Abusos contra menores: hora de una CVR

Abusos

En 2013, Australia conformó una Comisión Real para investigar las responsabilidades institucionales frente a los abusos sexuales contra menores de edad. Hasta diciembre de 2017, este grupo de trabajo indagó cómo escuelas, iglesias, clubes deportivos, instancias de gobierno y otras entidades respondieron frente a denuncias en este tipo de casos.

La Comisión recogió testimonios para identificar las fallas en los sistemas de estas instituciones frente a denuncias de abusos, con miras a plantear cambios legislativos y modificaciones en políticas públicas. También se brindó espacios para que las víctimas relataran sus experiencias, así como para recoger sus necesidades de apoyo, defensa legal y reparación frente a estos hechos. El recojo de información, mediante citas privadas y envío de comunicaciones, estuvo sujeto a protocolos escritos. Se realizaron audiencias públicas sobre casos institucionales.

Este viernes 15 de diciembre, la Comisión Real emitirá su informe final, que contendrá tanto los datos recogidos como una serie de recomendaciones dirigidas al estado australiano para una mejor atención de estas denuncias, así como un mejor trato hacia las víctimas de abusos. Durante su trabajo, este equipo fue emitiendo informes parciales de casos, que daban cuenta de la magnitud del problema.

La experiencia australiana, así como nuestro propio camino en la justicia transicional, ha llevado a que algunas personas sugieran la necesidad de un grupo de trabajo similar al creado en Oceanía para nuestro país. Me sumo a la idea por los siguientes motivos.

En primer lugar, porque los hogares y escuelas peruanos son un espacio de violencia para los menores. Según la Encuesta Nacional de Hogares 2015, 81.3% de adolescentes y 73.8% de niños entre 9 a 11 años han sido víctimas de violencia física o psicológica alguna vez en su vida. Asimismo, el 34.6% de adolescentes indica que ha sido víctima de violencia sexual, incluyendo bromas de contenido sexual, tocamientos indebidos y visión forzada de pornografía.

En segundo término, recientes denuncias dan cuenta de un problema que atraviesa a todos los sectores sociales. Los abusos en el Sodalicio de Vida Cristiana y las denuncias sobre tocamientos presuntamente ejecutados por el educador Juan Borea han conmovido a nuestras élites, así como la reciente revelación hecha por el periodista Pedro Salinas sobre un caso sistemático de violación al interior de los Scouts. En los noticieros, es frecuente la aparición de casos de este tipo en los sectores socioeconómicos más pobres.

Tercero, es momento que el Estado y la sociedad asuman que estamos ante un problema grave. Un signo de la poca importancia que damos a este tema está en el hecho de que el Congreso de la República no nombre hasta ahora a los miembros de la comisión investigadora sobre abusos a menores, sin protesta alguna. Y es claro que, dado el estado actual de nuestra representación parlamentaria, se espera poco de este grupo de trabajo.

Por tanto, resulta indispensable que el Poder Ejecutivo haga suya esta iniciativa. Es momento que el Estado peruano cumpla con su obligación de proteger a quienes necesitan de más cuidado en nuestra sociedad. Y, para ello, resulta necesario, dar la oportunidad a las víctimas de hacer sentir su voz y que todo el país conozca la verdad sobre un problema que nos afecta a todos. En Palacio de Gobierno tienen la palabra.

(Publicado originalmente en el diario La República)

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