La Comisión de Reforma Política y la bicameralidad: algunos comentarios

Comision de Reforma Política
La Comisión de Reforma Política junto al presidente del Consejo de Ministros Salvador del Solar. Este miércoles, se conoció su informe y sus recomendaciones. (Foto: Andina)

El miércoles pasado se hizo público el informe de la Comisión de Reforma Política, grupo de trabajo liderado por Fernando Tuesta. La CRP tuvo el encargo del gobierno para elaborar una serie de propuestas para mejorar el maltrecho sistema político peruano, que han sido ordenadas en cuatro ejes centrales. El documento presentado, trabajado desde una perspectiva académica, es bastante sencillo de leer.

Antes de continuar con el análisis, una pequeña atingencia personal: conozco a todos los miembros de la Comisión, trabajo directamente con algunos de ellos y reconozco su valía profesional y personal. Ahora sí, pasemos al análisis.

Casi de inmediato, la atención se ha centrado en una de las propuestas: el retorno a la bicameralidad en el Congreso de la República. Una alternativa que ya se había debatido a propósito de las iniciales propuestas planteadas el año pasado por el presidente Martín Vizcarra.

Sin embargo, hay que decir que hay diferencias sustanciales. El proyecto de bicameralidad presentado por el Poder Ejecutivo tenía serias fallas de diseño, varias de las cuales son corregidas por la alternativa planteada por la CRP. En realidad, existía consenso en la comunidad politológica peruana en que la aprobación de este proyecto, tal cual se presentó, en el referéndum de diciembre hubiera sido un avance parcial y limitado.

Pero a Vizcarra se le presentó la Virgen, en forma de “proyecto modificado por el Congreso de la República”. El aprofujimorismo le metió una serie de contrabandos – entre ellos, los referido a mecanismos de control del Poder Legislativo frente al Poder Ejecutivo – que convertían a un proyecto perfectible en algo inaceptable. De allí que propuso que votaran No en el referéndum de diciembre último en este punto, lo que ocurrió con resultados ampliamente mayoritarios.

La propuesta de bicameralidad de la Comisión de Reforma Política mejora sustancialmente las iniciativas que discutimos en la segunda mitad del año pasado. Los aportes mayores me parecen los siguientes:

  • Cambio de fecha de elección del Congreso de la República, que ahora se hará junto con la segunda vuelta electoral presidencial.
  • Reforma del levantamiento de la inmunidad parlamentaria, que ahora estará a cargo de la Corte Suprema de Justicia y ya no del pleno del Congreso.
  • Eliminar el número fijo de congresistas para la Cámara de Diputados. Aunque suene impopular – y volveremos a esto luego -, dado el tamaño de población de nuestro país, necesitamos un número mayor de congresistas. Para el Senado sí se mantendrá un número fijo de representantes (50 personas).
  • Eliminación del voto preferencial, pues habrán elecciones primarias obligatorias en los partidos con participación de la gente.
  • Inclusión de distritos especiales para peruanos en el exterior y pueblos indígenas. Esta es una medida que se ha tomado, con buenos resultados, en otras partes de América Latina. El número de representantes para cada uno sí puede ser mejor ajustado.
  • Paridad y alternancia en las listas para Senado y Cámara de Diputados. Es necesario mejorar la representación femenina en la política y esta es una medida que puede incentivarla.
  • Racionalización de los mecanismos de control parlamentario. Se elimina el voto de investidura al gabinete y se hacen ajustes a los mecanismos de interpelación y de censura.
  • Se elimina la vacancia presidencial por “incapacidad moral permanente”, que se había convertido en un “cajón de sastre” para sacar al Presidente si se tenían los votos para hacerlo.
  • Mejora en la composición de la Comisión de Ética Parlamentaria y la subcomisión de acusaciones constitucionales. Se estima un representante por cada bancada.
  • Mejora en las reglas sobre transfuguismo en el Congreso y para la conformación de bancadas.
  • Diferencias claras de funciones entre Senado y Cámara de Diputados.

Si bien existe aún debate sobre cuando y cómo se debe debatir estas propuestas, considerando el referéndum de diciembre último, es cierto que la propia CRP señala que hay un deadline. Según la legislación actual, no se pueden aprobar modificaciones a las reglas electorales hasta un año antes de su celebración. Así, el plazo es bastante ajustado para ello. Si el Poder Ejecutivo desea impulsar estos cambios, debe hacerlo ya.

En los términos planteados, me parece que la Comisión de Reforma Política establece una buena alternativa de nuevo Congreso de la República. Sin embargo, creo yo que, para que esos cambios pasen y para eliminar otros vicios parlamentarios, es necesario que esta propuesta sea completada por una modificación de la administración del Congreso.

Todos los escándalos que vemos sobre sueldos, asesores, gollerias, viajes y semanas de representación tienen que ver con ineficiencias administrativas que deben ser cambiadas. Este paquete complementario implicaría toda una serie de cambios en el Reglamento del Congreso y en sus normas internas. Y debe tener prioridad inmediata. Aquí está la base de la desaprobación. Pero nadie le brinda prioridad. ¿Cuáles son estos cambios administrativos urgentes?

  • Cambio del sistema de contrataciones laborales del Congreso de la República. Se debe cambiar la contratación de asesores en la línea de la propuesta de la Asociación Civil Transparencia, que consideraba una reducción en su número, así como adscribir la mitad al servicio parlamentario regular y la otra mitad contratada como personal de confianza. En todos los casos, el acceso debe hacerse por concurso público.
  • Sueldos parlamentarios: sincerar el monto y dejar la práctica de bonos o encubrimiento de aumento de sueldos. Si los congresistas desean un incremento, deberán justificarlo en términos técnicos.
  • Registro de visitas transparente. Hoy no cubre a las personas que van a las oficinas de los congresistas. Tiene que existir una obligación general de exhibición de estos datos.
  • Mejora y racionalización de la contratación de bienes y servicios.

Claro está, ninguno de estos cambios tendrán un impacto si es que el elenco estable del Congreso de la República continua emitiendo declaraciones tan infelices como las que ha proferido durante toda esta semana. Hemos tenido expresiones que irritan mucho en un país donde los sueldos son bajos y la precariedad laboral es la regla.

En resumen: creo en la bicameralidad. La reforma de la CRP es mejor que la presentada por Vizcarra y que la que rechazamos en diciembre. Pero debe ser complementada con cambios administrativos urgentes en el Congreso. De lo contrario, su viabilidad corre peligro. Y ello debe ser apuntalado por un liderazgo efectivo desde el Poder Ejecutivo.

 

El Comercio y la política peruana del siglo XXI – Palabras de presentación

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Anoche presentamos, en el Instituto de Estudios Peruanos, “El Comercio y la política peruana del siglo XXI”, texto académico que profundiza en el estudio del diario más antiguo del país como actor político. Los comentarios estuvieron a cargo de Rosa María Palacios y Fernando Tuesta. A continuación, las palabras que ayer pronuncié, por el lanzamiento del libro. 

La presentación de un libro supone la culminación de un conjunto de esfuerzos intelectuales. El germen de este texto apareció hace once años, cuando algunos de quienes estamos hoy presentes aquí teníamos un blog y comentábamos los cambios en el Grupo El Comercio. En forma académica, el volumen que varios de ustedes tienen hoy en sus manos – o ya en sus bibliotecas – se comenzó a gestar hace cuatro años, cuando estudiaba la Maestría en Ciencia Política y Gobierno en la PUCP. Y hoy, en la histórica casa del Instituto de Estudios Peruanos, cerramos formalmente esta investigación.

Rosa María Palacios y Fernando Tuesta, quienes hoy me acompañan en esta mesa, no solo han sido estupendos comentaristas de este texto. Ambos formaron parte del mismo. Rosa María fue una de las más de veinte personas con las que dialogué para formar el texto que hoy presentamos. En dicho diálogo, fue tan acuciosa en los detalles como lo es cada vez que tiene que enfrentar – periodísticamente hablando – a alguno de los políticos que confía en la ausencia de memoria ciudadana. Fernando apoyó este trabajo en su calidad de asesor de la tesis en la que se basa este libro. Y en dicha calidad, me animó a contar una historia que, en principio, hubiera sido más acotada. De ese modo, me animó a ser especialista en un diario y una familia que han acompañado la mayor parte de la vida independiente de un país que está ad portas de su bicentenario. Gracias a ambos por sus comentarios y por su apoyo a esta investigación.

El Comercio y la política peruana del siglo XXI es, no hay que olvidarlo, un texto académico. Los datos, anécdotas y no pocas revelaciones que ustedes encontrarán sobre el diario decano de la prensa nacional – con el perdón de la frase hecha – buscan explicar que los medios de comunicación no se construyen con el consenso impuesto que se tendría dentro del Partido Comunista de la Unión Soviética en tiempos de Stalin o del Partido Fascista dirigido por Benito Mussollini. Por el contrario, la construcción de la noticia tiene, en muchos casos, como ingrediente principal las pugnas, tensiones y, en no pocas ocasiones, broncas internas que se suscitan en cualquier sala de redacción, corresponda a un medio tradicional o a uno digital. Detrás de muchas noticias, existen varios No y también muchos Sí. Conseguir estos últimos implica mucho esfuerzo y, en ocasiones, una conjunción de factores en la que el azar, ese viejo factor al que Jorge Basadre dedicara un libro sobre su rol en la historia, juega también cierto papel.

Escogimos el caso de El Comercio por ser emblemático en nuestro país y en América Latina. Como en buena parte de la región, las empresas periodísticas son, a su vez, conglomerados articulados alrededor de una familia. Y, como ocurre con las familias, sobre todo aquellas que se extienden en número como los Buendía de Cien Años de Soledad, los visos de modernidad – en este caso, en empaque de gerencia moderna y directores independientes – se entraman con resistencias al cambio, cierto sentido de la tradición y un tono contemporizador que busca preservar la historia del presente, como es la pretensión de los diarios de referencia. La familia Miró Quesada resume esa tensión entre modernidad y tradición, entre liberales y conservadores, entre la audacia y la prudencia, para el caso peruano. Otras investigaciones podrán dar cuenta de fenómenos similares en otras partes de la región. Pensemos en los Azcarraga en México, los Edwards en Chile o los Marinho en Brasil.

Además, se buscó cubrir una época clave en la historia peruana. Los últimos veinte años implicaron una gesta para recuperar la democracia (y luego, para mantenerla), una comisión de la verdad para investigar lo que nos pasó en los años de mayor violencia de nuestro rumbo como nación independiente, siete personajes ocuparon la Presidencia de la República y tuvimos cuatro alcaldes de Lima, creció una mayor conciencia de los derechos de las mujeres y de los ciudadanos LGTBI, conocimos casos de corrupción de mayor o menor calado cuyas consecuencias pagamos ante hoy, contamos con un significativo crecimiento económico que no se vio acompañado por la suficiente construcción institucional, padecimos hasta hace poco a un arzobispo limeño que encarnó tendencias retardatarias, sufrimos desastres naturales agudizados por imprevisiones humanas. E incluso presenciamos, casi milagrosamente, un Mundial de Futbol al que asistió Perú. En todos estos hechos estuvo presente El Comercio. Y, en la mayor parte, las pugnas entre directivos, directores, editores y periodistas forjaron el producto que cada mañana vemos colgado en un kiosko o cuyo contenido revisamos a través de nuestros teléfonos celulares. La historia del presente fue construida en base a distinciones ideológicas en ocasiones y, en otras, procurando la mayor distancia posible de lo que se pensaban algunas personas con puestos de decisión. Los resultados fueron muy dignos y significativos en ocasiones y, en otros, como lo señalan algunos protagonistas de esta historia, la categoría de desastre estuvo bien colocada.

Hace algunos días, una persona muy querida, con el rigor e inteligencia que le caracteriza, me lanzaba una interrogante: ¿qué le puede decir este texto a un lector fuera del mundo académico? Me parece una buena pregunta que respondo brevemente. Considero que quien tiene, por primera vez, un acercamiento a este mundo, encontrará un relato entretenido sobre lo que ocurre al interior de una redacción y cómo se construye la información en forma real. Puede conocer cómo cambia un modelo de negocio que otrora brindó ganancias mayoritarias y hoy genera serias dudas sobre la sostenibilidad económica de la prensa escrita. Y tendrá, de primera mano, una historia sobre una empresa familiar, tan común en nuestro país, que se extiende desde aquellas compañías que integran alguno de los gremios que conforman la CONFIEP, hasta aquellas que implican emprendimientos personales de búsqueda de la sobrevivencia.

Este texto tuvo un reto adicional. Ante la ausencia casi total de bibliografía que sostuviera cómo se construía la noticia al interior de un medio de comunicación, recurrí a las entrevistas personales. Fue particularmente valioso para este texto que cuatro personas que tuvieron poder de decisión dentro de El Comercio – Alejandro Miró Quesada Cisneros, Francisco Miró Quesada Rada, Martha Meier Miró Quesada y Fernando Berckemeyer Olaechea – se animaran a contar sus versiones de los hechos. A ellos se suma Bernardo Roca Rey, quien sigue ligado a la empresa de su familia. Y, por supuesto, las contribuciones de quienes pasaron por el diario y el grupo El Comercio fueron fundamentales: Nelly Luna, Fabiola Torres, Rosa María Palacios, Daniel Yovera, Oscar Castilla, Jaime Cordero, David Hidalgo, Luis Davelouis, Pedro Salinas, Augusto Álvarez Rodrich, Enrique Pasquel, David Rivera del Águila, Tito Castro y Mario Cortijo. Tengo también una mención especial para quienes aún se encuentran en el viejo local del ahora jirón Santa Rosa: Pedro Ortiz Bisso y Fernando Vivas.

Agradezco las generosas palabras que dos personas a las que respeto mucho, Juan Carlos Tafur y Gustavo Gorriti, han dedicado al libro en distintos espacios. Y a Marco Sifuentes y Roberto Bustamante, viejos cómplices en varias aventuras, pues sin ellos no se hubiera inoculado el bicho de escribir sobre El Comercio.

Como mencionaba hace unos minutos, el libro tuvo como germen la tesis para graduarme como magister en Ciencia Política y Gobierno en la PUCP. Por ello, agradezco especialmente al jurado que calificó la tesis como sobresaliente y que brindó comentarios que sirvieron para el texto final: a Stephanie Rousseau, Eduardo Dargent y Fernando Tuesta, hoy presente aquí.

No estaríamos hoy celebrando la aparición de este volumen sin el Instituto de Estudios Peruanos. Gracias especiales a Ricardo Cuenca, quien se interesó por este texto desde el inicio. A Ludwig Huber y Odín del Pozo, un reconocimiento especial por responder a todas mis interrogantes y llevar a cabo una estupenda edición del texto, labor que implicó una revisión en base a un lector anónimo que hizo importantes críticas. Y a todo el equipo encargado de realizar esta presentación.

Finalmente, a mi familia, que ha sido el sostén emocional para emprender muchas aventuras a lo largo de los últimos años. A mis padres, a mis hermanos y a Romy, quienes me ayudan a navegar con felicidad en aquel mar con aguas calmas y turbulencias al que llamamos vida, gracias por todo su amor, consejos y respaldo.

Espero que disfruten, comenten y critiquen este libro. Ahora, “El Comercio y la política peruana del siglo XXI” es de ustedes y para ustedes. Gracias por su asistencia y por su lectoría.

Ni Fuerza, ni Popular. Razones para la debacle del fujimorismo.

Familia Fujimori
(Foto: Keiko Fujimori)

Fuerza Popular había cerrado un 2018 de horror: su lideresa fue encarcelada por actos de obstrucción a la justicia en la investigación que se le sigue por presunto lavado de activos, su popularidad estaba en el subsuelo, su líder histórico vivía en el limbo de la Clínica Centenario y el partido se hallaba en reorganización. Dos años después, habían dilapidado sus reservas políticas, en la misma forma que Alberto Fujimori lo hizo con el erario público en su década de gobierno.

Transcurridas casi dos semanas del nuevo año, la situación ha empeorado. Keiko Fujimori seguirá en la cárcel, las voces que piden que Albeeto Fujimori vaya de retorno al Establecimiento Penal Barbadillo son mayores, Kenji Fujimori no tiene la más mínima intención de retornar a la política, perdieron a Chávarry en el Ministerio Público y la situación parlamentaria es de temer. Ya no cuentan con la presidencia del Congreso de la República, ni con la mayoría parlamentaria. Incluso el APRA, su aliado por varios años, comienza a tomar “respetable distancia”, como enuncia un conocido vals. Y, para remate, algunos analistas que tomaban te y galletitas con ellos comienzan a buscar al “Bolsonaro peruano”, pues comienza a considerar que el fujimorismo es “demasiado tibio” con sus rivales (léase, zurdos, socialdemócratas y liberales).

¿Cómo se llegó a esta situación si, como algunos señalaban, estábamos ante el partido más sólido del país?

Se han hecho varios estudios académicos en los últimos años sobre el fujimorismo. Varios de ellos han enfatizado bien en la construcción de una identidad no ideológica basada en el rescate de los supuestos logros de la década de 1990. Otros fueron más allá y aludieron a una supuesta representación “de los de abajo” (en realidad, sería más preciso decir, del mundo informal y, en varios casos, ilegal, lo que atraviesa a varios segmentos sociales). Y no han faltado quienes aludían a la fortaleza de Fuerza Popular, colocando a la agrupación como un ejemplo de la construcción de nuevos partidos políticos en un tiempo en el que se creía que los mismos desaparecerían.

Sin embargo, la realidad ha develado que el fujimorismo tenía varias de las debilidades de sus rivales. Como señala bien Eduardo Dargent, los triunfos de FP eran equivalentes a los que Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal tienen en el torneo futbolístico local tradicionalmente. Ello produce, a mi criterio, una sobrerrepresentación de lo que podían generar. Si a ello se le suma un triunfo parlamentario proveniente, en buena medida, de los efectos de las reglas electorales (sin dejar de lado a las simpatías que muchos han tenido con el fujimorismo), podemos estimar que en la agrupación liderada por Keiko Fujimori no apreciaron bien sus limitaciones.

De hecho, Fuerza Popular se asemeja más a lo que, con buen ojo, describió bien mi colega Mauricio Zavaleta como “coaliciones de independientes”. Un grupo armado para acceder al poder, sin mucha consistencia ideológica, sobre la base de reducción de costos para participar en la contienda electoral. Para ello, se cuenta con un líder carismático que jala votos, anchas billeteras que respaldan los gastos de campaña, candidatos atractivos en distintas provincias, medios de comunicación y redes sociales para difundir sus mensajes a sus electores. Ello explica porque en FP convivían personas a favor y en contra del enfoque de género o con visiones contrapuestas sobre la economía de mercado. Y también explica porque tantos parlamentarios tenían más anticuchos que las vendedoras de la entrada Sur del Estadio Nacional.

En esa línea, el fujimorismo arrastraba las debilidades de la mayoría de grupos con los que comparte asiento en el Congreso de la República. Y ello explica porque se ha terminado desgajando durante los últimos dos años y medio. ¿Qué tenía en común una exprocuradora con bandera de lucha contra la corrupción con una agrupación que estaba demasiado ligada con la misma? ¿Qué proyecto conjunto tenían los seguidores de Kenji con Ana Vega y Pier Figari, quienes buscaban borrar cualquier vestigio de Alberto Fujimori de la agrupación?

Pero la crisis en Fuerza Popular no solo se ha producido por estas carencias comunes a todas las agrupaciones políticas peruanas. Sin duda, la forma cómo Keiko Fujimori ha ejercido su liderazgo político ha tenido mucho que ver en el declive de su agrupación. Cayó mal en la ciudadanía el estilo obstruccionista, la confrontación, la poca lealtad con la familia (en un país donde una concepción conservadora de la misma sigue teniendo cierto peso) y, sobre todo, el afán de jugar con el tema anticorrupción.

Resultó claro que FP buscó presidir la Comisión Lava Jato con el único objetivo de perjudicar a sus enemigos políticos (varios de los cuales, por cierto, deberán responder a la acción de la justicia), pero una vez que el caso los comenzó a tocar, se notó la notoria vocación por el ocultamiento. La imagen de partido aliado con la corrupción la tienen impregnada desde que Marcelo Odebrecht señaló que hubo contribuciones a la campaña electoral de 2011. Y no se la han podido quitar. Peor aún, muchas de sus acciones devinieron en obstaculizadoras de la justicia, una de las razones por las que hoy reside en Chorrillos.

Así las cosas, Alberto Vergara terminó teniendo la razón sobre un posible aggiornamiento del fujimorismo. El politólogo y docente de la Universidad del Pacífico expresó su opinión en un artículo publicado en Poder en septiembre de 2012:

(…) todos olvidan que el fujimorismo no solo debe reconvertir su origen autoritario en un presente democrático (tarea ya complicada), sino que, sobre todo, debe limpiar su origen ladrón para construir un partido medianamente limpio. Ni el franquismo ni el pinochetismo fueron empresas para delinquir. Así, no solo debemos preguntarnos cómo se transforma a un movimiento antidemocrático en uno democrático, sino en cómo se transforma lo que fue una organización lumpen en un partido político. El gobierno fujimorista, no lo olvidemos, fue una suerte de ‘utopía mafiosa’ (Hugo Neira). Ver a un fujimorista indignado por los contratitos mal habidos de Alexis Humala será siempre una invitación a la carcajada. Y Humala no le ganó a Keiko Fujimori porque fuera mucho más democrático que ella, sino porque él no estaba teñido de la ladronería de los noventa. Este sigue siendo el principal pasivo para el fujimorismo, nadie quiere sacarse una foto con ellos y, por lo tanto, siguen siendo incapaces, a pesar de ciertos gestos de apertura, de sumar a otras fuerzas parlamentarias a la agenda fujimorista (o de sumar profesionales de renombre al partido).

A ese pasado, por cierto, le sumaron un presente bastante oscuro a la “pesada mochila” con la que ya cargaron en las campañas de 2011 y 2016.

Hacia adentro, el liderazgo de la señora Fujimori resultó ser aún más autoritario que el de su propio padre. Sus dos asesores principales se convirtieron en los “guardianes de la ortodoxia” keikista, a extremos tales que ameritarían una investigación por la posible vulneración de la no sujeción a mandato imperativo de los parlamentarios. Los congresistas que tenían problemas en sus hojas de vida – sobre todo, las mujeres – eran enviados a la Comisión de Ética, una vez que tenían algún viso de subordinación. Los chats en Whatsapp y Telegram se convertían en un vehículo supletorio de los “plenitos” en Morochucos o en Paseo Colón. Y hoy la Bankada, sin esa dirección, se mueve como pollo sin cabeza.

¿Tiene alguna solución esta situación para el fujimorismo? En su columna de ayer, Rosa María Palacios señala que, en el Perú, resulta difícil pronosticar el futuro político. Pero que resulta claro para ella que existen pocas probabilidades para que Keiko Fujimori emprenda los cambios que le salvarían lo que le queda de carrera política: confesar quienes fueron sus aportantes ocultos, tener ideas más allá de sacar de cárcel a papá o vengarse de sus enemigos, distanciarse de su maltrecha bancada y ser creible. A la vez, Alberto Fujimori está más cerca de la jubilación (nuevamente en la DIROES) que la retoma de un liderazgo. Y Kenji Fujimori, por ahora, ha decidido desmarcarse de las imposiciones paternas y fraternas.

Pero la caída del fujimorismo no quiere decir, necesariamente, que la democracia esté a salvo en el Perú. Sobre todo, cuando en nuestras élites siguen existiendo “demócratas precarios”. Insistiremos en la necesidad de vacunarnos frente a los peligros autoritarios en los próximos días.

¿Es Martín Vizcarra un gobernante autoritario?

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(Foto: El Comercio)

Hace un par de semanas, el expresidente estadounidense Barack Obama publicó en su cuenta en Facebook una lista con los libros que más le habían gustado en 2018. Entre ellos, resalta un volumen con un título bastante provocador: Cómo mueren las democracias, cuya edición en castellano ya se puede conseguir en Lima.

Este texto, escrito por los politólogos y docentes de la Universidad de Harvard Steve Levitsky – un viejo conocido del Perú – y Daniel Ziblatt, trata de explicar las razones por las que líderes populistas de diverso signo ideológico han constituido, tanto en el siglo XX como en la centuria actual, uno de los mayores peligros para la democracia.

En particular, ambos autores buscan explorar, a partir de lo ocurrido en diversas partes del mundo, cómo fue posible el ascenso de Donald Trump y cómo evitar que un liderazgo como el suyo sea nocivo para la preservación de uno de los sistemas políticos más consolidados del mundo. Y parten desde una premisa que Levistky ya ha explorado en otros libros y que a los peruanos nos parece conocida: las democracias ya no solo caen por efecto de una tanqueta, sino (y sobre todo en los últimos 25 años) a través del ejercicio tiránico del puesto.

En América Latina, Alberto Fujimori fue el triste precursor contemporáneo de una tendencia que luego siguieron Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Daniel Ortega y, en menor medida, Evo Morales (aunque anda dando pasos seguros a incorporarse al primer grupo) y Rafael Correa. Desde distintas orillas ideológicas, muchos temen que Jair Bolsonaro y Andrés Manuel López Obrador vayan en esa dirección (aunque solo el primero parece dirigirse aceleradamente, por ahora, en ese rumbo).

En los últimos meses, sobre todo desde que lanzara el referéndum, nuestra “coalición conservadora criolla” ha buscado colocar como idea que el actual Presidente de la República es un gobernante autoritario y que está en un camino de copamiento institucional muy similar al que tuvo Fujimori en la década de 1990. Este grupo de personas esgrime razones muy variadas por las que Martín Vizcarra estaría en esta vía: “tapar la corrupción” de “sus aliados” (léase, Alejandro Toledo, Susana Villarán, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski), “encubrir su propia corrupción” (entiéndase, el caso del aeropuerto de Chinchero) o tratar de tapar “su incapacidad como gobernante”.

¿Es esto cierto? Lamento desilusionar a mis seguidores conservadores, pero la respuesta es negativa, en un doble sentido.

Vizcarra no se ha apoderado de ninguna institución pública. En toda su actuación, ha utilizado las armas que le otorga la Constitución para presentar sus iniciativas: referéndum, comisiones del Poder Ejecutivo, envío de proyectos de Ley al Congreso. Tampoco ha forzado mecanismos de corrupción para alcanzar sus objetivos. Ha hecho, hasta ahora, política pura y dura, dentro de los cauces institucionales. Y, además, no ha buscado la disolución del Congreso de la República.

Para salir de dudas, Levitsky y Ziblatt hacen un examen sobre los indicadores clave de un comportamiento autoritario, que se basa en cuatro aspectos: rechazo (o débil aceptación) de las reglas democráticas del juego, negación de la legitimidad de los adversarios políticos, tolerancia o fomento de la violencia y predisposición a restringir las libertades civiles de la oposición. En ninguna de las preguntas vinculadas a estos aspectos se obtendría una respuesta afirmativa. Compruébenlo ustedes mismos:

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(Fuente: Levitsky y Ziblatt 2018: 33 – 35)

No faltarán quienes digan: “Pero Keiko Fujimori, que es la lideresa de la oposición, está encarcelada”. Pero no es por acción del gobierno. Como lo han señalado ya dos instancias del Poder Judicial, hay serios indicios de comisión de delitos, así como de obstrucción de la justicia. Y, para mayor garantía, al negar el asilo a Alan García, Uruguay terminó confirmando ante la comunidad internacional que cumplimos con los estándares mínimos de una democracia.

También habrán los que indiquen: “pero el proyecto sobre el Ministerio Público constituye una intervención sobre otra institución”. La iniciativa, en particular, no genera un organismo interventor al estilo Blanca Nélida Colán, como se hizo en los noventa, por lo que vocación de control no tiene. Discusión distinta es la de si es la medida más conveniente o si pasaría un estándar de inconstitucionalidad. Y, claro, es necesario mencionar también, como apunta hoy Andrés Calderón, que tanto el MP como el Congreso de la República tienen la llave para salir del señor Chávarry con celeridad y con el menor costo institucional posible.

Descartada la intención autoritaria, quedan las tres críticas hechas desde nuestra “coalición conservadora criolla”. Y las tres no pasan una prueba de sustento.

Como bien refirió Marco Sifuentes en su columna de ayer: “Humala y Heredia fueron a prisión, como ahora Keiko; y la situación de García es de lejos mejor que las de Villarán y PPK, a quienes sí les allanaron las casas y les congelaron las cuentas”. Añado a ello: el proceso de Toledo sigue las rigideces de un tratado de extradición bastante formalista y que, antes de llegar a un juez federal en California, requiere un previo examen de los Departamentos de Estado y de Justicia. Nadie en su sano juicio defiende a estas personas y sus inconductas – muchas de ellas, con contenido penal -, por lo que esta cuestión queda sin sustento.

El caso Chinchero es más sencillo de explicar: un mal contrato no supone un delito. Y ese mal contrato proviene desde el gobierno de Humala. Tampoco hay evidencia que involucre al Presidente actual en ilícitos penales en torno a este tema.

Finalmente, no está mal que el Presidente de la República se compre el pleito anticorrupción. Por el contrario, se trata de una materia que, durante los últimos años, ha sido considerada como una de las dos más importantes para los peruanos. Por tanto, indicar que “se tiene que ocupar de otras cosas” resulta ser una falacia. En lo que sí coincidimos es en que el Poder Ejecutivo debe mejorar su performance sectorial, buena en algunos casos, discreta en otros.

A la luz de la lectura del libro de Levitsky y Ziblatt, queda una pregunta por dilucidar: ¿estamos en peligro de consagrar a un líder populista autoritario en 2021? Intentaremos responderla en un siguiente post, en los próximos días.

Panorama político al final de 2018

Año Nuevo 2019

Alejandro Toledo: Con un proceso de extradición por fin en marcha. Irrelevante políticamente, su destino judicial estará en juego en 2019. De todos los casos vinculados a Lava Jato, es el más redondo en términos legales. De venir a Lima, su destino es la DIROES.

Alberto Fujimori: El indulto otorgado por PPK no solo no fue el baño de popularidad que esperaba. Tampoco obtuvo una revindicación histórica, ni siquiera en sus propios predios. Con la cantada revocación del indulto, ha optado por el limbo en la Clínica Centenario. La cárcel y la irrelevancia política lo esperan en 2019.

Daniel Salaverry: En rebeldía abierta con lo que queda de la cúpula de Fuerza Popular. El presidente del Congreso busca tener un juego propio. Se espera que encabece a un conjunto de disidentes provincianos, en una nueva bancada. La ruptura espera al destino final de la lideresa de su aún partido.

Kenji Fujimori: En el retiro. En privado, ha mandado decir que no quiere saber nada con la política. Papá aún espera que reconsidere esa posición.

Verónika Mendoza: Sumida entre pocas apariciones públicas y las dificultades de construir una agrupación que no tiene aún inscripción. Su bancada tiene buenos representantes, pero no logra consolidar una alta aprobación con miras a 2021. Sigue siendo la mejor carta zurda para las próximas elecciones.

Julio Guzmán: Con la mayor aprobación entre los políticos, pero aún insuficiente para consolidar una buena postulación presidencial. Cumplirá el sueño del partido propio en las próximas semanas. Su voz debería escucharse más, más allá de sus trinos en Twitter.

Luis Castañeda Lossio: En el ocaso de su carrera política. Su opaco tercer periodo, autodemolido cuando su calendario personal avanza rápido, es casi una sepultura política. Lo que prevalece aún subsistente es un estilo que él encarnó: obras de infraestructura con poca transparencia. Ojo a OAS si decide suscribir un convenio similar al de Odebrecht.

Jorge Muñoz: Sus primeros anuncios apuntan a otro estilo de gobierno de la ciudad: firmeza en la toma de decisiones, mayor transparencia, tendencia a la concertación. Tendrá que manejar las expectativas, considerando el estado de la capital que le deja su antecesor. Golpea a Castañeda, pero sin caer en la confrontación directa que le hizo daño al arranque de la gestión Villarán.

Gustavo Gorriti: Sus investigaciones han marcado la agenda periodística 2018, sobre todo, en lo que se refiere a Lava Jato y Lava Juez. Probablemente lo continúen haciendo en 2019, con las delaciones de Odebrecht y otras compañías. Justo para la primera década de IDL – Reporteros como medio de referencia en el Perú.

Juan Luis Cipriani: Todo indica que Roma le dará las gracias por los servicios prestados en pocos meses. Aunque lo más probable es que su sucesor sea un moderado, buscará espacios mediáticos para seguir transmitiendo sus mensajes conservadores. Más aún cuando tendrá más tiempo libre.

Alan García: Nada le salió bien en 2018. Pensó ser el campeón del “conservadurismo limpio”, pero su frustrado intento de asilo fue casi una confesión de parte. Ha consolidado al APRA como el furgón de cola del fujimorismo, sepultando al más añejo partido del Perú. Sus maniobras para evitar la acción de la justicia marcarán el 2019.

Pedro Chávarry: Un rehén de sí mismo, que tiene en incertidumbre los dos principales casos de corrupción del país. La flamante Junta Nacional de Justicia debería proceder con su destitución. Pero antes que ello ocurra, puede causar mucho daño al país y al sistema de justicia. Si mañana no confirma ciertas designaciones, muchos ya preparan las zapatillas para marchar.

César Villanueva: El premier político que Vizcarra quiere, en medio de un coro de ministros más bien técnicos. Su reto es mejorar la actuación sectorial, a la que los peruanos le pondrán mayor atención.

Keiko Fujimori: En su peor año. Se fumó todas las oportunidades que tenía de cambiar del mismo modo que Valeriano López prendía sus cigarros con billetes de 100 dólares. Insistimos en que el dinero recibido desde Odebrecht no es más que la caja de Pandora que va a destapar otros fondos de campaña mucho menos defendibles. Su partido está dividido y sus opciones al 2021 son cada vez mas reducidas.

Pedro Pablo Kuczynski: La irrelevancia política de su año y meses en la presidencia se ha trasladado a su actual estatus. Con un partido inexistente, opta por el silencio.

Martín Vizcarra: El gran ganador político del año. Llegó a la Presidencia sin capital político, se mostró dubitativo en sus primeros meses y luego se supo montar bien en la ola anticorrupción. Su reto para el 2019 es mejorar la actuación del Estado, sin dejar de preocuparse por las reformas judicial y política. A cuidar más sus declaraciones públicas.

Feliz 2019 para todos.

El legado de Castañeda

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Sin mucho de que jactarse, acaba la tercera (mediocre) gestión de Castañeda. Foto: Trome

Luis Castañeda Lossio deja el cargo en medio de una desaprobación sin precedentes en su carrera política. Existe consenso en los analistas políticos y urbanos sobre la poca calidad de su tercera administración. Solidaridad Nacional se ha convertido cada vez más en un partido familiar, al que se le van hasta los más leales (Patricia Juárez renunció hace algunas semanas), donde su hijo y su hombre de extrema confianza son quienes mandan junto a él. Y el avance de los calendarios hace suponer que su camino en la política peruana está más cerca del cierre. ¿Cómo llegó a esta situación?

La tercera elección de Castañeda fue producto de la mediocre gestión de Susana Villarán. Las buenas ideas que la sucesora – antecesora del actual alcalde de la ciudad quiso plasmar se terminaron ahogando entre la ausencia de una visión política, falencias en la gestión y un aura de superioridad moral que se diluyó en dos tiempos: su ida a la reelección y el descubrimiento del financiamiento irregular de la campaña por el No por parte de Odebrecht.

Frente a ello, Castañeda volvió a la alcaldía con una sola idea fuerza: “vuelven las obras”. En efecto, el líder de Solidaridad Nacional interpretó que un sector mayoritario de limeños priorizaba la necesidad de infraestructura urbana antes que reformas de fondo, que podían afectar distintos tipos de intereses en una ciudad construida en base a la informalidad.  El alcalde retornante pensó que el voto conferido por la ciudadanía implicaba no hacer ningún cambio en la ciudad.

Pero la ciudad a la que Castañeda volvió a arribar para conducir sus riendas no era la misma que dejó cuando buscó – sin éxito – ocupar la Presidencia de la República.

Como Alan García, se volvió anacrónico en sus vínculos mediáticos, que habían sido tejidos en base a amistades con dueños y productores de medios de comunicación. Esta vez, cualquier error de su administración – tal como ocurrió con Villarán – fue amplificado y criticado en las redes sociales. Ya no podía optar por el laconismo verbal de sus dos primeras administraciones. Y cada vez que salía a dar una explicación, se enredaba más en su propio discurso. Todo ello alimentó una espiral de descrédito a su gestión. A ello se sumó el hecho que algunos medios pusieron mayor atención a su desempeño, en comparación a sus dos primeros mandatos al frente de la capital.

Asimismo, quedó falto de ideas para los sectores C y D a los que sus dos primeras gestiones buscó priorizar. Ya no había escaleras en los cerros ni hospitales de la solidaridad que crear. Pero tampoco suplió ello con un trabajo concentrado en otras necesidades. Su público, además, había cambiado en diez años, gracias al crecimiento económico que ha vivido el país. Y Castañeda no supo leer esa realidad.

Al mismo tiempo, malinterpretó el mensaje de las urnas. Si bien la ciudad no reeligió a Villarán, sí consideraba importante algunas de las reformas que la exalcaldesa planteó. En particular, caló la idea que el transporte urbano podía ser mejor. Y Castañeda hizo todo lo posible por no avanzar o mejorar cambios ya delineados, sino que optó por obstaculizarlos. Cuatro años después, la ciudad se ve más colapsada y males que creíamos desterrados – como los colectivos informales de los años 80s – volvieron a varias de las arterias de la ciudad. Y el ciudadano resiente ese descuido.

Si bien Castañeda nunca tuvo una gran popularidad en los sectores económicos más altos desde el inicio de su gestión, poco a poco fue labrando su impopularidad en aquellos lugares que fueron sus bastiones por años. Dos fueron los hechos claves en esta decepción: el incendio que afectó a la comunidad shipiba en Cantagallo – lo que hizo recordar el desvío de fondos para el proyecto Río Verde que terminó en un controvertido by pass – y el derrumbe de un puente en medio de la emergencia por el Niño Costero. El alcalde de Lima trató con indolencia a los ciudadanos y ellos se lo cobraron en aprobación.

Finalmente, la autoridad principal de la capital no pudo cumplir su promesa central. Las obras en la ciudad han sido escasas y las que ha podido hacer han estado marcadas por la controversia. Al mismo tiempo, ha quedado evidente que la infraestructura, sin un plan concreto que se vincule con políticas públicas, no sirve de mucho para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

¿Eso significa que Castañeda es un cadáver político? No por ahora. Es notorio que buscará obstaculizar la gestión de Jorge Muñoz – la reunión con Alfredo Barnechea en medio de una bronca en Acción Popular y el hecho que el sucesor del saliente alcalde de Miraflores sea un hombre suyo (junto a su inseparable amigo Martín Bustamante quien ha sido electo como regidor) va en esa línea – y que buscará recomponer lo que queda Solidaridad Nacional.

Pero también es evidente que sus mejores tiempos han pasado y que varios de sus antiguos aliados (Renzo Reggiardo y José Luna) buscarán robarle el electorado que aún le queda. Porque, eso sí, aún prevalece un sector de limeños que priorizan el cemento y el pragmatismo antes que un plan de fondo para la ciudad más importante del país.

En un país precario en lo institucional como este, es obvio que Castañeda Lossio buscará una nueva oportunidad, como cualquier peruano que juega la Tinka cada semana. Pero como ha pasado con Toledo y García, es muy probable que su ciclo esté cerca a su final. Y el azar no basta para crear nuevas oportunidades, sobre todo, en momentos en los que el ánimo político nacional parece estar más cerca de jubilar a una generación que volver a creer en ella.

Vizcarra y los retos post referéndum

Vizcarra EFE
Luego del 9 de diciembre, ¿podrá plantear una nueva agenda? (Foto: EFE)

Dos conclusiones rápidas se desprenden de la más reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos: a) el Presidente de la República obtendría un importante triunfo político el 9 de diciembre, pues triunfarían sus opciones en el referéndum sobre reformas políticas y judiciales; y b) es claro que deberá tener una agenda para luego del triunfo, en la que pueda incidir en temas que la ciudadanía reclama, más allá de lo planteado en la consulta popular que se realizará en una semana y media.

¿Cuáles son los temas en los que Palacio de Gobierno va a tener que incidir más? Sin ningún orden en particular, aquí van algunos:

Gabinete: es claro que la popularidad del Presidente no es transmitida al gobierno en su conjunto, que tiene la mitad de aprobación que Vizcarra. Salvo Villanueva y, por momentos, los titulares de los sectores Educación e Interior, no hay mayores respuestas políticas en el equipo ministerial.  Esto es producto del perfil de un gabinete que fue producto de un mandatario que llegó producto del azar y del desastroso manejo político de su antecesor. Con alrededor de 60% de aprobación y reflejos políticos comprobados, Vizcarra puede convocar a nuevos y mejores actores que refresquen un equipo que, en conjunto, es anodino. Al mismo tiempo, ello le puede permitir mejorar la actuación sectorial.

Economía: Poco a poco se instala la idea que el gobierno requiere hacer algo más para mejorar las cifras macroeconómicas. Es cierto que el contexto internacional no ayuda (la guerra comercial China – Estados Unidos, las crisis en Turquía y Argentina), pero queda la sensación que el MEF podría ser un poco más atrevido en sus propuestas. Por ahora, Carlos Oliva ha sorteado bien la segunda mitad del año, pero se espera más de él. Quizás podrían tomar en cuenta algunas de las ofertas que vengan del Consejo Privado de Competitividad, que se presentará esta semana en CADE. Y en lo sectorial, convendría ponerle un impulso mayor a las actividades económicas a las que mejor les ha ido este año, como agroindustria, turismo o pesca.  En una reciente entrevista en Semana Económica, Vizcarra también ha insistido en proyectos fuertes de infraestructura como otro motor del crecimiento.

Reconstrucción: Si bien este tema no depende enteramente del Poder Ejecutivo – buena parte de la ejecución pasa por gobiernos regionales y locales -, es notorio que en el norte del país existe descontento por el avance de las obras. Aquí será importante la coordinación que se hagan con las nuevas autoridades en esta zona. Al mismo tiempo, convendrá evaluar, un año y medio después, si la actual estructura de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios resulta ser la más adecuada para su propósito.

Salud: El tema en el que el gobierno se encuentra más desaprobado. Si el gobierno de Humala se caracterizó por una agenda reformista en educación – que el ministro Alfaro ha recuperado -, el gobierno de Vizcarra debería centrarse más en esta agenda. El Presidente ha anunciado que lo hará, pero no ha dado aún la letra de esta reforma. ¿Lo hará luego del referéndum?

Corrupción: Esta es la materia que mejores resultados le ha rendido y no debe descuidarla. Una cuestión pendiente que tiene es una mejora de la legislación sobre lobbies y gestión de intereses. Asimismo, cortar por lo sano con casos de su gobierno, como el ocurrido con el viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, lo que supone sanciones y correcciones inmediatas.  Una prueba de fuego serán las obras de los Panamericanos y aquellas destinadas a la conmemoración del Bicentenario.

Reforma política y judicial: En lo urgente, el gobierno deberá presentar proyectos de Ley vinculados a la organización de la flamante Junta Nacional de Justicia, así como sobre financiamiento partidario. También deberá observar el mamotreto que planean aprobar en el Congreso sobre delitos vinculados a financiamiento irregular de agrupaciones políticas. Se debería esperar un mayor impulso a otras reformas vinculadas a la justicia – una actualización del Informe de la CERIAJUS no vendría mal como inicio – así como un replantamiento de la bicameralidad a partir de lo señalado por varios expertos.

Papas calientes políticas: Finalmente, Vizcarra deberá tener en cuenta que deberá tomar decisiones claves en estos temas: a) destino final de Alberto Fujimori (léase, cuando vuelve al Establecimiento Penal Barbadillo); b) qué hacer frente a la decisión final de Uruguay sobre el pedido de asilo de Alan García; c) nuevas arremetidas del fujimorismo; d) decisión judicial sobre el enfoque de género en el Currículo Educativo Escolar y nuevas movilizaciones conservadoras.

Como vemos, el gobierno recién comienza de verdad. Ojalá así lo entiendan en Palacio.