Despejando mitos sobre el indulto

Fujimori indultado
Foto: Peru.21

El indulto es irrevisable. Al ser una injerencia del Poder Ejecutivo en decisiones judiciales, los indultos son excepcionales y contemporáneamente, están sujetos a reglas. Desde el caso Crousillat, pueden ser analizados por jueces constitucionales e incluso anulados.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos no puede revisar el indulto, porque Fujimori no fue sentenciado por crímenes de lesa humanidad. Para el sistema interamericano, basta que un delito sea una “grave violación de derechos humanos” para verificar si amnistías, indultos u otro mecanismo permiten la impunidad. Los casos Barrios Altos y La Cantuta son considerados por la Corte como tales. Y los jueces peruanos sí otorgaron la calificación accesoria de lesa humanidad.

Se han saltado los plazos para admitir un caso ante la Corte Interamericana. Este tribunal puede realizar audiencias de cumplimiento de sentencia a pedido de las víctimas y sus familiares. Por ello, el tribunal internacional revisará el indulto en febrero.

Se cerrarán los pleitos entre los Fujimori. Más allá de la foto de compromiso, el patriarca del clan no ha podido pacificar a sus hijos. Kenji busca concentrar más poder ofreciéndoles a los congresistas conseguir proyectos y obras con el gobierno, conociendo los problemas legales de su hermana, esgrimidos como argumento interno para que voten a favor de la vacancia de PPK. A su vez, Keiko sabe que el indulto puede ser anulado en San José y, con su padre de nuevo en la cárcel (o en Tokio), ella retomaría las riendas del fujimorismo. La bronca es real.

Será posible la gobernabilidad y la realización de reformas de mercado. La actual partición del fujimorismo hace inviable esta hipótesis. Y la mayoría de sus proyectos de ley no son precisamente garantes de la buena marcha macroeconómica del país. En sencillo: la reforma laboral y la pensionaria no les interesan.

El país se reconciliará. Junto con el trapicheo de la palabra reconciliación, el indulto a Fujimori, tanto en fondo y en forma, no ha contribuido a la unión nacional. ¿Quién fue el “genio” en Palacio de Gobierno que pensó en ello?

(Publicado originalmente en La República)

Abusos contra menores: hora de una CVR

Abusos

En 2013, Australia conformó una Comisión Real para investigar las responsabilidades institucionales frente a los abusos sexuales contra menores de edad. Hasta diciembre de 2017, este grupo de trabajo indagó cómo escuelas, iglesias, clubes deportivos, instancias de gobierno y otras entidades respondieron frente a denuncias en este tipo de casos.

La Comisión recogió testimonios para identificar las fallas en los sistemas de estas instituciones frente a denuncias de abusos, con miras a plantear cambios legislativos y modificaciones en políticas públicas. También se brindó espacios para que las víctimas relataran sus experiencias, así como para recoger sus necesidades de apoyo, defensa legal y reparación frente a estos hechos. El recojo de información, mediante citas privadas y envío de comunicaciones, estuvo sujeto a protocolos escritos. Se realizaron audiencias públicas sobre casos institucionales.

Este viernes 15 de diciembre, la Comisión Real emitirá su informe final, que contendrá tanto los datos recogidos como una serie de recomendaciones dirigidas al estado australiano para una mejor atención de estas denuncias, así como un mejor trato hacia las víctimas de abusos. Durante su trabajo, este equipo fue emitiendo informes parciales de casos, que daban cuenta de la magnitud del problema.

La experiencia australiana, así como nuestro propio camino en la justicia transicional, ha llevado a que algunas personas sugieran la necesidad de un grupo de trabajo similar al creado en Oceanía para nuestro país. Me sumo a la idea por los siguientes motivos.

En primer lugar, porque los hogares y escuelas peruanos son un espacio de violencia para los menores. Según la Encuesta Nacional de Hogares 2015, 81.3% de adolescentes y 73.8% de niños entre 9 a 11 años han sido víctimas de violencia física o psicológica alguna vez en su vida. Asimismo, el 34.6% de adolescentes indica que ha sido víctima de violencia sexual, incluyendo bromas de contenido sexual, tocamientos indebidos y visión forzada de pornografía.

En segundo término, recientes denuncias dan cuenta de un problema que atraviesa a todos los sectores sociales. Los abusos en el Sodalicio de Vida Cristiana y las denuncias sobre tocamientos presuntamente ejecutados por el educador Juan Borea han conmovido a nuestras élites, así como la reciente revelación hecha por el periodista Pedro Salinas sobre un caso sistemático de violación al interior de los Scouts. En los noticieros, es frecuente la aparición de casos de este tipo en los sectores socioeconómicos más pobres.

Tercero, es momento que el Estado y la sociedad asuman que estamos ante un problema grave. Un signo de la poca importancia que damos a este tema está en el hecho de que el Congreso de la República no nombre hasta ahora a los miembros de la comisión investigadora sobre abusos a menores, sin protesta alguna. Y es claro que, dado el estado actual de nuestra representación parlamentaria, se espera poco de este grupo de trabajo.

Por tanto, resulta indispensable que el Poder Ejecutivo haga suya esta iniciativa. Es momento que el Estado peruano cumpla con su obligación de proteger a quienes necesitan de más cuidado en nuestra sociedad. Y, para ello, resulta necesario, dar la oportunidad a las víctimas de hacer sentir su voz y que todo el país conozca la verdad sobre un problema que nos afecta a todos. En Palacio de Gobierno tienen la palabra.

(Publicado originalmente en el diario La República)

MOHME EN PROBLEMAS (CON CODA DE DENUNCIA CONTRA IVCHER)

Hace algunos meses, comentamos la denuncia que Beto Ortiz hiciera contra Gustavo Mohme Seminario, el director del diario La República, de ser un topo en la oposición en la época de Fujimori. En aquella oportunidad, sostuve que los indicios presentados para indicar que el diario La República se había sujetado a los dictados de Vladimiro Montesinos eran bastante endebles, dado que el diario nunca había cambiado de línea y Gustavo Mohme Llona era vilipendiado – hasta con historias procaces sobre una presunta homosexualidad – por los diarios al servicio de la dictadura.

Sin embargo, también indiqué que,a fin de aclarar las dudas que se cernían sobre Mohme Seminario, era necesario que se realizaran las investigaciones sobre el tema.

Ayer, un reportaje de César Hildebrandt Chávez para La Ventana Indiscreta presentó una serie de indicios razonables para que la Fiscal Marlene Berrú pueda ahondar en algunas cosas que Mohme Seminario deberá aclarar. Lo presentado no tiene que ver con la línea editorial de La República, donde apuntaba Beto Ortiz y Montesinos, sino con otro tipo de asuntos, que complican mucho más la situación del empresario televisivo.

El primer tema es el de los contratos de publicidad y publicación de listas de mesas de sufragio por parte de la ONPE, dirigida entonces por el inefable José Portillo Campbell. Sorprendentemente, La República recibe montos de publicidad similares a los que tenían los canales comprados por la dictadura. Medios como El Comercio, Caretas y Canal N, que tenían también una línea opositora a Fujimori reciben cantidades comparatívamente ínfimas. Cabe recordar que, por aquella época, Mohme padre veía exclusivamente la línea editorial del diario y Mohme hijo la parte comercial. Es decir, esta cuestión calza perfectamente con la división de trabajo que el diario se había fijado y que no involucra para nada a la línea editorial del medio, como ocurrió en otros casos.

El segundo tema tiene que ver con un proceso penal contra la hermana de Mohme Seminario, referido a una denuncia por estafa por la doble venta de un departamento en La Molina. Si bien con la entrega del inmueble se arregló la parte civil, la parte penal debía seguir su curso. En efecto, se llegó a la instancia de la acusación fiscal. Sin embargo, pasó un hecho curioso: el proceso quedó archivado por el mismo juez que mandó abrir la instrucción: Nicolás Trujillo López. Este personaje era uno de los brazos de Montesinos en el Poder Judicial e intervino en casos como la persecución a Baruch Ivcher o a Delia Revoredo. Pedro Huertas Caballero, el mismo abogado del SIN que arregló un proceso de Laura Bozzo en Huacho (hecho por el cual la abogada fue condenada a 4 años de prisión suspendida), ha señalado que Mohme Seminario fue al SIN a abogar por su hermana.

Quien brindó esta información, tanto a LVI como a medios como Expreso, ha sido José Francisco Crousillat, quien desde hace buen tiempo quiere acogerse a la colaboración eficaz, involucrando a otros empresarios de medios de comunicación. Ahora bien, el ex propietario de América Televisión también tiene otros motivos para hacer esta denuncia: la adquisición de América Televisión por parte del holding Plural TV fue algo que la familia Crousillat no puede perdonar. Y ya en anteriores ocasiones ha intentado enlodar a Mohme con acusaciones, que han merecido severas respuestas de La República.

Sin embargo, y aquí está el detalle importante, es que, a pesar que Crousillat tiene una agenda propia para retornar a América Televisión – hecho que resulta imposible dado que la venta del canal (o mejor dicho, de lo que quedaba de él, luego del saqueo al que los mafiosos lo sometieron) fue legal -, los hechos que el ex broadcaster ha mencionado han sido corroborados con una investigación independiente, por parte de periodistas que, ni por asomo, comparten el anhelo de Crousillat por volver a dirigir América Televisión.

Mohme tendrá que demostrar con documentos – y más allá de los ataques que desde distintos flancos le van a llover – la falsedad de las acusaciones. Y esta vez va a tener que ser mucho más convincente que en las ocasiones anteriores en que le han llovido denuncias. De otro lado, este hecho, si bien afecta a la persona de su director, no involucra a un diario que, se discrepe o no con su línea editorial, siempre asumió un compromiso serio con la verdad y con las causas que defendió. Y que fue frontal frente a la dictadura. Claro, ello no blinda a sus dueños de los errores que pudieran haber cometido.

ACTUALIZACION (10:00 AM): LA RESPUESTA DE LA REPUBLICA

La portada de hoy del diario La República pone de relieve un asunto que otros medios como Caretas ya habían tocado anteriormente: las argucias judiciales de Baruch Ivcher para evitar pagar 54 millones de soles por impuestos al Estado.

Según el reportaje, Ivcher ha entablado lo que en jerga judicial se conoce como “carrusel de amparos”. Es decir, una serie de demandas en varios distritos judiciales para que alguna de ellas le den la razón a su reclamo.

Los argumentos de Ivcher básicamente se centran en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que lo reconoce como víctima de violaciones de sus derechos fundamentales, cuestíón que todo el país reconoce. Sin embargo, la sentencia de la Corte nunca señaló que Ivcher debía ser recompensado en sus impuestos.

Por el contrario, fue mediante un arbitraje con el Estado que se decidió el monto de las reparaciones: 20 millones de soles, hecho que en su momento suscitó escándalo y repudio, debido a que muchos consideramos (y aquí empleo el plural pues comparto esta opinión) que Ivcher había convertido su lucha contra la dictadura (por lo menos, entre 1997 y 2000) en un mercenariaje. Más aún cuando el monto de las pérdidas del canal habría sido significativamente menor.

Peor aún, Ivcher no solo pretendería que se le condone la deuda en los años en que los hermanos Winter usurparon el canal, sino que se extienda a los dos primeros años en que estuvo de retorno en Frecuencia Latina.

Particularmente pienso que esta condonación no debe producirse. Si bien la empresa estuvo bajo el yugo de un régimen usurpador, la violación de los derechos fundamentales de Ivcher no le da una corona al canal para dejar de pagar sus impuestos, menos aún de los años en que ya tenía el canal bajo su control

En el párrafo final de su reportaje, La República indica el día de mañana dará una respuesta al reportaje de César Hildebrandt Chávez. Mañana analizaremos dicha respuesta, que, por el prestigio del diario, debe ser clara y documentada.

CAMBIOS EN AMERICA TELEVISION

La noticia empresarial del día tiene que ver con la composición actual de Grupo TV Perú S.A.C, principal accionista de Plural TV, la empresa que controla la mayor parte de acciones de América Televisión, luego del proceso de reestructuraciòn patrimonial en el que està incurso la empresa televisora.

Como saben, Plural TV es conformada por tres grupos empresariales: El Comercio, La República y el colombiano Grupo Santo Domingo. La relación comercial iba viento en popa, hasta que El Comercio comenzó con las revelaciones de la supuesta coima pagada por Bavaria – la cervecera del grupo colombiano – al ex presidente de CONASEV y asesor de Alejandro Toledo César Almeyda.

A pesar que el caso ha quedado archivado en el Poder Judicial por falta de elementos probatorios, lo cierto es que la relación entre ambos socios había quedado resentida y eran fuertes los rumores de que los colombianos querían vender su parte en la empresa.

Hoy, a través de la web de CONASEV nos enteramos que la sociedad se deshace, por lo menos en lo que respecta a El Comercio y a los colombianos:

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Hechos de Importancia, Información Reservada y otras Comunicaciones, aprobado por Resolución CONASEV N° 107-2002-EF/94.10, cumplimos con informar que en Sesión de Directorio de Empresa Editora El Comercio S.A. celebrada el día jueves 19 de julio del 2007, con la asistencia de la totalidad de los Directores y en moción aprobada por unanimidad de los Directores, se autorizó a su Gerente General, Sr. César Pardo Figueroa Turner, y a su accionista, Dr. César Emilio Rodriguez Larraín Salinas, para negociar y, en caso se llegue a un acuerdo satisfactorio, suscribir un contrato de opción de compra recíproca con nuestros socios Prime Media Ltda., disponiendo que el Gerente General informe la suscripción del referido acuerdo de opción de compra como un Hecho de Importancia.

En virtud de dicha autorización, el 20 de julio del 2007 se ha suscrito con Prime Media Ltda. un acuerdo de opción de compra recíproca en las siguientes condiciones:

(i) Prime Media Ltda. ha otorgado a Empresa Editora El Comercio S.A. una primera opción de compra para la adquisición del 100% de las acciones de titularidad de Prime Media Ltda. en Grupo TV Perú S.A.C. E.M.A. por un plazo de 15 días;
(ii) Empresa Editora El Comercio S.A. ha otorgado a Prime Media Ltda. una segunda opción de compra para la adquisición del 100% de las acciones de titularidad de Empresa Editora El Comercio S.A. en Grupo TV Perú S.A.C. E.M.A. en caso no ejerza las opción en el plazo indicado;

Grupo TV Perú S.A.C. E.M.A. es titular del 70% de las acciones representativas del capital de Plural TV S.A.C. sociedad que a su vez es accionista controlante de Compañía Peruana de Radiodifusión S.A.

Para traducir del lenguaje abogadil: los colombianos le daban 15 días de plazo a El Comercio para comprar su acciones. De lo contrario, sería Julio Mario Santo Domingo quien se haría de la parte de los Miró Quesada en Plural. Sin embargo, fuentes allegadas a este espacio señalan que El Comercio ejercería la opción de compra.

Esta sería la segunda operación de importancia que el Grupo El Comercio hace en el campo de los medios de comunicación durante este año. En febrero, habían adquirido el diario Gestión a la familia Romero Caro. Ello lo consolidaría como el grupo empresarial más importante en el mercado de las comunicaciones.

¿Será la última operación del año?

MAS SOBRE EL TEMA:
La República: Grupo Bavaria se retiraría de América Televisión
Pepitaspuntocom: Ojo con América Televisión

ATENTADOS, MARINOS Y RADICALES

Investigación de La República revela detalles sobre supuesto atentado contra Alan

Hace unas semanas, un reportaje de Panorama alertaba sobre amenazas hechas supuestamente por el MRTA al Presidente de la Repùblica, sobre la base de una nota de inteligencia. Como lo detalló en su momento Marco Sifuentes en su blog, un documento de ese tipo se realiza incluso cuando la amenaza es rídicula y sin sentido. Sifuentes incluso dio una regla que la prensa seria debiera seguir cuando se reportan este tipo de temas:

“Una amenaza al Presidente de la República es algo que no se debe tomar a la ligera, pero también es una hipótesis cuya verosimilitud hay que calibrar para no gastar pólvora en churruminos. Lo mismo se aplica para todo informe de “resurgimiento” terrorista”.

Hoy, un reportaje de Edmundo Cruz en La República revela los entretelones de una amenaza de atentado – al estilo de las FARC colombianas – contra Alan García, producida a finales del 2006. Lo revelado por Cruz alerta sobre cuatro cuestiones fundamentales:

1. La primera, el creciente poder que tiene el Vicepresidente Luis Giampietri en los temas de seguridad y defensa. Es sintomático que la seguridad presidencial durante los dìas en que se reportó el hecho la seguridad estuvo a cargo de la Fuerza de Operaciones Especiales de la Marina (FOES), a la que perteneció Giampietri durante muchos años (nunca estuvo en inteligencia). En entrevista dada al mismo diario, Giampietri confirma que él fue el primero en dar esta alerta.

2. El poder de las agencias de seguridad privada. En especial, Forza S.A., cuyos fundadores también son oficiales de la Marina. Fueron ellos quienes hicieron una exposición para el Comando Conjunto y también para Giampietri. Resulta, por lo menos, llamativo a la atención, que uno de los directores de Forza sea el empresario Ricardo Vega Llona, amigo del Presidente de la República, y cuyo hermano ha sido sindicado por las investigaciones de la CVR (y propia confesión fraternal) como el principal responsable de la matanza del Frontón en 1986.

También llama la atención el poder de Forza, por los cuestionamientos a sus seguimientos a activistas ambientales, más aún cuando Giampietri tiene carta blanca para gastar en la cumbre de la APEC, lo que incluye la seguridad del evento.

3. El contexto en que se produce la supuesta amenaza. Como se señala al final del informe de Cruz y sus colaboradoras, este tema se produjo cuando el gobierno estaba enfrascado en campañas que lo enfrentaban a la comunidad de derechos humanos: la ley contra las ONGs, la sentencia de Castro Castro y los intentos por salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la campaña en favor de la pena de muerte para violadores de menores de edad y terroristas. Asuntos en los que Giampietri tenía (y tiene) un interés particular.

4. Los supuestos perpetradores. Sin duda, la gente del movimiento Todas las Voces está en la delgada línea de la radicalidad dentro y fuera de la Ley, de la misma manera como estuvo mucha gente en los sectores más radicales de la izquierda. ¿Ello lleva a calificarlos directamente como terroristas? No, pero si a estar alertas sobre este tema y, a que, de la misma manera como no se hizo en los ochenta, el sistema político sea capaz de incorporar a los sectores radicales a las prácticas democráticas. Esa es una lección que debimos aprender de los años de violencia.

Sin duda, este tipo de hechos debe tratarse de la mejor manera, como lo mencionamos anteriormente: sin amplificar las amenazas, pero tampoco sin minimizarlas. El trabajo hecho por Edmundo Cruz y su equipo no solo nos ha dado una lección de periodismo, sino también nos ha permitido conocer una serie de intereses alrededor de la seguridad nacional, que siempre es un tema que en un país como el nuestro se ha prestado a altos manejos, con miras a asegurar poderes tras las sombras.

MAS SIGNOS EXTRAÑOS, EN DOS INVESTIGACIONES DE EL COMERCIO:
Andrés Gomez de la Torre, actual Director de la Escuela de Inteligencia, fue asesor de Montesinos en epoca de la re-reelección.
Daniel Ramsay Romero, Subjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, fue cercano a Fujimori y, durante gobierno de Toledo, fue acusado de filtrar información falsa a la prensa.

VETO A ORTIZ

UNA CENSURA INACEPTABLE

Como saben, hace unas semanas Beto Ortiz presentó en su programa ¡Qué País! un audio en el que Vladimiro Montesinos acusó a Gustavo Mohme Seminario de ser un “topo” dentro de la oposición democrática y de morigerar los afanes opositores de La República a los intereses del asesor presidencial.

Al día siguiente, Panamericana Televisión, canal para el cual trabajaba Ortiz, se desmarcó de la denuncia, y señaló que no la creía cierta. Hasta allí, estamos ante el típico conflicto entre medio de comunicación incómodo con las denuncias de un periodista y el periodista defendiendo la nota.

El domingo pasado, a través de su columna en Perú.21, Beto denunció las presiones a las que Genaro Delgado Parker y sus hijos estaban sometiendo al periodista. El mensaje fue claro: “haz payasadas, no temas políticos”. Todo un gamonal pre – reforma agraria en acción.

Ayer sucedió lo previsible: programa cancelado, poner un refrito como relleno y la censura instaurada de nuevo en Panamericana. Claro, si Don Genaro no lo aprueba, la cosa no sale. Y Genaro no solo se ampara en que se cree el “zar de las telecomunicaciones” sino también en la impunidad de sus altos vínculos con el gobierno, más exactamente, con Hernán Garrido Lecca, como lo denunció este espacio.

Sin duda, lo ocurrido ayer a Beto Ortiz – discrepancias al margen con su estilo o sus posiciones – es algo que merece la condena de todas las personas que consideramos a la libertad de expresion como la base de la democracia.

LA DENUNCIA DE FONDO: ¿ES SOSTENIBLE?

Dicho lo anterior, veamos que es lo que se tiene sobre la denuncia de fondo: las presuntas conexiones entre Chicho Mohme y el ex asesor de Fujimori.

Hasta el momento, sólo se pueden tener indicios que ameritan una investigación, pero no una certeza de que los hechos imputados sean ciertos.

El elemento más sólido de lo hasta ahora presentado por Ortiz – en el reportaje que pudimos ver ayer en La Ventana Indiscreta – es la extraña conducta que tuvo Blanca Rosales, editora de La República entre 1996 y 1999, quien luego terminó en Cable Canal de Noticias, cuando Montesinos ya había comprado la línea editorial de ese canal a Eduardo Calmell del Solar.

De otro lado, como sabemos, la sola palabra de Montesinos o sus colaboradores no han condenado a nadie. Basta ver el caso de Martha Chávez – con quienes mis diferencias son notorias – para comprobar que los jueces buscan más pruebas que los testimonios de personas que, en ocasiones han buscado embarrar con ventilador a medio mundo.

Y quizás el elemento que nos traiga más dudas sobre la verosimilitud de la denuncia son dos hechos inobjetables:
1. La República durante la época de Gustavo Mohme Llona tuvo una línea opositora en todos los frentes: política, derechos humanos, corrupción y modelo económico. Fue el medio de comunicación que más se opuso al fujimorismo y sus denuncias no fueron simplemente “enviadas” por el SIN como ayer se pretendió insinuar.
2. La campaña abyecta que los diarios chicha perpetraron en contra de Mohme Llona durante los últimos años del fujimorato, así como los pasquines que inventaron en su contra, de nombres “Repúdica” y “Repudio”.

¿Con ello no debe continuarse con la investigación? Creo que la investigación debe continuar, tomando estos elementos de análisis que he mencionado y aquellos que puedan ir surgiendo en el camino. Y esperamos que algun medio de credibilidad – no el único que se está encargando de resaltar la noticia, con mentiras incluidas – pueda investigar a fondo este tema, al igual que el sistema de justicia. La honra de una persona y el prestigio de un medio importante están en juego.

PD: Al igual que con Beto, me solidarizo con Anuska Buenaluque, periodista de Cuarto Poder, que fue agredida por la policía venezolana mientras cubría las manifestaciones opositoras al dictador.

MAS SOBRE EL TEMA:
Utero de Marita: Ser periodista para esto.

PIQUEOS PERIODISTICOS 2.0

Varios temas que no me dan para un post, pero que merecen ser comentados:

La nueva Acta de Salazar: El Ministro de Agricultura firma una nueva acta con cocaleros, esta vez, con los del Cusco. Esta es más grave que la de Tocache, pues se compromete a denunciar un tratado internacional sobre control de drogas. ¿Una nueva fecha para celebrar el día del narco? (Más información, en el Utero).

Otro Congresista de UN en aprietos: Tanto Rosa María Palacios como Caretas han reportado del nuevo escándalo de un parlamentario. Se trata de Franco Carpio, representante por Lambayeque. Este personaje hizo presión para que su concuñado Jonás Godoy – sin parentesco – fuera nombrado como nuevo rector de la Universidad Nacional de Chiclayo. Su sobrina – la hija del favorecido, tampoco pariente mía – trabaja como asesora en el Congreso. Algo llamado tráfico de influencias huele en el ambiente.

Acusación contra Chicho Mohme: Ayer Beto Ortiz presentó en su programa un audio en el que Vladimiro Montesinos señala que Gustavo Mohme Seminario, actual director de La República, fue un “topo” dentro de la oposición y que recibió dinero por este tema. Lo curioso es que el único medio que rebota la noticia es Expreso, cuyas antipatías por La República son conocidas. Como era de suponerse, Mohme ha negado la especie. La mejor defensa que tiene es que la línea del diario que dirigía su padre nunca claudicó ante la dictadura.

El retorno de Hildebrandt: Volvió a Radio San Borja y en una entrevista con Caretas hace 3 revelaciones. La primera, es que no ingresará a La Primera; la segunda, es que el proyecto de diario es con la gente de Acción Popular y Javier Diez Canseco; y la tercera, es que salen sus memorias en unos días. Por cierto, el chato remata la entrevista con una respuesta de antología:
“Recuerdo haber descubierto el plagio de Fernando Iwasaki, pues me mandan muchas tesis. Pero él tuvo la dignidad de irse. En otros funciona la ecolalia: si Alfredo Bryce niega, Alonso Cueto niega. La cofradía literaria es como la cofradía periodística. Son los chicos de La Trattoría. Por supuesto que espero sus comentarios sobre mi libro. Uno publica para ser acribillado. Uno publica como San Sebastián, para ser asaeteado. En este país, todo lo que hagas será materia de emboscada”.

¿Y por qué 2.0? Nada, solo que hoy es el Día Internacional del Internet y había que ponerse a tono.