materia -, entre procesos concluidos y en curso, se han realizado 15 procesos de consulta previa en el país. 13 de ellos están vinculados a pueblos amazónicos y 2 a políticas públicas de alcance nacional. En ningún caso, hay pueblos andinos involucrados.

Al consultar la Base de Datos de Pueblos Indígenas (BDPI), documento oficial del Estado donde se reconoce referencialmente quienes son los actores colectivos a ser consultados, nos topamos con lo siguiente al ver la ficha vinculada al pueblo quechua:

Finalmente, el Ministerio de Cultura, en cumplimiento de función de elaborar y actualizar la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios, ha recopilado información secundaria que ahonda sobre la historia, instituciones distintivas y prácticas ancestrales de los pueblos quechuas. Este instrumento incluirá progresivamente, en los próximos meses, información histórica y cultural relevante sobre diferentes pueblos quechuas.

Y no se destaca la ubicación geográfica de los mismos. Con el pueblo aimara, al menos, el tema parece zanjado, en apariencia. Aunque, como veremos luego, no exento de polémica.

¿Cuál es el motivo por el que los pueblos indígenas de la sierra no están tan delimitados como los de la selva? Esta historia se remonta, por lo menos, al 2012.

Como relata el exviceministro de Interculturalidad Iván Lanegra, a fines de aquel año se presentó en la Presidencia del Consejo de Ministros un primer avance de la BDPI. Y allí surgieron las primeras inquietudes.

Fue así que seis meses después de publicada la directiva de la base, vimos con expectativa la presentación de su contenido completo ante el entonces Presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, los viceministros y el responsable de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, Vladimiro Huaroc. Se explicaron los indicadores utilizados para la identificación de los pueblos indígenas. Eran 52 en total: 48 en la Amazonía, 4 en la zona andina.

Miles de comunidades nativas y campesinas estaban incluidas como parte de dichos pueblos. No hubo objeciones técnicas. Tras solucionar las cuestiones relacionadas con el acceso público a la base, esta podía ponerse en línea. Sin embargo, era evidente la inquietud de varios de los presentes sobre el gran número de comunidades campesinas incorporadas, sobre todo  porque la ubicación de las de habla quechua coincidía con áreas muy importantes para la exploración minera.

En marzo de 2013, Marco Sifuentes publicó un informe en La República que revelaba desde donde venían la mayoría de las inquietudes.

Interculturalidad ha reconocido, oficialmente, 48 culturas amazónicas. Ellas no son el problema central.

—¿Una comunidad indígena quechua en Apurímac? ¡No me jodas! —le habría espetado el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, a Lanegra en diciembre del año pasado.

Efectivamente, el problema está en los Andes.

Interculturalidad ha reconocido, también oficialmente, cuatro culturas andinas: los jaqaru, en la sierra de Lima; los uros, en las islas flotantes del Titicaca; los aymara y los quechua. El problema está en la gran población aymara y quechua del Perú. ¿Qué comunidades aymaras y quechuas califican para la Base de Datos y cuáles no?

Merino nunca fue un entusiasta de la consulta previa. Y, como indicaron Ricardo Uceda y David Rivera para la revista Poder, al final del segundo año de Humala este era el panorama.

El tema de la consulta previa, sin embargo, camina a la deriva, sin líder. Si fuera por Merino se eliminaría —le cuesta abandonar un razonamiento empresarial privado— y el culturoso ministro de Cultura, Luis Peirano, difícilmente lo asumirá como propioAlineado con Castilla y Merino, Humala ha objetado los criterios de la base de datos para la consulta elaborados por el viceministro de Inteculturalidad, Iván Lanegra, quien renunció al cargo tras la posición que manifestó el Presidente en la entrevista televisiva. Ahí declaró que busca evitar que se realice en todas las comunidades de la sierra del sur del Perú, como se planteaba inicialmente en la base de datos de dicho viceministerio y donde se ubican la mayoría de proyectos mineros. Comenzará en la Selva, donde, según declaró Humala, están los verdaderos nativos.

Sin embargo, dentro del gobierno existen opiniones de que la consulta previa podría llevarse a cabo de acuerdo con el plan original sin que se caiga la inversión ni el mundo. Mas no hay quien convenza adecuadamente al Presidente y menos a los empresarios.

Recientemente, Lanegra ratificó esta versión en un artículo publicado en el portal Ojo Público.

Luego, Peirano saldría del gabinete y, bajo el periodo de Diana Álvarez Calderón, con Patricia Balbuena a cargo del viceministerio de Interculturalidad, se desarrollarían las 20 consultas previas en proceso o ya concluidas antes anotadas. Mientras que, desde el lado del MEM, el sucesor de Jorge Merino, Eleodoro Mayorga, era otro ministro poco proclive a la aplicación de la consulta previa. Al mismo tiempo, los arqueos de cejas por parte de representantes de Yanacocha y consultores de mineras respecto de la inclusión de pueblos andinos en la consulta eran bastante notorios.

Por su parte, Lanegra señalaba lo siguiente, hace apenas 3 meses:

En abril de 2015 aún no culmina. Ni una sola de las comunidades campesinas de habla quechua está aún considerada. Estas, por sí solas, representan más de la mitad de las comunidades que deberían estar incluidasNi una sola consulta se ha realizado en el sector minero. Ni una sola consulta se ha realizado a nivel de las comunidades campesinas. Es evidente que las causas que originaron el cuestionamiento a la base de datos no han desaparecido. En el contexto de una desaceleración económica, es probable que algunas se hayan reforzado.

A esto se agrega una práctica nefasta que lleva a las comunidades campesinas a firmar documentos en los que sus habitantes declaran no ser indígenas, lo cual distorsiona el sentido de la conciencia de la identidad indígena, un criterio de identificación conforme al Convenio 169 de la OIT. Nada de esto, no obstante, va a evitar que tarde o temprano se inicien demandas administrativas y legales por no cumplir plenamente con la obligación de consulta previa. Hay que recordar que los funcionarios tienen el deber de garantizarla. Pero no debería ser este el camino que deberíamos recorrer. En particular porque es el más difícil para los pueblos indígenas.

¿Qué ocurrió en estos años? Un informe de Nelly Luna y Vanessa Romo para Ojo Público revela tres cuestiones puntuales.

La primera, es la base de datos original. Ambas periodistas revelan que:

se trata de una larga nómina de 5.571 comunidades indígenas, el 63% (3.532) tiene origen quechua y están ubicadas principalmente en las regiones surandinas de Puno, Cusco, Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, en donde existe fuerte presencia de megaproyectos mineros; mientras que el 10% es aimara y 26% amazónicos.

En otras palabras, la mayoría eran pueblos andinos.

El segundo punto revelado tiene que ver con lo que hicieron las ya mencionadas gestiones de Merino y Mayorga:

La investigación de OjoPúblico en base a la filtración de esta lista de pueblos indígenas estableció que los exministros de Energía y Minas, Jorge Merino y su sucesor Eleodoro Mayorga, autorizaron las operaciones de 25 compañías mineras en estas tierras sin efectuar procesos de consulta previa, aun cuando los poblados en donde se asientan dichos proyectos estaban incluidos en la base de datos preliminar que el sector conocía. Además, permitió descubrir que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) contrató a consultores privados para identificar y decidir cuáles eran comunidades indígenas y cuáles no, y con ello justificar la aprobación de los proyectos mineros sin los procesos de diálogo previos.

Como indica el informe, cerca de la mitad de los proyectos no consultados está en Apurímac, región vista como la niña de los ojos del desarrollo minero en los próximos años para el Presidente de la República.

Y el tercero es que, al menos, en las declaraciones, la posición del gobierno parece variar al menos un poco:

La actual titular del MEM, Rosa María Ortiz, reconoció en una entrevista con OjoPúblico que “la actuación de estas consultoras nunca tuvo una base o un sustento legal. Contratar a una consultora para hacer una caracterización [como se llama a la identificación de una comunidad para saber si es o no indígena] no me parece que haya sido la forma de trabajar”, sostuvo, tras reconocer que antes “no hubo voluntad de hacer consulta previa. Pero eso ya está modificándose desde mi gestión”.

El viceministerio de Interculturalidad nunca recibió información de resultados ni de la metodología empleada por estas consultoras. Patricia Balbuena, actual responsable de este despacho, menciona que recién “hace una semana recibieron los últimos informes de estas consultorías” y que comenzarán a revisar caso por caso. Al final de este análisis emitirán un informe para que se tomen las medidas correctivas y establezcan las sanciones administrativas si es que concluyen que se vulneraron derechos y procedimientos.

La ministra Ortiz opinó lo mismo. “Definitivamente hemos previsto una sanción si se determinan responsabilidades luego del informe de Cultura”. Pero ¿cómo se remediará la vulneración del derecho de las comunidades indígenas quechua en las que no se realizó consulta previa? ¿Cómo quedan los proyectos mineros? “Aquí la empresa no tiene nada que ver. En el hipotético caso de que Cultura determine que correspondía hacer consulta previa en cierta zona y no se hizo lo que se tendrá que hacer es una consulta a destiempo”, concluye la ministra.

Sin embargo, el problema no termina de resolverse. Como indica OP, subsisten discrepancias sobre la no inclusión en la BDPI de algunos pueblos calificados previamente como aimaras, algunos de los cuales tienen proyectos mineros en su territorio.

La historia de la Base de Datos de Pueblos Indígenas, a fin de cuentas, demuestra la serie de idas y venidas en torno al proceso de consulta previa en el Perú. Y, por supuesto, las tensiones dentro del gobierno frente a este derecho. Un reflejo de lo que ha sido una administración sin convicciones propias, donde, a fin de cuentas, el peso de los funcionarios y ministros ha determinado el destino de las políticas públicas.

(Foto: Andina)