Vizcarra y los retos post referéndum

Vizcarra EFE
Luego del 9 de diciembre, ¿podrá plantear una nueva agenda? (Foto: EFE)

Dos conclusiones rápidas se desprenden de la más reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos: a) el Presidente de la República obtendría un importante triunfo político el 9 de diciembre, pues triunfarían sus opciones en el referéndum sobre reformas políticas y judiciales; y b) es claro que deberá tener una agenda para luego del triunfo, en la que pueda incidir en temas que la ciudadanía reclama, más allá de lo planteado en la consulta popular que se realizará en una semana y media.

¿Cuáles son los temas en los que Palacio de Gobierno va a tener que incidir más? Sin ningún orden en particular, aquí van algunos:

Gabinete: es claro que la popularidad del Presidente no es transmitida al gobierno en su conjunto, que tiene la mitad de aprobación que Vizcarra. Salvo Villanueva y, por momentos, los titulares de los sectores Educación e Interior, no hay mayores respuestas políticas en el equipo ministerial.  Esto es producto del perfil de un gabinete que fue producto de un mandatario que llegó producto del azar y del desastroso manejo político de su antecesor. Con alrededor de 60% de aprobación y reflejos políticos comprobados, Vizcarra puede convocar a nuevos y mejores actores que refresquen un equipo que, en conjunto, es anodino. Al mismo tiempo, ello le puede permitir mejorar la actuación sectorial.

Economía: Poco a poco se instala la idea que el gobierno requiere hacer algo más para mejorar las cifras macroeconómicas. Es cierto que el contexto internacional no ayuda (la guerra comercial China – Estados Unidos, las crisis en Turquía y Argentina), pero queda la sensación que el MEF podría ser un poco más atrevido en sus propuestas. Por ahora, Carlos Oliva ha sorteado bien la segunda mitad del año, pero se espera más de él. Quizás podrían tomar en cuenta algunas de las ofertas que vengan del Consejo Privado de Competitividad, que se presentará esta semana en CADE. Y en lo sectorial, convendría ponerle un impulso mayor a las actividades económicas a las que mejor les ha ido este año, como agroindustria, turismo o pesca.  En una reciente entrevista en Semana Económica, Vizcarra también ha insistido en proyectos fuertes de infraestructura como otro motor del crecimiento.

Reconstrucción: Si bien este tema no depende enteramente del Poder Ejecutivo – buena parte de la ejecución pasa por gobiernos regionales y locales -, es notorio que en el norte del país existe descontento por el avance de las obras. Aquí será importante la coordinación que se hagan con las nuevas autoridades en esta zona. Al mismo tiempo, convendrá evaluar, un año y medio después, si la actual estructura de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios resulta ser la más adecuada para su propósito.

Salud: El tema en el que el gobierno se encuentra más desaprobado. Si el gobierno de Humala se caracterizó por una agenda reformista en educación – que el ministro Alfaro ha recuperado -, el gobierno de Vizcarra debería centrarse más en esta agenda. El Presidente ha anunciado que lo hará, pero no ha dado aún la letra de esta reforma. ¿Lo hará luego del referéndum?

Corrupción: Esta es la materia que mejores resultados le ha rendido y no debe descuidarla. Una cuestión pendiente que tiene es una mejora de la legislación sobre lobbies y gestión de intereses. Asimismo, cortar por lo sano con casos de su gobierno, como el ocurrido con el viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, lo que supone sanciones y correcciones inmediatas.  Una prueba de fuego serán las obras de los Panamericanos y aquellas destinadas a la conmemoración del Bicentenario.

Reforma política y judicial: En lo urgente, el gobierno deberá presentar proyectos de Ley vinculados a la organización de la flamante Junta Nacional de Justicia, así como sobre financiamiento partidario. También deberá observar el mamotreto que planean aprobar en el Congreso sobre delitos vinculados a financiamiento irregular de agrupaciones políticas. Se debería esperar un mayor impulso a otras reformas vinculadas a la justicia – una actualización del Informe de la CERIAJUS no vendría mal como inicio – así como un replantamiento de la bicameralidad a partir de lo señalado por varios expertos.

Papas calientes políticas: Finalmente, Vizcarra deberá tener en cuenta que deberá tomar decisiones claves en estos temas: a) destino final de Alberto Fujimori (léase, cuando vuelve al Establecimiento Penal Barbadillo); b) qué hacer frente a la decisión final de Uruguay sobre el pedido de asilo de Alan García; c) nuevas arremetidas del fujimorismo; d) decisión judicial sobre el enfoque de género en el Currículo Educativo Escolar y nuevas movilizaciones conservadoras.

Como vemos, el gobierno recién comienza de verdad. Ojalá así lo entiendan en Palacio.

La derrota política de Alan García

Alan Garcia
En sus peores días (Foto: El Comercio)

En su libro “La Calavera en Negro”, Gustavo Gorriti tuvo la certeza que el caso Langberg llegaba a su final cuando el investigado por narcotráfico fue detenido sin mayores problemas. Con ello, el hoy veterano periodista supo que su primer caso estaba cerca de su conclusión.

Cuando Alan García, en la puerta de su casa de San Antonio, exclamó la frase (convertida en viral) “Demuéstrenlo pues, imbéciles”, tuve la cereza que el dos veces expresidente del Perú ha terminado de perder la batalla política. Más allá de lo que ocurra ante un tribunal.

La clara pérdida de los estribos de García denotó lo que, hace una semana, Marco Sifuentes identificaba bien como el temor de ser apresado. Pero se conecta claramente con un síndrome que siempre le pasó factura a AGP: llegar tarde a su tiempo.

García fue estatista en tiempos en los que comenzaba el giro hacia la economía liberal en la región. De allí que cuando señala, sin ningún sobresalto, que ha hecho algunos aportes novedosos a la economía mundial, uno oscila entre la carcajada, el estupefacto y el recuerdo de una época que pocos recuerdan precisamente en términos gratos para su bolsillo.

Pero para él nunca hubo punto medio. Si  bien el APRA la pegaba de partido socialdemócrata en los 90s y a inicios del 2000, en realidad García – quien, recuerden, en la campaña de 2001 hablaba de Banco Agrario y control de tarifas por vía estatal – nunca hizo ese tránsito a la moderación.

Como Gorriti relató alguna vez, luego del fallido Paro Nacional de 2004 – aquel donde quiso ser proclamado por presidente por las masas y terminó siendo una mala emulación de Jefferson Farfán – se fue a Washington y se transformó rápidamente en Inversiones García. Astutamente, durante la campaña electoral, supo ponerse entre una Lourdes Flores que era tan defensora del mercado que hacía ver a los muchachos del Instituto Peruano de Economía como unos socialdemócratas y un Ollanta Humala que emulaba, en forma y en fondo, a Juan Velasco Alvarado. Ganó.

Pero el gobierno de García tuvo de social demócrata tanto como un miembro de Con Mis Hijos No Te Metas enarbola la bandera de la tolerancia. Uno podría entender al converso que desea no incurrir en los mismos errores que convirtieron a la economía peruana en la sucursal del Titanic. Y hasta podría comprender la táctica de subir a bordo a quienes podrían considerarlo como el cuco como una forma de contrarrestarlos. Lo que no se terminaba de entender era porque su segunda administración terminó siendo la partera del conservadurismo peruano actual.

Un esbozo de respuesta es que García prometía ser el guardián ante distintos entes de la sociedad. El anticomunismo aprista lo vacunaba frente a cualquier posible intento de conciliación con la izquierda. La sospecha con la que las organizaciones de defensa de derechos humanos lo veían – primero por su actuación durante el periodo de violencia y luego por cómo se comportó frente a conflictos sociales – lo emparentó con el fujimorismo y los militares que violaron derechos humanos en su gobierno. La necesidad de una conciliación con enemigos históricos lo llevó a tener buenas relaciones con El Comercio y con el sector más conservador de la Iglesia Católica peruana (desde Cipriani hasta Eguren). Y sus vínculos con empresas privadas de seguridad e intereses empresariales hacían que terminara arriando cualquier bandera que no fuera la del libre mercado, a su modo.

Porque lo que terminó prevaleciendo fue el mercantilismo más ramplón. Y, sobre todo, la de la obra pública sobrevalorada – en todas las acepciones del término – y hechos que merecen ser investigados a la luz del Código Penal. Acabado el gobierno, García era aplaudido por esos sectores altos a los que tanto se debió su segunda administración. Y pensó que su imagen de conferencista global, invitado (en público y en privado) por empresas que habían tenido pingües ganancias durante su mandato le auguraría un tercer periodo. Creyó ser Piérola. Y aspiró a superarlo.

El problema es que García volvió a ser sobrepasado por las circunstancias. El fujimorismo supo sacar mayor provecho temporal de intereses conservadores y ilegales, hasta su reciente debacle. Su modo de hacer política mediante la palabra había sido enterrado entre discursos que parecían listados de lavandería de obras y artículos que harían enrojecer incluso al Haya de Treinta Años de Aprismo. Ya no podía tener el trato directo con los dueños de comunicación porque ahora sus amigos se están jubilando (igual que en el Poder Judicial y el Ministerio Público) y las nuevas generaciones no le tienen precisamente respeto o devoción, menos aún en las redes sociales donde lo vuelven en blanco de burlas. Y, sobre todo, la corrupción, aquel mal que caracterizó a sus dos gobiernos, volvió a aparecer en el ambiente.  Narcoindultos primero, Lava Jato después.

Desde 2016, se le ve perdiendo cada vez más los papeles. Lanzando tuits cada vez más incomprensibles desde el punto de vista político, pero sí desde la defensa judicial. Maltratando a periodistas que solo cumplen con hacer su trabajo. Tejiendo posibles cortinas de humo sin llegar a colocar en gran medida temas en agenda. Y al llamar imbéciles a los periodistas y fiscales que lo investigan, terminó, finalmente, claudicando.

No sabemos si la importante pista revelada por Gorriti y Romina Mella terminará derivando en un juicio oral. Tampoco si Jorge Barata terminará confirmando las sospechas de miles de peruanos. O si las otras conferencias dictadas con posterioridad a su gobierno terminarán llevando a posibles pistas sobre, para decirlo elegantemente, una relación contaminada entre lo público y lo privado.

Lo que sabemos es que el tiempo de Alan García ha terminado.

 

 

Comisiones Investigadoras: una evaluación

Rosa Bartra
Rosa Bartra y los viejos defectos de las comisiones investigadoras (Foto: Gestión)

La semana pasada, el Congreso de la República se enfrascó en la discusión sobre los informes de la Comisión Investigadora sobre el caso Lava Jato, presidida por la parlamentaria Rosa Bartra. Al final, la mayor parte de congresistas aprobó el documento encabezado por la congresista fujmorista y rechazó discutir el documento presentado por Humberto Morales (Frente Amplio) en minoría.

Existe un consenso entre especialistas sobre los defectos serios del informe Bartra. Lejos de añadir elementos nuevos de juicio tanto para las indagaciones del Ministerio Público como para el examen histórico, el manuscrito redunda en hechos ya conocidos, antes que en acontecimientos nuevos. Además de la inexplicable exclusión de Alan García y Keiko Fujimori de responsabilidades políticas, el informe Bartra no suma ni siquiera para el objetivo último que tenía el fujimorismo con este grupo de trabajo: hundir políticamente a sus rivales.

Pero el informe Morales tampoco supera la valla. Si bien incluye a García y a Fujimori, la evidencia que anota tampoco es concluyente para la imputación de delitos. En general, tanto los documentos en minoría como en mayoría carecen de un buen análisis político y jurídico de los hechos que tenían entre manos indagar.

Solo por citar un ejemplo, en el reciente libro del politólogo Francisco DurandOdebrecht. La empresa que capturaba gobiernos” existen muchos mayores elementos de contexto que permiten establecer una historia más cabal de lo ocurrido con el caso Lava Jato. Más allá de la discusión sobre la aplicación del concepto “captura del Estado” a esta trama de corrupción, lo cierto es que hay eventos nuevos que permiten trazar una historia que se remonta a las postrimerías del gobierno de Morales Bermúdez, así como eventos que permiten arribar a algunas conclusiones dirigidas a mejorar la transparencia, la contratación pública y los planes de infraestructura en el Perú.

De hecho, la intención primigenia de las comisiones investigadoras es a)  hacer un buen recuento de hechos, b) evidenciar problemas legislativos y de política pública y c) presentar recomendaciones de modificación legislativa o cambios en la actuación institucional. Palabras más, palabras menos, lo que hace Durand en su libro. Y, por cierto, nada de lo que presenta el informe Bartra.

El problema es que nuestras comisiones no se concentran en ello, sino en posibles aspectos penales. ¿Por qué?

Una primera respuesta sería un supuesto apoyo a la acción de la justicia. Sin embargo, existe unanimidad entre los agentes del sistema de justicia – en particular, jueces y fiscales – en que los informes de las comisiones investigadoras, en su mayoría, han tenido aportes muy acotados en los procesos judiciales que se han seguido tanto en casos de corrupción como de violaciones a los derechos humanos (las dos materias que más han ocupado a este tipo de grupos de trabajo). Lo mismo señala José Ugaz en su libro “Caiga Quien Caiga”, sus memorias como Procurador Anticorrupción.

Un segundo argumento sería aportar elementos para posibles acusaciones constitucionales o infracciones a la Constitución. Sin embargo, este tipo de procesos puede tramitarse en forma independiente, como lo demostraron las acciones parlamentarias en el caso del vocal supremo César Hinostroza o de los exmiembros del fenecido Consejo Nacional de la Magistratura.

Así, solo queda un argumento en pie para este tipo de indagaciones: el uso de las mismas como arma política para invalidar o sacar de carrera a rivales políticos. Cuestión que es evidente que no puede sostener este tipo de grupos de trabajo.

Es cierto que no todas las comisiones investigadoras han seguido, necesariamente, este patrón. Y que algunas han tenido buenos resultados en sus indagaciones. El informe Ames sobre la matanza de los penales, el documento sobre el caso La Cantuta elaborado por Roger Cáceres, las revelaciones de los narcoindultos hechas por el grupo de trabajo encabezado por Sergio Tejada o la hoja de ruta sobre el caso Lava Jato plasmada por el exparlamentario Juan Pari son algunos ejemplos de ello.

En esa línea va la comisión investigadora sobre abusos a menores encabezada por el congresista Alberto de Belaúnde. Lejos de hacer un trabajo para la búsqueda de titulares, se realizan sesiones que apuntan a los elementos básicos de una comisión investigadora. Y, a tal punto llega la prudencia que, previendo que estamos ante un tema mayor, De Belaúnde propondrá la creación de una Comisión de la Verdad por parte del Poder Ejecutivo. Una iniciativa que ya tenía en mente, pero que fue frustrada por el gobierno de PPK.

Por ello, debemos repensar el mecanismo de las comisiones investigadoras, tanto a la luz de buenas prácticas parlamentarias (que las hay, como ya hemos anotado), como sobre posibles ajustes legislativos. Por ejemplo, se podría acotar su alcance en temas penales. Y deben concentrarse en cambios legislativos y de política pública. Es un tema que debería tomarse en cuenta para un segundo impulso reformista, luego del referéndum del 9 de diciembre.