LAS BATALLAS DE ANA JARA

Ana Jara enfrenta dos retos simultáneos, en un momento complicado para el gobierno.

De un lado, con la derogatoria de la Ley Laboral Juvenil, tiene que afrontar los embates de una oposición envalentonada y que tiene una sed de cabezas de ministros por saciar.

¿Quiénes son los “pedidos”? En su columna de hoy, Patricia del Río analiza a seis: Daniel Figallo (Justicia y Derechos Humanos, por su manejo de la crisis en la Procuraduría Anticorrupción en torno al caso Belaúnde Lossio); Carmen Omonte (Mujer y Poblaciones Vulnerables, por reconocer que no inscribió en Essalud a su exempleada del hogar); Fredy Otárola (Trabajo) y Alonso Segura (Economía y Finanzas), por el fracaso de la Ley Laboral Juvenil; Pedro Cateriano (Defensa, por desgaste y por irritación conjunta de apristas y fujimoristas, a quien el ministro da una dosis diaria de memorex vía Twitter) y Daniel Urresti (Interior, por acusaciones pendientes de asesinato, intolerancia a la crítica y poca efectividad en materia de inseguridad ciudadana). Otros suman, por el tema de la Ley Pulpín, a Piero Ghezzi, ministro de la Producción.

En todo gobierno democrático que se precie, sobre todo en los tramos finales, cuando la oposición anda más envalentonada, el pedido de relevo de ministros y presión para que esto se haga es parte del juego político. Y, claro está, para el gobierno parte del juego es salvarlos a todos o entregar a las cabezas que le sean menos costosas políticamente. En esa medida, en un análisis en frío, la salida de Figallo y Omonte podría ser un buen acuerdo entre ambas partes.

El otro problema hacia afuera son las supuestas acusaciones de seguimiento a políticos por parte de la DINI. El sector más duro de la oposición – política y mediática – considera que quien está detrás de esto es el propio Presidente de la República, encabezando un aparato de seguimiento con miras a las elecciones del 2016.

El problema es que, de todos los casos presentados, el único que tiene, de acuerdo a las evidencias, asidero de autoría de agentes estatales, es el de la vicepresidenta Marisol Espinoza. Dos agentes DINI detectados en un vehículo registrado a nombre de una empresa que  – como demostró un reportaje del programa Sin Medias Tintas de Latina – tiene varios vehículos transferidos de personas naturales y jurídicas vinculadas a la institución nacional de inteligencia. Y este es un tema que el gobierno tendrá que aclarar pronto, sin que el jefe de la DINI tenga que recurrir a supuestos eventos libaneses.

En cuanto a lo ocurrido con Jorge del Castillo, una hipótesis probable se vincula con seguimiento industrial, tanto por haberse focalizado en su empresa consultora y de gestión de intereses, como en el grupo de personas que visitaba la empresa, así como en las reuniones que sostenía con altos funcionarios del Ministerio de Energía y Minas (reveladas tanto por Ojo Público como por este blog). Apunta, además, Gustavo Gorriti en Ideele Radio:

“Tanto Jorge del Castillo, como Miguel Hidalgo son personas para cualquiera que esté en inteligencia, que lo harían con cuidado, porque Del Castillo trabaja y está asociado con una persona que fue uno de los principales miembros de inteligencia durante los gobiernos de Toledo y García, lo mismo sucede con Miguel Hidalgo, de manera de que si hubiera habido la decisión de vigilarlos, y no sabría yo por qué”, estimó.

“La mayor parte de los otros casos creo que obedecen a un asunto de vigilancia, dentro de una ambiente de inteligencia que es muy promiscuo y que está tanto en lo público, como en lo privado, en lo comercial, en lo político y que obviamente tienen que aclararse, pero parecen a corresponder a vigilancias, a seguimientos”, acotó.

Otra de ellas se refiere a que un sector del gobierno quería “denunciar las actividades de lobby de Del Castillo”. El problema es que dicho trabajo no es ilegal y que, en el gremio periodístico, son por todos conocidas. Que luego de su paso por la PCM y el escándalo de sus reuniones en la suite del hotel Country Club con Fortunato Canaán, el excongresista haya sincerado sus actividades es algo que merece cierto interés público, pero que no sería un gran escándalo de impacto, a menos que se vislumbre un tema complicado en las reuniones sostenidas con altos funcionarios. Razón aún mayor para que el Ministerio de Energía y Minas aclare que hacían dos de sus titulares y el viceministro de Energía con un conocido gestor de intereses.

¿Y lo de Alan? Pues el informe presentado en el programa de Milagros Leiva presentaba evidencias de un posible seguimiento, pero no se podía concluir que el mismo fuera de la DINI. Y los documentos extraídos de páginas en Internet, incluida la célebre Wikipedia, da una clara muestra que nuestros espías – públicos o privados – parecen estar más cerca de Maxwell Smart que de Vladimiro Montesinos. En todo caso, se requeriría mayor evidencia para tener una certeza más clara en torno a un tema que, como es evidente, ha sido aprovechado políticamente desde el aprismo.

Y ese es el problema con estas denuncias de seguimiento. Entre la DINI torpe, las agencias privadas de seguridad, un gobierno noico (sobre todo, con un presidente que solo confía en su esposa) y una oposición interesada (sobre todo, algunos que están empeñados en demostrar que “el gobierno es autoritario y Humala un delincuente”), poco queda claro en estos casos. Se exigen cabezas inmediatas, pero ni siquiera se ha realizado una investigación en serio. Y parece que nadie quisiera hacerlo, solo ganar réditos políticos. De la mejora del control democrático sobre la inteligencia pública y privada, ni una sola palabra.  Y si se suma la desconfianza de un sector de la ciudadanía en los políticos y periodistas detrás de las denuncias, así como en aquellos a los que se busca acusar, se completa el cuadro del despelote.

Los problemas para Jara no acaban allí. Como bien lo indica hoy Rosa María Palacios – y parece confirmarlo la reciente revelación de Correo Semanal sobre un supuesto file armado desde un sector del gobierno para desacreditar a la presidenta del Consejo de Ministros en torno a las contrataciones en su despacho -, está librando una batalla interna. Reseña RMP:

Pero internamente, se ha evidenciado un sabotaje a la labor de Jara. Sus adversarios públicos, a cara descubierta, están en la oposición política. Los adversarios ocultos están en casa organizando psicosociales como el seguimiento a Jorge del Castillo o la filtración de documentos falsos a medios para bajarse a la ministra que no puede responder por aquello que le niegan que exista.

¿Por donde van las sospechas? Ayer Palacios señaló que la salida de Blanca Rosales, jefa de la Oficina General de Comunicación Social de la PCM, era cuestión de tiempo. Y Exitosa Diario señala los posibles motivos del retiro:

La razón que impulsa a la premier a pedir el cambio de Rosales Valencia se debe a la sospecha de que sus allegados estarían detrás de la filtración de la información sobre el reglaje a diversos personajes de la oposición, exceptuando el de la vicepresidenta Marisol Espinoza, cuyo caso fue reconocido por la propia Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).

Incluso, la revista Correo publica hoy nueva información sobre el reglaje pero esta vez a la misma Ana Jara, algo que no le ha caído bien a la presidenta de la PCM.

Blanca Rosales ha dado una entrevista hoy a Caretas donde se defiende de la denuncia hecha en el semanario Hildebrandt en sus Trece sobre las compras de propiedades sin el patrimonio requerido. ¿Será un manotazo de ahogado?

En efecto, Rosales aparece hoy en Caretas dando las mismas explicaciones que había enviado a algunos medios de comunicación en los últimos días respecto de la denuncia de Hildebrandt en Sus Trece sobre sus propiedades inmobiliarias, así como en relación con sus vínculos con Juan Carlos Rivera Idrogo “Chocherín” (“se ha querido tejer una historia”) y Martín Belaúnde Lossio (asegura haberlo visto solo tres veces en su vida). Defiende su trabajo, da su visión sobre el Presidente, su esposa y la bancada, pero no se refiere a Jara. Fuentes cercanas a ambas partes señalan que la relación entre ambas nunca fue precisamente cercana, solo cordial y distante.

Jara está convencida de la tesis de una facción en el gobierno que está en otro juego. Comenta Palacios:

¿Quiénes son los facciosos? Eso no será muy difícil de determinar. Un buen trabajo de contrainteligencia puede detectarlos. Se trata de perso­nas ubicadas en posiciones de poder que pueden distribuir a la prensa información no autorizada que finalmente le hace daño a su propio gobierno. El enlace entre prensa y poder no requiere de mucha imagi­nación. Se puede empezar con algu­nos nombres del entorno de prensa de Palacio de Gobierno. Lo que es más difícil de encontrar es al agente que vincula a estos con el trabajo de los agentes de inteligencia que tra­bajan para cada uno de los institutos armados y policía y que pueden estar o no trabajando en la Dini.

¿Para quien juega esa facción? Algunos apuntan a la Presidencia de la República. Otros a cierto barrio sanisidrino con nombre de entidad supervisora de aeropuertos. Lo cierto es que todos estos líos afectan aún más la credibilidad de un gobierno cuya cabeza está encerrada en sí misma.

(Caricatura: Andrés Edery para El Comercio)

Advertisements

MOVIDAS EN GREMIOS EMPRESARIALES

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y la CONFIEP elegirán a sus presidentes en los próximos días. Dicho proceso resulta importante dado que, por la duración del mandato de sus titulares, dichas personas estarán con una voz muy presente en la campaña electoral.

Según Gestíón, Carlos Galvez, vicepresidente y gerente de finanzas de Buenaventura (sí, la empresa minera de la familia Benavides) será el nuevo presidente de la SNMPE. Para quienes no lo conocen, aquí va una foto de una participación suya en el programa Rumbo Económico.

La elección de Gálvez es un auténtico disparo a los pies en la imagen del gremio minero. No solo porque es el directivo de la empresa peruana más controvertida – remember, Buenaventura es uno de los accionistas principales de Yanacocha, con un amplio historial de malas relaciones con los ciudadanos de Cajamarca – sino porque, como recuerda bien la periodista Jacqueline Fowks, tuvo una declaración infeliz sobre la consulta previa. Dicha declaración fue brindada en una entrevista a la web de Semana Económica:

¿Cómo percibe que han evolucionado las restricciones sociales y ambientales en exploración?

Cada vez son peores. En el Perú, en particular, además de las expectativas generadas en las comunidades, tenemos la expectativa generada a los ilegales e informales, que pretenden que las empresas formales no puedan explorar y ni operar, para manejar ellos la operación. Simplemente veamos lo que pasó en Tambogrande (Piura): esa es una muestra de lo que se está pretendiendo y lo que se podría replicar. Si además ponemos la consulta previa –que todavía no se ha realizado en actividad minera– a comunidades que no tienen el perfil para ser consultadas, sino que cualquiera que se pone una pluma ya tiene derecho a ser consultado, la cosa será aún más difícil.

Pero no es la única declaración altisonante que ha dado sobre el tema. En entrevista con Enrique Pasquel en Rumbo Económico, dijo lo siguiente (vía Gestión):

“No creo que (la consulta previa) sea aplicable a todas las comunidades. Muchos impostores están tratando de crear una industria alrededor de este concepto. ¿Estamos hablando de una consulta vecinal o intercultural?”, dijo Gálvez en el programa Rumbo Económico.

Ya vemos cuál será la prioridad del presidente del gremio minero – energético.

Asimismo, de acuerdo con el diario económico, Martín Pérez Monteverde es, hasta el momento, el único candidato para la presidencia de CONFIEP.

Indica Gestión:

Pérez fue congresista por el PPC, titular del Mincetur en la segunda gestión de Alan García y actual director de Credicorp. Otro sector de asociados también está en busca de impulsar otra candidatura.

Para ser miembro del Consejo Directivo de Confiep, hay que ser presidente de algún gremio que lo integra. Hace algunas semanas, Pérez fue elegido presidente de la Asociación de Empresas Prestadoras de Salud.

Esos son los datos oficiales. Ahora vayamos a la carne.

Luego de la derrota electoral de Lourdes Flores en las elecciones presidenciales de 2006, Pedro Tenorio publicó una crónica en Perú.21 sobre el duelo de marketeros dentro de Unidad Nacional. A partir de un dato de la nota – que el jefe de publicidad de la campaña era el Gerente Central de Marketing de Alicorp, empresa del grupo Romero -, Marco Sifuentes contó lo siguiente:

Martín Pérez fue el candidato número 2 al Congreso por Unidad Nacional en el Callao. Ha salido electo. Felicitaciones, ya es congresista.

Pero resulta que Martín Pérez también es gerente general de Multimercados Zonales – Minka. ¿Y qué es Minka? Pues un enorme mercado-almacén del Callao que mueve mucho, mucho, dinero.

Y a que no adivinan a quién le pertenece.

Es decir, el vínculo con el grupo encabezado hoy por Dionisio Romero Paoletti tiene larga data. Pero no es la única movida en la que estuvo involucrado durante los últimos años. Pérez fue quien contrató a Karen Ku, persona vinculada al entonces congresista Walter Menchola, como trabajadora de su despacho parlamentario. Pero la señorita no fue a trabajar, a pesar de lo cual se le pagaban sus servicios. A raíz del primer escándalo de “empleados fantasma” en el Congreso durante el periodo 2006 – 2011, Pérez cesó a Ku, el caso reventó y Menchola pidió disculpas por la inconducta.

Y también apareció en torno a las movidas del relanzamiento de la hoy extinta radio noticiosa CPN en 2008, cuando la estación había sido adquirida por Augusto Baertl, empresario minero y expresidente de Antamina. Paola Ugaz comentó en su oportunidad:

¿La explicación?, de acuerdo a la radio que es de propiedad de Augusto Baertl pero cuyos tejes y manejes realiza el congresista de Unidad Nacional, Martin Pérez (vinculado al grupo Romero), es que necesitan acercarse mas al sector D-E…

Complementa Sifuentes:

Ahora me entero que resulta ser yerno de uno de los Baertl, quienes, como dice Paola, le encargaron armar la radio y hasta aprobar la plana periodística. Se comprometió con su misión: incluso visitó radios del extranjero para adquirir el “know how”, que le dicen. Pérez comparte con Kouri y Heresi a la omnipresente asesora Gabriela Chávez, quien también estuvo bastante activa en la elaboración de la plana.

Este es el perfil de los posibles nuevos directivos del gremio de gremios del empresariado, así como de la asociación que agrupa a las principales empresas del rubro minero y energético. Saquen sus propias conclusiones.

(Fotos: Gestión)

EXCLUSIVO: LAS REUNIONES DE JORGE DEL CASTILLO EN EL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

La denuncia de presunto seguimiento al expresidente del Consejo de Ministros Jorge del Castillo no solo puso sobre el debate el pobre control que se tiene sobre las actividades de inteligencia – realizadas por entidades públicas o empresas privadas de seguridad – sino que también abrió algunas preguntas sobre las actividades de cabildeo y lobby que mantiene el secretario general del Partido Aprista Peruano.

Del Castillo tiene una empresa consultora, Diálogo y Soluciones SAC. El objetivo de dicha compañía es “desarrollar labores de aseso­ría, consultoría y gestión en la problemática de socio – empresarial con la finalidad de diagnosticar y bus­car fórmulas de solución equitativas para anticipar, evitar o mitigar posibles problemas que se convier­tan en focos de confronta­ción social”.

Como se indica en la ficha registral de la empresa, uno de los socios del expresidente del Consejo de Ministros es un policía en retiro Jorge Washington Cárdenas Saez. Este personaje ha sido Director de Inteligencia del Ministerio del Interior entre 2005 y 2008.

Los videos que fueron presentados en Correo Semanal tenían como escenario principal oficina de Diálogo y Soluciones ubicada en el límite entre Magdalena y San Isidro. De hecho, todas las personas que son mencionadas en los informes mostrados por la revista eran funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, empresarios mineros y gerentes de compañías de este sector.

Una de estas reuniones llamó la atención de Nelly Luna, periodista de Ojo Público. El martes pasado, publicó un reportaje donde se indica que:

En la discusión en torno al reglaje denunciado por la revista Correo Semanal el pasado lunes hay un hecho que no se ha profundizado: La reunión que el ex primer ministro aprista Jorge del Castillo sostuvo con -según el parte filtrado- dos altos funcionarios del Ministerio de Energía y Minas (Minem) y con otras dos personas no identificadas de la minera Southern Perú Copper, el 26 de mayo del 2014, el mismo día que la compañía presentó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para iniciar el proyecto cuprífero más grande del país: Tía María, en Arequipa.

OjoPúblico conoció que esa fue una fecha importante para Southern Copper porque, según consta en una Resolución Directoral del Minem, aquel día entregaron el último informe de su EIA sobre el proyecto Tía María a la Dirección de Asuntos Ambientales Mineros del Minem. El estudio ambiental del proyecto que promete una inversión de 1.400 millones de dólares fue finalmente aprobado tres meses después, en agosto del año pasado.

Ese 26 de mayo, Del Castillo fue filmado mientras se reunía con el economista Fernando Wilder Castillo Torres, director general de la Oficina de Gestión Social del Minem desde el 2012, y el abogado César Juan Zegarra Robles, director general de la Oficina de Asesoría Jurídica, desde el 2004. En aquella cita, según el parte difundido por Correo, también fueron grabados dos funcionarios de Southern Copper aún por identificar. El cónclave se realizó en las oficinas de la empresa Diálogo y Soluciones (Magdalena) fundada por Del Castillo en el 2011. A esta cita también asistió –según los documentos y filmaciones- el ex ministro del Interior Miguel Hidalgo.

Del Castillo dijo para dicho informe que no recordaba dicha reunión. Ojo Público verificó que Castillo Torres es militante aprista. Pero el dato más interesante es que el excongresista reconocía haber sostenido varias reuniones con funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, pero el Portal de Transparencia de dicha entidad solo registraba una:

Lo que sí aparece es un ingreso del ex primer ministro el 13 de marzo del 2014. Ese día Del Castillo sostuvo una reunión de casi una hora con Edwin Regente Ocmin, director general de Asuntos Ambientales Mineros, y encargado de la evaluación y aprobación de los estudios de impacto ambiental y de la protección del ambiente por parte de las mineras. El 26 de mayo del 2014 esta oficina recibió el Estudio de Impacto Ambiental de Southern Perú, documento que fue aprobado tres meses después.

Desde el Tercer Piso solicitó al Ministerio de Energía y Minas, vía una solicitud de acceso a la información pública, cuáles habían sido las fechas y horas de ingreso de Jorge del Castillo al Ministerio de Energía y Minas. El resultado obtenido es resumido en este cuadro elaborado a partir de la información proporcionada por el MEM:

Como podrán percatarse, Del Castillo se reúne con funcionarios de alto nivel del MEM. Se registran dos visitas al despacho ministerial cuando era ocupado por Jorge Merino Tafur y tres en la actual gestión de Eleodoro Mayorga. Y al menos cinco visitas al despacho del viceministro de Energía, cargo ocupado desde diciembre de 2012 por el ingeniero Edwin Quintanilla Acosta. La reunión restante es la ya reseñada por Nelly Luna en el reportaje de la semana pasada.

La información suministrada por el MEM a Desde el Tercer Piso no resume cuál fue el contenido de las reuniones sostenidas por Del Castillo con estos altos funcionarios. Sería interesante que ambas partes señalen qué discutieron. Sobre todo cuando resulta curioso que el secretario general del principal partido de oposición se reúna cinco veces con la persona que ocupa el Ministerio de Energía y Minas y otras cinco con el Viceministro de Energía, teniendo una empresa consultora particular que ve temas empresariales.

(Foto: La República)

LA CAIDA DEL PULPIN

El Congreso aprobó ayer la derogatoria de la Ley Laboral Juvenil. Y ahora pasa para que el Poder Ejecutivo la promulgue u observe. O que simplemente no la firme para que sea la presidenta del Congreso que lo haga.

Más allá de lo formal, creo que hay tres cuestiones a anotar en torno al debate sobre esta controvertida norma.

a) Existe ya un agotamiento de la fórmula que se basa estrictamente en lo que se llama “flexibilidad laboral” y que para muchos implica el recorte de derechos laborales. Los hijos de quienes, por razones de la crisis económica de los años 80, sufrieron los cambios de la legislación laboral justamente no quieren pasar por lo que sus padres pasaron. Aspiran a lo que se encuentra consagrado en el régimen laboral general. Y eso es algo que los políticos y sobre todo los tecnócratas deberán tener en cuenta. Eso no quiere decir que no haya cuestiones por debatir en temas de flexibilidad (quizás el tema del despido entre en esta discusión).

b) Ello implica que el debate sobre temas laborales e informalidad vaya más allá del tema “sobrecostos – derechos”. Cuestiones como productividad, competitividad, reglas tributarias, fomento de la capacitación y fiscalización del cumplimiento de las normas laborales han comenzado a entrar, tímidamente, en debate. Por que ojo, el tema no solo es de los jóvenes, sino de tanto trabajador que pasa por “locación de servicios” o “contrato a plazo fijo” para no darle todos los derechos.

c) Es cierto que existen algunos regímenes laborales especiales en razón de la naturaleza del trabajo. Sin embargo, esta debe ser la oportunidad para discutir una Ley General del Trabajo que zanje de una vez por todas el debate existente. Y allí probablemente se tendrá que llegar a una fórmula de transacción.

En lo político, no hay ganadores, con excepción de los jóvenes que salieron a marchar. Sin duda, el gobierno es el que pierde más (hasta su vicepresidenta votó a favor de la derogatoria), pero ni el APRA (que propuso una norma similar en 2011) ni el fujimorismo (campeón invicto en abusos laborales) pueden atribuirse una victoria. La gran interrogante es si esta energía juvenil logrará articular algo nuevo o, como en otras ocasiones, simplemente será flor de un día.

MAS SOBRE EL TEMA:

Augusto Álvarez Rodrich: Respuesta a una derrota estridente

Fernando Vivas: Reglaje, pasa; “ley pulpín”, no pasa

Carlos Meléndez: ¿Qué se siente tecnócrata?

(Foto: El Comercio)

LA PARTIDA DE TEJADA

Anoche, en Cuarto Poder, Sergio Tejada hizo pública su decisión para renunciar al Partido Nacionalista Peruano. Una noticia sobre la que se especulaba hace días, sobre todo, luego del fuego graneado que le envío su excompañero de bancada, Santiago Gastañadui, después que el parlamentario expresara sus reparos en torno a la Ley Laboral Juvenil.

Tejada ha señalado que su discrepancia ante la controvertida norma – cuya derogatoria es casi un hecho, considerando las posiciones de las bancadas al cierre de este post – es la principal razón para su salida. Y en las entrevistas que ha concedido queda claro que este hecho fue la cereza sobre el pastel sobre una situación de deterioro en la relación con el gobierno. Las medidas palabras del congresista han mostrado que la procesión – y las discrepancias internas – iban por dentro.

Lo ocurrido con Tejada es sintomático en torno al deterioro de las relaciones con su bancada. No estamos ante un parlamentario que provenía de las canteras de la izquierda (como Rosa Mavila o Javier Diez Canseco) y que se apartó por el viraje respecto del plan original. Tampoco ante lo ocurrido con los hoy integrantes de Dignidad y Democracia, quienes se sentían marginados por la entrega de presidencias de comisión y vocerías, así como por una creciente distancia con Palacio de Gobierno.

Tejada era miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Nacionalista. Es decir, parte de la parte más alta de la dirigencia de la agrupación. Recibió el encargo de hacerse cargo de la Megacomisión, una papa caliente para cualquier congresista debutante, que le costó denuncias, demandas judiciales para acotar la investigación parlamentaria y ataques personales y familiares. Estos últimos, por cierto, deben encontrarse dentro de las situaciones más bajas que hemos visto en la política peruana en varios años. Y el congresista asumió dichos costos, incluso con la puesta de perfil de su bancada en algunos momentos.

Además, Tejada es el único parlamentario del oficialismo que había intentado esbozar una idea respecto de lo que significaba el nacionalismo y era fundador del partido.

Tan es así que Daniel Abugattás ha señalado que están “ante un hecho doloroso que debe llamar a la reflexión”. Pero en esa onda no andan los demás miembros del gobierno, como Fredy Otárola, quien hablaba de un cálculo político por parte del excongresista.  Y de hecho, el Presidente de la República ha oscilado entre la amargura (“el joven congresista”) y la soberbia (“ojalá encuentre su camino”). Parece que no han entendido el mensaje.

Tejada no ha decidido su futuro político, tanto en lo que se refiere a su presentación a la reelección como congresista como respecto de su pase a otra tienda política. Algunos han especulado con una posible partida hacia un proyecto de izquierda. Sin embargo, hay un obstáculo: un sector no le perdona hasta ahora su abstención en la votación que decidió la suspensión de Javier Diez Canseco. En las entrevistas que ha tenido en la mañana, Tejada indicó que esta decisión era su forma de manifestar su desacuerdo con la decisión de su bancada, pero que hubiera sido mejor votar en contra.

Lo cierto es que Tejada seguirá en la línea fiscalizadora. Ayer en Diario 16 adelantó que enviará los documentos al Ministerio Público sobre el caso BTR respecto de Alan García y Jorge del Castillo. Tal vez el parlamentario calcula que, con un nuevo Fiscal de la Nación y con poca receptividad en el Congreso a sus informes, lo mejor sea remitir la información recopilada para impulsar los procesos judiciales que permitan aclarar la responsabilidad de ambos exfuncionarios, a quienes se acusa de encubrimiento y ocultamiento de pruebas.

Tejada es un congresista que puede tener un interesante futuro político. Y su salida ocasiona un golpe al oficialismo cuyas dimensiones aún no se han percatado en Palacio de Gobierno. Se piensa, desde la Presidencia de la República, que la lealtad es sinónimo de obsecuencia. Desafortunadamente, para la política peruana, no es el único líder que piensa así.

(Foto: La República)

RETOS PARA LA CNDDHH

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos celebra sus primeras tres décadas de existencia. Su labor ha sido vital para la defensa de los derechos fundamentales de las personas. Treinta años después, ¿qué retos afronta la institución?

En primer lugar, conectar la agenda de derechos humanos con la vida cotidiana de las personas. En el contexto peruano, se asocia este tema con el conflicto armado interno, conflictos sociales o tortura en comisarías. Se requiere un mayor trabajo de difusión al respecto.

En segundo término, sus miembros son estigmatizados. Algunos los acusan como “defensores de terroristas” y otros los caricaturizan como “caviares”. Resultaría importante que la propia CNDDHH cuente su propia historia, que involucra un deslinde claro con Sendero Luminoso y el MRTA desde sus inicios, así como el trabajo que realizan en provincias. Asimismo, se debería incidir más en una línea que mereció un informe en 2010: derechos de militares y policías.

La relación con el Estado y otros actores sociales es un tercer tópico a afrontar. La Coordinadora necesita contar con propuestas de políticas públicas frente a funcionarios sensibles a estos temas, en gobiernos poco receptivos a su agenda.

Complementariamente, requiere identificar a políticos, organizaciones y líderes de opinión receptivos a sus materias de interés, lo que permitirá alianzas coyunturales más efectivas.

Finalmente, es indispensable que el activismo sea acompañado por la consolidación académica de sus cuadros, lo que coadyuvará a un mejor trabajo en tiempos donde la tecnocracia consolida su poder en el Estado peruano.

(Columna publicada en Exitosa Diario el 25.01.2015)

¿Y EL PARTIDO NACIONALISTA?

En sus últimas dos columnas – Los amigos que perdí y El factor institucional – Augusto Álvarez Rodrich ensaya dos conjuntos de posibles explicaciones a las razones de la debilidad del Partido Nacionalista Peruano.

Como señala AAR, existe un grupo de factores vinculados específicamente a la actuación de los actores al interior del PNP. Aquí se encontraría el desfase entre La Gran Transformación y la Hoja de Ruta, generado tanto por un presidente que no explicó las razones de su viraje ni persuadió a sus congresistas de ello como por actores que consideraban que el viraje solo implicaba “un alto en el camino”; sumado a un liderazgo partidario proclive a imponer las órdenes sin dudas ni murmuraciones y que considera, además, que el triunfo electoral de 2011 se debe exclusivamente a él.

Estos factores, sin duda, explican esta situación, pero añadiría otros. Para comenzar, un presidente cuya confianza no va más allá de su dormitorio conyugal y que considera a sus congresistas y ministros como bienes fungibles que pueden ser desechados una vez que “no le sirven”. Eso hizo con sus aliados de izquierda – algunos de los cuales pensaban que podían manejar la línea ideológica (de un gobernante que no tiene una idea propia) – como con diversos funcionarios que han merecido maltratos de un jefe poco proclive a dar las gracias por los servicios prestados a la Nación a quienes dejan de merecer su favor.

En segundo lugar, porque el Partido Nacionalista siempre ha sido visto como una empresa familiar. No solo porque Nadine Heredia es la presidenta de la agrupación, sino también, desde el inicio de su vida política, es el núcleo cercano a la esposa del Presidente de la República quien tiene mayor peso y decisión dentro de la agrupación. Ello explica porque la singular familia Humala – con la excepción de Alexis – está fuera del PNP, así como las recientes declaraciones sobre “fundadores” y “recién llegados” expresadas por el congresista Santiago Gastañadui, pariente político de la señora Heredia.

En tercer lugar, porque el nacionalismo como doctrina constituye una entelequia. Con la notable excepción de Sergio Tejada quien, en un libro editado por el Fondo Editorial PUCP, ha intentado dar un sustento histórico e ideológico al nacionalismo como idea presente en la política peruana, no existe dentro de la agrupación una definición respecto de las ideas que la marcan. El Presidente de la República constantemente alude a que “no es de izquierda ni de derecha, sino de abajo”. Y casi nadie dentro de la bancada puede emitir una idea coherente respecto de las ideas centrales de su agrupación, solo acostumbran a repetir las consignas que se dan en Palacio de Gobierno.

Finalmente, dentro de este conjunto de explicaciones, está el hecho que no existe vida partidaria. Más allá de las reuniones del grupo parlamentario – y las esporádicas que tienen con el presidente – y la presencia de portátiles en algunas manifestaciones progobiernistas, no existen comités activos siquiera en Lima. Ni siquiera el local central de la agrupación está abierto siquiera un día a la semana. La distancia entre las bases y la dirigencia es bastante apreciable.

Un segundo grupo de condicionantes se vinculan con aspectos más institucionales. Como han señalado tanto Alvarez Rodrich como Ricardo Cuenca, investigador del Instituto de Estudios Peruanos, los partidos políticos peruanos tienden a ser agrupaciones donde el vínculo principal se forja a partir de un líder que tiene serias opciones de llegar a la Presidencia de la República, quien maneja un liderazgo vertical con los demás estamentos de la agrupación. Los casos de Keiko Fujimori, Alan García y Alejandro Toledo se agruparían en esta vertiente.

De hecho, hace algunos años, Alberto Vergara escribió un artículo sobre problemas similares en el APRA. Si bien los comités distritales y centrales funcionaban, la juventud era escasa – o circunscrita a los hijos de militantes – y la distancia entre las bases y los dirigentes era aguda. La ideología aprista era entendida conforme Alan García interpretaba a las distintas versiones de un Haya de la Torre que fue variando en sus posiciones políticas considerando cómo apreciaba la coyuntura. Y la ausencia de un “numero dos” – y la presencia de muchos “números seís” (Luis Alberto Sánchez dixit) – es un rasgo consistente desde 1924. Como remata Vergara, tiene bien puesto el nombre: “aprista y peruano”.

Los demás partidos políticos parecen inclinarse, a su medida, en el modelo descrito por Mauricio Zavaleta: las coaliciones de independientes. Incluso el fujimorismo, que parece tener una identidad como agrupación, no dista de las prácticas de este tipo de agrupaciones, muy presentes en la política regional y local: ausencia de ideología, líder carismático, unión con miras a reducir los costos que implica ingresar en una campaña política, peso importante de los recursos económicos y de la logística electoral y alta rotación de los mandos medios.

De hecho, el nacionalismo se inscribe en esta vertiente. Y por ello es que algunos de sus congresistas dejarán este año la agrupación, debido a que consideran que sus opciones para obtener la reelección se reducen. El tema es que la tasa de reelección parlamentaria es bastante baja, sea para congresistas de trayectoria partidaria como para los nuevos. De hecho, una agrupación que tuvo tránsfugas de otros partidos, como Solidaridad Nacional, no consiguió que ellos pudieran entrar. Y partidos nuevos como Perú Más ya vienen reclutando a cuadros en provincias mediante alianzas con movimientos regionales.

Por ello, no sorprende que el nacionalismo no tenga opción alguna para el 2016, o que no haya participado en la elección subnacional de 2014, o que su único vehículo para obtener una representación parlamentaria decente pasa por la participación de Nadine Heredia encabezando la lista en Lima. Signo del desgaste del gobierno y, también, de un proyecto familiar que nunca quiso ser una agrupación institucionalizada. Como Perú Posible, una vez que los liderazgos carismáticos entren en declive, dejarán de tener peso importante en la política peruana, pese a tener a un expresidente en sus filas. Y eso es una mala noticia en un país que requiere, a gritos, consolidar sus agrupaciones políticas.