Los apristas sentenciados por narcotráfico y conmutados

Alan Garcia
Foto: Yanina Patricio

En la lista de 3,247 conmutaciones de pena y 64 indultos humanitarios del segundo gobierno de Alan García –otorgados a sentenciados por tráfico ilícito de drogas– aparecen más de dos decenas de militantes apristas.

De la lista de personas sentenciadas por tráfico ilícito de drogas, cuyas penas fueron conmutadas durante el gobierno del presidente Alan García, entre julio del 2006 y julio del 2011, 25 militantes apristas fueron favorecidos por la gracia presidencial.

En la edición anterior de Velaverde, mencionamos a tres sentenciados a 15 años de prisión que pertenecían a las filas del APRA y recibieron este beneficio, pero eran más. Diecisiete ‘compañeros’ habían sido sentenciados a penas que variaban entre los cinco y los diez años de cárcel, mientras que cinco debieron permanecer entre tres a cinco años. En este último grupo se encuentra una ciudadana que, luego de ser favorecida con la reducción de su pena, pasó a formar parte de la Comisión de Gracias Presidenciales como promotora del mismo beneficio  otorgado por el gobierno de Alan García Pérez.

A estos 25 beneficiados se suman tres más. Dos ciudadanos que pertenecieron al Partido Aprista, pero cuyas penas fueron conmutadas después de que sus nombres fueron retirados del padrón de militantes. Una persona beneficiada con indulto humanitario dejó de aparecer como integrante de esta agrupación luego de recibir la gracia presidencial.

Las revelaciones implican a cada vez más miembros del APRA  –en particular, a los exmiembros de la comisión de gracias presidenciales, los abogados Miguel Facundo Chinguel y Manuel Huamán Montenegro– en un escándalo vinculado al narcotráfico, una de las principales amenazas a la seguridad interna.

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EL PRAGMATISMO NACIONALISTA DE HUMALA

Humala no es Chávez, ni es un chavista. Más allá de los entusiasmos de algunos amigos de izquierda por una posible compra de algunos de los activos de Repsol en el Perú y de los terrores de algunos amigos de derecha que nunca terminaron de confiar en él (la mayoría votó por Keiko), Humala no es un convencido de la necesidad de un esquema socialista en el Perú.

Si uno revisa su biografía – entrevista, publicada hace algunos años, hay pocas convicciones claras en Humala. Quiere una mejoría de los sectores populares, a partir de la experiencia que tuvo como oficial del Ejército Peruano en diversas zonas del país. Tiene como mira revindicar a unas Fuerzas Armadas que quedaron maltrechas luego del colaboracionismo de sus cúpulas con el fujimorato, pero ha heredado algunos conceptos de un sector castrense – la obligatoriedad del servicio militar, la visión de los militares como “guardianes socráticos” y las “empresas estratégicas” – que marcan su actuación como presidente civil. Más que un personaje ideologizado, es un pragmático con pocas ideas propias, a quien se debe convencer de un camino para que lo tome. He allí, a la vez, su ductibilidad, pero también la principal de sus debilidades como gobernante.

Entonces, ¿por qué Ollanta Humala fue tan entusiastamente a Caracas? Hay una característica de la pareja presidencial que ha reseñado bien Rosa María Palacios hace algunos domingos: la necesidad de reconocimiento del matrimonio Humala – Heredia. La primera invitación que tuvo el dúo más poderoso del país fue a Caracas, razón por la cual estarán eternamente agradecidos. Pero no es la única razón.  Algunos allegados al partido de gobierno me indicaron que también primó el factor geopolítico. En sus palabras, “antes del fallo de La Haya, no conviene tener broncas con nadie en UNASUR, donde hay mayoría chavista”.

En esa línea, ¿por qué a Humala se le ocurrió dar el primer susto a la clase empresarial, con las conversaciones para una participación estatal en los activos que Repsol está desesperado por vender? De un lado, hay que ir nuevamente a las razones geopolíticas: en Palacio no quieren que ENAP, la empresa petrolera chilena – que anda en no pocos problemas – entre a este negocio. Pero también hay que tener en cuenta que, en su lógica, cierta intervención del Estado en el manejo de recursos naturales no es vedada. Humala no es, como algunos reclaman, un liberal o un ortodoxo en materia económica, aunque sí parece ser consciente, hasta ahora, de las bondades de mantener cierto orden macroeconómico.

El presidente de la República también sabe que un sector de peruanos no está en contra de una mayor intervención del Estado en la economía. Datos del libro de Alfredo Torres sobre opinión pública: 50% está a favor de una economía donde convivan empresas estatales y privadas, existe una tendencia favorable a la regulación de precios en mercados como la gasolina y un sector amplio de peruanos, sobre todo en los sectores populares, ven con desconfianza a las inversiones chilenas. Estos datos deben ser tomados en cuenta por los amigos liberales, pues, a pesar de más de dos décadas de instauración del modelo económico que hoy tenemos, estas ideas permanecen como parte del status quo.

Y si Humala no es Chávez ni volverá a La Gran Transformación (esto lo reconoce hasta gente de izquierda como Nicolás Lynch) ¿por qué tanta histeria? Hay, sin duda, legítimas preocupaciones por la vuelta a un pasado estatista que poco bien le hizo a la economía peruana o por la corrupción en una entidad que, recordando los dos últimos gobiernos, financió una remodelación de Palacio de Gobierno en tiempos de la etiqueta azul y fue el centro del mayor escándalo de corrupción del segundo quinquenio aprista. Pero también hay otro tipo de cuestiones que dan vueltas. En su columna del viernes en El Comercio, en forma intuitiva, Juan Manuel Robles señalaba que existía un nuevo peruano que:

piensa positivo. Siempre. De hecho, el pesimismo lo ofende y ha aprendido a alejarse de él. Le tiene también fobia al estatismo, porque le recuerda a las colas, y a la rebeldía, porque le recuerda a las bombas.

Así como existe este modelo de peruano exitoso, intrínsecamente conservador porque el crecimiento o el desarrollo que ahora gozamos parece, a ojos vista, relativamente incierto o endeble (y que cuando le mencionas la palabra izquierda, entra en trompo), también existen otros peruanos a los que no les ha llegado los beneficios del crecimiento y a los que esta discusión le importa poco. Si es privado o estatal, no importa, mientras tenga un producto barato y de buena calidad.

Y claro está, están los entusiastas de las empresas públicas, quienes quieren darles una segunda oportunidad, a pesar que el mayor modelo de ellas en el país, llamado Petroperú, no tiene los mecanismos de buen gobierno necesarios para una gestión racional de nuevas actividades vinculadas al sector hidrocarburos. En el fondo, este sector, ya fuera del gobierno, quisiera que Humala diera este paso, no para una gran transformación, sino para “irritar a la derecha”. En esta conjunción de intereses e ideas contrapuestas se explica la virulencia de la discusión sobre el caso Repsol en esta semana.

De vuelta al Presidente, dicho lo anterior, ¿por qué Humala tiene tanta aprobación? No solo se debe a los programas sociales o a la buena marcha de la economía. Hay un factor del que todos hablan, pero pocos reparan en él como causa de su alta popularidad: Nadine Heredia. Estamos ante una familia presidencial modélica para un importante sector de peruanos: un jefe de familia parco y que transmite cierta imagen de autoridad al hablar duro, una esposa que está a su lado como compañera, sutil asesora cama adentro y apoyo principal y tres hijos pequeños. Es, ciertamente, una imagen conservadora, pero, en ese plano, la pareja presidencial ha sido clara, desde la campaña electoral. Y eso gusta tanto arriba como abajo, razón por la cual no nos despejarán la duda sobre una posible candidatura de Nadine, además de encontrarnos ante el primer presidente troll del siglo XXI.

Y por ello es que un personaje en tantos problemas como Alan García intenta golpear en estos puntos. “Cuidado con el chavista que quiere la reelección conyugal y que intenta volver al estatismo”. Este es el resumen del mensaje de un político en serios problemas por las narcoconmutaciones.

En el sector empresarial que votará por Alan antes que por Keiko (“para que conservador autoritario si tenemos uno que es democrático y caudillista a la vez” piensa un sector de la CONFIEP) esta frase es suscrita letra por letra. El problema está en que, como señala Álvaro Vargas Llosa, precisamente es García un personaje con poca credibilidad para sostener este mensaje, luego de lo que fue un primer gobierno estatista y un segundo gobierno donde, si bien era capitalista, tuvo todos los pecados del converso, entre ellos:

Una forma ideológica donde el mundo se divide entre exitosos y derrotados. En efecto, lo que se trata para García, a lo largo de sus numerosos discursos, el tema es pensar en grande. El que no lo hace es lo que el mismo García ha llamado un perro del hortelano: Alguien que no solamente es un derrotado como persona, sino que, según esa lógica quiere que todo el resto sea igualmente derrotado.

Lejos del chavismo y cerca de un pragmatismo que resulta ser una masacota aún ininteligible, esta última es la razón principal por la cual un presidente como Ollanta Humala debe ser fiscalizado todo el tiempo, lejos de la autocomplacencia nacional, arrastrada desde el segundo alanismo.

GUIA PARA ENTENDER EL CASO DE NARCOCONMUTACIONES

El señor de la foto se llama Miguel Facundo Chinguel. Es el principal funcionario aprista involucrado en el caso que, hasta ahora, puede ocasionar el mayor costo político a Alan García.

Cuando Facundo Chinguel ha querido justificar las más de 5,000 commutaciones (de las cuales, al menos cerca de 3,500 tienen que ver con casos de tráfico ilícito de drogas) otorgadas durante el gobierno aprista, su único argumento es la supuesta búsqueda de una salida al alto número de presos en cárceles. El abogado olvidó que los indultos, las conmutaciones de penas y las amnistías son salidas excepcionales que da el sistema frente a posibles errores. Y son excepcionales porque suponen una intromisión de otros poderes del Estado en las resoluciones judiciales.

Y también olvidó que en uno de los países que produce mayor materia prima para la droga que se exporta a todo el mundo, este caso no pasaría piola. Aquí una cronología de lo que ha sido el escándalo político del año.

Enero 2013: Diario 16 da la primera alerta sobre el caso, al señalar que la Megacomisión del Congreso:

ha encontrado que durante el régimen aprista se dieron en total 232 indultos, entre humanitarios y comunes, así como 5 014 conmutaciones de penas. De este segundo grupo, 3 207 en casos de condenados por tráfico ilícito de drogas, 1 626 por robo agravado, 180 por hurto agravado y uno por violación. “Una cantidad realmente elevada si se compara con otros gobiernos”, nos señaló una fuente.

31 de marzo: Cuarto Poder presenta un reportaje en el que da cuenta de los hallazgos de la Megacomisión. Mientras que para el APRA se trataba de simples paqueteros, el programa de América Televisión encuentra al menos un par de casos de bandas beneficiadas:

2 de abril: El Comercio da el siguiente golpe: un jefe de acopiadores de droga en el VRAEM fue uno de los beneficiados con las conmutaciones. En los días siguientes, el APRA comienza a acusar al gobierno con usar este tema en beneficio político. La respuesta del gobierno es revelar que 176 reos beneficiados reincidieron en delitos posteriores a su liberación.

7 de abril: Daniel Yovera, periodista del programa #esnoticia, que dirige Rosa María Palacios, revela el primer caso de presunto cobro de dinero a cambio de conmutaciones. El denunciante es el informante de la DEA Oscar Benítez Linares, cuyo testimonio fue clave para meter a Fernando Zevallos, exdueño de Aerocontinente, en la cárcel.

10 de abril: El Comercio da el siguiente golpe que acalla las críticas apristas: el abogado Manuel Huamán Montenegro, quien había sido condenado por narcotráfico, fue parte de la Comisión de Gracias Presidenciales como promotor, durante la gestión de Facundo Chinguel al frente de este grupo de trabajo. Huamán, además, es militante aprista. Luego se conoció que casi la mitad de los facilitadores de la comisión tenían carnet del partido de la estrella.

11 de abril: La República descubre que al menos 4 de los reincidentes cuyas penas fueron conmutadas o fueron indultados pertenecen al Partido Aprista Peruano.

14 de abril: Yovera, en #esnoticia, revela que dos de los conmutados actuaron como vándalos en los incidentes de La Parada. Además, se descubre que Facundo Chinguel visitó en Palacio de Gobierno a Luis Nava Guibert, exsecretario general del Despacho Presidencial y a Julio Zavala Hernández, exsecretario de la PCM. Existen versiones contradictorias sobre la participación de ambos personajes en el otorgamiento de indultos y conmutaciones. Ambos exfuncionarios son miembros del APRA.

21 de abril: Dos programas sacan más revelaciones sobre el caso. #esnoticia profundiza sobre dos nuevas de denuncias de supuestos cobros por conmutaciones e indultos, así como en una conmutada que integró la Comisión de Gracias Presidenciales (Diario 16 descubriría que esta última persona también es aprista). Mientras que Cuarto Poder ahondó en la relación Nava – Facundo Chinguel, que incluyó obras de agua sin permiso de Sedapal en San Juan de Lurigancho y apoyo del segundo (incluyendo pago de avisos publicitarios radiales) en la campaña del primero al Parlamento Andino.

22 de abril: La revista Velaverde descubre que 3 apristas condenados a 15 años de prisión por tráfico ilícito de drogas se beneficiaron con la conmutación de penas durante el gobierno de Alan García.

23 de abril: La República hace otro hallazgo: algunos de los conmutados en la gestión de Facundo Chinguel reincidieron en el tráfico de drogas vía Serpost. Curiosamente, el abogado aprista fue miembro del directorio de la empresa estatal de correos.

Y parece que recién estamos al inicio del destape de una caja de Pandora.

Conmutaciones con estrella

Conmutaciones con Estrella

Tres personas sentenciadas por tráfico ilícito de drogas, militantes apristas, recibieron la conmutación de sus penas durante el gobierno de Alan García.

La navidad del 2009 fue grata para Euler Nilo Bedoya Ijuma. Ese día, 25 de diciembre, se expidió la Resolución Suprema Nº 303-2009-JUS que redujo su pena por tráfico ilícito de drogas (TID) a la mitad: siete años y seis meses.

La norma, suscrita por el expresidente Alan García y el exministro de Justicia Aurelio Pastor indicaba que su condena vencería el 15 de enero del 2010.

Bedoya había sido sentenciado a 15 años –junto a otras dos personas– por TID en modalidad agravada. Se le había incautado un balón de gas que contenía doce kilos de pasta básica de cocaína.

De acuerdo con el portal Infogob, del Jurado Nacional de Elecciones, Bedoya Ijuma, natural de Ucayali, está afiliado al APRA.

El 23 de abril del 2009, las Normas Legales incluyeron la Resolución Suprema Nº 088-2009-JUS. En ella se beneficiaba con la conmutación de pena a Amelia Emperatriz Reyes Alfaro, natural de Ascope, La Libertad.

Sentenciada originalmente a 15 años, su estancia en prisión se acortó a seis años gracias a la norma firmada por García y la exministra de Justicia, Rosario Fernández.

Al igual que Bedoya Ijuma, Reyes Alfaro había sido condenada por incurrir en la modalidad agravada de TID. El inmueble en donde fue capturada –junto a otras dos personas– era usado para la comercialización de estupefacientes. Además, algunos de sus ambientes se destinaban al consumo.

Reyes Alfaro también aparece inscrita como militante aprista, de acuerdo con Infogob.

Los otros dos procesados junto a Reyes Alfaro se beneficiaron con una conmutación presidencial en el 2010.

Un tercer caso de conmutación con carnet es el de Neycer Centurión Fernández, natural de Lajas, provincia de Chota, Cajamarca.

Condenado por TID, el martes 19 de enero del 2010 se publicó en El Peruano la Resolución Suprema Nº 013-2010-JUS, firmada por García y el ministro Pastor, mediante la cual se le rebajó su condena a siete años.

Según Infogob, Centurión Fernández era un militante aprista. Desde el 31 de marzo del 2010 su afiliación aparece como cancelada.

Los miembros de la megacomisión que investiga al gobierno aprista señalan que las indagaciones sobre indultos y conmutaciones otorgados entre los años 2006 y 2011 han abierto una auténtica caja de Pandora. Las sorpresas siguen apareciendo.

DEMOCRATAS PRECARIOS

Hace cuatro años, el politólogo y abogado Eduardo Dargent publicó un pequeño libro llamado Demócratas Precarios. El argumento central del volumen lo resumió su autor de esta manera:

concluía que en el Perú y en varios países de América Latina las élites de derecha y de izquierda eran estratégicas en su apoyo a la democracia. Cuando las élites de ambos lados del espectro político perciben que un gobierno puede avanzar sus intereses por medios autocráticos, lo apoyan con entusiasmo. En cambio, cuando sus intereses son amenazados por un gobierno abusivo, invocan la democracia para defenderse. “Demócratas” pues, lo son cuando están asustados; “precarios”, pues abandonan la democracia cuando les conviene.

Este pequeño estudio, al que he vuelto en estos días de precariedad democrática en Venezuela, no sugiere que el comportamiento de las élites es el factor central para que el sistema democrático se consolide o se derribe en nuestros países. Pero Dargent sí concluye que su conducta puede ser clave para frenar o limitar la concentración del poder. Y, en estos días, la tesis ha vuelto a cobrar sentido con el comportamiento de las élites peruanas en relación con el proceso electoral venezolano.

Basta revisar las redes sociales para darnos cuenta que varios simpatizantes de izquierda, que se enfrentaron a Fujimori en el 2000, han tenido una actitud justificatoria frente al polémico – por decir lo menos – proceso en el que Nicolás Maduro fue electo como presidente de Venezuela. Y si bien, en privado, varios de ellos indican que los modelos cubano y venezolano son inaplicables a nuestra realidad por diversas razones (entre ellas, que no tolerarían un clima tan represivo), en nombre de una supuesta “revolución social”, siguen defendiendo a los dos gobiernos más cuestionados, en cuanto a libertades, en América Latina.

Y en el otro lado, varios de quienes se la pasaron dando vivas al fujimorato durante los noventa, hoy se han vuelto demócratas conversos, solo porque el autócrata al que critican es de signo contrario al suyo. Justificaciones en nombre de “la paz” o “el modelo” fueron esgrimidas por estas personas para ponerse el kimono o bailar el ritmo del Chino, a pesar que, también en privado, reconocen que, en los años que siguieron a la caída de nuestra última autocracia, han podido hacer mejores negocios y contar con mejores oportunidades.

En el fondo, quienes optan por este tipo de posiciones no creen en la convivencia democrática. No solo porque su preocupación por el régimen político se activa únicamente cuando sus intereses son afectados, sino que, en periodos en los que no existe amenaza alguna a las libertades, buscan, antes que una sana rivalidad e intercambio de ideas, eliminar a su enemigo. Para decirlo claro, existe una derecha conservadora que no quisiera ni siquiera a una izquierda moderada en el país (y por ello, apoyó tan entusiastamente el proceso de revocatoria de Susana Villarán). Pero también existe una izquierda conservadora que, en el fondo, quisiera otro Velasco que acabe “de una vez y para siempre” con todo vestigio de derecha en el Perú.

Como señaló hace algún tiempo Martín Tanaka:

Acaso la clave del éxito democrático implique que las élites en general asuman el respeto al pluralismo y la alternancia, que las de derecha reconozcan la necesidad de políticas de Estado más integradoras, y que las de izquierda reconozcan la centralidad de los mecanismos de mercado.

Lo antes dicho no quiere decir que no existan, en el Perú, izquierdistas y derechistas (además de centristas) que creen en la democracia y que saben identificar cuando nos encontramos ante un autoritarismo competitivo, el régimen híbrido que, desde 1992, se ha convertido en la principal amenaza para la consolidación de la institucionalidad en la región. Un tipo de autocracia que inició tristemente, en nuestro país, un personaje que ahora está preso por robo y asesinato y que hoy, con signo económico distinto, prolonga Maduro desde Caracas (como bien lo ha dicho ayer Henrique Capriles). Y en ambos casos, con una comunidad internacional que se hizo de la vista gorda, en salvaguarda de una ideología o por mero pragmatismo.

Sin dejar de criticar el penoso papel de nuestros políticos en esta coyuntura (y vaya que Humala, Toledo y Keiko han hecho méritos para ello), era necesario volver a este tema. Finalmente, los frenos que pueda tener cualquier gobernante en nuestro país para evitar una nueva aventura contra el sistema democrático dependerán mucho de élites menos precarias y oportunistas.

PD: Mi solidaridad con Carlos Tovar “Carlín” por las amenazas del presidente del Poder Judicial en su contra.

(MAS ALLA DE LA) PESADILLA EN ALFONSO UGARTE

Las dos últimas semanas han sido las peores que ha tenido el Partido Aprista Peruano desde que dejó el gobierno en julio de 2011. Los cuestionamientos a los indultos y conmutaciones de penas otorgados durante el quinquenio anterior han recordado anteriores vinculaciones entre miembros de esta agrupación con personajes ligados con el narcotráfico y han vuelto a poner sobre la mesa el viejo mal que todos los dirigentes apristas – en público y en privado – reconocen como el lastre de sus dos administraciones: la corrupción.

Sin embargo, las reacciones han variado conforme fueron avanzando los días y las acusaciones. Si la semana anterior, el APRA estuvo a la ofensiva, acusando al gobierno de lanzar estas diatribas para cumplir con el supuesto objetivo de la “reelección conyugal”, luego del grave golpe que supuso la acusación de El Comercio sobre uno de los promotores de gracias presidenciales sentenciado por sus relaciones con “Los Norteños”, han elegido el silencio y la cautela.  Una muestra de ello ha sido la conducta de la mini bancada aprista en la interpelación a Juan Jiménez Mayor esta semana. Sin dejar de lanzar críticas, tanto Mulder como Velásquez Quesquén evitaron pedir la cabeza del presidente del Consejo de Ministros, como si lo hicieron algunos de sus pares fujimoristas.

En privado, en la Casa del Pueblo – y en su sucursal miraflorina, es decir, la oficina de Alan – admiten que la cadena de acusaciones (que incluye las visitas del abogado Miguel Facundo Chinguel a Palacio de Gobierno en la gestión aprista, así como a dos conmutados participando en los incidentes de La Parada) ha sido bastante fuerte. Y es que el problema no es, como dicen los compañeros, una posible inhabilitación a Alan García (dado que el oficialismo no tiene los votos), sino un perjuicio a la imagen pública de AGP en grado tal que sus opciones hacia el 2016 queden debilitadas. La chapa de “liberador de narcos” va a ser tan difícil de arrancar como la que el propio Alan impuso a Lourdes como “candidata de los ricos”.

Esta crisis se produce en un momento en que las relaciones internas en el APRA se han recompuesto. Como informamos en Velaverde:

Velaverde pudo conocer, por boca de varios militantes, que los dirigentes nacionales apristas más respetados son Javier Velásquez Quesquén y Mauricio Mulder, por su desempeño como congresistas y voceros partidarios. El representante lambayecano es el favorito para ocupar la secretaría general, mientras que Mulder ha recuperado el terreno que perdió en la elección interna de 2010, cuando una alianza entre Del Castillo y los denominados ‘cuarentones’ lo confinó a la comisión política.

(…)

Las discrepancias internas son mayores con Jorge del Castillo. Una fuente refirió a esta revista que la consolidación del liderazgo de García menguará la influencia ‘jorgista’. “No será reelegido como secretario general, pero Alan lo mantendrá en una comisión política que será bastante plural”. Cabanillas justificó su ausencia en la presentación de García en el Congreso: “muchas veces tenemos compromisos laborales, pero Jorge se ha expresado en la misma línea que todos nosotros. No hay suspicacias”. Del Castillo declinó declarar para este informe.

Ello se nota en quienes están saliendo a dar la cara por el partido en estas semanas. Son Velásquez y Mulder quienes han asumido un rol más protagónico y, en menor medida, Omar Quesada y Mercedes Cabanillas. Del Castillo ha quedado al margen y su peso será menor si es que se concretan los planes de García por colocar a un secretario general que dependa directamente de sus directivas personales. Es sintomático también que la oficina de Alan en San Antonio sea un lugar cada vez más frecuente para las reuniones de la comisión política aprista.

Lo ocurrido en las dos últimas semanas ha sido un boomerang para el APRA. No solo porque la intención de “adelantar” la discusión electoral, antes que a Nadine Heredia, ha terminado golpeando al propio Alan García, sino porque ha puesto sobre la mesa dos temas de fondo que pocos tenían en la agenda.

El primero de ellos es la penetración del narcotráfico. Como bien señala Fernando Rospigliosi en su columna de hoy domingo, el “problema fundamental es la corrupción de las instituciones encargadas de perseguir el narcotráfico, la Policía, el Poder Judicial, la fiscalía, el sistema penitenciario”, razón por la que no deberíamos sorprendernos con lo ocurrido en Alfonso Ugarte.

El segundo, poco explorado hasta ahora, es la necesidad de revisar la potestad de la potestad de gracia presidencial. Ya el Tribunal Constitucional, cuando se pronunció sobre el caso Crousillat, señaló la necesidad de establecer algún tipo de motivación para el control constitucional posterior de los indultos humanitarios. Mientras que abogados como Roberto Pereira han señalado la necesidad de eliminar la amnistía y acotar la potestad de otorgar indultos.

Estos últimos dos temas merecerían una discusión mayor, más allá de los escándalos a los que, lamentablemente, el partido más antiguo del país ya nos tiene acostumbrados.

(Foto: La República)

HUIDAS HACIA ADELANTE

Cuando existen problemas fuertes, existen varias formas de afrontarlos. Durante esta semana, algunas dificultades fuertes surgidas en el ámbito político han sido enfrentadas con rodeos y declaraciones que buscan ubicar la agenda en otros puntos, lejos de afrontar directamente lo ocurrido. A esta forma de mirar el panorama se le llama una “huida hacia adelante”.

La desastrosa sentencia emitida por el juez Malzon Urbina a favor de los comerciantes de La Parada ha sido enfrentada directamente por la Municipalidad Metropolitana de Lima y por buena parte de la prensa nacional. Se ha apelado un fallo bastante irregular y se ha recordado la trayectoria de un magistrado que, si el Consejo Nacional de la Magistratura hace bien su trabajo en mayo, debería estar fuera de la carrera judicial. Sin embargo, el Poder Judicial ha procurado evitar problemas y, ante el primer problema grave de su gestión, Enrique Mendoza ha preferido la tibieza. Con ello, sabemos cual será la característica central de su presidencia. La incognita ha comenzado a despejarse.

Lo mismo ocurre en el caso del indulto humanitario a Alberto Fujimori. Afortunadamente, el gobierno no ha tenido la insensatez de dar una respuesta sobre la materia con el Presidente de la República en China. La más que probable negativa de esta gracia presidencial debe ser afrontada por Ollanta Humala en Lima y con un mensaje claro al país sobre las razones de esta decisión. Quienes sí parecen estar sumidos en la desesperación son los fujimoristas. Con diferencias entre ambos, tanto Keiko como Kenji Fujimori, han buscado presionar al gobierno para que brinde una respuesta de una vez, pero con una torpeza tal que parecieran estar convencidos que la gracia no será otorgada o, al menos, hacen méritos para que no se las den. Todo ello, en medio de una familia dividida (por primera vez, Alberto está alejado de sus dos hijos preferidos) y ataques a excolaboradores como Carlos Raffo.

Pero el protagonista de la mayor huida hacia adelante de la semana es Alan García. Ante los cuestionamientos políticos frente a los indultos y conmutaciones de penas otorgados durante el segundo gobierno, el APRA ha respondido con un vendaval de ataques al actual gobierno, acusándolo de digitar a la comisión presidida por Sergio Tejada. Mientras, los amigos políticos y mediáticos del expresidente han buscado bajarle la llanta a estos cuestionamientos y a las respuestas dadas desde diversos sectores.

García ha jugado con la típica versión de la huída hacia adelante, pues ha adelantado el cronograma electoral, tratando de afectar la supuesta (e ilegal) postulación de Nadine Heredia a la presidencia de la República con la etiqueta de la “reelección conyugal”. Pero, como señala Carlos León Moya:

García va a necesitar más que eso para salir bien librado. Más allá del tema legal, estas acusaciones vienen con un costo político que podría caer sobre su pesado cuerpo en los siguientes meses. Aunque el argumento “el presidente y su esposa me quieren bajar la llanta” le ha resultado rentable esta semana, tiene el costo de la debilidad. A fin de cuentas, ¿quién obligó a García a dar esos indultos? ¿Quién dio soporte a los ministros de su gobierno que ahora están bajo sospecha? De continuar las acusaciones por un tiempo, la respuesta “me atacan por interés electoral” se tornará inútil. Las miradas –y las portadas– voltearán hacia García, y eso ya es una pequeña derrota.

Y ese es el problema. Esa estrategia va a ser difícil sostener por largo tiempo. Peor aún, al adelantar el cronograma electoral, también se perjudica él, pues, como todos somos conscientes – y los amigos apristas con quienes hablé esta semana no dudan en ocultarlo – que busca su tercer gobierno en 2016. El recuerdo de los errores de su segunda gestión (que son más de los que en Alfonso Ugarte buscan reconocer) es, para periodistas como Rosa María Palacios, lo que buscan evitar a toda costa desde el APRA. Algunos cercanos a García señalan que es la inhabilitación para ejercer cargos públicos, pero esta es bastante difícil de conseguir con la oposición del fujimorismo y de Solidaridad Nacional a dañar a quien consideran aún como un potencial aliado.

El problema con las huidas hacia adelante es que se evitan mirar los problemas de fondo. Mendoza no observa los graves problemas de imagen de la judicatura, basados en las malas actuaciones de muchos jueces. Los fujimoristas no están viendo, con la mira puesta en el indulto, que si no fortalecen su organización, al final les pasará lo que ocurre a todos los partidos fundados por dictadores o autócratas. Y García y sus compañeros más cercanos no se han percatado que, al adelantar la campaña, también ellos pueden ser golpeados y duramente. Todos ellos terminan perjudicados a mediano plazo.

La resurrección pepecista

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Foto: PPC

El Partido Popular Cristiano (PPC) está nuevamente bajo los reflectores. Entrevistas a militantes y dirigentes revelan a un grupo orgulloso de su historia, ideología y capacidad de formación de cuadros, pero con disputas internas irresueltas. 46 años después de su fundación, los pepecistas sueñan con una victoria electoral que los lleve a lo más alto de la política nacional. Quieren creer que los auspiciosos resultados de la revocatoria municipal son el anticipo de tiempos mejores.

– Lo felicito, pues ha ganado en buena lid. Me tocó perder.

Con esa frase, Luis Bedoya Reyes, patriarca–fundador del Partido Popular Cristiano (PPC), reconoció el triunfo de Raúl Castro Stagnaro, el actual presidente del partido, en las elecciones internas del 19 de noviembre del 2011. Bedoya se la jugó por la lista rival, encabezada por el congresista arequipeño Juan Carlos Eguren, quien quedó atrás por apenas 12 votos.

Ese día culminó una campaña electoral bastante dura en la que se enfrentaron dos tendencias muy marcadas.

Castro lideraba a los ‘institucionalistas’, con la idea de mantener el estilo tradicional pepecista de hacer política: contactos con estudios de abogados, un perfil más ‘diplomático’, poco dado a la confrontación con otros partidos.  Entre los rostros de esa facción figuran los  dirigentes nacionales y excongresistas como Hildebrando Tapia y Rafael Yamashiro.

Al frente, Eguren encabezaba a un bando respaldado por el denominado ‘frente reformista’, conjunto de militantes de 35 a 45 años que buscaban dar un nuevo impulso al partido. Algunos de ellos son el regidor metropolitano Óscar Ibáñez Yagui y los legisladores Marisol Pérez–Tello, Alberto Beingolea y Luis Galarreta.

La elección de Castro resultó toda una sorpresa. “Mientras nosotros pensábamos en el discurso de agradecimiento, Raúl contaba sus votos; nos confiamos y nos ganaron el último día”, dicen dos fuentes ‘reformistas’. Un pepecista equidistante de ambas tendencias, añade: “Raúl trajo imprevistamente a dirigentes del interior del país; esos votos le dieron la victoria”.

En público, el PPC pretende aparecer monolítico. Una máxima repetida por sus dirigentes es “libertad en la discusión y unidad en la decisión”. Según Pérez–Tello, cualquier diferencia con Castro ha sido superada y “el partido es uno solo”, más allá de la intensidad de los debates internos.

Pero en la confianza de una conversación con la grabadora apagada, los militantes admiten que persisten heridas no cicatrizadas.

Por ejemplo, un cercano al grupo de Castro cuestiona “el manejo” de los ‘reformistas’ en la conformación de la lista parlamentaria para las elecciones generales del 2011: “Quisieron dividir al PPC”. Aquella vez, ni Castro ni Lourdes Alcorta alcanzaron los votos necesarios en las primarias. Al final, Alcorta fue incluida gracias a la invitación personal del candidato presidencial,  Pedro Pablo Kuczynski, y ganó su reelección. “Quedó muy golpeada. No desea asistir a las celebraciones partidarias”, explica.

Castro, quien se quedó definitivamente fuera, obtuvo su revancha meses después convirtiéndose en la máxima autoridad del partido. Y según refieren los ‘reformistas’, ha apostado por “gobernar con su propia gente”.

La reciente campaña por la revocatoria ofreció una nueva oportunidad para que ambas partes reafirmaran posiciones. Mientras Castro se compró el pleito por el NO –siempre detrás de la figura estelar de Lourdes Flores Nano– y se plegó a los regidores pepecistas, algunos legisladores –especialmente los ‘reformistas’– mantuvieron un perfil bajo.

De hecho, Pérez–Tello y Galarreta admiten que la campaña permitió el “lucimiento” de los regidores, de quienes la población limeña no tenía casi ninguna información. Beingolea optó por dejar libre a su asesor principal, Carlos Chipoco, para que apoye el NO, mientras él se dedicaba “a los problemas nacionales”. Mención aparte merece Javier Bedoya. Favorable al SÍ, prefirió alejarse de los micrófonos y evitar declaraciones públicas. No ha tomado posición por ninguna de las dos facciones del PPC.

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Socialcristianos con matices

Si algo enorgullece a los miembros del PPC es saberse parte de una organización “con ideología”. Suelen destacar su formación doctrinaria. “Inicialmente no quería postular a ningún cargo; quería concentrarme en la formación de cuadros jóvenes”, sostiene Beingolea. Pérez–Tello recuerda sus cursillos con profesores como Bedoya Reyes, Flores Nano, Mario Polar Ugarteche, Ernesto Alayza Grundy y Antonino Espinoza. El respaldo de organismos socialcristianos internacionales, como la Fundación Konrad Adenauer, ha sido fundamental en la formación de cuadros intermedios.

Dependiendo de la realidad de cada país, el socialcristianismo latinoamericano se ha ubicado en distintos puntos del espectro ideológico izquierda–derecha. El PPC es producto de las tensiones en la democracia-cristiana peruana durante la década de los años 60. Mientras que Héctor Cornejo Chávez, líder demócrata–cristiano, proclamaba que la revolución era inevitable y que, incluso, se podría optar por la violencia para cambiar las estructuras, Bedoya Reyes postulaba un cambio gradual y democrático. En 1966 Bedoya Reyes dio vida al PPC con el sector más moderado de los demócrata-cristianos locales.

Si bien el PPC se define socialcristiano, existen por lo menos tres tendencias en el partido, identificadas a partir de la percepción de sus propios dirigentes y militantes consultados por Velaverde (ver infografía).

El bloque conservador lo conforman los cuadros más afines a los sectores rígidos de las Fuerzas Armadas y al sector más tradicional de la Iglesia Católica. Defienden posiciones contrarias al aborto, a la legalización de las drogas, al matrimonio homosexual y son reticentes a los procesos judiciales por violaciones a los derechos humanos.

Sus propios correligionarios identifican en este grupo al regidor metropolitano Jorge Villena, un activista ‘provida’: “Muchos en el partido tenemos esta posición y eso no nos hace un partido confesional. El humano es un ser moral y, por tanto, la política no debe dejar de lado los valores”, señala.  En su muñeca derecha, Villena lleva una pulsera naranja con el lema “yo amo la vida”.

En el bloque más liberal se ubican, sobre todo, los especializados en economía, entre ellos el presidente del BCR, Julio Velarde; el economista Percy Tabory y el regidor metropolitano Pablo Secada.

Secada, regidor pepecista que recibió importante atención mediática durante el proceso de la revocatoria, precisa que el sector liberal es “más abierto” en temas sociales y políticos que sus correligionarios conservadores.

La mayoría de los militantes adhiere a la doctrina social de la Iglesia Católica. Secada, la define del siguiente modo: “Los  socialcristianos tienen una visión que va más allá del individuo, que se preocupa por el bien colectivo de la sociedad”. En su caso, cualquier duda sobre la compatibilidad entre el liberalismo y el socialcristianismo le fue resuelta por Gary Becker, uno de sus profesores en la Universidad de Chicago. Becker le dijo que “la búsqueda de la equidad en países como el Perú puede tener cierto sentido de identidad comunal”.

La orientación socialcristiana hace que varios de los dirigentes del PPC asuman a su partido como de centro. “Un socialcristiano jala de los dos lados dependiendo del tema: tiene algo de liberal, tiene algo de conservador, algo de caviar”, señala una dirigente.

Según Galarreta, la revocatoria hizo que el PPC volviera al centro del espectro, aunque los demás partidos  le suelen atribuir un sesgo marcadamente derechista. Una reciente encuesta de la Universidad de Salamanca realizada a 98 congresistas arroja que el 55.8% ubica a Alianza por el Gran Cambio –donde el PPC es el socio mayor– hacia la derecha  y el 20.7% en el centro–derecha. Beingolea cree que aquella percepción que identifica al PPC con las banderas de la derecha responde a “la campaña del APRA y Alan García” para encasillarlos ahí.

PPC Fugas

El futuro

Al estigma del partido de derecha que defiende los intereses de “los ricos”, se suma la etiqueta de partido limeño. No es tan cierto. De acuerdo con Infogob, fuera de Lima Metropolitana hay 85 autoridades, entre ellas 12 alcaldes distritales, pertenecientes al PPC (ver cuadro). Desde luego, el número es menor frente a agrupaciones con una mayor presencia nacional, como el APRA.

El actual presidente regional de Ica, Alonso Navarro Cabanillas, es el segundo vicepresidente del PPC. Sin embargo, Navarro fue elegido por el Frente Regional Progresista Iqueño.

Los dirigentes del PPC explican la todavía limitada presencia nacional del partido: Villena apunta a la legislación más flexible que favorece la creación y supervivencia de los movimientos regionales y locales y que es mucho más estricta con las organizaciones nacionales. Pérez–Tello argumenta, en cambio, que el problema principal es económico: “Muchos tenemos que poner de nuestro bolsillo para realizar viajes de formación y visitar a nuestros dirigentes en provincias”.

Beingolea es de los dirigentes que más viajes realiza. “La imagen de partido limeño se debe a un mal sistema de comunicación que debemos cambiar”, admite.

En el PPC es conocido que Beingolea aspira a convertirse en el presidente del partido. Por lo pronto, en Lambayeque es muy reconocido: “Ha venido seis veces, entre el 2012 y marzo del 2013”, dice Germán Preciado Ruiz, secretario regional del PPC en ese departamento.

Luego del papel del partido en el proceso de revocatoria, un ambiente más optimista se respira en los predios pepecistas. El partido aún no ha decidido si se presentará a las elecciones complementarias de noviembre para nuevos regidores metropolitanos, pero los grandes retos obvios son las municipales del 2014 y las generales del 2016.

Habiendo Flores Nano reafirmado su posición –en público y en privado– de no postular ni a la alcaldía metropolitana ni a la presidencia, los entrevistados por Velaverde no se animan a decir qué figuras podrían asumir tales candidaturas.  Dirigentes del partido, incluido el propio Bedoya Reyes, le han solicitado dos cosas: que encabece la lista parlamentaria para jalar la mayor cantidad de votos posibles y que respalde la candidatura de un miembro del partido a una presidencia regional, todavía por definir. Ella sigue siendo la gran carta pepecista y el principal referente de la militancia.

Militancia heredada, no creada

En el PPC –a diferencia de lo que se percibe en el APRA– la militancia no se transmite familiarmente. No hay pepecistas de ADN. Un posible militante forja su interés en el partido ya sea en la universidad o en el trabajo. Así lo confirman los testimonios recogidos.

Villena concretó su inscripción luego de apoyar la campaña presidencial de Lourdes Flores en el 2001. “Conocí a Lourdes en el contexto de las marchas universitarias contra Fujimori. Era la más cercana a mis ideas”. El hoy regidor metropolitano fue secretario general de juventudes y luego secretario nacional de doctrina en los dos periodos en que Flores fue presidenta del PPC (2003–2007 y 2007–2011).

Pérez–Tello y Beingolea llegaron casi simultáneamente. Ambos tuvieron un primer acercamiento en la universidad, pero entonces no decidieron su inscripción por distintas circunstancias. “Un miembro del partido me recomendó que no militara hasta que tuviera tranquilidad económica. En el 2003 recién retomé el vínculo directo”, explica Pérez–Tello. Beingolea recuerda: “Hace diez años me presenté al local central, me inscribí y pregunté ¿qué hay que hacer?”.

Galarreta y Secada se inscribieron en años más recientes. El primero pertenecía a Renovación Nacional pero se apartó debido al acercamiento de Rafael Rey con el APRA. “Conocía a Marisol Pérez–Tello de la universidad y en el Congreso me hice amigo de Javier Bedoya y de Juan Carlos Eguren. Encontré un partido en el que el fundador, a diferencia de otros, cedió la presidencia. Esa alternancia continúa hasta hoy”, señala.

Por su parte, los primeros contactos de Secada con el partido se remontan a las elecciones del 2001. Para las del 2006, participó con otros independientes en la elaboración del plan de gobierno. “En el 2010 Lourdes me dijo que para llegar a ser congresista era necesario que me fogueara como regidor y me invitó a inscribirme. Recién me involucré más en la vida partidaria debido a mis labores en el concejo metropolitano y, principalmente, en la campaña contra la revocatoria”, declara.