BALANCE ELECTORAL DE MAYO

MUNICIPALES:

Lourdes Flores Nano: Ubicada un poco más tranquila en el primer lugar de las encuestas, comienza a perder algunos de los atractivos que la pusieron en ese lugar. Ahora recibirá a Carlos Burgos, un alcalde cuestionado y que le impedía hacer mítines en San Juan de Lurigancho. De otro lado, sigue haciendose de rogar para cuestionar los aspectos criticables de la gestión de Castañeda Lossio.

Alex Kouri: Ya hemos comentado el flaco favor que le ha hecho la alianza con José Barba Caballero. Pero la situación le empeora más con la nueva denuncia de venta extraña de terrenos a su hermano y a su abogado. (¿La familia es la base de la sociedad?) El fuego graneado de acusaciones sobre él, su gestión y su entorno realmente le están haciendo mella.

Humberto Lay: Rápidamente ha surgido como tercero en las encuestas, con un discurso claramente distinto de los de Flores, Kouri y Castañeda. Acaba de proponer una alianza con Susana Villarán y Fernando Andrade, lo que para algunos puede ser la mejor salida para levantar a estas candidaturas. El tema con Lay es que en el 2006 terminó metiendo alcaldes impredecibles (como Antonio Mezarina, alcalde de Barranco) o regidores que terminaron yéndose con Castañeda.

Susana Villarán: No despega. Las posibles alianzas con Acción Popular y Alianza Para el Progreso parecen haberse frustrado y su mensaje parece haberse diluido un poco. La derrota ayer de Mockus la debe poner alerta ante cantos de sirena sobre su éxito en redes sociales y tener más énfasis en el contacto directo con la gente, además de un mensaje más claro.

Fernando Andrade: Mismo caso que Villarán, pero con otras dificultades. Ha buscado evocar el buen recuerdo de la gestión de su hermano para ganar, pero la misma terminó hace 8 años y termina siendo lejana en el tiempo. ¿Qué novedad trae Andrade? parece ser la pregunta del millón, luego de escucharlo en Prensa Libre reiterar buenos planes de don Alberto, pero que merecerían una actualización.

PRESIDENCIALES:

Luis Castañeda Lossio: Cae en las encuestas de aprobación a su gestión, pero ese efecto no se trasvasa del todo a las presidenciales. Eso sí, ya no ha subido mucho más. Ha descartado problemas de salud sobre los que se venía comentando en algunos corrillos políticos. Sus defensores recién subidos al barco van a procurar blindarlo, aunque dadas algunas trayectorias bien lo podrían complicar más.

Keiko Fujimori: Dos pasos en falso durante esta semana le pueden costar caro: una fiesta de cumpleaños francamente ridícula y que recuerda a los cultos a la personalidad que se tenía con su padre y una nueva denuncia sobre un terreno adquirido supuestamente con plata “que le sobró” de sus estudios universitarios, cuyo financiamiento nunca ha sido aclarado. No ha sido ella sino sus voceros los que han pretendido revivir el tema del terrorismo a partir del caso Berenson, asi que veremos como le va en la siguiente encuesta con esto.

Alejandro Toledo: Candidato a ser la piñata del fujimorismo y del aprismo. A las denuncias sobre su familia, se sumarán las acusaciones por supuestamente haber sido “débil” con el terrorismo. El carnaval de denuncias y recuerdos de las frivolidades y errores de su gobierno – algunos fundados, otros no tanto -, pero sobre todo, como responde a los mismos, será lo que determine su futuro en los siguientes meses.

Ollanta Humala: Ha optado por el perfil bajo en este mes, salvo una que otra declaración en el mismo tono que siempre hace sobre el gobierno. Hay que medir urgente el voto rural, donde puede estar la base en la que confía para seguir teniendo opciones reales de ganar.

Jaime Bayly: Ya sin Barba, se ha convertido en agente libre, procurando armar una agrupación que le permita seguir con la mezcla de chongo, bombardeo a todos los candidatos (menos a Keiko) y propuestas osadas.

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COLOMBIA ELIGE: PRIMERA VUELTA

Con el 99 % de los votos escrutados al escribir este post, Juan Manuel Santos le dobla el porcentaje de votos a Antanas Mockus (46.6 a 21.5). Esto lleva a una segunda vuelta, pero con el favoritismo claro del candidato oficialista.

Esto ha sorprendido a quienes han seguido la elección desde el exterior, quienes pensaban que la elección estaba pareja, de acuerdo a lo que decían las últimas encuestas. ¿Por qué se dió el cambio? Algunos de los factores han sido desarrollados por Carlos Melendez y Fernando Tuesta, quienes se encuentran en Colombia observando la elección. Y otros los he recogido de los analistas colombianos:

1. La maquinaria electoral del Partido de la U: Santos tenía atrás no solo a un presidente con alta aprobación apoyándolo, sino también a una amplio grupo de personas que se movilizaron no solo para esta elección, sino que también viene siendo una maquinaria que desde hace 8 años gana elecciones. Eso es importante en cualquier elección, sobre todo en Colombia. Santos ha ganado en todo el país, salvo en la región del Putumayo.

2. Los errores de Mockus: Antanas Mockus cometió errores en los debates – el tema de los impuestos ha sido pronunciado por varios analistas – y no ha sido capaz de transmitir de modo mucho más claro sus ideas. Aquí el lenguaje académico le ha sido una cortapisa para poder enganchar con otros sectores de la población. Y también se fió demasiado de la movilización en Facebook y en redes sociales que representaba lo que ocurría en un sector urbano más movilizado, no en el voto rural (ver punto 4).

3. El voto de los terceros: Germán Vargas Lleras (Cambio Radical) y Gustavo Petro (izquierda) sacaron un importante porcentaje de votos, en un promedio de 10% cada uno.  Ante la posibilidad de una segunda vuelta casi segura, estos votantes apostaron por su candidato de origen. Y ojo, en algunas regiones  costeras, ambos candidatos quedaron segundos. ¿A donde irán estos votos?

4. El voto rural: Ojo que Colombia es el único país de América Latina donde no hubo reforma agraria, hay una gran concentración de la tierra, la guerrilla se concentra en esas zonas y el voto es más conservador. ¿Esto fue medido por las encuestas? Parece ser difícil.

La segunda vuelta es en 3 semanas. Mi opinión: creo que pasará lo mismo que en Chile. La ventaja es tan amplia que a Santos le podría bastar el endoso de los votos de Sanin y algunos de Vargas Lleras para ganar. Pero en política nada se sabe, aunque en este caso, parece primar más la lógica.

MAS SOBRE EL TEMA

Análisis y predicciones en La Silla Vacía

LO QUE CONSIGUE BARBA

José Barba Caballero no solo ha logrado que Jaime Bayly se vaya de su partido – y quiera formar el suyo – sino que ha conseguido que los usualmente antitéticos Augusto Álvarez Rodrich y Aldo Mariátegui terminen complementando sus columnas de estos días en torno a su “alquiler de vientre político” a Alex Kouri.

Aldo M escribió esto el miércoles:

No tengo la menor duda de que esos casi 6 puntos que pierde Kouri en la encuesta CPI que presentamos hoy se deben en mucho a los ataques de Jaime Bayly a su candidatura. Mientras Lourdes se mantiene casi igual (perder dos puntos entra en lo estadístico), Kouri decrece y otras preguntas revelan que su alianza con Cambio Radical -la que Bayly vapuleó tanto- fue lo que lo ha derretido, especialmente en el A/B, sector donde su intención de voto es muy magra (18%) y se concentra el rechazo (casi 37%).

Mientras que AAR pinta la cancha un poco más fino:

Barba se ha convertido, por su estilo estridentemente amoral, en un Rey Midas al revés, que destruye lo que toca. Jaime Bayly, que sabe –como pocos– oler e intuir las tendencias de la opinión pública, se bajó de la combi Cambio Radical de Barba, quien es, además, un ‘mata rating’ de primera, lo cual se constata en las mediciones por minuto del rating de los canales. En una de ellas, hace poco, se trajo a la mitad del rating con el que empezó su entrevista en un programa de televisión.

Pero si Bayly se bajó al toque de este Titanic llamado Cambio Radical, Kouri sigue en el bote, aunque ahora con seis puntos menos que hace quince días. No solo está su caída reciente sino, también, el hecho de que en la misma encuesta de CPI, Kouri encabeza ahora la lista de candidatos por los que la gente definitivamente no votaría, con el 24.6% de total, casi tres puntos más que el mes anterior.

Efectivamente, como dice Carlín en su dibujo de hoy, el negocio está en el peaje. Hasta ahora, es de 6 puntos en las encuestas.Barba se los está cobrando con creces. Y a este paso, 3 programas más de Bayly y Lay puede pasar a ser segundo.

Por lo pronto, en el entorno de Kouri dicen no estar preocupados, pero yo que ellos comenzaría a revisar algunas alianzas. Aunque claro, subir a alguien como Barba al barco es congruente con el equipo de campaña del ex alcalde chalaco o con los medios que lo apoyan. ¿Morirán en su ley?

(Caricatura: Carlín para La República)

UNIVERSIDADES PUBLICAS: UN DEBATE

En el blog de Roberto Bustamante se está presentando un importante debate acerca de la problemática de las universidades públicas, un tema que normalmente no está en la agenda mediática, salvo cuando hay alguna protesta de por medio.

Dos fueron los temas iniciales puestos por Bustamante en la discusión. Para comenzar, las denuncias de vicios e irregularidades en las elecciones de representantes a las Asambleas Universitarias en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Universidad Nacional Federico Villareal. Estas elecciones son importantes dado que las Asambleas elegirán en poco tiempo a los nuevos rectores de ambas casas de estudio. En San Marcos la cosa ya está al nivel de acusaciones de fraude.

Hay aquí un primer problema a resolver: ¿cómo elegir autoridades en las universidades públicas? Ciértamente, la existencia de clientelas y operadores políticos dificulta este problema. De allí que haya que pensar en un modo de elección novedoso, en el que la Asamblea Universitaria no tenga ingerencia y en el que el trabajo de estos operadores sea resuelto al mínimo. Asimismo, debe garantizarse que los representantes estudiantiles sean personas con un buen rendimiento académico.

Un segundo problema tiene que ver con el presupuesto de las universidades públicas. Como bien lo señala el Morsa, el Decreto de Urgencia 037-2010 recorta el gasto en proyectos de inversión pública, lo que limita la compra de libros, equipamiento de laboratorios y otros gastos que son indispensables para la mejora de la calidad.

A partir de allí se ha desarrollado un debate acerca de si las universidades públicas deben tener alguna modalidad de pago. Como varios de los intervinientes sugieren – y me adhiero – es necesario arribar a una fórmula en la que los egresados de la universidad contribuyan con la misma, tal como se hace en otros países del mundo.

Estos dos temas dan lugar a otras preocupaciones claras pero que se resumen en tres cuestiones:

1. La carencia de un ente rector que coordine y regule la actuación de las universidades. La ANR no lo es, seamos claros, y al estar los rectores presentes, con mayoría de las universidades recién creadas (públicas y privadas), se ha convertido en un defensor del status quo.

2. La poca importancia que tanto el Ministerio de Educación, como el de Economía y Finanzas, le dan a las universidades públicas. Antes que verlas como entes que pueden propiciar, además de la formación de profesionales, el desarrollo de investigaciones académicas y aplicadas, el estímulo del desarrollo regional y de la ciencia y tecnología, hay un “elevado” sentido de la dejadez se traduce en una suerte de “dejar que hagan lo que quieran” y que ve poner plata en ellas como un gasto inutil.

3. La inexistencia de un sistema de acreditación real, que evite que universidades públicas y privadas se conviertan en lo que muchas son: una monumental estafa. Y digo también las privadas porque considero que, si bien debemos poner un énfasis en repotenciar las universidades públicas, tampoco podemos dejar de poner ciertos criterios de excelencia académica para las privadas.

Lo cierto es que lo que está pasando con las universidades públicas hace años debería ser motivo de mayor preocupación por parte de las autoridades y también de los ciudadanos. Si queremos que este país realmente sea importante, lo será con una educación de calidad. Y no solo con “formación de frente para la carrera”, sino también con personas formadas en ciencias y humanidades en modo general. La formación de las personas no se reduce sólo al “que me sirve”.

El Estado tiene aquí una importante responsabilidad que no puede dejar de atender. ¿Meche Araoz dirá algo?

EL CASO BERENSON

Gran revuelo ha causado la puesta en libertad condicional de Lori Berenson, la miembro del MRTA que fue condenada a 20 años de prisión por participar en el planeamiento de un asalto contra el Congreso de la República. Los motivos son más que obvios.

A estas alturas, negar la naturaleza terrorista de buena parte de las acciones del MRTA sería un gran acto de desconocimiento o de complicidad. Coches bombas que causaron muertos y daños a la propiedad privada, asesinatos selectivos como el del general Enrique López Albujar o la gran cantidad de secuestros cometidos por los miembros de esta organización – que para la CVR constituyeron una práctica sistemática – son solo algunas de las acciones que, aunque en número menor a las de Sendero Luminoso, también fueron atentados contra los derechos humanos y contra la democracia peruana.

En un juicio rodeado de todas las garantías – luego de hacer un mamarracho judicial en el fuero militar – Berenson fue hallada culpable del delito de terrorismo y, por ello, sentenciada a 20 años de prisión. La sentencia no solo fue confirmada en el ámbito interno, sino que la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que el proceso en el que se dictó cumplió con las garantías del debido proceso, derecho al cual tiene acceso hasta el más avezado criminal. Así, se impuso una pena y la misma debe ser cumplida.

Los beneficios penitenciarios no son una reducción de la condena. Son una forma de establecer algún tipo de estímulo para que el reo pueda resocializarse, no solo con la esperanza de reconstruir su vida luego de pagar por la falta cometida, sino con poder cumplir una mínima parte de la sanción en libertad, bajo ciertas condiciones, impuestas por el juez. Esto se hace luego de evaluar si es que el sentenciado ha cumplido buena conducta, lo que no implica necesariamente un arrepentimiento explícito por los hechos cometidos – que si bien es lo ideal, no se da en todos los casos -, pero si la intención de reincorporarse a la sociedad y no delinquir más.

Más que una discusión legal, resuelta en el Poder Judicial y que, por cierto, ha sido apelada por la Procuraduría Antiterrorista, sino que nos encontramos ante un tema estrictamente político: ¿qué hacemos con los sentenciados por terrorismo?

Hay que señalar que la Sala Penal Nacional hizo un muy buen trabajo al condenar a los máximos dirigentes de las organizaciones subversivas y terroristas a penas bastante altas y severas, de modo proporcional a su participación en la organización. Por ello, es que tenemos a Abimael Guzmán y a Elena Iparraguirre condenados a cadena perpetua y al resto de miembros de las cúpulas de Sendero y el MRTA condenados a privación de libertad que está entre los 20 y 35 años de prisión.

Dejando de lado los casos de Guzmán e Iparraguirre, cuyo régimen por tener cadena perpetua no les hace acreedores a beneficios penitenciarios, una primera dificultad es establecer si para los demás deben existir beneficios de este tipo. En el 2003, el Estado peruano pensaba que sí, pero luego de haber redimido 7 días de pena por uno de trabajo. En el 2009, se cambió de opinión y se dijo que no. Esa es una decisión, por tanto, estrictamente política.

Pero independientemente o no de beneficios, en los próximos años habrá gente de estas organizaciones nefastas que saldrá por haber cumplido su sentencia, por lo que no cabe mantenerla ya en prisión. De allí que sea pertinente esta reflexión de Roberto Bustamante:

¿Son las cárceles hechas para cuidar el alma de los presos y recuperarlos para la sociedad? ¿O son más bien lugares para sentirnos protegidos los que estamos fuera? Con el pretexto de la seguridad, vemos como a menudo se tiran abajo uno y otro derecho ciudadano. Nos sentimos más seguros pero cada vez menos libres, ciudadanos (ver la crítica a los escaneos corporales en los aeropuertos). Además, en un mundo “amenazado por el terror”, hay ciudadanos menos ciudadanos. Pregúntenle a los viajeros de “países peligrosos”.

Nuevamente, la respuesta tiene que ser política. Debemos contar con una política carcelaria verdaderamente resocializadora y que no deje la vuelta a las andadas terroristas como única opción a gente que optó por el camino de las armas.  Y frente a aquellos que han persistido en el horror y el terror luego de salir de prisión, pues no cabe otras armas más que las de la legalidad, el trabajo de inteligencia y también el trabajo político. Las nefastas ideas de SL y el MRTA también deben ser combatidas por los partidos democráticos que se enfrentaron a ellos y que perdieron a muchos de sus militantes en el camino.

Por tanto, el país tiene un reto para los siguientes años y que, lejos de bravatas de mano dura o apelaciones a falsos ídolos que hoy pagan sus crímenes en la prisión, debe responderlas sobre la base de lo que le permitió ganar la guerra: inteligencia y, en estos últimos años, legalidad.

CUESTIONES DE ABOGADOS

El domingo último, Cuarto Poder presentó un nuevo audio de Alberto Quimper y sus enjuagues judiciales. Esta vez se trataba de un caso en el que defendía al Banco de la Nación en un litigio sobre un terreno con los herederos de Enrique Marsano Campodónico. La conversación, para variar, tenía pasajes sobre faenones, aceitadas y frases como “aquí entras tú y entro yo, pues… 5 y 5 serían… ¿5 tú y 5 yo?”.

Ayer, en Ideele Radio, el Ministro de Justicia Víctor García Toma no se quedó callado y dijo frases como éstas:

“Hay que decirlo claramente que hay un sistema judicial que aún se comporta como Ripley o como Saga, incluso hasta pueden haber ofertas de hasta ‘dos por uno’, porque lamentablemente hay operadores [abogados] que entienden la sentencia como parte de una transacción comercial y alguien que desde el aparato judicial accede a ello”

“¿Qué es lo que prima hoy? Prima el concepto de eficiencia, el abogado bueno es un abogado eficiente, es decir, el abogado en los términos de Don Bieto [Alberto Químper], el arreglador y negociador, aquel que puede obtener una sentencia rápida, no importando si se tiene o no derecho. Y eso sucede hoy en la orden, yo diría que felizmente no es lo mismo ser famoso que tener una buena reputación”

Creo que García Toma acierta en el diagnóstico, pero creo que hay que volver a lo que considero la raíz del problema: la educación legal.

Con honrosas y saludables excepciones, la formación en las Facultades de Derecho del país no prepara abogados, sino meros técnicos jurídicos (y a veces ni eso). Me explico, lejos de introducir al estudiante de Derecho en la lógica de cada institución jurídica, se le recita casi de paporreta los artículos del Código y la Ley de turno. Las clases se concentran en explicarle al alumno que significa cada palabra de una norma, no como funciona la lógica de la norma. Y si se cita algún precedente administrativo o judicial, simplemente se pone casi automáticamente un párrafo, sin que el alumno compenda por que lo puede o debe colocar.

De otro lado (nuevamente, salvo honrosas excepciones), los estudios sobre Derecho no expanden sus horizontes hacia otras áreas. Salvo el énfasis en economía o análisis económico que algunas universidades tienen – y es adecuado para algunas áreas del Derecho -, no se dota a los alumnos en conocimientos en otras áreas de las Ciencias Sociales que les permitan entender mejor su trabajo en un país multicultural como éste y en el que buena parte de la actividad económica es informal.

Para completar el panorama, salvo algunos intentos aislados, las prácticas pre-profesionales no son supervisadas por la Universidad de origen de los alumnos y los cursos de ética y responsabilidad profesional son la última rueda del coche.Y ya no hablo de los incentivos a la investigación, porque este rubro es una lágrima en todas las carreras.

Este panorama de la educación legal en el Perú es lamentable y algunos quieren enmendarlo vía un proyecto de Ley que cierre de ingreso por dos años a las Facultades de Derecho. Varios expertos han opinado en contra de la medida, tanto por razones constitucionales (la libertad de cada persona al escoger su proyecto de vida o carrera profesional), como por razones técnicas, al considerar que los procesos de acreditación de carreras y universidades son los que deben determinar qué Facultades de Derecho realmente son buenas y cuales no. El problema está en que la acreditación avanza más lento que el Metropolitano.

Más que cierres, lo que se debe determinar es un perfil del abogado y la acreditación de Facultades de Derecho que realmente sean dignas de ese nombre. Si bien con ello no evitaremos que algún Don Bieto pueda aparecer, lo cierto es que se cerrarían mucho las posibilidades de ello. Recuerden que de estas Facultades salen tambien los jueces y fiscales que administran justicia en todo el país.

Y ello debe ser complementado con otros esfuerzos, de los que hablaremos en otro post.

(Imagen: Lionel Hutz, creado por Matt Groening)

DISTRITOS SIN LIMITES

Si hay otro tema con el que van a tener que lidiar varios alcaldes de los distritos de Lima cuando asuman su cargo el 1° de enero del próximo año es el de los límites no definidos. Ayer El Comercio presentó un buen reportaje sobre esta materia que paso a comentar.

Para comenzar, vayamos a lo práctico: ¿por qué la falta de límites resulta importante para los vecinos de los distritos involucrados? Es muy simple. De un lado, los pobladores no saben a quien pagarle los tributos municipales básicos – es decir, el Impuesto Predial y los arbitrios -, lo que conlleva una confusión y un perjuicio para el vecino. Incluso puede darse el caso que termines pagando a dos municipalidades por los mismos servicios.

De otro lado, las Municipalidades no saben a quien prestarle servicios y el vecino tampoco sabe a quien reclamarle. Allí pueden ocurrir varias situaciones: obras que hacen las dos comunas, o disputas sobre obras hechas en territorios en disputa – hace unos meses, una caseta de serenazgo fue motivo de enfrentamientos en la zona de Orrantia en pleito entre Magdalena y San Isidro – o que las municipalidades involucradas simplemente no hagan nada. Y a ello súmenle el tema de licencias de funcionamiento y zonificación.

Si esto ya es grave, preocupa aun más la existencia de 30 conflictos limítrofes solo en Lima. ¿Los motivos? La carencia de leyes de creación de varios distritos antiguos de Lima, o la ampliación de la ciudad sin que se haya contado con linderos precisos, la partición de distritos para crear otros y un trámite bastante engorroso, que comienza en el Instituto Metropolitano de Planificación y debería terminar en el Congreso de la República, quien debe aprobar una norma que fije los límites – sobre la base de estudios o de consenso – o que autorice una consulta vecinal sobre la materia a los involucrados.

Si el Congreso es el encargado de resolver este problema en última instancia, los representantes por Lima – que pocas veces se acuerdan que fueron escogidos por esta región del país – deben ponerle mucha más atención a este tipo de problemas, que finalmente afectan al vecino de a pie. Y un compromiso de los candidatos a las alcaldías involucradas debe ser el encuentro de soluciones consensuadas a estas disputas.

(Imagen extraída de aquí)