LA OFENSIVA CONSERVADORA

Durante las últimas semanas, hemos vivido una ofensiva conservadora que ha aprovechado varios hechos de coyuntura, siendo los más significativos la libertad condicional de Lori Berenson, una marcha raleada en la Universidad Mayor de San Marcos exigiendo la amnistía para Abimael Guzmán y la formación de un grupo político pro senderista que quiere competir en algunos lugares para las elecciones regionales.

Sin duda, no se pueden menospreciar estos hechos, pero hay que colocarlos en su justa dimensión. No estamos viviendo un revival de lo que fueron las décadas anteriores, pero lo que tenemos es una serie de problemas irresueltos desde hace varios años, mejor dicho, desde la década de los 90s y que aún el gobierno no tiene idea de como enfrentar. Lo debe hacer, creemos nosotros, aplicando la Ley y la inteligencia, antes que la salida autoritaria que muchos vienen impulsando, de modo interesado.

El interés fundamental de este sector conservador es promover la candidatura de Keiko Fujimori. Si hay algo que el fujimorismo ha querido vender, con ciertos resultados en un sector de la población, es que gracias al hoy reo de Barbadillo “se venció al terrorismo”. Hace 2 años y medio, Marco Sifuentes escribió un post bien clarito sobre como Fujimori tuvo poco que ver con la derrota de la subversión y como su real estrategia – el Grupo Colina – no solo fue criminal, sino también ineficiente. Es decir, argumentos hay de sobra para rebatir esta falacia fujimorista.

Sin embargo, incluso en personas que no son simpatizantes de Fujimori, hay cierto sentido común orientado en la dirección que quieren los fujimoristas. Y en ello colaboran supuestos “expertos independientes” en lucha contrasubversiva, que, de contrabando, quieren meter la tesis de la persecusión a los militares que violaron derechos humanos entre 1980 y 2000 y que vienen siendo procesados en el Poder Judicial.

Quien más ha salido en estos últimos días a hablar sobre este tema es Víctor Robles Sosa, director de una ong respaldada por el vicepresidente Luis Giampietri, columnista habitual del diario La Razón y quien se ha paseado por Radio Capital y La Hora N con la falaz argumentación de que no existen beneficios penitenciarios para los militares condenados por violaciones de derechos humanos.

Dicha cuestión es falsa. La mayor parte de los militares sentenciados – que no son muchos como se quiere vender – han sido condenados por homicidio calificado, que tiene beneficios penitenciarios relativamente benignos. Y el carácter de delitos de lesa humanidad tampoco les quita acceder a dichos beneficios, pero sí al indulto o a la amnistía, que no son beneficios penitenciarios. De hecho, un ex miembro del grupo Colina, Hugo Coral Goycochea, ha pedido beneficios para cumplir lo que le queda de pena fuera de prisión.

Pero Víctor Robles Sosa es parte interesada en este tema. Hoy, en su blog Reportaje al Perú. Paola Ugaz tiene una serie de datos que señalan las claras filiaciones políticas y conexiones de Robles Sosa:

De acuerdo a fuentes con conocimiento de causa consultadas por el blog Reportaje al Perú, Robles Sosa es asesor externo del Ministro de Defensa, Rafael Rey, además de varios militares, políticos (congresistas y alcaldes) y economistas peruanos.

En su blog, llamado “Politicamente incorrecto” Robles Sosa defiende al general Julio Salazar Monroe, a su jefe Rafael Rey, despotrica del delito de “lesa humanidad”, de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y defiende al sentenciado presidente  Alberto Fujimori, critica a las ongs, …en suma, se embota con la palabra caviar y no nos dice abiertamente que apuesta por el color naranja que encarna el reo Alberto Fujimori y su hija, Keiko Sofía.

Robles no solo no oculta su corazoncito naranja, sino que es un conferencista habitual de Fuerza 2011, la agrupación fujimorista que dirige la congresista, Keiko Sofía Fujimori.

Pero hay un dato más sobre este personaje.

Se trata de una conferencia anunciada en la página web de su ong, que se celebró nada menos que en el Pentagonito el 10 y 11 de noviembre de 2009. El programa de la conferencia tiene entre sus ponentes a políticos de línea bastante dura en temas militares como Lourdes Alcorta y María Luisa Cuculiza, Ántero Flores – Araoz, Edgar Nuñez y Luis Giampietri. La clausura del evento estaba a cargo del propio Ministro de Defensa. Pero llama la atención la mesa final del evento y sus integrantes:

11:00 am. Persecución judicial y seguridad nacional

– Ponente: Señor Víctor Alberto Robles Sosa
Director Ejecutivo de la organización no gubernamental Instituto Paz. Democracia y Desarrollo (IPADES)

Panel: – Congresista Walter Menchola Vásquez
Miembro de la Dirección Nacional del Partido Solidaridad Nacional

– Doctor Marcos Ibazeta Mariño
Ex presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima

– Doctor Iván Torres La Torre
Abogado experto en Derecho Penal

Como vemos, aparecen un congresista cuestionado por ciertas contrataciones de personas de su entorno, un ex magistrado muy activo en la campaña del cuco del terrorismo y un abogado presentado como “experto en derecho penal”, pero que es nada menos que el abogado defensor de Julio Salazar Monroe, condenado a 25 años de prisión por las acciones del Grupo Colina.

Finalmente, hay que tomar en cuenta la alerta que esta mañana dio el general Rodolfo Robles, un militar decente y correcto, acerca del Ministro Rey:

El ministro de Defensa, Rafael Rey, defiende a los generales Julio Salazar Monroe y Juan Rivero Lazo, ex militares vinculados al accionar del Grupo Colina, porque intentaría mantenerse vigente políticamente y buscaría congraciarse con las Fuerzas Armadas, un sector al que ve como una población electoral apetecible, afirmó el general Rodolfo Robles, quien denunció en plena dictadura fujimorista la existencia de este comando de aniquilamiento

“Está absolutamente equivocado, tal vez lógicamente detrás de todo esto estén intereses políticos, realmente se está apoyando en ellos para pedir ahora una nueva orientación de su carrera política, de su nueva campaña, porque [sobre] estos señores [Salazar Monroe y Rivero Lazo], ha quedado probado en el juicio que de alguna manera han sido al correa de transmisión de la conducción del Grupo Colina”, manifestó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“Es posible [que esté utilizando políticamente esto para mantenerse vigente], es un mercado electoral apetecible por los políticos, pensar que van a lograr el voto de 10 mil personas, yo creo que es bastante apetecible para cuestiones políticas, pero a mí me parece que se hace un gran daño al país, utilizando esos argumentos para cimentar una carrera política, eso me parece absolutamente inmoral y repudiable, desde el punto de vista de políticas de Estado. Claro, la politiquería barata se ve con frecuencia en países subdesarrollados”, agregó.

Advertidos estamos.

UN DETALLE PERDIDO DEL CASO KOURI

Si hay un personaje que en el que muchos no habían reparado en el vínculo entre Business Track y Alex Kouri es el actual Jefe de la Oficina de Seguridad Integral de la Región Callao, Carlos Lizárraga Portugal.

Tanto en el diario La República (ver aquí y aqui), como en Prensa Libre y en el Informe de la Comisión Luizar se ha contado por partes la historia de este personaje y su importancia. Por ello, vale la pena resumir las partes más saltantes de esta conexión:

1. EL PERSONAJE: Pertenece a la promoción 1979 de la Marina de Guerra del Perú. Pasó a situación de retiro cuando era capitán de navío.

2. SU TRABAJO EN LA CONTRALORIA: Tal como lo ha referido el ex contralor Genaro Matute, Lizárraga fue contratado como Asesor de Seguridad de la Contraloría General de la República por recomendación de un ex marino que fue compañero de trabajo de Matute en Esan.

Durante la época en que Lizárraga trabajaba para la Contraloría, se investigaba el caso Vía Expresa del Callao, que involucraba al consorcio Convial y a varios funcionarios de la Municipalidad Provincial, dirigida en ese momento por Kouri. Pasaron entonces varios hechos raros:

Conversaciones de Ponce Feijóo y una funcionaria para ver el estado del proceso de Convial. El interés era ver que pruebas se tenían contra Kouri. Recordemos que Ponce no ha negado su amistad con Kouri y que varios integrantes del entorno del candidato aparecen en su agenda personal.

Correos entre Lizárraga y Ponce Feijóo: De acuerdo con el informe del fiscal Walter Milla, hay correos entre ambos personajes con información clasificada.

BTR hizo un barrido electrónico para la Contraloría: Fue en el 2006. Se ha encontrado un correo electrónico de mayo de ese año, enviado de Pedro Grijalba – socio de BTR – a Ponce con el siguiente subject: “RV: Contraloría Gordo Lizárraga, Chito Llamarlo para venta de Barrido y SRDA”.

Las sospechas de Matute: El entonces Contralor se puso en alerta cuando Lizárraga comenzó a hacer demasiadas averiguaciones sobre sus movimientos y ubicación. Por ello, contrató al general Remigio Hernani – quien luego sería Ministro del Interior – para que fuera el jefe de Lizárraga. Las sospechas se corroboraron cuando, días después que la Contraloría emitiera un informe demoledor sobre el caso Vía Expresa del Callao, salió un reportaje en contra de Matute en un programa periodístico.

Las llamadas: Se han ubicado 166 llamadas entre Ponce Feijóo y teléfonos asignados a la Contraloría General de la República.

A fines de diciembre, Matute no renovó el contrato de Lizárraga, quien se fue a trabajar al Gobierno Regional del Callao, cuando Kouri ya había ganado las elecciones.

3. SU TRABAJO EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO: Los cuestionamientos van por la contratación a BTR en 2007 y 2008, para hacer exactamente el mismo trabajo, es decir, supuestamente, barridos electrónicos. En el 2007, el contrato fue por S/. 12,500 y el 2008 por S/. 92,960.

Como señala el informe Luizar, si se ubicaron los mismos defectos de vulnerabilidad informática, debieron implementarse sistemas de seguridad permanentes y no favorecer a la misma empresa. De allí se deduce que lo ocurrido fue un favorecimiento indebido a Business Track.

El informe Luizar, en las recomendaciones aprobadas la semana pasada, señala que Lizárraga debe ser investigado en el Ministerio Público por peculado, colusión, falsificación de documentos, asociación ilícita para delinquir e interceptación telefónica. En este último caso, por el supuesto chuponeo contra el ex presidente regional del Callao, Rogelio Canches.

Como vemos, la situación del entorno de Kouri y la de él mismo parece complicarse, dado que también aparece como pasible de investigación por los casos antes mencionados. Un punto menos a favor del candidato de Cambio Radical, cuyo dueño de membrete sigue menospreciando al electorado.

COTLER Y LA PROXIMA ELECCION

Si hay un científico social en el país con una lucidez a prueba de balas y de pronósticos políticos es Julio Cotler. Para muchos, convertido en un oráculo, para mi, una persona que con el correr de los años se ha vuelto aún más fina en el análisis, de lo que ya era cuando escribió Clases, Estado y Nación en el Perú hace 32 años.

Ayer Cotler estuvo en Prensa Libre y habló claro sobre los 4 candidatos principales para la elección presidencial (Castañeda, Keiko, Humala y Toledo), sobre Bayly como fenómeno político, la posibilidad de un outsider, el uso de Sendero Luminoso para justificar una vuelta al autoritarismo y la campaña municipal.

Los dejo con la entrevista de anoche.

Los regidores de Lourdes

Lourdes flores nano en mitin

La semana pasada, revisamos a buena parte de la lista de regidores presentados por Alex Kouri para la Municipalidad Metropolitana de Lima. Hoy le toca ver a varios de quienes acompañan a Lourdes Flores.

Al igual que quienes acompañan a su competidor, hay de todo como en botica, desde tecnócratas, pasando por gente de su partido, como invitados de varios partidos, entre ellos, hijos de algunos políticos. Aquí, más información relevante para que emita su voto.

Walter Guillén: El candidato a teniente alcalde de Lourdes es un desconocido para la mayoría de nosotros, pero es militante del PPC y regidor de dicho partido en Comas. Si Kouri apostó por una actriz popular, Lourdes va por el militante de base en un distrito popular, seguramente para contrarrestar la imagen de “candidata de los ricos” que le han pegado desde hace tiempo. La nota curiosa es que Guillén terminó siendo opositor del alcalde Miguel Saldaña, quien va a la reelección con el PPC. ¿Habrán resuelto sus diferencias?

Jaime Salinas López – Torres: Es un viejo conocido en política. Su padre, Jaime Salinas Sedó, intentó dar un golpe a Fujimori en 1992 para restablecer la democracia, lo que le costó un breve periodo en la cárcel y el asilo en Argentina. Posteriormente, ya en esta década, ha intentado llegar a la alcaldía de Lima y a la Presidencia de la República, sin resultados, debido a que su propuesta política no cuaja. Ahora es aliado de Lourdes. Curiosamente, había sido voceado por UPP como el candidato municipal para estas elecciones.

José Danós Ordoñez: Es el actual Secretario General de la Municipalidad Metropolitana de Lima y miembro de Solidaridad Nacional. Va como invitado. ¿Continuidad con esta gestión?

Mónica Saravia: Abogada, asesora parlamentaria y militante del PPC. Se hizo brevemente conocida en la campaña del 2006 por estar a favor de métodos anticonceptivos como los preservativos y la Anticoncepción Oral de Emergencia, para alarma y “horror” de Xavier Barrón y Rafael Rey.

Jorge Villena Larrea: Ingeniero Agrónomo y también militante del PPC. Es secretario nacional de Doctrina de dicha agrupación. Labora en la Sub gerencia regional de recursos naturales y medio ambiente de la Municipalidad de Lima.

Pilar Freitas: Militante de Perú Posible y ex superintendenta de Registros Públicos. Freitas salió de la SUNARP peleada con el APRA. En Agencia Perú, denunciaron hace varios años que mientras fue Procuradora del Estado, tenía asiento en 5 directorios de entidades estatales. Los descargos de Freitas los pueden ver aquí. Actualmente, es vicepresidenta de la Fundación Canevaro.

Pablo Secada: Economista e investigador del Instituto Peruano de Economía. Secada se desempeñó como director nacional de Endeudamiento Público en el MEF durante este gobierno. Es egresado de la Universidad del Pacífico.

Luis Castañeda Pardo: Es el hijo de ya se imaginan quien. Sí, del Mudo. Castañeda Pardo ha sido, durante este periodo, regidor en la Municipalidad de La Molina. El Comercio indicó que Castañeda Pardo interviene poco en las reuniones de Consejo y solo lo hace para pedir licencia o ampliación de licencia, es decir, permiso para faltar.

Alberto Valenzuela Soto: Vinculado al sector salud. Fue administrador del Grupo Medex y de Clinica San Judas Tadeo. Actualmente es gerente general de Jockey Salud.

Oscar Ibañez Yagui: Es homónimo del arquero de la U y Cienciano, no confundir. Es abogado y secretario nacional de movilización del PPC.

Jean Pierre Fontanot: Arquitecto. Ganó, junto a su colega Andrea Aramburú, un premio en la anterior edición de Casa Cor en la categoría mejor proyecto de uso público.

Elizabeth Querol: Militante de Perú Posible. Fue viceministra de la Mujer y Prefecta de Lima durante el gobierno de Toledo.

André Romero Sánchez: Otro militante de la chakana, que no llamaría la atención de no ser el hijo de Doris Sánchez, ex ministra y congresista (y defensora a ultranza de Toledo). Es el actual secretario de juventudes de Perú Posible.

Marisol Pérez Tello: Notaria de Lima, postulante al Congreso en la elección anterior, es secretaria nacional de formación del PPC.

César Combina: Ex dirigente estudiantil en la PUCP, pero que, de acuerdo con información brindada por varios alumnos y ex alumnos nunca llegó a completar sus periodos en los que fue elegido como representante por inasistencias. Sorprende y preocupa que en su blog dedique posts enteros a Berlusconi y a personajes de extrema derecha italiana, con términos nada críticos. Combina aclara en un comentario a este blog a que se debió la interupción de su periodo como representante a la Asamblea Universitaria.

Rosario Payet Bedoya: Nieta del líder del PPC. Abogada experta en temas regulatorios, promoción de la inversión privada e infraestructura.

Oswaldo Medina: Sociólogo, profesor en la PUCP y en la Universidad del Pacífico. Ha sido consultor de empresas y ha tenido estudios sobre temas de cultura.

Continuaremos con los demás candidatos en las siguientes semanas.

P.S: El candidato Jorge Villena ha dejado un comentario con más regidores, provenientes de varias zonas de Lima.

ROCA Y EL APRA EN LIMA

Toda una sorpresa fue la elección de Carlos Roca como candidato a la Alcaldía de Lima. Tanto lo fue que las versiones sobre su elección han sido encontradas. Perú.21 informó al respecto lo siguiente:

Lo curioso es que el secretario institucional, Javier Morán, afirma que al candidato lo eligieron con 90 votos, mientras que el secretario general político, Wilbert Bendezú, asegura que Roca obtuvo 130 votos y que Juan Carlos Sánchez (uno de los cuatro precandidatos) apenas consiguió cuatro. Este último expresó a Perú.21 que no participó en dicho proceso.

Hace un par de días, en una entrevista en El Comercio, Javier Velásquez Quesquén dijo que su visión personal era que el APRA no debía presentar candidato en Lima, debido a que la plaza capitalina siempre le fue poco favorable al partido – salvo cuando hubo un balconazo de Alan anunciando el Tren Eléctrico y el Tio George pudo ganar -. De la misma opinión era Mulder.  Es decir, saben que van a perdedor.

Para complicar más las cosas, Carlos Roca es más bien un militante lejano de los dos grandes grupos que han manejado el APRA durante estos años: los jorgistas y los cuarentones. De hecho, en una entrevista de abril de este año, Roca señalaba que la orientación económica del gobierno se debía a “la experiencia traumática del primer gobierno” y a la alianza con sectores conservadores, lo que decía sin poca desazón. Y también está en la línea de los que señalan añoranza por la Constitución de 1979 y por la vuelta “en algún momento” de Agustín Mantilla. Digamos, un aprista de base típico, lejano de las pretensiones de Alan.

Entonces, ¿por qué esta Roca de candidato? Algunas especulaciones las tenía Alvarez Rodrich:

La designación de Roca puede significar varias cosas:  a) que Alan García no pudo persuadir a un mejor candidato para que asuma el papel de bonzo; b) que este no pudo persuadir a los 150 delegados a la convención aprista para elegir a un candidato con más posibilidad; c) que al Apra no le interesa esta elección; d) varias de las opciones anteriores a la vez.

Yo añadiría un argumento más. Al no pertenecer Roca a ninguno de los grupos incinerados con la crisis aprista de hace un mes y medio, tenía menos anticuerpos y ningún anticucho que exhibir en su historial, lo que animó al partido por optar por alguien que había sido, además, candidato en 1998. A ello se suma el hecho que ahora el principal dirigente es Wilder Bendezú, más cercano a las bases limeñas, que andan en la misma onda de “oposición interna con alanismo” dentro de Alfonso Ugarte.

Finalmente, está la explicación de Lauer, que alude a la revindicación personal del propio Roca:

¿Por qué aceptó ser candidato cuando tantos estaban diciendo no gracias? Algo de nueva oportunidad. Algo de revancha partidaria frente al gobierno. Algo de convicción de que candidatear al municipio acumula capital electoral para una nueva curul. Por último algo de gusto por la plaza pública y los desafíos de la oratoria.

Lo cierto es que, frente a dos candidaturas bien posicionadas y grupos más pequeños con candidatos haciendo campaña desde enero, lo cierto es que Roca parece ser una candidatura más por cumplir o para ser el furgón para que al menos algún regidor cercano a Jorge del Castillo – varias fuentes hablan de su hijo Miguel, recordado por el caso RBC, o su nuera Patricia Lozada, ex conductora de televisión, como posibles cabezas de listas de regidores – pueda tener presencia en el Consejo Metropolitano.

¿Ocurrirá lo mismo para la candidatura presidencial del APRA?

LAS AMNISTIAS INACEPTABLES

En los últimos tiempos, la palabra amnistía se ha mencionado mucho. La pronuncian los senderistas como parte de su movimiento de fachada y pretenden ampliarla hasta Fujimori. La dicen Correo, Expreso y La Razón para favorecer a militares procesados por violaciones de derechos humanos. Y la han señalado Armando Villanueva y Javier Valle Riestra a favor de los miembros del MRTA.

Creo que en estos tiempos hay que ser claros y directos: las amnistías para violadores de derechos humanos, sean miembros de organizaciones subversivas o agentes del Estado, son inaceptables. Y quienes las propician, no buscan la reconciliación, sino que tienen como objetivo central la impunidad. Con el pretexto del perdón, o sacando alguna justificación de la manga del estilo “presos políticos” o “la pacíficación”, se pretende que gente que ha delinquido y cometido crímenes abominables quede libre o ya no sea juzgada.

En el contexto peruano, la Comisión de la Verdad y Reconciliación ha sido clara y tajante en negar esta posibilidad. De un lado, se ha señalado su inviabilidad ética y jurídica para los miembros de Sendero Luminoso (cuestión que se extiende al MRTA, por cierto):

Respecto de la amnistía, sólo cabe señalar que los miembros del PCP-SL han sido condenados por la justicia por sus crímenes. Cualquier pretensión de aplicar una política de amnesia, olvido o amnistía por parte del Estado en su beneficio vulnera el principio de la justicia. El planteamiento del “borrón y cuenta nueva” respecto de los crímenes cometidos no es posible para nadie. El principio de la reconciliación se funda en la justicia y no en la impunidad. De ese modo, no sólo los militantes del PCP-SL deben pagar por sus crímenes, sino todo aquel que los ha cometido. Nadie está por encima de la justicia y nadie tiene licencia para torturar o asesinar a aquél que está en situación de indefensión. La reconciliación exige, en este caso concreto, que el senderismo pague por sus crímenes.

En el caso de miembros de las Fuerzas Armadas y agentes del Estado en general, se indicó lo siguiente:

En el Perú no todos están de acuerdo con el esclarecimiento de la verdad y la reconciliación porque se piensa que ambas pueden desestabilizar el régimen político abriendo conflictos irresolubles entre la sociedad civil y el Estado –y entre sus autoridades políticas y las Fuerzas Armadas y Policiales. Algunos desconfían, asimismo, de la “verdad” que se pretende haber esclarecido y la suerte de “reconciliación” que se propone. Por ello es necesario definir el sentido que tiene el concepto de “reconciliación” en el marco del mandato de la CVR. Para ella, en efecto, ni la amnistía, el canje o la impunidad son mecanismos o instrumentos válidos para estabilizar y fortalecer la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho. Por el contrario, la CVR considera que dichos mecanismos los debilitan, empobrecen y profundizan la desconfianza ya existente en amplios sectores del país respecto del ejercicio de la justicia por parte del Estado.

Pero no solamente hay fundamentos éticos o de justicia elemental en el fondo de este razonamiento. Hay también importantes precedentes jurídicos que sustentan esta posición.

En el 2001, a partir del caso Barrios Altos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que es improcedente la amnistía para graves violaciones de los derechos humanos. Esta sentencia tiene carácter general y ha sido citada posteriormente por la propia Corte como por tribunales nacionales para poder dejar sin efecto las amnistías de sus respectivos países. Por tanto, en el Perú y América Latina hay toda una línea jurisprudencial, nacional e internacional, que señala la improcedencia de las amnistías para estos casos.

Pero en ámbitos más amplios, también se han dictado sentencias internacionales en contra de amnistías contra crímenes que implican graves violaciones de derechos humanos. El caso más célebre es el del Tribunal Especial para Sierra Leona, que anuló la amnistía otorgada dentro del Acuerdo de Paz de Lomé para crímenes de guerra y de lesa humanidad. Esto ha permitido que se condene a agentes no estatales por este tipo de crímenes, a pesar de las limitaciones del contexto judicial de dicho país africano.

Por tanto, senderistas, diarios pro “mano dura”  (o abiertamente fujimoristas) y apristas desatinados yerran cuando propugnan que una ley ponga “borrón y cuenta nueva” a los crímenes cometidos. Los mismos deben ser sancionados. El país no se reconcilia sobre la base de la impunidad. Que quede claro.

(Caricatura de Carlín para La República)

BTR: ULTIMAS NOVEDADES

Cuando parecía que el caso Business Track no quedaría más que para la anécdota, la semana pasada, el fiscal Walter Milla presentó las conclusiones de su indagación fiscal sobre el espionaje telefónico.

La República ha venido presentando reportajes sobre el tema (ver aquí, aquí y aquí) en las que presenta tanto las novedades como los vacíos en este trabajo. Aquí un resumen punto por punto:

1. No se ha detectado a los financistas de modo fehaciente: De hecho, el fiscal Milla ha pedido una ampliación de la investigación en ese aspecto. Si bien varias de las pistas apuntan a que empresas ligadas al mercado del cemento tuvieron mucho que ver, la amplitud de espiados denota la variedad de clientes de BTR.

2. Los posibles delitos de los chuponeadores: El Fiscal Milla ha señalado los siguientes posibles delitos:

La Fiscalía también considera que Elías Ponce Feijóo y los demás directivos de BTR deben ser investigados por delito contra la libertad personal (seguimiento y reglaje de diversas personas), delito informático agravado (robo de bases de datos), hurto de espectro electromagnético de las radiocomunicaciones de los serenazgos de diversos distritos limeños.

Además, que sean investigados por delito contra el Estado y la Defensa Nacional y violación de la soberanía de países vecinos.

Ojo con esto, pues por el delito de espionaje telefónico tiene penas muy bajas, pero el delito contra la Defensa Nacional implica una pena de 12 años. Esto le complica la situación a los integrantes de BTR.

3. Espionaje político: Entre el material encontrado se confirma el espionaje a Ollanta Humala, pero también hay conversaciones de Lourdes Flores, ambos de la campaña del 2006. Recuerden el supuesto ayudín de Ponce Feijóo a Alan en dicha contienda electoral.

También se confirma el espionaje a los llamados movimientos bolivarianos, que calza con las exposiciones de Giselle Gianotti sobre este tema. Y también grave es el seguimiento a Marco Arana por parte de BTR, realizado en la misma época que Forza hacia lo mismo con el entonces sacerdote y hoy líder de Tierra y Libertad. (Ojo con los vínculos entre Forza y BTR, que es una pista clave). Aquí la pista más parece ir sobre quienes querían incentivar algunos cucos, sea con fines económicos o políticos.

También hay otros políticos pertenecientes al fujimorismo que fueron espiados.

4. Abogados espiados: Aquí hay de todo:desde el ex gerente legal de Petrotech Alberto Varillas – ¿y los que decían que por aquí venía el chupón? – pasando por varios abogados de los Estudios Aurelio García Sayan y Souza & Nakasaki, así como de otras entidades que asesoran empresas. Aquí hay otra veta de investigación: ¿que lleva a espiar a asesores jurídicos de empresas top y de personas vinculadas a grandes casos de corrupción (como en el caso de Nakasaki)?

5. Del Castillo otra vez: Una pista que también convendrá explorar es un correo enviado por Fortunato Canáan a Rómulo León Alegría para supuestamente dar fondos a Jorge del Castillo con miras a una futura campaña electoral en el 2011. Del Castillo ha negado haber recibido fondos con este fin.

Como vemos, hay harto por dilucidar. Dato final, el fiscal Milla señala que, más que manipulación de USBs de Gianotti, hubo un cambiazo. Dónde se produjo es otra de las preguntas que aún no tiene respuesta.

SAN MARCOS: PROVOCACION E INTELIGENCIA

Un tema que se ha comentado durante buena parte de la semana es la aparición de un video en el que algunos alumnos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos piden la amnistía para Abimael Guzmán y demás miembros de Sendero Luminoso en prisión. El video, sin duda, ha causado impacto, reacciones destempladas y la condena compartida ante actos que son inaceptables.

Pero creo que más allá de la indignación – que comparto – conviene tener claro de que hablamos y como debemos enfrentarlo. Analicemos lo ocurrido en pocos puntos.

1. La marcha no es apología del terrorismo: Equivocadamente se ha dicho que con la sentencia del Tribunal Constitucional quedó anulado el delito de apología al terrorismo. Es cierto que ya no existe como modalidad independiente, pero actualmente es una modalidad agravada de la apología del delito, contemplada en el tercer párrafo del artículo 316° del Código Penal:

Si la apología se hace del delito de terrorismo o de la persona que haya sido condenada como su autor o partícipe, la pena será no menor de seis ni mayor de doce años. Además se le impondrá el máximo de la pena de multa previsto en el artículo 42 e inhabilitación conforme a los incisos 2, 4, y 8 del artículo 36 del Código Penal

Dentro de estos parámetros, la marcha raleada de hace unos días constituye una estupidez y un hecho reprobable en términos éticos y políticos, pero no un delito. Pedir la liberación de un delincuente comprobado no encaja dentro del tipo penal, como intentó decir el Presidente de la República. De hecho, si fuera así, los conspicuos apristas Armando Villanueva y Javier Valle Riestra deberían estar presos por pedir amnistía para la gente del MRTA. Ojo que Valle Riestra la ha ampliado incluso a algunos miembros de SL.

2. No se puede amnistiar a senderistas: Asi como se es claro en que aquellos militares que cometieron violaciones de los derechos humanos no pueden ser amnistiados, también cabe señalar lo mismo a Sendero Luminoso. Recordemos que se viene reconociendo que los agentes no estatales también están obligados a respetar los derechos humanos.

Asimismo, de acuerdo con las reglas del Derecho Internacional Humanitario, los asesinatos, matanzas, atentados terroristas cometidos por los miembros de Sendero Luminoso constituyen infracciones graves de este cuerpo y existe la obligación de los Estados de procesarla y sancionarla.  Asimismo, hay reciente jurisprudencia internacional que cierra las puertas a amnistías para agentes no estatales.

Finalmente, la propia Comisión de la Verdad y Reconciliación rechazó tajantemente una amnistía a favor de Sendero Luminoso:

Respecto de la amnistía, sólo cabe señalar que los miembros del PCP-SL han sido condenados por la justicia por sus crímenes. Cualquier pretensión de aplicar una política de amnesia, olvido o amnistía por parte del Estado en su beneficio vulnera el principio de la justicia. El planteamiento del “borrón y cuenta nueva” respecto de los crímenes cometidos no es posible para nadie. El principio de la reconciliación se funda en la justicia y no en la impunidad. De ese modo, no sólo los militantes del PCP-SL deben pagar por sus crímenes, sino todo aquel que los ha cometido. Nadie está por encima de la justicia y nadie tiene licencia para torturar o asesinar a aquél que está en situación de indefensión. La reconciliación exige, en este caso concreto, que el senderismo pague por sus crímenes.

3. No estigmaticemos a San Marcos: Este es un grupo minoritario y, por tanto, no puede achacarse a todos los que estudian en esa casa de estudios el sanbenito de revoltosos o terroristas. De hecho, pueden ver en un video de La Mula como varios miembros de la comunidad universitaria rechazan la presencia senderista. Lo mismo en un pronunciamiento de estudiantes de Derecho y en un comunicado de profesores de la Facultad de Ciencias Sociales

Y tampoco se podía decir lo mismo en la época más fuerte del conflicto. Revisen el Informe Final de la CVR o el blog sobre San Marcos en los 80s para que vean como Sendero era un grupo minoritario en número, pero que fue realmente nefasto para la universidad pública en general.

4. Esto es producto de un Rectorado francamente inepto: Pues hace rato venimos reiterando desde aquí, como en otros sectores, que la desastrosa gestión del actual Rector de San Marcos, Luis Izquierdo, le ha permitido ganar espacios a Sendero Luminoso, tanto por la demora en obras como el comedor universitario, como por el propio juego con los operadores políticos.

Como han venido señalando profesores y ex autoridades de dicha universidad, con los fines de mantenerse en el cargo, Izquierdo ha terminado pactando con medio mundo y haciendo demasiadas concesiones, entre ellas, por cierto, con los sectores más radicales.

5. Intervenir militarmente la universidad no es efectivo: Peor aún, le terminará haciendo el juego a Sendero. Como señala Roberto Bustamante:

Lo de San Marcos ha sido claramente una provocación, y si algo sabemos de las provocaciones políticas es que lo que buscan es que el debate se caiga al suelo, que no se discuta, y que más bien todos estemos atemorizados o expectantes. ¿Qué buscan los que han hecho este clarísimo acto de provocación? Una reacción violenta. Lo han hecho antes, lo hacen ahora, y así buscarán decir “teníamos la razón”. Been there, done that.

La lógica de Sendero siempre ha sido la de la provocación, para así esperar una respuesta aún más violenta de parte del Estado y así poderse presentar como “víctimas del Estado genocida”. Los sucesos de los penales en 1986 son el más claro ejemplo de hasta donde nos llevó una provocación senderista y es algo que Alan debería tener en cuenta. Por tanto, meter tanques como ayer lo proclamó no solo es poco efectivo, sino que resulta siendo la muestra que el Presidente, en estas cosas, no ha aprendido absolutamente nada.

6. ¿Cuál es la respuesta a dar? Va en tres flancos:

a) Un trabajo de inteligencia que permita vigilar las actividades de quienes están realmente involucrados en estos hechos.

b) Un fuerte trabajo político. Comenzando por los sanmarquinos, en el modo que sugiere el Morsa, “enmendarles la plana, en los pasillos, en las aulas, en las paredes, en los patios”. Y también pasa porque los partidos democráticos hagan lo mismo. ¿Dónde están las juventudes del APRA, PPC, AP, Partido Nacionalista y demás?

c) La preocupación que debe tener el Estado por las universidades públicas. En este gobierno, poco preocupado por la educación universitaria, han crecido el número de universidades públicas y privadas sin calidad, las universidades públicas han sido desatendidas en presupuesto y organización y no contamos con una Ley Universitaria para estos tiempos. Aquí tiene responsabilidad la bancada aprista, que ha bloqueado cualquier intento de reforma, lo mismo que el Ministro de Educación, curiosamente, dueño de una universidad privada.

Frente a la provocación, se debe plantar inteligencia, claridad y cabeza fría. Y sobre todo, política y políticas públicas. Esa es la lección que parece no hemos aprendido.

MAS SOBRE EL TEMA:

Rocío Silva Santisteban: Basta ya de estereotipar a los sanmarquinos

LOS REGIDORES DE KOURI

Ayer Alex Kouri presentó su lista de regidores para la Municipalidad Metropolitana de Lima, algunos de los cuales ya habían sido anunciados el domingo último, con algunas sorpresas políticas y mediáticas.

Roy Palomino de La Mula publicó buena parte de la lista. Yo por mi parte he buscado información sobre la mayoría de los postulantes presentados, así que aquí tenemos un who is who en la lista de regidores de Alex Kouri. Ojo que aquí la información es importante, dado que al votar por el candidato a la alcaldía metropolitana, también lo hacemos por quienes ocuparan el cargo de regidores.

Yvonne Hilda Melanie Frayssinet Gaviria: Ustedes la conocen simplemente como Yvonne Frayssinet y por su reconocido trabajo de actriz en cine, teatro y televisión. El rol que le ha dado más popularidad en los últimos años es el de Francesca Maldini, la matriarca del clan pituco en Al Fondo Hay Sitio, serie dirigida por el actual regidor metropolitano Efraín Aguilar. La actriz fue convocada la semana pasada al equipo de Kouri y, hasta el momento, ha preferido mantenerse lejana de las denuncias sobre el líder de su lista. Cabe señalar que su esposo, Marcelo Oxenford, es subgerente de Protección del Medio Ambiente en la Región Callao y ambos han tenido temporadas en el Teatro Municipal del Callao.

Carlos Clemente Aguilar Contreras: Es el actual secretario general de la Confederación de Trabajadores en Mercados y Comercio del Perú. Anteriormente ha tentado suerte en política en dos agrupaciones distintas: en el 2001, fue candidato al Congreso por Proyecto País, mientras que en el 2006 lo hizo por Alianza Para el Progreso, el partido del alcalde de Trujillo, César Acuña Peralta.

Fernán Romano Altuve-Febres Lores: Altuve ha sido cercano a la campaña de Kouri desde su inicio. Como lo mencionamos en el reportaje que preparamos para la revista Ideele, Altuve ha participado en la selección de los postulantes para las alcaldías distritales. El candidato a regidor postuló por Vamos Vecino a la alcaldía de San Isidro en 1998, fue congresista fujimorista en el 2000, visitó según confesión propia 14 veces la salita del SIN, se peleó con Keiko Fujimori – aunque sigue pensando que estuvo bien el golpe del 5 de abril de 1992 –  y estuvo en la elección pasada cercano a Antauro y Ollanta Humala.

Un dato anecdótico es que en el 2002 tuvo una disputa verbal pública con Javier Ocampo, esposo de la ex congresista fujimorista Martha Chávez, quien hoy también está en la lista de regidores de Kouri. ¿Habrán limado asperezas?

Ángel Andrés Arbañil Villar: Repaso lo que dice su presentación en Blogger:

Ex servidor Municipal, coordinador parlamentario del congresista Rafael Rey, asistente del Ministro de la Produccion Ing. Rafael Rey, asesor del Instituto Pro Educaciòn, Miembro del CEN de Renovacion Nacional, delegado de Lima Metropolitana de Renovacion Nacional.

En efecto, este señor maneja, conjuntamente con otras personas, un blog que reproduce noticias vinculadas al actual Ministro de Defensa. Y resulta curiosa su presencia, dado que Renovación Nacional no participará con candidatos propios en estas elecciones. De hecho, eso hizo que Antonio Meier no postulara a la reelección en San Isidro.

José Barba Obando y Martha María Obando Morgan: Son, respectivamente, hijo y cuñada de José Barba Caballero, el dueño del “vientre de alquiler” por el que postula Kouri. Es decir, el peaje que le cobra el ex congresista por prestar su membrete. No se conoce más sobre ellos.

Óscar Alfonso Butteler Hernández: Estuvo bastante cercano a UPP en las elecciones presidenciales pasadas y hay varios registros de él en Internet dando conferencias como experto en temas de gestión municipal. Incluso tiene un libro sobre esta materia.

Ever Cueva Cáceres: Es el actual vicepresidente de la Región Callao y es Secretario de Organización y Comisión Política de Chim Pum Callao. Es decir, es hombre de entera confianza del candidato.

Deborah Inga Zapata: Aparece como miembro de una red de jóvenes líderes y emprendedores y es de profesión periodista. El dato curioso es que su hermana, Perú Inga, postula a la alcaldía de La Molina por una lista independiente que se enfrentará al candidato de Kouri en ese distrito, el actual alcalde Luis Dibós. Fue jefa de prensa de Antauro Humala.

Héctor John Caro: Ex jefe de la DINCOTE, solicitado por los directores de medios menos proclives a la causa de los derechos humanos cada vez que hay un ataque de Sendero Luminoso. Basta leer sus declaraciones para entender porque. John Caro fue testigo de la defensa de Fujimori en el juicio por violaciones de derechos humanos.

Gustavo Adolfo Ríos Eslava y Lizzi del Rocío Sueldo Matos: Estos dos personajes tuvieron algún tipo de vinculación con Fujimori en el pasado reciente. Como señalamos al indicar los visitantes de Fujimori en su prisión, Ríos Eslava era el blogger de los Fujimori. De sus bitácoras, la más activa era La Voz de Keiko, que intenta relevar las actividades de la hija del sentenciado. Y digo era porque no se actualiza desde bastante tiempo. Este personaje fue redactor de la revista pro-fujimorista Gente, que, ahora, es pro Alan. En el caso de Sueldo Matos, Caretas registró que esta abogada presentó y luego intentó retirar un amparo en favor de la candidatura de Fujimori en el 2005.

Laura del Carmen Tacchino del Pino: Fue candidata por el Frente de Centro al Congreso en el 2006 y militó en Somos Perú. Su esposo, Carlos Bringas, es candidato a la alcaldía de Jesús María por Cambio Radical. Su hermano, Angel Tacchino, ex alcalde de Pueblo Libre, actual funcionario en la Municipalidad Metropolitana de Lima en esta gestión y postulará como independiente a la alcaldía de San Borja. Curiosamente, Kouri no ha presentado a ningún postulante en este distrito.

Luis Enrique Tord Romero: Es actual regidor metropolitano por las filas de Solidaridad Nacional e historiador. Ha pedido permiso a su partido para postular. Tord también estuvo en las filas de Coordinadora Democrática, la agrupación de José Barba Caballero en los 90s.

Vanessa Quiroga Carbajal: Fue una de las víctimas del cruel atentado de Tarata, perpetrado por Sendero Luminoso, en julio de 1992.

A lo largo de la campaña, haremos el mismo trabajo con las demás listas metropolitanas. Conocer a los equipos de trabajo es necesario para tener un voto más responsable.

Doe Run: un complicado lío

Quien escribe este blog es de los convencidos de la importancia de la inversión privada y también de la actividad minera, para la generación de recursos en nuestro país. Sin embargo, ello no significa que, en nombre de ambas ideas – ciértamente importantes para el Perú – se tolere que una empresa privada se burle de las leyes peruanas y de las autoridades.

Este es el caso de Doe Run, una empresa que ha hecho de la burla al Derecho y a la institucionalidad el principal sustento de sus actividades. Augusto Álvarez Rodrich resume bien el problema existente con una empresa que ni siquiera es tolerada por sus pares:

‘Esto’ significa, en este caso, el incumplimiento de un conjunto de obligaciones tributarias y ambientales que han acabado por derrumbar cualquier atisbo de credibilidad de Doe Run en el gobierno, en los acreedores, en la comunidad preocupada por el cuidado del ambiente, en el sector empresarial y, en general, en el país. Esta compañía ya ha sido expulsada de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.

La deuda acumulada por Doe Run con la Sunat es de S/.760 millones y las obligaciones impagas con proveedores suman alrededor de US$110 millones, mientras que, en el plano ambiental, se sigue postergando el cumplimiento cabal del PAMA, el cual requiere una inversión de unos US$150 millones.

El replanteamiento de todas estas obligaciones se ha venido negociando a través de sucesivas postergaciones. El nuevo plazo en el que la empresa debería reiniciar la operación y asegurar el cumplimiento de todas sus obligaciones vence en apenas cinco semanas, pero ya se prevé –por los comunicados que ha difundido Doe Run– que esto no se hará efectivo.

De hecho, Doe Run ha procurado ganar harto tiempo en cada negociación, con la anuencia de autoridades políticas que contrariaron a lo que los técnicos del Ministerio de Energía y Minas han venido señalando desde hace mucho tiempo (con negociación del Tio George incluida). En realidad, la visión política fue nula, como comentó Ricardo Uceda para Poder:

Hasta el final de la crisis, y aun ahora, el gobierno no tuvo en su poder estados financieros detallados ni auditados de Doe Run. Nunca hubo un plan B en serio, un estudio minucioso de una alternativa distinta a la postergación. A lo más, el ministro del Ambiente, Antonio Brack, ha reconocido que la refinería habría que cerrarla, y que eso cuesta 500 millones de dólares.

–Doe Run está tres pasos adelante del gobierno –dice el ex ministro de Energía y Minas, Jaime Quijandría. Añade que los mismos ministros no tuvieron una posición coherente ante la empresa. “El Ministerio de Economía la ayudó. Del Ministerio de Energía y Minas nunca supimos qué quería. Y el Ministerio del Ambiente entraba y salía del tema según la ocasión”.

Para agravar más las cosas, están los temas ambientales y laborales. La ciudad donde opera Doe Run, La Oroya, es una de las cinco más contaminadas del mundo. Si bien es cierto que muchos de los pasivos ambientales vienen de la época en que operaba el Estado la actividad minera, lo cierto es que la empresa de Ira Rennert se ha hecho consuetudinariamente la loca con el cumplimiento del PAMA y de otras obligaciones de este tipo.

Pero al mismo tiempo, cada cierto tiempo, los trabajadores de Doe Run se van al paro y bloquean la Carretera Central, porque la actividad principal alrededor de la cual gira sus vidas es la minería en las condiciones deplorables ya mencionadas. Y así, mientras la gente de Doe Run pasaba harta plata como utilidades a Estados Unidos y colocaba avisos millonarios en varios medios, seguían reventando a la gente a la que emplean contaminando sus pulmones y azuzando cada paralización.

¿Y las soluciones? Algunas de las posibles las planteó El Comercio en un editorial de hace unos días:

Esto no puede continuar. En concordancia con lo que establece la ley, debe convocarse a la junta de acreedores de la empresa para el cumplimiento de las obligaciones pendientes. Como se ha informado, Doe Run adeuda al Tribunal Fiscal, a la Sunat y a otros proveedores.

En segundo lugar, si esta junta no es viable, correspondería al Estado buscar otros mecanismos de solución, acorde a su papel supletorio dentro de una economía social de mercado.

Finalmente, si estas posibilidades tampoco prosperan, la refinería tendría que ser cerrada, como ha señalado el presidente García, pero para proceder a una nueva concesión o privatización que permita que otra empresa se haga cargo de La Oroya.

Con lo que hay que tener mucho cuidado es una intervención directa o una compra de la empresa. ¿El motivo? Lo advierte también El Comercio:

La decisión de la empresa Doe Run, de poner cada vez más condiciones para dilatar la reanudación de sus operaciones en el Complejo Metalúrgico de La Oroya, escondería una intención: obligar al Estado Peruano a intervenir la empresa o a comprarla, para evitar mayores conflictos sociales.

Esa sería la mejor salida para la empresa y su principal accionista, Ira Rennert, que de esa manera se librarían de todas sus deudas y responsabilidades —que superarían los US$1.100 millones— y, además, podría cobrar los seguros que protegen a las transnacionales de la intervención estatal.

Por tanto, el gobierno tendrá que hilar bastante fino para evitar que una empresa se siga burlando de los peruanos y para que las leyes en el Perú se cumplan. Es inaceptable que Doe Run siga jugando a sacarle ventajas al Estado.