EL FUJIMORISMO: MAS ALLA DE SU CAMBIO DE NOMBRE

Esta semana Keiko Fujimori volvió al primer plano de la política. No solo por sus opiniones acerca del primer año de gestión de Ollanta Humala sino, principalmente, por el enésimo cambio de nombre de su partido a Fuerza Popular, quizás el primer intento relativamente serio de quitarle algo de la marca “Fujimori” a su agrupación.  ¿Es así?

Una primera lectura podría dar una respuesta afirmativa. Luego de 20 años, el fujimorismo dejaría de lado una sucesión de agrupaciones con fines estrictamente electorales – membretes en sentido estricto – para por fin construir una agrupación que busque permanecer más allá del retiro de su fundador o, incluso, de su desaparición física. Cuestión realmente complicada para un grupo cuya identificación con su líder histórico puede llegar a niveles casi fanáticos.

El nuevo nombre, Fuerza Popular, alude a la identidad fujimorista construída durante el último decenio, basada en el recuerdo de los supuestos logros en seguridad del decenio fujimorista – muchas veces, sin importar los costos – así como a los programas sociales emprendidos en los sectores más populares y que han permanecido en la memoria durante más de una década. Como señaló Carlos Meléndez en diciembre del año pasado, se termina asociando clientelismo con Estado y autoritarismo con autoridad.

Sin embargo, el cambio de nombre del fujimorismo no resuelve sus problemas de fondo. Más que su democratización – coincido con Eduardo Dargent en que la misma no se dará en el mediano plazo, pues su lectura de las últimas elecciones es que “casi ganaron siendo abiertamente autoritarios” -, el tema está precisamente en su identidad y en qué hacer con su capital político. Sin duda Martha Chávez compartiría la interpretación del nombre de su partido que he dado arriba y apostaría por una visión mucho más dura del fujimorismo. El problema está en que Jaime Yoshiyama – y sus técnicos seguidores – no comparten esa visión.

Ayer en “La Hora Loca”, Augusto Álvarez Rodrich señalaba que el cogollo de Keiko quería convertirla en una Lourdes Flores y que la distancia no solo se encontraba en los años que separan a ambas lideresas políticas. De hecho, la disputa Santiago Fujimori – Jaime Yoshiyama, expresada al inicio de la última campaña electoral, también refleja las tensiones en el fujimorismo: apostar por una derecha popular que mire más hacia el interior del país o desbancar al Partido Popular Cristiano de su lugar en la capital.

En la reciente reedición de su libro sobre Fujimori, el politólogo japonés Yuzuke Murakami contó un hecho sintomático: Yoshiyama paralizó los viajes al sur del país de la candidata, con lo que perdieron tiempo valioso y un electorado que, en principio, les era atractivo. En esa misma línea está la instalación de un instituto a modo de think tank partidario para los técnicos fujimoristas encabezados por el ex ministro de la Presidencia.

Creo que el fujimorismo tampoco vislumbra que el escenario hacia el 2016 le puede ser más complicado. Si bien el centro puede tender a fragmentarse – dependiendo como se muevan Toledo, AP y el PPC en los siguientes años -, no han caído aún en la cuenta que Alan García les estará disputando el espacio conservador, con menos cuestionamientos sobre su defensa del empresariado y acerca de sus credenciales democráticas.

A ello se suma, como mostró Meléndez hace dos semanas, las posibles jugadas clientelistas dadas desde el humalismo, que podrían quitarle algo de base al fujimorismo. Si bien los ministerios sociales están siendo manejados por figuras de perfil técnico antes que político, la gran cantidad de programas sociales enunciados (y anunciados) en el último mensaje augura que la “inclusión social” se vincula no solo a su focalización y puesta en práctica en paquete en las zonas rurales, sino también en su mayor explotación en la propaganda oficial, como ya se ha visto desde mediados de julio.

Por ello, el cambio de nomenclatura en el fujimorismo no termina de solucionar su agenda pendiente, que es mucho más compleja que el nuevo membrete que utilizarán para el 2016.

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LA IMPUNIDAD ASCIENDE

La sentencia dictada por la Sala Penal Permanente en los casos Barrios Altos, El Santa y Pedro Yauri, cometidas por el Destacamento Colina, no es solo el resultado de un pésimo razonamiento jurídico del colegiado encabezado por Javier Villa Stein. También resulta la expresión de un problema mayor: la creciente impunidad en casos de derechos humanos ocurridos entre 1980 y 2000.

Es cierto que se han producido sentencias condenatorias importantes en estos años. Las cúpulas de Sendero Luminoso y del MRTA han sido sancionadas en democracia con penas bastante altas, absolutamente merecidas por el daño que causaron con sus acciones a miles de peruanos. También es cierto que algunos casos de vulneraciones a los derechos fundamentales cometidas por agentes del Estado han merecido castigo efectivo. Y el proceso judicial contra Alberto Fujimori demostró que, cuando quiere, el Poder Judicial puede abordar procesos complejos con éxito.

Pero esta no ha sido la norma. Durante los últimos años, la Sala Penal Nacional ha tenido más de una decena de sentencias absolutorias que, posteriormente, han tenido que ser corregidas por la Corte Suprema de Justicia por una sola razón: inadecuada valoración de las pruebas. La consecuencia: los juicios orales se han tenido que volver a repetir en la mayoría de estos procesos.

Esta tendencia correctiva de la Corte Suprema, sin embargo, se ha perdido en los últimos meses. La absolución de cuatro oficiales del Ejército en el caso Pomatambo y Parcco Alto, en el que se demostró la ocurrencia de violaciones a los derechos humanos en dichas localidades en 1986, o la inexplicable exclusión de la Marina de Guerra como tercero civil responsable en la sentencia del caso Indalecio Pomatanta (un joven quemado vivo en 1995), a pesar que un oficial de la institución fue condenado por estos hechos, demuestran una peligrosa tendencia valoratoria en al menos una sala penal del máximo organismo de justicia. Adivinen quien presidía el colegiado que emitió ambas sentencias.

A ello se suman otros hechos. La Sala Penal Nacional ha sido víctima de su propio éxito inicial. Hoy es un colegiado especializado en criminalidad organizada de todo tipo, desde tráfico ilícito de drogas hasta casos de corrupción, dejando en un cuarto plano los casos de violaciones de derechos humanos. Mientras que los fiscales requieren mayor nivel de precisión en la construcción de sus acusaciones (lo que sí ocurrió con los casos de Colina), la parte civil, representada por organizaciones de defensa de derechos humanos, debe ser más proactiva en la colaboración con el Ministerio Público para la presentación de pruebas y doctrina para resolver estos casos.

¿Cómo resolver estos problemas? Más que héroes, se requiere un trabajo institucional y pedagógico con los magistrados. Y desde la sociedad, sobre todo desde Lima, se debe comprender más la necesidad de sanción en estos casos. Estos horrores afectaron a los peruanos con menores posibilidades de acceder a la acción efectiva de un estado indiferente. La justicia efectiva también es inclusión social.

(Columna publicada en El Comercio el 27.07.2012)

MAS SOBRE EL TEMA:

Cuarto Poder: Más yerros en casos de violaciones de derechos humanos cometidos por la Sala presidida por Villa Stein

Domingo de La República: La vanidad del magistrado

MENSAJE 2012: IMPRESIONES

EN LO FORMAL: Aunque el discurso tenía tres partes bien definidas (programas y sectores sociales, economía e infraestructura e institucionalidad democrática y estado de derecho), la profusión de cifras sector por sector hizo que el discurso tuviera picos que se perdían rápidamente en medio de los siguientes anuncios. Asimismo, si bien es cierto que el discurso presidencial no tiene que ser “entretenido”, debió ser más digerible (ver al congresista Vacchelli durmiéndose aquí). Punto en alerta para los encargados de redactar el mensaje para el próximo año.

AUTOCRITICA: Casí nula. Solo al inicio del mensaje se enunció que “no hemos logrado todo lo que nos propusimos alcanzar”. La falta de alusión al tema Conga o la ausencia de siquiera unas palabras de condolencia por los fallecidos en conflictos sociales fue chocante para muchos.  Sí se leyó entre líneas que algunos sectores no avanzaron como debieron y las metas a cumplir eran más altas (Salud) y en cuatro casos definidos, el énfasis de Humala era un espaldarazo a la gestión de algunos funcionarios (Salas, Trivelli, Arbizu, Jara). En realidad, la autocrítica estuvo más en la rueda de prensa improvisada camino a Palacio, antes que en el texto del mensaje.

INCLUSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA POBREZA: Fue quizás la mejor parte del mensaje, a pesar que se nota que el sesgo del gobierno es equiparar inclusión social con lucha contra la pobreza (como ya ha criticado Enrique Vásquez en Gestión).  Lo más importante fue que el gobierno comienza a ver en paquete las acciones que debe hacer el Estado en esta materia. Lo malo fue que se enunciaron tantos programas sociales (algunos conocidos, otros recién presentados, más puntuales y con bastante “creatividad” en los nombres) que 1) nos surgen las dudas sobre la racionalidad de algunos de ellos y 2) para los que ya existen y recién conocimos hoy, uno se comienza a preguntar en qué anda la política de comunicaciones de Palacio.

Ah sí, anda en este tipo de cosas (spot a lo Favre sobre programas sociales):

EDUCACION: Fue uno de los puntos centrales del mensaje. Si bien hoy en algunos medios se especulaba con el aumento a los profesores como uno de los anuncios, al final, esto se tradujo en un proyecto de Ley para mejorar los sueldos y las condiciones de la carrera magisterial. La interrogante sobre el futuro de la ley de Carrera Pública Magisterial – cuya aplicación ha tenido sus bemoles – está flotando en el ambiente. Sobre el proyecto para sacar a condenados por terrorismo y sancionados por acoso y violencia sexual de la enseñanza, en principio es una buena medida, que debe ser bastante fina en su elaboración, como lo señaló hace algunos meses Carlos Meléndez.

ECONOMIA: Las modificaciones al SNIP para una mayor ejecución de proyectos merecieron una frase fuera de libreto de Humala: “el antiguo SNIP que en paz descanse”. Como anotó Rosa María Palacios, el jefe del SNIP y uno de sus creadores, es hoy ministro de Humala: Milton Von Hesse. Paradojas de la vida. Este es un punto que queda para que Luis Miguel Castilla esclarezca bien sus alcances, al igual que el financiamiento de las ofertas hechas.

CORRUPCION: Simple enunciación de lo avanzado por la Procuraduría Anticorrupción, aunque las menciones fueron un espaldarazo político para sus integrantes. Este tema marca una distancia con el aprismo y el fujimorismo, con razones más que evidentes.

SALUD: El mayor anuncio fue el seguro oncológico universal, quizás la medida más aplaudida de todo el mensaje por el impacto cercano del cáncer en la vida de los ciudadanos. Tarea para la ministra de Habich, explicar como llevarán a cabo esta cobertura más allá de Lima.

CONFLICTOS SOCIALES: Importante medida la de sacar a la policía de instalaciones privadas. Pero más allá de eso y de una breve pincelada sobre por donde iría la nueva normatividad minero – ambiental y el ya anunciado cambio en la institucionalidad sobre conflictos, no hubo mucho más.

FUERZAS ARMADAS: Poco también, más allá del anuncio sobre aumentos a oficiales y suboficiales en actividad. Queda pendiente el tema de la reforma pensionaria y, sobre todo, cual será la política de Defensa de un nuevo ministro civil con algo más de luces que su antecesor.

TERRORISMO Y NARCOTRÁFICO: Más Alto Huallaga que VRAEm. Sintomático que quiera levantar el gobierno la zona donde más logros obtuvo. Ni una sola palabra sobre la fallida “Operación Libertad”.

AUSENCIAS: Además de Conga, hubo temas que no se señalaron: Colina y una política mayor sobre derechos humanos, la ley sobre personas con discapacidad (que muchos suponíamos promulgaría hoy), el tema cultural fue obviado más allá de una mención a la ley de consulta y su reglamento y la parte de seguridad ciudadana, salvo el pedido de facultades legislativas (¿tienen en claro para qué las pedirán?), fue una lágrima. Y, como señaló Alejandro Toledo, otra gran ausencia fue una explicación sobre su cambio de rumbo.

En suma, un mensaje extenso, que tuvo algunos anuncios importantes, varias ausencias, poca autocrítica y un conjunto de cuestiones que deberán ser precisadas en la presentación del gabinete Jiménez ante el Congreso en agosto.

¿QUO VADIS LUCHA CONTRA LA CORRUPCION?

Honestidad para hacer la diferencia. Ese fue el lema central de la campaña de Ollanta Humala, un político que tenía una imagen firme frente a la corrupción, tema importante para la opinión pública. Por ello, haremos un balance sobre lo hecho este año para combatirla.

Desde el Poder Ejecutivo, los mayores esfuerzos se han concentrado en la Procuraduría Anticorrupción, entidad cuyo énfasis está en el cobro de las reparaciones civiles adeudadas al Estado por condenados por corrupción y en la repatriación de las cuentas de estos personajes.

Sin embargo, el esfuerzo de la Procuraduría ha sido solitario. El Presidente de la República no fue enfático en zanjar con casos ocurridos en su entorno cercano, como la reunión en un restaurante miraflorino entre el ex vicepresidente, su hermano y un grupo de policías para definir el desalojo de una empresa azucarera, a favor de uno de los accionistas. O las aristas del viaje moscovita de su hermano Alexis, resucitado esta semana con las ganancias de la empresa de uno de sus acompañantes en contratos con el Estado. La tibieza no hizo la diferencia con los gobiernos anteriores.

Asimismo, si bien desde la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción se viene impulsando un nuevo plan nacional sobre la materia, el perfil bajo de esta institución ha impedido conocer a cabalidad su trabajo o el estado del cumplimiento del plan anterior.

Desde el Poder Legislativo las cosas no han andado mejor. La investigación sobre los colegios emblemáticos, que ha causado las iras apristas, contrasta con el blindaje otorgado al congresista Omar Chehade para que no sea investigado en el Ministerio Público por una reunión con altos mandos policiales. Amén de los casos que han llegado a la Comisión de Ética, varias de cuyas recomendaciones sobre suspensiones a parlamentarios aún no han sido atendidas por el pleno del Congreso.

El Poder Judicial fue algo más activo en esta materia. César San Martín presentó cuatro proyectos de ley cuya mira era luchar contra la corrupción al interior de la institución a su cargo. Sin embargo, el Congreso de la República rechazó uno de ellos y no debatió las restantes iniciativas.

Frente a ello, la respuesta del Poder Judicial ha sido una modificación de la estructura del sub sistema judicial anticorrupción. La Sala Penal Nacional tendrá a su cargo los casos emblemáticos de delitos contra la administración pública, con lo que los procesos sobre corrupción producida durante el segundo gobierno aprista como en este gobierno estarán a cargo de este colegiado. Medida que tiene como beneficio principal contar con un colegiado independiente y honesto, pero que ha tenido serios problemas de valoración probatoria en casos de derechos humanos. Situación que el doctor San Martín deberá tener en cuenta para afinar esta medida.

La corrupción es vista como uno de los principales problemas del país. Ser tibios o poco eficaces frente a ellas desprestigia a nuestras autoridades. Es necesario que lo recuerden siempre. La diferencia que implica la honestidad debe ser más que un lema de campaña.

(Columna publicada en El Comercio el 20.07.2012)

MAS SOBRE EL TEMA:

Crónica en El Comercio sobre lo que pasó ayer en la incautación de bienes a Carlos Boloña

CARLOS RIVERA Y LA SENTENCIA DEL GRUPO COLINA

Ayer en Pasando Revista, Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal, comentó con nosotros los principales errores de la sentencia sobre tres casos vinculados al Destacamento Colina. Aquí la entrevista presentada anoche:

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Para quienes quieren ahondar más en este tema, recomiendo ver los editoriales de El Comercio publicados los días miércoles y jueves, así como el informe del IDEHPUCP aclarando otras imprecisiones conceptuales del fallo. Hasta Kenji Fujimori, solitariamente dentro de la agrupación de su padre, se mostró en contra de la rebaja de la pena a los miembros de Colina (aunque insiste con el tema del indulto).  Mientras que tres de los vocales pretenden eximirse de los puntos más controvertidos de la sentencia. El papelón es aun mayor.

QUIEN ES QUIEN EN EL GABINETE JIMENEZ

ALGUNAS CUESTIONES GENERALES: No hay que olvidar que este gabinete – y su nuevo Presidente del Consejo de Ministros – proviene como producto de un serio desgaste, como bien lo recuerda Jacqueline Fowks en su nota para El País:

Hace un mes que Jiménez Mayor había asumido en la práctica las funciones del primer ministro Óscar Valdés, deslegitimado porque enfrentó los conflictos sociales ligados a los proyectos mineros con la vía de la confrontación policial masiva y con armas letales en Espinar (Cusco, sierra sur) y enviando al Ejército a Cajamarca. Dos civiles murieron en Espinar y cinco en Cajamarca. Hubo además decenas de heridos en esos choques, y detenciones sin las debidas garantías judiciales, así como la declaración de un estado de excepción y agresiones a representantes de la Defensoría del Pueblo y a abogados de organizaciones de derechos humanos.

Esta situación explica varias cosas: 1) Que Valdés tuviera la agonía patética que tuvo (con último tuit final), 2) la cantidad de rotaciones dentro del propio gobierno para poder armar el gabinete, 3) que eligieron a alguien vinculado al tema Conga para la PCM (otra vez), 4) un mensaje inicial como “gabinete del diálogo” dado por Jiménez, 5) también es claro que es la pareja presidencial quien arma el equipo (¿los ministros podrán actuar con autonomía?) y 6) aún hay dudas sobre la relación que tendrá un equipo con algunos cambios en relación con las regiones. Sobre todo con Cajamarca, donde la relación tiene que reestablecerse.

Otros datos saltantes: Comparando con hace un año, se ha duplicado el número de mujeres en el gabinete, ahora son seis. Solo hay una representante del partido de gobierno en el equipo (Ana Jara), ningún representante de Perú Posible o de Solidaridad Nacional (como tanto se rumoreó en Twitter ayer). Harto abogado en el gabinete recompuesto. Y del entorno militar, quedan Gómez Rodríguez (DINI) y Villafuerte (asesor), inamovibles hasta ahora para Humala.

Ahora sí, a partir de una conversación que tuve anoche con Rosa María Palacios en Tribuna Abierta y de mis propias impresiones, veamos quien es quien en el gabinete Jiménez.

JUAN JIMENEZ MAYOR (PCM): Voceado desde el viernes con fuerza para reemplazar a Óscar Valdés. ¿Qué le vieron en Palacio? Capacidad de llegar a otras tiendas y de entenderse con sus colegas, perfil más conciliador que su antecesor y llegada a la pareja presidencial. Su reacción en el caso Colina fue rápida y acertada (a diferencia de sus tropiezos iniciales con el tema de derechos humanos). Conga está en su agenda, la pregunta es si podrá llevarla más allá de dicho conflicto social.

RAFAEL RONCAGLIOLO (RELACIONES EXTERIORES): Humala lo convenció de quedarse. El motivo más poderoso para su permanencia es el tema del litigio marítimo con Chile ante la Corte Internacional de Justicia. Probablemente se quede hasta que termine la fase oral de este proceso. Hasta hace dos semanas, incluso fuentes del gobierno lo daban como futuro secretario general de la Comunidad Andina.

PEDRO CATERIANO (DEFENSA): Quizás el cambio que menos me gusta. ¿Qué tiene a su favor? Un civil en Defensa, con experiencia en el sector público (congresista entre 1990 y 1992, viceministro de Justicia en el gobierno del FIM) y honesto (en un sector que lo requiere a gritos). ¿En contra? Su actuación como agente del Estado peruano en el caso Chavín de Huántar, donde se ha dedicado a meter peritaje tras peritaje en el caso, ninguno de ellos examinando el cuerpo de los presuntos ejecutados extrajudicialmente (y olvidando el testimonio de dos policías que entregaron a uno de los terroristas a los “gallinazos” del SIN).

LUIS MIGUEL CASTILLA (ECONOMIA Y FINANZAS): Inamovible, de absoluta confianza de la pareja presidencial. Al igual que Carranza con García, se ha convertido en la persona que deberá enfrentar los embates de la crisis internacional.

WILFREDO PEDRAZA (INTERIOR): Un cambio con expectativas. Pedraza tiene una fuerte experiencia en política penitenciaria y allí será interesante la combinación de su conocimiento de las cárceles con las políticas de seguridad ciudadana, tanto en lo que se refiere a los focos de criminalidad en los establecimientos penitenciarios, como en lo que respecta a la política criminal. Su trabajo en derechos humanos lo aleja del perfil duro de Valdés y Calle. Humala cumple con poner un civil a cargo de la seguridad ciudadana, una de las principales deudas del primer año de gobierno.

EDDA RIVAS FRANCHINI (JUSTICIA): Varios años de gestión en la actividad pública, tanto en el gobierno de Fujimori (privatizaciones y la reforma judicial, ojo al dato), como en el de Paniagua. Era la viceministra de Justicia hasta ayer. Tanto por ello, como por los casos delicados que tendrá que ver (Colina, Chavín de Huántar, avances de Procuraduría Anticorrupción y Antiterrorismo en cobro de reparaciones), genera una gran incógnita.

PATRICIA SALAS (EDUCACION): Se especuló mucho sobre su salida, incluso hasta minutos antes de la juramentación. Para Salas, resistida por algunos sectores y cuyo perfil educativo es apoyado por otros, cae bien la observación hecha ayer por Ricardo Cuenca (investigador del IEP) en El Comercio:

Y es que la ministra Salas no ha logrado ganar la iniciativa política que se requiere para colocar la educación entre los lugares más importantes de la agenda pública. Una gestión técnica alejada de lo político es una apuesta peligrosa que conduce al desgaste, pero también es una apuesta riesgosa porque los logros técnicos requieren de capital político para que realmente se hagan efectivos.

MIDORI DE HABICH (SALUD): Tiene un CV bastante interesante: economista especializada en Salud desde hace 22 años, jefa de un programa de USAID sobre la materia y especialista en temas de cobertura de salud. Este último punto explica su nombramiento: ampliación de la cantidad y calidad en la atención de los servicios públicos de salud. Buena suerte en esto, la va a necesitar.

MILTON VON HESSE (AGRICULTURA): Era hasta ayer el jefe de Proinversión (pregunta, ¿quién va ahora a este puesto tan importante para impulsar concesiones e inversiones?). ¿Experiencia en sector agrario? Fue consultor de la CEPAL en temas agrarios en la década de 1990 y tiene investigaciones y consultorías en el tea de agua y saneamiento. Recuerden que la Autoridad Nacional del Agua depende de este sector. Un técnico con experiencia en el sector público y con un buen CV.

JOSE VILLENA (TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO): Se queda. Tiene por delante sacar adelante, por fin, la Ley General del Trabajo. También está en sus pendientes los temas laborales vinculados a la Ley sobre Personas con Discapacidad, que debiera promulgarse en estos días.

GLADYS TRIVEÑO (PRODUCCIÓN): Permanece al estar pocos meses en el cargo. ¿Hará reformas en pesca? ¿Qué hará a favor de las PYME?

JOSE LUIS SILVA MARTINOT (COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO): El domingo era voceado para irse. Según Rosa María Palacios, dos posibles temas podían sacarlo: el caso Rudy Palma y un tema de aranceles para productos farmacéuticos, siendo él un empresario del ramo. ¿Por qué se queda? Probablemente por el TLC con la Unión Europea que se ratificaría en diciembre.

JORGE MERINO (ENERGIA Y MINAS): Otro que permanece. La gran pregunta, ¿cómo va el trabajo en las normas minero ambientales que deberían anunciarse en estos días?

CARLOS PAREDES (TRANSPORTES Y COMUNICACIONES): Cercano al Presidente. Temas pendientes: renegociación de la concesión con Telefónica, obras de infraestructura.

RENE CORNEJO (VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO): Casi casi se iba. Durante el día su cartera pasó de Fredy Otárola a Rudecindo Vega. ¿Seguirá con tareas en Cajamarca?

ANA JARA (MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES): La ministra con más aprobación del gabinete. Cambió el inicial perfil a lo Maude Flanders para ocuparse (mediáticamente) de casos de violencia contra la mujer y la infancia. La única representante de Gana Perú en el equipo ministerial.

MANUEL PULGAR – VIDAL (AMBIENTE): Otro inamovible de la pareja presidencial. También con las tareas pendientes en el tema minero – ambiental, tanto en el aspecto normativo como en Espinar.

LUIS PEIRANO (CULTURA): Buenas relaciones públicas, necesidad de visibilizar más las políticas culturales y el gran tema en su sector sigue siendo la implementación de la Ley de Consulta Previa.

CAROLINA TRIVELLI (DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL): Termina fortalecida por la presencia de Von Hesse y De Habich, personas bastante cercanas a ella. Es la cartera de la que Nadine Heredia espera más metas cumplidas.

(Foto: Alberto Orbegoso, Perú.21)

CRIMEN DE LESA IGNORANCIA

El artículo 139° de la Constitución Política del Perú nos confiere el derecho a la crítica de las resoluciones judiciales. Así, luego de haber examinado la sentencia emitida por la Sala Penal Permanente en el caso del Destacamento Colina, podemos señalar los siguientes errores e imprecisiones contenidas en la referida resolución.

1. RESOLVIENDO MAL UNA RECUSACION:

Al inicio del texto de la sentencia, los magistrados de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia resuelven una recusación contra el juez Javier Villa Stein. Los abogados de un familiar de una de las víctimas en el caso Barrios Altos recusaron al magistrado por pronunciarse en contra de ellos y de las organizaciones de defensa de derechos humanos en dos entrevistas, así como sobre el acusado Juan Rivero Lazo.

Los argumentos de la Sala para rechazar la recusación son bastante graves pues, en resumen, admiten que los jueces puedan pronunciarse sobre temas políticos que no están vinculados a los temas jurisdiccionales. Bien aquí sabemos los peligros de contar con jueces con carnet o cuya imparcialidad está en cuestionamiento. Pero los colegas de Villa Stein deciden pasar esto por agua tibia.

2. CRIMENES DE LESA HUMANIDAD: UN TEMA POR EL QUE SI SE PRONUNCIÓ EL FISCAL:

Durante todas las entrevistas que ha dado, el vocal Villa Stein ha señalado que en ningún momento el Ministerio Público señaló que los hechos, además de la calificación típica que corresponde al derecho penal interno, puedan ser calificados también como crímenes de lesa humanidad.

Como consta en la página 49 de la sentencia de primera instancia en los casos Barrios Altos – El Santa Pedro Yauri, el fiscal, al momento de hacer la acusación oral final, señala lo siguiente:

Efectivamente, no se está acusando a las Fuerzas Armadas ni al Ejército, se está acusando a algunos de sus integrantes, que con sus acciones desprestigiaron la Institución que les brindó su desarrollo personal, y cometieron delitos que están siendo materia de juicio y que constituyen Crímenes de Lesa Humanidad, conforme en su acusación escrita planteó la Fiscalía.

De allí que no sea exacto lo mencionado por Villa Stein en las declaraciones periodísticas vertidas por él, como tampoco por los tres miembros de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia que indicaron que, reconociendo que los hechos constituyen delito de lesa humanidad, no podían pronunciarse al respecto porque el Ministerio Público no lo había aludido.

Las defensas de 6 de los acusados pudieron defenderse sobre este extremo de la acusación y así lo hicieron, como consta al inicio del fundamento 13 de la sentencia de primera instancia, que desarrolla este punto:

En sesión doscientos treinta y uno la defensa de los procesados Alvarado Salinas, Cubas Zapata, Carbajal García y Pino Díaz, sostuvo que los delitos materia de juicio no constituyen delitos de lesa humanidad (…) En similares términos, las defensas de los procesados Pinto Cárdenas (sesiones doscientos cuarenta y seis y doscientos cuarenta y siete) y Yarlequé Ordinola (sesión doscientos sesenta y tres), cuestionaron tal tratamiento de los delitos.

¿Por qué es importante esta calificación? Si bien a los procesados se les condena por tipos penales que están en el Código Penal, dicha calificación, derivada del derecho internacional es importante por los efectos accesorios que tiene. Lo explica bien Yván Montoya:

En primer lugar, la calificación de un hecho como crimen de lesa humanidad como complemento de un tipo penal común (asesinato, lesiones, secuestro, etc.) determina como consecuencias complementarias la imprescriptibilidad del hecho, la posibilidad de jurisdicción universal, la no inmunidad en caso de altos dignatarios y la obligada valoración más grave del hecho delictivo. Esta última consecuencia, a diferencia de la sentencia del Tribunal Supremo español, no es consignada en la sentencia de la Sala Penal Especial del Perú. Según nuestro concepto, ello puede deberse a que la obligada valoración gravosa del hecho incide de manera casi directa sobre la consecuencia punitiva, lo que asemejaría esta norma a una de naturaleza incriminatoria directa.

3. LOS ARGUMENTOS CONTRA LAS VÍCTIMAS

Esta parte ha sido bien resumida por Rosa María Palacios en su columna de hoy:

Primero, señala que los crímenes del destacamento Colina no constituyen crímenes de lesa humanidad (es decir, imprescriptibles) porque estos solo existen cuando se ejecutan contra población civil. Según la Corte, Colina se crea como política de Estado “dirigida a la eliminación física de los mandos militares de PCP-SL y delincuentes terroristas” y como los terroristas no son población civil (lo cual es muy debatible y aún peligroso de afirmar para el Estado), entonces, no se puede aplicar este principio.

Si no me creen, vean la página 165 de la sentencia. ¿Los heladeros de Barrios Altos, Pedro Yauri o los campesinos del Santa son terroristas? ¿Y en qué proceso se declaró semejante barbaridad? El único “exceso” que la Corte reconoce (usando específicamente esa penosa palabra) es el asesinato de un niño. Nada más.

A ver si me quedó claro: para la Corte ¿los muertos no son civiles porque son terroristas? La explicación de la Corte, si entiendo bien, es que la víctima es irrelevante. Para estos cinco genios jurídicos, la intención de Colina era matar terroristas. Eso es lo único que cuenta (a favor de ellos) y no sus desastrosos resultados.

De hecho, la sentencia de primera instancia en este caso, así como la sentencia del caso Fujimori son explícitas en señalar que no existe prueba alguna sobre la vinculación de las víctimas de los crímenes del Destacamento Colina con Sendero Luminoso. Tal afectación del derecho al honor incluso mereció que el Consejo de la Prensa Peruana ordenara al diario La Razón que se rectificara sobre insinuaciones contrarias a esta verdad judicial. Pero además la fundamentación jurídica resulta tan pobre que merece un comentario aparte.

4. JALADOS EN DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y DERECHO PENAL INTERNACIONAL:

Si ya dejar de lado la calificación de delito de lesa humanidad era un error, la ensalada jurídica que hacen los magistrados de la Sala Penal Permanente para justificarla requiere una breve clase de derecho.

Además de lo ya dicho sobre las víctimas, Villa Stein y compañía cometen un error garrafal al basar su concepto de población civil en lo señalado por el Convenio III de Ginebra, dado que este cuerpo legal es solo aplicable a conflictos armados internacionales. Más aún cuando el concepto de lesa humanidad tiene que ver con derecho penal internacional. Papelón jurídico tremendo. En otras palabras, confunden papas con camotes.

5. EL DELITO DE ASOCIACIÓN ILICITA PARA DELINQUIR

Carlos Rivera explica esto adecuadamente:

El primer asunto es el referido a la nulidad de la condena de todos los acusados por el delito de asociación ilícita para delinquir bajo el  argumento de que fueron condenados sin que la fiscalía haya presentado denuncia por ese delito. Eso no es cierto, porque la fiscalía sí presentó denuncia luego de que la jueza de la causa readecuara el tipo penal hacia la figura de asociación ilícita como en aquel momento (2001) la ley procesal penal lo permitía. Ello es tan cierto que desde aquel año hasta el fin de la causa judicial ha participado en el proceso judicial el Procurador Público ad hoc porque solo la denuncia por este delito pudo su posibilitar su intervención por ser justamente un delito en agravio del Estado. ¿Cuál es la relevancia de este delito? Una muy relevante. La existencia de una asociación ilícita da cuenta de la existencia de una organización criminal al interior del Estado y si ello no existe, entonces estamos ante eventos criminales aislados y no sistemáticos.

6. LA AUTORIA MEDIATA

RMP es clara en el efecto que tiene optar por la coautoría en este caso:

Y lo tercero, no hay autoría mediata (dominio de la organización delictiva). Como lo lee. La tesis de Roxin aplicada al proceso Fujimori  no es aplicable porque lo que la Corte sostiene es que se trata de coautoría (página 188). ¿Y cuál es la diferencia? La Corte se lo calla, pero las consecuencias estarán en la aplicación de las penas. Los coautores deben recibir la misma pena. En resumen, todos condenados por un delito común: homicidio calificado y punto. Penas rebajadas y reparación civil reducida, algunos han cumplido su pena y otros saldrán libres pronto.

Peor aún, la coautoría en este caso no resulta la figura más exacta para definir lo que ocurrió con Colina, a pesar que, como señala Palacios

404 páginas que reconocen que el Grupo Colina “era un equipo especial con la misión de detectar, capturar y eliminar terroristas” (parte, juez y verdugo) y que contaba con “una línea de comando que se inicia en el presidente de la República, pasa al Comandante General del Ejercito que autorizaba al Director de Inteligencia, este al Jefe del Destacamento y este al Jefe Operativo”. Estas son las exactas palabras de los autores confesos de sus crímenes. Estos son los hechos que permitieron, recién en este siglo, conocer a cabalidad al Grupo Colina y determinar, judicialmente, que no eran un grupo paramilitar o un escuadrón de la muerte, como muchos creímos, sino parte del Estado. Es decir, no un grupo formado “al margen de” sino “dentro de” la estructura orgánica del Ejército.

La autoría mediata por dominio de la organización resulta ser la figura de imputación penal que explica mejor los grados de responsabilidad en los hechos. De allí que los autores intelectuales, al controlar la organización delictiva, sean los que más pena reciban. Y, además, con lo señalado arriba se detecta otra incongruencia de la sentencia: demuestro que Colina es una organización vertical que respondía a las altas esferas del Estado, pero no imputo que es una organización criminal. Ni Kafka lo hubiera hecho mejor.

7. LA ABSOLUCION DE ALBERTO PINTO CARDENAS

Rivera explica claramente porque la misma resulta siendo un error:

Un tercer asunto es la absolución del Coronel EP Alberto Pinto Cárdenas -Jefe del SIE en 1992- quien fue condenado por el tribunal superior por los casos de El Santa y Pedro Yauri y que increíblemente ha sido absuelto por la sentencia de la Suprema bajo el argumento de que él simplemente estaba ejerciendo sus deberes funcionales cumpliendo órdenes superiores –como destacar agentes para integrar el grupo Colina-. La sentencia declara que, “…se advierte que el imputado actuó en cumplimiento a las órdenes emitidas por la DINTE, relacionadas al cese de destaque de personal, -siendo la función de dicha unidad del Ejército, administrar al personal de inteligencia y contrainteligencia, en aquellos procedimientos de personal derivados de los requerimientos de seguridad-, de conformidad con lo regulado en el Manual de Operación y Funciones MOF de la DINTE, de 1991…” (párrafo 314), con lo cual la Suprema interpreta que favorecer el funcionamiento del destacamento Colina, sabiendo perfectamente cuál era su misión (asesinar), ello solo es parte de su “oficio cotidiano” y por lo tanto no es responsable. Ello no es otra cosa que la aplicación en la jurisprudencia interna de la llamada obediencia debida, concepto absolutamente proscrito por del derecho internacional.

8. LA REDUCCIÓN DE LA PENA

Como indicamos el viernes, a todos los acusados en estos casos se les rebaja la pena. Y en ningún pasaje de la sentencia se hace explícita la razón para ello. Tan es así que Rivera ha encontrado las contradicciones de Villa Stein sobre este extremo:

Al respecto es interesante destacar que el viernes 20 Villa Stein argumentó ante Canal N que la reducción se debe a que resultaba ser una forma de compensar a los condenados por el excesivo plazo de duración del proceso, pero no menciona una palabra de las estrategias obstruccionistas y dilatorias de los casi 50 procesados, pero el domingo 22 el mismo Villa Stein –en el canal 4- dijo que la reducción se debía porque se había eliminado el delito de asociación ilícita para delinquir y al haber menos delitos la pena debía ser menor. ¿Cuál es el verdadero argumento? En realidad pareciera que poco importa. El hecho es que se trataba de premiar a los asesinos y así lo hicieron.

Estos son los aspectos más importantes de un fallo que, como vemos, tiene varias y severas inconsistencias jurídicas. Y que como vemos, tiene serias y penosas consecuencias.}

(Foto: Carlos Torres – Diario 16)