Kouri condenado por caso Vía Expresa del Callao

(Foto: El Comercio)

Hoy Alex Kouri fue condenado a 5 años de prisión y al pago de 26 millones de soles al Estado, al haber sido encontrado responsable como responsable del delito de colusión por la licitación de la Vía Expresa del Callao.

¿Qué ocurrió? En enero de 2007 explicamos el caso:

Hace unos meses, La Ventana Indiscreta, publicó un reportaje sobre la estafa llamada “Vía Expresa del Callao“, que no es otra cosa que 8 cuadras de vía rápida hacia el aeropuerto por los cuales te cobran S/. 1.50. Es decir, la mitad de lo que un auto paga en el peaje de Villa para ir a la playa te lo cobra la municipalidad del Callao por 8 cuadras. Si eso no se llama asalto, díganme a que se le puede denominar como tal.

El reportaje, en cuestión, además, reveló que la empresa concesionaria de la obra tenía menos fondos que padre de familia luego de comprar útiles escolares y que el entonces alcalde había prorrogado 5 veces el contrato de concesión a la empresa, para que pudiera cumplirlo. Así, una obra que se debía hacer en 2 años y medio lleva 6 años en construcción.

De hecho, en uno de los vladivideos de Montesinos se hacía alusión al negocio: el peaje. El congresista Víctor Andrés García Belaúnde remasterizó el video y la frase pasó al argot popular sobre la corrupción en el Perú.

Peor aún, la familia política de Kouri estuvo involucrada en este tema. Así lo registró el periodista Enrique Patriau para La República hace algunos años:

La historia del proyecto de la vía expresa del Callao viene cargada de hechos que obligan a la legítima sospecha. Como la presencia del suegro de Álex Kouri, Augusto Dall’Orto Falconí, en la presidencia del comité de concesiones que otorgó la buena pro al entonces llamado Consorcio CCI – Convenciones Perú (actualmente Convial Callao S.A.).

De acuerdo con información que recogimos del despacho del congresista Víctor Andrés García Belaunde (él es quien más empeño le ha puesto a la investigación), Dall’Orto renunció al cargo días antes de que su hija, Claudia Dall’Orto García, contrajera matrimonio con Kouri en enero del 2000. Es decir, antes de que se oficializara el parentesco político. Lo reemplazó Édgar Barriga Calle, nada menos que su socio comercial.

En efecto, una búsqueda en Sunat arroja que Barriga –Dall’Orto S.A.– Ing. Consultores es una empresa que se especializa en la consultoría de temas relacionados con la arquitectura y la ingeniería. Y a Barriga le correspondió otorgar la buena pro en febrero del 2000, según se lee en la resolución de la Municipalidad Provincial del Callao publicada en El Peruano.

¿Casualidad? Para quienes piensan de esa manera, acaso el siguiente dato les haga plantearse serias dudas. Ocurre que la empresa Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA), accionista de Convial Callao, tiene como uno de sus directores a Roberto Dall’Orto Lizárraga, sobrino del suegro de Kouri. Así consta en Registros Públicos. ¿Eso no se llama conflicto de intereses?

De hecho, este dato fue recogido por la Sala que condenó a Kouri y fue una de las causas por las que ha sido condenado por colusión.

Kouri no esperaba que se dicte la sentencia en su contra. Mientras que el fiscal del caso, Martín Salas, denunció en la audiencia que allegados al exgobernador regional le indicaron que lo “iban a quebrar” y encontró al chofer del hoy condenado exalcalde merodeando su domicilio. Por ello, es necesario que el representante del Ministerio Público sea resguardado.

Hoy Kouri dormirá en la carceleta de Palacio de Justicia. Mañana será conducido a un penal. Puede apelar aún el fallo en su contra. Hace apenas pocos meses, tuvo que declinar en sus aspiraciones a ser candidato al Congreso, cuando Lourdes Flores le pidió a Alan García que el controvertido político, hoy sentenciado, no fuera en la lista. El expresidente aceptó el pedido de la abogada, a la que hoy el tiempo le da la razón.

Lo cierto es que la noticia significa un duro golpe para el grupo hegemónico que gobierna el Callao hace 20 años. ¿Será el inicio del fin de una forma de hacer política en el primer puerto?

 

Sobre el caso Panorama

Panorama

El domingo pasado, Rossana Cueva, directora del programa Panorama, hizo público que el Ministerio Público viene investigándola a ella y otros integrantes del espacio periodístico por “traición a la patria”. La procuraduria del Ministerio de Defensa ha precisado que la denuncia planteada por su despacho ante la Fiscalía es por “revelación de secretos”, cuestión que no hace menos grave un hecho, que, a todas luces, nunca debió ocurrir.

Hace algunos meses, Panorama emitió un reportaje en el que denunciaba presuntos malos manejos en el presupuesto que manejan las Fuerzas Armadas en el VRAEM, la zona más complicada del país en torno a la seguridad. Y frente al mismo – donde declararon voceros militares – ocurrió lo descrito por Augusto Álvarez Rodrich:

La acusación aduce que el reportaje contenía información secreta cuya revelación pone en riesgo la seguridad nacional al mostrar documentos de rendición de gastos con nombres de supuestos colaboradores que habrían recibido pagos por información, los cuales declararon voluntariamente a Panorama no haber dado información ni recibido pagos.

Si dicha información fuera ‘secreta’, el Ministerio de Defensa tendría que haberla resguardado de tal manera que nadie la pudiera conocer. El trabajo del periodismo, por el contrario, es dar a conocer información que sea de interés público, y la que reveló Panorama sin duda lo es, porque se está hablando de eventuales malos manejos de dinero del Estado.

Asimismo, en un pronunciamiento del Instituto Prensa y Sociedad, el abogado Roberto Pereira sostiene que la información debió ser clasificada como secreta antes de su difusión y, además, que no toda información vinculada con las Fuerzas Armadas debe ser calificada como secreta. Además, el tipo penal invocado solo corresponde a quienes deben cautelar dichas informaciones, no a periodistas.

Hay otros dos elementos que descartarían que esta denuncia fiscal prospere.

De un lado, porque es legítimo hacer un reportaje sobre presuntas irregularidades en la zona más caliente para la seguridad nacional, lo que no lesiona ninguna norma de Defensa ni, menos aún, vulnera secretos militares. Por el contrario, presuntos actos de corrupción son cuestiones que deben ser ventiladas, ocurra donde ocurra.

De otro lado, porque debió quedar atrás la época en la que hacer reportajes sobre las Fuerzas Armadas acarreaba algún tipo de represalia para el periodísta que lo esté haciendo. ¿O es que estamos de nuevo en los tiempos donde los periodistas eran amenazados, enjuiciados o insultados por meterse con temas castrenses?

Para complicar más las cosas, es público y notorio que ni el gobierno traga a Panorama, ni los responsables del mismo pasan al gobierno. El espacio de Panamericana ha servido para hacer denuncias importantes, pero también algunas que se han caído por falta de pruebas. Es notorio que existe un ánimo de demostrar que “Humala es Chávez y su esposa es Montesinos”, pero también resulta claro que, en ese afán, algunos de los reportajes de Panorama han carecido del rigor necesario para mostrar cuestiones incómodas para el gobierno de turno. Cuestión que, por cierto, no ocurre en el caso bajo comentario, donde se evidenciaba una conducta a todas luces sospechosa en el VRAEM.

Y, por supuesto, una denuncia como esta – frente a un informe que cumplía, claramente, con una buena praxis periodística – suena a venganza, lo que perjudica la imagen de un gobierno que, en términos generales, ha respetado la libertad de expresión a pesar que muchos lo han tratado como piñata.

Esperamos que la denuncia quede sin efecto en el Ministerio Público. Y que el Ministerio de Defensa explique que es lo que viene ocurriendo con el manejo de recursos en el VRAEM.

El Orgullo de miles de peruanos

Hoy es el Día Internacional del Orgullo LGTBI y, paradójicamente, también el día en que Pedro Pablo Kuczynski recibió sus creenciales como presidente electo del Perú.

Por ello hoy nos permitimos recordar cuáles son los compromisos asumidos por el flamante partido de gobierno con miles de peruanos en su plan de gobierno:

“Para detener y erradicar la discriminación de cualquier tipo se adoptarán, entre otras, las siguientes medidas: (…) 2) Una ley contra crímenes de odio, incorporando en el Código Penal como circunstancia agravante en la comisión de un delito doloso el odio del agente motivado por el sexo, género, raza, orientación sexual, discapacidad, enfermedad, condición sexual, simpatía política o afición deportiva de la víctima”.

“Para proteger los derechos de las personas con diversa orientación sexual (lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex -LGBTI) se adoptarán, entre otras, las siguientes medidas (…): 1) Organizar un registro de víctimas de violencia por orientación sexual e identidad de género. 2) Aprobar protocolos de atención de denuncias y de salud con un enfoque respetuoso de las personas LGTBI, y capacitar a los servidores públicos para evitar su discriminación. 3) Incluir los derechos de las personas LGTBI en el nuevo Plan Nacional de Derechos Humanos y en el Plan Nacional de Educación en Derechos y Deberes Fundamentales“.

Aprobación de la Unión Civil No Matrimonial, que sirva para el reconocimiento y protección jurídica de las uniones formadas por parejas del mismo sexo, de modo similar al régimen de unión de hecho existente para parejas heterosexuales”.

PPK deberá recordar que ganó con muchos votos de la comunidad LGTBI, que confió en él tanto por sus propuestas hacia ellos, como por los fundados temores que suponía una candidata aliada con los sectores evangélicos más homofóbicos. Asimismo, deberá recordar que cuenta con dos congresistas abiertamente homosexuales en su bancada, por lo que su compromiso es aún mayor.

Y sobre todo, deberá tener en cuenta que estamos ante un grupo de peruanos que ya no quieren ser discriminados y asesinados por tener una orientación sexual determinada. Ante ciudadanos cuyos derechos deben ser reconocidos. Y es hora que las uniones de las parejas del mismo sexo tengan reconocimiento legal en nuestro país.

Presidente Kuczynski, que cada día más peruanos se sientan más orgullosos de serlo. Honre su palabra.

#LoveisLove

(Foto: RPP)

El silencio de los Fujimori

Las finanzas de la familia Fujimori siempre se han debatido en un halo de secretismo.

Para comenzar, un patriarca que nunca pudo explicar cómo pagaba las universidades de sus hijos en Estados Unidos con solo dos mil soles mensuales como único ingreso legal. Gastos resumidos en esta infografía de La República:

En este caso, los miembros de la familia no se han quedado precisamente callados. Todo lo contrario. Lo que tenemos es un conjunto de versiones contradictorias entre sí, que no terminan de respondernos la interrogante central: ¿de dónde se pagaron los estudios universitarios en Estados Unidos de los cuatro hijos del expresidente?

Una segunda pregunta se vincula con los fondos que permitieron la estadía de Alberto Fujimori en Japón, país cuyo costo de vida es bastante alto. Oficialmente, siempre se dijo que “empresarios amigos” ayudaban a su manuntención, pero, dados los antecedentes comprobados de su gobierno – y escritos en sendas sentencias judiciales – esta versión resulta insuficiente. El expresidente ha guardado un inescrutable silencio sobre la materia.

Vayamos a un tercer punto. ¿De qué vive Keiko Fujimori? ¿Es suficiente el diezmo entregado por Fuerza Popular cada mes para mantener un tren de vida de clase media acomodada, así como los viajes constantes de la lideresa del partido al interior del país? ¿Tan bien le va a Mark Vito Villanela con sus negocios inmobiliarios?

Pero lo que ha llamado más la atención, en las últimas semanas, es la prodigiosa actividad empresarial de los cuatro hermanos Fujimori Higuchi.  Una serie de reportajes de Daniel Yovera y Edmundo Cruz – con la colaboración de Laura Grados, Elizabeth Prado y Jorge Weston – en Poder y La República, así como un informe de Christopher Acosta en Latina ponen sobre la mesa un modus operandi bastante peculiar que se basa en:

a) Capitalización de deudas para ir cubriendo quienes son los socios reales.

b) Un solo estudio, ligado políticamente a los Fujimori, haciendo las constituciones de sociedades e interviniendo algunos de sus abogados como socios. En todos los casos, con los hijos del expresidente y allegados como principales protagonistas.

c) Plata de una trasnacional japonesa entrando a una de las empresas.

d) A pesar de los ingresos de dinero, las dos empresas protagonistas de la historia – LIMASA y ALINSA – tienen deudas con proveedores de bienes y servicios.

e) Ningún descargo emitido por los hermanos Fujimori.

Todo este sistema de operación empresarial se hace bastante sospechoso por las razones esgrimidas por Rosa María Palacios:

El esquema no es ilegal pero abre muchas interrogantes. La primera, para la Unidad de Inteligencia Financiera, es ¿de dónde sale el dinero de estos préstamos de socios peruanos que luego se capitalizan? No hay hipotecas o prendas inscritas. ¿Puede un empresa con pocos días de constituida conseguir estas líneas de crédito bancarias? Difícil. La segunda, ¿Por qué seguir un esquema tan complicado – que puede tener implicancias tributarias para las empresas  acreedoras – si lo mismo se puede conseguir con los aportes directos de los accionistas o la venta las acciones de Limasa a nuevos socios, cuyos capitales – y el origen de estos- son más fáciles de identificar?

Lo que se teme es que estos dineros provengan de una fuente ilícita, tanto en el caso de los socios peruanos, cuanto con el de los japoneses. La sospecha es que este sea dinero en posesión de Alberto Fujimori, sustraído del erario peruano y administrado, desde que éste abandonara Japón hace más de 10 años, por su hijo Hiro Fujimori. En teoría, las capitalizaciones de préstanos con allegados peruanos, sólo serían un cambio de testaferros, donde, poco a poco, va entrando capital.  Sin embargo, por la vía de la sociedad japonesa, estaría regresando al Perú, limpio legalmente, dinero que salió en maletines. Reitero, en teoría. Así, Hiro Fujimori no podría justificar por sí mismo ese capital, pero la trasnacional japonesa, sí. Cabe decir que para la trasnacional Sankyo se trata de una cifra pequeña, (un millón cuatrocientos setenta mil dólares de préstamo, luego capitalizado en parte) pero para los Fujimori, injustificable con sus propios  patrimonios, supuestamente modestos.

Las sospechas se basan en otros indicios. El asesor corporativo de Sanyko con base en Canadá, Daniel Scott Matson, a su vez, socio de los Fujimori, estuvo el 28 de febrero pasado, en plena campaña electoral, de visita en la Diroes. ¿Qué tendría que conversar por tres horas con Alberto Fujimori? Nadie lo sabe.  Ni siquiera una visita de cortesía al padre preso de un socio justificaría tan larga estancia. De otro lado, la página web, que anunciaba que la antes almacenera Limasa, convertida luego en Integrated Global Logistics, era una empresa trasnacional a partir del 2014, ha desparecido así como el anunció de nuevos negocios vinculados al almacenaje aduanero ¿Por qué? Nadie lo sabe. ¿Qué pasó con la supuesta expansión del negocio? Misterio.

Lo mismo se podría decir de la empresa ALINSA, donde se encuentra como socio un amigo personal del propio reo de Barbadillo y cuya página web también salió de circulación en estos días.

Al parecer, luego de las horrorosas respuestas en el caso Ramírez, los Fujimori pretenden que el caso pase piola, sin pronunciarse sobre el mismo. El problema es que, con la información obtenida, sumada a las interrogantes anteriores sobre su pasado financiero, el dique del silencio va a terminar rompiéndose más temprano que tarde. Y puede reventarles en la cara.

Mejor hablen ahora. Callar les puede salir aún más caro.

San Isidro: detrás de una revocatoria

Hace dos semanas, en el blog Desde el Tercer Piso, di a conocer la compra de un kit para revocar al alcalde de San Isidro, Manuel Ve­larde. ¿Por qué un grupo de ciudadanos bus­ca retirar a un funcionario que, visto desde fuera, desempeña un buen trabajo? Enuncio algunas posibles respuestas.

Para comenzar, hay razones políticas. En varias par­tes del país, rivales políticos de una autoridad local que ganó ajustadamente la elección impulsan revo­catorias. Por ello no extraña que el kit revocador haya sido adquirido por un exmiembro del equipo técnico de Fuerza Popular y que sectores conservadores del PPC –partido por el que Velarde fue elegido– colabo­ren para sacarlo del cargo.

Hay que tener en cuenta, además, las dificultades de gobernar un distrito cuyos habitantes reclaman por los detalles mínimos. En sus memorias, el exalcalde de San Isidro Jorge Salmón relata las incomprensiones de ve­cinos que no lo veían en misa o cómo lo convocaban a dirimir pleitos per­sonales. Un ciuda­dano más exigen­te, hasta extremos que podrían pare­cernos risibles.

A estos dos fac­tores sumemos el descontento de un sector de vecinos sobre la visión del alcalde. Puede en­trar a Facebook y ver cómo la mirada del alcalde sobre espacios públicos y obras es rechazada con argumen­tos que van desde la defensa de la residencialidad has­ta epítetos racistas y clasistas. A ellos se suman los di­rectamente perjudicados con los cierres de vías para su remodelación, como ocurre con la calle Libertadores.

Para completar el panorama, como ocurrió con Su­sana Villarán, tenemos a una autoridad que no advir­tió estos riesgos para su gestión. Es claro que a Velar­de le ha faltado hacer mayor trabajo político con sus vecinos, para vencer resistencias y malos entendidos. Ahora debe emprenderlo, ya no solo para avanzar con sus proyectos, sino para sobrevivir en el cargo.

Un habitante de San Isidro, Pedro Pablo Kuczynski, debería anotar lo ocurrido en su distrito para ver los límites del tecnócrata sin reflejos políticos, así como las complejidades de los cargos públicos de elección popular. Requerirá tomar esto en cuenta para el si­guiente quinquenio.

(Columna publicada en Exitosa Diario el 26.06.2016)

¿COMO REPERCUTE EN EL PERU LO OCURRIDO EN COLOMBIA Y REINO UNIDO?

Torre Tagle
(En Cancillería van a tener harta chamba)

Como pocas veces, la atención de la prensa peruana estuvo concentrada en lo que ocurría en el plano internacional. Dos noticias históricas ocurrieron ayer y ambas van a tener un fuerte impacto en la política exterior peruana. A continuación, te explicamos los motivos.

(Presidente de Colombia y comandante general de las FARC estrechan sus manos luego de firmar cese al fuego definitivo. Foto: EFE)

LA RECTA FINAL DEL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA

Luego de varios intentos fallidos, las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) parecen arribar, finalmente, a buen puerto. Ayer, en La Habana, se suscribió el acuerdo de cese al fuego definitivo entre ambas partes, luego de 52 años de conflicto armado interno, el más antiguo en la región. Se tendrá un plazo de 180 días para el desarme de las FARC, mientras que se reconoció que la Corte Constitucional de Colombia pueda validar la ruta hacia el plebiscito que consolide el proceso de paz con carácter constitucional.

Con excepción de los partidarios del expresidente Álvaro Uribe, la mayor parte de colombianos concuerda en que lo ocurrido ayer es un gran paso para pacificar el país. Claro está, no estará completo sin que se concreten las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional y se enfrente el problema de las BACRIM, bandas criminales formadas por exmiembros de fuerzas paramilitares.

¿Cómo impacta esto en nuestro país? Colombia podrá destinar, paulatinamente, mayor presupuesto a otras tareas y concentrarse en incrementar aún más sus procesos de intercambio comercial. Siendo socios del vecino del norte en la Alianza del Pacifico – el mecanismo de integración que goza de mejor salud en la región – esto nos beneficiará en términos de ingreso de inversiones, así como en mayor seguridad de las compañías peruanas que deseen colocar su dinero en tierras colombianas.

Un tema que si merecerá una atención mayor, en términos de seguridad, es el narcotráfico. Recordemos que buena parte de los miembros actuales de las FARC se habían convertido en guardianes de los narcos. Por ello, resulta importante lo que ambos países establezcan en términos de resguardo de las fronteras, así como en lucha conjunta frente a este tema. Ojo: hay que recordar que el presidente Juan Manuel Santos, desde hace algunos años, tiene en mente replantear la lucha contra las drogas. A PPK no se le ha escuchado aún una posición sobre esta materia (aunque en 2011 dijo estar a favor de la legalización de la venta de marihuana).

Otro campo en el que ambos países podrían colaborar es el de la justicia transicional. La experiencia peruana de la Comisión de la Verdad y Reconciliación puede ser tomada en cuenta para establecer el mecanismo de esclarecimiento histórico que está en los acuerdos de paz de La Habana, sobre todo, en lo que se refiere a impacto diferenciado de la violencia (regiones, género) y la mezcla del trabajo de explicación con la cuestión estrictamente jurídica.

(Portada de El Comercio sobre el Brexit, con un claro homenaje a “God Save The Queen” de Sex Pistols)

EL BREXIT

Anoche, se confirmó que Reino Unido dejará la Unión Europea. Un discurso aislacionista ganó, por poco más de un millón de votos, a quienes propugnaban mantenerse dentro del mecanismo de integración que, durante varias décadas, había sido el más exitoso a nivel global y no solo en los aspectos estrictamente económicos.

Ya se viven las consecuencias políticas. El Primer Ministro David Cameron dimitió – pero recién dejará el cargo en octubre – y en Escocia ya comienzan los preparativos del bando independentista para un nuevo referéndum. Los escoceses votaron masivamente para mantenerse en la UE. También se frotan las manos los movimientos de ultra derecha en Europa, con Marine Le Pen en Francia a la cabeza, quienes comienzan a plantearse consultas similares en sus países (pueden ver más consecuencias en el interesante post de Andrés Paredes sobre este tema).

¿Cómo afecta esto a América Latina y, sobre todo, al Perú? A corto plazo, tendrá que verse el comportamiento de la Bolsa de Valores de Lima, en una jornada donde los mercados bursátiles han respondido negativamente al Brexit. Ello tiene repercusión directa en el valor de las acciones más cotizadas y, para el ciudadano de a pie, en el valor de sus fondos de pensiones. Habrá que ver si es que hay una caída fuerte y si es que la misma se prolonga más allá de hoy.

Las consecuencias a mediano plazo se vinculan a dos puntos económicos específicos. De un lado, el Perú tiene un Acuerdo Comercial con la Unión Europea en vigor desde 2013. Con la salida del Reino Unido, se tendrá que negociar un tratado de este tipo, lo que implica chamba para el MINCETUR y Relaciones Exteriores. Indica la BBC:

Presumiblemente, cuando la nación británica salga de la Unión Europea, estos países tendrían que renegociar nuevos acuerdos comerciales específicos con Reino Unido, en caso de estar interesados en mantener esas preferencias comerciales recíprocas con Londres.

La semana pasada el presidente colombiano Juan Manuel Santos dijo que el Brexit sería un “dolor de cabeza” para ese país por la necesidad de renegociar los tratados con Reino Unido.

Más aún, los que piden que Reino Unido se mantenga en la Unión Europea aseguran que, debido al tamaño de este bloque, la alianza económica más grande del mundo, es mucho más atractivo para los países buscar acuerdos de libre comercio con la Unión Europea en su conjunto, en vez de tratados particulares con el relativamente menor mercado británico.

Pero no es el único aspecto en el que Perú deberá fijarse. Como bien señala la cadena británica, la inversión extranjera directa del Reino Unido no es moco de pavo:

Mientras que en Perú representó el 18% de la suma total de inversión extranjera en diciembre de 2014, la mayor de cualquier país, según el sitio web de Proinversión, una agencia que promueve la capitalización privada en ese país. (sobre todo, en minería, nota de DTP).

Los defensores del Brexit en Reino Unido aseguran que, una vez que las empresas británicas se liberen de lo que ellos consideran el “yugo asfixiante de la burocracia de la Unión Europea”, estas podrían ser más dinámicas a la hora de buscar oportunidades de negocios en el exterior.

Pero la primera reacción económica causó el desplome de la libra esterlina a su nivel más bajo desde 1985, lo que -de mantenerse- podría reducir la capacidad británica de invertir en empresas en el exterior.

Como veremos, ambos hechos pueden tener impacto en nuestra política exterior. ¿El equipo de transferencia de PPK estará pensando en ello?

ALGUNAS PREGUNTAS SOBRE LOS NEGOCIOS E INGRESOS DE LOS FUJIMORI

¿La señora Keiko Fujimori vive únicamente del diezmo que su bancada le proporciona todos los meses o ese dinero solo va a los gastos políticos?

¿Cómo solventa la señora Fujimori los gastos de una familia de clase media acomodada si no tiene trabajo conocido y cuenta con solo un ingreso fijo declarado (el de su esposo, con quien está casada bajo el régimen de separación de patrimonios)?

¿Por qué vivió durante años en la casa de su prima, Jenny Kagami Fujimori, cuya madre, Juana Fujimori, es prófuga de la justicia?

¿Cuáles son las viviendas o terrenos que el señor Mark Vito Villanela ha vendido en su aparentemente exitosa carrera como corredor inmobiliario?

¿Por qué Kenji mantuvo como socio en Limasa a Marco Ynaba Reyna, quien había sido investigado por el hallazgo de un cargamento de droga en 2006?

¿Por qué Hiro Fujimori se incorporó como socio de Limasa?

¿Por qué usaron, en repetidas veces, la fórmula de “capitalización de deuda”, para aumentar el capital de Limasa?

¿Cuál es el rol que juega el actual congresista electo de Fuerza Popular, Miguel Ángel Torres Morales, compañero de promoción del colegio de Kenji Fujimori, en las empresas de la familia?

¿Por qué usaron a un joven que no llega a los 25 años como gerente general de dos empresas prestamistas de Limasa?

¿Por qué una transnacional japonesa invertiría en una empresa de almacenamiento, a través de una figura como la capitalización de deudas? ¿No querían dejar rastro?

¿Cuáles son las razones por las que Daniel Scott, socio de Hiro Fujimori, fue a visitar a Alberto Fujimori el 28 de febrero de 2016, en plena campaña electoral?

¿Por qué ningún vocero de Fuerza Popular se ha referido a la historia presentada por Daniel Yovera y Edmundo Cruz hace 72 horas?

Y para ser más directos, ¿todo este movimiento de las empresas de los hermanos Fujimori es capital propio, simple asunción de deudas, o están moviendo el dinero de su padre que nunca pudo ser rastreado?

Sería bueno que, de una vez por todas, aclaren estas dudas.

(Foto: Yanina Patricio – Velaverde)

DESAPARICIONES: UNA LEY QUE ESPERA LA FIRMA DE HUMALA

“Sí, busco a mi hijo. Mátame, mátame, pues; baléanos pues. ¿Eso también vas a hacer? Háganlo. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde están los hijos de estas señoras? ¿Dónde están sus esposos? ¡Ah, qué has hecho!” (Angélica Mendoza de Azcarza, audiencia pública de casos de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en Ayacucho, 8 de abril de 2002)

La palabra desaparición cobra un significado sobrecogedor en América Latina. No solo implica desconocer el paradero de una persona, sino que un agente externo – por lo general, desde el Estado – provocó su ocultamiento de los ojos del mundo y, peor aún, la negativa de su paradero, sea que esté vivo o muerto. Argentinos, chilenos, colombianos, uruguayos, salvadoreños, guatemaltecos y peruanos sabemos bien a que nos referimos cuando hablamos de este tema.

Sabemos también, en nuestros países, que encontrar los restos de los desaparecidos supone, en la mayor parte de casos, una ardua tarea ante el sistema de justicia. Pues la búsqueda de estas personas, por lo general, se ha enmarcado en procesos judiciales para sancionar a los responsables de lo que, a todas luces, suponía un concurso de delitos: desaparición seguida de muerte. Ocultamiento de un asesinato. Y, en el Perú, hemos sancionado algunos de estos casos, pero no necesariamente conocemos el paradero de aquellas personas que, un día, fueron sacadas de su hogar o su centro de trabajo o estudios, para nunca más volver.

Cifras actualizadas por el Ministerio Público estiman que, durante el periodo de violencia que vivió el Perú al final del siglo XX, 16,000 personas desaparecieron y que existen más de 6,000 lugares de entierro donde se presumen que están muchos de ellos. No todos los familiares desean o pueden reclamar sus restos mediante el procesamiento penal de los responsables. Pero requieren cerrar el duelo que, por varios años, mantienen sobre sus seres queridos.

Hace más de tres semanas, el Congreso de la República aprobó una de los proyectos de Ley más importantes de este quinquenio: el establecimiento de un Plan Nacional de Búsqueda de Desaparecidos que haga realidad la expectativa de miles de familias, con un componente humanitario que no solo se centre en la recuperación de restos, sino que sirva para acompañar a estas personas para cerrar una herida que aún sigue abierta.  La norma encarga esta tarea al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que deberá mantener los registros de personas desaparecidas y de sitios de entierro.

El Congreso ya cumplió su parte. Pero aún falta que el Poder Ejecutivo lo haga. El Presidente de la República debe promulgar esta norma lo antes posible, a fin que comience a correr el plazo de noventa días para la implementación del Plan. Ciertamente, la labor más seria estará a cargo del nuevo gobierno, pero el compromiso histórico de promulgación le corresponde a Ollanta Humala.

En un gobierno en el que, pudiendo hacer más, las políticas sobre derechos humanos han sido mediocres, un gesto como la promulgación de esta importante norma enaltecería en algo a un Presidente que, en esta materia, olvidó varios de los compromisos asumidos en la campaña electoral. Se espera que su sucesor cumpla lo dicho en campaña, que incluye la implementación del Plan arriba mencionado y una política integral en esta materia.

Presidente, es hora de honrar su palabra. A cuatro semanas de dejar el poder, tenga la suficiente empatía con 16,000 familias que esperan cerrar un periodo de dolor.

(Foto: CNDDHH)

PPK hacia adentro

¿Cuál es el objetivo de las exageradas exigencias de dis­culpas desde tienda fujimorista? Mi hipótesis es que Fuerza Popular muestra una posición dura frente a una negociación en la que quieren obtener un acuer­do de gobernabilidad conservador, con el apoyo del sector de periodistas y analistas que respaldaron a Keiko Fujimori.

Con el pretexto de “consolidar las reformas económicas que nos han permitido crecer”, lo que se plantea es una coa­lición que tergiversa el sentido de las palabras. “Gobernabi­lidad” es excluir a la izquierda, “reconciliación” es contraban­dear una ley de amnistía para Alberto Fujimori, “garantizar el modelo” es no hacer ningún cambio y “no hacer olas” es evitar las banderas liberales en lo político y lo social que Pedro Pablo Kuczynski colocó en su plan de go­bierno.

Esta coalición de facto ya gobernó el país entre 2006 y 2011. Alan Gar­cía permitió que estos intereses, empresarios mercantilistas, militares con vocación de impunidad, perio­distas macartistas, jerarcas religiosos a la derecha de Tor­quemada acrecentaran su poder, siendo su línea de con­tención frente al ‘perro del hortelano’.

El presidente electo no debe responder afirmativamen­te a este pacto por el status quo. No solo porque sería con­traproducente para una administración que debe hacer re­formas desde su inicio, sino porque conduciría su Gobierno al fracaso. García puede jactarse de algunas obras de in­fraestructura y buenas cifras económicas, pero la decep­ción frente a su segundo Gobierno se tradujo en la exigua votación obtenida en abril último.

En la campaña de segunda vuelta, PPK fue claro en anun­ciar que haría un pacto con la ciudadanía. Ello implica con­tentar tanto al norte en busca de seguridad y que votó en masa por el fujimorismo como al sur que se sigue sintien­do excluido de los servicios básicos del Estado. Y que ten­ga en cuenta, además, al importante voto cívico que le dio el triunfo ajustado hace dos semanas.

Este escenario, difícil para cualquier gobernante, supo­ne tener un presidente del Consejo de Ministros con refle­jos políticos y temple. En esa medida, Martín Vizcarra es el hombre indicado para hacer frente tanto a los conflictos sociales como al asedio conservador.

(Columna publicada en Exitosa Diario el 19.06.2016)

EL CASO HEREDIA EN SENCILLO

Al filo de la medianoche, el juez Richard Concepción ordenó que Nadine Heredia, su hermano Ilán y su amiga Rocío Calderón no puedan salir del país durante 4 meses. Dicho mandato se dictó en el marco de la investigación que viene realizando el fiscal Germán Juárez sobre presunto lavado de activos. Juárez indicó que el actual Presidente de la República estaría implicado en el caso, pero no puede ser investigado hasta que termine su mandato.

Comenzaremos esta vez por el final. ¿Hay indicios suficientes para investigar a Heredia? Sí. ¿Hay razones para considerarla culpable? No, aún y creo que los medios están apuntando mal en este caso. Aquí explicó las razones.

Para ser claros, a Heredia – y a sus familiares y allegados – los acusan de lavar plata que supuestamente habría llegado a las campañas electorales de 2006 y 2011 por tres posibles fuentes ilícitas: minería ilegal, malversación de fondos del gobierno venezolano y posibles coimas de las empresas brasileñas OAS y Odebrecht. Me concentraré en las dos últimas, por ser las más mediáticas.

Como explicó Rosa María Palacios, en principio, recibir dinero en campaña y no declararlo no es delito. Es un vacío legal que hasta ahora no se cambia, básicamente porque perjudicaría a sus actuales beneficiarios: partidos políticos sin control y dueños de franquicias que pueden vivir cinco años del saldo que queda de las postulaciones presidenciales o parlamentarias.

Entonces, tenemos que ir a un siguiente nivel: dinero lavado de actividades ilícitas. Y aquí hay un primer problema: ¿cómo probarlo?

Aquí es donde entran las famosas agendas de la señora Heredia. Convertidas en fetiche por ella – al negarlas en un inicio y luego reconocer que eran suyas – como por sus detractores, las mismas no son más que un conjunto de anotaciones inconexas que deben ser congruentes con otras evidencias. Por ello, se requieren otros indicios.

(Humala y Heredia junto a Chávez en gira de 2011. Foto: Correo)

¿DINERO DE CARACAS?

Para un sector de la prensa, ayer el fiscal Juárez logró comprobar que la plata ilícita vino de Venezuela, al mostrar una carta mecanografiada supuestamente firmada por el fallecido presidente Hugo Chávez, en la que se hace alusión al envío de dinero ilegal. La misiva, pendiente de pericia – sobre la firma, dado que su contenido fue escrito a máquina -, casi ha sido elevada a calidad de prueba plena por algunos. Sin embargo, existen dudas legítimas sobre su autenticidad. Así lo explica Elizabeth Salazar para Ojo Público:

En respuesta, el abogado de Heredia, Eduardo Roy Gates, dijo que en dicha misiva se hace alusión a un sujeto de apellido Boyer, un presunto capitán venezolano que hizo las mismas acusaciones contra el presidente Humala el 2006 y que luego se descubrió que era un fraude. “En este caso hay un malicioso tinte político. Si Boyer es el que trajo la carta, esto ya se denunció el 2006, y luego él mismo dijo que Mauricio Mulder le había pagado por ello. Eso fue desmentido por el congresista pero quien lo acusa es un sujeto totalmente desprestigiado”, agregó.

Se refieren a Moisés Boyer Riobueno quien en julio del 2006 fue expulsado del Perú a solicitud del agregado militar de Venezuela, Álvaro Carias, por usurpamiento de funciones. Según el diario El Espectador de Colombia, este personaje también contactó a las agencias de inteligencia de ese país tratando de relacionar al gobierno de Hugo Chávez con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y pedía dinero a cambio de supuesta información clave.

De hecho, Heredia aprovechó este flanco débil presentado por el fiscal para tratar de mejorar su situación mediática. Las otras evidencias sobre los posibles fondos venezolanos se vinculan a supuestos contratos simulados por la esposa del Presidente de la República. Ella ha señalado, anteriormente, que si hizo trabajos de consultoría pero que los resultados no pueden exhibirse porque pertenecen a sus contratantes. Asimismo, indicó lo siguiente sobre lo hecho para empresas de Martín Belaúnde Lossio y su padre:

Se investigó también el contrato con Centros Capilares, donde Martin Belaunde Lossio fue gerente general, y el contrato sobre Palma Aceitera suscrito con su padre Arturo, ambos de público conocimiento. Sobre el contrato con MBL, se acreditó que, de los 30 mil dólares pactados, solo se pagó el importe inicial de 10 500 dólares y ahí la relación profesional se terminó. El contrato con Arturo Belaunde Guzmán fue de 51 840 dólares por un año y se cumplió con los pagos hasta un total de 47 520 dólares. La última cuota no se pagó de común acuerdo, como consta en los actuados que obran en la fiscalía. Esa fue mi relación profesional con los Belaunde.

Se han preguntado algunos periodistas de la prensa convencional ¿qué sabe Nadine de la calvicie o de la siembra de palma aceitera?, si ella es comunicadora. Es como preguntarnos qué saben algunos periodistas de minería o de construcción, cuando están en planillas de empresas de esos sectores. ¿Construyen puentes o carreteras? ¿O quizá son contratados por sus profundos conocimientos sobre la licuefacción de minerales? Es obvio que no. Mi trabajo se relacionaba con lo que sé hacer: comunicaciones y márketing.

Y sobre el dinero enviado por una empresa venezolana, Heredia ha indicado que llegó a la campaña antes que la hoy pareja presidencial conociera a Chávez.

Con una carta por verificar y estas versiones cruzadas, la duda favorece a Heredia en términos penales. Peor aún, para comprobar estos hechos, en Venezuela tendrían que existir las condiciones institucionales para que vinculados al chavismo puedan declarar. Y, dado el convulsionado clima político en dicho país, ello no será posible hasta que el gobierno de Maduro termine. Por tanto, este tema se mantendrá en el limbo legal. Insistir en esta parte es un error en términos probatorios y estratégicos.

Entonces, ¿por qué hay un sector de periodistas y columnistas que insiste en esta hipótesis? Una primera respuesta es que pretenden justificar que estuvo bien optar por Keiko en el 2011 antes que por Humala y requieren confirmar sus sospechas que “el Presidente es chavista”. Y lo siguen sosteniendo a pesar que falta poco más de un mes para que se vaya y dicha afirmación ha resultado ser falsa.

La segunda tiene que ver con la otra pista.

(Heredia en entrevista con Dilma Rousseff durante este gobierno. Foto: Correo)

A PISTA DO BRASIL

Esta pista es más congruente. Aquí el fiscal Juárez señala que los fondos habrían llegado por presuntas coimas pagadas por las empresas Odebrecht y OAS. Recordemos que hace unos meses Cuarto Poder obtuvo las declaraciones de un colaborador eficaz quien indicó que Odebrecht había apoyado la campaña de 2006 a través de un aporte en efectivo. La empresa brasileña negó dicha versión, en aquel momento, a través de su abogado, el excongresista Fernán Altuve.

La pista de OAS se vincula a Rocío Calderón, amiga de la esposa del Presidente, quien hizo consultorías para esta empresa brasileña. La Fiscalía presume que, en realidad, esto era una fachada para el dinero que ingresaba para los Humala Heredia.

Hay otros indicios que podrían tomarse en cuenta. Por ejemplo, la declaración del empresario Ricardo Pessoa, dueño de la constructora UTC, quien detalló para calificar a la “delación premiada” – procedimiento similar a la colaboración eficaz – que había tenido un contacto con un emisario del Presidente. Esta persona sería, de acuerdo a lo señalado por el constructor ya condenado en su país, la gestora de intereses Zaida Sisson, a la que también se ha vinculado al gobierno aprista.

Sisson tenía dos clientes centrales en Perú: los intereses representados por el exhombre de confianza de Lula, José Dirceu, y Marcos Wanderley, representante de Galvao Enghelaria Perú. Este último fue pareja de Calderón. Dirceu y Wanderley son investigados en Brasil por el caso Lava Jato.

Sumemos una cuestión adicional. A pesar de la precariedad política que vive Brasil desde hace meses, las investigaciones por el caso Lava Jato vienen avanzando y varios de los implicados están cantando. Por ello, hace unos días, Palacios sostuvo lo siguiente:

Cosa diferente sería que el Presidente o sus familiares sean complices de peculado. Es decir, recibir coimas de Odebrebrecht o OAS para conceder tal o cúal contrato. Pero de eso, hasta ahora no hay nada. Será interesante oir que tiene que decir Marcelo Odebrecht,  ex Presidente de Odebrecht, condenado a mas de 19 años de prisión, sobre los Presidentes Toledo, García y Humala, pero es otro delito, con otra tipificación.

Por aquí el fiscal Juárez tendría que escarbar. Y lo que detiene a algunos periodistas en mencionar esta línea de investigación es que esta indagación puede comprometer a otras personas a las que tradicionalmente defienden o miran de perfil.

EN RESUMEN:

Judicialmente, es más sólido un caso contra Heredia por los casos de corrupción vinculados a empresas brasileñas. Ir por Venezuela es sólo para la tribuna. Y apuntar a la pista proveniente del vecino del este pone los reflectores en otros personajes que no pertenecen a este gobierno y que pueden verse seriamente comprometidos. Así las cosas, este caso tiene para rato.