Covid: el gobierno y los privados

Reunión entre miembros de la CONFIEP y el gabinete ministerial, realizada la semana pasada. Fuente: PCM

Durante las últimas semanas y, sobre todo, en los últimos días, han aparecido voces que señalan la necesidad de una mayor colaboración entre el sector privado y el gobierno para enfrentar la pandemia del Covid 19. Ejemplos de ello son las columnas de Juan Carlos Tafur y David Tuesta aparecidas ayer en La República y El Comercio, respectivamente. O algunos tuits del economista Carlos Ganoza Durant. Y estos son solo algunos ejemplos.

¿Esta situación de falta de colaboración entre lo público y lo privado es real? Luego de algunas indagaciones, podemos concluir que la respuesta es que, parcialmente, lo es. Conversando con varias personas cercanas a distintos sectores (empresas, academia y Estado), podemos afirmar que:

a) En efecto, desde el sector privado hay dos tipos de preocupaciones. De un lado, no sienten que hayan suficientes iniciativas público – privadas conjuntas y que otras hayan sido rechazadas o demoradas en su implementaciones. Indican que hay puntos en los que pueden apoyar como reparto de alimentos, mejora del contact tracing para detectar y aislar enfermos de Covid, entre otras. De otro lado, consideran que algunos sectores en específico no están alineados con el Ministerio de Economía y Finanzas para reactivar.

b) En el gabinete hay división sobre el rol que le deben tocar a los privados. En algunos casos, por el temor a que una apertura mayor de las actividades económicas conlleve una nueva saturación del sistema de salud. En otros casos, porque hay una desconfianza hacia algunos sectores empresariales, en parte por la posición que tuvo CONFIEP hacia la disolución del Congreso de la República, en otra por necesidad de desmarcarse de la etiqueta de “gobierno neoliberal” que se le ha puesto desde la izquierda.

c) Desde fuera, se ve que hay razón de ambas partes. En efecto, el gobierno podría ser más proactivo en buscar la colaboración de otros actores, pues la respuesta frente a la pandemia ha sido básicamente estatal – con lo positivo y negativo que ello conlleva -. Pero no todos ven en los reclamos empresariales necesariamente una vocación altruista por apoyar, sino la posibilidad de hacer buenas relaciones públicas, así como una crítica al gobierno por no ser más liberal en materia económica.

¿Por qué se presenta este fenómeno?

Una primera ecuación tiene que ver con la naturaleza de este gobierno. Martín Vizcarra proviene desde la política regional, cuestión que obliga a que sea un actor naturalmente desconfiado, tendiente a evitar los círculos de poder de cualquier tipo y a desarrollar sus estrategias en personas de absoluta confianza. Es alguien que, además, en su relación con la empresa privada ha estado acostumbrado a un trato más distante del que han tenido sus predecesores. En los libros de Rafaella León y Martín Riepl sobre Vizcarra se da cuenta de sus complicadas relaciones con Southern Perú y cómo supo aplicar, en determinados momentos, la estrategia del garrote y la zanahoria cuando era gobernador de Moquegua. De hecho, la experiencia ocurrida con PPK, donde varios de los ministros provenían de grandes empresas privadas, hizo que el gobierno buscara desmarcarse un poco de este perfil.

Un segundo punto fundamental, poco profundizado por los analistas, es la crisis de confianza existente en el sector privado, presente no solo en el Poder Ejecutivo, sino también en varios sectores de la sociedad peruana. Sin duda alguna, buena parte del origen de este punto tiene que ver con los grandes casos de corrupción revelados en los últimos años – Lava Jato y Club de la Construcción -, las indagaciones sobre financiamiento irregular de campañas electorales – lo ocurrido con el aporte de Dionisio Romero Paoletti a Keiko Fujimori en 2011 es el ejemplo más representativo – y un problema que ya venía desde la década de 1990: mala atención al usuario, sobre todo en las empresas que tienen mayor relación con el ciudadano (retail, bancos, telefonía, luz).

Este último punto se ha agudizado durante la pandemia, tanto frente a la poca difusión de algunos mecanismos para acceder a reprogramaciones de créditos o casos puntuales en los que los usuarios no podían acceder a nuevos financiamientos bancarios o reprogramación de sus deudas. A ello se ha sumado la demora no explicada por las tiendas por departamento sobre los pedidos que han tenido pendientes de entrega antes que reiniciaran sus labores de comercio electrónico. Todos los días, en las redes sociales, aparecen quejas sobre estos puntos. Lamentablemente, tanto las cuestiones vinculadas a crisis de confianza como de credibilidad no han sido vistas con claridad por varios de los agentes económicos, lo que ha generado más sospecha, menor confianza y, sobre todo, un silencio ensordecedor.

A esto se ha sumado lo ocurrido con los créditos del programa Reactiva Perú. En una práctica poco común, el Ministerio de Economía y Finanzas reveló cuáles eran las empresas que habían accedido a estos créditos. Y aquí la prensa hizo su trabajo. Ojo Público detectó que algunos préstamos otorgados por entidades del sistema financiero fueron recibidos por empresas investigadas por casos de corrupción o que tenían empresas off shore en el extranjero. Otros países han impedido que este tipo de compañías sean beneficiarias de este tipo de programas. Aquí es necesario que el MEF haga una corrección severa para evitar que esto se vuelva a repetir. De hecho, hoy el presidente Vizcarra tuvo que hacer un anuncio en ese sentido, ante la ausencia de respuesta clara por parte del MEF.

Más discutible es lo que ha ocurrido con los créditos otorgados a grandes empresas que han despedido trabajadores o que han entrado a suspensión perfecta de labores. Para algunos, debió ser un requisito explícito que aquellas empresas grandes que recibían estos beneficios no tuvieran que recurrir a estas medidas y que debió priorizarse aún más a las PYMES. Otros consideran que las empresas grandes, por su volumen, requerían de ambos tipos de reglas y que, en casos como los medios de comunicación, arrastran una crisis severa de modelo de negocio desde hace años que terminó de reventar con el Covid 19. Sin embargo, es muy claro que la imagen de los bancos y de las empresas a las que se concedió estos créditos ha quedado significativamente mellada. Y sobre esto, hay que decirlo, nadie – ni en el sector privado ni en el Ejecutivo – se han pronunciado.

Un tercer punto tiene que ver con la visión que ha tenido el gobierno sobre la pandemia. Básicamente se ha tratado de un esfuerzo estatal, donde la recurrencia a terceros ha sido mayor con la academia y los gremios profesionales, pero menor con las empresas. Recién en las últimas semanas comienza a existir una visión más amplia de recurrir a esfuerzos mayores de concertación, en parte porque el gobierno no tiene los operadores suficientes para ejecutar todo. Pero también porque ha comenzado a comprender que se ingresa a una nueva etapa y se requiere un cambio de estrategia. A la par, algunas personas en el Ejecutivo han comenzado a dejar la mirada que achacaba exclusivamente al “aprofujimorismo” las críticas a su desempeño durante la pandemia.

Pero una última pregunta se impone: ¿realmente el sector privado peruano es, per se, mejor que su Estado? Hay claros y nítidos ejemplos que, en varias áreas, tiene mejor flexibilidad y logística para desempeñar bien sus tareas. Pero también es cierto que hay empresas que tienen fallas. Son evidentes los severos y groseros fallos del sector retail para el envío de productos de distinto tipo a sus consumidores y más aún, las gruesas fallas de comunicación para dar una respuesta a cada usuario sobre su caso.

En resumen, es importante que se convoque a todos los sectores para poder apoyar en una cruzada nacional como la que es enfrentar, en simultáneo, tanto la pandemia como las consecuencias económicas de la misma. Pero también la empresa privada tiene que hacer un severo mea culpa sobre las responsabilidades pasadas y presentes sobre su comportamiento ético y frente a sus usuarios. Sin este último componente, no podrá haber un nuevo pacto sólido entre Estado, empresas y sociedad.

Y de lo contrario, un gobierno como el que están temiendo en algunos círculos empresariales se hará realidad.

Cámaras de eco

Business Advertising Promotion. Loudspeaker Talking To The Crowd
Foto: Bigstock

Con el Covid 19 y la cuarentena obligatoria, se ha agudizado un fenómeno que ya era común en las redes sociales peruanas, pero que se ha vuelto aún más complicado. Y, peor aún, con consecuencias políticas.

No, no se trata de trolls, aunque estos también han regresado, sea por acción de asesores formales o informales de distintas dependencias estatales, así como por núcleos armados de portátiles digitales ya conocidas entre los usuarios habituales de las redes. Se trata de las cámaras de eco, que ya se habían generado en otros lados y que hoy se vienen expandiendo a mayor velocidad que la pandemia.

Buena parte de nuestras redes sociales y buscadores de información (como Google) se nutren de nuestros gustos e inquietudes personales, gracias a que están gobernados por una fórmula matemática llamada algoritmo. Esto tiene varias ventajas: nos permite llegar a artículos o información de relevancia, nos puede permitir acceder a servicios conexos que requerimos en las actuales circunstancias (por ejemplo, cualquier proveedor de despacho de alimentos que sea más efectivo que los de los supermercados). Pero también tiene una seria desventaja: potencialmente termina confinando a las personas a únicamente ver aquello que confirme sus visiones del mundo y, por supuesto, también sus prejuicios. Todo esto ya lo veíamos antes de la pandemia y llevaba, claramente, un efecto contraproducente en la capacidad de diálogo y discusión en los espacios digitales.

Pero el Covid 19 trae, además de los efectos ya conocidos – o por conocer – en la salud y la economía, una cuestión mayor: el aumento de la incertidumbre. Todos queremos saber cuánto tiempo va a durar la cuarentena, cuándo vamos a regresar a trabajar (o cuanto tiempo más continuaremos en teletrabajo) y recuperar nuestros niveles de ingresos, cuándo nos podremos mudar o hacer algún plan más allá de la semana (o, incluso, dada la forma cómo el gobierno comunica algunas decisiones, del día). Y buscamos respuestas.

Hay quienes trasladan las preguntas a quienes deben responderlas: el gobierno, los científicos, las autoridades en diversos campos, etc. Y hay que decir – sin que ello constituya una excusa – que muchas veces la respuesta será “no se”, pero dado que el “no se”  es tan mal visto en nuestra sociedad, muchas personas (sobre todo, las autoridades gubernamentales) van a tender a usar diversos giros del lenguaje. Ello explica, por ejemplo, las respuestas de algunos ministros que parecen estar más en la Luna de Paita antes que en el Perú 2020. En el fondo, sus equipos de comunicaciones les han dicho “no digas no se, a pesar que sea la respuesta”. Y a pesar que sería lo mejor, por cierto.

Pero también hay quienes quienes se fian, en el país con más alta desconfianza interpersonal de América Latina, exclusivamente en sus núcleos más cercanos: la familia, los amigos y el núcleo de gente que piensa como uno. Y la tendencia es a confirmar nuestras propias ideas y prejuicios, sin introducir los necesarios matices de comprensión de la realidad. “La cuarentena se prolonga porque mis vecinos salen” (sin saber por qué ese vecino sale de casa), “los vecinos en mi distrito cumplen la cuarentena” (cuando se mandan con tremenda cola para comprar pollo a la brasa), “las empresas privadas no hacen nada por la gente” (y sí, hay varios donativos y esfuerzos de responsabilidad social que merecerían mayor difusión), “las empresas privadas deberían hacer todo y el Estado debería dejarles todo el espacio” (ignorando que hay labores que son de competencia exclusiva y fundamental del Estado y no apreciando que hay compañías cuyo conducta frente a sus clientes tiene el tacto de un elefante en una cristalería). Todos quienes frecuentamos las redes sociales hemos visto varias de estas frases concluyentes y contundentes en estas semanas de cautiverio obligatorio.

Por ello es que vemos a diversos núcleos reafirmando sus sentidos comunes antes que sentarse a discutir soluciones de consenso. Se plantea un impuesto a la riqueza básicamente por reacción ante la pobre capacidad de reacción que han tenido los diversos grupos empresariales para atender las demandas de sus clientes finales – que en muchos casos ha sido escandalosa -, pero no se ha discutido con claridad si se gravara el patrimonio o los ingresos, asunto no menor en esta discusión. O se señala, alegremente, que la cuarentena ha fallado y que deberíamos optar por el modelo sueco frente al Covid – donde básicamente, no se ha parado – sin darnos cuenta de las características culturales diversas o, sobre todo, los dilemas éticos que conlleva adoptar un conjunto de políticas que, en un contexto como el peruano, podrían costar miles de vidas. Nos hemos tribalizado y hemos dejado de escuchar al otro. Y vemos opiniones que no ven ningún tipo de matiz.

Esto se cruza con lo que señalamos al inicio: la existencia de trolls y portátiles digitales. Desde gente que ha mentido abiertamente sobre el estado de salud del Presidente de la República hasta fotos replicadas por cuentas en Twitter afines a una entidad que presta servicios de salud.

Lamentablemente, esto está teniendo consecuencias políticas. De un lado, desde algunos sectores del gobierno se confunden legítimas críticas y cuestionamientos a su actuación con este tipo de campañas interesadas, lo que se agudiza aún más en una administración dada a escuchar a pocas personas, cuestión que debería cambiar. Y, de otro lado, como bien ha señalado el periodista Pedro Ortiz Bisso, “entre la enorme masa de críticos del andar del Gobierno se encuentran ciertos cultores del desastre, dueños de agendas conocidas, cuyo malhadado accionar el votante supo castigar en los últimos comicios“. Resulta bastante notorio ver a distintos operadores involucrados en diversas campañas haciendo una guerra política que termina siendo más infame dadas las circunstancias tan difíciles que vivimos.

En resumidas cuentas,  un buen sector de ciudadanos se ha refugiado en sus propios sentidos comunes y no está viendo nada más que su interés particular (como el Congreso actual). Otro sector, felizmente, comienza a ver el bien común y la necesidad de aportar desde donde se encuentre.

De todo esto se desprende que, aunque pueda sonar de sentido común, son necesarios los matices. Hay cuestiones que el gobierno está haciendo bien, pero otras en las que la crítica y fiscalización resulta siendo clave para que mejore. Y también deberemos ser absolutamente claros en que la capacidad del Estado peruano requiere ajustes a gritos y que, al mismo tiempo, hay áreas en las que se podrá avanzar más rápido que otras. Más directo: hay cosas que este gobierno podrá resolver y otras que no porque implica un trabajo de décadas para atender descuidos que llevan más o menos el mismo tiempo. Y ese delicado equilibrio entre comprensión y exigencia es lo que deberíamos requerir, para lo cual, sin duda alguna, deberíamos salir y romper, precisamente, nuestras cámaras de eco.

 

 

 

Vizcarra: el libro

Vizcarra Libro
Portada: Penguin Random House

Como refiere Mirko Lauer en una reciente columna, nuestros tiempos son de una inusitada abundancia de libros políticos instantáneos, un género en boga en otros países y que se ha instalado desde hace pocos años en nuestro medio.  Se trata de un subgénero en el que el principal riesgo, como señala el periodista y poeta, es el rápido traslado del éxito a las secciones de liquidación, debido a que este tipo de volúmenes podrían ser rápidamente desbordados por la realidad.

Personalmente, creo que este tipo de volúmenes son valiosos por una razón: nos permite tener una primera mirada a determinado tipo de personajes y fenómenos que, muchas veces, los científicos sociales demoramos en atisbar o, por nuestra propia metodología, debemos recorrer pasos más largos para poder asirlos. Cuestión distinta a la del periodista, entrenado en cierres vertiginosos, a los que el libro de largo aliento les da un plus en el tiempo para investigar, indagar y comprobar hipótesis rápidas sobre la coyuntura.

Vizcarra, primer libro de Rafaella León (Lima, Debate, 2019), cumple con varias de las virtudes de este tipo de textos. Se concentra en un personaje que, a pesar de ser la persona con mayor poder político en el país, sigue siendo un enigma a poco más de un año de haber asumido la Presidencia de la República. Y, en ello, ofrece verdaderas primicias sobre el carácter del mandatario, así como sobre su entorno. Con ello, el texto ofrece un primer gran aporte sobre el personaje.

El Vizcarra que León retrata no es un personaje idealizado. Por momentos se muestra dubitativo, por otros firme hasta la terquedad. Es bien intencionado en la mayor parte de pasajes, pero no deja de ser un hombre político y, por tanto, más pragmático que idealista. Tiene obsesiones – Chinchero, la educación -, temas fetiche y una mirada en la que su visión moqueguana – desconfianza incluida en los entornos limeños – se filtra más de lo que menciona en público. Al mismo tiempo, tiene un círculo de consejeros y amigos bastante acotado, lo que explica que muy pocas de sus decisiones se filtren, pero que a la vez cumplen la función de “cable a tierra” que toda persona con poder requiere.

El texto de la editora de Somos cumple con presentar entretelones de la formación del presidente como político en su región, su paso por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, su autoexilio en Canadá y el primer año de su Presidencia. En cierta medida, complementa mucha de la información que brinda Marco Sifuentes en su reciente libro sobre Pedro Pablo Kuczynski – que comentaremos pronto – y, de hecho, si hay un personaje secundario importante en esta historia es el expresidente renunciante, quien nunca puede esclarecer por qué quiso ocupar el cargo más alto del Perú.

Otras virtudes del texto de León se hallan en dos elementos centrales. De un lado, se trata de una crónica muy bien escrita, en la que se mezcla un estilo bastante sobrio y personal, con una presentación bastante bien detallada de hechos. De otro lado, las notas al final presentan información bastante valiosa para terminar de entender muchos acontecimientos. De hecho, mi único reparo al libro es que muchas de las notas, tranquilamente, pudieron ser parte del texto principal.

Por largo, el primer libro de Rafaella León pasa la prueba del lector gustoso de leer temas políticos. Resulta recomendable para todo analista coyuntural y, por supuesto, para todo aquel lector interesado en descubrir aquel enigma que sigue siendo, en cierta medida, Martín Vizcarra Cornejo como persona y como político.

 

Fuerza Popular: cuatro hipótesis de su comportamiento

Fuerza Popular
¿Qué hay detrás de la actuación fujimorista? (Foto: El Comercio)

Una pregunta que recurrentemente me hacen alumnos y amigos es: ¿por qué Fuerza Popular tiene un comportamiento tan irracional?

La premisa detrás de la interrogante es la siguiente: el partido liderado (aún) por Keiko Fujimori tiene todos los incentivos para comportarse de otra manera. Es decir, una conducta más institucional, menos cómplice con ciertos personajes poco queridos por la ciudadanía, con mejores y mayores propuestas de políticas públicas o, siquiera, el bosquejo de algún sentido común. Y para cualquier persona que no haya estado en Júpiter en los últimos tres años, resulta claro que eso no ha sido así.

Entonces, cabría preguntarse si es que existe alguna racionalidad detrás de la conducta de Fuerza Popular. Sostengo que hay cuatro hipótesis no excluyentes en torno a un comportamiento que, para muchos, suena a errático. Y, para otros, implica dotar de un guión de una película de Kubrick a algo que se parece mucho más a un sketch de Risas y Salsa. Más allá que muchos de sus pasos sean reactivos, como bien señala Martin Tanaka, sí resulta indispensable apreciar que hay detrás de las decisiones de la cúpula fujimorista. Sin ningún orden en particular, aquí van las cuatro explicaciones.

Galarreta Bolsonaro Jr
Luis Galarreta se reunió con Eduardo Bolsonaro, parlamentario e hijo del presidente de Brasil, para, entre otros temas, dialogar sobre “cómo combatir la ideología de género” (Foto: Eduardo Bolsonaro)

En busca del “Trump” o “Bolsonaro” peruano

Resulta notorio que Fuerza Popular se ha comprado entero el rollo que algunos columnistas conservadores y activistas de ese sector le han dicho durante los últimos años: encarna nuestra agenda, refuerza tus lazos “pro vida” y “pro familia” y muestra oposición a toda política pública que contenga la palabra “género”.

Fuerza Popular ha adoptado esta posición por varias razones. Primero, los ingresos y financiamiento proveniente de iglesias y fundaciones conservadoras. Segundo, porque varios de sus parlamentarios – y no solo los evangélicos – consideran que su visión del mundo en temas valorativos anda en retroceso y planean defenderlas con uñas y dientes. Tercero, porque evalúan que la mayoría de la población peruana es conservadora y que, por tanto, optará por el partido que defienda adecuadamente estas banderas.

A ello habría que sumar el hecho que estamos ante una corriente global. El conservadurismo de derechas ha venido sumando algunas victorias (Trump en Estados Unidos y Bolsonaro en Brasil son las más importantes) o ha logrado ingresar al establishment político (como Vox en España). Al mismo tiempo, estos grupos conservadores buscan aliarse para hacer una ofensiva contra los valores liberales (aunque muchos buscan darle un tinte más bien zurdo, en términos de campaña de demonización).

Una muestra de ello es la reciente firma de la denominada Declaración de México, suscrita por parlamentarios conservadores de todo el continente, que busca atemperar las resoluciones y sentencias del sistema interamericano de derechos humanos sobre temas como el aborto o el reconocimiento legal de parejas del mismo sexo. Entre los firmantes peruanos del documento, la mayoría son fujimoristas: Víctor Albrecht, Tamar Arimborgo, Karina Beteta, Freddy Sarmiento, Mario Mantilla, Marco Miyashiro y Milagros Takayama.

La muestra más explícita de este comportamiento orgánico se presentó en una reciente entrevista de Fernando Vivas al congresista Luis Galarreta, secretario general en funciones de FP, para El Comercio. Allí el parlamentario dijo lo siguiente:

— Si queremos poner una etiqueta, ¿Fuerza Popular sería conservador popular?
El fujimorismo es un partido muy popular que ha evitado que el marxismo llegue al poder.

 ¿Y conservador?
No sé si conservador es la palabra. Yo me considero de derecha, pero el partido no es lo que yo pueda opinar. Hace poco estuve en Brasil y me contaba Eduardo Bolsonaro [hijo del presidente Jair Bolsonaro], presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, que su partido creció exponencialmente en número de parlamentarios [como FP en el 2016] y tiene que ir ubicándose en el camino.

Y si ven los tuits más recientes del almirante Tubino, se repite el mismo discurso: FP es la “derecha popular” que evitará un triunfo del “marxismo”. Y con ello no solo se refiere a desmontar las reformas de mercado, sino también a cuestiones ligadas a valores. El problema para el fujimorismo es que, poco a poco, estas posiciones más retardatarias van en retroceso en la sociedad peruana, como resalta Eduardo Dargent en su columna del miércoles pasado.

Bankada
La apuesta de FP es el debilitamiento sostenido de sus rivales (Foto: El Comercio)

Obstruir para ganar (el 2021)

Si se observa la conducta que ha tenido Fuerza Popular en el Congreso de la República, resulta clara su vocación por la obstrucción. ¿Cuál es la lógica detrás de ello?

En primer lugar, Keiko Fujimori y su entorno más cercano están absolutamente seguros que “les robaron” la elección de 2016. No es broma. Tres años después, varios dirigentes máximos del fujimorismo consideran que la elección que ganó legítimamente Peruanos Por el Kambio fue robada con una suerte de “coalición caviar” (que incluiría a actores tan disímiles como el gobierno de Ollanta Humala y el Grupo El Comercio). Por tanto, habría que ser bastante claros contra un gobierno al que algunos, sin decirlo en público, consideran como usurpador.

En segundo término, FP considera que la única forma de hacer oposición es hacer sentir su número. Es la misma forma de ejercicio de mayoría abusiva que tuvieron en la década de 1990. Equivocadamente, consideran que ello les permitió avanzar en reformas, cuando terminó siendo más bien un ejercicio poco democrático del poder. Los chats publicados hoy en La República apuntan en esa línea.

Pero un tercer punto, más relevante a esta altura, es la necesidad que tiene el fujimorismo por demostrar que todos sus rivales son “ineficientes”. Dado que no han ganado ninguna elección presidencial desde el 2000, Fuerza Popular aspira a que el gobierno fracase para ellos convertirse en la única alternativa “viable”, frente a la “amenaza izquierdista” de tumbarse el modelo económico que tiene el país desde 1990. Claro, olvidan que muchos de los proyectos legislativos más populistas y mercantilistas de los últimos años han sido propuestos desde dicha tienda.

Además, existe un punto poco explorado y que también podría explicar parte de las diferencias que FP tuvo con Peruanos Por el Kambio cuando Pedro Pablo Kucznyski era gobierno: una nada oculta disputa entre élites. Para graficarlo en términos gruesos, un clásico entre una supuesta “derecha popular” y una “derecha pituca”, entre dirigentes que mayoritariamente viven en La Molina – Surco – San Borja (fujimorismo) y los políticos – empresarios – tecnócratas de San Isidro – Miraflores (ppkausas).

De hecho, hoy, ya con una presencia más moqueguana y menos sanisidrina en Palacio de Gobierno, el fujimorismo busca señalar que son una “derecha popular” frente a los “caviares” que supuestamente asesorarían a Vizcarra.

En el Perú, las revindicaciones sobre clase y raza siguen siendo importantes al momento de analizar la política y también para hacerla. El fujimorismo apuesta por cierto sentido común “achorado” y alianzas con sectores informales y conservadores como búsqueda de representación de ese sector. Algunos intelectuales cercanos le han soplado al oido esta interpretación y se la han creido a pie juntillas. La pregunta real es si ese sector popular es así o si hay muchos más matices de los que señalan quienes han caracterizado a los sectores C, D y E con una suerte de ADN intrínsecamente fujimorista.

Rosa Bartra
El fujimorismo buscó convertir a Rosa Bartra en lideresa anticorrupción, con pocos resultados fuera de su base en redes sociales (Foto: Gestión)

Aprovechando políticamente Lava Jato

A inicios de la década, muchos colegas y analistas debatieron sobre la posibilidad de una institucionalización del fujimorismo. Visto el debate a la distancia, quien terminó teniendo la razón fue el docente de la Universidad del Pacífico Alberto Vergara. Mi hoy colega de aulas señaló que el principal obstáculo para que el fujimorismo emprendiera el camino sin retorno a una vertiente más democrática era la corrupción. Aquí cito sus palabras:

Así, no solo debemos preguntarnos cómo se transforma a un movimiento antidemocrático en uno democrático, sino en cómo se transforma lo que fue una organización lumpen en un partido político. El gobierno fujimorista, no lo olvidemos, fue una suerte de ‘utopía mafiosa’ (Hugo Neira). Ver a un fujimorista indignado por los contratitos mal habidos de Alexis Humala será siempre una invitación a la carcajada. Y Humala no le ganó a Keiko Fujimori porque fuera mucho más democrático que ella, sino porque él no estaba teñido de la ladronería de los noventa. Este sigue siendo el principal pasivo para el fujimorismo, nadie quiere sacarse una foto con ellos y, por lo tanto, siguen siendo incapaces, a pesar de ciertos gestos de apertura, de sumar a otras fuerzas parlamentarias a la agenda fujimorista (o de sumar profesionales de renombre al partido).

Para Fuerza Popular, Lava Jato era la oportunidad perfecta para limpiarse. Su excusa clara – que aún esgrimen algunos de sus analistas favoritos – es que “no habían sido gobierno” y, por tanto, no se habían manchado con la corrupción de Odebrecht y las demás constructoras brasileñas. De allí la desesperación por presidir la segunda comisión parlamentaria que indagaría sobre el caso, por conseguir las pruebas que tenía el Ministerio Público, por convertir a Rosa Bartra en una suerte de “Dama de Hierro” anticorrupción, por tejer sus redes en el sistema de justicia. Y no con un genuino afán moralizador, sino para buscar arrasar con sus rivales.

El discurso fujimorista buscó asociar el respaldo que, como “mal menor”, dieron los sectores contrarios a ellos a candidatos como Toledo, Humala, PPK y Villarán. Y hasta ahora siguen en ese afán, buscando mostrar a los fiscales del caso Lava Jato como funcionarios que “encubrirían” sus casos, a pesar que estos magistrados ya acusaron a Toledo y Humala, PPK se encuentra en arresto domiliciario y Villarán está de inquilina en la prisión de mujeres con su suerte casi echada.

Pero no contaron con que Marcelo Odebrecht y Jorge Barata hablarían sobre ellos.

Keiko detenida
El fujimorismo hace todo lo posible para que su lideresa continúe detenida (Foto: Poder Judicial)

Evitar la prisión (o salir de ella)

Y esto nos lleva a la última lógica no excluyente. En agosto de 2018, apenas un par de meses antes que Keiko Fujimori pise la cárcel, Marco Sifuentes ya describía que muchos de los comportamientos de su agrupación política eran más una coartada judicial antes que política:

Su objetivo hace rato que ya no es el 2021, sino, sencillamente, no terminar en prisión. Por eso sus acciones ya no tienen ningún sentido políticamente. Parece que estuviera dilapidando su capital político. Y sí, lo está haciendo para salvar su propio pellejo.

En su último –y, en apariencia, desconcertante– video de 9 minutos repite varias veces que está actuando “sin cálculo político”. Y dice la verdad. Es un cálculo judicial. Es que el video ya no está dirigido a sus simpatizantes, que cada vez son menos. Es, simplemente, su forma de demostrar que no necesita apoyo popular para seguir ejerciendo el poder. Sin el CNM y la ONPE que tenía a sus pies, ahora tiene que salvar, por lo menos a los otros alfiles: Chávarry e Hinostroza. Aunque sea descarado. Aunque su video tenga 97% de ‘dislikes’. Aunque tenga que arrastrar a todos sus congresistas en su caída.

El problema para Keiko Fujimori es que las acciones de sus congresistas siguen incidiendo en la presunta obstrucción a la justiia que la mantiene en prisión. Salvar a Chávarry e Hinostroza parece ser más el esfuerzo por evitar desarticular una red judicial hoy en retirada. Insistir en no reconocer que tuvieron aportes de Odebrecht es un suicidio cuando aún está por discutirse si es que nos encontramos ante un delito de lavado de activos.

Como algunos opinan, probablemente lo que esté en juego es más que Lava Jato, sino otros financiamientos de campaña sobre los cuáles haya que indagar con mayor exhaustividad. Y que compliquen más la situación judicial de la lideresa de Fuerza Popular.

Así las cosas, no se augura un cambio de actitud en el fujimorismo. Con todo lo que ello conlleva para la salud política del Perú.

 

Juego de Tronos: política del siglo XVI para consumo del siglo XXI

daenerys

Aunque la obra de George R. R. Martin y su adaptación televisiva producida por HBO beben de diversas fuentes, Juego de Tronos se emparenta, claramente, con una era particular de la historia: el siglo XVI y el surgimiento de los grandes reinos – estados absolutistas europeos.

En aquellos tiempos, las disputas entre linajes – y al interior de los mismos – eran cosa de todos los días, con miras al control de territorios cada vez más vastos. Las unificaciones de reinados se conseguían por la fuerza o por la vía de los matrimonios arreglados. Los monarcas y sus consortes eran estrategas políticos al mismo tiempo que buscaban el amor y/o el placer sexual fuera del lecho real. Los asesores (laicos o religiosos) terminaban teniendo peso en la elaboración de alianzas que se hacían y se deshacían en torno a los intereses coyunturales, que terminaban siendo asumidos por el monarca. Y las mujeres que lucían muy empoderadas eran tildadas inmediatamente como débiles o tratadas como enfermas mentales. Las asambleas eran, básicamente, para aprobar la guerra o dar el consentimiento final a una alianza, pero, al final, era el saber y entender de los gobernantes absolutos lo que terminaba primando. En medio, cierto toque de hechicería y magia rondaba en el ambiente.

Un breve resumen de la apasionante biografía de Philippe Erlanger sobre Enrique VIII, rey de Inglaterra, da cuenta de ello. Originalmente, no iba a ser el monarca de su país, pero accedió al trono debido a que su hermano, el verdadero heredero, falleció como producto de una salud frágil. Terminó casándose con su antigua cuñada, en mérito del mantenimiento de una alianza estratégica con los reinos de Castilla y Aragón (lo que hoy conocemos como España). Hacía la guerra y procuraba la paz con Carlos V y Francisco I de Francia, en razón de sus intereses, siempre vacilantes e influenciados por sus consejeros – en particular, el arzobispo Thomas Wolsey, un antecedente de Varys y Tyrion -, lo que terminó conformando lo que se conoce como la doctrina del equilibrio de poderes (cualquier parecido con la política de alianzas y guerra de Daenerys Targaryen no es mera coincidencia). Repudió a su esposa por no darle un hijo varón – quien, cuando nació, en su tercer matrimonio, resultaría ser tan débil y frágil como Jon Snow – y llegó a fundar una iglesia derivada del catolicismo, cuyo jefe sería él, con miras a divorciarse. Inició el crecimiento de la flota naval más importante de su tiempo. Acordó matrimonios arreglados para sus hijos que no fueron cumplidos, en actos de traición que dejarían a Cersei Lannister como una aprendiz. Y, a la larga, las personas que dieron continuidad y trascendencia a su propia casa, los Tudor, fueron mujeres: María e Isabel, a la usanza de Sansa y Arya Stark.

Juego de Tronos toma en cuenta ese tronco común para crear un universo que atrae a millones de personas en el mundo. No estamos hablando de reinos institucionalizados como los conocemos el día de hoy, sino de Estados precarios que deben sobrevivir y crecer a partir de conflictos armados bastante sangrientos, alianzas que cambian todos los días y la voluntad de monarcas que no tenían límites legales e institucionales. Es un tiempo en el que la guerra y la política – que hoy apreciamos como antónimo la una de la otra – se entrecruzan y se alternan. Los reyes pueden aparecer heroicos o sanguinarios dependiendo del tipo de decisiones que tomen, lo que explica porque los personajes de la serie nos parecen, en muchos casos, ambivalentes en términos éticos.

¿Por qué este tipo de liderazgos, lejanos de lo ideal, nos atrae tanto? Probablemente, por las mismas razones por las que Thomas Hobbes planteaba la necesidad de establecer un Estado fuerte, que eliminara las venganzas privadas. Es decir, el hombre como depredador de sí mismo, si es que está en un “estado de naturaleza”. Juego de Tronos nos muestra como sería las disputas de poder si es que no tuviéramos la institucionalidad hoy presente. Es decir, como fue el pasado que alguna vez Europa tuvo. Y, como, muchas veces, se manifiesta la política en América Latina en las décadas más recientes: sin límites, con traiciones a lo que alguna vez se prometió y con sangre y corrupción de por medio. Por cierto, el apasionamiento con el que elegimos a quienes podrían ocupar el Trono de Hierro – y lo defendemos en redes sociales – dice mucho de aquellas pulsiones y pasiones que priman a la hora que optamos por alguien para que nos gobierne.

Al final, la serie que termina este domingo termina siendo un reflejo de aquellos elementos estratégicos y emocionales que se encuentran presentes en la política de todos los tiempos. Y, aunque se basa en una época histórica concreta, termina siendo un reflejo de lo que los seres humanos seguimos siendo hasta hoy, en la medida en la que no nos autogobernemos.

Publicado originalmente en el portal de la Universidad del Pacífico.

El Comercio: 180 años

El Comercio
(Foto: Grupo El Comercio)

Ayer, 4 de mayo, se cumplieron 180 años desde que el diario El Comercio apareciera por primera vez ante los peruanos. Desde allí, ha buscado ser un diario de referencia que, en palabras de su exdirector Fernando Berckemeyer, se convirtiera en la mejor “historia del presente”.

El Comercio no es solo un diario. Actualmente es una corporación propietaria de varios diarios – a tal punto que existe aún pendiente una demanda sobre concentración de medios -, dos canales de televisión, negocios editoriales y de entretenimiento. Incluso, por algunos años, incursionaron en el ámbito educativo.  Y es, ante todo, una empresa familiar, como muchas de sus pares en América Latina, pero con un accionariado mayor al de empresas similares en la región.

Estos dos párrafos definen un poco la línea editorial del periódico. Estamos ante un medio que, al buscar ser el referente para todos, procura ser más audaz en sus innovaciones tecnológicas y, a la vez, mucho más contemporizador en su línea periodística. Esta es una primera tensión entre la innovación y la continuidad.

Una segunda tensión es la que, con profundidad, hemos trabajado en un texto publicado este año.  Ideológicamente, desde su fundación, El Comercio ha oscilado entre temporadas más liberales y otras más conservadoras.  Existe una línea que conecta a Manuel Amunátegui abogando por los derechos de los indígenas y la abolición de la esclavitud, con Luis Miró Quesada de la Guerra propugnando la jornada laboral de 8 horas y el voto a la mujer, con Alejandro Miró Quesada Cisneros respaldando a la Comisión de la Verdad y Reconciliación y los editoriales recientes a favor del matrimonio igualitario. Como también hay otra línea donde prima el antiaprismo – exacerbado por un condenable asesinato familiar -, las simpatías fascistas de Carlos Miró Quesada Laos, las preferencias odristas de la rama García Miró, el propio Miró Quesada Cisneros aplaudiendo (y bautizando) los artículos de “El Perro del Hortelano” de Alan García y la deplorable cobertura de la campaña electoral 2011. Si hoy El Comercio mantiene cierto equilibrio es porque la coalición conservadora de apristas y fujimoristas con los privilegiados de siempre – ver el sólido artículo de Alberto Vergara de hoy – está en franca decadencia.

Los retos de hoy del viejo diario se encuentran, más bien, en el terreno periodístico y económico. ¿Cómo hacer periodismo en tiempos de fake news e inmediatez requerida por usuarios, se preguntaba Pedro Ortiz Bisso en las páginas del decano? Precisamente, haciendo periodismo, se respondía él, alentando a sus colegas a que continuaran una añeja tradición de verificación de datos, que es la base de su profesion. Pero, al mismo tiempo, la presión económica puede hacer añicos dicha posición. A nivel mundial, los medios de comunicación han tenido que hacer ajustes, debido a que el modelo de negocio en el que se basaban ha fenecido. Y, en el camino, han buscado a tientas que el único commoditie que les queda – la información – resulte tan rentable como el combo que vendían anteriormente. La tentación de reducir costos, sobre todo para empresas donde el rentismo es la norma para algunos accionistas, está a la vuelta de la esquina.

Así, El Comercio llega a sus 180 años con varios dilemas irresueltos: ¿Cómo profesionalizar la empresa y a la vez seguir siendo una corporación familiar? ¿Cómo invertir en más y mejor periodismo cuando tenemos un grupo de accionistas que sólo quiere recibir dividendos? ¿Se mantendrá el actual estatus quo liberal en la línea del diario una vez que el conservadurismo político y social peruano se recupere de los golpes de los últimos años?

He allí un conjunto de interrogantes que implican una serie de costos que la corporación tendrá que asumir, como en cualquier decisión humana. No decidir, a esta altura, resulta ser un paso certero hacia la desaparición. Más allá de las celebraciones de este fin de semana, he aquí una serie de retos para el añejo diario de la familia Miró Quesada.

He sido lector de El Comercio durante más de 30 años. He coincidido muchas veces con el periódico, he discrepado en otras tantas y, en los últimos años, lo he estudiado con rigor académico. Muchas lecciones se deben haber sacado en 180 años de historia, tanto de los aciertos como de los errores. Más aún, cuando la precariedad institucional, ese viejo mal peruano, también está presente en el diario más antiguo del país.

Felices 180 años.

Alan García y el juicio desaprobatorio de la historia

Alan García
(Foto: Congreso de la República)

La prensa internacional ha sido bastante precisa al titular las noticias sobre el deceso de Alan García: “Expresidente peruano se suicida cuando iba a ser detenido por cargos de corrupción”.

No nos interesa ni corresponde ahondar sobre las causas y circunstancias por las que el exgobernante del Perú decidió acabar con su vida. Sí consideramos que resulta necesario, por rigurosidad histórica – manteniendo el respeto que el duelo de su familia merece – hacer un balance de lo que fue su figura política. El abrupto fallecimiento de García, por mano propia, cierra un ciclo dentro de la política peruana.

La oratoria era su emblema, como transmisión de ideas y sentimientos, en una época de la transición entre el mitín, la exposición televisiva y las redes sociales. Y fue precisamente a través de un discurso juvenil que comenzó a darse a conocer entre los no apristas, pues entre sus compañeros ya destacaba dentro de aquel grupo de jóvenes a los que el propio Haya de la Torre preparó como generación de recambio.

Aunque fue parlamentario por 6 años (1978 – 1979 y 1980 – 1985), se recuerda poco de su actividad, con excepción de un intercambio verbal con el expresidente del Consejo de Ministros Manuel Ulloa. Llegó a la cima de su agrupación en 1982 gracias al primer escándalo de narcotráfico en el Perú, el caso Langberg que, paradójicamente, fue la primera gran investigación de Gustavo Gorriti. Las cercanías del sentenciado por narcotráfico con la “generación intermedia” de un partido en crisis desde la partida de su fundador terminó elevando a su sucesor a precoz edad.

Llegó al gobierno en medio de una gran esperanza. Los apristas vieron en él al hombre que los llevaría a Palacio. Otros confiaron en que encarnaría un gobierno centrista, a la usanza de la socialdemocracia española de Felipe González. Nadie estaba preparado para el desastre que vino después.

Existe consenso sobre la calamidad que fue la primera administración de García. No solo fueron errores de juventud. No entendía cómo arreglar la economía e impulsó un plan de incentivo al consumo interno que no tenía fundamento. Terminó huyendo hacia adelante con una frustrada estatización bancaria y un record de inflación que solo Nicolás Maduro pudo batir. Tenía pocas ideas para combatir a la subversión y terminó claudicando sobre ellas el día de los sucesos de los penales en 1986, cuestión por la que la Comisión de la Verdad y Reconciliación estableció su grave responsabilidad política. Quiso impulsar la descentralización, pero su diseño fue de papel. Y, como ha documentado bien Pedro Cateriano en un libro que es un best seller, existían serios indicios para procesarlo por presunto enriquecimiento ilícito y posibles sobornos.

El golpe de Estado de Fujimori le dio cierta aura de perseguido, cuando tuvo un par de tanquetas en su casa de Chacarilla. Salió en asilo hacia Colombia y Francia. Volvió en 2001 con sus acusaciones prescritas y con un mensaje económico que aún hacía guiños al heterodoxo. Durante el periodo de Toledo, osciló entre brindar una imagen de estadista, forzar sin éxito una vacancia presidencial y comenzar la transformación de lo que, con acierto, Gorriti llamaría “Inversiones García”. Tuvo la habilidad suficiente para colocarse entre Humala respaldado por Chávez y Flores aplaudida por la CONFIEP.  Y, con ello, obligó a que varios votaran por él tapándose la nariz.

Su segundo periodo fue el gobierno más conservador que tuvo el Perú desde el siglo XIX. García no solo buscó revindicarse económicamente siendo el campeón de la inversión privada. Fue más allá en el discurso y, como los conversos, terminó elaborando una narrativa de menosprecio ciudadano: “el Perro del Hortelano”. Una serie de discursos adoptada como suya por la clase empresarial y buena parte de la clase política y mediática, con resultados literalmente funestos. Basta ver lo ocurrido en Bagua para dar cuenta de ello. Como comentó hace algunos años mi colega Alberto Vergara, terminó siendo “la versión laica de Cipriani”. Y peor, la impunidad – con una amnistía para militares que fue parada con una carta de Vargas Llosa – y nuevamente la corrupción (Petroaudios y Narcoindultos, solo por mencionar dos ejemplos) fueron el sello de un periodo donde quedó claro que, como en su primera administración, era un hombre de extremos.

En sus últimos años, García era un personaje cuya credibilidad estaba a la baja. El expresidente comenzó a sufrir de anacronismo político. Como dijo Marco Sifuentes hace tres años, padecía de sobrevaloración y desfase ante un mundo más interconectado y donde cualquier usuario de redes sociales podía hacerle frente con un par de links. Gorriti reveló cierta conferencia pagada por dinero de Odebrecht y comenzó un comportamiento políticamente errático que tuvo su Waterloo final en la negativa uruguaya a ampararle el asilo. Solo con ese caso bastaba para ponerlo en problemas. Y así lo entendió el expresidente cuando comenzó con insultos, campañas sobre la anemia y necesidad de distraer la atención. Hasta que la misma volvió sobre él, en forma de reportajes sobre Luis Alva Castro y Luis Nava Guibert.

Es en ese contexto, ad portas de la declaración de Jorge Barata, donde llega la orden de detención preliminar en su contra. Y en un acto que no puede calificarse como heroíco, llegamos a un desenlace inesperado para todos y letal para García. Pero, más allá del duelo, las investigaciones en todos los casos deben continuar, a fin de esclarecer todas las responsabilidades, con rigor y claridad. Incluso, en el caso de García, cuando lo que sabremos únicamente será parte del juicio de la historia.

La muerte de Alan García cierra un ciclo político, decíamos al inicio. El APRA pierde a su figura clave de los últimos 40 años y a su segundo líder histórico. Buena parte del país lamenta que la justicia no haya podido concluir su trabajo. Y él fue el único responsable de su legado, para bien y para mal, aunque las consecuencias las soportemos todos los peruanos. Incluso cuando decidió acabar con su propia existencia.

Una palabra final para quienes han hecho un trapicheo del recuerdo de Garcia. Nunca fue un presidente ejemplar y era un investigado por la justicia. Que no se aproveche su trágico deceso para la lavandería de dos administraciones mediocres o para colar una ley de amnistía. La justicia y la historia deben terminar su trabajo.

 

La Comisión de Reforma Política y la bicameralidad: algunos comentarios

Comision de Reforma Política
La Comisión de Reforma Política junto al presidente del Consejo de Ministros Salvador del Solar. Este miércoles, se conoció su informe y sus recomendaciones. (Foto: Andina)

El miércoles pasado se hizo público el informe de la Comisión de Reforma Política, grupo de trabajo liderado por Fernando Tuesta. La CRP tuvo el encargo del gobierno para elaborar una serie de propuestas para mejorar el maltrecho sistema político peruano, que han sido ordenadas en cuatro ejes centrales. El documento presentado, trabajado desde una perspectiva académica, es bastante sencillo de leer.

Antes de continuar con el análisis, una pequeña atingencia personal: conozco a todos los miembros de la Comisión, trabajo directamente con algunos de ellos y reconozco su valía profesional y personal. Ahora sí, pasemos al análisis.

Casi de inmediato, la atención se ha centrado en una de las propuestas: el retorno a la bicameralidad en el Congreso de la República. Una alternativa que ya se había debatido a propósito de las iniciales propuestas planteadas el año pasado por el presidente Martín Vizcarra.

Sin embargo, hay que decir que hay diferencias sustanciales. El proyecto de bicameralidad presentado por el Poder Ejecutivo tenía serias fallas de diseño, varias de las cuales son corregidas por la alternativa planteada por la CRP. En realidad, existía consenso en la comunidad politológica peruana en que la aprobación de este proyecto, tal cual se presentó, en el referéndum de diciembre hubiera sido un avance parcial y limitado.

Pero a Vizcarra se le presentó la Virgen, en forma de “proyecto modificado por el Congreso de la República”. El aprofujimorismo le metió una serie de contrabandos – entre ellos, los referido a mecanismos de control del Poder Legislativo frente al Poder Ejecutivo – que convertían a un proyecto perfectible en algo inaceptable. De allí que propuso que votaran No en el referéndum de diciembre último en este punto, lo que ocurrió con resultados ampliamente mayoritarios.

La propuesta de bicameralidad de la Comisión de Reforma Política mejora sustancialmente las iniciativas que discutimos en la segunda mitad del año pasado. Los aportes mayores me parecen los siguientes:

  • Cambio de fecha de elección del Congreso de la República, que ahora se hará junto con la segunda vuelta electoral presidencial.
  • Reforma del levantamiento de la inmunidad parlamentaria, que ahora estará a cargo de la Corte Suprema de Justicia y ya no del pleno del Congreso.
  • Eliminar el número fijo de congresistas para la Cámara de Diputados. Aunque suene impopular – y volveremos a esto luego -, dado el tamaño de población de nuestro país, necesitamos un número mayor de congresistas. Para el Senado sí se mantendrá un número fijo de representantes (50 personas).
  • Eliminación del voto preferencial, pues habrán elecciones primarias obligatorias en los partidos con participación de la gente.
  • Inclusión de distritos especiales para peruanos en el exterior y pueblos indígenas. Esta es una medida que se ha tomado, con buenos resultados, en otras partes de América Latina. El número de representantes para cada uno sí puede ser mejor ajustado.
  • Paridad y alternancia en las listas para Senado y Cámara de Diputados. Es necesario mejorar la representación femenina en la política y esta es una medida que puede incentivarla.
  • Racionalización de los mecanismos de control parlamentario. Se elimina el voto de investidura al gabinete y se hacen ajustes a los mecanismos de interpelación y de censura.
  • Se elimina la vacancia presidencial por “incapacidad moral permanente”, que se había convertido en un “cajón de sastre” para sacar al Presidente si se tenían los votos para hacerlo.
  • Mejora en la composición de la Comisión de Ética Parlamentaria y la subcomisión de acusaciones constitucionales. Se estima un representante por cada bancada.
  • Mejora en las reglas sobre transfuguismo en el Congreso y para la conformación de bancadas.
  • Diferencias claras de funciones entre Senado y Cámara de Diputados.

Si bien existe aún debate sobre cuando y cómo se debe debatir estas propuestas, considerando el referéndum de diciembre último, es cierto que la propia CRP señala que hay un deadline. Según la legislación actual, no se pueden aprobar modificaciones a las reglas electorales hasta un año antes de su celebración. Así, el plazo es bastante ajustado para ello. Si el Poder Ejecutivo desea impulsar estos cambios, debe hacerlo ya.

En los términos planteados, me parece que la Comisión de Reforma Política establece una buena alternativa de nuevo Congreso de la República. Sin embargo, creo yo que, para que esos cambios pasen y para eliminar otros vicios parlamentarios, es necesario que esta propuesta sea completada por una modificación de la administración del Congreso.

Todos los escándalos que vemos sobre sueldos, asesores, gollerias, viajes y semanas de representación tienen que ver con ineficiencias administrativas que deben ser cambiadas. Este paquete complementario implicaría toda una serie de cambios en el Reglamento del Congreso y en sus normas internas. Y debe tener prioridad inmediata. Aquí está la base de la desaprobación. Pero nadie le brinda prioridad. ¿Cuáles son estos cambios administrativos urgentes?

  • Cambio del sistema de contrataciones laborales del Congreso de la República. Se debe cambiar la contratación de asesores en la línea de la propuesta de la Asociación Civil Transparencia, que consideraba una reducción en su número, así como adscribir la mitad al servicio parlamentario regular y la otra mitad contratada como personal de confianza. En todos los casos, el acceso debe hacerse por concurso público.
  • Sueldos parlamentarios: sincerar el monto y dejar la práctica de bonos o encubrimiento de aumento de sueldos. Si los congresistas desean un incremento, deberán justificarlo en términos técnicos.
  • Registro de visitas transparente. Hoy no cubre a las personas que van a las oficinas de los congresistas. Tiene que existir una obligación general de exhibición de estos datos.
  • Mejora y racionalización de la contratación de bienes y servicios.

Claro está, ninguno de estos cambios tendrán un impacto si es que el elenco estable del Congreso de la República continua emitiendo declaraciones tan infelices como las que ha proferido durante toda esta semana. Hemos tenido expresiones que irritan mucho en un país donde los sueldos son bajos y la precariedad laboral es la regla.

En resumen: creo en la bicameralidad. La reforma de la CRP es mejor que la presentada por Vizcarra y que la que rechazamos en diciembre. Pero debe ser complementada con cambios administrativos urgentes en el Congreso. De lo contrario, su viabilidad corre peligro. Y ello debe ser apuntalado por un liderazgo efectivo desde el Poder Ejecutivo.

 

El Comercio y la política peruana del siglo XXI – Palabras de presentación

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Anoche presentamos, en el Instituto de Estudios Peruanos, “El Comercio y la política peruana del siglo XXI”, texto académico que profundiza en el estudio del diario más antiguo del país como actor político. Los comentarios estuvieron a cargo de Rosa María Palacios y Fernando Tuesta. A continuación, las palabras que ayer pronuncié, por el lanzamiento del libro. 

La presentación de un libro supone la culminación de un conjunto de esfuerzos intelectuales. El germen de este texto apareció hace once años, cuando algunos de quienes estamos hoy presentes aquí teníamos un blog y comentábamos los cambios en el Grupo El Comercio. En forma académica, el volumen que varios de ustedes tienen hoy en sus manos – o ya en sus bibliotecas – se comenzó a gestar hace cuatro años, cuando estudiaba la Maestría en Ciencia Política y Gobierno en la PUCP. Y hoy, en la histórica casa del Instituto de Estudios Peruanos, cerramos formalmente esta investigación.

Rosa María Palacios y Fernando Tuesta, quienes hoy me acompañan en esta mesa, no solo han sido estupendos comentaristas de este texto. Ambos formaron parte del mismo. Rosa María fue una de las más de veinte personas con las que dialogué para formar el texto que hoy presentamos. En dicho diálogo, fue tan acuciosa en los detalles como lo es cada vez que tiene que enfrentar – periodísticamente hablando – a alguno de los políticos que confía en la ausencia de memoria ciudadana. Fernando apoyó este trabajo en su calidad de asesor de la tesis en la que se basa este libro. Y en dicha calidad, me animó a contar una historia que, en principio, hubiera sido más acotada. De ese modo, me animó a ser especialista en un diario y una familia que han acompañado la mayor parte de la vida independiente de un país que está ad portas de su bicentenario. Gracias a ambos por sus comentarios y por su apoyo a esta investigación.

El Comercio y la política peruana del siglo XXI es, no hay que olvidarlo, un texto académico. Los datos, anécdotas y no pocas revelaciones que ustedes encontrarán sobre el diario decano de la prensa nacional – con el perdón de la frase hecha – buscan explicar que los medios de comunicación no se construyen con el consenso impuesto que se tendría dentro del Partido Comunista de la Unión Soviética en tiempos de Stalin o del Partido Fascista dirigido por Benito Mussollini. Por el contrario, la construcción de la noticia tiene, en muchos casos, como ingrediente principal las pugnas, tensiones y, en no pocas ocasiones, broncas internas que se suscitan en cualquier sala de redacción, corresponda a un medio tradicional o a uno digital. Detrás de muchas noticias, existen varios No y también muchos Sí. Conseguir estos últimos implica mucho esfuerzo y, en ocasiones, una conjunción de factores en la que el azar, ese viejo factor al que Jorge Basadre dedicara un libro sobre su rol en la historia, juega también cierto papel.

Escogimos el caso de El Comercio por ser emblemático en nuestro país y en América Latina. Como en buena parte de la región, las empresas periodísticas son, a su vez, conglomerados articulados alrededor de una familia. Y, como ocurre con las familias, sobre todo aquellas que se extienden en número como los Buendía de Cien Años de Soledad, los visos de modernidad – en este caso, en empaque de gerencia moderna y directores independientes – se entraman con resistencias al cambio, cierto sentido de la tradición y un tono contemporizador que busca preservar la historia del presente, como es la pretensión de los diarios de referencia. La familia Miró Quesada resume esa tensión entre modernidad y tradición, entre liberales y conservadores, entre la audacia y la prudencia, para el caso peruano. Otras investigaciones podrán dar cuenta de fenómenos similares en otras partes de la región. Pensemos en los Azcarraga en México, los Edwards en Chile o los Marinho en Brasil.

Además, se buscó cubrir una época clave en la historia peruana. Los últimos veinte años implicaron una gesta para recuperar la democracia (y luego, para mantenerla), una comisión de la verdad para investigar lo que nos pasó en los años de mayor violencia de nuestro rumbo como nación independiente, siete personajes ocuparon la Presidencia de la República y tuvimos cuatro alcaldes de Lima, creció una mayor conciencia de los derechos de las mujeres y de los ciudadanos LGTBI, conocimos casos de corrupción de mayor o menor calado cuyas consecuencias pagamos ante hoy, contamos con un significativo crecimiento económico que no se vio acompañado por la suficiente construcción institucional, padecimos hasta hace poco a un arzobispo limeño que encarnó tendencias retardatarias, sufrimos desastres naturales agudizados por imprevisiones humanas. E incluso presenciamos, casi milagrosamente, un Mundial de Futbol al que asistió Perú. En todos estos hechos estuvo presente El Comercio. Y, en la mayor parte, las pugnas entre directivos, directores, editores y periodistas forjaron el producto que cada mañana vemos colgado en un kiosko o cuyo contenido revisamos a través de nuestros teléfonos celulares. La historia del presente fue construida en base a distinciones ideológicas en ocasiones y, en otras, procurando la mayor distancia posible de lo que se pensaban algunas personas con puestos de decisión. Los resultados fueron muy dignos y significativos en ocasiones y, en otros, como lo señalan algunos protagonistas de esta historia, la categoría de desastre estuvo bien colocada.

Hace algunos días, una persona muy querida, con el rigor e inteligencia que le caracteriza, me lanzaba una interrogante: ¿qué le puede decir este texto a un lector fuera del mundo académico? Me parece una buena pregunta que respondo brevemente. Considero que quien tiene, por primera vez, un acercamiento a este mundo, encontrará un relato entretenido sobre lo que ocurre al interior de una redacción y cómo se construye la información en forma real. Puede conocer cómo cambia un modelo de negocio que otrora brindó ganancias mayoritarias y hoy genera serias dudas sobre la sostenibilidad económica de la prensa escrita. Y tendrá, de primera mano, una historia sobre una empresa familiar, tan común en nuestro país, que se extiende desde aquellas compañías que integran alguno de los gremios que conforman la CONFIEP, hasta aquellas que implican emprendimientos personales de búsqueda de la sobrevivencia.

Este texto tuvo un reto adicional. Ante la ausencia casi total de bibliografía que sostuviera cómo se construía la noticia al interior de un medio de comunicación, recurrí a las entrevistas personales. Fue particularmente valioso para este texto que cuatro personas que tuvieron poder de decisión dentro de El Comercio – Alejandro Miró Quesada Cisneros, Francisco Miró Quesada Rada, Martha Meier Miró Quesada y Fernando Berckemeyer Olaechea – se animaran a contar sus versiones de los hechos. A ellos se suma Bernardo Roca Rey, quien sigue ligado a la empresa de su familia. Y, por supuesto, las contribuciones de quienes pasaron por el diario y el grupo El Comercio fueron fundamentales: Nelly Luna, Fabiola Torres, Rosa María Palacios, Daniel Yovera, Oscar Castilla, Jaime Cordero, David Hidalgo, Luis Davelouis, Pedro Salinas, Augusto Álvarez Rodrich, Enrique Pasquel, David Rivera del Águila, Tito Castro y Mario Cortijo. Tengo también una mención especial para quienes aún se encuentran en el viejo local del ahora jirón Santa Rosa: Pedro Ortiz Bisso y Fernando Vivas.

Agradezco las generosas palabras que dos personas a las que respeto mucho, Juan Carlos Tafur y Gustavo Gorriti, han dedicado al libro en distintos espacios. Y a Marco Sifuentes y Roberto Bustamante, viejos cómplices en varias aventuras, pues sin ellos no se hubiera inoculado el bicho de escribir sobre El Comercio.

Como mencionaba hace unos minutos, el libro tuvo como germen la tesis para graduarme como magister en Ciencia Política y Gobierno en la PUCP. Por ello, agradezco especialmente al jurado que calificó la tesis como sobresaliente y que brindó comentarios que sirvieron para el texto final: a Stephanie Rousseau, Eduardo Dargent y Fernando Tuesta, hoy presente aquí.

No estaríamos hoy celebrando la aparición de este volumen sin el Instituto de Estudios Peruanos. Gracias especiales a Ricardo Cuenca, quien se interesó por este texto desde el inicio. A Ludwig Huber y Odín del Pozo, un reconocimiento especial por responder a todas mis interrogantes y llevar a cabo una estupenda edición del texto, labor que implicó una revisión en base a un lector anónimo que hizo importantes críticas. Y a todo el equipo encargado de realizar esta presentación.

Finalmente, a mi familia, que ha sido el sostén emocional para emprender muchas aventuras a lo largo de los últimos años. A mis padres, a mis hermanos y a Romy, quienes me ayudan a navegar con felicidad en aquel mar con aguas calmas y turbulencias al que llamamos vida, gracias por todo su amor, consejos y respaldo.

Espero que disfruten, comenten y critiquen este libro. Ahora, “El Comercio y la política peruana del siglo XXI” es de ustedes y para ustedes. Gracias por su asistencia y por su lectoría.

Ni Fuerza, ni Popular. Razones para la debacle del fujimorismo.

Familia Fujimori
(Foto: Keiko Fujimori)

Fuerza Popular había cerrado un 2018 de horror: su lideresa fue encarcelada por actos de obstrucción a la justicia en la investigación que se le sigue por presunto lavado de activos, su popularidad estaba en el subsuelo, su líder histórico vivía en el limbo de la Clínica Centenario y el partido se hallaba en reorganización. Dos años después, habían dilapidado sus reservas políticas, en la misma forma que Alberto Fujimori lo hizo con el erario público en su década de gobierno.

Transcurridas casi dos semanas del nuevo año, la situación ha empeorado. Keiko Fujimori seguirá en la cárcel, las voces que piden que Albeeto Fujimori vaya de retorno al Establecimiento Penal Barbadillo son mayores, Kenji Fujimori no tiene la más mínima intención de retornar a la política, perdieron a Chávarry en el Ministerio Público y la situación parlamentaria es de temer. Ya no cuentan con la presidencia del Congreso de la República, ni con la mayoría parlamentaria. Incluso el APRA, su aliado por varios años, comienza a tomar “respetable distancia”, como enuncia un conocido vals. Y, para remate, algunos analistas que tomaban te y galletitas con ellos comienzan a buscar al “Bolsonaro peruano”, pues comienza a considerar que el fujimorismo es “demasiado tibio” con sus rivales (léase, zurdos, socialdemócratas y liberales).

¿Cómo se llegó a esta situación si, como algunos señalaban, estábamos ante el partido más sólido del país?

Se han hecho varios estudios académicos en los últimos años sobre el fujimorismo. Varios de ellos han enfatizado bien en la construcción de una identidad no ideológica basada en el rescate de los supuestos logros de la década de 1990. Otros fueron más allá y aludieron a una supuesta representación “de los de abajo” (en realidad, sería más preciso decir, del mundo informal y, en varios casos, ilegal, lo que atraviesa a varios segmentos sociales). Y no han faltado quienes aludían a la fortaleza de Fuerza Popular, colocando a la agrupación como un ejemplo de la construcción de nuevos partidos políticos en un tiempo en el que se creía que los mismos desaparecerían.

Sin embargo, la realidad ha develado que el fujimorismo tenía varias de las debilidades de sus rivales. Como señala bien Eduardo Dargent, los triunfos de FP eran equivalentes a los que Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal tienen en el torneo futbolístico local tradicionalmente. Ello produce, a mi criterio, una sobrerrepresentación de lo que podían generar. Si a ello se le suma un triunfo parlamentario proveniente, en buena medida, de los efectos de las reglas electorales (sin dejar de lado a las simpatías que muchos han tenido con el fujimorismo), podemos estimar que en la agrupación liderada por Keiko Fujimori no apreciaron bien sus limitaciones.

De hecho, Fuerza Popular se asemeja más a lo que, con buen ojo, describió bien mi colega Mauricio Zavaleta como “coaliciones de independientes”. Un grupo armado para acceder al poder, sin mucha consistencia ideológica, sobre la base de reducción de costos para participar en la contienda electoral. Para ello, se cuenta con un líder carismático que jala votos, anchas billeteras que respaldan los gastos de campaña, candidatos atractivos en distintas provincias, medios de comunicación y redes sociales para difundir sus mensajes a sus electores. Ello explica porque en FP convivían personas a favor y en contra del enfoque de género o con visiones contrapuestas sobre la economía de mercado. Y también explica porque tantos parlamentarios tenían más anticuchos que las vendedoras de la entrada Sur del Estadio Nacional.

En esa línea, el fujimorismo arrastraba las debilidades de la mayoría de grupos con los que comparte asiento en el Congreso de la República. Y ello explica porque se ha terminado desgajando durante los últimos dos años y medio. ¿Qué tenía en común una exprocuradora con bandera de lucha contra la corrupción con una agrupación que estaba demasiado ligada con la misma? ¿Qué proyecto conjunto tenían los seguidores de Kenji con Ana Vega y Pier Figari, quienes buscaban borrar cualquier vestigio de Alberto Fujimori de la agrupación?

Pero la crisis en Fuerza Popular no solo se ha producido por estas carencias comunes a todas las agrupaciones políticas peruanas. Sin duda, la forma cómo Keiko Fujimori ha ejercido su liderazgo político ha tenido mucho que ver en el declive de su agrupación. Cayó mal en la ciudadanía el estilo obstruccionista, la confrontación, la poca lealtad con la familia (en un país donde una concepción conservadora de la misma sigue teniendo cierto peso) y, sobre todo, el afán de jugar con el tema anticorrupción.

Resultó claro que FP buscó presidir la Comisión Lava Jato con el único objetivo de perjudicar a sus enemigos políticos (varios de los cuales, por cierto, deberán responder a la acción de la justicia), pero una vez que el caso los comenzó a tocar, se notó la notoria vocación por el ocultamiento. La imagen de partido aliado con la corrupción la tienen impregnada desde que Marcelo Odebrecht señaló que hubo contribuciones a la campaña electoral de 2011. Y no se la han podido quitar. Peor aún, muchas de sus acciones devinieron en obstaculizadoras de la justicia, una de las razones por las que hoy reside en Chorrillos.

Así las cosas, Alberto Vergara terminó teniendo la razón sobre un posible aggiornamiento del fujimorismo. El politólogo y docente de la Universidad del Pacífico expresó su opinión en un artículo publicado en Poder en septiembre de 2012:

(…) todos olvidan que el fujimorismo no solo debe reconvertir su origen autoritario en un presente democrático (tarea ya complicada), sino que, sobre todo, debe limpiar su origen ladrón para construir un partido medianamente limpio. Ni el franquismo ni el pinochetismo fueron empresas para delinquir. Así, no solo debemos preguntarnos cómo se transforma a un movimiento antidemocrático en uno democrático, sino en cómo se transforma lo que fue una organización lumpen en un partido político. El gobierno fujimorista, no lo olvidemos, fue una suerte de ‘utopía mafiosa’ (Hugo Neira). Ver a un fujimorista indignado por los contratitos mal habidos de Alexis Humala será siempre una invitación a la carcajada. Y Humala no le ganó a Keiko Fujimori porque fuera mucho más democrático que ella, sino porque él no estaba teñido de la ladronería de los noventa. Este sigue siendo el principal pasivo para el fujimorismo, nadie quiere sacarse una foto con ellos y, por lo tanto, siguen siendo incapaces, a pesar de ciertos gestos de apertura, de sumar a otras fuerzas parlamentarias a la agenda fujimorista (o de sumar profesionales de renombre al partido).

A ese pasado, por cierto, le sumaron un presente bastante oscuro a la “pesada mochila” con la que ya cargaron en las campañas de 2011 y 2016.

Hacia adentro, el liderazgo de la señora Fujimori resultó ser aún más autoritario que el de su propio padre. Sus dos asesores principales se convirtieron en los “guardianes de la ortodoxia” keikista, a extremos tales que ameritarían una investigación por la posible vulneración de la no sujeción a mandato imperativo de los parlamentarios. Los congresistas que tenían problemas en sus hojas de vida – sobre todo, las mujeres – eran enviados a la Comisión de Ética, una vez que tenían algún viso de subordinación. Los chats en Whatsapp y Telegram se convertían en un vehículo supletorio de los “plenitos” en Morochucos o en Paseo Colón. Y hoy la Bankada, sin esa dirección, se mueve como pollo sin cabeza.

¿Tiene alguna solución esta situación para el fujimorismo? En su columna de ayer, Rosa María Palacios señala que, en el Perú, resulta difícil pronosticar el futuro político. Pero que resulta claro para ella que existen pocas probabilidades para que Keiko Fujimori emprenda los cambios que le salvarían lo que le queda de carrera política: confesar quienes fueron sus aportantes ocultos, tener ideas más allá de sacar de cárcel a papá o vengarse de sus enemigos, distanciarse de su maltrecha bancada y ser creible. A la vez, Alberto Fujimori está más cerca de la jubilación (nuevamente en la DIROES) que la retoma de un liderazgo. Y Kenji Fujimori, por ahora, ha decidido desmarcarse de las imposiciones paternas y fraternas.

Pero la caída del fujimorismo no quiere decir, necesariamente, que la democracia esté a salvo en el Perú. Sobre todo, cuando en nuestras élites siguen existiendo “demócratas precarios”. Insistiremos en la necesidad de vacunarnos frente a los peligros autoritarios en los próximos días.